CAPÍTULO I

Grandes problemas socioterritoriales de Colombia

Presentación

Se presentan aquí los textos de tres de las cuatro conferencias centrales realizadas en el aludido seminario que dio origen a esta publicación. Abordan ellos, algunos de los grandes problemas socioterritoriales de la Colombia actual, como son la guerra y los procesos de desterritorialización, la guerra y el uso alternativo de recursos naturales, y la relación entre el conflicto y los retos de un reordenamiento territorial del país. En su orden, estos temas son examinados por Daniel Pécaut, Iban de Rementería y Orlando Fals Borda, reconocidos estudiosos de la sociedad colombiana, cuyo prestigio académico me ahorra cualquier intento de presenta­ción adicional. La cuarta conferencia, expuesta por Jaime Castro y orientada a analizar los problemas políticos y administrativos del ordenamiento territorial en sus diferentes niveles, no fue incluida dado que correspondía en lo fundamental al contenido de su libro reciente sobre ese tema.

En el primer artículo, con la agudeza crítica que le es conocida y en contrapo­sición a lo planteado por otros analistas en otros escenarios, Pécaut reúne elementos y argumentos para señalar que en la fase actual de la guerra en Colombia se ha entrado más bien en un proceso de "desterritorialización" del conflicto. Alega el predominio de los procesos de desterritorialización sobre aquellos de territorialización. Y que la lucha es sobre todo por el poder político y militar, y no tanto por consolidar territorios. Según él, el mapa de la guerra se corresponde cada vez menos con la presencia estable de los actores ilegales y se relaciona cada vez más con sus objetivos estratégicos. Estos son hoy más importantes para los protagonistas armados que los dominios territoriales. En este punto, el autor retoma lo señalado por Camilo Echandía al plantear que los principales objetivos de las organizaciones ilegales, en esta fase, se orientan al control de rutas de mayor importancia social y económica, al control de zonas militares estratégicas, al control de los alrededores de las grandes ciudades y al control de los principales polos socioeconómicos.

En concordancia con lo anterior, Pécaut afirma que el hecho de que la gue­rra adquiera formas territoriales no implica que la guerra se libre ante todo por los territorios. Pone en duda la consolidación de territorios estables por parte de los mismos protagonistas ilegales del conflicto. En cambio, valora la importancia de los procesos de territorialización en las iniciativas de los sectores sociales que bus­can sustraerse del conflicto a través de formas de resistencia civil. En esta circuns­tancia, indica el analista, además del territorio se acude con frecuencia a elemen­tos y principios más universales, como los derechos humanos u otros componen­tes típicos del rostro normativo de la globalización contemporánea.

Provocador y polémico, pero fundamentado en una lógica coherente y en un respetable sustento empírico, este artículo invita a los estudiosos y analistas de la realidad nacional a continuar trascendiendo los elementos más visibles y efectistas dei conflicto para penetrar en la comprensión de los procesos territoriales subya-

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centes y en la identificación de los objetivos a corto, mediano y largo plazos de los protagonistas del conflicto.

El segundo texto, cuyo autor es Iban de Rementería, es corto pero denso. Su título expresa de entrada la tesis principal que se expone y desarrolla, según la cual la guerra en Colombia expresa un conflicto por el uso alternativo de los recursos natu­rales, en especial del recurso suelo. A esta conclusión Uega el autor después de exami­nar tanto los paradigmas existentes sobre políticas públicas para el tratamiento del problema de las drogas como las relaciones asimétricas entre las políticas agrícolas de los países desarrollados y las delTercer Mundo.Todo ello, en un contexto en el que las relaciones entre la guerra y el mercado son más estrechas de lo que la cotidianidad parece sugerir. Ambos, guerra y mercado, sirven para dominar territorios y pueblos, y subvierten las relaciones culturales tradicionales entre hombre y naturaleza, gene­rando entre estos unas tensiones en las que los dos pierden.

