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ngela Mara Estrada MesaImpacto de la dinmica poltica colombiana en los procesos de reparacin a las vctimas de la violencia poltica

Revista de Estudios Sociales, nm. 36, agosto, 2010, pp. 133-144,Universidad de Los Andes

Colombia

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Revista de Estudios Sociales,ISSN (Versin impresa): [email protected] de Los AndesColombia

www.redalyc.orgProyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ngela Mara Estrada Mesa*

Impacto de la dinmica poltica colombianaen los procesos de reparacin a las vctimas de la violencia poltica

* Psicloga y magster en investigacin y tecnologas educativas de la Pontificia universidad Javeriana. PhD en Psicologa social de la universidad Federal de Paraba, brasil. catedrtica del Departamento de Psicologa de la universidad de los andes. entre sus publicaciones ms recientes se encuentran: a violncia Poltica e o conflito armado na colmbia: limites e posibilidades para a Psicologia da libertao. en Psicologia Social para a Amrica Latina. O Resgate da Psicologia da Libertaao, eds. Raquel Guzzo y Fernando lacerda, 295-303. campineas: alnea, 2009; y Retricas erticas disidentes (con ngela mara bez silva). Universitas Psychologica 8, no. 3: 653-672, 2009. correo electrnico: [email protected].

Estas pginas presentan una reflexin que emergi en el proceso de ejecucin del proyecto de investigacin Psi-cologa Social Crtica: estrategias para la atencin del impacto psicosocial acumulado en jvenes, y sus redes sociales, afectados por el conflicto interno en Colom-bia, adelantado por el Grupo de Investigacin en Psi-cologa Social Crtica (GPSC)1 a lo largo de ms de dos aos y medio.

En efecto, se busca a partir de la experiencia acumu-lada, y con la intencin de insertarnos a diferentes orga-nizaciones tanto del Estado como de la sociedad civil y articularnos con ellas proponer, con base en el anlisis de fragmentos de diarios de campo y grupos focales, un anlisis crtico de la actual polarizacin de las relacio-nes entre organizaciones defensoras y peticionarias de vctimas de la sociedad civil, organizaciones del Estado encargadas de ejecutar las medidas de reparacin y los grupos acadmicos que investigan e intervienen en la problemtica de las vctimas de la violencia poltica en Colombia, as como su impacto sobre la efectiva (perti-nente y oportuna) reparacin a las vctimas de la violen-cia poltica en Colombia.

Se enfoca particularmente en la forma como la men-cionada polarizacin que se caracterizar a continua-cin afecta los procesos de reparacin y revictimiza a las personas afectadas por la violencia poltica en el pas, en su proceso de recuperacin emocional y en la recons-truccin de un proyecto de futuro viable. Nos mueven dos razones principales: por un lado, las formas en que la polarizacin poltica interna est afectando el proceso de reparacin de las vctimas; por otro, y en estrecha rela-cin con el anterior, la merma de recursos culturales y el potencial para la intervencin que conlleva la incapa-

1 Grupo de Investigacin reconocido y clasificado por Colciencias (Depar-tamento administrativo que lidera la poltica de ciencia y tecnologa en Colombia), liderado por ngela Mara Estrada Mesa, PhD en Psicologa Social y catedrtica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-dad de los Andes. Proyecto financiado por IDRC-Canad.

cidad que muestran actualmente las organizaciones de defensoras y peticionarios de Derechos Humanos para la accin sinrgica con organizaciones acadmicas y del Estado, as como su priorizacin de agendas polticas de oposicin al actual rgimen poltico y ms concre-tamente, al gobierno del presidente Uribe sobre el derecho a la reparacin de las vctimas. Se trata, sin duda, de un anlisis de coyuntura que justifica su im-portancia en razn de las formas en que se estn afec-tando las vctimas.

En efecto, ms temprano que tarde, en el proceso de ejecucin del mencionado proyecto comenzamos a ex-perimentar una exacerbacin de la hostilidad y la activa-cin emocional como caracterstica de las interacciones entre grupos o personas que se ubican con diferencias o matices (reales o atribuidos) en la dinmica sociopo-ltica y en el ordenamiento institucional del pas. De hecho, ya algunos analistas comienzan a nombrar el fen-meno en trminos de crispacin; as, por ejemplo: el ambiente de crispacin poltica originado por los cons-tantes insultos y descalificaciones entre el gobierno y la oposicin [] (Rangel 2010, 49). Para nuestro caso en particular, no se trataba de un posicionamiento explcito y autoafirmado, sino de ejercicios de inferencia y atri-bucin, en las prcticas conversacionales, de un lugar desfavorable para el otro en la dinmica poltica, cuyo tono emocional estaba escalando y exacerbndose con el correr de los ocho aos de gobierno de lvaro Uribe.

A medida que buscbamos articulaciones y alianzas en procura de la construccin de escenarios ms fuertes y socialmente articulados para adelantar propuestas de acompaamiento psicosocial a vctimas de la violencia poltica, se haca evidente que no manejbamos las cla-ves de un lenguaje polticamente correcto que pareca condicin sin la cual no slo se nos obstaculizaba la ar-ticulacin, sino que recibamos una sancin retrica en trminos de inadecuacin poltica, tcnica, y hasta huma-na. No faltaron la hostilidad de viejos amigos y el eco de otros que no conocamos ni nos conocan. Eso nos llev

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a querer comprender lo que estaba en juego en esas do-lorosas dinmicas personales y profesionales, y ste es el motivo en el que se originan estos anlisis emergen-tes, que esperamos contribuyan a revisar y fortalecer las condiciones para la construccin de sinergias entre las ONG, el Estado y la academia, en procura de ms y mejores estrategias de acompaamiento y recuperacin del sufrimiento psicolgico como consecuencia de la violencia poltica en Colombia:

[] En marzo de 2009 comenzbamos, como Grupo de Psicologa Social Crtica (GPSC), el contacto con organizaciones de la sociedad civil que llevaran casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las cuales pudisemos hacer sinergia para desa-rrollar propuestas de intervencin psicosocial.

Se trataba de una estrategia en el marco del proyecto Psicologa Social para el postconflicto. Estrategias para la atencin del trauma psicosocial acumulado en menores desvinculados/as del conflicto y sus redes sociales en Colombia, que venamos desarrollando, y concretamente, para iniciar la fase 2 del mismo, cuya orientacin era bsicamente interventiva. Se bus-caba, con una lgica de IAP (Investigacin Accin Participativa) , generar un espacio para la sistemati-zacin y enriquecimiento de estrategias tcnicas para la atencin psicosocial del trauma acumulado por efecto de la violencia poltica.

