impactos no. 2 · 2017. 9. 6. · con el estado, es allí en donde se decantan los ideales...

ImpactosBoletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

No. 2 Bogotá, octubre de 2009

Boletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos HumanosBogotá, Octubre de 2009 Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSACalle 38 No. 16-45, Bogotá 2455955, 2884772

Auspicia Charles Stewart Mott Foundation

Este boletín hace parte del proyecto Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la integración regional y las inversiones en infraestructura en Colombia.

Responsables

Jairo EstradaMargarita Flórez Sergio Moreno

Contacto: ([email protected])Imp

ac

tos

La actual estrategia de desarrollo en el Chocó: elementos para el debate 2

Legislación ambiental, étnica, y participación ciudadanas: necesidad de hacerlas respetar 12La violación de los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la consulta previa y al territorio 17

Antioquia, Colombia: Transferencias del Sector Eléctrico (TSE): un debate sobre el desarrollo y la equidad en el Oriente 21

Contenido

Instituto Latinoamericanode Servicios Legales Alternativos

MOTT FOUNDATIONChArles sTewArT

La región del pacífico, como área de gran importancia geopolítica, económica y ambiental en el contexto nacional e internacional, no es una excepción. Allí se condensan, en buena medida, las diversas expresiones del conflicto político, social, económico y ambiental que enfrenta Colombia. Las consecuencias para las comunidades afro colombianas e indígenas locales han sido devastadoras.

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS

Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos2

PresentaciónLas transformaciones del proceso de neoliberalización

en Colombia han producido una nueva espacialidad

fundamentada en una profunda reorganización es-

tructural y geográfica del proceso económico. En los

últimos lustros puede señalarse una tendencia funda-

mental: los territorios que cuentan con gran biodiver-

sidad y abundancia de recursos tales como fuentes de

agua, recursos energéticos y minerales, son suscepti-

bles para la implementación de megaproyectos.

La región del pacífico, como área de gran importan-

cia geopolítica, económica y ambiental en el con-

texto nacional e internacional, no es una excepción.

Allí se condensan, en buena medida, las diversas

expresiones del conflicto político, social, económi-

co y ambiental que enfrenta Colombia. Las conse-

cuencias para las comunidades afro colombianas e

indígenas locales han sido devastadoras, principal-

mente en lo que atañe a la protección y el ejercicio

de sus derechos humanos y ambientales.

La dinámica del conflicto social y armado en la región ha obstaculizado la ges-

tión territorial de las juntas ó consejos comunitarios, particularmente en lo que

tiene que ver con la vigilancia y la protección de sus territorios, ha dificultado el

proceso de titulación de territorios colectivos y ha quebrantado los principios

básicos para el reconocimiento de la identidad y de las autoridades locales. “La

guerra en el Pacífico tiene consecuencias en dos niveles: el primero se relaciona

con lo local, al impedir el real fortalecimiento de los Consejos Comunitarios; el

segundo, al contribuir a la fragmentación del movimiento social de comunida-

des negras. El fortalecimiento de los Consejos Comunitarios no es susceptible

de pensar con independencia de un movimiento social de comunidades negras.

Es el movimiento social el que provee el marco de referencia para la interacción

con el Estado, es allí en donde se decantan los ideales identitarios y en donde se

produce el intercambio necesario entre realidades locales”1.

El documento de política estratégica “visión 2019” y el plan departamental “un giro para salvar al Chocó 2008-2010” promueven la integración y articulación del Chocó a la costa Pacífica y al resto del país, fundamentalmente desde el punto de vista de la infraestructura de transporte y de comunicaciones. De ahí que la estrategia haga especial énfasis en la eficiencia, la productividad y la competitividad.

La actual estrategia de desarrollo en el Chocó: elementos para el debate

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS

Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos 3

Las agendas de desarrollo diseñadas por al actual gobierno, formuladas con el

propósito de profundizar los esquemas de competitividad en la región del Pací-

fico, pueden ilustrarse claramente con un revisión crítica de documentos como

el Conpes 3553 “política de promoción social y económica para el departamento

del Chocó” de 2008. En dicho documento se condensan las prescripciones con-

tenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), el documento de política

estratégica “visión 2019” y el plan departamental “un giro para salvar al Chocó

2008-2010”; se promueve la integración y articula-

ción del Chocó a la costa Pacífica y al resto del país,

fundamentalmente desde el punto de vista de la

infraestructura de transporte y de comunicaciones.

De ahí que la estrategia haga especial énfasis en la

eficiencia, la productividad y la competitividad”.

Precisamente, los propósitos contenidos en esos do-

cumentos buscan aumentar la competitividad de la

estructura productiva departamental y hacen un lla-

mado al fortalecimiento de la institucionalidad. La

creación de escenarios para confrontar y evaluar las

acciones de los diversos actores involucrados en la re-

gión se considera fundamental. A pesar de lo anterior,

las posibilidades de incidencia promovidas por las ac-

ciones de las organizaciones sociales y populares de

la región son restringidas por las consecuencias del

conflicto social y armado.

En muchos casos, el discurso y las prácticas del desa-

rrollo llegan a justificar la injerencia de varios actores

políticos y sociales en la región. Como trataremos de

esbozarlo más adelante, se trata de un escenario de

disputa, imbuido en una compleja interacción entre

escalas locales, nacionales e internacionales.

Factores involucrados en la crisis socio-ambiental

Dentro de las caracterizaciones del llamado Chocó

biogeográfico2, es un lugar común partir señalando

el potencial derivado de su biodiversidad. Sin em-

bargo, dicho potencial se ha visto notablemente

deteriorado por la intensidad de los procesos ex-

tractivos. Sus consecuencias son de tal magnitud

que se ha llegado a hablar de crisis socio-ambiental

en la región.

1 William Villa Rivera, “El territorio de comunidades negras, la guerra en el Pacífi-co y los problemas del desarrollo” en Mauricio Pardo / Claudia Mosquera / María Clemencia Ramírez (editores), Panorámica afrocolombiana. Estudios Sociales en el Pacífico, Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, pp. 336.

2 Los límites del Chocó biogeográfico comprenden la frontera con Panamá hasta el Ecuador, y desde el Océano Pacífico con una longitud de 1.300 kilómetros de costa, hasta la cordillera occidental. Se trata de aproximadamente 113.000 km2, que equivalen al 10% del territorio nacional. Desde el punto de vista político-administrativo, comprende el departamento de Chocó, y 95 municipios occi-dentales de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño Cfr. Diego Chávez, “Agenda Pacífico XXI: Otra oportunidad para el Pacífico colombiano desaprovechada” en Revista Economía Colombiana (Bogotá) No. 311, abril de 2003.

http

://ww

w.lab

laa.or

g/bla

avirt

ual/h

istor

ia/ga

leria/

238.h

tm

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


La crisis se exacerba por la correlación de cuatro fac-tores fundamentales:

(I) Una ubicación geográfica privilegiada e incluso estratégica que incluye la posibilidad de acceso a la cuenca del Pacífico (concretamente el comercio con Asia) para los capitales nacionales e internacio-nales.

(II) La implementación de megaproyectos vincula-dos a un determinado esquema de desarrollo y da-das las reconocidas potencialidades de los recursos naturales explotables. El modelo incluye canales in-teroceánicos, una compleja red de corredores viales para interconectar el interior andino con el Pacífico, la articulación de la carretera panamericana para enla-zar al país con Panamá cruzando la región del Darien, construcción (Tribugá, Tumaco) y ampliación (Buena-ventura, Cupica) de puertos marítimos con propen-sión comercial; proyectos de interconexión eléctrica en municipios del Medio San Juan, Medio Baudó, Bajo

Baudó y Sipí; sembrado de monocultivos como la palma africana; incluyendo, des-de luego, el cultivo de coca, entre otros;

(III) Los intereses de los diversos actores involucrados en el conflicto social y arma-do han implicado el desarrollo de ciertas condiciones para la integración violenta del Pacífico. En el caso del mercado de la coca, la “integración” es producto de los nefastos resultados derivados de la política antidrogas que se adelanta en el país. Se evidencia un desplazamiento de las áreas cultivadas hacia nuevas latitudes en el momento de ser combatidas en zonas como el piedemonte amazónico.

