FACULTADLATINOAMERICANADE CIENCIAS SOCIALESFLACSOSEDE-ACADÉMICAGUATEMALA

No. 9 Tercera época Guatemala, enero de 2010

Guatemala ¿es aún posible?

FLACSO-GuAtemALA 1987-2010, máS de dOS déCAdAS AL ServiCiO de LA inveStiGACión y LA dOCenCiA en CienCiAS SOCiALeS

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GuAtemALA ¿eS Aún pOSibLe?*

LA CriSiS mundiAL y eL COnFLiCtO reGiOnAL

La crisis económica y financie-ra mundial tuvo en 2009, po-

siblemente, su máxima expresión, irradiando recesión, contracción y decrecimiento económico, con el cierre del crédito internacional, de empresas medianas y pequeñas, y si bien la multimillonaria intervención estatal en los centros económicos mundiales ha logrado aliviar en algo la debacle generada por las empresas financieras en Estados Unidos, Euro-pa y Asia, es aún prematuro predecir la finalización de esta crisis.

En Latinoamérica el crecimiento económico sólo tuvo lugar en diez países y, en todos los casos, por de-bajo del 3%. En Guatemala, aunque aún no hay datos definitivos, el creci-miento estaría ubicado entre el 0.4% y el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en concordan-cia con la inequidad que caracteriza a América Latina, el impacto de la crisis se ha manifestado en el incre-mento de población en situación de pobreza general y extrema, y en sec-tores de capas medias que pasaron a esa condición y a engrosar las filas del desempleo.

Las inversiones Estatales de salva-mento de las grandes economías mun-diales se concentraron en sus bancos, empresas y territorios, y las pequeñas muestras de crecimiento económico en América Latina no se reflejan en los contingentes de población afecta-dos por la crisis. Ante la desconfianza y la incertidumbre, y por el resguardo de sus intereses, varios empresarios han cerrado sus negocios y detenido las inversiones, enviando al desem-pleo a miles de trabajadores. Si bien es cierto que algunos especialistas prevén, optimistamente, que en 2010 se tengan expresiones de crecimien-to económico más alto, los efectos de la crisis continuarán invariables más allá de ese horizonte, en la me-dida en que la desigualdad continúe siendo el sello de esta región.

América Latina enfrenta aún la controversia entre las políticas neo-liberales y el ensayo de nuevas ex-presiones que persiguen alejarse de aquel fracasado paradigma que privi-legió al mercado sobre el Estado y al individuo sobre el interés social. En el panorama geopolítico esta contro-versia se expresa en posicionamien-tos y polarizaciones.

El armamentismo asoma nueva-mente como amenaza a la paz regio-nal. Desde el despliegue de bases mi-litares estadounidenses en Colombia, la adquisición de aviones militares en Brasil y Venezuela, hasta el gol-pe militar en Honduras y la solapa-da ocupación militar estadouniden-se en Haití tras la catástrofe, refuerzan la imagen de contendientes, que se expresa también en las variaciones p o l í t i c o

electo-rales en Panamá y Chi-le, por un lado, y en Uruguay y Bo-livia por otro, contiendas y cambios que no son de por sí ajenas al libre juego democrático, siempre y cuando no estuviesen siendo enmarcadas por los poderes hegemónicos transnacio-nales en las disputas por las fuentes energéticas, de recursos naturales y de las fuentes de agua.

El arribo al gobierno estadouniden-se de Barak Obama significó cierta-mente un hito en la historia de aquel país y, por su connotación, también para la historia contemporánea uni-

versal. Su desempeño en la presiden-cia, sin embargo, ha evidenciado la distancia ineludible entre la política real y el discurso electoral, como elocuentemente se notó en los entre-telones del golpe de Estado en Hon-duras.