Nos pareci que era adecuado iniciar contactos con organizaciones de abogados con quienes pudiramos asociarnos para aportar el desarrollo del componente psicosocial de la intervencin, que hace parte de las sentencias de reparacin en los casos que se llevan en el Sistema Interamericano de Justicia. Eso asegu-raba que las asociaciones intentadas no entraban en conflicto de intereses, lo que s sucedera con organi-zaciones con un perfil [...]

Con estas ltimas entraramos en directa compe-tencia profesional, no tanto por los recursos disponi-bles, pues de alguna manera contar con financiacin nos aseguraba la capacidad econmica para poner a prueba unos dispositivos de intervencin [de manera autnoma], sino ante todo competencia de imagen, de reconocimiento y de articulacin previa, en trmi-nos de trayectoria. Hasta cierto punto, competencia por el acceso a las vctimas.

Habamos hecho un mapa, tanto de organizaciones con un perfil psicosocial como con el perfil de juris-

tas que litigan en el Sistema Interamericano. Comen-zamos por las ms prestigiosas y al mismo tiempo las ms cercanas porque tenamos personas amigas, conocidas de largo tiempo atrs, con las cuales, pen-samos, haba condiciones personales para establecer relaciones de confianza en un momento de polariza-cin poltica en el cual el establecimiento de lazos de confianza se ve dificultado por el enrarecimiento del contexto [socio]poltico.

Para el encuentro preparamos un portafolio de servi-cios del grupo de Psicologa Social Crtica al cual le invertimos mucho tiempo y esfuerzo. En l hacamos nfasis en el enfoque apreciativo para adelantar con-versaciones teraputicas y en los distintos procesos que podramos desarrollar y aplicar segn las carac-tersticas de las distintas vctimas (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Es primordial sealar la importancia de que el acceso a las personas vulneradas bsicamente en lo local se lleve a cabo con un criterio de insercin etnogrfica y pertinencia tica, el cual debe contar con las redes exis-tentes. De ah la necesidad de acceder a otras redes sociales por medio de los peticionarios de la vctimas. Continuemos un poco ms con el relato de ese encuentro:

[...] En el portafolio mencionbamos la ley de justicia y paz, iniciativa del gobierno de lvaro Uribe para la desmovilizacin de grupos paramilitares, como un nuevo marco jurdico existente en el pas para avan-zar hacia el posconflicto. Nuestro proyecto, como se puede ver en el ttulo mencionado arriba, asuma que la psicologa debera desarrollar un saber, una exper-ticia para la atencin psicosocial del trauma acumu-lado por efecto de la violencia poltica.

Varias fueron las reacciones inmediatas por parte de esa organizacin: en primer lugar, el rechazo a referirse a la ley como de justicia y paz y sea-larla nicamente por su nmero de identifica-cin, ya que, segn puntualiz [Nombre - Director ONG],2 esa es la ley para los amigos (refirindose obviamente al presidente Uribe). En segundo lugar, el rotundo rechazo a mencionar siquiera el poscon-flicto en Colombia, toda vez que si se est negociando con algunos grupos en medio del conflicto y no con otros, es imposible asumir que exista posconflicto alguno. Eso no pareca negociable.

2 Por motivos ticos los nombres propios han sido eliminados para garan-tizar la necesaria confidencialidad.

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Revista de Estudios Sociales No. 36rev.estud.soc.agosto de 2010: Pp. 172. ISSN 0123-885X Bogot, Pp.133-144.

Nuestra propuesta no slo fue evaluada respecto de lo no negociable polticamente, sobre lo cual no se discute, sino que las diferencias polticas se sealaban como insuficiencias o deformaciones polticas del otro, producto de no militar directa-mente en la izquierda, o de los sesgos propios de la vida acadmica. As, pues, rpidamente com-prendimos que aunque un sector del pas asuma encontrarse en proceso de posconflicto, otro sector consideraba la afirmacin francamente ofensiva y polticamente incorrecta.

Comprendimos que nuestra propuesta se pona en cierta medida en el medio de una polarizacin extrema en la cual distintos sectores principalmente la sociedad civil versus el Estado sostienen y legi-timan versiones opuestas sobre lo que est aconte-ciendo con la dinmica poltica que afecta la reparacin de las vctimas en el pas. Entendimos hasta dnde la presencia de un presidente que cambi la Cons-titucin para asegurarse la reeleccin inmediata ha generado un odio y personalizacin frente al abordaje del conflicto por parte de la izquierda.

Ello nos llev a cambiar algunos de los planteamien-tos incluidos en el portafolio de servicios, comen-zando por el nombre del proyecto. Cambiamos el nombre original de todos los documentos pblicos. De ah en adelante, el proyecto se llam Estrategias para la atencin del impacto psicosocial acumulado en jvenes, vctimas y sus redes sociales afectadas por el conflicto interno en Colombia. De este cambio informamos incluso al IDRC (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo) de Canad, entidad financiadora. Tambin abandonamos la pretensin de buscar un saber que trascendiera las situaciones de conflicto y que anticipara escenarios de posconflicto. Construimos una versin definitiva del portafolio, que se adjunta, la cual cuidaba de manera particular el lenguaje polticamente acep-table por parte de las ONG de Derechos Humanos (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Quisiramos pensar que testimonios como el anterior quedan para nutrir y hacer parte de la historia que to-dava est por hacer sobre el control del lenguaje de la poltica social en tiempos de polarizacin poltica y su incidencia sobre el desarrollo de las ciencias sociales en Colombia, as como la funcin de una izquierda radical aclimatada en algunas organizaciones de defensores de vctimas en ese ejercicio. Lo anterior conduce a dejar planteada la pregunta sobre las relaciones histricas en-

tre las ciencias sociales, la intervencin psicosocial3 y la poltica social.

Los anlisis que se presentan a continuacin, se basan en la informacin recolectada en tres fuentes primarias. En efecto, se trata de conversaciones adelantadas por nosotras con: a) representantes de ONG colombianas que llevan casos de vctimas de la violencia poltica y litigan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, b) peritos e interventores psicosociales que actan como expertos en el Sistema Interamericano y como asesores e interventores psicosociales para las anteriores organizaciones y c) profesionales del Grupo Operativo Interinstitucional (GOI),4 quienes formulan y desarrollan la defensa tcnica del Estado frente a pe-ticiones y casos que se encuentran en trmite ante los rganos del Sistema Interamericano y que se encargan de impulsar el cumplimiento de lo establecido en las senten-cias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparacin a las vctimas. Todas las conversa-ciones y entrevistas referidas fueron recogidas en diarios de campo o grabadas y transcritas para su anlisis.

