guia de atencion al desplazado

Programas, proyectos y acciones desarrollados por las entidades del Sistema Nacional de

Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia, SNAIPD

Cuadernillo4

Gua de atencin integral a la poblacin desplazada por la violencia en Colombia, Tomo I

ISBN: 978-958-44-2276-7

Bogot D.C., ColombiaDiciembre de 2007

Repblica de ColombiaPresidente de la Repblicalvaro Uribe Vlez

Sistema Nacional de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia, SNAIPD

Agencia Presidencial para la Accin Social y la CooperacinInternacional, Accin SocialAlto Consejero Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin InternacionalLuis Alfonso Hoyos Aristizbal

Unidad Tcnica ConjuntaConvenio Accin Social - Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNURCoordinador (agosto 2004 - septiembre 2007)Jos Ubernel Arboleda GonzlezCoordinador (octubre 2007)Edgar Forero Pardo

Coordinacin general y redaccin de textosMnica Machado ValenciaAsesora Unidad Tcnica Conjunta

Coordinacin editorial, edicin, diseo y diagramacinClemencia Pea TrujilloBeatriz Pea Trujillo

Ilustraciones de cubiertas Javier Les Esguerra

Ilustraciones internasTatiana Lpez Maldonado

ImpresinEscala Ltda.

La Gua de atencin integral a la poblacin desplazada por la violencia en Colombia fue consolidada por el equipo de la Unidad Tcnica Conjunta, UTeC, a partir de la informacin proporcionada por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia. Colaboraron en la compilacin de informacin y la redaccin de textos Viviana Ferro Buitrago y Haylen Maldonado Serrano; tambin se cont con la permanente asesora tcnica de Mara Viviana Gaitn Garca.

Contenido

Introduccin 71. Fase de Prevencin y Proteccin 91.1. Programa Presidencial de Derechos Humanosy Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la Repblica 111.2. Ministerio del Interior y de Justicia 221.3. Ministerio de Defensa Nacional 281.4. Defensora del Pueblo 331.5. Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional, Accin Social 442. Fase de Atencin Humanitaria de Emergencia 612.1. Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional, Accin Social 632. 2. Ministerio de la Proteccin Social 852.3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 943. Fase de Estabilizacin Socioeconmica 993.1. Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional, Accin Social 1013.2. Ministerio de Educacin Nacional 1233.3. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 1303.4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1353.5. Banco Agrario de Colombia S. A. 1403.6. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER 1463.7. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 1503.8. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 1543.9. Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A., BANCOLDEX 1593.10. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 162

6Gua de atencin integral a la poblacin desplazada por la violencia en Colombia

3.11. Ministerio de la Proteccin Social 1794. Acciones de apoyo a la coordinacin territorial, la proteccin de grupos tnicos y la comunicacin y divulgacin de informacin del SNAIPD 1814.1. Ministerio del Interior y de Justicia 1824.2. Ministerio de Comunicaciones 1914.3. Comisin Nacional de Televisin 196

7Cuadernillo 4

Introduccin

C ada una de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atencin Integral a la Poblacin Despla-zada por la Violencia tiene a cargo el desarrollo, en el mar-co de sus competencias, de programas, proyectos y acciones orientados a facilitar la restitucin de los derechos vulnera-dos de la poblacin afectada por el desplazamiento forzado, todo ello a travs de la integracin de esfuerzos pblicos y privados.

La coordinacin de estos esfuerzos, como se seala en el Plan Nacional para la Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia, es la estrategia fundamental para lograr res-puestas oportunas y de impacto efectivo tanto en beneficio de la poblacin en riesgo y en situacin de desplazamiento como de los territorios afectados por la violencia.


En este cuadernillo se presenta la oferta1 de programas, proyectos y acciones que las entidades pblicas que hacen parte del SNAIPD desarrollan con el objeto de cubrir integralmente las necesidades de la poblacin en riesgo o en situacin de desplazamiento.

La oferta de estas entidades se presenta en tres grupos, correspondientes a cada una de las tres fases de la atencin (Prevencin y Proteccin, Atencin Humanitaria de Emergencia y Estabilizacin Socioeconmica) que estructu-ran la poltica pblica de prevencin y atencin al desplazamiento forzado, se-gn la etapa de la atencin en la que se desarrollan. En el caso de programas, proyectos o acciones que abarcan ms de una de las fases de la atencin, la informacin respectiva se presenta en la primera fase en que se adelantan.

En el ltimo captulo se incluyen programas, proyectos o acciones que constitu-yen componentes transversales de la poltica relacionados con la coordinacin territorial, la proteccin de la integridad de los grupos tnicos y el apoyo a las comunicaciones y a la divulgacin de informacin relativa al SNAIPD.

1 La compilacin de la oferta presentada en este cuadernillo se realiz principalmente a partir de la informacin que las entidades pblicas que hacen parte del SNAIPD sumi-nistraron en un formato de recoleccin diseado por la Unidad Tcnica Conjunta. Para precisar y complementar la informacin, se recurri a la pgina web de estas entidades y a la revisin de diferentes documentos de poltica pblica y de los informes presentados por el SNAIPD a la Corte Constitucional en respuesta a la Sentencia T-025 de 2004; adems, se cont con la colaboracin de funcionarios de las entidades, quienes presta-ron su apoyo en la revisin y la correccin de los textos.

9Cuadernillo 4

1. Fase de Prevencin y Proteccin

D entro del conjunto de estrategias y esfuerzos que de-sarrolla el Estado colombiano para enfrentar la pro-blemtica del desplazamiento forzado por la violencia se cuentan las acciones desarrolladas en la fase de Prevencin y Proteccin.

Esta fase hace parte integral de la poltica pblica de pre-vencin y atencin al desplazamiento forzado y est orien-tada, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional para la Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia, bien sea a impedir el impacto de la violencia en las poblaciones donde existe el riesgo de desplazamiento o bien a mitigar en las personas afectadas los efectos adversos de este fenmeno y a proteger sus bienes patrimoniales.

Para la implementacin de la poltica pblica en materia de prevencin y proteccin, las entidades pblicas que hacen


parte del Sistema Nacional de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia, SNAIPD, en el nivel nacional, desarrollan los programas, proyectos y acciones que se presentan a continuacin.

11Cuadernillo 4

1.1. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la Repblica

1.1.1. Proyecto de Descentralizacin de la Poltica de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Este proyecto, que se comenz a desarrollar en 2004, es compartido por el rea de Atencin y Prevencin del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Direccin de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Cada una de estas entidades desarrolla el proyecto en 16 departamentos del territorio nacional.

El objetivo de esta iniciativa es lograr que las autoridades regionales conozcan y asuman sus responsabilidades en materia de proteccin, promocin, defensa y vigencia de los derechos humanos y de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Busca, adems, que todos los departamentos del pas incorpo-ren en sus Planes de Desarrollo lneas de poltica relacionadas con estos temas, lo cual es fundamental para proteger y defender adecuadamente los derechos humanos y avanzar en el respeto a la normativa humanitaria.

La implementacin de este proyecto se realiza a travs de la formulacin con-certada de Planes de Accin Departamentales y Municipales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con las autoridades civiles, la Fuerza Pblica y representantes de la sociedad civil. El proyecto tambin cuenta con modelos para construir estos Planes de Accin y los planes opera-tivos para la implementacin de acciones en la fase de Prevencin y Proteccin, en el mbito departamental.

Para hacer seguimien to a esta estrategia, el Programa cre un sistema de informa-cin que permite monitorear la elaboracin, la adopcin y la implementacin de los Planes de Accin en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en cada departamento. El sistema adems incluye la informacin sobre la consti-tucin y la operacin de los Comits Locales de Derechos Humanos.


Cobertura

Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario le corresponde desarrollar el proyecto en los departamentos de Arauca, Bolvar, Boyac, Casanare, Cauca, Guaviare, Meta, Nario, Norte de Santander, San Andrs, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaups y Vichada.

El proyecto est dirigido a las administraciones departamentales, especialmen-te a las Secretaras de Gobierno, las Secretaras de Planeacin y las Consejeras de Paz y Derechos Humanos.

1.1.2. Proyecto Prevencin a Violaciones de Derechos Humanos, Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos y Aplicacin del Derecho Internacional Humanitario: Atencin a la Poblacin Desplazada.

Este es un proyecto compartido por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Direccin de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Cada una de estas entida-des desarrolla el proyecto en 16 departamentos del territorio nacional.

13Cuadernillo 4

El objetivo del proyecto es fortalecer una cultura institucional participativa que permita la ejecucin de polticas pblicas que garanticen el respeto a los derechos humanos, con el liderazgo de las autoridades regionales y locales y de las organizaciones de la sociedad civil.

En el marco del proyecto se busca establecer herramientas prcticas para que los gobernadores y alcaldes estn en capacidad de identificar posibles facto-res de amenaza al derecho a la vida y la integridad personal de la poblacin desplazada asentada en sus jurisdicciones. Asimismo, se pretende definir una ruta de atencin que establezca roles, funciones y procedimientos especficos encaminados a prevenir, resolver y mitigar dichos factores.

El proyecto incluye las siguientes acciones:

Apoyo a Accin Social en la interlocucin y la coordinacin con las entida-des territoriales para la elaboracin de los Planes Integrales nicos, PIU, en los departamentos a cargo.

Impulso y apoyo a la instalacin de las Mesas de Prevencin y Proteccin de los Comits Departamentales de Atencin Integral a la Poblacin Despla-zada por la Violencia.

Apoyo en el diseo y la realizacin de talleres departamentales de capaci-tacin a organizaciones de poblacin desplazada para divulgar las rdenes contenidas en la Sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos Autos, el De-creto 250 de 2005, el Decreto 2007 de 2001 y los mecanismos para la pro-teccin de tierras de poblacin desplazada.