El caso hondureño es, por su vecin-dad con Guatemala, el que más re-percusión política tiene actualmente para nuestro país y, como precedente histórico, es verdaderamente nefasto para la región de Centro y Sudaméri-ca. La bandera de los golpistas con-tra un presidente que supuestamente excedió su mandato y violó la Cons-titución de República, quedó por los suelos con la designación vitalicia al

parlamento de quien presidió la ad-ministración de gobierno

hasta la toma de posesión del nuevo presidente electo, en un pro-ceso anómalo y sin observación na-cional e internacional representativa e imparcial. El perdón a los militares golpistas y la permanencia del Jefe de las Fuerzas Armadas auguran el tutelaje que tendrá el nuevo gobier-no.

Desde otra perspectiva, la lec-ción hondureña evidencia que fue-ron fuerzas internas conservadoras, con apoyos cercanos y oportunos de fuerzas del mismo signo en Estados

Unidos, Guatemala y El Salvador, las que dieron el curso decisorio en el desenlace; no obstante, el desgaste de la forma de gobierno y el creci-miento de una conciencia sociopolí-tica, plantean un desafío enorme para la construcción de la democracia en ese país.

Sin embargo, es innegable el cre-cimiento y fortalecimiento que el movimiento popular alcanzó durante la crisis, permitiendo imaginar que podrá ser un importante dique a las tendencias autoritarias y absolutistas que militares y civiles conservadores puedan manifestar en el vecino país.

Al sur del continente la reelección de Evo Morales, con amplia mayoría en las votaciones presidenciales y en el parlamento, le permitirá gobernar con más holgura, aunque no por ello ajeno a los retos que las mismas ex-pectativas creadas en sus electores le plantea, constituye un nuevo para-digma sui géneris para los países lati-noamericanos, en donde los pueblos indígenas son mayoritarios, o consti-tuyen la más importante minoría ét-nica, históricamente discriminados y empobrecidos. El caso de Bolivia es especial además, porque lo que se in-tenta es una refundación del Estado, un Estado multicultural, incluyente y nacionalista.

Los grandes retos regionales, con matices diversos en los países lati-noamericanos, son las acciones para el ensanchamiento de la democracia, pero especialmente, de una democra-cia que además de régimen político satisfaga las expectativas de quienes participan electoralmente en la bús-queda del bienestar de las grandes mayorías, el cual paradójicamente, no aparece en el horizonte cercano. El que los regímenes democráticos latinoamericanos atiendan y resuel-van los graves rezagos y problemá-ticas sociales, es quizás el principal valladar en la consolidación demo-crática en la región.

LA AGendA SOCiAL en primerA LíneA Ante LA CriSiS

En nuestro país, posiblemente la ori-ginalidad del gobierno de Álvaro Co-lom –si lo comparamos con los ante-riores, con la excepción quizás de la Democracia Cristiana (1986-1990)– consiste en la prioridad que le otorga

* Documento de carácter institucional, aprobado por el Consejo Académico de FLACSO-Guatemala

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a las políticas sociales, a los progra-mas y medidas dirigidas a redistri-buir la riqueza nacional y ampliar la ciudadanía social, en particular todas las acciones que se realizan bajo el Programa de Cohesión Social.

Esta disposición de aliviar las con-diciones de vida de muchos conciu-dadanos adquiere particular relevan-cia en un país como Guatemala, en donde los niveles de desigualdad y exclusión son muy altos, aún en un contexto del subcontinente latino-americano. Debido a ello, estas polí-ticas reciben un alto apoyo nacional e internacional, pues atender los mu-nicipios y a las poblaciones con altos niveles de pobreza es un imperati-vo ético que, además de realizar el principio de la justicia social, podría garantizar en el futuro menos nive-les de conflictividad social y demás calamidades; entre otras, el crimen común y el organizado.