Se busca dar cuenta del contexto sociopoltico que ro-de la ejecucin del proyecto, de las caractersticas ms destacables de la interaccin social entre las diferentes organizaciones y grupos involucrados e intervinientes en la atencin y reparacin a las vctimas. En tal sentido, este trabajo da respuesta a la siguiente pregunta de investi-gacin propuesta originalmente: Cules son las condi-ciones materiales (polticas, culturales, disciplinarias e institucionales) asociadas a las diferentes prcticas discursivas encontradas? El anlisis del discurso vi-sibiliza algunas estrategias retricas dominantes como contexto sociopoltico.5

poLarizacin poLtica. una tradicin exacerbada

Muy pronto, en el marco del gobierno Uribe se gener una radicalizacin de las tensiones entre quienes actan desde la sociedad civil organizada y quienes actan a nombre del Estado e, incluso, en la academia. En efecto,

3 Se debe reconocer que lamentablemente en Colombia no existen orga-nizaciones fuertes de profesionales de la intervencin clnica.

4 Creado mediante la Directiva Presidencial 002 de 2005, el cual est conformado por funcionarios del Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia y Programa Presidencial de Derechos Humanos.

5 Otros artculos del GPSC en este nmero de la Revista de Estudios Sociales analizan las retricas disciplinares que operan como recursos interpretativos y para la accin de los profesionales que llevan a cabo la atencin psicosocial.

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Impacto de la dinmica poltica colombiana en los procesos de reparacin a las vctimas de la violencia polticangela Mara Estrada Mesa

Debate

como consecuencia, por un lado, de los discursos y las acciones del Presidente y su equipo de asesores orien-tados a criminalizar la sociedad civil y, en general, a la oposicin y a la izquierda, y por otro, porque la agenda poltica de tales organizaciones prioriz la oposicin al rgimen de Uribe, en buena medida en oposicin a la poltica de seguridad democrtica (Plataforma colom-biana de derechos humanos, democracia y desarrollo 2003), como se ve, no sin razones,6 se fortaleci un pro-ceso de oposicin estereotipada en la lgica amigo-ene-migo entre quienes ejercen la funcin pblica y quienes actan desde las organizaciones de la sociedad civil.

En ese proceso de polarizacin, se han generado visiones irreconciliables entre los actores, intelectuales y militantes, entre otros,7 que aceptaron poner en marcha un proceso de posconflicto en el marco de la ley de justicia y paz, por un lado, y las ONG que actan como peticionarias en el Sistema Interamericano de Justicia, quienes se dedican a acompaar vctimas de violaciones graves de Derechos Humanos, para quienes el posconflicto no puede tener lugar sino como parte de un proceso de negociacin pos-terior a la finalizacin de hostilidades.8 Esto a pesar de que muchas de las ONG que actan como peticionarias en el Sistema Interamericano tambin se han constituido como representantes de vctimas en los procesos de justicia y paz. Puesto que se hizo explcita la valoracin diferencial del posicionamiento de las vctimas:

[] Por ese entonces, todas las puertas que toc-bamos ponan como referente en el escenario de la intervencin psicosocial un nombre: [profesional extranjero] [] Recientemente habamos tenido un encuentro con l-ella [] Mi sorpresa en esa confe-rencia fue mayscula cuando, presentndose como representante de Colombia, afirm: Es claro que a nosotros nos importan ms unas vctimas que otras! (Diario de Campo [AME] Caso 1).

6 Por ello, lamentamos las denuncias aparecidas contra la Casa de Nari-o en relacin con la investigacin ilegal de distintas personas conside-radas de oposicin al rgimen, entre las que se encuentran defensores de Derechos Humanos. Estas graves denuncias, sin embargo, no in-validan ni deslegitiman que las tensiones Estado-Sociedad Civil, exa-cerbadas durante este gobierno, hayan tenido unos efectos perversos e indeseables sobre las vctimas.

7 Es el caso de Eduardo Pizarro Leongmez y Ana Teresa Bernal en la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (CNRR) o de Gonzalo Snchez en la Comisin de la Memoria, entre otros. Vase http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article4

8 Investigadores como Alejo Vargas (2010) recientemente han reconoci-do que en Colombia estn teniendo lugar simultneamente dinmicas de conflicto y posconflicto, toda vez que procesos de desmovilizacin y negociacin coexisten con hostilidades entre las Fuerzas Armadas y las FARC, principalmente.

Como puede concluirse, el(la) autor(a) de esa afirma-cin le da el carcter de punto de vista colectivo (de nosotros) en torno al cual existira acuerdo poltico, in-cluso tcnico, asunto que parece asumir el hecho de ser una posicin representativa de un sector de la sociedad colombiana y que podramos caracterizar como una po-sicin radical, no sabemos si de extrema izquierda o de extrema oposicin, en la actual coyuntura poltica de la atencin a vctimas de distintas formas de violencia. En efecto, por una lado se privilegian las vctimas activistas de Derechos Humanos, y por otro, se desvalorizan las vctimas de otro tipo de delitos, tales como los sexuales, sobre todo si son cometidos por paramilitares y fuerzas del Estado, y, peor an,, lo-as menores desvinculados de los grupos armados, por ejemplo, y aun en menor grado, agentes de las fuerzas del Estado vctimas de secuestro, tortura, etc., por parte de las guerrillas.

Quizs lo ms fuerte emocional y retricamente fue enfrentarse a una prctica conversacional en la cual se asuma la vocera de una legitimidad exclusiva para lo que no es, sin duda, ms que un punto de vista entre otros, y que se aproveche un cierto reconocimiento pro-fesional para imponer la legitimidad poltica del propio punto de vista, sin campo a discusin o a disenso. Adi-cionalmente, nos preocupa que con razones polticas se presione la concentracin de la atencin psicosocial de calidad en un sector social de vctimas en particu-lar, dejando a otras al margen de tales beneficios, que redunden en una sociedad ms integrada y reconcilia-da, como ya lo propona el propio Ignacio Martn-Bar (1990) hace ya dos dcadas, en ese caso criticando que la accin de la psicologa en la sociedad latinoamericana estaba al servicio de las lites mediante un enfoque casi exclusivamente privado de sus prcticas profesionales y no comprometido con el servicio a las mayoras pobres.

Ya, de hecho, histricamente, una lgica de polarizacin entre el Estado y la sociedad civil9 configura una tra-dicin poltica, por lo menos en la regin, segn reco-nocen intelectuales y activistas en toda Amrica Latina invitados por Basombro (2005) a narrar su experiencia y reflexionar sobre ella, en un interesante libro editado por l. Preocupa que en esta poca estemos adelantan-do acciones que exacerben tal polarizacin. Los autores mencionados anteriormente, quienes han tenido la ex-periencia de pasar a ejercer en algn momento de sus

9 Tanto Basombro (2005) como nosotros, cuando hablamos de sociedad civil, nos estamos refiriendo casi exclusivamente a ONG y movimientos cvicos con cierto nivel de institucionalidad y profesionalismo (p. 21).

