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HACIA LA EMPRESA

Propuesta para una Política IndustrialINDUSTRIAL DEL 2030

HACIA LA EMPRESAINDUSTRIAL DEL

2030Propuesta para unaPolítica Industrial

Propuesta para una Política Industrial

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Costa Rica vive desde hace algunos años el sentimiento

de la proximidad -incluso la inminencia- del salto hacia

el desarrollo. Es una expectativa que -como el horizonte-

parece moverse conforme avanzamos y que nos frustra

cada vez que constatamos la brecha que aún nos separa de

esa meta. Sin embargo, es una aspiración genuina y legítima

que todos albergamos para nuestra sociedad, para nuestras

comunidades, nuestras familias y para nosotros mismos.

Si bien es cierto que tenemos buenas razones para pensar

que no se trata de un espejismo, también es cierto que

viejos y nuevos problemas se levantan ante nosotros

constituyendo formidables barreras y exigiendo renovar

nuestros esfuerzos para de un modo u otro superarlas. El

precio de no hacerlo así no sólo es demasiado oneroso; la

inacción sería irresponsable. Estamos obligados a crecer;

es una necesidad si queremos una sociedad en la que

desaparezca la pobreza y se reduzca la desigualdad por la

vía de las oportunidades accesibles.

Pero el crecimiento necesario no vendrá por sí mismo si

sólo nos limitamos a mantener condiciones favorables. Los

industriales de Costa Rica estamos convencidos de que el

desarrollo de nuestro país sólo se alcanzará si su crecimiento

reúne ciertas condiciones; es decir, creemos que no vale

cualquier crecimiento. Se requiere un crecimiento vigoroso

que, más allá de las cifras y de los indicadores superficiales

al uso, signifique crecimiento de las personas, especialmente

de sus capacidades, así como de las capacidades de la

sociedad, sus empresas e instituciones. Y visualizamos

ese futuro firmemente apoyado en una industria nacional

capaz, motor impulsor del desarrollo nacional. Dicho de

otro modo, no concebimos que el desarrollo no pase por una

expansión del sector industrial acorde con las exigencias del

siglo en que vivimos.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) es la

institución que representa desde 1943 al sector industrial

organizado del país. Su liderazgo en el sector empresarial

le ha mantenido a la vanguardia buscando mejores

condiciones, no solo para la industria, sino para miles de

costarricenses que dependen directa o indirectamente de la

actividad industrial y para la sociedad.

La Cámara de Industrias trabaja día a día en la búsqueda

de nuevas y mejores vías para fortalecer la industria

costarricense, promover su exitoso desempeño en el

contexto de la globalización y asegurar la continuidad de su

valioso aporte al proceso de desarrollo nacional.

Y es por eso que, fiel a su tradición de contribuir

proactivamente a la creación y sostenimiento de

condiciones para el desarrollo industrial, quiere arrojar luz

sobre el complejo y agreste panorama que se nos presenta

y, coincidiendo con el 70 aniversario de su fundación,

plantea y presenta, con sentido de urgencia, este conjunto

de propuestas para una política industrial nacional.

1. PREFACIO

Hacia la Empresa Industrial del 2030

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I.1. Investigación, Desarrollo e Innovación

Según el Reporte del Índice Global de Competitividad 2012,

del Foro Económico Mundial, Costa Rica se encuentra en el

grupo de economías que basan su estrategia de desarrollo en

factores de eficiencia, estrato en el que compite con países

que tienen la misma tecnología y técnicas de producción,

pero con mercados internos mucho más grandes, lo cual los

hace más competitivos.

Es imprescindible que Costa Rica cambie su modelo de

desarrollo a uno basado en avances disruptivos de sus

procesos productivos, modelos de negocios, oferta de

productos y servicios, y valor agregado en los mismos;

es decir, se necesita avanzar hacia un modelo de desarrollo

basado en la innovación.

Costa Rica ha sido víctima de esfuerzos desarticulados,

esporádicos y desalineados entre sí para promover la

innovación y se carece de instrumentos suficientes para

incentivar la innovación en las empresas, estas son dos

grandes áreas que deben ser punta de lanza en el proceso de

cambio hacia el nuevo modelo.

Por otra parte, la existencia de incentivos fiscales para la

innovación en las empresas (que se usan en otras partes

del mundo como incentivo a la “Investigación, Desarrollo

e Innovación” - I+D+I-) es prácticamente nula y asimismo

es muy limitada la cultura para el uso de mecanismos de

control de la propiedad intelectual.

Dado lo anterior, se plantean los siguientes objetivos:

I.1.1 Una nueva institucionalidad promueve el desarrollo de capacidades basado en la innovación.

En Costa Rica no existe un órgano o institución que impulse, coordine y centralice todos los esfuerzos e iniciativas en torno a la innovación. En años recientes, países como Chile (Corporación de Fomento de la Producción –CORFO-), Uruguay (Agencia Nacional de Investigación e Innovación – ANII-), Brasil (Agencia Brasileña de Innovación –FINEP-) y España (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI-), han institucionalizado y creado los mecanismos para impulsar la innovación con muy buenos resultados. Costa Rica necesita un órgano que tenga la capacidad de liderar y orientar el salto hacia una economía basada en la Innovación, para lo cual se requiere dotarlo de recursos financieros y humanos adecuados pero, sobre todo, de las facultades legales, el apoyo político de alto nivel para lograr la coordinación efectiva entre los diferentes actores relacionados con el desarrollo del conocimiento y la independencia técnica para la toma de decisiones.

La propuesta de política industrial que este documento presenta a las autoridades, a la sociedad costarricense y al propio sector industrial, se fundamenta en una visión y en unos principios de convicción profunda de los empresarios de este sector.

En el horizonte del año 2030 visualizamos la industria costarricense como una industria innovadora, que se transforma a sí misma y al entorno, que genera colaboración y crecimiento en capacidades, respetando a la persona, a la sociedad y al planeta.

Y, a la vez, visualizamos un Estado que propicia las condiciones que favorecen el que esa posibilidad se alcance, así como una sociedad costarricense que reconoce y valora el aporte de la industria local a su desarrollo.

La propuesta establece tres ámbitos estratégicos; para cada ámbito estratégico se plantean líneas estratégicas que, a su vez, proponen objetivos estratégicos y para cada objetivo estratégico se establecen una o más acciones para lograrlo.

Como primer ámbito ha sido identificado el de la Innovación y Competitividad. La industria del 2030 -estamos convencidos- es capaz de convertir con éxito el conocimiento tecnológico en innovación bajo condiciones que favorecen una competitividad sana, es decir, que permite aprovechar oportunidades en todos los mercados. Y aunque hay mucho por hacer dentro y fuera de nuestras empresas de aquí al 2030, dado que se entrecruzan aspectos de muy diferente naturaleza, no dudamos que el rasgo de carácter más revelador de la industria futura ha de ser el de industria innovadora.

Por su parte, el segundo ámbito está constituido por el Empleo y Desarrollo Humano, pues en él reside la segunda

convicción profunda, la de que la industria es capaz de ofrecer el mejor empleo, es decir el que más y mejores oportunidades ofrece al desarrollo de las personas y de la sociedad. La industria del año 2030 puede llegar a ser el lugar donde las personas, especialmente las jóvenes, concurren atraídas porque ven en ella la posibilidad no sólo de un empleo digno sino también de aprender - bajo tecnologías renovadas de producto y de proceso - y de desplegar productivamente sus potencialidades como persona, incluida su creatividad. Por esta misma vía, el buen empleo puede contribuir a conformar mejores ciudadanos y a la vez una mejor sociedad. Para hacer realidad esta convicción, serán requeridos cambios importantes en el marco de las relaciones laborales, pero también en el abordaje desde las empresas de su propio desarrollo.

Y el tercer ámbito es necesariamente el de Ambiente y Desarrollo. Igualmente en este caso, la identificación descansa sobre la convicción compartida de que es posible una industria capaz de convivir responsablemente con la naturaleza y el demandante entorno costarricense y de contribuir a la toma de conciencia de todos los habitantes e instituciones del país. Ambas facetas de esta convicción van íntimamente unidas, pues la toma de conciencia es la que dará su verdadero valor al esfuerzo y a esa oferta cada vez más responsable de productos industriales nacionales. Y también aquí va a ser necesaria una transformación de actitudes que facilite la visualización de las implicaciones ambientales de la producción y el consumo y de la responsabilidad asociada.

Esos tres grandes ámbitos son los que soportan la aspiración que compartimos con todos los costarricenses: alcanzar cuanto antes, pero de modo sostenible, un nivel de desarrollo que redunde en mejores condiciones de vida y en una sociedad más justa y capaz.

2. PROPUESTA PARA UNA POLITICA INDUSTRIAL

I. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

I.1.1. Una nueva institucionalidad promueve el desarrollo de capacidades basado en la innovación.I.1.2. Incentivos fiscales bien orientados fomentan la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas.I.1.3. Nueva legislación e instrumentos de protección de la propiedad intelectual incentivan la innovación en la industria.


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I.1.3. Nueva legislación e instrumentos de protección de la propiedad intelectual incentivan la innovación en la industria.