Las medidas redistributivas, como las transferencias condicionadas, no son exclusivas de gobiernos de iz-quierda, pues Colombia y México con gobiernos conservadores se dis-tinguen por su aplicación eficiente y efectiva. Lo que distingue a un go-bierno socialdemócrata es el alcan-ce de estas políticas, el número de personas beneficiadas y su sosteni-bilidad en el tiempo. En Guatemala, estas políticas gubernamentales toda-vía son tímidas, bastante limitadas en cuanto a sus alcances, y con el agra-vante de que se realizan en el marco de un Estado con serias limitaciones en las esferas de la eficacia adminis-trativa y, sobre todo, con insuficien-cias en el área de la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta prioridad dada a las políticas sociales se enfrenta al desafío que afrontaron los acuerdos de paz –en general todos los gobiernos que su-cedieron al de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970)– la falta de recursos para tener un impacto profundo y sostenible para alcanzar los objetivos de mayor equidad, para tener un enfoque integral que resuel-va al mismo tiempo la calidad de la oferta educativa y de salud.

La implementación de la política de gratuidad, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 226-2008, se cons-tituyó en la medida de política edu-cativa más impactante del año 2009, tanto por lo positivo como por los aspectos negativos que se le señala-ron a la misma. Al constituirse en la práctica la supresión de todos los co-bros que tradicionalmente se hacían en las escuelas públicas del país y la asignación de recursos para cubrir sus gastos de funcio-namiento, significó, por un lado, la vigen-cia real de un derecho constitucional histó-ricamente violentado y, por otro, un incre-mento sustantivo de la cobertura en prepri-maria y primaria.

Sin embargo, se han identificado aspectos negativos que hacen referencia a la falta de planificación, tanto en lo relacionado con la previsión de los efectos que tendría un incremento sustan-tivo de la matrícula

(mayor demanda de docentes, aulas, escritorios, materiales, útiles, servi-cios, etc.), como en lo que tiene que ver con el sustento a mediano y largo plazo de dicha política, con las co-rrespondientes medidas presupues-tarias y fiscales que garanticen los recursos necesarios para ese efecto.

Otro punto destacado en la crítica

está vinculado a que el efecto posi-tivo en el aumento de la cobertura produjo, a su vez, un efecto negati-vo en la ya deteriorada calidad de la educación, debido al hacinamiento en las aulas, la falta de edificios y de servicios y la irregularidad e insufi-ciencia de los recursos asignados a los aspectos cubiertos por la gratui-dad y a los servicios de apoyo como alimentación, útiles y textos.

Es necesario destacar que, a pesar de la inestabilidad que han supuesto los frecuentes cambios en la admi-nistración central del Ministerio de Educación (MINEDUC), no ha pro-vocado inestabilidad en el sistema, ya que las políticas han continuado su desarrollo. Esto si bien es cierto puede ser positivo, reafirma la cen-tralización de la toma de decisiones en el país. También debe decirse que el más reciente cambio en el titular del mismo ha supuesto un mayor im-pulso a los programas de cohesión social que le han sido asignados al MINEDUC.

Varios temas importantes siguen pendientes en la Agenda o muy poco atendidos. La educación bilingüe y la interculturalidad siguen sin recibir

la atención prioritaria que deberían tener en una realidad multicultural como la de Guatemala. Las decisio-nes políticas, económicas y técnicas que hace rato son urgentes de tomar siguen postergadas o no se imple-mentan más allá del discurso. La reforma de la formación inicial de los docentes sigue sin ser retomada sistemáticamente, a pesar del inne-gable impacto que tendría en el me-joramiento de la calidad de la edu-cación en el mediano plazo. En este punto solamente se está comenzando a atender la formación en servicio, a través del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, en un histórico acuerdo entre el MINE-DUC, la Universidad de San Carlos (a través de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM) y el magisterio organizado en la Asamblea Nacional del Magis-terio (ANM).

La nueva realidad y los viejos pro-blemas configuran un escenario en el que la necesidad de impulsar y concretar un gran Acuerdo Nacional por la Educación se hace más impe-riosa. No es posible para el futuro del país que se continúe con la mis-ma situación año tras año. Los avan-ces que suponen la implementación de la gratuidad y de los programas de cohesión social y las necesidades no atendidas que generan requieren de estabilidad política, técnica y fi-nanciera, en el mediano y en el largo plazos.