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carreras una funcin pblica, derivan un conjunto de lec-ciones aprendidas. Tal vez la primera que quisiera sealar es que las luchas por la defensa de los Derechos Humanos y, en esa medida, por la democratizacin en Colombia han sido profundamente exitosas, hecho que, a veces de forma terriblemente impaciente, no logramos reconocer:

[] En Colombia ocurren cosas atroces y adems no son excepcionales porque es un pas en conflicto [] el tema de los derechos humanos es un tema de minoras [] Trabajar en profundidad sobre nuestras sociedades para elevar los niveles de la exigencia pblica en materia de democracia [] en eso hemos sido profundamente exitosos. Lo que pasa es que es un trabajo lento, los que ya pasamos de cincuenta aos sabemos que las cosas eran mucho peores hace veinte o treinta aos. Hoy en da, cosas que eran perfectamente aceptables hace treinta aos son por fortuna intolerables para nuestros pueblos [] (De Roux 2005, 22).

Sin duda, la segunda tiene que ver con la crtica a esa tradicin de polarizacin en s misma:

[] Lo que hay es una concepcin dualista que heredamos de aquellas viejas luchas del poder como amigo-enemigo; all no hay matices, al enemigo lo combato, lo necesito neutralizado. De acuerdo con Quintana (p. 365): quienes provenimos de la socie-dad civil no podemos seguir manejando una pre-vencin, una fobia por el poder del Estado. Muchas veces hay incluso algo cuasi religioso en ello, como si el poder fuera un pecado [] (Basombro 2005, 23).

Recojo afirmaciones como la anterior para llamar la atencin sobre el hecho de que mucha de esta oposicin estereotipada tiene como base fenmenos emocionales, muchas veces como consecuencia de experiencias per-sonales, sobre las que se puede reflexionar, con el fin de mejorar la racionalidad de unas relaciones que podran favorecer la justicia, la poltica social y el bienestar de las vctimas:

[] A decir de Clara Jusidman el temor de las orga-nizaciones y sus lderes de ser cooptados, controlados y utilizados, no slo por las instituciones del gobierno, sino incluso por lderes de otras organizaciones para propsitos de ascenso personal, se constituye en un obstculo fundamental para una accin colectiva ms estratgica [] Hay tres pases ac en los que aparece el mote de traidor para quienes viniendo de organi-zaciones de la sociedad civil asumen responsabilida-des en el Estado: Mxico, Colombia y Argentina; y

hay tres pases en los que no aparece: Per, Brasil y Chile. Estoy simplificando, obviamente, pero me parece que la diferencia est en cierto nivel de madu-racin de la sociedad civil progresista para tener o no, vocacin de poder (Basombro 2005, 24 y 25).

Sin duda, el autor reconoce que existen reas de ma-yor sensibilidad en las relaciones entre sociedad civil y Estado, destacando entre ellas las de los Derechos Humanos y la seguridad. El autor muestra cmo en el continente hay avances en estos campos, que sin duda se encuentran en el centro de la actual radicalizacin:

[] Este dilogo con los represores con o sin comi-llas es una de las reas ms difciles de manejar por muchas organizaciones. Elizabeth Lira (p. 269) explica muy claramente el porqu: En algunos casos esa carga emocional ha reforzado la conducta exigente y opositora desde personas y grupos de la sociedad civil del movimiento de derechos humanos, operando como conciencia crtica del proceso que se est desa-rrollando. A veces esa carga emocional se ha tradu-cido en la descalificacin de quienes, habiendo sido parte del movimiento de derechos humanos, hoy ejercen responsabilidades en el gobierno, debilitando las relaciones de cooperacin entre unos y otros (Basombro 2005, 26 y 27).

Sin duda, nos parece importante reconocer no slo que esas relaciones son y deben ser pensadas y abordadas como dinmicas diferenciadas en el tiempo; es decir, histricamente, sino que en el momento actual son un indicador necesario de madurez social por parte de una intelligentsia que enfrenta, de manera constructiva y asertiva o no, la fragmentacin y la polarizacin existen-tes en su propia sociedad:

[] Clara Jusidman usa otro concepto pero se refiere a la misma idea: [] al enorme potencial que existe en la interlocucin y las alianzas entre funcionarios pblicos, acadmicos y miembros de las organizacio-nes civiles en la promocin de agendas y temticas de inters comn. La llamada fertilizacin cruzada entre las experiencias del ejercicio de la funcin pblica, el trabajo en comunidad o en defensa de derechos ciudadanos y los trabajos de investigacin, enriquecen la realizacin de cada una de esas activi-dades (Basombro 2005, 30).

Entre nosotros, en cierta medida, parecera que la po-sicin polticamente correcta legitimada en el sector de la sociedad civil dedicada a la reparacin de las vctimas

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debe ser aprendida letra por letra por parte de las per-sonas jvenes que van vinculndose a estas organizacio-nes, como garanta de supervivencia laboral, estrategia que cumple una funcin de verdad en la construccin de un consenso impuesto mediante la amenaza curio-samente, semejante a las prcticas retricas presiden-ciales: o conmigo o contra m. La polarizacin poltica que se experimenta fuertemente en las organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil hoy por hoy en Colombia parece estar animada por el rechazo fuer-temente emocional al mantenimiento del presidente Uribe en el poder y la implantacin de unas formas de oposicin al rgimen. Procedemos a exponer argumen-tos que aclaren la anterior afirmacin.

En efecto, Basombro, refirindose especficamente a las caractersticas que debe tener un gobierno para que la sociedad civil pueda ticamente vincularse a la fun-cin pblica, seala que:

[] En las experiencias que hemos conocido, un tema fundamental para tomar decisiones ha sido, ms que la orientacin poltica o ideolgica de un gobierno deter-minado, su naturaleza democrtica y su legitimidad frente a la poblacin [] Lo que se impone, pues, es hacer un balance de lo que se entrega y lo que se recibe [] (Basombro 2005, 32 y 33).

Lo anterior sugiere que, dada la alta legitimidad del ac-tual gobierno colombiano, sta no podra ser una razn para evitar la colaboracin entre sociedad civil, Estado y academia en favor de la reparacin (oportuna e integral) a las vctimas. Decidir la implementacin de prcticas de oposicin al rgimen que afecten los procesos de re-paracin a las vctimas, buscando impedir la reparacin de casos emblemticos para argumentar falta de volun-tad de reparacin por parte del Estado, no parece una estrategia de oposicin admisible. Ms an, en los casos concretos que estamos narrando, notamos que ya no es ni aceptable ni justo que ni la academia ni la sociedad civil se refieran de manera genrica a la burocracia e ineficacia del Estado, pues ste ya es un fenmeno que requiere un juicio ms fino en cuanto a gobiernos y gru-pos concretos dentro de los mismos.