Recepcin de quejas y denuncias motivadas por amenazas contra la vida de personas desplazadas.

Capacitacin a la Polica Nacional para que desarrolle talleres de seguridad preventiva dirigidos a las personas desplazadas que han recibido amenazas contra su vida.

Elaboracin de un diagnstico sobre los manuales de funciones y procedi-mientos con los que cuentan los departamentos y municipios para garanti-zar el respeto al derecho a la vida de la poblacin desplazada.


Estructuracin de un modelo nico de manual de funciones y procedimien-tos, en los departamentos y municipios, orientado a asegurar a la poblacin desplazada atencin diferencial respecto a la proteccin del derecho a la vida.

Cobertura

El Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tiene a cargo el desarrollo del proyecto en los departamentos de Arauca, Bolvar, Boyac, Casanare, Cauca, Guaviare, Meta, Nario, Norte de Santander, San Andrs, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaups y Vichada.

El proyecto est dirigido a las administraciones departamentales, especialmen-te a las Secretaras de Gobierno, las Secretaras de Planeacin y las Consejeras de Paz y Derechos Humanos.

1.1.3. Proyecto de Atencin a Comunidades en Riesgo

Este proyecto, que se comenz a adelantar en 2004, es compartido por el rea de Polticas y Coordinacin Interinstitucional del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Direccin de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Su desarrollo es apoyado por la Defensora del Pueblo, la Procuradura General de la Nacin, Accin Social y la Fuerza Pblica.

El objetivo general del proyecto es proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades en donde existe riesgo de violacin de los mismos a causa de la violencia, adems de apoyar la ejecucin de la poltica del Plan Nacional de Desarrollo en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. En especial, el proyecto busca aumentar los niveles de proteccin de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad y seguridad persona-les de las comunidades vulnerables por la violencia, a travs de tres estrategias:

Fortalecimiento de las instituciones estatales a nivel nacional para aumen-tar su capacidad de proteccin de los derechos humanos de las comunidades en riesgo por la violencia.

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Restablecimiento o mejoramiento de las relaciones entre el Estado y la comunidad.

Prestacin de asistencia tcnica para la formulacin de la poltica pblica en materia de prevencin y proteccin a comunidades en riesgo por la violencia.

Para desarrollar estas estrategias, se adelantan acciones dirigidas a:

Fortalecer a las entidades estatales competentes para que emprendan accio-nes conjuntas, articuladas, integrales y permanentes dirigidas a la preven-cin de violaciones a los derechos humanos y a la proteccin de los mismos en las comunidades en riesgo focalizadas.

Fortalecer a las organizaciones sociales, comunitarias, tnicas, cvicas y po-pulares de las comunidades en riesgo focalizadas para que desarrollen ini-ciativas, presenten propuestas, concierten con las autoridades pblicas y se involucren en la implementacin de las medidas de prevencin de violacio-nes a los derechos humanos y en la proteccin de los mismos.

Propiciar la creacin o el fortalecimiento de espacios pblicos participativos, como escenarios de articulacin entre las autoridades pblicas y las comuni-dades en riesgo focalizadas, para la negociacin, la concrecin, el desarrollo, el seguimiento y la evaluacin de las medidas preventivas y protectivas acordadas, dirigidas al goce efectivo de los derechos humanos y la observancia del DIH.

Para desarrollar el proyecto, se elaboran planes de accin en prevencin y pro-teccin a travs de las siguientes actividades:

Las autoridades locales competentes realizan un diagnstico de la situacin humanitaria de las comunidades en riesgo de su jurisdiccin y, posterior-mente, hacen sus propuestas para prevenir las acciones que pongan en riesgo los derechos humanos de estas comunidades y que puedan violar las normas del Derecho Internacional Humanitario. Las propuestas tambin deben contener acciones de proteccin para las comunidades en riesgo focalizadas.

Las comunidades, en un proceso separado del anterior, desarrollan su pro-pio ejercicio de valoracin de riesgo y proponen medidas preventivas, pro-tectivas y autoprotectivas.


En un espacio concertado entre las autoridades locales competentes y la co-munidad, se formulan los planes de accin en prevencin y proteccin, que se nutren de las propuestas surgidas de los dos procesos anteriores.

A lo largo de todo el proceso, las entidades del nivel nacional responsables del proyecto hacen presencia permanente en las zonas a travs de coordina-dores regionales que realizan un monitoreo de la situacin humanitaria y acompaan las propuestas que surjan de los planes de accin.

Cobertura

Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario le corresponden la proteccin y la atencin de las comunidades en riesgo asentadas en las siguientes zonas focalizadas:

Departamento de Arauca Sierra Nevada de Santa MartaProvincia de Ocaa y regin del CatatumboMacizo Colombiano y centro del CaucaMontes de MaraPacfico narienseSur del Tolima

1.1.4. Observatorio de Minas Antipersonal

Colombia hace parte de los Estados firmantes de la Convencin de Ottawa, la cual prohbe el empleo, el almacenamiento, la produccin y la transferencia de minas antipersonal y compromete a los Estados a garantizar la destruccin de stas. Por tal razn, el pas asume el compromiso de proporcionar asistencia en el cuidado y la rehabilitacin de las vctimas de minas antipersonal y en su integracin social y econmica, as como el de promover programas de sensibi-lizacin sobre el tema.

A partir de 2001, el Observatorio de Minas Antipersonal, adscrito al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se ha constituido en el escenario gubernamental para la aplicacin de la Convencin de Ottawa, a travs de diferentes lneas de accin:

17Cuadernillo 4

atencin a sobrevivientes de accidentes causados por minas antipersonal,programas para prevenir el uso de minas antipersonal,concientizacin para eliminar la utilizacin de minas antipersonal,desminado humanitario,gestin de informacin relacionada con los compromisos del pas por ser

parte de los Estados firmantes de la Convencin einstitucionalizacin del Plan Nacional de Accin Contra Minas.

Tambin se desarrollan acciones de educacin en materia de prevencin de accidentes por minas antipersonal en las comunidades asentadas en las zonas identificadas por el Observatorio.

Con el fin de sistematizar la informacin necesaria para hacer la georreferen-ciacin de campos minados y zonas donde se presentan accidentes e incidentes por minas antipersonal o artefactos explosivos abandonados, el Observatorio cuenta con el Sistema de Gestin de Informacin en la Accin contra Minas Antipersonal, IMSMA. En este sistema adems se procesan las estadsticas re-lacionadas con minas antipersonal a nivel nacional, departamental y municipal.

Cobertura

El Observatorio cubre departamentos afectados por la problemtica de las minas antipersonal, con especial nfasis en 12 que han sido priorizados: Antioquia, Arauca, Bolvar, Caquet, Cauca, Cesar, Crdoba, Cundinamarca, Meta, Santander, Norte de Santander y Vaups. Las acciones desarrolladas por el Observatorio involucran a las administraciones departamentales y municipales (Secretaras de Gobierno, Secretaras de Salud, Secretaras de Educacin, Consejeras de Paz y Derechos Humanos).

1.1.5. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Desde el ao 2004, la Vicepresidencia de la Repblica, a travs del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ha trabajado en la consolidacin de una base de datos sobre el fenmeno del desplazamiento


forzado. Este observatorio constituye una forma de proteccin de los Derechos Humanos y el DIH, pues recopila y divulga permanentemente informacin sobre la magnitud y la tendencia que presenta el desplazamiento, de manera que sea posible focalizar acciones de prevencin del mismo.

En los informes consolidados por el Observatorio se da cuenta del nivel de vul-neracin de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad y la segu-ridad personales, a travs de variables como la presencia de minas antipersonal o de accidentes ocasionados por stas, acciones de grupos armados al margen de la ley, masacres, homicidios y secuestros.

Cobertura

El Observatorio tiene cobertura en todo el territorio nacional.

1.1.6. Programa de Apoyo a la Conformacin de Observatorios Departamentales

Este programa se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su funcin es impulsar la conformacin de los observatorios de derechos humanos y DIH departamentales, con el pro-psito de que cada departamento cuente con la informacin sobre la magnitud y la tendencia que presenta el fenmeno del desplazamiento en su regin y, con base en esta informacin, focalice las acciones necesarias para la proteccin de los derechos humanos de la poblacin afectada por el desplazamiento y para el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Para la implementacin de los observatorios departamentales, el Programa desarrolla capacitaciones en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, as como en creacin de bases de datos para registrar la in-formacin de los observatorios departamentales previamente conformados. Igualmente, realiza monitoreo del funcionamiento de estos observatorios y recomienda acciones correctivas en caso de ser necesario.

Cobertura

El Programa va dirigido a los gobiernos departamentales y cubre todo el terri-torio nacional.

19Cuadernillo 4

1.1.7. Proyecto Cultura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Este proyecto es una estrategia que busca promover cambios culturales que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Para tal fin, desarrolla las siguientes acciones:

Construccin, formulacin y acompaamiento al Plan de Cultura de Dere-chos Humanos, dirigido a funcionarios de las instituciones pblicas.

Diseo de estrategias pedaggicas para la sensibilizacin y la formacin de funcionarios pblicos en temas relacionados con una cultura de los dere-chos humanos.

Diseo e implementacin de estrategias de formacin de diferentes sectores sociales, institucionales, poblacionales y tnicos en derechos humanos.


Diseo e implementacin de estrategias de comunicacin masivas y alter-nativas a travs de las cuales se difundan prcticas propias de sociedades inscritas en un marco de cultura de los derechos humanos.

Implementacin de estrategias y mecanismos para fortalecer la gestin de los funcionarios pblicos territoriales en cuanto a la garanta del respeto a los derechos humanos, as como la corresponsabilidad social para la vigen-cia de los mismos.