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SeGuridAd y juStiCiA: LA OtrA CArA de LA mOnedA

Si bien es cierto que hay reconoci-miento al esfuerzo para enfrentar la problemática social, la percepción respecto de los temas de seguridad y justicia, es que el Estado está rebasa-do por la criminalidad. El gobierno actual muestra una gran discontinui-dad, tanto en planes de seguridad que van y vienen, así como por el cambio de funcionarios. Pareciera ser que el Estado es incapaz de responder ante fenómenos criminales que se repiten con una impunidad que aterra, como el asesinato de pilotos y ayudantes del servicio de transporte.

La falta de recursos y la cultura de violencia (un Estado represor y violento, la solución violenta de con-flictos, el negocio de la seguridad), pero fundamentalmente la debilidad histórica del Estado, son parte de la complejidad de los problemas a en-frentar.

Sin embargo, hay luces que asoman para orientar la dinámica de gobierno y de la sociedad ante el grave pro-blema de la seguridad y la justicia. Una de ellas lo constituye el arribo al Acuerdo Nacional sobre Seguridad y Justicia (ANASJ), signado por los presidentes de los tres poderes, que tiene el acompañamiento de cuatro entes garantes: la Iglesia católica y la evangélica, la Universidad de San Carlos y el Procurador de los Dere-chos Humanos. Otra, es la interven-ción de la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales en Guate-

mala (CICIG), cuyos primeros hitos plantean la perspectiva que sí es po-sible avanzar en la investigación y persecución penal y en la lucha con-tra la impunidad. El rol de la CICIG ha sido crucial en la vigilancia de los procesos de elección de los magistra-dos a la Corte Suprema de Justicia, así como en el desenlace de la inves-tigación sobre el caso Rosenberg, el cual ha significado una conmoción ante la historia de impunidad y oscu-ridad en que suelen quedar muchos de los casos paradigmáticos en este país. En la misma dimensión la so-licitud de extradición y captura del ex presidente Alfonso Portillo, cons-tituye una buena señal contra la im-punidad y anuncia la perspectiva de investigación sobre casos similares.

La aparición de un vídeo hecho pú-blico nacional e internacionalmente, en donde el abogado Rodrigo Rosen-berg acusó al Presidente, a la Prime-ra Dama, al Secretario Privado de la Presidencia y a financistas de la cam-paña electoral, de su asesinato, un día después de que efectivamente lo asesinaran, nos exhibió ante el mun-do como un país donde la barbarie se ha generalizado a todos los niveles de la vida pública, como ya lo hicieran durante el gobierno de Oscar Berger los asesinatos de los parlamentarios salvadoreños y de sus supuestos vic-timarios, miembros de la propia Po-licía Nacional Civil.

Tras el asesinato de Rosenberg se desencadenó la llamada “crisis de mayo”, una crisis de inestabilidad en la que se alzaron voces para pedir, sin fundamento, la renuncia del Pre-sidente, tras las cuales hubo acciones

dirigidas a estimular la i ngobe rna -bilidad y la desestabili-zación. Si el caso fue o no una conspi-ración toda-vía queda por establecerse, pero lo que sí debe llamar la atención, es la capaci-dad de sec-tores conser-vadores para m o v i l i z a r una base so-cial amplia, como recurso

de presión anti Estado, anti gobierno y anti políticas sociales. La “gente de blanco”, como se la conoce en toda América Latina, es una clase media con fuertes intereses en la defensa del statu quo, comprometida con el orden vigente.

El caso Rosenberg generó cam-bios en diversos entes señalados por el abogado en su vídeo. Se dieron movimientos en la junta directiva de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), se evidenciaron con-flictos entre los cooperativistas y los grandes cafetaleros. En el Banco, Banrural, también integrado por coo-perativistas, surgieron señalamientos de corrupción y se generó el pánico financiero que dio como resultado que grandes sumas de dinero fueran retiradas de sus depósitos. El Co-mité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industria-les y Financieras (CACIF) pidió la realización de una auditoría forense y los Bancos Industrial (BI) y Agro-mercantil (BAM), pretendieron la cartera del Banrural en caso se concretara la perspectiva de quiebra o interven-ción.