Un elemento indispensable para que un país con potencial de desarrollo logre convertir la innovación en riqueza es la propiedad intelectual. En Costa Rica, actualmente se da un limitado uso de las herramientas de protección de la propiedad intelectual, en parte por falta de conocimiento por parte de los empresarios y en parte por carencia de fomento público de estos procesos.

En este tema, proponen las siguientes acciones:

I.1.3.1. Diseñar programas de capacitación en materia de propiedad intelectual dirigidos a estudiantes de educación media, principalmente para instituciones de orientación técnica, como los colegios técnicos, científicos y vocacionales. Se pretende darle un vuelco a la capacitación común en materia de propiedad intelectual, para que en lugar de que el énfasis esté en el cumplimiento se dirija al uso y aprovechamiento del sistema.

I.1.3.2. Establecer a lo interno de ANPI un centro para la instrucción y el acompañamiento de los industriales en el proceso de protección de sus invenciones, desde el diagnóstico hasta la eventual solicitud de patentes.

I.1.3.3. Crear un fondo para el financiamiento de los procesos de aseguramiento de la propiedad intelectual de invenciones, principalmente en aquellos sectores de la tecnología que al Estado le interese promover.

I.2. Entorno macroeconómico

Para alcanzar un crecimiento sostenido de la actividad industrial, como base del desarrollo económico, es necesario promover tanto la estabilización de la economía como la reforma y modernización de la estructura productiva, así como propiciar una mejora en la distribución de la riqueza, entre otras cosas.

Por ello, sin dejar de lado las políticas dirigidas al control de la inflación, la estabilidad de la balanza de pagos y los desequilibrios de las finanzas públicas, las políticas macroeconómicas deben promover el logro de una alta tasa sostenida de crecimiento económico. Esa expansión, tal y como lo plantea la CEPAL, “debería ser capaz de generar el empleo necesario para absorber la creciente fuerza de trabajo y mantener un uso pleno de la capacidad instalada, estimulando la inversión y el cambio estructural”.

En esa perspectiva, la propuesta para una Política Industrial en nuestro país debe incorporar, al menos, reformas simultáneas tanto en la política monetaria como en la política fiscal.

Para ello, se proponen dos objetivos:

I.2.1. La política monetaria procura la estabilidad de precios y favorece el crecimiento.

En los últimos años el país ha venido avanzando en los esfuerzos por controlar la inflación y acercarla a los niveles internacionales. En esa dirección el Banco Central ha definido avanzar en una política monetaria de control de la inflación de acuerdo al esquema de “metas de inflación” y para ello ha venido impulsando un proceso gradual de liberalización del tipo de cambio, que se consolidaría en los próximos años.

Sin embargo, esta política enfrenta limitaciones en la efectividad de la aplicación de los instrumentos. Tales restricciones son básicamente el arrastre de un déficit financiero del Banco Central, la excesiva dolarización de la economía y limitaciones legales para el uso de instrumentos de política monetaria.

Por otra parte, en Costa Rica existe un número importante

de universidades públicas y privadas pero no existe una

institución, centro o universidad enfocada en el modelo

de la innovación para impulsar la competitividad en el país

(con excepción de la Escuela de Innovación del Ministerio

de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que ofrece

un diplomado en el tema). Por lo tanto, es necesario

propiciar la coordinación para crear centros de innovación

especializados en las instituciones de educación superior.

Finalmente, la promoción de formas de colaboración

entre empresas, gobierno, entidades de investigación para

promover la innovación, también ha demostrado ser muy

provechosa en el ámbito internacional.

Por todo lo anterior, se propone:

I.1.1.1. Crear la Agencia Nacional Promotora de la Innovación

–ANPI-. La ANPI será una agencia de carácter público

no estatal que contará con recursos humanos y financieros

adecuados para liderar el proceso de transformación hacia

una economía basada en la Innovación. Tendrá una Junta

Directiva conformada por los sectores público, académico y

privado y entre sus funciones y objetivos específicos

estarán coordinar e impulsar la Innovación en Costa Rica.

I.1.1.2. Fomentar la creación de Centros de Innovación

especializados en las instituciones de educación superior.

I.1.1.3. Fomentar la creación de “clusters” empresariales de

innovación en sectores productivos emergentes, que reúnan

en procesos de innovación colaborativos a las empresas de

dichos sectores y de sectores complementarios (instituciones de

educación superior y centros de investigación, así como otras

entidades públicas y privadas que impulsan esos sectores).

I.1.2. Incentivos bien orientados fomentan la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas.

La tendencia en los países cuyo desarrollo se basa en la innovación ha sido aumentar la disponibilidad y la simplicidad de uso de los incentivos fiscales para la I+D+I para que el sector empresarial aumente su inversión en este rubro. Adicionalmente, se han creado, con recursos públicos, fondos especiales no reembolsables para la utilización en I+D+I por parte de empresas PYME.

La Cámara de Industrias ha planteado que los gastos efectuados por concepto de actividades de innovación, investigación y desarrollo tengan derecho a practicar un crédito fiscal del Impuesto de Utilidades por el monto de dichos gastos; definiendo innovación como la mejora tecnológica en materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes, los procesos de elaboración de prototipos y los procesos de certificación de estos productos. Complementariamente, se considerará investigación a la indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción.

Por lo anterior, se propone:

I.1.2.1. Establecer un sistema de incentivos fiscales para fomentar la I+D+I.

I.1.2.2. Fortalecer con mayores recursos financieros los fondos no reembolsables existentes en el país para el desarrollo de la I+D+I en empresas PYME.

I.1.2.3. Establecer una iniciativa nacional para proveer herramientas para la medición y declaración de la inversión en I+D+I y para sensibilizar a las empresas para que aumenten esta inversión con recursos propios, uso de incentivos y de fondos para la innovación.

I.2.1. La política monetaria procura la estabilidad de precios y favorece el crecimiento.I.2.2. Se ha logrado una situación fiscal sostenible.


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consumidores y se han convertido en una limitante para la competitividad del sector, lo que se manifiesta claramente en la encuesta que anualmente realiza la Cámara de Industrias denominada “ESTUDIO DE PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Y VALORACIÓN DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL COSTARRICENSE”. En su versión 2013 esta encuesta revela que el costo de la energía eléctrica es el primer factor que afecta negativamente la competitividad de las empresas industriales y el costo de los combustibles el sexto.

En esta línea, la Cámara de Industrias propone los siguientes objetivos:

I.3.1. Una oferta eléctrica competitiva, basada en recursos locales, mejora la seguridad energética y contribuye a la reducción de la huella de carbono.

El país ha sufrido en los últimos años una tendencia creciente en los costos de la energía eléctrica, que golpea a todos los usuarios (familias y empresas), ocasionada por una limitada oferta fundamentalmente hidroeléctrica que al ser vulnerable al clima se complementa con generación usando derivados del petróleo. Lo anterior, no sólo golpea las tarifas, sino que entorpece los esfuerzos por lograr reducir la huella de carbono. Esta situación se agrava con el rezago evidente en la adaptación de la legislación para aprovechar el potencial de fuentes renovables del país, los avances tecnológicos y la mayor participación del sector privado en la inversión y solución al problema de energético.

El modelo seguido con un actor principal que es comprador único de la generación, que además genera y distribuye más del 80% de la electricidad, transmite el 100% de la electricidad y que es rector y operador, fue exitoso para llevar la electricidad a todo el país desde los años 50 hasta finales del siglo pasado, pero en los inicios del nuevo siglo ha dado muestras de su agotamiento y exige mejoras para enfrentar los retos actuales de competitividad y de una Costa Rica en el 2030.

Ante esta situación, para cumplir con el objetivo planteado, la Cámara de Industrias propone las siguientes acciones:

I.3.1.1. Abrir a una competencia regulada el mercado de la generación eléctrica para aumentar la inversión y oferta de electricidad, garantizando al usuario (personas y empresas) una mayor eficiencia y un precio más competitivo.

I.3.1.2. Reforzar la investigación, desarrollo e innovación de tecnologías alternativas que contribuyan a mejorar la oferta y eficiencia energética de acuerdo a la situación deseada (eólica, solar, biomasa, residuos, hidrógeno, plasma, redes inteligentes y otros).

I.3.1.3. Incorporar en los planes de desarrollo la directriz de tarifas competitivas para la producción y la mejora regulatoria para la incorporación de parámetros que aseguren la eficiencia operativa de los agentes del sistema eléctrico nacional en todas sus etapas: generación, transmisión, distribución y comercialización.

I.3.1.4. Establecer programas nacionales de eficiencia energética, incluidas las tarifas horarias obligatorias para mejorar la administración de la demanda, la generación distribuida, el transporte con electricidad, así como una normativa y reglamentación técnica específica que promueva la incorporación de tecnologías eficientes en el corto plazo.

I.3.1.5. Continuar con las inversiones de capital en la línea SIEPAC que, acompañado de una clara estrategia, convierta al país en un exportador neto a la región.

Además, durante las últimas dos décadas, ha existido una marcada preferencia de la autoridad monetaria por privilegiar, casi exclusivamente, el objetivo de estabilidad inflacionaria por sobre los objetivos de desarrollo económico y pleno empleo de los recursos, que están contenidos de manera subsidiaria en el Artículo 2 de su Ley Orgánica.

