Herramientas para comprender la

política de drogas en México desde la

perspectiva local

Bernardo González-AréchigaJosé Antonio CaballeroAna Gabriela Santana

Fernanda Alonso David Pérez Esparza

Alejandro Madrazo Lajous

Herramientas para comprender la política de drogas en México

desde la perspectiva local

Bernardo González-AréchigaJosé Antonio Caballero

Ana Gabriela SantanaFernanda Alonso

David Pérez EsparzaAlejandro Madrazo Lajous

Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan el punto de vista de las instituciones a las que pertenecen. Los autores agradecen las aportaciones

de los investigadores que elaboraron los documentos técnicos complementarios que apoyan estas propuestas (por órden alfabético): Rogelio Cortés, Juan Ramiro Garza y Ángela Guerrero.

Índice

I. Introducción 1

II. Regulación y mitigación de riesgos y daños en materia de drogas: opciones y estrategias 2

III. ¿Es posible mejorar la política de drogas? 4

IV. ¿Qué puede hacer un gobierno local en México para una política más eficiente en materia de drogas? 5

Anexo: dimensionando el fenómeno de las drogas 7

IIntroduccion

1

1 En entrevista radiofónica con la periodista Carmen Aristegui en la cadena MVS el 18 de diciembre de 2012. El titular de la PGR además dijo que se trata de cifras aproximadas.

La actual coyuntura en materia de política de drogas obliga a reflexionar sobre los posibles cambios en el régimen de fiscalización de substancias vigente, en México como en el mundo. En particular, la legalización de la marihuana para usos recreativos en los estados de Washington y Colorado en los Estados Unidos de América exige una revisión de la política prohibicionista adoptada por México y, por ende, la estrategia de combate a la oferta hoy vigente, en particular la referente el tránsito de drogas al país vecino. Ante este nuevo escenario internacional, resulta cada vez más necesario ahondar en el debate bajo una perspectiva técnica –y ya no moral-, y explorar la posibilidad real de cambio de fondo de nuestras políticas.

Para México, la violencia ocurrida en el contexto de la política antidrogas lanzada durante la administración de Felipe Calderón, significó un estimado de 70 mil muertes y nueve mil personas desaparecidas; así lo informó1 el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. También la generación de un ambiente y percepción de inseguridad generalizada a través del territorio mexicano.

Ante estos datos, parece inprorrogable replantear la estrate-gia, especialmente con relación a la posesión y consumo de la marihuana, las actividades más frecuentemente persegui-das por el Estado.

El presente documento tiene la intención de contextualizar la actual política de drogas del gobierno federal mexicano. Asimismo, busca sentar las bases para una propuesta de cambio en la actual política de drogas ilícitas, ofreciendo tanto motivaciones para su cambio, como algunas ideas que se han desarrollado para diseñar una nueva política al respecto.

Específicamente, el documento pretende servir a los gobiernos estatales como una herramienta para tomar medidas sin modificar el actual régimen legal. Por lo tanto, se presentan posibles acciones que podrían llevarse a cabo por parte del gobernador y la legislatura que ayudarían a mitigar los efectos negativos de la actual lucha contra las drogas en la región. Finalmente, se espera que el documento sea una base para poder iniciar el debate en torno a la política de drogas y promover un cambio en el futuro.

Contexto general

1. Las convenciones de Naciones Unidas para las drogas buscan restringir la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales. El sistema de tratados internacionales se caracteriza por lo siguiente:

a) El diseño original de los tratados esta enfocado en fiscalización del tráfico internacional.

b) Los tratados reconocen explícitamente la importancia de los usos médicos y científicos de los estupefacientes.

c) Ninguna de las medidas de despenalización/descriminalización adoptadas internacionalmente han sido obstaculizadas por los tratados.

d) México, en su régimen interno, es considerablemente más estricto que lo exigido por los tratados, pues penaliza totalmente las plantas, sin distinguir usos e inclusive prohibiendo los industriales (del cannabis) que explícitamente están excluidos de la regulación de los tratados.

2. Las convenciones clasifican las substancias, en un extremo, las substancias que se consideraron altamente peligrosas y carentes de usos médicos probados, para las cuales sólo está permitido su uso en investigaciones científicas debidamente registradas y controladas por los gobiernos de los países. En el otro extremo, se encuentran

substancias con amplio uso médico y bajo potencial de daño a la salud. En este caso se establecen normas generales para el cultivo o la producción, el trasiego, la importación y la exportación; así como mecanismos de registro, tales como la venta con receta médica.