Formulacin de una estrategia para socializar entre las comunidades y las autoridades locales los conceptos de Estado Social de Derecho, derechos colectivos de los pueblos indgenas, derechos humanos y Derecho Interna-cional Humanitario, a travs de actividades pedaggicas.

En el ao 2007, el proyecto ha validado las estrategias y lneas de accin con-tenidas en el mencionado Plan de Cultura de Derechos Humanos mediante la realizacin de tres proyectos piloto.

Cobertura

Macizo caucano: municipio de San Sebastin (corregimientos de Valencia y Santiago), municipio de Bolvar (corregimientos de San Juan, El Morro, Lerma, Carbonera, Capellana, Los Rastrojos, Rodeo, San Miguel Melchor, El Carmen, San Lorenzo, Los Milagros, Chalguayaco), comunidad ind-gena Yanacona (Cabildo Papallaqta).

Municipio de El Tambo (Cauca).

Sierra Nevada de Santa Marta: departamento de La Guajira (municipios de Dibulla-Mingueo y San Juan del Cesar), departamento del Cesar (mu-nicipio de Valledupar), resguardos indgenas Wiwa, Arhuaco, Kogui y Kankuamo.

El proyecto va dirigido a funcionarios de las entidades pblicas en el nivel na-cional y territorial y a diferentes grupos sociales, entre otros, estudiantes, do-centes, organizaciones sociales y grupos tnicos.

21Cuadernillo 4

Articulacin del Programa Presidencial con el nivel territorial para desarrollar los programas, proyectos o acciones de atencin

El Programa Presidencial de Derechos Humanos y De-recho Internacional Humanitario apoya a las administra-ciones locales en la aplicacin de la poltica de derechos humanos y DIH, a travs de la coordinacin y la con-certacin con los Comits Territoriales (Departamenta-les, Distritales y Municipales) de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada y sus instancias de coordinacin, en particular, las Mesas de Prevencin y Proteccin, as como con los Comits Departamentales de Accin Inte-gral contra Minas (conformados por las Secretaras de Educacin, Salud y Gobierno; las Fuerzas Militares y de Polica y organismos de seguridad; organizaciones no gubernamentales y representantes de organismos inter-nacionales) y con los Comits de Derechos Humanos, que formulan y ponen en marcha los Planes de Accin en Derechos Humanos en el nivel departamental.


1.2. Ministerio del Interior y de Justicia

1.2.1. Proyecto de Descentralizacin de la Ejecucin de la Poltica de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Este proyecto es desarrollado en conjunto con el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresi-dencia de la Repblica1. En el Ministerio del Interior y de Justicia, est a cargo de la Direccin de Derechos Humanos.

Cobertura

Al Ministerio le corresponde desarrollar el proyecto en los departamentos de Atlntico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Antioquia, Quindo, Guaina, Amazonas, Putumayo, Caquet, Choc, Risaralda, Crdoba, Cundinamarca, Huila y Caldas.

1.2.2. Proyecto Prevencin a Violaciones de Derechos Humanos, Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos y Aplicacin del Derecho Internacional Humanitario: Atencin a la Poblacin Desplazada

El desarrollo de este proyecto es responsabilidad de la Direccin de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, que comparte su ejecucin con el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario2.

Cobertura

El Ministerio tiene a su cargo el desarrollo del proyecto en los departamen-tos de Atlntico, Cesar, La Guajira, Magdalena, Antioquia, Choc, Crdoba, Quindo, Risaralda, Caldas, Putumayo, Amazonas, Guaina, Cundinamarca, Huila y Caquet.

1 Ver numeral 1.1.1. de este cuadernillo.2 Ver numeral 1.1.2. de este cuadernillo.

23Cuadernillo 4

Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto estn dirigidas a las admi-nistraciones departamentales, especialmente a las Secretaras de Gobierno y de Planeacin y las Consejeras de Paz y Derechos Humanos.

1.2.3. Proyecto de Atencin a Comunidades en Riesgo

Este proyecto es desarrollado por la Direccin de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, junto con el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y cuenta con el apoyo de la Defensora del Pueblo, Accin Social, la Procuradura General de la Nacin y la Fuerza Pblica.3

Cobertura

Al Ministerio del Interior y de Justicia le corresponden la proteccin y la aten-cin de las comunidades asentadas en el Urab antioqueo y chocoano, de las comunidades campesinas del oriente antioqueo, de los pueblos Embera Cham en Caldas y Risaralda, de las comunidades de Caquet y de los pueblos Embera Kato.

1.2.4. Programa Proteccin de Derechos Humanos a Personas en Situacin de Riesgo Inminente

Este programa, que est a cargo de la Direccin de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, fue creado en 1997 como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la sociedad civil. Su propsito es dar proteccin a ciertos grupos de poblacin especialmente vulnerables y a defen-sores de los derechos humanos contra las amenazas y acciones violentas de organizaciones armadas al margen de la ley, que vulneran o ponen en riesgo los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad y seguridad personales de dichos grupos y personas.

El marco legal que rige el Programa establece que ste prestar proteccin, entre otras personas, a dirigentes de organizaciones de poblacin desplazada y a personas en situacin de desplazamiento con niveles de riesgo extraordi-

3 Ver numeral 1.1.3. de este cuadernillo.


narios. Por esta razn, en el ao 2004, el Ministerio del Interior y de Justicia cre dentro del Programa el Comit de Reglamentacin y Evaluacin de Riesgos, CRER, para institucionalizar la proteccin diferencial a este grupo poblacional, a efectos de asegurar y proteger el pleno respeto de sus derechos a la vida, la integridad personal y la libertad y seguridad personales.

El CRER se encarga de efectuar una evaluacin del nivel de riesgo y del gra-do de amenaza de cada persona; de acuerdo con los resultados, las entidades competentes proporcionan medidas de seguridad individual y/o colectiva, que son complementadas con acciones coordinadas con la Fuerza Pblica y con la realizacin de cursos de autoproteccin.

Las medidas de proteccin recomendadas por el CRER son implementadas por el Ministerio del Interior y de Justicia a travs de la Direccin de Derechos Humanos, en coordinacin con el Departamento Administrativo de Seguri-dad, DAS, y la Polica Nacional. Para tal fin, estas entidades crearon un grupo especial interinstitucional, con asiento permanente en la Direccin de Dere-chos Humanos. Adems, el Ministerio dise un formulario nico para la ins-cripcin de los lderes y dirigentes de la poblacin desplazada en el Programa, que permite asegurar una atencin diferencial y prioritaria.

Cobertura

El programa cubre todo el territorio nacional.

Las personas en situacin de desplazamiento y los lderes de poblacin despla-zada que quieran ingresar al Programa deben demostrar la situacin de ries-go extraordinario en que se encuentran, as como su inclusin en el Registro nico de Poblacin Desplazada (RUPD).

1.2.5. Comit Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT

El CIAT fue creado por el Gobierno nacional en noviembre de 2002, como un componente de la poltica pblica de prevencin de las violaciones de los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Como parte del proceso de fortalecimiento de esta instancia de coordinacin/herramienta

25Cuadernillo 4

de prevencin, y para conformarla formalmente, el Ministerio del Interior y de Justicia expidi el Decreto 2862, del 27 de julio de 2007, por el cual se confor-ma y reglamenta el Comit Interinstitucional de Alertas Tempranas.

Como instancia de coordinacin interinstitucional, el CIAT favorece el pro-ceso de gobernabilidad del pas como Estado Social de Derecho y facilita la coordinacin de respuestas ordenadas y oportunas frente a los informes de riesgo (focalizado y de alcance intermedio)4 y las notas de seguimiento de los informes de riesgo provenientes del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensora del Pueblo.

4 Los informes de riesgo se emiten frente a la inminencia de hechos violatorios de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Los informes de riesgo focalizado se emiten cuando el mbito de la situacin de riesgo advertida, en trminos de poblacin y de territorio, no trasciende la jurisdiccin de un municipio. Por su parte, los informes de riesgo de alcance intermedio se emiten cuando el mbito de riesgo ad-vertido involucra poblacin y territorio de dos o ms municipios.


El CIAT est integrado por el Vicepresidente de la Repblica o su delega-do; el Alto Consejero Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional o su delegado; el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado; el Ministro de Defensa Nacional o su delegado y el Director del Departamento Administrativo de Seguridad o su delegado. Su Secretara Tcnica es ejercida por el Viceministro del Interior y de Justicia. En situaciones particulares, tam-bin pueden participar en el CIAT otras entidades pblicas que ste considere pertinentes.

El propsito del CIAT es integrar o coordinar a las autoridades civiles y/o de la Fuerza Pblica en la respuesta que el Estado debe dar con ocasin de un informe de riesgo, sin quebrantar normas de imperativa observancia, como las relativas a la lnea de mando policial y militar y aquellas que reconocen deter-minada potestad discrecional a las autoridades territoriales para la aplicacin de medidas de orden pblico. El Comit valora y evala los informes de riesgo (tanto los focalizados como los de alcance intermedio) y las notas de segui-miento emitidos por el SAT, y recomienda y propicia la adopcin de acciones de prevencin orientadas a mitigar, disuadir o eliminar los riesgos de violacio-nes a los derechos humanos de la poblacin comprendida en estos informes de riesgo y notas de seguimiento.

Con el objeto de lograr una adecuada coordinacin interinstitucional se ha diseado un procedimiento de trabajo para la recepcin, la verificacin y la evaluacin de informes de riesgo; la remisin de recomendaciones; la emisin de alertas tempranas; y el seguimiento a las situaciones de riesgo y a las accio-nes de las autoridades frente a estos riesgos.

De acuerdo con este procedimiento, en cuanto el Ministerio del Interior y de Justicia recibe un informe de riesgo, lo retransmite a las entidades que hacen parte del Comit para que cada una de stas, a travs de sus propias fuentes y segn sus procedimientos internos, verifique, analice y valore los riesgos con-tenidos en el informe y, de ser necesario, adopte inmediatamente las medidas y acciones pertinentes para proteger a la poblacin civil.