(Iv) Las presiones generadas por los grupos paramilitares a propósito del cultivo de coca tienen serios impactos para la autoridad y autonomía de los cabildos y los consejos comunitarios. De igual forma, la presencia paramilitar coincide con el incremento de la plantación de palma africana en los territorios colectivos de las comunidades afro-colombianas asentadas en la región. Como consecuencia, la expropiación de tierras y los índices de desplazamiento forzado aumentan con-siderablemente, la ganadería extensiva y las empresas palmicultoras adquieren grandes posibilidades de injerencia sobre el territorio.

La dinámica del proceso económico en la región se ha configurado, desde el pun-to de vista histórico, mediante ciclos productivos discontinuos. Una de las caracte-

rísticas de la economía del Pacífico es su carácter subsidiario: es controlada por el

interior del país y, en muchos casos, por empresas transnacionales.

Las presiones generadas por los grupos paramilitares a propósito del cultivo de coca tienen serios impactos para la autoridad y autonomía de los cabildos y los consejos comunitarios. De igual forma, la presencia paramilitar coincide con el incremento de la plantación de palma africana en los territorios colectivos de las comunidades afro-colombianas asentadas en la región.

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Diversas investigaciones3 han demostrado que los

excedentes económicos generados salen de la región

sin beneficiar a las comunidades locales, promovien-

do precarización del trabajo, tradicionalmente mal

pagado y poco calificado4, y afectándolas por los im-

pactos de la explotación de recursos (agotamiento

de especies forestales y pesqueras, daños ecológicos

por la minería y los proyectos agroindustriales). Son

cinco los mercados que actualmente dinamizan los

intereses en el departamento, a saber: la explotación

de madera, la explotación minera, la agroindustria, la

explotación pesquera y el llamado mercado de pro-

ductos verdes.

La expoliación de recursos, la profundización de las

prácticas extractivas está relacionada con la promo-

ción de discursos sobre la competitividad, la produc-

tividad y el progreso, elementos que se consideran

necesarios, teniendo en cuenta las prescripciones de

política, para “desarrollar la región”. Sin embargo, e

xiste un problema de fondo. En épocas de crisis como

la que enfrentamos actualmente, las regiones depen-

dientes de recursos primarios tienden a incrementar

las tasas de extracción. La situación termina benefi-

ciando a los países centrales por una razón simple:

“un mayor suministro de materias primas o alimentos

en épocas de precios deprimidos, ocasiona una re-

ducción mayor de dichos precios”5

El Chocó: ¿una entidad desarrollable?

Las consultorías solicitadas por el Banco de la Repú-

blica son especialmente ilustrativas para comprender

los esquemas de desarrollo diseñados para el Chocó.

En el documento titulado ¿Por qué es pobre el Cho-

có?6, Jaime Bonet identifica cinco componentes que

explicarían el atraso: la debilidad institucional, las

condiciones geográficas que afectarían la producti-

vidad y los costos de transporte, la baja dotación de

los llamados “recursos humanos”, la excesiva especia-

lización de la estructura económica en actividades

como la minería, que tendrían poca participación “en

3 Véase Carlos Efrén Agudelo, Retos del multiculturalismo en Colombia: política y poblaciones negras, La Carreta Editories / Institut de Recherche pour le Develo-ppment / Icanh / IEPRI, Bogotá, 2005.

4 Al respecto y sólo a manera de ilustración conviene mencionar el caso de la palma africana. Ese sistema de producción “no genera empleo estable, no tiene una remuneración fija ni condiciones dignas de vida y de trabajo. Las estructuras empresariales del sector palmero no permiten la afiliación a la seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones, y mucho menos el acceso a los be-neficios de salud ocupacional y seguridad industrial y la inestabilidad laboral (…) La figura legal mediante la cual las cooperativas evaden las obligaciones con los trabajadores es a través de las alianzas productivas; estas, incorporan al trabajador como socio; lo que le permite a la empresa contar con una ofer-ta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral con los trabajadores (...) En el contrato que se hace con las empresas, en lo referente a la vinculación laboral, se estipula que el valor del salario por jornada se debe pactar con la cooperativa, no obstante, es la empresa quien impone el valor a la cooperativa, en caso tal de que esta se niegue, la empresa negocia con otras buscando un precio más bajo. Cfr. Grupo Semillas, “El agronegocio de la Palma Aceitera en Colombia. ¿Desarrollo para las poblaciones locales o una crónica para el desastre?, en Revista Semillas, No. 34/35, (Bogotá), Abril de 2008.

5 Véase Alberto Acosta, “La maldición de la abundancia. Un riesgo para la democracia”, en Revista Tendencia, No. 9 (Quito), marzo-abril del 2009, p. 107.

6 Jaime Bonet, “¿Porqué es pobre Chocó?” En Documentos de trabajo sobre economía regional No. 90 (Bogotá) Abril de 2007.

http

://ww

w.sk

yscra

perli

fe.co

m/fo

togr

afia/

2523

5-es

mer

aldas

-afro

ecua

dor-v

s-el-c

hoco

-afro

colom

bia.h

tml

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


la generación de valor agregado”, los problemas de integración del departamento respecto al resto del país y el mundo.

Las demandas de integración han sido formuladas por sectores económicos del

interior del país en su intento por encontrar los mecanismos más apropiados

para explotar los recursos de la región. volveremos sobre éste punto más ade-

lante. Por lo pronto, conviene mencionar que el estudio precisa la necesidad

de implementar “una buena dotación de infraes-

tructura (dado que) podría estimular el desarrollo de

actividades económicas productivas en el departa-

mento como el turismo, la pesca, la minería y ciertos

productos agrícolas, las cuales tomarán ventaja de

la reducción de costos de transporte. Impulsar pro-

yectos como el puerto en el Golfo de Tribugá en el

municipio de Nuquí, podría, por un lado, generar un

crecimiento departamental y, por otro, aumentar la

eficiencia nacional a través de la conexión de zonas

como el eje cafetero y Antioquia con un puerto más

cercano que los actuales. Este tipo de inversiones re-

quieren de una voluntad política para su puesta en

marcha”7.

Apelando a un remozado determinismo geográfico, Bonet sostiene que “las con-

diciones geográficas de aislamiento que caracterizan la geografía chocoana, así

como su intenso régimen lluvioso (…) son factores determinantes del estado de

atraso relativo en que se encuentra la economía departamental”8.

De ahí la sugerencia de profundizar las inversiones en vías de comunicación y

otras obras de infraestructura para alcanzar ciertos márgenes de “bienestar so-

cial”. Argumentos de ese tipo son más bien limitados. Sus alcances explicativos,

discutibles. Además, ocultan el problema de fondo: la discusión sobre el mode-

lo de desarrollo. El problema de la pobreza en Chocó (el 67% de su población

se encuentra bajo la línea de la pobreza) debe buscarse en factores como los

niveles de concentración de la riqueza y de la tierra (cerca del 1% de los propie-

tarios posee más del 53% del área cultivable) y la exclusión social y política (en

el área rural más del 40% de la población vive bajo

la línea de indigencia)9, la precarización del mundo

del trabajo y la incidencia que sobre dichos factores

tiene el conflicto social y armado en el país.