Para lograr el objetivo planteado se propone:

I.2.1.1. Promover una mejora en la situación financiera del Banco Central mediante la capitalización y la reducción o racionalización de gastos.

I.2.1.2. Impulsar una reforma legal a la Ley Orgánica del Banco Central para que se fortalezca la importancia, como objetivo de la política monetaria, de la promoción del desarrollo económico y la ocupación plena de los recursos, así como para que se revisen y amplíen los instrumentos de que dispone para el logro del conjunto de sus objetivos.

I.2.2. Se ha logrado una situación fiscal sostenible.

Costa Rica enfrenta un déficit estructural de las finanzas públicas cuya persistencia amenaza la estabilidad del país y su desarrollo económico. En particular, presiona al alza las tasas de interés en colones y desplaza el financiamiento de los sectores productivos, incluyendo el industrial, hacia el gobierno; con ello afecta la inversión, el crecimiento de la producción y la generación de empleo.

La reforma del sistema tributario costarricense debe partir de una visión integral de las finanzas públicas que conlleva implementar paralelamente reformas estructurales de racionalización efectiva del gasto público y de reforma del estado. Además se debe dar un mayor impulso a la modernización estructural de la Administración Tributaria, a fin de garantizar una recaudación más eficiente de los impuestos y consolidar una verdadera cultura tributaria en el país. Adicionalmente debe realizarse un combate efectivo del contrabando. También es fundamental avanzar en mayores grados de transparencia en la ejecución del gasto público y de mecanismos efectivos de medición del impacto de dicho gasto. La reforma tributaria debe ir acompañada de mecanismos verificables del avance en tales áreas estratégicas.

Para lograr una situación fiscal sostenible, favorable al desarrollo industrial, es necesario: I.2.2.1. Lograr una racionalización y mayor eficiencia del gasto público, incluyendo entre otros aspectos, el incremento estratégico de los recursos públicos en I+D+I, reformas institucionales, reformas en el régimen salarial del Gobierno Central y del sector público en general, revisión de las transferencias, racionalización de las compras públicas y mejoramiento de los sistemas de control y rendición de cuentas.

I.2.2.2. Lograr una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes de los impuestos de renta y sobre las ventas. En particular, y como elemento central de dicha reforma, es necesario avanzar hacia la transformación del Impuesto General sobre las Ventas en un Impuesto al Valor Agregado. Además, se debe revisar y racionalizar las exoneraciones de manera que contribuyan directamente con la estrategia de desarrollo basado en la innovación y que su retorno sea medido.

I.2.2.3. Fortalecer y modernizar la Administración Tributaria en aras de lograr una mayor y más eficiente recaudación tributaria mediante el combate a la evasión, la elusión fiscal y el contrabando, así como para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

I.2.2.4. Avanzar hacia un mayor balance entre las atribuciones de la Administración Tributaria y los derechos y garantías del contribuyente.

I.3. Energía

En el sector industrial, el insumo energía no es únicamente importante, es vital e indispensable para mantener operando una empresa, requiriéndose que sea competitivo en precio, que haya calidad en el servicio y seguridad de suministro.

En Costa Rica la industria consume el 25% de la energía comercial, donde la electricidad representa el 18%, los derivados del petróleo el 46% y el restante 36% proviene del bagazo y diversos residuos vegetales y otros.

Durante los últimos años, los costos de la energía eléctrica y de los combustibles ha impactado fuertemente a los

I.3.1. Una oferta eléctrica competitiva, basada en recursos locales, mejora la seguridad energética y contribuye a la reducción de la huella de carbono.I.3.2. La oferta de combustibles exhibe una menor dependencia de los combustibles importados, menor contaminación y mejor seguridad energética con precios competitivos.


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sean proporcionados, razonables y puedan ser pagados por los costarricenses, contribuyendo de esta forma al éxito de las concesiones que se realicen.

En atención a esa problemática, la Cámara considera se deben impulsar las siguientes acciones de política pública:

I.4.1.1. Promover una reestructuración institucional del Ministerio de Obras Públicas, del CONAVI y del Consejo Nacional de Concesiones. Adicionalmente, INCOP y JAPDEVA.

I.4.1.2. Fomentar el uso de ahorro nacional existente, por ejemplo en fondos de pensiones, así como recursos de inversión de instituciones como el INS y los Bancos Públicos, para que mediante mecanismos como el Fideicomiso, se financie el desarrollo de infraestructura de transportes u otra, que mediante el cobro de peajes o tarifas, puedan retribuir en el mediano plazo la inversión realizada.

I.4.1.3. Incorporar reformas legales al sistema de Concesión de Obra Pública para transformarlo en un instrumento efectivo y eficiente. Las reformas deben abarcar desde la transparencia en los procesos de concesión, hasta los mecanismos de control y supervisión de ejecución de la obra y del periodo de explotación. I.4.2. Se cuenta con parques industriales especializados y con una visión de innovación y sostenibilidad.

Por otra parte, si bien el país cuenta con varios parques industriales, los mismos se han desarrollado básicamente con el objetivo de alojar el establecimiento de empresas en el régimen de Zona Franca. No ha existido, por tanto, una visualización y políticas que promuevan el desarrollo de parques industriales como ecosistemas de servicios que, amén de la instalación de empresas, integren la articulación y atención interinstitucional de servicios para la creación o aceleración de empresas innovadoras, la promoción de encadenamientos verticales u horizontales, la asociatividad y la especialización bajo una visión ambiental que conjuga la innovación y la sostenibilidad.

Por lo tanto, es necesario que se realicen acciones para:

I.4.2.1. Promover el desarrollo de parques y zonas

industriales sostenibles, dentro de las cuales se propicien las acciones de innovación y eco-eficiencia intra e inter muros.

I.5. Compras del sector público

En muchos países de todo el mundo, las compras del sector público se constituyen en un mecanismo para promover el desarrollo de las empresas locales y existen políticas activas para fomentar la participación de la industria nacional, este no es el caso de Costa Rica.

El sistema de compras públicas del país es complicado, carece de una visión de desarrollo de la industria local, genera despilfarro de recursos, no cuenta ni con indicadores claros ni con una planificación apropiada y no incorpora con claridad temas como la calidad o los requisitos ambientales.

Por todo lo anterior, se proponen los siguientes objetivos de política:

I.5.1. La industria nacional participa activamente en la contratación pública bajo un marco renovado que fomenta la competencia equilibrada.

En la actualidad, las compras del sector público no reconocen ni visualizan la participación del sector industrial nacional. El principio legal de la reciprocidad nunca ha sido instrumentado en el país y la industria nacional con mucha frecuencia participa en desventaja frente a productos de fuera de la región, al no operar de modo efectivo los instrumentos correctivos existentes. Las autoridades públicas no se percatan del valor instrumental de las compras públicas para desarrollar una industria local

I.3.2. La oferta de combustibles exhibe una menor dependencia de los combustibles importados, menor contaminación y mejor seguridad energética con precios competitivos.

El 64% del consumo final de la energía en el país proviene de derivados del petróleo, lo que lo hace dependiente y vulnerable a los mercados internacionales de los derivados del petróleo. Estos combustibles no sólo son cada vez más caros, sino que mantienen una carga tributaria que los convierte en los de precio más elevado de la región y su consumo no contribuye con los esfuerzoa del país por bajar la contaminación y lograr carbono- neutralidad.

En el caso de los combustibles se propone:

I.3.2.1. Romper el monopolio en la oferta combustibles, promoviendo la competencia, garantizando al usuario una mayor eficiencia y un precio más competitivo.

I.3.2.2. Impulsar un programa sostenible de prospección, exploración y explotación del gas natural en territorio nacional. I.3.2.3. Promover un programa de biocombustibles bien estructurado, que permita utilizar tierras poco aptas para usos agrícolas alternativos, fomentando un desarrollo económico rural en áreas socialmente deprimidas.

I.3.2.3. Fortalecer la regulación para garantizar la eficiencia de los operadores en los mercados de combustibles.

I.4. Infraestructura

Las restricciones derivadas de las políticas de contención del gasto en razón del déficit fiscal, han afectado la inversión en infraestructura vial y portuaria, con lo cual nuestro país presenta un rezago importante en esta materia. En el último reporte del Índice Global de Competitividad del Foro Económico, Costa Rica se ubica en el puesto 131 en calidad de carreteras, 106 infraestructura ferroviaria y 140 en calidad de puertos entre 144 países contemplados en el estudio.

Lo anterior afecta la competitividad del sector industrial, no solo en el mercado internacional, sino también en el

mercado interno al imponer limitaciones para el transporte de los productos industriales.

Por otra parte, existen carencias importantes en la infraestructura de parques industriales para empresas que no se encuentren bajo un régimen especial, que requieran además servicios complementarios especializados y con visión de innovación y sostenibilidad. Por ello, la Cámara de Industrias propone los siguientes objetivos de política en este tema:

I.4.1. La infraestructura vial y portuaria es capaz de satisfacer de modo eficiente las necesidades crecientes de movimiento de mercancías.

En los últimos años se ha hecho evidente el debilitamiento de la capacidad institucional del MOPT para ejecutar obra pública, que explica en buena parte el deterioro de la infraestructura que se mencionó anteriormente.