En el proceso de ejecucin de la segunda fase del pro-yecto decidimos asumirnos como puente entre las ex-pectativas y necesidades de las vctimas y la voluntad y los recursos para la reparacin por parte de los profe-sionales del Grupo Operativo Interinstitucional (GOI). Encontramos que esa metfora ha resonado tanto en las vctimas atendidas por nosotros como en los espe-

cialistas consultados por Basombro (2005, 30): [] ser puente es eso, no estar en ninguna de las dos orillas completo y estar en ambas a la vez [].

El GOI, por medio de la Direccin de Derechos Hu-manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, acogi el portafolio de servicios del Grupo de Psicologa Social Crtica (GPSC), con gran confianza en que podramos contribuir a ejercer la funcin de puente tambin con los profesionales (abogados y psiclogos) de las ONG que actan como representantes y peticionarios de las vctimas en el Sistema Interamericano, y, en tal senti-do, buscando un aval tcnico para adelantar procesos de reparacin que hasta el momento se encontraban totalmente estancados. Contbamos con la seguridad de una trayectoria, un equipo con competencias de muy alto nivel y una mirada poltica que, ponindonos al margen de la ingenuidad ciega, nos ubicaba en un punto distinto entre los polos de la tensin exacerbada:

[] El 12 de mayo de 2009 tuve la primera reunin con el equipo de la Cancillera, un grupo de abogados y abogadas, quienes nos expusieron lo siguiente: Su inters en la coordinacin y el impulso a las medi-das de reparacin, Hay demoras muy significativas, una brecha, entre el diagnstico y la atencin [] Entre las vctimas de algunos casos hay una con-fianza ganada, pues se ha contratado un diagnstico etnogrfico extenso con organizaciones especializa-das [] Han logrado una articulacin del trabajo mdico (que realiza el Estado) y el trabajo psicoso-cial (que realizan organizaciones privadas) (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Eran evidentes el inters y la voluntad de adelantar procesos de reparacin, incluso anticipados a una po-sible condena por parte de la Corte Interamericana, en funcin del bienestar de las vctimas, particularmente en los casos en los cuales el Estado ya ha reconocido responsabilidad. Sin duda, el cuello de botella mayor era la lentitud (dilacin?) de los procesos, que incluso haba conducido al vencimiento de trminos para solu-ciones amistosas (Carrillo 2008)10 previamente acorda-das y luego incumplidas: [] necesitamos alianzas con

10 Las soluciones amistosas son aquellas en las cuales las partes acuer-dan un acercamiento amigable, entre otros aspectos, en materia de la reparacin de las vctimas, dispensndose del litigio ante los rganos del Sistema Interamericano. La lentitud de los procesos en dicho Sis-tema conduce a que aspectos crticos de la reparacin como la salud o la capacitacin, factores determinantes para la dinamizacin de proyectos de vida muchas veces afectados por los eventos objeto de la reparacin, pierdan la posibilidad de la oportunidad, revictimizando a las personas afectadas.

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organizaciones especializadas en atencin psicosocial que contribuyan a mediar entre el Estado y las organiza-ciones de la sociedad civil, que nos miran con sospecha [] (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Sin duda, pronto iramos a comprender qu ms haba de fondo en las bsquedas desde el Estado de alterna-tivas para lograr el avance de casos muy estancados, como lo anunciaba ya la expectativa del GOI citada anteriormente: casos que hace tiempo cuentan con una etnografa diagnstica completa que documenta la situacin de las vctimas, realizada por profesio-nales de organizaciones especializadas e idneas en atencin psicosocial, e incluso esfuerzos y avances en cuanto al establecimiento de lazos de confianza y atencin en salud que se quedan sin continuidad y se desestiman. Notamos, pues, que las organizaciones de psiclogo(as) especializadas en la atencin psico-social a las vctimas, teniendo su posicin y su lectura polticas muy claras, haban participado de manera asertiva en el avance significativo de las condiciones para la reparacin.

eL Lugar de Las vctimas en La agenda poLtica de Las ong

Un intento de actuar como puente entre el Estado, las ONG y las vctimas promovido por el GOI condujo a una reunin alrededor de un caso concreto y emblem-tico para el cual los trminos de la solucin amistosa acordada se haban vencido. En esa ocasin, la posicin del Estado, expresada por profesionales del GOI, puede resumirse as:

[La directora de la Direccin de Derechos Humanos de la Cancillera] [] Sealando con agrado la posi-bilidad de cumplir con compromisos previos poten-ciando espacios, para lo cual nos convocaba no slo a construir una hoja de ruta a partir de lo acordado para este caso en la solucin amistosa, sino a explo-rar una prrroga del acta de acuerdo de la solucin amistosa de 2007, creando un acuerdo para supe-rar obstculos y buscar condiciones y medidas de reparacin. Present con mucho agrado a nuestro grupo, como garante de una propuesta tcnica y de calidad. ste fue el primer encuentro entre la Canci-llera y los peticionarios en un ao, como los primeros nos lo haban expuesto desde el inicio, siendo pru-dentes, eso s, en describir el nivel de desgaste que, se infiere [], haba sufrido esa relacin [] (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Las dificultades para el encuentro y para la bsqueda de alternativas para dar cumplimiento a la reparacin pa-recen evidentes, ms an cuando previamente se haba acordado una solucin amistosa, a pesar de lo cual, en todo un ao, peticionarios y Estado no se encontraron ni una sola vez. Se sospecha incluso que los peticionarios y las vctimas del caso tampoco se encontraron durante un lapso significativo. La reaccin de los profesionales de las ONG ante la propuesta de nuestra participacin, respaldada por un protocolo amplio de alternativas como pretexto para iniciar la conversacin alrededor del caso y la participacin de las diferentes organizaciones, puede resumirse as:

[] No podemos olvidar que estamos en un litigio en el marco de la seguridad democrtica11 con la cual se han asesinado muchas vctimas como stas [] El proceso hace parte de un litigio: no ha habido dis-posicin de acuerdo amistoso por parte del Estado [] y se ha sospechado de colaboracin entre las FARC y la comunidad [] sta no es una actividad acadmica; ste es el mundo real [] No queremos ser ofensivos, pero va a haber momentos difciles [] (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Sin duda, ste fue el primer indicio de que la agenda poltica de oposicin al gobierno de Uribe involucraba la reparacin a las vctimas. As lo indican la calidad del protocolo presentado por el GPSC y la reaccin ms bien elusiva y ambigua, en la cual, en todo caso, se reco-noca la falta de atencin del caso durante este Gobier-no, sin quedar claras las responsabilidades.