Es exactamente en el problema del desarrollo en el

Chocó donde queremos concentrar nuestra atención.

El esquema planteado por Bonet y reproducido un

7 Ibíd. pp. 57-58.

8 Ibíd. pp. 23.

9 Cifras del Centro de Investigación y Educación Popular y la Diócesis de Quib-dó. Cfr. “El modelo de violencia estructural sigue intacto en el Chocó” en Noche y Niebla - Revista Por la Vida [en línea]: http://www.nocheyniebla.org/ consulta: agosto 13 de 2009.

El problema de la pobreza en Chocó (el 67% de su población se encuentra bajo la línea de la pobreza) debe buscarse en factores como los niveles de concentración de la riqueza y de la tierra (cerca del 1% de los propietarios posee más del 53% del área cultivable) y la exclusión social y política.

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


año más tarde en documentos como el Conpes 3553 “política de promoción social

y económica para el departamento del Chocó” de 2008, confunden bienestar so-

cial con incremento en los índices de crecimiento económico.

Las tensiones existentes entre los modelos de desarrollo promovidos en la re-

gión son significativas. Por un lado, tenemos un modelo de corte neoliberal,

cuyo énfasis radica en la explotación de recursos naturales, la reproducción de

capital, la expansión de la frontera agrícola. Se caracteriza por una tendencia

general: la concentración de la tierra. Se trata de un modelo en el que es co-

mún encontrar disputas por el control territorial en las zonas de trascendencia

geopolítica y económica. Existe un control militar del desarrollo.

Son evidentes, en ese sentido, los planes de control territorial sobre regiones

estratégicas para los intereses del capital (nacional y transnacional). El objetivo

privilegiado es la mercantilización de la biodiversidad y el acceso a recursos na-

turales. Aunque la tendencia mundial del capital muestra una propensión a la

deslocalización de la producción, ello no excluye los requerimientos de control

territorial.

La nueva espacialidad capitalista conlleva nuevos procesos de reterritorialización.

Dicha espacialidad no implica la renuncia al territorio, contempla justamente una

redefinición del concepto de territorio10. Lo anterior tiene consecuencias franca-

mente preocupantes: expropiaciones violentas de tierras a través de nuevos ciclos

de acumulación por despojo11. Chocó, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Arauca,

vichada, Guaviare y Casanare son los más afectados

por esa situación. Precisamente por ello, municipios

como Riosucio, en Chocó, y vistahermosa, en Meta,

tienen numerosas solicitudes de protección de tie-

rras: el primero con 338 y el segundo, con 32512.

Por otro lado, encontramos modelos alternativos de

desarrollo, propuestos por las comunidades locales.

Su énfasis radica en los planes de vida o de etnode-

sarrollo. Con dichos planes se busca reinvertir la ri-

queza generada en el desarrollo local. Los modelos

alternativos también involucran una redefinición del

concepto de territorio. Implican correlaciones entre la

dimensión física y biótica y las dimensiones simbóli-

cas, históricas y políticas. “Una distinción necesaria, al

interrogar sobre los problemas del desarrollo en los territorios de comunidades negras en el Pacífico co-lombiano, es la que se refiere a los conceptos de terri-torio y territorialidad; mientras el territorio encuentra

10 Manuel Enrique Pérez argumenta que ese proceso estaría vinculado a dos tipos de conflicto correlacionados: “el conflicto por la tierra y el conflicto por el territorio. El primero hace referencia al modelo concentrador de la tierra y a las relacio-nes competitivas por este recurso, manifestación del antagonismo entre el latifundio ganadero, la empresa agroindustrial y el minifundio campesino. Asuntos que han sido mediados a través de reglamentaciones y en los que se ha dado prioridad a las competencias entre actores económicamente fuertes frente a otros con recursos escasos. Sobre los conflictos territoriales, su ori-gen se presenta cuando el control y el dominio sobre espacios geográficos estratégicos se traducen en intereses de carácter político y económico. Es decir, a través de fuerzas que quieren retirar del paso a competidores que cuestionan su poder”. Cfr. Manuel Enrique Pérez, “La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y el destierro” en Cuadernos de Desarro-llo Rural, número 51 (Bogotá), junio de 2005, p. 65.

11 Para una explicación más detallada de la categoría acumulación por despojo, véase: David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2003.

12 Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Las caras del despojo de tierras”, en Revista Hechos del Callejón (Bogotá) No 47, Año 5, Junio de 2009, pp. 19-20.

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


su definición en el acto de delimitación real y simbólico, la territorialidad es diná-mica social y económica que integra diversos territorios y se proyecta fundamen-talmente como ejercicio político”13.

Estrategias convencionales de desarrollo

La estrategia convencional de desarrollo cuenta con una amplia trayectoria his-tórica y ha involucrado varios planes, programas y proyectos. Diversos actores han estado implicados: desde el otrora denominado Ministerio de Medio Am-

biente y el Departamento Nacional de Planeación, pasando por las Corporaciones Regionales de De-sarrollo y algunas Organizaciones No Gubernamen-tales, hasta la Banca Multilateral. Cada uno de los actores se ciñe a un modelo de desarrollo con cier-tas particularidades pero ajustado, en todo caso, a las transformaciones del discurso del desarrollo promovido por instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Uni-das para el Desarrollo (PNUD).

Dentro de los diseños destinados para alcanzar di-cho propósito vale la pena mencionar a la Corpora-ción del valle del Cauca (durante la década de 1970), el Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica (1983), el Plan Pacífico (que en 1992 incorporaba el discurso sobre el “desarrollo sostenible” y estaba fi-

nanciado por el BID), el Ministerio de Medio Ambiente (que desde la década de 1990 formuló cierto “discurso ambientalista”, de “desarrollo sostenible” y biodi-versidad. En la ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente14, se reconocía al carácter estratégico del Chocó biogeográfico), el Proyecto Biopacífico (Concebido también en la década de 1990 como parte de una estrategia de conservación para el Chocó biogeográfico, es decir, manejo y protección de la biodiversidad garantizando su “uso sostenible”), el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (creado también con la ley 99 de 1993 y con un perfil académico) y la Agenda Pacífico XXI (proyecto formula-

do en 1999 con el ánimo coordinar las acciones de los actores oficiales con presencia en la región. La estrategia de desarrollo involucraba algunos pos-tulados derivados de la constitución de 1991, par-ticularmente en términos de articular el desarrollo nacional con las realidades culturales sociales, polí-ticas y étnicas)15.

13 William Villa Rivera, Op. Cit. p. 332.

14 En 2003 el Ministerio de Medio Ambiente se transformó en el Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo y Vivienda.

15 Para profundizar en los componentes de tales diseños véase Carlos Efrén Agu-delo, Op. Cit. 2005.

Cada uno de los actores se ciñe a un modelo de desarrollo con ciertas particularidades pero ajustado, en todo caso, a las transformaciones del discurso del desarrollo promovido por instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Las transformaciones de los discursos sobre el desarrollo en la región parecen in-dicar la necesidad que tiene el capital internacional de diseñar mecanismos de racionalización para la extracción de recursos naturales. Las investigaciones que evi-denciaban su agotamiento progresivo así lo demandaban, además -y lo que resul-taba más importante- había que garantizar las condiciones para mantener ciertos márgenes de acumulación de capital. Los diversos planes, programas y proyectos enfatizan en el fortalecimiento institucional de la región, no tanto en aras de perfi-lar los marcos formales propios de la democracia liberal, sino porque el proceso de neoliberalización le atribuía nuevas facetas al Estado. La descentralización convertía a las regiones, al menos así se afirmaba, en “interlocutoras del Estado en la pro-moción de su desarrollo económico y político”.