En Hondu-

ras, el golpe de Estado se consolidó con el apoyo de los sectores medios, espantados por el vínculo del derrocado presidente Manuel Zelaya

con el presidente venezolano Hugo Chávez. Este imaginario ronda tam-bién en Guatemala, El Salvador y Ni-caragua. Como ha quedado señalado, en Guatemala el caso Rosenberg le dio la oportunidad a la “gente de blanco” para protestar contra un go-bierno que ha iniciado tímidas medi-das de redistribución, y que se siente amenazada con la perspectiva de que pueda repetir en el gobierno a través de la hipotética candidatura de la es-posa del Presidente.

A pesar de los criterios y senti-mientos contrarios al ejercicio del gobierno, que según las encuestas de opinión lo ubican entre el 51% y el 57% de desaprobación, la defensa de la institucionalidad debe formar parte del libre juego democrático. En su momento FLACSO-Guatemala se expresó en ese sentido.1

rezAGOS y vACíOS en mAteriA AGrOAmbientAL

En materia agroambiental se tuvo pocos avances y significativos retro-cesos. Uno de los avances en la pro-blemática del desarrollo rural, fue la aprobación de la Política de Desarro-llo Rural Integral que abre la posibi-lidad de atender las demandas de un fuerte sector de la población que se ha visto históricamente excluida de

1 “Guatemala atraviesa de nuevo una crisis que pone en riesgo nuestro orden institu-cional y democrático”. Pronunciamiento de FLACSO-Guatemala, publicado en elPerió-dico, mayo de 2009.

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los beneficios del desarrollo y de la participación en la toma de decisio-nes.

Dicha política traía como telón de fondo, la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (con el Número de Registro 4084), la cual fue consensuada entre el gobierno y las organizaciones so-ciales aglutinadas en la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI). Dicha iniciativa venía siendo discuti-da desde el gobierno anterior, duran-te el cual no hubo mayor interés por apoyar este proceso, no obstante la participación de la sociedad civil en las mesas que para el efecto fueron constituidas.

Con el gobierno de Álvaro Colom y con la mesa de diálogo instalada para el efecto, llegó a proponerse en el Congreso de la República, la ci-tada propuesta de ley, la cual contó con el apoyo de varios partidos de oposición; sin embargo, la misma no llegó a discutirse, relegándola a la comisión respectiva para su dis-cusión. Las movilizaciones campe-sinas tuvieron como saldo trágico un muerto, en cuyo caso no se han dilucidado responsabilidades. A tra-vés de varios medios de comunica-ción fue evidente la criminalización

de la expresión popular, centrando la atención en la acción en sí y no en las demandas promovidas por las orga-nizaciones sociales.

Las hambrunas en el denominado corredor seco de Guatemala, que comprende varios departamentos del oriente de su territorio, refleja cómo una problemática histórica de acce-so a la tierra, al trabajo y a los ins-trumentos económicos y financieros para el desarrollo, agravados con el cambio climático, pone en juego la vida de la población rural más vul-nerable. La escasa relación interins-titucional y el desfinanciamiento del

Estado provocan que las crisis de hambruna sean potencialmente un factor de crisis social.

En el tema ambiental, la mayor pre-ocupación de la población y de los medios de comunicación fue la apari-ción de la denominada cianobacteria, que cubrió la mayor parte del Lago de Atitlán y que puso al descubierto la debilidad crónica del Estado para atender este tipo de problemáticas, y

la escasa visión de conjunto, que al privilegiar mecanismos clientelistas, se produce en la construcción de in-fraestructura pública. Por otra parte, los ataques a activistas ambientalis-tas siguen bajo el amparo de la impu-nidad, con éstos, sectores de interés tratan de amedrentar las acciones que las organizaciones ambientales impulsan para evitar la depredación del patrimonio natural público y con-servar una biodiversidad estratégica para el desarrollo del país.