Llaman la atencin la negativa a involucrar a un grupo al que se le enfatizaba y descalificaba por su perfil aca-dmico, cayendo en esa oposicin estereotipada que ya hemos sealado, as como la ambigedad respecto a las responsabilidades, no slo en relacin con nuevos aten-tados a vctimas, sino con la falta de reconocimiento so-bre el hecho de que, dada la lentitud de los procesos en el Sistema Interamericano, un gobierno ejecuta repara-ciones para violaciones cometidas por otros gobiernos.

Igualmente, llama la atencin la ambigedad en el manejo de las nociones de Gobierno y Estado entre las organiza-ciones de la sociedad civil, en comparacin con el hecho de que la defensa tcnica que adelanta el GOI se planea y ejecuta desde una perspectiva de Estado, no de Gobierno:

11 El programa bandera del presidente Uribe que hace nfasis en una solucin militar antes que negociada del conflicto y que afirma la falta de voluntad de negociacin por parte de la guerrilla.

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Debate

[] Se hace evidente que, por lo menos en este caso, est primando el criterio poltico de impedir que el gobierno de la seguridad democrtica, que se asimila sin ms al Estado, pueda reportar la reparacin de un caso como ste como un logro del Estado [] (Diario de Campo [AME] Caso 1).

Con base en esa reaccin que hizo imposible la atencin del caso, ya que no fue dable concertar una siguiente reunin con los peticionarios; llegamos a preguntarnos qu tanto est afectando la polarizacin poltica la repa-racin a las vctimas, en el sentido de que sea posible que se dilate la aplicacin de las medidas incluidas en la sentencia, como una forma de oposicin al rgimen:

[] El tema de la polarizacin es realmente marcado; se nota y es demasiado visible. Por ejemplo lo estamos notando precisamente en el avance en el tema del tra-tamiento mdico; en los casos grandes de masacres; en las sentencias. En ocho sentencias la Corte ordena como medida de reparacin el tratamiento mdico y psicolgico. En cinco son masacres y los otros son casos individuales y pocas personas. Y hemos notado el discurso poltico por parte de los representantes. Hace muy poco tuvimos una reunin con ellos y hubo parti-cipacin de vctimas; adems, con viceministros, para explicarles cmo se iba a ejecutar la parte de atencin mdica. Y en una cosa realmente muy evidente, decan: No!; es que como aqu, como en el gobierno de Uribe todo es as, todo es impuesto, todo []. Y las vcti-mas que estaban ah decan: Bueno, s; pero cundo empieza el tratamiento? [] (Grupo Focal con Profe-sionales de la Cancillera).

Preocupa mucho la sensibilidad ante las necesidades de las vctimas por parte de sus peticionarios, toda vez que incluso las medidas orientadas a recuperar la salud termi-nan pospuestas en esta lucha exacerbada. As, pues, en-contramos motivos para una reflexin como la que se est adelantando en estas pginas, ya que resonaba el punto de vista de intelectuales y activistas latinoamericanos:

[] la conviccin de que son la participacin, la plu-ralidad, el respeto a la diferencia, la transparencia y la rendicin de cuentas los valores que estn en la base de cualquier intento gubernamental o no guber-namental para ir transformando la sociedad. Como correlato se sostiene que en nuestras organizaciones debemos practicar lo mismo que le demandamos a las dependencias del gobierno: promover la participa-cin, la transparencia, la rendicin de cuentas, la aus-teridad, el correcto y austero manejo de los recursos

financieros y materiales, la eficiencia, la eficacia. No podemos medir al gobierno con una vara y con otra a nosotros mismos. En el sentido de la ltima idea, una tercera leccin es que el paso por lo pblico nos ayuda a relativizar esa dicotoma maniquea de socie-dad civil buena frente a Estado malo. Yo aprend [] que la corrupcin y las prcticas autoritarias no tienen color, y desmitificar muchas cosas que a uno le decan que era el otro [] En mi expe-riencia aprend que no todos los buenos estn entre los representantes de la sociedad civil, ni todos los malos entre los funcionarios gubernamentales [] (Basombro 2005, 55-56).

Y otro tanto deberamos aadir de la academia y del po-tencial benfico de la sinergia que se buscaba, y que tal vez sea posible si la prxima coyuntura poltica lo facilita y se anima la reflexin aqu propuesta. Lo anterior nos llev a buscar la realizacin de un grupo focal con pro-fesionales del GOI (que se ha venido analizando en estas pginas), a fin de recoger una experiencia sin duda valiosa y, sospechbamos, dura como formacin para los profesio-nales jvenes que actualmente conforman este grupo:

[] E:12 Es decir, de alguna manera t ves un des-fase entre la priorizacin poltica de las organizacio-nes peticionarias y las expectativas y necesidades de las vctimas. PC1/:13 Yo voy a decir esto; me atrevo a decirlo, por el trabajo que venimos realizando no solamente en sentencias, sino tambin en las solucio-nes amistosas: y es que a mi modo de ver, los repre-sentantes sienten ms, o les importa ms la estrategia poltica y atacar al Estado respecto a ciertos temas, que en realidad de verdad la representacin y los intereses de las vctimas de los casos; as lo siento [] PC2/: Me parece tambin a m que cuando los representantes no hacen parte de estas asociaciones muy conocidas, es mucho ms fcil tener dilogo con ellos, porque me parece a m que en ese caso el trasfondo poltico no importa tanto, sino que hay ms, no slo hay una relacin ms cercana con la vc-tima, sino que hay un inters que a mi parecer es ms genuino porque al menos para nosotros es ms visible [] (Grupo Focal Cancillera).

Priorizar de manera tan radical los intereses y las agen-das polticas por encima de las necesidades y expectati-vas de las vctimas limita en gran medida la aplicacin de una premisa bsica del enfoque teraputico para

12 E: Entrevistador(a).13 PC: Profesionales de la Cancillera.

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casos de violaciones de Derechos Humanos: [] que para superar el dao sufrido, la persona debe desarrollar la capacidad de retomar el curso de su vida [] (Lira 2005, 259-260). Parece posible afirmar que en la co-yuntura poltica actual la reparacin de las vctimas est supeditada a la oposicin poltica al rgimen, por lo cual tampoco hay inters, particularmente en casos emble-mticos, por facilitar procesos de solucin amistosa o de reparacin anticipada a favor de las vctimas:

[] PC2/: Para nosotros es importante destacar que en muchos casos el Gobierno adelanta con buena inten-cin los trmites de solucin amistosa y que muchas organizaciones prefieren no; si bien manifiestan expre-samente que quieren el trmite de solucin amistosa, en la prctica no cooperan como se esperara de acuerdo a la voluntad que manifiestan, para precisamente despus decir que fue imposible el trmite de solucin amistosa y llevar a la etapa de reparaciones va sentencia ese tipo de reparaciones que ya se estaban incluso propo-niendo en la etapa de solucin y por lo tanto s muestran eso como un logro, digamos de una batalla ms o menos ganada: como, logramos un pronunciamiento en el que obligamos al Estado a, cuando el Estado incluso desde la solucin amistosa quera transar. Es como que la vctima termina siendo un premio de quien se la lleva. Si fueron las organizaciones que tuvieron que presio-nar a la Corte o la Comisin, o si fue el Gobierno por voluntad propia; o sea, es una lucha poltica [] (Grupo Focal Cancillera).