En la actualidad, la estrategia se condensa sistemá-ticamente en el Conpes 3553 “política de promo-ción social y económica para el departamento del Chocó”. Dicho documento incluye un diagnóstico que pretende estimar las causas asociadas al rezago del departamento con respecto al resto del país. Se señalan los siguientes ejes problemáticos: (i) altos niveles de pobreza; (ii) lo poco competitiva que re-sultaría la estructura productiva del departamento; (iii) la baja capacidad de gestión de las administra-ciones departamental y municipal para el cumpli-miento de sus competencias; (iv) la ineficiencia de la administración departamental en la prestación de los servicios y la ejecución de los recursos, en sectores como la educación y la salud. La combinación de dichos factores reproduciría lo que el Conpes ha venido a llamar como trampas de pobreza. Las directrices de política diseñadas por el actual gobierno pretenden enfrentarlas promoviendo la competitividad, ofreciendo “oportunidades económicas” y mejorando “las condiciones de infra-estructura para el desarrollo de actividades productivas”. Con ello se propen-dería por un modelo de “desarrollo sostenible y acorde con las potencialidades y necesidades del departamento”. El modelo involucra dispositivos normativos para regular los usos y la tenencia de la tierra. A partir de visiones restringidas del problema, se esbozan las soluciones que pretenderían dar cuenta de los conflictos rurales: se trata de un asunto asociado con el déficit de los factores de productividad y rendimiento para garantizar crecimiento económico. Sim-ple reproducción de enfoques desarrollistas que destacan la necesidad de pro-fundizar los llamados “polos de desarrollo y crecimiento” basados, en el caso del Chocó, en la extracción de recursos naturales y la provisión de enclaves para la inversión extranjera.

http

://ww

w.co

zum

elpar

ks.co

m.m

x/20

09/0

3/13

/el-c

hoco

-viaj

es-d

e-av

entu

ra

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Arturo Escobar ha sido especialmente enfático en la necesidad de cuestionar ra-dicalmente el discurso sobre el desarrollo sostenible dado que redefine al me-dio biofísico como “ambiente”, y lo concibe como una reserva para el capital. Más aún, dentro de este discurso es imposible hablar de naturaleza como construcción sociocultural. La “naturaleza” desaparece al ser reemplazada por el “ambiente”; se declara así la muerte semiótica de la naturaleza como agente de creación social. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible reduce la ecología a una mayor forma de eficiencia. Se trata ahora de producir más a partir de menos, y con mayor racio-nalidad”16.

Este problema resulta fundamental. Conviene destacar los condicionamientos que las Instituciones Financieras Internacionales formulan para hacer efectivos los desembolsos destinados a la construcción de megaproyectos: la inclusión del componente relacionado con la “sostenibilidad”. El componente se asocia a cierta lógica conservacionista que debe garantizar la vigencia temporal de las condicio-nes materiales para la extracción de recursos naturales y, por tanto, las posibilida-des de reproducción del capital.

Resulta necesario develar sus implicaciones porque es precisamente la noción de desarrollo la que se encuentra en disputa. ¿Existe la posibilidad de implementar un modelo de desarrollo distinto, que tome en cuenta las condiciones naturales

de la región? ¿Un modelo alternativo garantizaría una transformación estratégica favorable para la región? Sólo la movilización de las organizaciones sociales afro-descendientes e indígenas permitiría alcanzar esa posibilidad, distante por ahora para las opciones del capital.

16 Cfr. Arturo Escobar, “El pacífico colombiano: ¿entidad desarrollable o labora-torio para el posdesarrollo?”, en Edgardo Lander (editor), El límite de la civiliza-ción industrial. Perspectivas latinoamericanas en torno al postdesarrollo, FACES, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 1996.

http

://ww

w.re

dcolo

mbia

.org/

regio

nes/c

hoco

/gale

ria/im

agep

ages

/imag

e13.h

tml

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Referencias bibliográficas

Acosta, Alberto, “La maldición de la abundancia. Un ries-

go para la democracia”, en Revista Tendencia, No. 9

(Quito), marzo-abril del 2009.

Agudelo, Carlos Efrén, Retos del multiculturalismo en Co-

lombia: política y poblaciones negras, La Carreta

Editories / Institut de Recherche pour le Develo-

ppment / Icanh / IEPRI, Bogotá, 2005.

Bonet, Jaime, “¿Porqué es pobre Chocó?” En Documentos

de trabajo sobre economía regional No. 90 (Bogotá)

Abril de 2007.

Centro de Investigación y Educación Popular / la Diócesis

de Quibdó, “El modelo de violencia estructural si-

gue intacto en el Chocó” en Noche y Niebla - Revis-

ta Por la Vida [en línea]: http://www.nocheyniebla.

org/ consulta: agosto 13 de 2009

Chávez, Diego, “Agenda Pacífico XXI: Otra oportunidad

para el Pacífico colombiano desaprovechada” en

Revista Economía Colombiana (Bogotá) No. 311,

abril de 2003.

Escobar, Arturo, “El pacífico colombiano: ¿entidad desa-

rrollable o laboratorio para el posdesarrollo?”, en

Edgardo Lander (editor), El límite de la civilización

industrial. Perspectivas latinoamericanas en torno al

postdesarrollo, FACES, Facultad de Ciencias Econó-

micas y Sociales, Universidad Central de venezue-

la, Caracas, venezuela. 1996

Grupo Semillas, “El agronegocio de la Palma Aceitera en

Colombia. ¿Desarrollo para las poblaciones locales

o una crónica para el desastre?, en Revista Semillas,

No. 34/35 (Bogotá), Abril de 2008.

Harvey, David, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2003.

Pérez, Manuel Enrique, “La conformación territorial en Co-

lombia: entre el conflicto, el desarrollo y el destie-

rro” en Cuadernos de Desarrollo Rural, número 51

(Bogotá), junio de 2005.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Las

caras del despojo de tierras”, en Revista Hechos del

Callejón (Bogotá) No 47, Año 5, Junio de 2009.

Villa Rivera, William, “El territorio de comunidades ne-

gras, la guerra en el Pacífico y los problemas del

desarrollo” en Mauricio Pardo / Claudia Mosquera

/ María Clemencia Ramírez (editores), Panorámi-

ca afrocolombiana. Estudios Sociales en el Pacífico,

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

(Icanh), Universidad Nacional de Colombia, Bogo-

tá, 2004.

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Los estados tienen la obligación de garantizar que las negociaciones multilatera-les sobre derechos humanos, étnicos y ambientales se respeten de la misma forma como se privilegia el cumplimiento de las normas de comercio, integración econó-mica, inversión y finanzas. De esta manera, uno de los primeros temas a dilucidar es

la cuestión de la primacía de los derechos. Y a pesar de que muchas normas constitucionales y legales preca-ven este punto, el hecho concreto es que hay contra-dicciones, menoscabo y pérdida de eficacia de las leyes que en su momento conjugaron aspiraciones sociales, como las étnicas y las medioambientales.

Las decisiones sobre proyectos de desarrollo, y me-dio ambiente quedan sometidas a reglas supranacio-nales, o nacionales de carácter comercial, las cuales bajo los rótulos de integración económica, competiti-vidad, e interés nacional se adoptan en acuerdos co-merciales, agenciados por filiales de multinacionales y sectores económicos de los gobiernos. En el plano nacional esto se traduce en la adopción de políticas y normas que apoyan estas obligaciones, aún sin que terminen sus negociaciones, como son las referentes a competitividad y seguridad jurídica, que direccio-nan y limitan fuertemente las otras normas y políticas.