3. El sistema de fiscalización de la actual política de drogas no está diseñado para disminuir o eliminar los riesgos y los daños ocasionados por el consumo; por el contrario, se enfoca en eliminar la producción ilícita y el uso no-médico de estas substancias. Esto es, suprimir la oferta de drogas. El problema fundamental de este enfoque, es que orilla a los usuarios a entrar en contacto con el mercado negro y la delincuencia organizada.

Consideraciones para un nuevo régimen

4. Se necesita de una nueva respuesta a los retos que representan los mercados de drogas. Cada país y comunidad deben desarrollar una política de drogas que utilice racionalmente las capacidades de sus instituciones públicas, ofreciendo servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción a los usuarios problemáticos, y que logre sumar a la sociedad civil de manera ordenada para mitigar los riesgos y los costos sociales del consumo de drogas. Además, se requiere que los organismos internacionales generen nuevos instrumentos y compromisos de cooperación orientados a la consolidación de lo que la literatura económica llama “bienes públicos

Regulacion y mitigacion de riesgos y danos en materia de drogas: opciones y estrategias

IIII

2

regionales”; es decir, beneficios en materia de seguridad y salud pública.

5. En esta nueva dinámica, todo país debe concebir a los usuarios de droga no como delincuentes sino como personas que toman decisiones (más o menos informadas; más o menos responsables) sobre el consumo de substancias prohibidas o de acceso restringido. Esto conlleva la responsabilidad de asegurar la disponibilidad de información confiable y objetiva sobre sus efectos, la existencia de entornos en que las decisiones puedan tomarse con libertad, los medios seguros de acceso y consumo, el derecho a recibir tratamiento y rehabilitación, y en su caso, la atención desde la perspectiva de salud cuando decidan dejar el consumo o cuando se hayan convertido en usuarios problemáticos.

6. La lógica para la imposición de penas severas por la posesión de drogas es débil en términos normativos y prácticos; además, los regímenes de control han sido invasivos en la privacidad, han generado un ambiente hostil al pleno goce de los derechos fundamentales, han resultado divisorios socialmente y son costosos para los gobiernos y las personas.

7. En numerosos países se han adoptado medidas enfocadas a la reducción de penas o despenalización de la posesión y uso (en conjunto, medidas de “descriminalización”), sin que ello redunde en un incremento importante en su consumo.

8. Cualquier ejercicio regulatorio en materia de drogas debe reconocer, abiertamente, que pueden ser dañinas. Sin embargo, y precisamente porque los contextos en que esa posibilidad llega a actualizarse varían enormemente, se deben atender las diferencias entre substancias, comunidades y formas de uso de forma específica; una política de drogas adecuada debe ser integral y considerar a todos los actores e impactos a lo largo de la cadena. Además, debe asegurar el seguimiento sistemático y la evaluación periódica de los resultados para adecuar las políticas y asegurar su eficiencia. También debe ser gradual, permitiendo la construcción de un aparato regulatorio adecuado y respetando la curva de aprendizaje institucional; pero sobre todo, debe estar orientado hacia la reducción de riesgos y daños.

9. Existen ventajas para los gobiernos que deciden enfocarse en un régimen de acceso legal bajo reglas claras y debidamente aplicadas, utilizando una variedad de mecanismos disponibles para regular hacia un mercado legal. Entre otras, dichas herramientas incluyen los impuestos, controles de disponibilidad, edad mínima para consumo y compra, empaquetamiento y límites de potencia. Otra alternativa es permitir solo la producción pequeña para el consumo propio.

1. Desde hace décadas, la legislación mexicana en materia de drogas ha tenido como objetivo declarado la protección a la salud, de allí que a los delitos relacionados se les denomine “delitos contra la salud”. El resultado normativo es que ese derecho fundamental es un núcleo protegido simultáneamente a través del derecho administrativo y el derecho penal. En términos prácticos esto significó prohibir y castigar por la vía penal la producción, la posesión simple y el tráfico; y por la vía administrativa, el consumo de un número significativo de drogas.

2. El régimen de prohibición que ha adoptado México, ha favorecido el surgimiento de un mercado negro que se caracteriza por la ilegalidad y la violencia que generan los grupos de delincuencia organizada.