Pues bien, en la interpretación del autor, de esas políticas agrícolas asimétricas entre el centro y la periferia, y de las obvias relaciones desiguales que se crean y reproducen, resulta una crisis agrícola estructural en la periferia que afecta a gran­des masas de población rural. Al mismo tiempo, se incrementa la demanda de drogas psicoactivas en los países de altos ingresos, situación que favorece la posibi­lidad de que los campesinos y agricultores se inclinen hacia una búsqueda de alternativas menos calamitosas, aunque de carácter ilícito. Si a esta primera condi­ción de posiblidad se agrega una segunda más concreta y localizada: la disponibi­lidad de suelos con características edafoclimáticas propicias para la producción de cultivos que contengan sustancias psicoactivas, se reúnen dos componentes im­portantes para hacer atractiva la posibilidad del cultivo. Si a ello se agrega la abun­dante mano de obra, que nunca falta, se conforma la estructura competitiva básica del negocio de cultivos ilícitos. Allí radica la gran fuerza de la argumentación cons­truida por de Rementería.

Desde la lógica de la globalización económica contemporánea, el negocio reúne toda la racionalidad esperable: se trata de otro de los tantos mercados febriles que se calientan aún más en la medida en que se consolida el tan mentado y comple­jo proceso globalizador de los mercados. Lo lamentable de esta exacerbación de los mercados Uícitos son las consecuencias sociales, políticas y ambientales derivadas de la aphcación del paradigma que proclama una sociedad Ubre de drogas y que abandera unas políticas represivas y coercitivas e ignora las lógicas globales, regionales y loca­les subyacentes en el negocio.

Sin duda, de Rementería presenta una argumentación lógica y contundente, desarrollada por él en otros trabajos. Hilvana los elementos articuladores de lo global con lo regional y local para explicar por qué los cultivos ilícitos se concen­tran en los países andinoamazónicos y por qué el paradigma dominante sobre el tratamiento del problema esta condenado al fracaso, amén de las nefastas conse­cuencias sociales, políticas y ambientales para la región y el país.

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El tercer y último texto, elaborado por Orlando Fals Borda, centra su aten­ción en el reordenamiento territorial del país, una de sus preocupaciones más conocidas, como intelectual y hombre público. Esta vez elabora una visión prospectiva y propositiva con el título de "Bases para un plan de retorno a la tierra y a la vida".

Después de señalar que el sino de la violencia ha envuelto el devenir social, económico y político del país, mediado por la ambición de poder y riqueza, Fals recuerda el origen rural del conflicto y en particular las sucesivas frustraciones de reformas agrarias precarias, parciales o reversadas. Concomitante con ello, señala la ocurrencia del "éxodo rural" y la sucesión de políticas anticampesinas y monopólicas de la tierra, una de cuyas consecuencias fue la aceleración de la migración a las ciudades y el desequilibrio geopolítico interno, en favor de las grandes ciudades y en especial de Bogotá, con lo cual en la segunda mitad del siglo XX se cambió de manera acelerada e inestable la previa estructura territorial de la nación. Al decir del autor, esto ocurrió en medio de una ignorancia y menosprecio por lo propio de nuestra condición intertropical y por lo autóctono de nuestra idiosincrasia.

Pero el centro de la reflexión y propuesta del autor se dirige a cuestionar la viabilidad del departamento como entidad territorial válida y pertinente para la construcción de la nación. Al respecto, señala las ventanas que para superar esta situación se abrieron con la nueva Constitución mediante la posibilidad de confor­mación de regiones y provincias, sin desconocer las dificultades que estos retos demandan. Por este camino, y profundizando en la construcción amplia de tejido social, Fals llama a un ordenamiento para la paz y la vida. Propone buscar un nuevo equilibrio geopolítico en el interior del país y una nueva mirada a la tierra y a los campesinos. Clama por otra visión de la función acumulativa del capital, basada en principios ecosocialistas.

Doble conocedor de historias de regiones caribeñas y andinas, trajinado en trabajos con comunidades rurales y urbanas, y fraguado en hostiles ambientes académicos y políticos, Fals, en un estilo fluido y soñador, se atreve a pasar por romántico, retando lo aparentemente irreversible, convencido de que allí, en el propio seno de la hegemonía de "lo inevitable", se puede encontrar el secreto que evitaría al país tantas exclusiones y conmociones.

Por tanto hay más complementariedad que rupturas en los tres textos de este capítulo.