Adicional a las hambrunas y a la contaminación del Lago de Atitlán hay que plantear la importancia del cambio climático, ya que ello es un agravante en estos temas. Respecto de dicho fenómeno tampoco se ob-servaron avances significativos, úni-camente se pueden mencionar los si-guientes: participación del Gobierno, por medio del vicepresidente y el mi-nistro de Ambiente y Recursos Na-turales, en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-bio Climático, realizada en diciem-bre en Copenhague, cuyos resultados aún no han sido divulgados para el caso de Guatemala; la conformación de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, que depende de la Presidencia (Acuerdo Gubernativo 253-2009); y la aprobación de la Po-lítica Nacional de Cambio Climático (Acuerdo Gubernativo 329-2009), a instancias de la Mesas Nacional de Cambio Climático.

demAndAS SOCiALeS bAjO LA CriminALizACión y

Sin reSpueStAS

Durante 2009 las demandas sociales relevantes han continuado expresán-dose por parte de las comunidades locales en los temas de oposición a la minería y a las hidroeléctricas, dos problemáticas que afectan loca-lidades del altiplano occidental, pero también de comunidades al norte y al nor oriente de país. De forma más localizada continuaron las protestas contra la planta cementera en San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, mientras que en el depar-tamento de San Marcos emergió la lucha contra las empresas generado-ras de electricidad. El conflicto entre Unión Fenosa y las comunidades del occidente del país se origina por la

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deficiencia en el servicio que dicha empresa otorga y en los abusos tra-ducidos en los cobros arbitrarios que impone al mismo.

Las consultas populares en el ám-bito local y las constantes manifesta-ciones contra la minería, la cemente-ra, las hidroeléctricas y las empresas de distribución de energía, han sido reprimidas por la Policía Nacional Civil, por agentes de empresas de seguridad particular y han sido cri-minalizadas en los medios de comu-nicación. Por su parte, las mesas de diálogo son desventajosas para las organizaciones comunitarias y socia-les. En ambas dinámicas se evidencia la estrecha relación entre autoridades y transnacionales. Ante las moviliza-ciones populares la respuesta estatal ha sido desproporcionada al acudir frecuentemente al abuso de la fuer-za.

El magisterio organizado ha cons-tituido históricamente una fuerza so-cial crítica a los distintos gobiernos y en no pocas ocasiones ha sido la ma-yor fuerza de oposición y/o de movi-lización social. Por esa razón, ha sido motivo de crítica de algunos sectores el relativo apoyo que le ha brindado el movimiento magisterial a la actual administración pública. La firma del pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cierre del PRONADE y la regularización de la situación laboral de los docentes que trabajaban en dicho programa, así como la de los docentes por contrato, la política de gratuidad, la creación de institutos básicos y de diversificado en todos los municipios del país y el impulso del Programa Académico de Desa-rrollo Profesional Docente (PADEP),

constituyen los argumentos que ex-plican la buena relación que a ojos de algunos sectores de la opinión pública existe entre el Gobierno y el magisterio.

El convencimiento de la dirigencia magisterial sobre la necesidad de que sean realizadas reformas tributarias para obtener los recursos públicos que aseguren la continuidad y el me-joramiento de las políticas que han considerado beneficiosas, así como para que se hagan efectivos los com-promisos de mejoramiento salarial contenidos en el pacto colectivo, la llevó a impulsar movilizaciones y paros para presionar al Legislativo a tomar las decisiones correspondien-tes. Cabe destacar el desgaste que en términos de credibilidad ha signifi-cado para la dirigencia esta decisión, desgaste que incluso ha afectado al propio interior de las bases magiste-riales, ya que la intensidad de la cam-paña mediática en su contra como sus propias contradicciones internas y sus dificultades de comunicación, generaron varios focos de rechazo interno, así como variadas manifes-taciones de oposición a las acciones magisteriales.

un eStAdO débiL y Sin reCurSOS: eL SempiternO

temA de LOS reCurSOS FiSCALeS

El Gobierno tiene que obtener los re-cursos fiscales necesarios para apli-car las políticas públicas y lograr que Guatemala enfrente los históricos ni-veles de desigualdad y exclusión.