La reparacin, cuando llega, debe privilegiar el anlisis de los factores del proyecto de vida que se lesionaron a consecuencia de la violacin, y las condiciones invo-lucradas en la estructuracin de tal proyecto de vida. Cuando hay dao psicolgico, el cual se debe en parte al ejercicio de asumirse por largo tiempo como vctima en espera de reparacin, se han debilitado e inmovi-lizado muchos recursos psicolgicos en las vctimas, particularmente cuando stas no estn interesadas (ni preparadas) en darle una dimensin de militancia pol-tica al aplazamiento de su reparacin. Cuando el dao psicolgico es menor, en muchos casos se debe prin-cipalmente a la resiliencia desarrollada en las propias redes sociales locales:

[] Palabras, gestos, acciones y dinero son conside-rados expresiones de reparacin casi siempre pensa-dos desde sectores distintos de las vctimas y a veces desde los victimarios sin que se explicite que el agra-vio suele dejar daos irreparables. Creo que cuando se reconoce que la reparacin es limitada sobre daos

muchas veces irreparables existe alguna posibilidad de que esas palabras y acciones sean valoradas por las vctimas y puedan sentirse reparadas. Pero para muchas vctimas, si no se cambian las condiciones que hicieron posible la violencia, todas las acciones de reparacin aparecen como si no tuvieran piso. Pero nos falta que las vctimas sean escuchadas y tomadas en serio []14

En definitiva, vale la pena seguir juiciosamente la reco-mendacin de Lira, en el sentido de ampliar la pretendida escucha a las vctimas, sobre todo buscando reconocer y respetar sus prioridades y posiciones polticas. Los pro-fesionales del GOI sealan lo que consideran diferen-cias muy importantes entre vctimas que articulan sus expectativas de reparacin con un proyecto poltico y las que buscan una reparacin que les permita reconformar un proyecto de vida, que en todo caso nunca es exclu-sivamente privado y que admite (y se beneficia de) una re-lectura y contextualizacin polticas:

[] PC1/: Muchas veces las vctimas desconocen cul es su posicin dentro del proceso. Cul es la importancia, porque las peticiones se presentan a nombre no del contexto, sino a nombre de una per-sona o de un grupo de personas y no saben qu tanto le pueden reclamar a las organizaciones. Entonces un poco se atienen a la experticia de las dems personas que anteponen muchas cosas, claro, confan por otro lado y [] Entonces, a m me llama, yo creo que en todo caso hay que diferenciar; yo he visto distintos tipos de vctimas. Hay vctimas que ya tambin estn vinculadas con un discurso, que ya estn metidas en la agenda poltica y para esas vctimas una de las prioridades es el tema poltico. Entonces son vcti-mas que han enfocado su nivel de reparacin en qu tanto se logre eh, como conquistar ante el sistema, de sus intereses de agenda poltica. Y hay otras vctimas; que esas son la que a m me parece que estn mal informadas, que se les generan falsas expectativas y que terminan no siendo reparadas, que son vctimas que son supremamente humildes y que lo que buscan en realidad es algo ms parecido a la reparacin que les podra dar el Estado o el contencioso. Que nece-sitan es volver a recuperar su vida, pero en trminos de, pues de dignidad humana, pero de dnde vivir, de un empleo, de una serie de cosas. Resolver una serie de cosas que son totalmente lejanas a la agenda poltica en su manejo. Entonces hay las dos. Nosotros tenemos de las dos [] (Grupo Focal Cancillera).

14 Comunicacin personal con Elizabeth Lira (2010).

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Debate

Como se ve, a nombre de las vctimas, los profesionales del GOI solicitan que se les informe del lugar que ocu-pan en la agenda poltica de la organizacin que busca representarlos, y en ese sentido, que se les informe so-bre lo que pueden esperar, o tal vez deberamos aspirar ms bien a que se abra un espacio donde se construya participativamente un perfil del caso que responda o involucre de manera prioritaria las expectativas y nece-sidades de las vctimas, en el cual ellas hagan parte del proceso de toma de decisiones sobre los componentes de la reparacin. Actualmente, queda a discrecin de las organizaciones de representantes informar a las vc-timas de decisiones que se toman en instancias en la cuales ellas no participan.

Es preocupante que aparezcan evidencias de una co-municacin insuficiente entre los peticionarios y las vctimas que representan, porque esto hace pensar en la imposicin autoritaria de la lgica de la organizacin sobre la reparacin de las vctimas. Por otro lado, tiende a promover prcticas perversas de actuacin desarticu-lada, en la medida en que no se participa en la viabiliza-cin de alternativas para la reparacin:

[] PC3/: A nosotros no nos interesa simplemente cumplir la medida. Nosotros por estrategia podra-mos decir: La Corte nos orden y lo vamos a hacer con o sin los representantes. Pero partiendo de la base que los representantes tienen la vocera de las vctimas, pero que en el fondo no es as, nosotros hemos decidido no cumplir con lo ordenado por la Corte y asumiendo un costo poltico muy alto; por-que nos pueden decir: la Corte nos da este papayazo [sic], cumplamos! E/: Ya hay una sentencia, mejor dicho PC3/: Exacto! O sea, porque la Corte dice: No importa. Ya ustedes hicieron todo lo posible para que los representantes, para llegar a un acuerdo. Ellos no estn de acuerdo, hgale! [sic]. Y nosotros no lo hemos hecho, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Porque a nosotros no nos sirve ir a un acto de reconocimiento a pedir perdn, sin vctimas! Sim-plemente para cumplirle a la Corte [] (Grupo Focal Cancillera).