Gustavo Montañéz Gómez

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HACIA LA DESTERRITORIALIZACIÓN DE LA GUERRA

Y DE LA RESISTENCIA A LA GUERRA

Danie l Pécaut"

INTRODUCCIÓN

No todas las guerras internas contemporáneas se plantean de manera directa en términos de territorialidad. Son muchos los casos en los cuales prevalecen más bien referencias étnicas, religiosas o identitarias. No faltan tampoco los conflictos inter­nos que giran, ante todo, en torno de la apropiación de recursos económicos. Sin embargo, la dimensión territorial rara vez está ausente, sea porque movimientos calificados como identitarios1 tienen desde el principio una base territorial, sea porque la van conquistando en medio del conflicto por múltiples medios, entre los cuales están los desplazamientos forzados. Esto se puede comprobar en conflictos como los de Irlanda del Norte, Sierra Leona, Angola o Sudán, entre otros ejemplos.

Obviamente la lucha por territorios no es propia de las guerras internas contemporáneas. Acompaña en menor o mayor grado cualquier guerra civil. In­cluso se hizo muy presente en La Violencia colombiana de los años de 1946 a 1960. En las regiones, pero más que todo en los municipios o las veredas, se conformaron zonas predominantemente conservadoras o liberales por medio de desplazamientos forzados. Se fue definiendo de esta manera una microreparto de la población que tenderá a mantenerse en las décadas siguientes. Varios estudios

' Colombianista francés, sociólogo, Profesor e investigador de la Escuela de Altos Estu­dios en Ciencias Sociales de París; desde los años sesenta su interés de investigador lo condujo a nuestro país. En español su primer trabajo publicado fue Política y sindicalismo en 1973, otras publicaciones suyas como Orden y Violencia ( 1987 ) abrieron nuevas perspectivas sobre el problema. Sucedió a Alain Touraine como Director del Centro de Estudios de los Movimientos Sociales, y ejerció el cargo por diez años. Ha sido director de la Revista Problémes dVlmerique latine, la principal revista francesa sobre Latinoamérica duran­te las últimas dos décadas. Con motivo del 133 aniversario de la Universidad Nacional, en reconocimiento a su trayectoria, el profesor Pécaut fue galardonado con el Doctorado Honoris Causa. En el 2001, publicó en español, el libro Guerra contra la sociedad que recoge sus ensayos más recientes sobre el caso colombiano.

' No podemos entrar aquí en el debate sobre estos movimientos. Basta indicar que a mpnnr ln la«; iHpnrirlaHpí cnr mác Kipn imrpTitadaS O Impuestas du ran te el rnpf l i r tn

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Daniel Pécaut

mostraron que la tendencia a la homogeneización partidaria se mantuvo o incluso se reforzó hasta bien entrados los años de 1980.

El conflicto colombiano actual se diferencia en muchos aspectos de estos otros conflictos. Como bien se sabe, no se puede sostener que se fundamenta en antago­nismos religiosos o identitarios marcados. Tampoco se puede decir que todos los protagonistas sean políticos. Los narcotrañcantes cuidan ante todo sus propios inte­reses, lo que no les impide actuar también políticamente cuando les conviene, como fue el caso de Rodríguez Gacha y su campaña de exterminio de la Unión Patriótica (UP) o como es el caso actual de apoyo a los paramilitares. De la misma manera, muchas bandas urbanas pretenden ejercer control sobre barrios periféricos sin tener mayores objetivos políticos, lo que no impide colaboración más o menos orgánica con los actores políticos. Sin embargo, el conflicto tiende más a girar, al menos a primera vista, alrededor de metas políticas. Las fuerzas armadas tienen metas políti­cas, así como los actores armados ilegales, paramilitares y guerriUas. La expansión territorial parece el medio esencial para conseguirlas. En el caso de los actores ilega­les, este proceso de expansión se cumple en gran parte por medio de desplazamien­tos masivos de población. Se llega a hablar ahora de tres miUones de desplazados, lo cual da una idea de la magnitud de la guerra. No faltan los analistas que ponen el énfasis en la creciente territorialización de la guerra. En una columna reciente de El Tiempo, Alfredo Rangel no vacila en afirmar que en el momento presente "el centro de gravedad del conflicto armado en Colombia es el control del territorio".