Esos recursos son cruciales si lo que se quiere es ampliar y sostener en el tiempo la principal estrategia de gobierno. El promedio de tributa-ción en relación con el PIB de 1954 a 1996, fue de 7%, el más bajo del hemisferio occidental y con seguri-dad entre los más bajos del mundo. Ese fue el legado de la contrarrevo-lución liberacionista, haber hecho a Guatemala un paraíso fiscal para los grandes capitales nacionales y ex-tranjeros.

Trece años después de la firma de los acuerdos de paz, el Estado gua-temalteco no ha logrado cumplir el compromiso contenido en dichos acuerdos de alcanzar el 12% de tri-butación del PIB (actualmente en el 10.4%) y de hacerlo a través de una tributación progresiva. Ahora bien, el 12% de tributación se encuentra aún muy por debajo de lo que se re-quiere para proporcionar los recur-sos que hagan viables las políticas, programas y proyectos sociales que se requieren para responder ante las necesidades actuales, pues, como lo sostuvo la Democracia Cristiana a fi-nales de los años 80, se debe pagar, además, la deuda social que este país

tiene con la mayoría de la población, sobre todo rural, en donde la desnu-trición, el analfabetismo, la falta de vivienda y salud tienen desde hace décadas niveles inaceptables, y han condenado a varias generaciones a la total marginación.

El presidente Álvaro Colom está enfrentándose con el mismo obstácu-lo que la mayoría de sus antecesores encontraron cuando trataron de rea-lizar alguna modalidad de reforma fiscal. El “ciclo de hierro” siempre se repite:

una nueva administración llega al poder con la idea de aumentar las capacidades del Estado ante las ne-cesidades sociales existentes, pero sus intentos chocan una y otra vez contra el mismo muro. “La facción ´honorable´ del sector privado, re-presentada por las cámaras empresa-riales; otro sector dedicado a nego-cios no tan ‘honestos’ y un grupo de diputados con intereses poco claros, se convierten en una barrera infran-queable para cualquier moderniza-ción tributaria” (Inforpress).En las actuales circunstancias, las

consecuencias de no aprobar la refor-ma fiscal podrían provocar proble-mas financieros muy serios, al estar

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desfinanciado el presupuesto actual, como el aumento desmesurado del déficit fiscal y caer en una espiral inflacionaria sin control. Asimismo, en un contexto de crisis y caída de la inversión pública y el gasto social, la mayoría empobrecida y desempleada de la población podría ver su situa-ción empeorar aún más, lo que pro-vocaría un escenario de agudización de la violencia, y acaso de ingober-nabilidad.

La redistribución necesaria de la ri-queza y la extensión de los derechos de la ciudadanía social (servicios de salud, educación, vivienda para la ma-yoría de la población) requieren más recursos que no pueden venir sino de una profunda reforma fiscal. Ésta se hace más necesaria ahora por la crisis económica-financiera mundial y por sus efectos negativos sobre nuestra situación económica (disminución drástica de las remesas, menos ex-portaciones hacia Estados Unidos y Centroamérica, nuestros principales socios comerciales), lo que demanda medidas del Estado para reactivar la economía por el lado de la demanda (políticas anti cíclicas), pero también

para paliar los efectos de la contrac-ción económica en la población, tal como el desempleo.