3. La gran mayoría de las acciones estipuladas en los programas gubernamentales hasta la fecha están relacionadas con la seguridad pública. Esto implica que la política de drogas se empalma al grado de prácticamente confundirse con la política de seguridad y de combate a la delincuencia organizada lo que va en detrimento de los objetivos explícitos en materia de salud que, conforme a la ley, la política de drogas debiera instrumentar.

4. El gobierno ha tomado un enfoque reduccionista con respecto al problema de adicción a las drogas lo cual provoca una insuficiente asignación de fondos para la creación de infraestructura y escasa formación de recursos humanos especializados en la prevención y atención a grupos vulnerables a caer en patrones de uso problemático, así como en el tratamiento y rehabilitación de los usuarios problemáticos a las substancias psicoactivas.

5. Existen acciones que pueden generar un impacto po-sitivo rápido en diversas comunidades. Las acciones de-ben enfocarse en la reducción de riesgos y daños así como la focalización de los recursos humanos, institu-cionales y financieros existente. Para ello, es necesario identificar las substancias que se consumen y en que comunidades, el tipo de consumo, así como el perfil de los usuarios. Los planes deben focalizarse en los usos y prácticas que generen más problemas a la comunidad. Una alternativa, por ejemplo, es explorar la posibilidad de regular el uso médico e industrial de la marihuana o bien la despenalización del autocultivo. En este escenario, es posible considerar la posibilidad de dar al mercado de esta substancia un esquema que lo saque de la informa-lidad en la actualmente que opera.

El caso de México:

3

IIIIILa investigación ha permitido refinar nuestra comprensión sobre los criterios de clasificación usados en el sistema internacional de fiscalización de drogas. El problema principal es que la clasificación propuesta agrupa a las substancias en una forma que responde más a criterios dogmáticos que científicos. El caso de la marihuana es especialmente ilustrativo. Esta substancia produce menos daños que el alcohol o el tabaco. Es mucho menos adictiva que la cocaína o la heroína. Sin embargo, se encuentra en la misma clasificación que las últimas dos substancias citadas.

El enfoque de regulación antes que supresión del mercado permitiría pasar del actual régimen, que limita la acción del Estado a sancionar, arrestar y juzgar y toma un enfoque de salud pública para abrir un espectro mucho más amplio de posibles acciones del Estado como regular calidades, sitios y formas de consumo, imponer gravámenes y atender a usuarios para contribuir a la reducción de riesgos y daños. En cualquier caso, la propuesta asume que es mejor que el Estado tome el control de la situación ya que al transparentarla tiene más oportunidad de responder de manera eficaz, estratégica y orientándose hacia las necesidades de la población.

4

Nunca antes el escenario internacional había sido tan contundente respecto a que la marihuana pueda ser una substancia legal, adecuadamente controlada por el Estado. Como corresponsables en la elaboración e implementación de la política de drogas, hoy los gobiernos locales pueden tomar esta ventana de oportunidad y formar parte del cambio que viene. Un Estado que ha sido víctima de la violencia por los mercados ilegales por un lado, pero que cuenta con instituciones públicas y privadas sólidas -así como una sociedad más dispuesta al debate-, por el otro, podría representar el mejor escenario para iniciar una transformación hacia una política de drogas más eficiente.

Dentro del marco actual del régimen nacional, las opciones de política pública para los gobiernos locales están limitadas a la severidad de las penas por su consumo y por la tipificación de los delitos. Esto es, la federación dice qué se sanciona y qué tan severamente se sanciona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 20/2010) ha establecido que corresponde a los estados determinar cómo se persigue, lo cual abre un amplio margen de maniobra para focalizar recursos conforme

a las necesidades específicamente locales. La principal preocupación debe de ser el minimizar las consecuencias adversas del uso, producción y distribución de las drogas. Para lograr lo anterior, dentro del régimen actual, se proponen las siguientes acciones:

1. Integrar una agenda de riesgos estatal con respecto a la cadena de valor integral de las substancias legales e ilegales. Fijar acciones y metas por substancia, por tipo de uso y por población objetivo.

2. Introducir una política local de prevención y atención a usos problemáticos de substancias que se ocupe tanto del consumo de drogas legales como de drogas ilegales, con base en las necesidades específicamente locales y, en su caso, comunitarias.