Los profesionales del GOI reiteran la lgica de opo-sicin estereotipada amigo-enemigo empleada por profesionales de las ONG respecto de funcionarios del Estado, que impide que se traten temas de fondo como el potencial reparador de diferentes intervencio-nes psicosociales a manos de profesionales que militan (ellos-as mismos-as) como vctimas en organizaciones de Derechos Humanos:

[] PC1/: Yo agregara, es que hay una realidad que no podemos desconocer, y es cmo est conformada la sociedad civil, y entonces, por ejemplo, las ONG, y es una realidad sper triste, pero hay muchas ONG que estn conformadas en s mismas por vctimas. Hay activistas de Derechos Humanos muy importan-tes de este pas que en s mismos son vctimas y que muchas veces no estn llevando su caso ante ninguna instancia. Estn llevando el caso porque hay otra vc-tima; pero en cuanto vctimas les hace falta repara-cin y les hace falta reconciliacin y les hacen falta muchas cosas que ellos mismos no tienen. Entonces, digamos que muchas veces estn respirando por su propia herida. Y es difcil porque, si bien ellos pueden conseguir muchas cosas para las vctimas que repre-sentan su caso, y como ellos lo sienten, y la impu-nidad que ellos sienten, y todo eso seguir siempre (x).15 Entonces ellos como asistencia psicolgica a las vctimas y son gente que se puede poner en el papel de las vctimas, pero que no las puede sacar de ah, porque ellos siempre van a seguir estancados. Y por eso es que, no s; ustedes que han tratado ms con ellos, porque ellos son gente que en muchos casos tienen mucho dolor, mucho rencor. Y hay gobiernos y hay personajes que les inspiran eso ms que otros. Y ste es un gobierno que especialmente les inspira eso a algunos. Y hay funcionarios que especialmente les inspiran eso a algunos. Entonces esto se vuelve una lucha, no solamente como organizacin para rei-vindicar unos derechos y un contexto, sino para reivindicar un caso propio, y que finalmente nunca van a lograr reivindicar, porque no es su caso propio, pero uno s siente que la realidad es ms compleja, y que est lidiando con organizaciones como que representan todo el dolor, toda la violencia y toda la falta de reparacin de este pas. Entonces creo que uno no puede hacer una mirada slo de oposicin, sino que ah est representado todo lo que le ha pasado al pueblo colombiano. Entonces por eso es tan dif-cil, porque hay muchas cosas sin sanar [] (Grupo Focal Cancillera).

O problemas relacionados con las limitaciones en la aplicacin de justicia; en otras palabras, sobre el sentido de lo que es reparador para las vctimas, etctera:

[] E/: Ustedes que estn en el lugar del Estado y les toca actuar a nombre del Estado, qu diran uste-des como falencias de concepcin de Estado que ustedes reciban de las organizaciones de peticionarios. PC1/: Yo

15 Palabras perdidas en la transcripcin.

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iba a decir una cosa demasiado infantil: No somos su enemigo. No; creo que, es que el tema de justicia es sper difcil. A m el tema que ms duro me da es el de justicia. Y como Estado hay que tener lneas y par-metros bajo los cuales se tratan los casos. Y digamos que la concepcin de Estado debe dar reconocimiento a los fallos y a las investigaciones y a todo lo que se hace a nivel interno. Y pues sa es una limitacin concep-tual, porque en algunos casos son investigaciones efica-ces, pero estamos hablando de investigaciones de hace veinte aos la mayora. Y que han sufrido fallos de la justicia y cada da que pase es ms difcil que se logre algo ah. Entonces una limitacin conceptual yo dira: qu reconocer y qu ofrecer en materia de justicia. No slo conceptual. Tambin, es tambin prctica. Es que reparacin es plata! [] Nos pueden condenar, nos pueden ordenar veinticinco mil investigaciones, pero es que hay investigaciones que ya no son viables. (Grupo Focal Cancillera).

En definitiva, para concluir, aunque este tema en Colom-bia en la actualidad haga parte de los lugares polticamente incorrectos que evitan los intelectuales, vale la pena sea-lar que si la reparacin es condicin para la reconcilia-cin, al dificultarla se contribuye a la reproduccin de la fragmentacin social y a la revictimizacin.

Lo anterior es importante si se toma en consideracin el hecho de que muchas organizaciones de la sociedad civil no creen en la reconciliacin y defienden exclu-sivamente la verdad y la justicia. En forma permanen-te aparecen movimientos y patrones de militancia que promueven la idea del olvido cero como consigna bsi-ca, que vincula la narrativa identitaria de las vctimas asociadas o a las cuales representan, suscitando la cul-pabilizacin de cualquier pretensin de dejar atrs la memoria de la violacin.

En tal sentido, parece no reconocerse la diferencia ne-cesaria entre el posicionamiento personal en la narra-tiva identitaria y la memoria histrica, necesariamente colectiva y de gran escala. La primera implica de suyo no slo una permanente reconstruccin del pasado en el presente (Harr y Van Langenhove 1991), sino la construccin de relatos identitarios con mejor forma (Sluzki 2006) teraputicamente empoderantes y sana-dores, que liberen los recursos emocionales para pro-yectar el propio ciclo vital.

Por otro lado, es indispensable mirar crticamente cmo afectan el bienestar de las vctimas las distintas agendas polticas y las posturas personales en relacin con los

gobiernos de turno, antes que asumir que tales agen-das y posturas son las que permiten articular el contexto sociopoltico al acompaamiento psicosocial, dndole, de hecho, una adecuada dimensin reparadora. Espe-ramos contribuir a animar una sana reflexin sobre las prcticas de cada quien en funcin de la reparacin y su impacto sobre el bienestar de las vctimas.

En efecto, en muchos casos la aproximacin integral de los procesos de atencin psicosocial en el marco de la repara-cin implica que la reconstruccin del contexto sociopol-tico interpele centralmente la memoria y el olvido de los participantes en relacin con prcticas que en el pasado sustentaron la vida y los vnculos vitales. Un anlisis del olvido de prcticas culturales ancestrales, por ejemplo antes que una lectura exclusiva del posicionamiento de las vctimas en la dinmica poltica del conflicto (y como consecuencia, en la militancia de las organizaciones), que hace parte de las peores formas de pobreza en cuanto se materializan en el cuerpo (Garca Canclini 1987), a la ma-nera de habitus, hace parte de aquello que la intervencin psicosocial debe abordar teraputicamente.

El compromiso tico de la accin sin dao hace parte de los criterios con los cuales los psiclogos construc-cionistas, de manera crtica, evaluamos nuestra propia prctica teraputica y reflexionamos sobre sta. Sin duda, aunque indispensable para la intervencin psico-lgica, ste no es un criterio que se aplique con exclusi-vidad a tal actividad. En efecto, recomendamos que sea un criterio privilegiado en el acompaamiento socioju-rdico de las vctimas de delitos contra sus Derechos Humanos, ante el cual la responsabilidad de la accin oportuna en funcin de las necesidades y expectativas de las vctimas haga parte del contexto explcito de co-ordinacin entre los actores involucrados en el proceso de reparacin.

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impacto de la dinámica política colombiana en los procesos de reparación a las víctimas de la...

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