Sin embargo, a estas alturas el ac-tual gobierno, como sus antecesores, no ha tenido la fuerza ni la habilidad política para aprobar su moderada propuesta de reforma fiscal en el seno del Congreso. La historia par-lamentaria en Guatemala se resume en un proceso que va de un Congreso subordinado a los designios de los gobiernos militares, por la vía de la corrupción o la imposición, a uno ca-racterizado por la oposición desleal y obstruccionista, por la corrupción y el clientelismo. Haber promovido el voto cruzado para evitar las apla-nadoras en el Congreso y promover la transparencia, la negociación de los múltiples intereses que coexisten en Guatemala y que se expresan en el Congreso, así como promover la rendición de cuentas, nos llevó a la configuración de una oposición des-leal, a la parálisis parlamentaria y, desafortunadamente, a más corrup-ción, más clientelismo, y sobre todo menos transparencia.

Por suerte, hasta el día de hoy se ha conjurado el desenlace de la ad-ministración de Jorge Serrano, es decir, de crisis e intento de ruptura institucional, y a marchas forzadas la vida parlamentaria ha adquirido una dinámica de baja productividad legislativa, pero con algunos logros a través de la negociación. Ha habido acuerdos a pesar del factor extrapar-lamentario; a saber: la actuación de los poderes fácticos que actúan a tra-vés del control de algunos partidos, promoviendo la parálisis, la riña y las dilaciones interminables, usando como recurso las interpelaciones con tal de bloquear las leyes que afectan sus poderosos intereses.

Porque, a decir verdad, los actores en el Parlamento no son sólo los di-putados, son los partidos políticos y aquellos que controlan los partidos, aquellos que financian a los partidos y que los controlan por medio de ese mecanismo que distorsiona la demo-cracia: la corrupción. Dos ejemplos de la ineficacia del Congreso saltan a la vista: la no aprobación del presu-puesto para el 2010 y la incapacidad hasta ahora de aprobar la reforma fiscal.

La no aprobación del presupues-to se debió, entre otros factores, a la falta de acuerdo con montos y financiamiento, a la resistencia de quienes se benefician con la vigen-cia del presupuesto del año anterior, pero sobre todo por la obstinada oposición que percibe el fracaso del Gobierno como una ventaja políti-ca para las próximas elecciones, sin importarle si con ello afecta los in-tereses generales del país. Más allá de las especulaciones sobre quiénes en el gobierno querían y no querían la aprobación del nuevo presupuesto, lo que queda claro es que tendremos un presupuesto desfinanciado, lo que implica consecuencias negativas, si no logra el Gobierno la aprobación de la “tímida” reforma fiscal. Pasa-do un mes del nuevo año se vislum-bran en el horizonte nubarrones que inquietan, y no es para menos, pues tendremos con mucha probabilidad un Estado con un abultado déficit, o con falta de liquidez para sufragar los gastos básicos para que funcione aquello que apretadamente todavía nos define como una sociedad mo-derna civilizada.

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Biblioteca y Centro de Documentación“Edelberto Torres-Rivas” de FLACSO-Guatemala La Biblioteca y Centro de Documentación “Edelberto Torres-Ri-vas” (BCD-ETR), funciona desde 1990. Es depositaria de varias colecciones especializadas en ciencias sociales, donadas por los académicos Edelberto Torres-Rivas, René Poitevin, Víctor Gál-vez Borrell, Gabriel Aguilera Peralta, Alfonso Figueroa y Carlos Enrique Centeno. A las colecciones anteriores se le suman otros importantes acervos bibliográficos. Además cuenta con mate-rial documental de la desaparecida oficina del Alto Comisiona-do de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guatemala (ACNUR), cedido a FLACSO en 1999.

El acervo bibliográfico de la BCD-ETR está disponible para los sectores estudiantiles de nivel medio y universitario, investi-gadores sociales y público en general, interesado en los temas de ciencias sociales. Facilita el acceso a internet inalámbrico, a la plataforma FLACSO-ANDES y la consulta en sala de artículos de diversas revistas electrónicas, entre éstas:

• BLACKWELL SYNERGY • EBSCOHOST • SourcedOECD • Enciclopedias de Thomson Gale • JSTOR • INFORPRESS CENTROAMERICANA El BCD-ETR ofrece también servicio de fotocopiado y consulta de catálogo de documentos y artículos en cds.

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