27Cuadernillo 4

Posteriormente, en una reunin de evaluacin, se analizan y valoran los infor-mes de verificacin de los riesgos que han sido elaborados por las diferentes instituciones y dependencias que participan en el Comit, los cuales contienen, entre otros, las acciones y los planes de seguridad y los informes de la situacin de derechos humanos, segn los indicadores que produce el Observatorio de la Vicepresidencia. A partir del anlisis y la valoracin efectuados, se decide, por consenso, si se debe emitir o no una alerta temprana, as como las reco-mendaciones que, en caso de ser necesarias, deben hacerse a las autoridades civiles, militares y policiales del orden nacional, departamental o municipal competentes. Teniendo en cuenta la naturaleza de los riesgos y el contexto de la situacin, se solicita la adopcin de medidas de Fuerza Pblica y/o de medi-das administrativas de control del orden pblico y/o de atencin humanitaria, orientadas a mitigar, disuadir, controlar o eliminar los riesgos de violaciones a los derechos humanos de la poblacin.

Cobertura

Las acciones desarrolladas por el CIAT cubren todos los departamentos del pas y protegen a la poblacin en riesgo de violacin de sus derechos humanos, especficamente los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad y seguridad personales.

Articulacin del Ministerio con el nivel territorial para desarrollar los programas, proyectos o acciones de atencin

El Ministerio del Interior y de Justicia realiza la apli-cacin de la poltica de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario a travs de la coordinacin y concertacin con los Comits Territoriales de Aten-cin Integral a la Poblacin Desplazada y sus instancias de coordinacin, en particular, las Mesas de Preven-cin y Proteccin, as como con los Comits de Dere-chos Humanos que formulan y ponen en marcha los Planes de Accin en Derechos Humanos en el nivel departamental.


1.3. Ministerio de Defensa Nacional

1.3.1. Programa de Capacitacin y Entrenamiento en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Con el objetivo de difundir entre el personal militar y policial que se encuentra en los Centros de Instruccin y Entrenamiento de la Fuerza Pblica temas relacionados, entre otros, con los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la legislacin especial para comunidades indgenas, afrocolom-bianas y rom, el desplazamiento forzado y los mecanismos para prevenirlo y para proteger los derechos de la poblacin afectada por ste, el Ministerio de Defensa Nacional desarrolla un programa permanente de capacitacin, de tipo formal e informal, curricular y extracurricular, en los temas mencionados.

Para tal fin, el Ministerio ha contado con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Accin Social, la Defensora del Pueblo, la Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Procuradura General de la Nacin y el Ministerio del Interior y de Justicia.

Cobertura

El Programa cubre a todos los miembros de la Fuerza Pblica, conformada por las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional, en proceso de instruccin y entrenamiento.

1.3.2. Programa Departamentos y Municipios Seguros, DMS

En el marco de la Poltica de Seguridad Democrtica, el programa ha traba-jado, desde marzo de 2004, prestando asesora tcnica para el fortalecimiento de la gobernabilidad local en materia de convivencia y seguridad ciudadanas. Esta asesora est dirigida a los Gobernadores, Alcaldes y Comandantes de Unidades de Polica, quienes, con las dems autoridades locales de polica y de

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justicia deben asumir, de manera coordinada, integral y preventiva, la gestin territorial de la convivencia y la seguridad ciudadanas.

El programa es liderado por la Direccin General de la Polica Nacional de Colombia, en asocio con los Ministerios de Defensa y del Interior y de Justicia, y ha contado con el apoyo tcnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Seccin de Asuntos Narcticos de la Embajada de los Estados Unidos (NAS) y de la Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional de la Presidencia de la Repblica.

El programa tiene como objetivo especfico garantizar que los Alcaldes y Gobernadores:

Conozcan y lideren las funciones constitucionales y legales que les correspon-den en el manejo del orden pblico y como primeras autoridades de polica.

Formulen planes territoriales de seguridad y convivencia, en consulta con las autoridades y entidades que, en el territorio, tienen responsabilidades en estas materias, como los Comandantes de Polica municipal y departamen-tal, los Centros de Investigacin Criminolgica (CIC) de la Polica, repre-sentantes de otros cuerpos de seguridad del Estado en la respectiva zona, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el sector justicia y el sector salud, entre otros.

Destinen recursos presupuestales, especialmente a travs de los Fondos de Vigilancia y Seguridad, para apoyar y desarrollar programas de seguridad preventivos y coercitivos.

Creen y/o fortalezcan, en el nivel municipal y departamental, sistemas y/u observatorios unificados de informacin sobre conflictividad, violencia y delincuencia.

Realicen las reformas necesarias para crear una estructura administrativa al interior de la Secretara de Gobierno de la entidad territorial respectiva, que coordine, elabore y haga seguimiento a la poltica pblica de convivencia y seguridad ciudadanas.


Involucren activamente a la comunidad en la formulacin y el desarrollo de las polticas de seguridad.

Difundan, a nivel departamental y municipal, los planes y polticas de con-vivencia y seguridad ciudadanas entre la comunidad organizada y los Con-cejos Municipales, de tal forma que la promocin, la ejecucin y el control de estos asuntos sean efectivos.

Formalicen el funcionamiento mensual del Consejo de Seguridad y de otros escenarios interinstitucionales que se consideren convenientes y oportunos como escenarios de discusin, anlisis y toma de decisiones en materia de seguridad y convivencia.

Lideren las estrategias de promocin de la convivencia y la seguridad ciuda-danas a nivel departamental y local.

Cobertura

La asesora tcnica a los departamentos y municipios se presta tanto desde el nivel nacional como desde cada una de las 32 entidades departamentales, agru-padas en las siguientes 8 regiones policiales creadas por la Direccin General de la Polica Nacional (Resolucin 03944 del 29 de octubre de 2001):

Regin 1: compuesta por la Polica Metropolitana de Bogot y los departa-mentos de Boyac y Cundinamarca (240 municipios).

Regin 2: compuesta por los departamentos de Tolima, Huila y Caquet (100 municipios).

Regin 3: compuesta por los departamentos de Caldas, Quindo y Risaralda (53 municipios).

Regin 4: compuesta por la Polica Metropolitana de Cali y los departamen-tos del Valle del Cauca, Cauca, Nario y Putumayo (160 municipios).

Regin 5: compuesta por los departamentos de Norte de Santander, San-tander, Cesar y Arauca (159 municipios).

Regin 6: compuesta por la Polica Metropolitana del Valle del Aburr y los departamentos de Antioquia, la zona de Urab, Crdoba y Choc (184 municipios).

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Regin 7: compuesta por los departamentos de Meta, Casanare, Vichada, Guaina, Guaviare, Vaups y Amazonas (84 municipios).

Regin 8: compuesta por los departamentos de Atlntico, Magdalena, Bol-var, La Guajira, Sucre y San Andrs (141 municipios).

1.3.3. Definicin de la situacin militar de hombres en situacin de desplazamiento

Con el propsito de apoyar a los hombres en situacin de desplazamiento que no tengan resuelta su situacin militar, el Ministerio de Defensa, mediante la Resolucin 1700 del 13 de julio de 2006, estableci, como medida especial, que la expedicin de la Tarjeta Provisional Militar para los ciudadanos en si-tuacin de desplazamiento por la violencia tuviera un costo igual al 0,5% del salario mnimo mensual legal vigente. Esta resolucin tiene una vigencia de tres aos a partir de su fecha de expedicin.

La expedicin de la Tarjeta Provisional Militar para los ciudadanos en situa-cin de desplazamiento est a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares, a travs de la Direccin de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejrcito Nacional.

Cobertura

Hombres en situacin de desplazamiento, de todo el territorio nacional, obli-gados legalmente a resolver su situacin militar.

Articulacin del Ministerio con el nivel territorial para desarrollar los programas, proyectos o acciones de atencin

Puesto que los Comits Territoriales (Municipales, Distritales y Departamentales) de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada por la Violencia estn encar-gados de elaborar los planes de contingencia para pre-venir desplazamientos y adelantar acciones tendientes a minimizar los riesgos contra la vida, la integridad per-sonal y la libertad y la seguridad personales de la po-


blacin en riesgo o en situacin de desplazamiento, las Fuerzas Militares y la Polica Nacional deben participar en los Comits, en cumplimiento tanto de la Ley 387 de 1997 y del Decreto 250 de 2005 como de las Directivas Ministeriales Nmero 09 de 2005 y Nmero 01 de 2006, que fueron expedidas para desarrollar cabalmen-te las obligaciones contenidas en las normas referidas.

Para la toma de decisiones que contribuyan al trata-miento integral de la atencin a la poblacin despla-zada tanto en municipios expulsores como receptores, los departamentos y municipios disponen de instancias como los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad y los Comits de Orden Pblico. Estas ins-tancias permiten a corto, mediano y largo plazo (i) pre-venir, analizar y controlar aquellas conductas delictivas que afectan los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad y la seguridad personales; y (ii) buscar la disminucin de los riesgos y las acciones que pongan en peligro la convivencia ciudadana.

El Ministerio de Defensa Nacional tambin apoya las decisiones que adopta la primera autoridad territorial en los rdenes municipal y departamental para el man-tenimiento del orden pblico y la seguridad ciudadana.