3. Con base en el principio de oportunidad establecido en el artículo 21 constitucional, focalizar la acción de los sistemas estatales de seguridad pública y de procuración de justicia en la persecución de los delitos que más dañan a la sociedad. Generar y publicar lineamientos en que se establezcan las prioridades en la actuación de los órganos

IIIV

5

encargados de la seguridad y la justicia. Por ejemplo, se puede priorizar la persecusión del narcomenudeo de ciertas substancias sobre otras (v.g. heroína sobre marihuana) o bien modalidades de narcomenudeo (v.g. en espacios pú-blicos sobre espacios privados).

Es indispensable que estos lineamientos sean públicos y establecidos normativamente –sea mediante ley, reglamento o acuerdos- y que el desempeño de los órganos de seguridad y procuración de justicia se evalúen en función de lo establecido en ellos.

Establecer incentivos para que los miembros de las corporaciones se concentren en la persecución de delincuentes que representan más riesgo a las comunidades y para que los delincuentes menos riesgosos separen sus actividades de los más riesgosos.

Al respecto, será indispensable delimitar los ámbitos de acción entre cuerpos estatales y municipales, haciendo partícipes a estos últimos tanto en la identificación de prioridades como en su implementación.

4. Generar Sistemas de Inteligencia Estatal que permitan la colaboración y el intercambio de información en la prevención de la violencia.

5. Revisar el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, leyes, reglamentos y protocolos para determinar la capacidad de aplicación de lineamientos arriba referidos conforme criterios de oportunidad y, especialmente, evitar sesgos innecesarios y penalización de los usuarios.

6. Mejorar los sistemas de emergencia y la capacidad para el tratamiento y rehabilitación de usuarios problemáticos, a través de clínicas gratuitas formadas a partir de asocia-ciones público-privadas (previa expedición de normas y estándares).

7. Coordinar los programas de políticas sociales preventivas con políticas de seguridad pública.

8. Enfocar la educación científica y tecnológica a generar mayor conocimiento a través de la investigación respecto de las drogas ilegales, buscando crear alianzas dentro del “clúster” de salud.

9. El sistema de salud debe reconocer la existencia de comunidades de consumidores y proporcionarles atención. La atención incluye información y tratamiento.

El sistema de salud no debe ser empleado para perseguir, sino para atender y reducir riesgos. En este sentido, la atención que se ofrezca mediante el sistema de salud debe dar garantías de que no generará información que pueda ser utilizada para perseguir a los usuarios atendidos.

Medidas contra la violencia

1. Restructurar y mejorar la infraestructura urbana para la recuperación de espacios públicos enfocados a la convivencia social.

Por ejemplo, ordenando los usos de suelo y reduciendo las áreas desocupadas o subutilizadas, establecer requisitos de seguridad mínima para las urbanizaciones nuevas, mejorar la iluminación en zonas de riesgo, revisar las rutas de transporte y la ubicación de las paradas de autobuses y asegurar la visibilidad de las áreas utilizadas por los peatones.

2. Generar políticas públicas de prevención de la violencia con enfoque en el desarrollo humano que brinden educación, salud, recreación y oportunidades para todas las personas. Por ejemplo, crear programas para atender las necesidades de los grupos en situación de riesgo e informar sobre los daños basados en evidencia médica por tipo de droga y tipo de uso2 y ofrecer servicios para elevar las posibilidades de las personas que consumen substancias puedan dejar de hacerlo cuando lo deseen.

3. Diseño de campañas mediáticas para apropiar e integrar a la comunidad en la reconstrucción del tejido social. Se puede hacer un énfasis especial en la información sobre la política actual de drogas, los costos, las paradojas y las alternativas que existen al respecto.

4. Realizar eventos donde se invite directamente a los autores y se conozcan las prácticas que se están desarrollando en otras partes del mundo. Se podría, por ejemplo, organizar un foro en el que se inviten a los legisladores que han participado en las iniciativas en California, Washington y Colorado, así como en otras partes del mundo.

2 La mayor parte de las personas creen que todas las drogas son iguales y tienen el mismo impacto. Conocer la evidencia médica al respecto

coadyuvaría a elevar la información pública de las mismas, tal como lo sugiere la Comisión sobre Política de Drogas.