Esa misma tendencia subyace en los llamados urgen-tes a que se “ejerza el dominio y uso sobre los recursos naturales renovables y no renovables” por parte de los estados, con el fin de afianzar la, ahora remozada, so-beranía nacional. En parte se cumple con este propósito, en parte opera como un mecanismo de facilitación para otorgar con la mayor amplitud el licenciamiento, la concesión o el arrendamiento de los recursos, hasta ahora inexplorados, a gran-des empresas, en desmedro de los derechos de los habitantes de los territorios que los han conservado o en los cuales se encuentran.

La competitividad, que debe llevar algún día a aumentar la participación nacio-nal en mercados internacionales, conlleva a que en su nombre, y bajo el lema de

Legislación ambiental, étnica, y participación ciudadanas: necesidad de hacerlas respetar

http

://ag

uada

-sant

ande

r.gov

.co/si

tio.sh

tml?a

pc=

m-G

1--&

x=21

8645

4

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


la eficiencia administrativa, muchas de las conquistas sociales de las dos últimas

décadas, como son la participación y el derecho a la consulta previa, se tornan en

estorbos a los cuales hay que eliminar o vaciar de contenido y alcance.

El suministro de servicios públicos tales como la energía, la infraestructura vial,

férrea, portuaria, las exploraciones y explotaciones mineras que antes eran ope-

rados por el estado se trasladan al sector privado. Para ello se monta todo un dis-

positivo que asegure su eficiencia económica: se dictan normas sobre seguridad

jurídica que les garantizan inamovilidad de las condiciones de contratación por

largos períodos; se les diseña un sistema impositivo apropiado a sus intereses y se

les conceden incentivos directos que hacen que a sus empresas se les garantice,

precisamente, su eficiencia económica.

La democracia participativa y la legislación sobre medio ambiente se considera-

ron, o se consideran, uno de los mayores logros que se obtuvieron en las cons-

tituciones latinoamericanas. La participación se ha consagrado como derecho y

deber en casi todas las constituciones. Esto permitió que nuevos grupos sociales

reconocidos recientemente como las mujeres, los pueblos indígenas, afroamerica-

nos y los ciudadanos en general, puedan acudir a las autoridades o a los organis-

mos de control que vigilan las actuaciones de los entes privados y públicos para

hacer valer ese derecho básico.

Con relación a los organismos estatales y las instituciones financieras que son

quienes deciden sobre la realización de los proyectos energéticos y de infraes-

tructura vial y portuaria, existen instrumentos de control interno y externo que

permiten, en teoría, ejercer un balance de sus actividades y señalar el cumplimien-

to de sus obligaciones respecto de los ciudadanos, así como la transparencia en

los procesos y en la toma de decisiones.

Para lograr un involucramiento ciudadano en esos espacios de control, se han adop-

tado e implementado normas sobre participación pública, que garantizan el dere-

cho a ser debidamente informados y a participar en espacios de debate y toma de

decisiones sobre los asuntos que puedan afectarlos. Esa expansión de la participa-

ción ciudadana tiene su correlato en el campo internacional en el sistema de Na-

ciones Unidas, el Sistema Interamericano y la propia banca multilateral, que como

integrante de tales sistemas, ha reconocido en la década pasada el derecho que asis-

te a los ciudadanos de los países a propiciar espacios de discusión de sus políticas.

Derechos étnicos

Las comunidades negras y los pueblos indígenas reivindican los derechos ances-

trales sobre el territorio, lo cual traspasa abiertamente la concepción de lo biofí-

sico, que es apropiable de manera individual o colectiva, e incluye los recursos

naturales como parte esencial cosmogónica de la que depende su vida, su cultura,

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


sus tradiciones, y sus ritos. Éste derecho les autoriza a administrar su territorio. Como bien lo define una de las expresiones del movimiento de comunidades ne-gras “son tres derechos los que les son fundamentales: el derecho a ser (negro), el derecho a un espacio para ser (territorio) y el derecho al ejercicio del ser (partici-pación social)”1.

Según un investigador,2 el control social del territorio es una base “para la super-vivencia y el fortalecimiento de la cultura y de la biodiversidad. En las comunida-des fluviales, los activistas y las comunidades han colaborado para comprender el significado de la nueva Constitución y para desarrollar conceptos de territorio, desarrollo, prácticas de producción tradicionales y uso de los recursos naturales”. En él se sucede la simbiosis entre el modelo de asentamiento, el uso del espacio y de los recursos y prácticas simbólicas.

Las comunidades negras y los pueblos indígenas son propietarios de los suelos y los bosques,3este derecho comprende la facultad de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territo-rios, con criterios de sustentabilidad.

Cualquier decisión sobre los recursos naturales que se encuentren en sus territorios, así éstos pertenez-can a la Nación, debe responder al contexto en el cual dichos recursos se localizan. El desarrollo debe basarse en sus prácticas y valores tradicionales y en la conservación del hábitat de cuya oferta ambiental depende su calidad de vida. El territorio se concibe aquí como una unidad biológica y cultural de cuya re-lación depende la conservación de su riqueza natural.

No es como se entiende ahora que las reservas forestales, por ejemplo, si no se han conservado, pierden su carácter en favor de la minería, que en el caso co-lombiano, ocupa casi un 40% del territorio nacional4. Esto ha facilitado su adju-dicación por medio de títulos mineros a numerosas multinacionales y empresas

nacionales, sin que se haya oído la voz de las comu-nidades en conjunto.

Hay un choque evidente cuando se contraponen los derechos y las concepciones de desarrollo. Para un sector el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales es un medio para lograr crecimiento econó-mico, y en un futuro lejano, la equidad social, mien-tras para otros las prácticas tradicionales son parte esencial del territorio y su manejo sostenible.

1 PCN, Proceso de comunidades negras, tres principios básicos que guían su accionar.

2 Escobar Arturo, Un ejemplo de Colombia: en pos de la naturaleza,http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/informe%20mund2/colombia.htm

3 artículo 6 ley 70/93; ley 21 de 1991

4 Orozco José Miguel, “Minería y zonas de reserva forestal” publicada en el perió-dico Portafolio el día de ayer, 31 de Agosto

Las comunidades negras y los pueblos indígenas son propietarios de los suelos y los bosques,3este derecho comprende la facultad de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad.

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


En estas circunstancias, se propone un modelo de etnodesarrollo5 que garantice

los derechos al territorio, la autonomía, la participación y al desarrollo económico

y social junto con autonomía administrativa. Los grupos indígenas cuentan con el

espacio de participación y negociación, pero todavía no tienen un acceso a los ins-

trumentos legales que les permita hacer uso de estos espacios de manera efectiva.

En el campo del manejo de los recursos, son numerosos y diarios los conflictos que

se establecen entre las aspiraciones comunitarias y las decisiones estatales sobre

proyectos que impactan sus territorios, que son conocidos luego de tomada la

decisión. Entonces, el espacio que se les concede es sólo una ranura, un intersticio

antes que un espacio de planificación y negociación.

Entre los temas prioritarios que proponemos para definir, estaría el de señalar

cuál es el alcance de los derechos como autoridad ambiental que ejercen las

comunidades en sus territorios y cuáles son sus de-

rechos de uso, usufructo y administración de los re-

cursos naturales.

5 Parte dos: lo que entendemos por agenda Pacífico XXI. 3. Dos enfoques fundamen-tales de la Agenda: Desarrollo y Región. construcción de un modelo de desarrollo

http

://nu

qui-c

hoco

.gov

.co/p

rese

ntac

ion.sh

tml?a

pc=

O1c1

--&s=

i

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


En el ámbito ambiental la participación compromete a todos los sectores (sec-

tor público, privado, la academia, las organizaciones comunitarias etc.), en cuanto

les recuerda que son utilizadores y beneficiarios del ambiente y, en consecuencia,

factores determinantes para su protección.