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1.4. Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo, como entidad del Estado que hace parte del Mi-nisterio Pblico, tiene obligaciones, derivadas de la Constitucin, la ley y la jurisprudencia, en materia de promocin y defensa de los derechos humanos de las vctimas del desplazamiento forzado y de la poblacin en riesgo de des-plazamiento. Este mandato se enmarca en el plan estratgico institucional, basado en las lneas de visin de la entidad que se dirigen a brindar atencin especializada a la poblacin en riesgo o en situacin de desplazamiento; a la promocin y defensa de los derechos de este grupo poblacional; y al segui-miento e incidencia en las polticas publicas diseadas para la atencin de esta poblacin, de manera que stas sean definidas con participacin ciudadana y con enfoque de derechos humanos.

Las acciones de la Defensora del Pueblo en materia de prevencin y aten-cin al desplazamiento forzado son desarrolladas particularmente a travs de los grupos humanos adscritos a la Coordinacin Nacional para la Atencin a Poblacin Desplazada y a las Defensoras Regionales y Seccionales en todo el pas, con el apoyo de la gestin articulada de las Direcciones Nacionales, las Defensoras Delegadas y dems dependencias.

Para implementar las funciones de la Defensora del Pueblo en materia de pre-vencin y atencin al desplazamiento forzado, se han definido las siguientes estrategias de intervencin:

Acompaamiento permanente a las comunidades vulnerables o en riesgo de desplazamiento en las regiones focalizadas.

Impulso a la poltica territorial para la atencin a poblacin desplazada o en riesgo de desplazamiento.

Fortalecimiento institucional e intervencin frente a desplazamientos en zonas de frontera.


Fortalecimiento de la capacidad de prevencin y atencin al desplazamiento forzado al interior de la Defensora del Pueblo.

Contribucin a la difusin, la apropiacin y el manejo de las actividades de prevencin y atencin al desplazamiento forzado por parte de los funciona-rios de todas las oficinas de la Defensora del Pueblo en el nivel nacional.

Fortalecimiento de las organizaciones de poblacin en situacin o en riesgo de desplazamiento.

Con el propsito de desarrollar las funciones de promocin y divulgacin de los derechos humanos de la poblacin desplazada y del DIH, as como de realizar el seguimiento y el control de las funciones asignadas en materia de prevencin y atencin al desplazamiento a las instituciones que conforman el SNAIPD, la entidad dise las siguientes cuatro reas misionales:

1.4.1. Promocin de la Participacin Democrtica para el Empoderamiento Ciudadano

Se propone ampliar el conocimiento tanto de los individuos como de la comu-nidad en general sobre sus derechos y los mecanismos de realizacin de stos, lo mismo que sobre las polticas pblicas y las instancias de garantas para hacerlos efectivos.

Asimismo, cualifica la intervencin de los actores sociales en los espacios de-mocrticos de participacin ciudadana y desarrolla las capacidades de la po-blacin en situacin de desplazamiento y de sus organizaciones con el fin de que puedan mejorar sus aportes en los escenarios de participacin. En este sentido, busca el reconocimiento de las organizaciones de poblacin desplaza-da como instancias legtimas, organizadas y calificadas para participar en las decisiones sobre las polticas, los planes y los programas que conciernen a este grupo poblacional.

Finalmente, la Defensora fortalece la capacidad de incidencia de las organi-zaciones de poblacin desplazada mediante procesos de sensibilizacin y ca-pacitacin, dirigidos a estas organizaciones, en temas de derechos humanos, derechos de la poblacin vctima del desplazamiento forzado y control social.

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1.4.2. Investigacin para la Accin

Tiene como objetivo fundamental desarrollar capacidades y condiciones de inves-tigacin en los funcionarios de la Defensora del Pueblo, para cualificar las accio-nes de la entidad y ampliar su capacidad de intervencin e incidencia poltica.

En materia de desplazamiento forzado, se desarrollan en esta rea misional las siguientes actividades:

Elaboracin de diagnsticos regionales sobre la dinmica del desplaza-miento forzado y las nuevas modalidades de ste, entre otras, el desplaza-miento intraurbano, los desplazamientos interveredales y las comunidades emplazadas.

Realizacin de investigaciones relacionadas con la atencin estatal a esta problemtica y con los derechos de la poblacin desplazada de sectores par-ticulares como la niez, la mujer y las minoras tnicas.


Anlisis y evaluacin de las polticas pblicas existentes en materia de pre-vencin y atencin al desplazamiento forzado por la violencia, orientados a la formulacin de recomendaciones, con nfasis en el enfoque de derechos y el enfoque diferencial.

1.4.3. Atencin

Busca la proteccin y la defensa de los derechos humanos de las personas y grupos ms vulnerables, entre los que se cuenta la poblacin en riesgo y en si-tuacin de desplazamiento. Ello a travs de mediacin de problemticas socia-les, proteccin judicial, servicio de Defensora Pblica, control de las entidades pblicas y particulares a las que se haya asignado la prestacin de un servicio pblico y determinacin de riesgos de violacin de los derechos humanos de la poblacin civil como consecuencia del conflicto armado.

Los componentes de esta rea misional son:

A) Esquema de atencin especializada

Se ha diseado un esquema de atencin especializada para la poblacin en riesgo o en situacin de desplazamiento, que se realiza a partir de las siguien-tes estrategias:

a) Recepcin de declaraciones

Esta labor es efectuada por las Defensoras Regionales y Seccionales, que reci-ben la informacin de quienes fueron forzados a desplazarse, as como de los hechos que originaron su desplazamiento, y diligencian los formatos que, para el efecto, dise la Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional, Accin Social. En la recepcin de las declaraciones, los funcio-narios de la Defensora del Pueblo deben seguir los lineamientos establecidos en la Circular 17 de 2001, emitida por el Procurador General de la Nacin.

Durante la recepcin de la declaracin, los funcionarios de la Defensora del Pueblo prestan a las personas desplazadas orientacin y asesora acerca de sus derechos y de los mecanismos existentes para la realizacin y la exigibilidad de

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los mismos. Las declaraciones recibidas se remiten a las Unidades Territoriales de Accin Social correspondientes.

b) Seguimiento a la accin del Estado para la atencin a la poblacin en situacin de desplazamiento forzado por la violencia

Las Defensoras Regionales y Seccionales deben realizar, en el mbito de su ju-risdiccin, el seguimiento a las acciones cumplidas por las entidades naciona-les y territoriales que conforman el SNAIPD para la atencin de la poblacin en situacin de desplazamiento. El seguimiento tiene por objeto velar por la proteccin y la realizacin de los derechos de esta poblacin.

c) Impulso a los Comits Municipales, Distritales y Departamentales de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada

Las Defensoras Regionales y Seccionales participan en los Comits Municipa-les, Distritales y Departamentales de Atencin Integral a la Poblacin Despla-zada; adems, impulsan la conformacin de estas instancias en los municipios, distritos y departamentos en donde an no se han conformado e instan a los gobernadores y alcaldes a convocarlas peridicamente.

Con base en la informacin de que dispone, la Defensora del Pueblo asesora a las autoridades departamentales y, en los casos en que lo soliciten, a las auto-ridades municipales y distritales en la formulacin de planes de accin para la prevencin y atencin al desplazamiento forzado.

d) Misiones de Atencin Humanitaria

Las Misiones de Atencin Humanitaria constituyen estrategias instituciona-les de proteccin de los derechos de la poblacin en riesgo o en situacin de desplazamiento, y acciones de apertura, ampliacin y sostenimiento de los es-pacios humanitarios, indispensables para garantizar la atencin y la proteccin de la poblacin civil en el marco del conflicto armado interno.

Las Misiones tienen como objetivos verificar los factores de riesgo que pue-den provocar el desplazamiento forzado de poblacin civil en una determinada


zona; procurar la atencin humanitaria de la poblacin en riesgo o en situacin de desplazamiento; y verificar las condiciones de vida de esta poblacin, la ac-cin del Estado a su favor y la aplicacin efectiva de las condiciones de seguri-dad y voluntariedad en los procesos de retorno.

La Defensora del Pueblo, a travs de la Direccin de Atencin y Trmite de Quejas, el Sistema de Alertas Tempranas, la Coordinacin Nacional para la Atencin a Poblacin Desplazada y las Defensoras Regionales y Seccionales, con el apoyo de los defensores comunitarios, participa en las Misiones Humanitarias.

e) Acompaamiento permanente a travs de los defensores comunitarios

La Defensora del Pueblo hace presencia permanente en zonas fuertemente afectadas por el conflicto armado interno, con el fin de promover y fortalecer la accin estatal para la prevencin del desplazamiento y la proteccin de los derechos de la poblacin civil en zonas de alto riesgo.

Este acompaamiento permanente busca, entre otras cosas, generar una mayor accin de la cooperacin internacional, que contribuya a la prevencin de viola-ciones de derechos humanos y a la proteccin de los derechos de la poblacin civil, as como a empoderar a las comunidades locales para que fortalezcan el ejercicio de sus derechos fundamentales.

La estrategia de acompaamiento se ejecuta a travs de las Defensoras Regionales y Seccionales y de los defensores comunitarios, quienes realizan el acompaamiento en zonas de alto riesgo y alta ocurrencia de desplazamiento asignadas a cada uno, mediante las siguientes acciones:

Caracterizar y analizar la dinmica del conflicto armado y del desplaza-miento forzado, as como los impactos de stos en las comunidades y los mecanismos para afrontar dichos impactos.

Capacitar a las autoridades y a las comunidades de las zonas asignadas en los derechos de la poblacin en situacin o en riesgo de desplazamiento, lo mismo que en los mecanismos y procedimientos para la realizacin de estos derechos.

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Adelantar un proceso de formacin y capacitacin a la poblacin de la zona asignada en temas de derechos humanos en general, derechos de la poblacin en situacin de desplazamiento forzado y Derecho Internacional Humanitario.

Desarrollar y fortalecer la accin defensorial en la zona asignada, atendiendo las quejas de la poblacin y requiriendo de las entidades del SNAIPD el cumplimiento de sus responsabilidades y competencias.