Además, si bien en los últimos años el país ha accedido a una serie de empréstitos, destinados principalmente a la construcción y reparación de carreteras y puentes, los procedimientos de trámite legislativo, licitación, refrendo y adjudicación e inicio de obra son sumamente lentos, por lo que se requiere mecanismos alternativos de financiamiento.

Por otra parte, el mecanismo de Concesión de Obra Pública (incluyendo las concesiones portuarias) ha padecido problemas de gestión, sea por limitaciones legales, capacidad técnica del ente responsable u otros factores, que han impedido un uso efectivo y eficiente de ese sistema y que explican la necesidad de reformar la Ley de Concesión de Obra Pública. El Estado, por su parte, tiene que tomar la responsabilidad de realizar las inversiones necesarias para que los peajes de las obras concesionadas

I.4.1. La infraestructura vial y portuaria es capaz de satisfacer de modo eficiente las necesidades crecientes de movimiento de mercancías.I.4.2. Se cuenta con parques industriales especializados y con una visión de innovación y sostenibilidad.

I.5.1. La industria nacional participa activamente en la contratación pública bajo un marco renovado que fomenta la competencia equilibrada.I.5.2. La planificación y operación bien instrumentada de la contratación pública, basada en estándares y sobre una plataforma ágil y transparente, eleva la eficiencia.I.5.3. La incorporación de requisitos ambientales en las contrataciones públicas, en el marco de una regulación proporcionada, promueve la responsabilidad ambiental.


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Adicionalmente, el país enfrenta el reto de crear un ambiente favorable para la creación y sostenibilidad de nuevas empresas industriales. La promoción de los emprendimientos, sobre todo de los innovadores de alto valor agregado, debe ser atendida con los instrumentos apropiados.

Por lo anterior se proponen los siguientes objetivos de política para el desarrollo de las PYME y los emprendimientos innovadores:

I.6.1. Se ha mejorado el acceso al crédito de las empresas PYME y se cuenta con más instrumentos de financiamiento adaptados a las necesidades de estas empresas.

Las empresas PYME enfrentan dificultades de acceso al financiamiento debido a la persistencia de una oferta de crédito tradicional, en la que la exigencia de garantías reales domina el análisis y la concesión del financiamiento por parte de los intermediarios financieros. A ello se suma la existencia de una serie de requisitos o condiciones que no se ajustan a la realidad del sector, de plazos de préstamos relativamente cortos en relación con el ciclo del proyecto de inversión o la vida útil de la maquinaria a adquirir, de altas tasas de interés del financiamiento, y de montos máximos de financiamiento que no se ajustan a las necesidades de la PYME industrial.

En razón de lo anterior, las acciones de política pública en materia de financiamiento para el sector PYME propuestas son:

I.6.1.1. Promover la consolidación de un único sistema nacional de avales y garantías y la incorporación y aceptación por parte del sistema financiero de garantías mobiliarias.

I.6.1.2. Mejorar la oferta de crédito adaptándola a las necesidades de las PYME industriales y sus proyectos, tomando en consideración aspectos como plazo, montos, periodos de gracia, tasas de interés, costos y tiempos de formalización. I.6.1.3. Promover tasas de interés competitivas internacionalmente mediante una mayor competencia del sistema financiero, reduciendo o eliminando distorsiones y promoviendo una mayor eficiencia operativa de los intermediarios financieros.

I.6.1.4. Ampliar la oferta de instrumentos de financiamiento tales como factoreo y leasing en condiciones adecuadas a las características del sector PYME.

I.6.1.5. Mejorar los programas de acompañamiento asociados al financiamiento para que las PYME puedan consolidarse en los mercados locales e internacionales.

I.6.2. Se han establecido políticas e implementado acciones coordinadas para el fomento del encadenamiento productivo y la asociatividad de las empresas PYME.

Un reciente estudio de PROCOMER determinó que, para el periodo 2008- 2012, las pyme locales de empaque y de construcción son las que más le venden a las compañías multinacionales. Si bien en el periodo ha existido un aumento sostenido de los encadenamientos, el monto transado se presenta muy bajo con relación al monto total de compras de las empresas transnacionales. El estudio también establece que en actividades como “ciencias de la vida” es posible que los proveedores locales lleguen a suplir hasta un 30% de las compras que realizan las empresas transnacionales. Ahora bien, para convertir el potencial en realidad deben, entre otras cosas, identificarse las cadenas de valor estratégicas y las empresas tractoras para fomentar en

o estimular políticas sub sectoriales.

Con el fin de lograr una mayor participación de las empresas industriales en las compras del Estado, se propone:

I.5.1.1. Incluir el reconocimiento del “Valor Agregado Nacional” y del estatus de PYME en una reforma de la legislación de la contratación administrativa (incluidos instrumentos reglamentarios) de modo que forme parte de las ponderaciones comparativas de las ofertas, en concordancia con el Acuerdo de Compras del Sector Público de la Organización Mundial del Comercio.

I.5.1.2. Establecer indicadores estadísticos adecuados y normalizados que permitan visualizar e informar del impacto de las políticas adoptadas, especialmente en las PYMES.

I.5.2. La planificación y operación bien instrumentada de la contratación pública, basada en estándares y sobre una plataforma ágil y transparente, eleva la eficiencia.

Las compras del sector público constituyen una fuente de despilfarros e ineficiencias constatables porque se compra lo que no se necesita por falta de tecnificación y planificación. Ello atenta contra el desarrollo nacional y es una carga para todos los contribuyentes. Asimismo, el marco no asegura que se hagan de modo transparente y abierto las mejores compras para el bien de las instituciones y del país, con frecuentes casos de corrupción asociada.

Se propone:

I.5.2.1. Establecer un programa de estandarización de la contratación pública, apoyado en el ente nacional de normalización, que conduzca a la normalización de un elevado porcentaje de las compras públicas repetitivas, incluido un catálogo unificado de productos.

I.5.2.2. Establecer una plataforma electrónica estándar y el correspondiente marco jurídico que facilite la amplia participación de los mejores actores concurrentes, con transparencia y agilidad, y que incluya una potente herramienta para la planificación sistemática de las necesidades y de las compras.

I.5.3. La incorporación de requisitos ambientales en las contrataciones públicas, en el marco de una regulación proporcionada, promueve la responsabilidad ambiental.

En la actualidad, las Compras del Sector Público ignoran informaciones y aspectos de responsabilidad ambiental que acompañan a los productos adquiridos. Se desaprovecha la capacidad de las compras del sector público para promover la responsabilidad ambiental en el país.

Se proponen las siguientes acciones: I.5.3.1. Crear un eco-reglamento de Compras del Sector Público que establezca los parámetros y formas racionales de demostración que regirán las contrataciones.

I.5.3.2. Establecer un sistema de eco- indicadores que permita medir los avances e impactos ambientales de las compras del sector público.

I.6. Desarrollo de la PYME y promoción de emprendimientos innovadores.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son de suma importancia para el tejido industrial costarricense ya que representan aproximadamente el 95% de todas las empresas industriales. Su desarrollo está limitado por múltiples factores, pero han sido reiterados los problemas de acceso y costo del financiamiento y, aunque se ha avanzado en la materia en virtud de la Ley de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, las restricciones persisten.

Por otra parte, la pequeña escala de planta y el limitado acceso a información que enfrentan las PYME también condicionan sus posibilidades de desarrollo ya que limitan su acceso a mercados internacionales. En este caso, el encadenamiento productivo con empresas de mayor porte (que no solo amplía el mercado de las PYME, convirtiéndolas en exportadoras indirectas, sino también fomenta la transferencia tecnológica y promueve el arraigo de las empresas transnacionales) y la búsqueda de la asociatividad entre empresas PYME, son opciones que deben fomentarse en Costa Rica.

I.6.1. Se ha mejorado el acceso al crédito de las empresas PYME y se cuenta con más instrumentos de financiamiento adaptados a las necesidades de estas empresas.I.6.2. Se han establecido políticas e implementado acciones coordinadas para el fomento del encadenamiento productivo y la asociatividad de las empresas PYME.I.6.3. El espíritu emprendedor es promovido desde las etapas educativas básicas.I.6.4. Un sólido sistema nacional de apoyo a la incubación y aceleración de empresas favorece el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales exitosas. I.6.5. Se cuenta con recursos de capital semilla para emprendedores.


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semilla, los alcances de estas acciones son todavía muy limitados. Igualmente, el desarrollo de capital de riesgo para la aceleración de empresas presenta algunas iniciativas privadas, pero los resultados son todavía poco significativos.

En adición a lo anterior, los emprendedores con ideas de negocios o con empresas de reciente creación no encuentran un sistema de información adecuado que les permita conocer y acceder a los servicios de apoyo existentes para materializar su idea en un plan de negocios o para consolidar su proyecto empresarial.

El país tampoco cuenta con un desarrollo apropiado de servicios, tanto para las PYME como para los emprendedores, que les facilite, por ejemplo, el diseño y prueba de prototipos, la elaboración de ensayos, el desarrollo de pruebas metrológicas, entre otros servicios que favorezcan el surgimiento y el desarrollo de empresas con un mayor nivel de desarrollo tecnológico e innovación.

En razón de lo anterior, se proponen las siguientes acciones en materia de emprendedurismo y aceleración de empresas:

I.6.4.1. Consolidar un sistema nacional de apoyo a la incubación y aceleración de empresas con proyección a nivel nacional, de las diferentes regiones del país y local.