En materia ambiental, la participación tiene un ma-

tiz fundamental, ya que ha revelado su capacidad de

avance hacia el desarrollo sostenible. Por eso conside-

ramos oportuno implementar verdaderos procesos

de participación a través de mecanismos cualificados

para el fortalecimiento de las comunidades y sus or-

ganizaciones. Es necesario desarrollar una política y

cultura de la participación en Colombia. Los espacios

establecidos deben tener un carácter vinculante, no

simplemente constituirse en espacios consultivos sin

fuerza y sin ninguna incidencia real en las decisiones

ambientales.

El reto es lograr que el Estado y la sociedad civil se

comprometan a hacer realidad el ejercicio de la parti-

cipación, con el fin de lograr una cultura participativa

en Colombia. Se deben hacer efectivos los espacios

de participación existentes y crear aquellos que po-

sibiliten la construcción y el afianzamiento de la de-

mocracia participativa. Las instituciones deben abrir

puertas hacia espacios reales de participación, a tra-

vés de los cuales se adelanten prácticas sociales que aporten a la transparencia en

la gestión estatal.

El papel de la sociedad civil es fundamental en el funcionamiento del Estado y la

gestión pública en materia ambiental, por lo cual se requiere de unas instituciones

que motiven la contribución social dado que hoy, estos espacios de participación

administrativa son escasamente utilizados no obstante su importancia y el valor

que tienen los conocimientos y experiencia en las zonas de los proyectos.

La toma de decisiones en materia ambiental requiere de la promoción de la par-

ticipación de todos los sectores. Esto se logra con políticas públicas que aseguren

a los diferentes actores, en todos los niveles, el trabajo unificado, el diálogo y el

intercambio de información en esta materia.

Participación en materia ambiental

Lina Muñoz, abogada /ILsa

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Es necesario superar la mutua desconfianza en el desarrollo de los procesos de participación. Por esta razón, es importante fortalecer la sociedad civil y sus formas organizativas para lograr una gestión efectiva y eficaz, que promueva una cultura democrática en la que todos los actores sociales puedan tomar decisiones.

Factores como la falta o insuficiencia de información, las barreras y prejuicios cul-turales, la desigualdad social, la irresponsabilidad social, el desinterés y la falta de interés en los asuntos públicos, son algunos de los aspectos que condicionan e interfieren en los procesos participativos. De lo anterior, es de señalar que no es posible analizar o ejercer la participación sin tener en cuenta los contextos socia-les, políticos, jurídicos y culturales concretos.

Es necesario superar la mutua desconfianza en el desarrollo de los procesos de participación. Por esta razón, es importante fortalecer la sociedad civil y sus for-mas organizativas para lograr una gestión efectiva y eficaz, que promueva una cultura democrática en la que todos los actores sociales puedan tomar deci-siones. El fortalecimiento de la sociedad civil implica aumentar la capacidad de interlocución con el Esta-do, lograr recursos para la realización de sus trabajos y garantizar su mantenimiento en el tiempo, a través de la realización de proyectos.

La defensa y la protección de lo público implican contar con una sociedad civil organizada y fortale-cida para el desarrollo de la gestión ambiental en la planeación y ejecución de proyectos, además del se-guimiento de los mismos. La participación no es solo una forma de control sino una forma de cogestión para la solución de los problemas y prevención de los conflictos ambientales.

http

://ww

w.ga

leriac

olom

bia.co

m/in

dex.p

hp?p

=bu

scad

or.fin

d&ac

tion=

sear

ch&k

eyw=

YANC

O#

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


El Caso Puerto Brisa Actualmente avanzan las obras para instalar el Puerto

Multipropósito de Brisa, localizado en jurisdicción del

municipio de Dibulla, corregimiento de Mingueo, de-

partamento de la Guajira, en área que forma parte del

territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sie-

rra Nevada de Santa Marta. Allí, se encuentra ubicado

Jukulwa, cerro sagrado, donde los mamos (autoridades

espirituales de los 4 pueblos indígenas de la Sierra) reali-

zan ceremonias de pagamento.

Paralelo al desarrollo de este proyecto han sido vulnera-

dos de manera permanente y sistemática los derechos

fundamentales de los pueblos indígenas de la Sierra

Nevada de Santa Marta, al otorgarse a la empresa la li-

cencia ambiental de construcción, sin haberse realizado

con antelación el procedimiento de la consulta previa,

de conformidad con las disposiciones de índole nacio-

nal e internacional. Esta acción desconoce el derecho a

la participación de los grupos étnicos en las decisiones

que los afectan.

En una primera etapa, el Ministerio de Medio Am-

biente, vivienda y Desarrollo Territorial (MAvDT) pretendió, adelantar el procedimiento de consulta previa,

atendiendo a los antecedentes registrados con relación al territorio previsto para la construcción del Puer-

to Multipropósito de Brisa; en particular en cuanto al trámite para la solicitud de las licencias ambientales

de los proyectos Prodeco S.A.(1998), Puerto Cerrejón S.A. y Carbones del Cerrejón S.A. (1999), durante los

cuales se desarrollaron sendas consultas previas con las autoridades tradicionales de los 4 pueblos de la

Sierra Nevada de Santa Marta, destacando la existencia del sitio sagrado Jukulwa, situación que dio lugar a

que en ese momento se negaran las licencias ambientales solicitadas.

La violación de los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la consulta previa y al territorio

Carmen andrea Becerra Becerra / ILsa

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


La Empresa Brisa S.A. interpuso recurso de reposición contra la decisión del Ministerio que ordenaba realizar

consulta previa, argumentando que la facultad de citar a este procedimiento era reglada y no discrecional, no

ajustándose en el caso de este estudio la procedencia de la consulta previa, por no haberse cumplido uno de

los requisitos establecidos en la ley para citar a tal procedimiento, como lo era la certificación de la presencia

de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto por parte de la Dirección de Etnias del Minis-

terio del Interior.

En consecuencia, mediante la resolución 1298 del 2006, el MAvDT otorgó licencia ambiental para la construc-

ción de Puerto de Brisa, sin haber realizado el procedimiento de la consulta previa; teniendo en cuenta las

certificaciones del Ministerio del Interior y Justicia, y la Dirección de Etnias, en las cuales se afirmaba: i) que

en la zona de construcción del Puerto no había presencia de comunidades indígenas y ii) que la misma no se

superponía con lugares sagrados ni con zonas de pagamento.

Esta resolución dispuso que previo al inicio de la

construcción del proyecto, la empresa BRISA S.A.,

debía adelantar un proceso de concertación con las

comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa

Marta, con el propósito de acordar los mecanismos

para garantizarles el desarrollo de las prácticas cultu-

rales que realizan tradicionalmente en el área de inte-

rés del proyecto.

Dicha resolución además de vulnerar el derecho a la

participación, vulneró el derecho al debido proceso

al no haberse realizado la consulta con anterioridad

al otorgamiento de la licencia y al condicionarse el

inicio de las obras previstas para el desarrollo del

Puerto de Brisa S.A ya no a una consulta previa, sino

a un “proceso de concertación de acceso al sitio sa-

grado”.

A dicho proceso fueron convocados a participar los

representantes de los 4 pueblos indígenas de la Sierra

Nevada de Santa Marta, cuando ya había sido otorga-

da la licencia para la construcción del puerto, siendo

lógico y coherente afirmar que, en este caso, la consulta no fue previa.

El proceso de concertación asumió el carácter meramente formal de la imposición de una decisión ya tomada

por el MAvDT (otorgamiento de la licencia) y se caracterizó por el empleo inadecuado y confuso de la termi-

nología y de los propósitos y finalidades para los cuales fueron citados los representantes de las comunidades,

reemplazando así el contenido y el fin mismo del derecho a la consulta previa, por el procedimiento sui generis

de “concertación de acceso al sitio sagrado” y pretendiendo asimilar una y otra figura.