Suministrar al Sistema de Alertas Tempranas informacin relacionada con la situacin de riesgo y la vulnerabilidad de los derechos de la poblacin de la zona asignada.

Mediar entre las comunidades cuando se presenten diferencias entre stas y buscar la resolucin pacfica de conflictos.

f) Asesora por parte de la Coordinacin Nacional para la Atencin a Poblacin Desplazada

La Coordinacin Nacional para la Atencin a Poblacin Desplazada de la Defensora del Pueblo presta asesora a las distintas dependencias de la Defensora del Pueblo Nacional y Regional en diversos temas relacionados con la atencin al desplazamiento forzado por la violencia; adems, coordina dis-tintos proyectos de cooperacin internacional (Zonas Receptoras, Defensores Comunitarios, Asesores de Frontera). El objetivo de esta asesora es brindar herramientas necesarias para el ejercicio de las funciones de atencin a la po-blacin en riesgo o en situacin de desplazamiento, para lo cual hace nfasis en las siguientes acciones:

Monitoreo y anlisis del proceso de toma de declaracin a quienes se han visto forzados a desplazarse, con el fin de presentar las recomendaciones y los ajustes que sea necesario hacer al proceso.

Diagnsticos regionales sobre la dinmica del desplazamiento. Con base en la informacin suministrada por las Defensoras Regionales y Seccionales, se elaboran informes regionales sobre la situacin del desplazamiento for-zado, para conocimiento de las dems dependencias de la entidad.


Seguimiento a casos de desplazamiento masivo, el cual se realiza conjunta-mente con las Defensoras Regionales y Seccionales. Se elaboran informes defensoriales cuyo objetivo es la documentacin de estos casos y la formula-cin de recomendaciones puntuales a las autoridades competentes. Tambin se hace seguimiento al cumplimiento de estos informes defensoriales.

Recopilacin y actualizacin de informacin sobre los diversos pronuncia-mientos de las altas Cortes referentes a la problemtica del desplazamiento forzado. Las directrices sobre la aplicacin prctica de dichos pronuncia-mientos se remite a las Defensoras Regionales y Seccionales.

B) Programa Sistema de Alertas Tempranas

La direccin del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, y la aplicacin del plan de ac-cin del mismo se encuentran a cargo de la Defensora Delegada para la Evaluacin del Riesgo de la Poblacin Civil como Consecuencia del Conflicto Armado.

Como resultado de un proceso integral de monitoreo, verificacin y anlisis, el Sistema de Alertas Tempranas emite informes de riesgo ante la inminencia de hechos violatorios de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Un informe de riesgo puede ser: i) focalizado, cuando el mbito de la situacin de riesgo advertida, en trminos de poblacin y de territorio, no tras-ciende la jurisdiccin de un municipio; o ii) de alcance intermedio, cuando el mbi-to de riesgo advertido involucra poblacin y territorio de dos o ms municipios.

Un complemento de los informes de riesgo son las notas de seguimien-to, las cuales son reportes dirigidos al Comit Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT, elaborados con el propsito de informar sobre la evolucin o la persistencia de la situacin de riesgo. Los informes de riesgo son remitidos al CIAT para que las autoridades y las entidades competentes desarrollen las actividades requeridas de manera coordinada.

El Sistema de Alertas Tempranas es un instrumento de naturaleza civil que se fundamenta en los siguientes principios: humanitarios, de proteccin, de imparcialidad, de celeridad y de respeto por las competencias. En tal sentido, la accin preventiva del SAT est enmarcada en:

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el respeto por la dignidad humana;

el deber de proteccin de la poblacin civil, sin generar riesgos adicionales ni agravar los preexistentes;

la promocin de la intervencin humanitaria, sin propiciar o constituir ven-taja alguna para los actores que participan en la confrontacin armada;

la oportuna advertencia de las situaciones de riesgo de violacin de los de-rechos de la poblacin civil, con el fin de activar por parte de las entidades competentes una respuesta integral, coordinada y eficaz para prevenir la ocurrencia de violaciones de los derechos humanos; y

el respeto por las atribuciones constitucionales y legales de la Defensora del Pueblo, en correspondencia con los principios de coordinacin, subsidiarie-dad, concurrencia y respeto por las competencias de las diferentes institu-ciones del Estado.

Objetivos del Sistema de Alertas Tempranas

Monitorear las dinmicas del conflicto armado en los mbitos regional y local, el tipo de violencia y control que ejercen los actores armados sobre la poblacin civil y los intereses que dinamizan sus acciones.


Advertir a las autoridades competentes sobre el riesgo de ocurrencia de vio-laciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con el fin de disuadir, controlar, mitigar o superar el riesgo.

Desarrollar los lineamientos de una poltica institucional que permita a la Defensora intervenir eficazmente en la prevencin de las violaciones de de-rechos humanos derivadas del conflicto armado.

Impulsar y concertar la coordinacin intrainstitucional para mejorar la efec-tividad de las acciones de prevencin de la Defensora del Pueblo.

Apoyar la formulacin de una poltica pblica y de un sistema nacional de prevencin que orienten y coordinen al conjunto del Estado en su deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales de la poblacin civil de las consecuencias del conflicto armado.

Impulsar procesos de articulacin interinstitucional con entidades pblicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para la pro-mocin y la prctica de los derechos humanos y la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario.

Elaborar y difundir informes e investigaciones que apoyen la accin del Es-tado y que aporten a la formulacin participativa de una poltica pblica en materia de prevencin integral de la violacin de los derechos humanos.

Mecanismos de acceso al Sistema de Alertas Tempranas

Las personas, entidades u organizaciones pueden comunicarse directamente con el SAT, en forma personal, telefnica, por internet o por cualquier otro medio, con el fin de suministrar la informacin que consideren til para la valoracin de situaciones de riesgo.

Igualmente, las Personeras Municipales, las Iglesias, las entidades pblicas, las personas y las comunidades afectadas o expuestas a amenazas y situaciones de riesgo de violacin de sus derechos, las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias y no gubernamentales, los medios de comunicacin, las universi-dades, los centros de investigacin, etc., pueden establecer contacto con el SAT para compartir apreciaciones y lecturas sobre el conflicto armado.

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1.4.4. Programa Magistratura Moral

Esta magistratura se ejerce a travs de pronunciamientos, comunicados, reso-luciones defensoriales e informes realizados sobre el seguimiento a casos es-peciales. La Magistratura Moral es el escenario en el cual la Defensora del Pueblo elabora la doctrina defensorial y se prepara para participar e incidir de manera experta en instancias de decisin poltica, legislativa y jurdica, como el Congreso de la Repblica y la Corte Constitucional y, particularmente, en el caso del desplazamiento forzado, el Consejo Nacional para la Atencin Integral a la Poblacin Desplazada.

Cobertura

Las acciones que adelanta la Defensora del Pueblo son desarrolladas desde todas las oficinas de la institucin en el territorio nacional. Existen oficinas en todas las capitales de los departamentos del pas; adems, en Apartad (Antioquia), donde se atiende a las comunidades de Urab, El Darin y el norte del Choc, y en Barrancabermeja (Santander), donde se atiende a las comuni-dades del Magdalena Medio.

Articulacin de la Defensora con el nivel territorial para desarrollar los programas, proyectos o acciones de atencin

Con el fin de garantizar a todos los residentes en Colom-bia el acceso a la Defensora del Pueblo y a sus servicios, existen 22 Defensoras Regionales y 13 Defensoras Seccionales5.

Para desarrollar las estrategias en terreno, el equipo hu-mano de la Coordinacin Nacional para la Atencin a Poblacin Desplazada est conformado por coordina-dores operativos, defensores comunitarios, asesores en zonas receptoras, asesores en zonas de frontera, aseso-res regionales y asesores nacionales.

5 Ver directorio de las Defensoras Regionales y Sectoriales en el CD anexo a la Gua.


1.5. Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional, Accin Social

1.5.1. Centro de Coordinacin de Accin Integral, CCAI

La recuperacin social del territorio es un concepto orientador de la poltica pblica nacional. Tal recuperacin se basa en la consolidacin de un entorno de seguridad democrtica, propio del Estado Comunitario, y en la generacin de condiciones sociales e institucionales bsicas que impulsen la estabilizacin y la consolidacin del desarrollo local, la paz y la cultura de la legalidad. La recuperacin social del territorio se logra a travs del control militar del mismo por parte del Estado, as como del fortalecimiento institucional, logrado me-diante la presencia de las instituciones del Estado en la zona y la prestacin de los servicios sociales a todos los habitantes.

La recuperacin del control estatal, obtenida gracias a las operaciones de las Fuerzas Militares y de la Polica Nacional en los territorios con dbil presencia institucional, influencia de grupos armados al margen de la ley, presencia de cultivos ilcitos, bajo crecimiento econmico, baja cobertura de servicios so-ciales y fragmentacin social, ha puesto en evidencia la necesidad de comple-mentar las acciones militares y policiales con inversin social y programas de generacin de ingresos que permitan reconstruir el tejido social y recuperar la confianza de la poblacin en las instituciones y, de esta manera, recobrar la legitimidad y fortalecer la gobernabilidad en estas regiones.

Para complementar dichas acciones militares y policiales, el Gobierno nacional cre, en 2004, el Centro de Coordinacin de Accin Integral, CCAI, liderado por la Presidencia de la Repblica y coordinado por Accin Social. El CCAI tiene como objetivo restablecer la legitimidad de las autoridades e instituciones pblicas, la confianza de la poblacin en stas y la gobernabilidad en las zonas recuperadas militarmente. En esta direccin, el CCAI se ha trazado tres metas principales:

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Consolidar la recuperacin social del territorio en 58 municipios identifica-dos como prioritarios en 11 zonas del pas.