I.6.4.2. Articular un sistema de información para los y las emprendedoras.

I.6.4.3. Impulsar el establecimiento de centros de desarrollo tecnológico o plantas de producción didácticas. I.6.5. Se cuenta líneas especiales de financiamiento y con recursos de capital semilla para emprendedores.

Por otra parte, una de las mayores debilidades que tiene nuestro sistema financiero es la atención a los emprendedores. El sistema financiero regulado en atención de las normativas de supervisión, las prácticas bancarias, la percepción del riesgo del sector y la exigencia de garantías reales, excluye prácticamente a las y los emprendedores de opciones de financiamiento empresarial. Además en el país es incipiente el esfuerzo por destinar recursos para la creación de empresas a través de modelos de capital

semilla, para que las ideas con posibilidades de concreción y desarrollo empresarial, en vez de nacer endeudadas puedan nacer capitalizadas y con potencial de generación riqueza y empleos.

Por lo tanto, se propone:

I.6.5.1. Incorporar líneas especiales de financiamiento en el marco del SBD e implementar y ampliar los recursos disponibles para desarrollar un sistema de fondos de capital semilla.

I.7. Funcionamiento del mercado

El primer pilar estratégico que ha definido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su 50 aniversario es, “los gobiernos necesitan reestructurar la confianza en sus mercados, instituciones y compañías que los hacen funcionar. Eso requerirá mejorar la regulación y un gobierno más eficaz en todos los niveles políticos y de los negocios.”

Costa Rica ha planteado ante esta organización la solicitud de inclusión como Miembro y para esto es necesario que se realicen cambios y ajustes en muchas de las áreas de gestión gubernamental, que van desde una mejora en el ambiente regulatorio hasta un aseguramiento de la aplicación eficaz de las regulaciones existentes. La complejidad del marco regulatorio nacional y el limitado uso de mecanismos de evaluación de la conformidad que garanticen la transparencia y eficiencia del mercado, son algunos de los principales retos que enfrenta nuestro país ante una eventual evaluación y posterior inclusión en la OCDE.

En este sentido la Cámara propone enfocarse en los siguientes objetivos estratégicos:

estas el encadenamiento con la empresa PYME nacional. Además, deben identificarse y atenderse (a través de capacitación y acompañamiento) las debilidades de las PYME para integrarse a estas cadenas (como los problemas para cumplir exigencias de calidad, tiempos de entrega o volumen de pedidos, para mencionar algunas).

También es necesario actuar sobre la cultura empresarial que impone limitaciones al desarrollo de proveedores y en general al encadenamiento productivo. Es necesario fomentar una cultura empresarial menos individualista en la que, entre otros aspectos, se vea al proveedor como un socio y se promueva la asociatividad para avanzar hacia mejores resultados en articulación e integración productiva y en general en una mayor competitividad del sector productivo nacional.

En razón de lo anterior, se proponen las siguientes acciones en materia del fomento de los encadenamientos productivos y el desarrollo de proveedores:

I.6.2.1. Fortalecer tanto a nivel de políticas de atracción de inversiones como con las empresas ya instaladas los programas y acciones para incrementar sostenidamente los encadenamientos productivos entre empresas transnacionales y proveedores locales, con énfasis en la incorporación de un mayor valor agregado nacional. I.6.2.2. Establecer un sistema permanente de definición, selección y desarrollo de cadenas de valor estratégico tanto a nivel nacional como regional.

I.6.2.3. Desarrollar y articular una mayor capacidad técnica institucional para promover, capacitar y acompañar a las empresas nacionales en el desarrollo de encadenamientos productivos.

I.6.2.4. Promover modelos asociativos para la producción y comercialización, así como esfuerzos regionales de articulación productiva.

I.6.2.5. Revisar y reformar los procesos establecidos para que empresas nacionales vendan a empresas ubicadas en el régimen de zonas francas.

I.6.3. El espíritu emprendedor es promovido desde las etapas educativas básicas.

Crear nuevas empresas es fundamental para el desarrollo de un país y para ello se requiere de una cultura de emprendedurismo. En este sentido, una de las limitaciones del entorno costarricense para emprender se encuentra en el sistema educativo y de formación.

Aunque en años recientes se han desarrollado algunas iniciativas, la incorporación en el sistema educativo, particularmente de primaria y secundaria, de conocimientos, desarrollo de destrezas y habilidades para crear o dirigir empresas es aún incipiente. A nivel universitario y de centros de formación profesional todavía queda mucho por recorrer para una preparación adecuada y de calidad para la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas.

Dado lo anterior, se propone:

I.6.3.1. Extender y consolidar los programas de formación empresarial y de fomento de la innovación en educación básica (primaria y secundaria) y promover el fortalecimiento de estos programas en el nivel universitario y la formación técnica.

I.6.4. Un sólido sistema nacional de apoyo a la incubación y aceleración de empresas favorece el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales innovadoras exitosas.

En el tema empresarial, la institucionalidad del país ha estado más enfocada en la atención de empresas ya existentes, dejando de lado la creación y consolidación de nuevas empresas. No es sino hasta el 2010 que el Gobierno de la República por medio del MEIC formula y aprueba el primer esfuerzo de Política Nacional de Emprendimiento, y se conforma la Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas.

Si bien han existido avances en la creación de incubadoras (a la fecha existen tres incubadoras en las universidades públicas y dos incubadoras privadas) y se ha iniciado un proceso de hacer operativos los pocos recursos que el SBD ha podido poner a disposición en un fondo de capital

I.7.1. El modelo regulatorio, basado en mecanismos de confianza, autorregulación y facilitación del cumplimiento, favorece la actividad industrial y la relación con las autoridades.I.7.2. El uso de las herramientas de demostración de la conformidad, incluyendo la vigilancia del mercado, ha generado mayor eficiencia, confianza y seguridad entre los consumidores, los productores y los reguladores.I.7.3 Instrumentos de control aduanero y defensa comercial operan de modo efectivo y capturan incumplimientos que afectan la industria local.


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tanto el cumplimiento de los derechos y obligaciones instituidas por Ley como la facilitación del comercio.

I.7.3.3. Generar una mayor coordinación público-privada, de tal forma que a través de Convenios y sistemas de información comercial, el sector privado pueda ser un agente activo en la búsqueda de la transparencia de los procesos comerciales.

I.7.3.4. Crear una instancia a cargo de las investigaciones relativas a violaciones de propiedad intelectual, con una vinculación directa con la DGA, a efecto de una pronta y efectiva implementación de medidas en frontera.

I.8. Internacionalización

Es claro que la inserción en la economía mundial es una decisión que el país ha tomado con el objetivo de generar mayores oportunidades comerciales a los sectores productivos. Dentro de esa lógica, los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido uno de los pilares de esta política comercial en los últimos veinte años.

Desafortunadamente, en algunos casos su efecto no ha sido el esperado en las exportaciones nacionales, ya que las oportunidades potenciales que generan estos Acuerdos no se han reflejado en una mayor dinámica en algunos de estos mercados. Las ventas al exterior se siguen concentrando en pocos mercados y aún no hemos podido consolidar una base sólida para hablar de una diversificación de la oferta exportable, porque no hemos podido enlazar de la mejor forma la política productiva con la política comercial.

Para lograr sacar más provecho de los acuerdos comerciales se propone:

I.8.1. La elección de nuevos socios comerciales responde a intereses comerciales y no políticos, lo que asegura el Consejo Consultivo de Comercio Exterior.

Los Tratados de Libre Comercio se han convertido en los últimos años en escalones para acceder a otros Foros y no necesariamente en objetivos comerciales en sí mismos. Ello ha implicado que se negocien TLC con países cuyo comercio bilateral es irrelevante o con grandes sensibilidades para sectores productivos, pero con un peso relativo importante en iniciativas de integración, lo que facilitaría el ingreso del país a estas agrupaciones.

La conformación de grupos como por ejemplo la Alianza del Pacífico o el Acuerdo de Asociación Transpacífico, constituyen un nuevo tipo de integración más profunda, porque no solo implica una integración comercial, sino que lleva implícito un componente político, económico y de cooperación, donde el país tendrá que asumir nuevos compromisos si quiere formar parte.

Este entorno tan cambiante y dinámico implica un mayor involucramiento de los sectores productivos en las decisiones de escogencia de nuevos socios, porque serán estos sectores los que tendrán el mayor impacto.

Se proponen las siguientes acciones concretas:

I.8.1.1. Promover una política comercial incluyente y predecible, donde las decisiones relacionadas con la negociación de nuevos TLC o nuevos esquemas de integración sean tomadas, de manera vinculante, en instancias público-privadas creadas por ley, como el Consejo Consultivo de Comercio Exterior.

I.8.1.2. Desarrollar instrumentos de evaluación del impacto de nuevos acuerdos comerciales que demuestren los beneficios tanto para los sectores productivos como para el gobierno. Estas evaluaciones deben ser utilizadas como base para la toma de decisiones del Consejo Consultivo de Comercio Exterior.