La resolución 1298 del 2006 dispuso que previo al inicio de la construcción del proyecto, la empresa BRISA S.A., debía adelantar un proceso de concertación con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el propósito de acordar los mecanismos para garantizarles el desarrollo de las prácticas culturales que realizan tradicionalmente en el área de interés del proyecto.

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Con posterioridad al otorgamiento de la licencia, los Ministerios de Ambiente,

vivienda y Desarrollo Territorial y del Interior y de Justicia, realizaron una visita de inspección al lugar del proyecto en ejercicio de sus facultades legales. En esta oportunidad se constató el inicio de las obras para la construcción del Puerto Mul-tipropósito de Brisa S.A, “sin haberse dado cumplimiento al proceso de concerta-ción con las comunidades”. Cabe destacar que uno de los aspectos constatados en la visita fue la afectación al Cerro Sagrado Jukulwa mediante la perforación del mismo y la apertura de un boquete que fracturó el cerro en dos.

El 4 de octubre del 2006 el MAvDT ordenó mediante resolución No. 1969, la sus-pensión inmediata de las actividades del Puerto, hasta que la empresa BRISA S.A. diera cumplimiento al proceso de concertación con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es importante anotar que además de haberse rei-terado el desarrollo de este proceso, las medidas solicitadas por el Ministerio no tuvieron en cuenta la afectación ocasionada a los 4 pueblos con respecto al desa-rrollo de obras para la construcción del puerto sobre territorio ancestral, vulneran-do nuevamente el derecho a la integridad étnica, y cultural de las comunidades indígenas, así como el derecho a la participación en las decisiones que los afectan.

Ninguno de los 4 pueblos de la Sierra Nevada fueron consultados acerca de la reparación frente a los daños medioambientales y culturales ocasionados con la afectación del territorio ancestral y específicamente la del cerro Jukulwa.

Un año y seis meses después, el Ministerio dispuso el levantamiento de la medida preventiva, por considerar que: i) se había surtido el procedimiento de concerta-ción con las autoridades de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección de Etnias y; ii) se había cumplido con el retiro de las obras construidas por la empresa Brisa S.A .

Cabe destacar que de conformidad con la parte motiva del concepto de la Di-rección de Etnias del Ministerio del Interior, se entendió cumplido el proceso de concertación con los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el hecho de haber efectuado tres citaciones a reuniones, en las que predominó la no asistencia de los representantes de las comunidades: “Los representantes de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, obviaron el de-ber que les asistía de participar, en las oportunidades que han sido convocados, para garantizar ese derecho y la posibilidad de dar a conocer sus apreciaciones y pretensiones, las cuales deben influenciar las decisiones estatales que pudieran afectarlos directamente”.

Afirmado lo anterior, no se tuvo en cuenta los argumentos expresados por los re-presentantes de los 4 pueblos de la Sierra en la reunión realizada el 1 de noviem-bre y en la comunicación enviada a la Dirección de Etnias el 14 de enero del 2008, en los cuales se manifestó que las reuniones a las cuales habían sido convocados

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


habían sido: i) confusas, en cuanto a la terminología empleada (“Concertación al

acceso al sitio sagrado”. “Proceso de concertación para adelantar prácticas cultu-

rales”. “Proceso de Consulta”. “Consulta previa”) y por ende, respecto al propósito y

finalidad de las respectivas reuniones; ii) tardías y restringidas en cuanto a la posi-

bilidad de manifestar la posición de los pueblos frente al desarrollo del Proyecto

“Construcción y operación del Puerto Multipropósito de Brisa S.A.”.

La vulneración de los derechos fundamentales que han sido mencionados conti-

nuará sí, como resultado del proceso de concertación, que de acuerdo a la Direc-

ción de Etnias del Ministerio del Interior ya se surtió, se impone a los 4 pueblos

indígenas de la Sierra “un mecanismo de acceso a un sitio de interés cultural”, des-

conociendo con esta misma expresión: i) que el área en que se desarrolla actual-

mente el proyecto forma parte del territorio ancestral; ii) que el cerro Jukulwa es

un lugar de pagamento, que forma parte del territorio ancestral.

El 8 de julio del 2008 los Abogados del Instituto Latinoamericano de Servicios Le-

gales Alternativos, ILSA, actuando en nombre y representación de los Cabildos

Gobernadores de los 4 pueblos, interpusieron acción de tutela contra el Ministerio

del Interior y de Justicia, Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial

y la Empresa Puerto Brisas S.A., demandando la protección de los derechos fun-

damentales de los pueblos Kogi, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa a la consulta previa,

como manifestación del derecho a la participación en las decisiones que los afec-

tan; a la diversidad étnica, social ,cultural y religiosa; a la autonomía y al debido

proceso.

Actualmente la tutela se encuentra en revisión en la Corte Constitucional y se es-

pera que las pruebas que este Tribunal ordenó recientemente, dentro del proce-

so de análisis del caso, permitan la inaplicación de la resolución 1298 de 2006,

mediante la cual el MAv-

DT ordenó el proceso de

concertación. Se busca,

pues, el restablecimiento

del derecho a la consulta

previa, abordando desde

un enfoque pluralista la

reparación por los daños

causados al territorio an-

cestral y por ende, a la in-

tegridad étnica y cultural

de los pueblos indígenas

de la Sierra Nevada de

Santa Marta.

http

://ww

w.sa

credla

nd.or

g/ind

ex.p

hp/si

erra

-nev

ada-

de-sa

nta-

mar

ta/

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


El pasado 3 de agosto de 2009 más de 500 líderes y liderezas, provenientes en su mayoría de los 23 municipios del Oriente antioqueño, discutieron en el foro convocado por la Mesa Energética del Oriente Antioqueño uno de los temas de

la agenda del desarrollo de la su-bregión atado a la producción, dis-tribución y consumo de servicios públicos: las Transferencias de Sec-tor Eléctrico (TSE), o transferencias de la Ley 99 de 1993.

Una secuencia de imágenes, que

recordaban cómo hace ya tres dé-

cadas un pueblo desaparecía bajo

las aguas de la que conocemos

hoy como la represa de El Peñol-

Guatapé, instalaron el evento.

Después de que sus compuertas

se cerraron, el agua fue inundando

cultivos, viviendas, puentes, hasta

hacer desaparecer el frontis de la

iglesia, que era todo un símbolo

territorial para sus habitantes. An-

tes de cerrar las compuertas las

familias salían con sus pertenencias, dejando atrás una historia de redes sociales,

trabajo comunitario, producción campesina, entre otros.

Esta reconstrucción de la memoria a través de imágenes fue el elemento sim-

bólico que marcó el discurrir del evento, y fue el texto vivencial sobre el cual se

fundamentaron las tesis allí presentadas. Se sumaron el recuerdo de miles de cam-

pesinos y campesinas desplazados, la dolorosa cifra de muertos, desaparecidos

y masacrados por el conflicto armado (que no es ajeno a los conflictos que se

produjeron por la disputa de esa riqueza existente en la subregión), y las cifras de

María soledad Betancur Betancur/Instituto Popular

de Capacitación (IPC)

AntioquiA, ColombiA Transferencias del Sector Eléctrico (TSE): un debate sobre el desarrollo y la equidad en el Oriente*

http

://pic

asaw

eb.g

oogle

.com

/lh/p

hoto

/Kko

Mvx

8MNk

Z7DV

b8df

eZW

w

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


pobreza y exclusión. Todo esto, en parte, para o por instalar la producción de cerca de 2.000 megavatios de energía en San Carlos y El Peñol y Guatapé (1.240 y 560 MW, respectivamente).