6

II

Para dimensionar el fenomeno de las drogasPara entender el contexto actual en el cual se desenvuelven las drogas, legales e ilegales, a nivel mundial y para el caso de México, se necesitan identificar datos en cuanto al consumo, la producción, la lucha contra la oferta de las drogas, la salud y el tratamiento y las muertes evitables. El propósito es evidenciar las fallas del régimen actual de fiscalización de drogas y entender por qué la creciente insatisfacción de los países vinculados por redes de producción, tránsito y consumo. Se pretende, además, desmitificar las nociones existentes en torno a la marihuana y a sus usuarios. Con esta información se podrían tener los argumentos suficientes para demostrar que un cambio en la política de drogas, específicamente desde el ámbito local, es posible.

El consumo mundial y en México de drogas lícitas e ilícitas

1. Según información del Reporte Mundial de Drogas 2012 de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en Inglés), el 5% de la población mundial consume drogas ilegales, el 42% alcohol y el 25% tabaco (The New Internationalist, 2012).

2. El cannabis es la substancia ilícita más usada en el mundo: existen entre 119 y 224 millones de usuarios y el consumo se ha mantenido estable en los últimos años (UNODC, 2012).

3. De acuerdo a la UNODC, en 2009, sólo el 0.6% de

la población adulta que usa drogas ilegales puede ser clasificada como usuario problemático (UNODC, 2012).

4. En el 2011, en la tendencia del consumo de drogas en el último año entre la población de México de 12 a 65 años, la droga ilegal más consumida fue la marihuana con una prevalencia de 1.2%, seguida por la cocaína con 0.5% (ENA, 2011).

5. Durante el 2011, el 51.4% de la población mexicana entre 12 y 65 años de edad consumió alcohol en el último año mientras que el 1.5% de la misma población consumió alguna droga ilegal. Es decir, el consumo de alcohol es aproximadamente 25 veces mayor al de las drogas ilícitas (ENA, 2011).

6. El porcentaje de dependencia a las drogas ilegales en México es de alrededor del 0.7% mientras que el porcentaje de dependencia al alcohol es de 6.2%. Esto quiere decir que alrededor de 765,000 personas son dependientes dealguna droga ilícta mientras que alrededor de 6,772,000 personas lo son específicamente del alcohol. El número de dependientes a alguna droga ilícita equivale al 11% de los dependientes al alcohol. (ENA, 2011). En comparación con el 2008, el consumo de drogas introdujo a 17,761 dependientes, mientras que el alcohol introdujo a 2, 398,000 dependientes(ENA, 2011).

7. Adicionalmente, en México, el consumo de alcohol en comparación con el de las drogas ilegales inicia a una edad

7

Anexo:

más temprana. El consumo de alcohol, en promedio, inicia antes de los 17 años mientras que el consumo de drogas ilegales comienza a partir de los 18 años (ENA, 2011).

Impactos relativos en la salud por consumo de drogas lícitas e ilícitas

1. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2011), el tabaco provoca una muerte cada seis segundos a nivel mundial, acercándose a la cifra de 6 millones de personas anuales.

2. Dejando a un lado África Subsahariana, a nivel mundial, el 30% de los casos de infección de VIH se deben al consumo de drogas inyectables (INMUJERES, 2011).

3. Durante el 2011 en México, 154,000 personas recibieron ayuda de salud por el consumo de drogas en comparación con 829,109 personas que recibieron tratamiento por consumo de alcohol. A pesar de que el consumo de alcohol es 25 veces mayor que el de alguna droga, sólo recibe 5 veces mayor tratamiento (ENA, 2011).

4. Se estima que en 2008 había entre 16 y 38 millones de usuarios en el mundo que son dependientes de alguna droga ilícita. Esto representa entre 10% y 15% de todas las personas que consumieron drogas en el año. Se estima que en el mismo año, a nivel mundial, entre 12% y 30% de este tipo de usuarios habían recibido tratamiento. Esto significa que entre 11 y 33.5 millones de usuarios problemáticos de drogas no recibió tratamiento (INMUJERES, 2011).

5. Investigadores de la Organización Mundial de la Salud y de la Red para la Priorización del Control de Enfermedades (Disease Control Priorities Network) han integrado la lista de las principales causas de muerte evitable. Entre las 10 primeras causas se encuentran la hipertensión, el consumo de tabaco, enfermedades de transmisión sexual, desnutrición, dieta inadecuada, consumo de alcohol, pero no consumo de drogas (OMS, 2012).