I.7.1. El modelo regulatorio, basado en mecanismos de confianza, autorregulación y facilitación del cumplimiento, favorece la actividad industrial y la relación con las autoridades. Actualmente la Administración Pública, en materia de regulación, es excesivamente intervencionista e incapaz de hacer frente a sus responsabilidades de vigilancia y control. Su modelo regulatorio está basado, en regulaciones excesivas y de detalle que no asegura la protección de los intereses legítimos que el Estado debe realizar.

Ante esto, las acciones propuestas por la Cámara de Industrias en este tema son:

I.7.1.1. Fortalecer el gobierno digital para que promueva la transparencia, reduzca y elimine trámites, requisitos y demostraciones innecesarias y promueva la racionalización de las compras públicas.

I.7.1.2. Establecer una política integral de mejora regulatoria que aplique tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que considere los principios de racionalidad y proporcionalidad, instrumentos económicos, incentivos y mecanismos de autorregulación; así como la medición de las consecuencias de la inacción.

I.7.1.3. Incrementar la participación activa de la Administración Pública en la elaboración y adopción de normas técnicas y propiciar su uso en las regulaciones.

I.7.2. El uso de las herramientas de demostración de la conformidad, incluyendo la vigilancia del mercado, ha generado mayor eficiencia, confianza y seguridad entre los consumidores, los productores y los reguladores. La demostración de la conformidad de un producto, un servicio, un proceso o un sistema con los requisitos que le son aplicables pasa por el uso de instrumentos de evaluación de la conformidad, tales como la inspección, el ensayo o la calibración, o la certificación. Igualmente, las actividades de acreditación de las organizaciones que ofrecen estos servicios son esenciales para generar confianza en el mercado. El desarrollo de estas actividades es incipiente en Costa Rica.

Por esa razón se proponen las siguientes acciones:

I.7.2.1 Desarrollar un programa que incremente el nivel de exigencia de los consumidores, sobre la base del conocimiento para el consumo responsable y el fomento de asociaciones de consumidores.

I.7.2.2. Desarrollar un programa dirigido a las empresas industriales con el objetivo de elevar su capacidad para satisfacer las necesidades más exigentes y sofisticadas de los mercados, que integre y complemente las acciones públicas y privadas existentes.

I.7.2.3. Elaborar una estrategia de dinamización del Sistema Nacional de la Calidad que incluya tanto a los entes del sistema, como a los organismos de evaluación de la conformidad y sus usuarios, para lograr una eficiente articulación entre el Sistema y los usuarios.

I.7.3 Instrumentos de control aduanero y defensa comercial operan de modo efectivo y capturan incumplimientos que afectan la industria local.

Durante los últimos años, como consecuencia de la apertura comercial que ha impulsado el país, las importaciones y la competencia de productos en el mercado interno ha aumentado significativamente. También se ha incrementado el comercio desleal, el cual se presenta en varias de sus manifestaciones: subsidios, dumping, subfacturación, contrabando, “errores” de clasificación, no cumplimiento de reglas de origen, violaciones a los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

El país cuenta con legislación nacional e internacional para el combate de este tipo de prácticas, sin embargo, pese a la existencia de estos mecanismos, este tipo de prácticas persisten en el mercado, con lo cual se evidencia que los mismos no son eficaces en el combate del comercio desleal.

En este caso, se proponen las siguientes acciones:

I.7.3.1. Establecer en el MEIC una unidad facilitadora y de apoyo a la industria en los procesos de investigación de prácticas de comercio desleal, de tal forma que se convierta en un mecanismo al alcance de todo el sector productivo. I.7.3.2. Fortalecer las instancias de Control de las operaciones aduaneras de Comercio Exterior en la Dirección General de Aduanas, estableciendo esquemas que permitan

I.8.1. La elección de nuevos socios comerciales responde a intereses comerciales y no políticos, lo que asegura el Consejo Consultivo de Comercio ExteriorI.8.2. Una efectiva y eficiente administración de tratados asegura que se hace un buen uso y que la industria nacional aprovecha todas las ventajas. I.8.3. Sistemas de promoción e inteligencia comercial facilitan el acceso a oportunidades reales del comercio internacional.I.8.4. Apoyo financiero especializado contribuye a la apertura de nuevos mercados por empresas exportadoras.


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I.8.2. Una efectiva y eficiente administración de tratados y regímenes de exportación asegura que se hace un buen uso y que la industria nacional aprovecha todas las ventajas.

La proliferación de Acuerdos Comerciales ha planteado un reto a las autoridades nacionales que, más preocupadas por negociar, se han olvidado de administrar los compromisos asumidos en estos Acuerdos.

La Administración de Tratados y en general del comercio se ha convertido en el eslabón más débil de la estructura comercial del país y ello ha implicado que la capacidad de respuesta de las autoridades competentes sea muy limitada, debido a que aún no se han ajustado totalmente los objetivos institucionales con las disposiciones negociadas en los diferentes TLC.

La infraestructura actual también limita la demostración de cumplimiento de los requisitos sanitarios, fitosanitarios, inocuidad y calidad de los productos. La principal barrera al comercio dejó de ser el arancel y los temas sanitarios y de calidad son en la actualidad la principal limitante a un comercio más dinámico. El país por ende debe ser capaz de ofrecer tanto al exportador como al importador la infraestructura que le permita demostrar ese cumplimiento.

Por otra parte la infraestructura física y tecnológica actual de los puestos fronterizos y la falta de coordinación de las instituciones involucradas no facilitan trámites ágiles y eficientes. Con el objetivo de propiciar los cambios necesarios se propone:

I.8.2.1. Fortalecer la coordinación y modernizar los procedimientos de las instituciones públicas vinculadas con el cumplimiento y vigilancia de los derechos y las obligaciones contraídas en los Tratados de Libre Comercio, tanto a nivel de acatamiento de las disposiciones como de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de las mismas.

I.8.2.2. Promover esquemas de facilitación de comercio que procuren una infraestructura física y tecnológica moderna y ágil en los puestos fronterizos, incluidos los procedimientos para vender a zonas francas, y el desarrollo de una capacidad institucional y operativa de las entidades involucradas en los procesos comerciales en estos lugares.

I.8.3. Sistemas de promoción e inteligencia comercial facilitan el acceso a oportunidades reales del comercio internacional.

Muchas empresas –sobre todo Pyme- no logran mantener su gestión exportadora a lo largo del tiempo por temas diversos

como logística de exportación, poca capacidad de adaptación de sus productos a los cambios en los gustos y preferencias del consumidor, tramitología, competencia en el mercado meta, entre otros.

Las empresas que incursionan en el comercio internacional deben recibir un apoyo y orientación que les permita en la medida de lo posible aprovechar las oportunidades comerciales que se presentan en el exterior. Es por ello que se necesita un apoyo enfocado a atacar estas y otras necesidades de las empresas exportadoras, con el objetivo de mejorar la inserción comercial se proponen las acciones siguientes:

I.8.3.1 Generar mecanismos de promoción comercial efectivos y acordes con la realidad de las empresas exportadoras nacionales, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de aprovechar las oportunidades comerciales que genera el comercio internacional, en particular las derivadas de los Acuerdos Comerciales.

I.8.4. Apoyo financiero especializado contribuye a la apertura de nuevos mercados por empresas exportadoras.

Una pieza clave dentro del proceso de internacionalización de las empresas nacionales es el apoyo financiero con instrumentos acordes a sus necesidades. Desafortunadamente en nuestro país no existe una institución financiera especializada en atender las demandas del exportador nacional.

En la actualidad el apoyo está más enfocado a ofrecer instrumentos financieros para cubrirse del no pago de las ventas en el exterior, pero éste no es suficiente para generar un sector exportador más competitivo.

La oferta financiera debe enfocarse en atender también las necesidades financieras de las empresas para llevar a cabo sus actividades relacionadas con el comercio exterior, entre ellas el financiamiento de capital de trabajo, equipo, proyectos de inversión, innovación en productos y procesos, entre otros, relacionados con la actividad exportadora.

Pero, además, debe ofrecer diferentes servicios para cerrar exitosamente las transacciones comerciales de los exportadores nacionales, entre ellos el financiamiento de los compradores de productos nacionales y el acompañamiento de estas instituciones en ferias internacionales y otras instancias de promoción de exportaciones.

Para lograr lo anterior se propone:

I.8.4.1. Crear un mecanismo de financiamiento para acompañar los procesos de exportación, incluyendo el financiamiento a compradores internacionales de productos costarricenses.

II.1. Formación, competencias y habilidades de los trabajadores

El talento de las personas ha proporcionado competitividad notable tanto a la industria local como a la extranjera que se ha venido a instalar a Costa Rica, precisamente apostando a este elemento diferenciador. Sin embargo, el tipo y cantidad de talento que la industria demanda no siempre están alineados con las capacidades de los trabajadores disponibles en el mercado laboral, provocando que existan personas desempleadas pese a que en algunos campos las empresas no encuentran todos los colaboradores que necesitan. Lo anterior ha sido particularmente notorio para el sector industrial en el caso de trabajadores del nivel técnico.

Lograr una oferta laboral adecuada a las necesidades de la demanda requiere de una fuerte vinculación entre el sector empleador y los centros de enseñanza y capacitación, por lo cual se plantean los siguientes objetivos:

II.1.1. El sector industrial atrae y logra contratar los trabajadores con la formación, las competencias y las habilidades que requiere en sus puestos de trabajo.