Se muestra así que la subregión del Oriente antioqueño ha sido soporte territorial de la producción de valor. Su riqueza hídrica, sus condiciones climáticas y configuración topográfica se combinan de una manera sinérgica para producir energía para el país. EPM e ISAGEN, las dos empresas dueñas de estas centrales, ocupan hoy los primeros lugares entre las empresas más grandes del país y producen jugosas utilidades.

Estado y empresas generadoras consideran que las Transferencias del Sector Eléc-trico (TSE), concebidas en la Ley 99 de 1993 en su artículo 45 y entregadas por las empresas generadoras a municipios y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), logran resarcir en parte las consecuencias negativas que sobre las condicio-nes de vida de las comunidades del Oriente antioqueño, y que el problema central está en el control que se debe ejercer para que éstas se destinen a los objetivos previstos por la ley: agua potable, saneamiento básico y medio ambiente.

Para la comunidad organizada y las CAR son una retri-bución económica insuficiente, tanto por su cuantía, como desde las restricciones que impone la ley para su aplicación, pues impide que los municipios y las Corporaciones puedan ejercer autonomía sobre la asignación, estableciendo prioridades de acuerdo con sus diagnósticos socioeconómicos.

Estas dos miradas parten de dos concepciones diferen-tes para entender el desarrollo de la subregión: la con-cepción que subyace en la ley sobre la protección del medio ambiente (que es fundamental), es restringida, a tal punto que termina convirtiéndose exclusivamen-te en inversión en la materia prima de las empresas generadoras (agua y bosques). La concepción que demandan las comunidades y pobladores de la subre-gión es más integral; se asocia a derechos adquiridos, a hábitat, a territorio incluyente y equitativo; donde agua potable, saneamiento bá-sico, bosques y cuencas hidrográficas protegidas son importantes, pero son apenas un componente de un concepto mas amplio e incluyente de desarrollo regional.

De aquí surgen varias preguntas:

¿La inversión requerida para la protección de cuencas y bosques debe salir de las retribuciones a las que tienen derecho los municipios de la subregión, y en parti-cular de esta pequeña parte que llega por las TSE? O, por el contrario, ¿son unos

¿La inversión requerida para la protección de cuencas y bosques debe salir de las retribuciones a las que tienen derecho los municipios de la subregión, y en particular de esta pequeña parte que llega por las TSE? O, por el contrario, ¿son unos costos que deben salir de la operación normal de las empresas para cuidar y ayudar a producir una materia prima que encuentran en el territorio?

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


costos que deben salir de la operación normal de las empresas para cuidar y ayu-dar a producir una materia prima que encuentran en el territorio?

¿La base para el cálculo de estas transferencias (valor KW e IPC -fijado por la Comi-sión de Regulación de Energía y Gas, CREG) es adecuado?

¿El porcentaje transferido de las ventas brutas de las empresas generadoras (6%), es suficiente para retribuir a un territorio que es soporte de la producción de esta riqueza y se ha visto afectado por su operación? ¿Qué tanto han impactado estos

recursos el desarrollo de los municipios que los perci-ben? • ¿Se debe o no ejercer control ciudadano sobre los recursos transferidos a CAR y municipios?

Con debates y matices, la discusión fue llevando a los asistentes al evento a afirmar que, de conjunto, las TSE son una retribución bastante pequeña que no alcanza a incidir integralmente en la realización de derechos y el desarrollo incluyente en el Oriente. Por tanto, se propone una reforma a la ley que amplié el porcentaje transferido al menos al 8%, y que replan-tee las restricciones que para su asignación tienen las corporaciones municipales.

Mientras se crean las condiciones para ampliar esta retribución, se recomienda, de un lado, hacer una mayor exigencia a los órganos de control (contralo-rías, especialmente) para que no solo vigilen, sino que creen los dispositivos necesarios para sancionar irregularidades y falta de transparencia en la transfe-

rencia y aplicación de estos recursos; de otro lado, se plantea la necesidad de que la ciudadanía organizada promueva y concrete redes de control ciudadano para que estos recursos efectivamente impacten de manera positiva en el desarrollo de la subregión.

Por último, queda abierto el debate en torno al alcance de la Responsabilidad So-cial Empresarial de las empresas de servicios públicos, máxime cuando operan en un sector que produce para ellas jugosas ganancias y desarrollo para el país y aún el continente, pero que simultáneamente ha generado efectos negativos sobre las comunidades de los territorios que soportan una producción tan rentable. No es gratuito que EPM, ISA e Isagén en 2008 ocuparan los puestos 11, 16 y 40 en el escalafón de las empresas más grandes del país.*http://www.ipc.org.co

http

://ww

w.ca

sana

re.go

v.co/

?idca

tego

ria=

4336

Oc

tub

re d

e 2

00

9 N

º 2

IM

PA

CT

OS


Noticias

IMPACTOS en América Latina

La Unión Europea propone fondo para financiar proyectos en América Latina

Este nuevo financiamiento sería en energía renova-ble, eficiencia energética, transporte y medio am-biente. Los 100 millones de euros previstos hasta el 2013, serían el Reimer paso para que hubiera mayor interés de parte de los organismos financieros en co-locar recursos para estos emprendimientos. Fuente: valor Econômico.01.10.2009.Sergio Lumacci enviado a lista de correo: correo de articulación IIRSA.

Boletín de AIDA, Septiembre de 2009. Aida exige revisión ambiental exhaustiva de mina propuesta en Canadá

El 28 de agosto, AIDA, Asociación Interamericana de

Derecho Ambiental se unió a la Asociación de Derecho

Ambiental de Canadá (CELA) y a otros grupos ambien-

talistas para presentarse como coadyuvantes ante la

Corte Suprema de Justicia de Canadá en un caso de

minería. El propósito es respaldar la apelación que pre-

sentó la organización participante de AIDA en Canadá,

Ecojustice, en nombre de MiningWatch. Este caso se re-

fiere a una mina de oro y cobre a cielo abierto, conocida

como Red Chris; localizada en un área remota y prístina

de Columbia Británica, provincia canadiense en la costa

del Océano Pacífico. Red Chris se supone que procesará

30,000 toneladas métricas de mineral al día y botará los

desechos tóxicos en un lago donde habitan el sapo oc-

cidental, especie en peligro; y otras especies acuáticas.

Mayor información: www.aida-americas.org.

Las derrotas de Chevron en las cortes de EEUU la obligan a recurrir a arbitraje internacional

Intentos para evitar su responsabilidad de $27 mil millones presentan riesgos para la gigante petrolera. Nueva York (25 de septiembre, 2009). – La demanda de Chevron a través de un arbitraje internacional en contra del gobierno ecuatoriano, es la clara conse-cuencia de una línea de vergonzosas derrotas legales sufridas por la compañía en el Ecuador y los EEUU, Ahora Chevron pretende presentar los mismos argu-mentos ante un panel arbitral, dijeron hoy abogados de las comunidades amazónicas.“

La presentación de esta demanda arbitral indica que la compañía busca escoger un foro jurisdiccio-nal “a dedo”, y parece ser una de las cartas finales de Chevron en su intento de evitar su responsabilidad por la contaminación ambiental en la Amazonía”, dijo Steven Donziger, uno de los abogados de los demandantes. “A lo largo de los últimos tres años, toda corte que ha analizado el caso, tanto en Ecua-dor como en EEUU, ha rechazado de algún modo las afirmaciones de Chevron”, dijo Donziger. “No existe precedente para pensar que el panel arbitral tendrá otro parecer.”

Contactos: Luis Yanza: 093977-809 / Pablo Fajardo: 093977-811 /Ma. Eugenia Yépez: 093835-614. Recibido a tavés de: [email protected] [email protected]@yahoogroups.com [email protected]

impactos no. 2 · 2017. 9. 6. · con el estado, es allí en donde se decantan los ideales...

Documents