6. Si se compara el problema de las drogas frente a otros problemas de salud, se tiene que en México durante 2009 sólo se atribuyeron como causa directa del consumo de substancias ilícitas, 538 muertes un número muy reducido comparado con otros problemas de salud como VIH (5,121), sobrepeso y obesidad (35,406) o hasta drogas lícitas (2,682) (SINAIS, 2009). De las muertes por intoxicación, 69% se debieron al consumo de derivados del opio (INMUJERES, 2011). Ese mismo año, el gobierno federal estimó que 9,614 muertes resultaron de los enfrentamientos entre bandas de delincuentes organizados o bien entre éstas y las fuerzas públicas o autoridades de cualquier orden de gobierno con o sin respuesta armada (Presidencia de la República, 2011).

Producción y oferta

1. De acuerdo a datos de UNODC, el mercado anual de

las drogas ilegales se sitúa en los $330 MMD, similar al mercado global de textiles. (The New Internationalist, 2012). En la estimación mínima de la EGAP, las ventas nacionales de drogas ilícitas generan $513.7 MMD, mientras que las internacionales llegan a ser de $1,552.6 MMD, para arrojar un total de $2,066.3 MMD. De esta cifra, la cocaína representan el 53% de las ventas, la marihuana el 33%, el éxtasis un 8% y la heroína el 6% (Guajardo, et al, 2011).

2. De acuerdo a The Alternative World Drug Report, el precio al consumidor de la heroína y la cocaína es 168 y 160 veces mayor al precio de venta del productor, respectivamente (The New Internationalist, 2012).

3. Con base a datos de la UNODC, de 1990 a 2010 el precio por kilogramo de la cocaína ha disminuido en un 22%. Por su parte, para el mismo período, el precio de la heroína ha disminuido en un 66% (UNODC, 2012).

1. Se estima que la producción de marihuana en México pasó de 7,400 toneladas métricas en 2001 a 21,500 toneladas métricas en 2008 (se triplicó en 7 años) (Guajardo, et al, 2011).

4. Aproximadamente entre 40 y 70% de la marihuana consumida en Estados Unidos se importa de la producción de México (IMCO, 2012).

La lucha contra las drogas

1. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2012 (PND), se establecen los objetivos y estrategias nacionales para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, no se encuentra un sólo programa oficial que específicamente explique, desarrolle y prevea la ejecución de la política de drogas del gobierno federal.

2. El resultado de la estrategia de seguridad y justicia parece ser un incremento considerable en el número de detenidos, procesados y sentenciados por delitos contra la salud, principalmente por la modalidad de posesión y, en el menor de los casos, por actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales. En cuanto a la incidencia delictiva, dentro de los delitos contra la salud, la posesión y el consumo constituyeron el 68% de todos los delitos contra la salud, el 71% en 2010 y hasta el 74% en el 2011 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2011).

3. De acuerdo a Pérez Correa, Silva y de la Rosa, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2004 a 2010, el 78.9% de las denuncias presentadas en materia de Delitos contra la Salud ante el Ministerio Público fueron por posesión simple y consumo (Pérez Correa, et al, 2012).

4. Según estimaciones realizadas en EGAP, la marihuana

8

representa el 28.42% del total de ingresos del crimen organizado lo que equivale a 2,108.8 millones de dólares al año (Guajardo, et al, 2011).

5. En 2007, la PGR aseguró 2,188 toneladas de marihuana, mientras que la DEA sólo decomisó 356 toneladas de esta hierba. A diciembre de 2008, la DEA logró asegurar 660 mil 929 kilogramos de marihuana, y en cifras preliminares a julio de 2008, la PGR aseguró 627 mil kilogramos (Fundación Preciado, 2009).

Iniciativas para regular las drogas adoptadas en otros países

1. Portugal: estableció la “descriminalización” total del consumo y ofreció amplios servicios sociales y de salud a los usuarios con resultados positivos;

2. Holanda: permitió la venta regulada de cannabis en comercios especializados (coffee shops), bajo el principio de separación de mercados, que, al hacer que la marihuana fuese accesible en forma más segura, logró una restricción de acceso a substancias más peligrosas que se ofrecen en el mercado ilegal;

3. Suiza y Canadá: implementaron mecanismos de distribución controlada de opiáceos, lo que ha reducido substancialmente los índices delictivos de los usuarios y la transmisión de enfermedades como el VIH y la tuberculosis;