Apoyar la recuperacin social del territorio en los corregimientos y cen-tros poblados a donde retornan o llegan las Fuerzas Militares y la Polica Nacional.

Difundir la estrategia de coordinacin integral para la recuperacin social del territorio en municipios no prioritarios.

Las zonas donde acta el CCAI son territorios en los que confluyen varios fac-tores, tales como el desarrollo de operaciones militares especiales, la existencia de una situacin humanitaria que merece cuidado urgente, elevados niveles de pobreza y marginacin, presencia de cultivos ilcitos y narcotrfico y una dbil presencia institucional del Estado.

El CCAI rene a entidades del Estado como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Educacin, el Ministerio de la Proteccin Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, la Polica Nacional y las Fuerzas Militares, la Registradura Nacional del Estado Civil y la Fiscala General de la Nacin, entre otras.

En el marco del CCAI, estas entidades desarrollan jornadas institucionales y econmicas en los territorios recuperados por las Fuerzas Militares. Las primeras buscan atender las necesidades urgentes de la poblacin mediante atencin mdica, atencin psicosocial, asistencia alimentaria, actividades de-portivas y recreativas, asesora jurdica y trmite de documentos de identidad, entre otras acciones. Las segundas tienen como objetivo presentar la oferta de estmulos econmicos del Estado, brindar capacitacin y apoyar la conforma-cin de cadenas productivas y la gestin de proyectos para el desarrollo econ-mico local.


Cobertura

Mediante el Centro de Coordinacin de Accin Integral se atienden 58 muni-cipios ubicados en 11 zonas prioritarias6:

1. Zona Sur: municipios de San Vicente del Cagun, Cartagena del Chair, Calamar, Miraflores, Puerto Rico, La Macarena, Uribe y Vistahermosa.

2. Sierra Nevada de Santa Marta: municipios de Fundacin, Aracataca, Ci-naga, Pueblo Bello, El Copey, Valledupar, Dibulla y San Juan del Cesar.

3. Catatumbo: municipios de Ocaa, Tib, brego, El Tarra, El Carmen, San Calixto, La Playa, Hacar, Teorama y Convencin.

4. Crdoba: municipios de Tierralta y Valencia.

5. Apartad y Medio y Bajo Atrato: municipios de Apartad, Bojay, Riosucio, Carmen del Darin, Carmen de Atrato, Acand, Ungua, Beln de Bajir y Murind.

6. Arauca: municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame.

7. Municipio de Tumaco.

8. Norte del Cauca: municipios de Caloto, Corinto, Puerto Tejada, Jambal y Toribo.

9. Putumayo: Municipios de Orito, Puerto Ass, Puerto Guzmn, Puerto Le-guzamo, San Miguel y Valle del Guamuez.

10. Municipio de Buenaventura.

11. Montes de Mara: municipios de Carmen de Bolvar, Ovejas y San Onofre.

1.5.2. Proyecto Paz y Desarrollo

Este proyecto busca generar, en las regiones focalizadas, condiciones sociales y econmicas que reduzcan la pobreza y la vulnerabilidad de la poblacin a causa de la violencia, incrementen la gobernabilidad democrtica y fortalezcan

6 Informacin con corte a 31 de agosto de 2007.

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la institucionalidad, bajo una estrategia de alianzas pblico-privadas con los Programas Laboratorios de Paz y los Programas de Desarrollo y Paz.

Los Laboratorios de Paz son programas de cooperacin internacional que bus-can realizar transformaciones en los rdenes econmico, social, cultural y po-ltico, en zonas deprimidas y vulnerables debido a la violencia, para construir colectivamente condiciones duraderas de paz, basadas en condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo para todos los habitantes. Por su parte, los Programas de Desarrollo y Paz son producto de la iniciativa de la sociedad civil y establecen escenarios de concertacin regional, con amplia participacin social, para la promocin y la solucin pacifica de conflictos, la proteccin de los derechos ciudadanos y el desarrollo econmico y social en las regiones afec-tadas por la violencia. Ambos programas son desarrollados por organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo del Gobierno nacional y de organismos de cooperacin internacional.

El objetivo del Proyecto Paz y Desarrollo es reducir el riesgo de exposicin a la violencia y mitigar el impacto negativo de sta en comunidades urbanas y rura-les pobres y en riesgo o en situacin de desplazamiento asentadas en regiones afectadas por la violencia.


En trminos generales, la ejecucin del proyecto se realiza a travs de subpro-yectos, con el apoyo directo de las organizaciones de la sociedad civil que adelantan los Programas de Desarrollo y Paz, las cuales son denominadas Organizaciones Socias.

El Proyecto se basa en las siguientes premisas orientadoras:

La construccin de activos sociales, econmicos y ambientales contribuye a re-ducir el riesgo de desplazamiento o a mitigar los efectos del desplazamiento.

La recuperacin de una red de proteccin social bsica y de generacin de ingresos para las familias desplazadas en proceso de retorno o reubicacin es un paso fundamental hacia su estabilizacin socioeconmica.

El incremento de la gobernabilidad democrtica, centrada en la democracia participativa, previene la violencia y reduce la vulnerabilidad de la poblacin y de las instituciones frente a la misma.

El Proyecto se desarrolla a travs de los siguientes componentes:

A) Construccin de activos sociales, econmicos y ambientales en reas prioritarias

El objetivo de este componente es crear mecanismos para que las comuni-dades urbanas y rurales pobres y en riesgo de desplazamiento que habitan en regiones afectadas por la violencia puedan reducir el impacto de posibles exposiciones a la misma. Esto se realiza mediante el desarrollo de subproyec-tos comunitarios y de pequea escala, en cualquiera de los siguientes tipos: 1) seguridad alimentaria, 2) gestin social y cultural, 3) generacin de empleo e ingresos, 4) mejoramiento de condiciones habitacionales y 5) subproyectos ambientales.

B) Apoyo a familias desplazadas en procesos de retorno o reubicacin

Este componente tiene como propsito proveer a las familias desplazadas de una red bsica de proteccin social y de generacin de ingresos durante la fase inicial de los procesos de retorno o reubicacin, los cuales se realizan bajo los

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principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, en 109 municipios focaliza-dos. Para tal fin se cofinancian subproyectos comunitarios y de pequea escala en cualquiera de los siguientes tipos: 1) seguridad alimentaria, 2) gestin social y cultural, 3) generacin de empleo e ingresos, 4) mejoramiento de condiciones habitacionales y 5) subproyectos ambientales.

Tipos de subproyectos de los componentes A) y B)

El Proyecto Paz y Desarrollo comprende la ejecucin de subproyectos para la atencin a poblacin incluida en los componentes A y B. Los tipos de subpro-yectos desarrollados en ambos componentes son los mismos, a saber:

1) Seguridad alimentaria

Tienen como propsito promover la produccin de alimentos para el autocon-sumo, mejorar los niveles de nutricin de la poblacin, generar ahorro en las familias al no tener que comprar todos los alimentos que consumen, promover redes de intercambio local para los excedentes alimentarios y fortalecer las re-des sociales de la poblacin beneficiaria.

2) Gestin social y cultural

Buscan fortalecer las redes de proteccin social de la poblacin beneficiaria, a travs de la facilitacin del acceso a servicios bsicos sociales, y promover una cultura de coexistencia pacfica entre las poblaciones, mediante la creacin de un contexto de desarrollo regional en el que estas poblaciones logren afianzar su sentido de pertenencia a sus comunidades, esto es, una cultura del desarro-llo y la paz.

3) Generacin de empleo e ingresos

Estn orientados a generar oportunidades de empleo e ingresos en la pobla-cin beneficiaria, a travs de actividades y servicios productivos agrcolas y no agrcolas y de pequeos negocios. Estos subproyectos promueven actividades de produccin, transformacin y comercializacin de bienes y servicios, tanto a nivel urbano como rural.


4) Mejoramiento de condiciones habitacionales

Contribuyen al cubrimiento de las necesidades habitacionales bsicas inme-diatas, por medio de acciones de impacto rpido dirigidas a hogares pobres y vulnerables a causa de la violencia o a hogares desplazados en proceso de retor-no o reubicacin. En la fase de Prevencin y Proteccin, apoyan la generacin de condiciones de arraigo de la poblacin pobre y en riesgo de desplazamiento. En el caso de los hogares desplazados en proceso de retorno o reubicacin, facilitan su reasentamiento.

5) Ambientales

Buscan promover la recuperacin, la proteccin y el manejo sostenible del pai-saje y de los recursos naturales y, asimismo, impulsar la educacin ambiental. Son complementarios a los dems tipos de subproyectos y financian acciones locales y de pequea escala.

C) Fortalecimiento institucional y de la gobernabilidad local

Este componente busca fortalecer la capacidad de liderazgo regional de las Unidades Territoriales de Accin Social, las Organizaciones Socias del pro-yecto, los gobiernos locales y los Comits Territoriales de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada, para promover procesos de planificacin y coordina-cin territorial altamente participativos, transparentes y con la corresponsabi-lidad de todos los actores involucrados, a travs de la elaboracin de los Planes Integrales nicos. Tambin se adelantan acciones para articular estos ltimos con los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales.

Tambin se busca fortalecer a las Unidades Territoriales de Accin Social para que desarrollen sus funciones de coordinacin del SNAIPD y para que pro-mocionen las acciones adelantadas por las Organizaciones Socias y se articu-len a las mismas.

A su vez, la Unidad Coordinadora del Proyecto y los asesores regionales del mismo, conjuntamente con entidades estatales, privadas, organizaciones no gubernamentales y multilaterales, han liderado o participado en la elabora-

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cin de metodologas para el funcionamiento de los Comits Territoriales de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada y para que estos incorporen en la atencin a la poblacin en riesgo o en situacin de desplazamiento el enfoque de derechos y el enfoque diferencial (de gnero, etnia y edad).