No hay ninguna duda sobre el hecho de que la guerra reviste una forma territorial y son muchos los argumentos para sustentar la tesis de Rangel. Sin em­bargo, no me parece que esto implique que la guerra se libre ante todo por terri­torios ni mucho menos que los protagonistas armados hayan conseguido confor­mar territorios estables. Las fronteras entre los territorios de los unos y de los otros no dejan de evolucionar a cada rato y de ser porosas. La mayoría de los territorios son más bien territorios en disputa. Los protagonistas armados sólo han logrado parcialmente asegurar la adhesión de los habitantes en las zonas que controlan. Su poder se sostiene, en amplia medida, sobre la coacción, cuando no sobre el miedo y el terror, lo que contribuye a la fragilidad de su dominio.

La tesis que pretendo sostener es que se ha entrado en una fase de "desterritorialización" del conflicto. De ahí en adelante la lucha es por el poder político y militar, la que no implica prioritariamente una apropiación de territorios sino más bien, la canacidad de ase°urar posiciones clave r̂ ara cambiar los equilibrios de fuerza y obligar al adversario a ceder terreno político, dentro de una visión de la autonomía creciente de los actores armados en relación con la población y todo ello en función de metas estratégicas. Tal es el argumento que voy a desarroUar en la primera parte.

El concepto de territorialización adquiere importancia en relación con los sectores que buscan sustraerse al conflicto. No por casualidad los fenómenos de

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Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra

resistencia civil que surgen en varios lugares reivindican el derecho a imponer su propia normatividad sobre territorios delimitados y sobre la base de un consenso de los habitantes. Sin embargo, en este caso también uno se puede preguntar hasta qué punto tales fenómenos se pueden mantener solamente sobre una base territorial o si más bien están abocados a hacer referencia a principios universalistas. Tal será el argumento en la segunda parte de este escrito.

DIMENSIÓN REGIONAL EN LA GUERRA

Antes de entrar en materia, es necesario recordar cómo ha cambiado en los últi­mos años la mirada sobre la articulación entre conflicto armado y territorios. Jun­to con los análisis a escala nacional se han publicado muchos estudios que ponen el énfasis en los rasgos regionales de la lucha.

Como bien se sabe, tanto por razones geográficas como por razones histó­

ricas, Colombia nunca ha sido un territorio muy unificado sobre el cual el Estado

central haya ejercido una soberanía indiscutible. David Bushnell habla de Colom­

bia como "una nación a pesar de sí misma"; Fernán González, de "una nación en

construcción". Ambas son maneras de destacar que, a diferencia de otros países de

América Latina, no se elaboró un concepto fuerte de la unidad nacional y, en

muchos aspectos, no se alcanzó a constituir una imagen fuerte de soberanía nacio­

nal ni a desarrollarla en la práctica. Más que el Estado, los partidos tradicionales

sirvieron para establecer vínculos entre las regiones y su funcionamiento clientelista

favoreció la fragmentación de la escena política. Junto con los partidos, la Iglesia y

la religión católica se encargaron de trazar los rasgos de lo nacional.

Aunque lo jurídico siempre pretendió generar un universo normativo com­partido no lo alcanzó sino de manera limitada. Más importantes eran las interacciones del conjunto de actores que disponían de una capacidad de hacer valer recursos de poder de cualquier tipo, legales o ilegales, basados en intereses particularistas o en pretensiones generales, buscando apropiar segmentos del Esta­do y simultáneamente poniendo en tela de juicio la autoridad del Estado.Todo esto significó la rutinización de una visión anarquista-liberal2 , con su proliferación de intereses fragmentados y la reivindicación de formas de legitimidad que muy poco tenían que ver con el fortalecimiento institucional3 .

2 "Anarquista" en el sentido de un consenso para poner en tela de juicio la autoridad del Estado.