Actualmente las empresas encuentran dificultades para encontrar personal idóneo en varias carreras técnicas y profesionales. En algunas ocasiones la limitación se refiere a cantidad de personal con la formación necesaria disponible

y en otras oportunidades se agrava la situación debido a que no se encuentra personal con la formación adecuada y que cuente además con las competencias -sobre todo las denominadas “blandas” -como por ejemplo la capacidad de innovación- para ser contratado.

Cerrar esta brecha requiere de acciones coordinadas entre los sectores educativos y el sector industrial para que la oferta de carreras responda a las necesidades de contratación, pero también para que los contenidos de estas carreras incorporen los conocimientos “duros y blandos” que necesita el sector.

Particular mención requiere la educación técnica. Para el sector industrial, el personal de nivel técnico representa un porcentaje mayoritario del total de trabajadores, por lo cual contar con recurso humano calificado en este nivel es fundamental. El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha venido realizando un esfuerzo importante en los Colegios Técnicos y Profesionales y ha creado una dirección específica, la que debe fortalecerse. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por su parte, está llamado a jugar un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades del personal técnico, sin embargo, muchas veces su accionar está limitado por requerimientos legales -debido a su figura jurídica- y es condicionado por razonamientos políticos -debido a la conformación de su Junta Directiva-. Un INA más flexible, con mayor capacidad para atender las necesidades cambiantes del sector productivo en el tiempo requerido y con vínculos claros con el sector para obtener el conocimiento directo de estas necesidades, es imprescindible para dar el salto hacia un desarrollo basado en la innovación.

Dado lo anterior, se propone:

II.1.1.3. Transformar el Instituto Nacional de Aprendizaje en un Ente Público No Estatal, que esté dirigido por una Junta

II. EMPLEO Y DESARROLLO HUMANO

II.1.1. El sector industrial atrae y logra contratar los trabajadores con la formación, las competencias y las habilidades que requiere en sus puestos de trabajo.II.1.2. Se ha transformado radicalmente la educación técnica para el sector industrial a través de la formación dual.


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Directiva conformada mayoritariamente por representantes de los sectores que le dan su financiamiento, con lo cual se busca que sus acciones respondan a criterios técnicos y a las necesidades del mercado, despolitizando su accionar.

II.1.1.3. Fortalecer la Dirección de Educación Técnica del MEP y su vinculación con los sectores productivos.

II.1.1.3. Establecer un mecanismo de revisión y actualización continua de los programas de formación de los Colegios de Educación Diversificada y Colegios Técnicos y de los programas de capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje, en la parte técnica y, en la parte profesional, de los programas de estudio de las Universidades Públicas y Privadas.

II.1.1.4. Implementar adecuadamente el Observatorio Laboral, incluido en la Política Nacional de Empleo, para permitir una visión integral de las necesidades de capacitación del mercado industrial.

II.1.2. Se ha transformado radicalmente la educación técnica para el sector industrial a través de la formación dual.

El sistema de educación o formación dual combina el aprendizaje en una empresa con la formación académica y es practicado en muchos países (es especialmente reconocido por su éxito en países como Alemania). Tiene la ventaja de brindar una mayor integración entre la teoría y la práctica, permite que las empresas orienten los planes de estudio, disminuye el tiempo de estudio y permite una formación adecuada a la demanda real.

Mediante la educación dual, las empresas se convierten en centros de educación y el estudiante asegura que su formación está mejor alineada con las necesidades del mercado, ya que la inmersión en la actividad productiva en la etapa de aprendizaje no solo genera experiencia real sino adquisición de conocimientos aplicados. Así, gana la empresa, gana el joven trabajador y gana la sociedad como un todo.

Uno de los principales puntos de éxito de este tipo de formación es que permite el pago de las horas del estudiante en la empresa a través del reconocimiento de una clase especial de trabajador denominado “aprendiz”, que

presenta algunas condiciones diferenciadas con respecto a los trabajadores normales de una empresa (edad, horario, remuneración, entre otras).

Costa Rica no cuenta con un marco legal apropiado para manejar la figura del aprendiz, por lo cual los intentos realizados en formación dual (por ejemplo el programa de empresas colaboradoras del INA) son limitados. Ante esto, se propone:

II.1.2.1. Crear la legislación adecuada para utilizar la formación dual –incluida la creación de la figura del aprendiz- como método de formación laboral para el sector industrial.

II.1.2.2. Desarrollar programa alineado entre las Instituciones de Educación correspondientes (el Instituto Nacional de Aprendizaje, Universidades, Colegios Técnicos, Ministerio de Educación Pública) y la Cámara de Industrias para optimizar la formación dual y la innovación en los futuros colaboradores industriales.

II.1.2.3. Diseñar esquemas de reconocimiento y demostración de la capacidad y competencia alcanzada mediante formación dual.

II.2. Regulación del mercado laboral

El Código de Trabajo de Costa Rica fue aprobado en el año de 1943, cuando la realidad costarricense era muy distinta a la actual. En ese entonces el país tenía como área principal la agricultura y la base de este Código era acorde con ella. En la actualidad, Costa Rica tiene una producción mucho más diversificada y los nuevos sectores de la industria requieren nuevas formas de trabajo, para cumplir los requerimientos de producción que exige la atención de nuevos mercados y enfrentar la nueva competencia nacional e internacional. El Ministerio de Trabajo, por su parte, realiza su función con base en este marco obsoleto. Por otra parte, las personas cada vez más buscan un balance adecuado entre el empleo y su vida personal, donde el primero sin lugar a dudas debe ser un motor de desarrollo para aportar al segundo factor, por lo que las empresas tienen el reto de brindar este balance y el país debe aportar un marco legal que permita alcanzar esta aspiración.

Asimismo, deben aprovecharse las herramientas que la era digital ofrece para lograr este balance.

Por lo anterior, se proponen los siguientes objetivos:

II.2.1. Autoridades e instituciones laborales fortalecidas favorecen un clima de entendimiento y un mercado laboral dinámico.

El Ministerio de Trabajo ha mantenido por muchos años una función centralizada y reglamentaria, con poca visión de desarrollo de un mercado laboral adecuado a las necesidades de los sectores productivos. Es necesario que el Ministerio de Trabajo pueda reorientar su accionar más hacia una función rectora del mercado laboral. Para ello se propone:

II.2.1.1. Fortalecer la Dirección de Inspección, para que sea un aliado tanto de la empresa como de los colaboradores para promoción de las leyes laborales en el país.

II.2.1.2. Fortalecer, mediante la asignación de un presupuesto adecuado, al Consejo de Salud Ocupacional para que asuma adecuadamente su papel de promoción de las políticas de salud y seguridad laboral.

II.2.1.3. Establecer al Consejo Superior de Trabajo como el centro de los acuerdos laborales en el país y como órgano para crear una política pública de equidad de género, inserción laboral para personas con discapacidad y de la tercera edad y

en contra de la discriminación laboral.

II.2.1.4. Fortalecer la función del Consejo Nacional de Salarios como órgano especializado en materia salarial.

II.2.1.5. Establecer un sistema simplificado de salarios mínimos mediante un único salario “mínimo minimorum”.

II.2.2. El marco legal del mercado laboral permite la sostenibilidad de las empresas en concordancia con el desarrollo de capacidades de los colaboradores. Las condiciones actuales de competencia del sector industrial exigen que las relaciones obrero-patronales se realicen bajo una legislación laboral más flexible que, sin dejar de lado las condiciones laborales de los trabajadores, permitan a la empresa adaptarse a las necesidades productivas.

Para producir los cambios necesarios en la legislación laboral del país en la búsqueda de la optimización de las relaciones obrero patronales, se propone:

II.2.2.1 Modernizar el Código de Trabajo, para adecuarlo a las condiciones actuales del mercado laboral. Esta reforma debe incluir, entre otros aspectos necesarios para compatibilizar la regulación con la realidad del mercado, lo siguiente:

a. Las modificaciones legales que permitan una mayor flexibilidad en el manejo de las jornadas y los horarios de los trabajadores, incluyendo el sustento jurídico para optimizar el sistema de Teletrabajo en el sector industrial.b. Legislación para que beneficios adicionales al salario que la industria estaría anuente a implementar no sean parte de las prestaciones obrero-patronales, ni derechos adquiridos, esto con el fin de no lesionar la competitividad pero fomentar el otorgamiento de beneficios que mejoran notablemente la calidad de vida de los colaboradores.

II.2.1. Autoridades e instituciones laborales fortalecidas favorecen un clima de entendimiento y un mercado laboral dinámico.II.2.2. El marco legal del mercado laboral permite la sostenibilidad de las empresas en concordancia con el bienestar de los colaboradores.


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III.1. Efectividad ambiental

La competitividad del país se debe basar en el uso racional y efectivo de los recursos y no en la sobreexplotación de los mismos. Para ello es necesario lograr mantener e incrementar la ventaja comparativa que la imagen internacional ofrece a los bienes y servicios producidos en el país.