4. España: estableció clubes de autocultivo de cannabis que combaten el mercado negro por la vía no violenta y generan impuestos sin entrar al mercado abierto;

5. Argentina: definió, a través de la Suprema Corte, la inconstitucionalidad de cualquier disposición que castigue penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal;

6. Brasil: debate actualmente la despenalización del consumo como una medida para reducir la violencia en comunidades

marginadas, descongestionar penales y contribuir a reforzar la Política Social con el fin de reducir los riesgos y los daños por consumo de substancias;

7. Ecuador: implementó una política de preliberación de “mulas” y delincuentes no violentos de las cárceles que están asociados a los mercados de drogas;

8. Uruguay: presentó una iniciativa de ley para que el Estado asuma el control de la producción y distribución de la cannabis, para reducir la violencia y contrarrestar el consumo de substancias más peligrosas;

9. Bolivia: solicitó a Naciones Unidas la diferenciación entre la hoja de coca y la cocaína en las Convenciones Internacionales;

10. Colombia: el gobierno local de Bogotá solicitó aprobación al Gobierno Nacional para crear centros de consumo controlado de drogas para adictos, como un medio para reducir la violencia y el delito;

11. Chile: inició un debate para regular el cultivo y el consumo de la marihuana, y eximir de responsabilidad penal a quienes porten o transporten cantidades menores a las que habrá de definir la ley;

12. Guatemala: propuso una estrategia en cuatro ejes: 1) endurecer el combate contra los narcotraficantes, 2) crear una Corte Penal con jurisdicción regional para perseguir a los delincuentes involucrados en el trasiego de estupefacientes, 3) despenalizar el tránsito de la droga, y 4) asegurar que los países consumidores compensen a las naciones centroamericanas con por lo menos la mitad del valor de los narcóticos decomisados; y

13. Estados Unidos: permite la marihuana médica en algunos estados. A nivel federal, la cannabis está prohibida pero a nivel local hay estados con leyes para regular la cannabis médica, estados con leyes que despenalizan para casos médicos y recientemente Washington y Colorado han despenalizado el uso de marihuana en cualquier caso.

9

CUPHID y Open Society Foundation. (2012). Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México.

Dewey, L., Merril, J. (1916) Hemp hurds as paper-ma-king material. United States Department of Agricultu-re. Bulletin no. 404. Disponible en: http://www.hempology.org/img/BULLETIN%20404.pdf

Federal Bureau of Investigation. (2011). FBI – Persons arrested. Disponible en: http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/persons-arrested/persons-arrested

Fundación Preciado. (2009). El narcotráfico en núme-ros. Disponible en: http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc173/Numeralia.pdf

Guajardo, G., Villasana, A. y Cárdenas, A. (2011). Re-visión de la política de drogas en México: Estimación del estado de resultados de la industria del narcotráfico en México 2011

Hernández, J. (n.d.). Opciones regulatorias en política de drogas a nivel internacional.

INMUJERES. (2011). Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2011. Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fechas_conmemorativas/26-06.pdf.

Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (2012). Posible impacto de la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Disponible en:

http://imco.org.mx/images/pdf/Bolet%C3%ADn_de_Prensa__Impacto_y_legalizaci%C3%B3n_de_la_ma-rihuana.pdf

National Institute on Drug Abuse (2012). Drug Facts. Disponible en : http://www.drugabuse.gov/

Organización Mundial de la Salud. (2012). Datos y es-tadísticas. Disponible en: http://www.who.int/research/es/

Pérez, C., Silva, K., y de la Rosa, C. (2012). (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México. [Documento de trabajo – Agosto 2012]. CIDE: Méxi-co, D.F.

Sistema Nacional de Información sobre Salud. (SINAIS, 2009).

Subsecretaría de prevención y promoción de la Salud. (2011). Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Dispo-nible en: http://www.spps.gob.mx/spps-ena-2011.html

The New Internationalist. (2012). Illegal drugs– The facts. Disponible en: http://www.newint.org/features/2012/09/18/illegal-drugs-facts-infographic/.

T.W. (2012). Legalising marijuana the view from Mexi-co. The Economist. Disponible en: http://www.econo-mist.com/blogs/democracyinamerica/2012/11/legali-sing-marijuana?fsrc=scn/tw/te/bl/viewfromMexico

United Nations Office of Drug and Crime. (2012). World Drugs Report 2012. Disponible en: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html.

Fuentes consultadas:

10