D) Gerencia, monitoreo y evaluacin del proyecto

La Unidad Coordinadora del Proyecto, que funciona en el nivel nacional de Accin Social, es la responsable de la gerencia administrativa, tcnica y finan-ciera nacional del proyecto, as como de dar los lineamientos estratgicos para su desarrollo. Tambin realiza el monitoreo y la evaluacin de los subproyectos y acciones desarrollados en el marco del proyecto.

Cobertura

El proyecto cubre en total 109 municipios, ubicados en 8 departamentos cuya poblacin total es de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, y una po-blacin objetivo de 250.000 habitantes.

Las regiones de intervencin del Proyecto Paz y Desarrollo son las siguientes:

Montes de Mara (departamentos de Bolvar y Sucre, en 17 municipios).

Oriente antioqueo (departamento de Antioquia, en 23 municipios).

Alto Pata y Macizo Colombiano (departamentos de Cauca y Nario, en 25 municipios).

Magdalena Medio (departamentos de Bolvar, Santander, Cesar y Antioquia, en 29 municipios).

Provincias de Ocaa Alto Catatumbo, Pamplona y municipios de frontera (departamento de Norte de Santander, en 15 municipios).

Los beneficiarios primarios del proyecto son los pobladores pobres y vulne-rables de las regiones seleccionadas que a) estn en riesgo de desplazamiento en un futuro cercano o b) han sido desplazados, se encuentran incluidos en el Registro nico de Poblacin Desplazada y estn en proceso de reubicacin o retorno en las regiones focalizadas. Se presta especial atencin a la parti-


cipacin en el proyecto de pueblos indgenas, comunidades afrocolombianas, jvenes, madres cabeza de familia y comunidades marginadas.

Los beneficiarios secundarios son las organizaciones usuarias, que son or-ganizaciones sociales de base elegibles para ejecutar los subproyectos y a las cuales pueden o no pertenecer los beneficiarios primarios. Estas pueden ser organizaciones comunitarias, asociaciones de pequeos productores o comer-ciantes, Juntas de Accin Comunal y organizaciones de poblacin desplazada, entre otras. De otra parte, tambin se consideran beneficiarios secundarios las Organizaciones Socias y las entidades que hacen parte de los Comits Territoriales de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada.

1.5.3. Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 13 de la Ley 387 de 1997 y en el artculo 19 del Decreto 2569 de 2000, desde el ao 2007 comenz a fun-cionar, en el rea de Prevencin, Emergencias y Retornos de la Subdireccin de Atencin a Poblacin Desplazada, el Observatorio Nacional de Desplaza-miento Forzado, orientado a fortalecer y complementar la Red Nacional de Informacin para la Atencin Integral a la Poblacin Desplazada.

Actualmente, el Observatorio se encuentra consolidando un sistema de infor-macin que permita a Accin Social mantener un seguimiento constante a la dinmica del desplazamiento en todo el territorio nacional, as como identifi-car las diferentes manifestaciones del fenmeno a nivel departamental, muni-cipal y local.

A partir de la informacin que el Observatorio recibe, se realizan anlisis para identificar las zonas de mayor riesgo de ocurrencia de desplazamientos forzados, con el fin de activar los mecanismos de prevencin necesarios a ni-vel local, en coordinacin con las entidades que hacen parte de los Comits Municipales, Distritales y Departamentales para la Atencin Integral a la Poblacin Desplazada.

El Observatorio ofrece diariamente informacin sobre riesgos de despla-zamiento a las Unidades Territoriales de Accin Social y, al mismo tiempo,

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recibe de estas informacin, lo cual genera una dinmica constructiva de di-logo entre el nivel nacional y el nivel territorial. Este instrumento tambin se ha puesto a disposicin de las directivas y los coordinadores de programas de Accin Social, con el fin de mantener un flujo de informacin dentro de la entidad que facilite la coordinacin de acciones tendientes a prevenir el despla-zamiento forzado en las zonas en riesgo.

El Observatorio ha establecido convenios con otras entidades, entre las que se cuentan los organismos de seguridad del Estado y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para intercambiar informacin relacionada con la dinmica de la confronta-cin armada y la violencia en el pas.

Cobertura

El Observatorio cubre todo el territorio nacional.

1.5.4. Desarrollo de Misiones Humanitarias de Verificacin y Prevencin

Accin Social coordina el desarrollo de Misiones Humanitarias de Verificacin y Prevencin en las zonas donde se identifica la confluencia de factores que pueden vulnerar la seguridad y los derechos de las comunidades. Para ello, convoca a las entidades estatales, a organismos humanitarios y a lderes de la comunidad, que participan en las Misiones, y se encarga de planear el desarro-llo de stas y de producir informes sobre los hallazgos de riesgos de desplaza-miento encontrados durante las Misiones y presentarlos al Comit Territorial de Atencin Integral a la Poblacin Desplazada respectivo, con el fin de que se tomen las medidas de prevencin necesarias.

Las Misiones Humanitarias permiten identificar las fuentes de riesgo de des-plazamiento, as como la magnitud y la inminencia del riesgo y las necesidades de las autoridades locales para atender de forma oportuna y eficiente una even-tual emergencia ante la ocurrencia de un desplazamiento.

Cobertura

Las Misiones Humanitarias cubren todo el territorio nacional.


1.5.5. Programa Red de Seguridad Alimentaria, ReSA

Con el fin de propiciar el arraigo de las comunidades en riesgo de despla-zamiento y prevenir que ocurran desplazamientos, la entidad desarrolla el Programa Red de Seguridad Alimentaria, ReSA. Este programa tambin funciona en la fase de Estabilizacin Socioeconmica como una estrategia de seguridad alimentaria y de mejoramiento de las condiciones de habitabi-lidad.

El objetivo del programa es impulsar proyectos productivos de generacin de alimentos para el autoconsumo y mejorar las condiciones de habitabilidad para estimular la permanencia de la poblacin en riesgo de desplazamiento en el campo y/o permitir el retorno de la poblacin desplazada a sus tierras, al igual que mejorar la alimentacin de la poblacin radicada en asentamientos sub-normales de los centros urbanos con alta recepcin de poblacin desplazada.

Los objetivos especficos de ReSA son:

Apoyar la prevencin del desplazamiento, mediante la ejecucin de proyec-tos productivos de autoconsumo que estimulen la permanencia de los pe-queos productores agropecuarios en el campo.

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Estimular el retorno de la poblacin desplazada a sus tierras, a travs de la ejecucin de proyectos que les permitan recobrar en parte su capacidad productiva.

Fomentar la produccin para autoconsumo, de manera que la poblacin desplazada tenga un cambio de actitud frente al uso de la tierra.

Impulsar la seguridad alimentaria para los pequeos productores agro-pecuarios y para las familias de estratos bajos de los centros urbanos y periurbanos.

Apoyar la prevencin del desplazamiento rural causado por la violencia, a travs de acciones de impacto rpido como el mejoramiento de condiciones de habitabilidad que estimulen la permanencia de los pequeos productores agropecuarios en el campo.

Disminuir las condiciones de pobreza y marginalidad de los asentamientos subnormales de los centros urbanos.

Liderar un conjunto de alianzas con instituciones interesadas en apoyar fi-nanciera y tcnicamente el Programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin ms vulnerable del pas.

Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentacin, cubriendo en parte las necesidades del ncleo familiar.

Los proyectos del Programa Red de Seguridad Alimentaria, ReSA, se realizan a travs de un mecanismo de cofinanciacin, en conjunto con entidades del orden municipal (Alcaldas y Secretaras Municipales, entre otras) y una enti-dad con capacidad tcnica, administrativa y financiera que, adems de aportar recursos, est interesada en ejecutar el proyecto de seguridad alimentaria en una zona determinada7. Estos proyectos deben tener, al menos, cuatro com-ponentes bsicos:

7 Para mayor informacin sobre la formulacin de los proyectos, ver el link Red de Segu-ridad Alimentaria en la pgina web de Accin Social: www.accionsocial.gov.co.


1. Motivacin de la poblacin beneficiaria: a travs de este componente, el proyecto busca motivar un cambio de actitud de la poblacin beneficiaria respecto al uso de la tierra, de manera que la poblacin consuma los alimentos que produce y desarrolle destrezas o capacidades en diferentes reas del sector agrcola.

2. Difusin: mediante este componente se desarrollan campaas masivas, a travs de diferentes medios de comunicacin, para lograr el cambio de actitud respecto al uso de la tierra, de manera que la poblacin consuma lo que produzca.

3. Insumos: este componente est constituido por elementos bsicos para la implementacin de la unidad productiva de alimentos, tales como semillas, material vegetativo y especies menores. Los insumos son entregados prefe-riblemente al final del proyecto y en las cantidades necesarias para que las familias puedan producir suficientes alimentos para el autoconsumo.

4. Seguimiento y operatividad: el cuarto componente comprende el acompaa-miento, el monitoreo, la medicin de resultados de los proyectos y el apoyo logstico requerido para los mismos. Permite fortalecer y enriquecer las es-trategias y acciones necesarias para cumplir los objetivos de los proyectos.

Cobertura

El programa ReSA se desarrolla en todos los departamentos del territorio na-cional, con excepcin de Guaina.

1.5.6. Proyecto Proteccin de Tierras y Patrimonio de la Poblacin Desplazada

Este proyecto busca apoyar a las entidades que tienen responsabilidades en la proteccin de tierras y bienes patrimoniales de la poblacin rural desplazada o en riesgo de desplazamiento para que pongan en operacin las medidas le-gales, institucionales y comunitarias de proteccin correspondientes, con el fin de prevenir y mitigar los efectos de este fenmeno y facilitar la estabilizacin socioeconmica de la poblacin desplazada8.

guia de atencion al desplazado

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