En los últimos años el país ha promovido internacionalmente la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, utilizándola como una herramienta para atraer cooperación internacional para el desarrollo de algunos proyectos específicos como la mejora en el transporte público, la gestión de los residuos y algunas transformaciones en los sectores agrícolas, sin embargo poco ha sido lo realizado en la propuesta de políticas, programas y planes que promuevan, tanto los sectores productivos como en la administración pública en general, los cambios cualitativos necesarios para el desarrollo equilibrado y sostenible de nuestro país.

En este sentido se proponen los siguientes objetivos:

III.1.1. La industria y el país se encuentran en transición hacia una economía verde.

Durante las últimas décadas el Estado costarricense se ha enfocado en lograr un crecimiento económico basado principalmente en la promoción del comercio internacional. Por otra parte se debe señalar que en Costa Rica ha fundamentado su política ambiental en la protección de los

recursos, el establecimiento de regulaciones ambientales restrictivas en lugar de la promoción del uso sostenible de los recursos y el reconocimiento del valor económico que estos tienen para la economía nacional. De manera tal que el crecimiento económico del país no ha causado necesariamente que se alcance el desarrollo sostenible.

Es necesario que las empresas adopten esquemas de mejoramiento continuo en los temas de calidad, así como de mejora del desempeño ambiental, utilizando la innovación tecnológica que sirva más a sus propósitos y permita optimizar los recursos y maximizar los insumos, pero para lograr estos cambios se requiere la acción conjunta de los actores sociales para lograr avanzar hacia una verdadera economía verde. Para lograr lo anterior, se propone:

III.1.1.1. Armonizar las políticas y regulaciones fiscales, comerciales, de promoción de I+D+I, atracción de inversiones, formalización de empresas, entre otras, para apoyar la transición hacia una economía verde.

III.1.1.2. Reforzar la aplicación de la responsabilidad extendida/compartida del productor mediante la promoción de alianzas público-privadas.

III.1.1.3. Promover de manera clara y transparente una política de compras verdes que permita acelerar la transición del sector industrial hacia una producción sostenible.

III.1.2. La eco-eficiencia en las cadenas de valor de los bienes industriales es promovida mediante incentivos y reconocimientos.

En algunas de las regulaciones recientes se ha establecido la obligación al Estado de establecer normas para la promoción de uso eficiente de recursos, disminución de la contaminación u otros aspectos, la realidad refleja que pocas

III. AMBIENTE Y DESARROLLO

III.1.1. La industria y el país se encuentran en transición hacia una economía verde.III.1.2. La eco-eficiencia en las cadenas de valor de los bienes industriales es promovida mediante incentivos y reconocimientos.

acciones concretas se han realizado en esta temática. Por otra parte, algunos premios o reconocimientos otorgados por el Estado, no ofrecen valor agregado significativo a los empresarios ya que tienen poco o nulo reconocimiento por parte de los consumidores, sumado a esto un mercado que no regula las auto-declaraciones de fabricantes sobre productos sostenibles, causando una gran inseguridad tanto entre los consumidores intermedios como en los finales de la “sostenibilidad” del bien adquirido.

La Cámara de Industrias considera que deben ofrecerse mecanismos de fomento a formas optimizadas de consumo con amplia cobertura y efectos multiplicadores, que permiten diferenciar de manera efectiva los esfuerzos en producción ecoeficiente de las acciones que son puras prácticas de mercadeo. Estos mecanismos y los incentivos propician el cambio en los esquemas de producción y consumo, con lo cual se aumentan las ventajas comparativas y competitivas de las operaciones productivas.

Por lo anterior, se propone:

III.1.2.1. Promover la normalización, regulación y evaluación de la conformidad de productos sostenibles.

III.1.2.2. Fomentar la adopción de instrumentos de eco-diseño, producción más limpia, disminución de la contaminación y así como el desarrollo y la adopción de tecnologías sustentables.

III.2. Administración de los recursos

Para el año 2012 Costa Rica ocupó el quinto lugar en el Índice de Desempeño ambiental elaborado por la Universidad de Yale y utilizado por el Foro Económico Mundial como base para evaluar la Sostenibilidad de la Competitividad de las Naciones. Sin embargo, esta posición no significa que el país tenga un excelente desempeño ambiental ya que al realizar el análisis de las tendencias de los períodos anteriores se aprecia un retroceso en aspectos relacionados con el Cambio Climático, a pesar del discurso internacional, y en la gestión del recurso hídrico.

Esta situación pone en riesgo las ventajas comparativas que Costa Rica ofrece tanto para el desarrollo de actividades de servicio como el turismo, como para la atracción de

inversiones y aprovechamiento de nichos de mercado emergentes.

Por lo anterior, se plantean los siguientes objetivos:

III.2.1. Se ha establecido un plan nacional de uso eficiente de los recursos que incluye tanto aspectos de sensibilización ciudadana como medidas para la promoción de acciones positivas para el uso racional de todos los recursos.

La presión que las actividades humanas, tanto urbanas como industriales, ejercen sobre los recursos es intensa y creciente. La capacidad de los sistemas naturales para proveer de agua y energía en sus diferentes formas y fuentes se ve amenazada por la creciente demanda, con una oferta variable e indefinida en cuanto a su capacidad máxima.

La competitividad del país se debe basar en el uso racional y efectivo de los recursos y no en la sobreexplotación. Las actividades de control de la contaminación son necesarias y deben ser aceptadas, pero no como único medio o actividad de las empresas para disminuir su impacto ambiental. Debe crearse un compromiso real y verificable tanto de las empresas públicas como privadas en materia de reducción, reutilización y correcta disposición de los residuos con una participación activa de las comunidades.

Para lograr el objetivo se propone:

III.2.1. Se ha establecido un plan nacional de uso eficiente de los recursos que incluye tanto aspectos de sensibilización ciudadana como medidas para la promoción de acciones positivas para el uso racional de todos los recursos.III.2.2. El uso de fuentes fósiles y otros materiales alternativos para la síntesis de materias primas fundamentales se promueve tanto en el ámbito académico como productivo.III.2.3. Se ha logrado integrar las variables ambientales en la planificación del ordenamiento territorial, tanto en el ámbito nacional como local.


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III.2.1.1. Establecer programas nacionales de ahorro de recursos que fijen un plazo y metas de reducción para todas las actividades socioeconómicas (incluidas las del propio Estado) del país.

III.2.1.2. Establecer un sistema de indicadores ambientales mediante el cual se monitoree y divulgue el avance en las metas propuestas.

III.2.1.3. Sensibilizar al ciudadano sobre el impacto de sus decisiones de compra u otros hábitos de consumo en el consumo de recursos naturales, la generación de residuos y sus efectos para el bien vivir de las generaciones futuras. III.2.1.4. Definir un plan de acción de corto plazo, que incluya la asignación de recursos económicos, para el estudio, investigación y desarrollo de nuevas fuentes generadoras de energías o para proyectos que prueben la eficacia de las fuentes alternas ya existentes.

III.2.2. El uso de fuentes fósiles y otros materiales alternativos para la síntesis de materias primas fundamentales se promueve tanto en el ámbito académico como productivo.

Los hidrocarburos fósiles derivados del petróleo, constituyen recursos valiosos pero limitados cuyo uso principal es como fuente energética, aunque su valor estratégico reconocido es como fuente de materias primas para uso en la industria.

Los materiales residuales bio-másicos son también reconocidos como fuente alternativa de energía, sin embargo también poseen potencial para ser transformados en materias primas similares a las obtenidas del petróleo.

El aprovechamiento sustentable de estos materiales para la obtención de materias primas para el uso nacional o internacional permitirá dar un viraje sustancial a la industria nacional, partiendo de emprendimientos eco- innovadores y con una fuerte base tecnológica.

Para ello se propone:

III.2.2.1 Permitir la prospección, exploración y explotación de

yacimientos de petróleo en el territorio nacional con destino a la producción de materias primas.

III.2.2.2 Establecer programas de apoyo y cooperación público-privados para el fomento del desarrollo de nuevos materiales a partir de biomasa residual.

III.2.3. Se ha logrado integrar las variables ambientales en la planificación del ordenamiento territorial, tanto en elámbito nacional como local.

La planificación urbana en Costa Rica se basa principalmente en una visión urbanística, de necesidades de vivienda, antes que en las necesidades de los otros sectores de la población y en particular sin considerar aspectos de riesgos ambientales, como lo son la disponibilidad de agua y energía. La definición de zonas industriales debe responder más a las facilidades de acceso que a la afectación del “valor” potencial de los terrenos en los que éstas se ubiquen.

Se requiere, por lo tanto, una planificación del crecimiento coordinada con las políticas ambientales que permita un desarrollo de actividades, obras o proyectos más expedito, al tener los desarrolladores y las autoridades ambientales un marco de acción bien delimitado mediante el cual puedan solicitar medidas de precaución y prevención ante posibles impactos basados en criterios técnicos generales bien establecidos, asegurando con esto una contribución efectiva al desarrollo sostenible. Para lograr lo anterior, se propone:

III.2.3.1. Coordinar políticas de asentamiento y uso territorial con políticas ambientales.

III.2.3.2. Ordenar y mejorar los sistemas de transporte público de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de movilización de fuerza laboral y mercancías.

III.2.3.3. Fortalecer la evaluación ambiental estratégica en la planificación nacional, definición de políticas y programas de asentamientos humanos.

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hacia la empresa · limitado uso de las herramientas de protección de la propiedad intelectual, en...

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