3 Nada simboliza mejor la disputa por la legitimidad que el trato dado a la rebelión hasta hace muv DOCO.

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En el primer momento, los estudios regionales sobre el actual conflicto han subrayado la "ausencia" del Estado en un sentido material y así como en un sentido ligado a las representaciones sociales en gran parte del territorio . Múltiples estudios hicieron de esto un factor desencadenante del conflicto, con referencia a las diversas zonas de colonización, mostrando que varios actores, muchos de los cuales arma­dos, Uenaban o aprovechaban el vacío.

Después, se trató de vincular las características "estructurales" de las regio­nes con el conflicto. Se buscó relacionar la problemática de la colonización, de los conflictos agrarios antiguos o recientes, de los nuevos polos de acumulación eco­nómica o de los nuevos cultivos ilegales con el auge de los enfrentamientos.

A partir de 1993-1994 se empezó a mostrar que este tipo de correlación ya no era tan fácil de establecer. Se produjo un cambio de ingentes dimensiones en la propiedad de la tierra, al comprarla los narco traficantes, lo que afectaba a veces zonas hasta entonces aisladas del conflicto, como lo reveló Alejandro Reyes a prin­cipios de los años de 1990. El mismo autor subrayaba que en estas condiciones surgió una nueva economía agraria por las compras de tierras realizadas por los narcotraficantes pero que, en últimas, el conflicto obedecía más y más a la búsque­da del control territorial por los actores armados. En la misma fase, la violencia empezó a extenderse a regiones como la cafetera por la crisis que afectaba la eco­nomía del sector cafetero.

¿Será que a través del conflicto se van configurando nuevas relaciones loca­les de poder que conllevan la estructuración de ciertos territorios donde hasta el momento prevalecía una falta de conciencia de pertenencia regional? Tal hipótesis fue formulada, a propósito del noreste y del este antioqueño, por Clara Inés García, teniendo en cuenta el surgimiento de movimientos sociales y la posibilidad de que los actores armados se encargaran de las reivindicaciones locales4 . Era una pista muy sugestiva. Sin embargo la hipótesis no tiene la misma validez una vez que estos actores golpean a la propia población y provocan múltiples desplazamientos forzados. Además, la dimensión propiamente militar del conflicto tomó mucho más impulso.

De hecho, desde hace algún tiempo estamos presenciando el predominio de los objetivos estratégico-militares de ámbito nacional en detrimento de la cons­trucción de formas estables de poder local. Lo regional ya no se puede aislar del panorama nacional y son muchas las acciones, como el saboteo de las infraestructuras o los secuestros, que no están vinculadas directamente con la ex­pansión territorial de los contrincantes.

4 "Territorios, regiones y acción colectiva: el caso del Bajo Cauca antioqueño". Renán Silva (ed.), Territorios, regiones, sociedades. Bogotá: CEREC, 1994, pp. 123-136.

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TERRITORIALIDAD, CONTROL TERRITORIAL, CONTROL ESTRATÉGICO

E INFILTRACIÓN TERRITORIAL

La referencia a la territorialización tiene connotaciones diferentes según los obje­tivos que se persigan.

1. Utilizo el término de territorialidad para aludir a situaciones en las cuales un actor armado tiende a ejercer un monopolio de la fuerza sobre una zona dada y a imponer sus normas sobre los habitantes sin necesidad de acudir prioritariamente a la coacción, consiguiendo cierto apoyo de la sociedad, sea por razones "ideoló­gicas" o por razones relacionadas con los intereses de estos habitantes.

2. El control territorial sólo implica la capacidad de uno u otro actor arma­do de mantener, por la fuerza o medios indirectos (y eso incluye la presión sobre el personal político), un dominio más o menos estable sobre una zona sin que esto implique la formulación de normas reconocidas y, menos aún, la adhesión de sectores importantes de la población.

3. El control estratégico forma parte de las lógicas de guerra. Lo que cuenta no es prioritariamente la influencia que permite ejercer este control sobre la po­blación sino las ventajas que asegura para la conducción de la guerra. El carácter estratégico deriva de la posición geográfica de un espacio (control de rutas, zona de retaguardia o punto de partida de operaciones militares) y de los recursos eco­nómicos que ofrece.

4. La infiltración territorial significa una presencia ocasional o "capilar" de los grupos armados dentro del conjunto del manejo de la guerra.

Estas distinciones no tienen sino una pretensión descriptiva. No existe una separación completa entre las varias situaciones. A medida que se expande la gue­rra, las distinciones se vuelven cada vez más frágiles.

Han existido y siguen existiendo zonas de territorialidad en sentido fuerte. Las guerrillas consiguieron durante cierto tiempo, y a veces hasta el presente, forta­lecer una verdadera territorialidad en ciertas regiones. En el caso de las Farc, la región de Sumapaz o ciertas zonas de Tolima, Huila o Caquetá han estado desde hace varias generaciones bajo su influencia. Los comportamientos, la administración de la justi­cia, las representaciones sociales han estado vinculados con esta presencia. Más al sur, en Caquetá, Putumayo o Guaviare, la expansión de los narcocultivos implicó tam­bién cierta aceptación de las Farc por parte de los habitantes ya que éstas aseguraban una protección a los cultivadores y cierta regulación del mercado. Esto podía ir a la par con la adhesión al discurso de la guerriUa pero se trataba también de una relación instrumental dentro de una lógica que se asemeja a la lógica de protección que describe Diego Gambetta en su análisis de la mafia siciliana5 . Un poco diferente es el caso de las zonas bajo influencia más o menos antigua del ELN, en el Magdalena

s The Sidlian Mafia, the Business of Private Protection. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

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Medio, en Norte-Santander o en Arauca por los esfuerzos frecuentes de esta organi­zación por establecer vínculos fuertes con las "comunidades", a veces con el apoyo de la Iglesia local.

Algunos estudios recientes revelan que esta forma de territorialidad se abre camino también entre los paramilitares. Marco Romero describe que en algunas zonas de Urabá y Córdoba consiguieron el apoyo de la población desarrollando programas organizativos y sociales de bastante amplitud. Desde que conquistaron a la fuerza la ciudad de Barrancabermeja, al costo de más de 400 muertos y de la salida de muchos habitantes, parecería que estuvieran también imponiendo nor­mas y programas con cierta acogida en parte de la población.

Incluso en estos casos, la lealtad de los habitantes no necesariamente está asegurada. Después de las grandes marchas "cocaleras" de 1955-1996, se hizo sentir el cansancio de los colonos hacia las consignas de las Farc. Las protestas recientes contra las fumigaciones, si bien confirieron nuevamente a las Farc el papel instru­mental como protectores, no necesariamente conllevaron una sumisión completa hacia ellas. Los habitantes aprovechan a menudo las elecciones para expresar su in­conformidad con sus protectores. Cuando las guerrillas dieron consignas de boico­teo en 1997, tal inconformidad fue muy patente. En las más recientes elecciones presidenciales no fueron pocos los habitantes de las zonas de territorialidad guerri­llera que votaron a favor de Uribe y los de territorialidad paramilitar que votaron a favor de Serpa.

De todas maneras, en los tiempos recientes la situación ha evolucionado bas­tante. El número de regiones en disputa entre los actores ilegales se ha vuelto siem­pre mayor, lo que impide el fortalecimiento de cualquier territorialidad. Por su parte, la modernización de las fuerzas armadas implica una mayor dificultad, al menos en el caso de las guerrülas, para consolidar zonas de "ilegalidad institucionalizada".

H A C I A LA DESTERRITORIALIZACIÓN DE LA GUERRA

Durante los últimos tres años la guerra se ha extendido en gran medida al conjunto del territorio nacional. Son muy pocas las zonas que escapan a su impacto. Los estu­dios de Camilo Echandía así lo demuestran.

Lo nuevo es el hecho de que los actores armados ilegales han dado pruebas de que pueden golpear fuera de sus anteriores zonas de presencia, hasta en las zonas de mayor control de sus adversarios.

Lo más espectacular desde 1999-2000 ha sido el crecimiento geográfico de los paramilitares. Lograron establecerse en regiones corno Putumayo, Arauca y Norte de Santander que, hasta ahora, eran más bien territorios de las guerrillas. Llevaron a cabo acciones sistemáticas contra los antiguos baluartes del ELN en el Magdalena Medio. Conquistaron, como ya se ha anotado, hasta la ciudad de Barrancabermeja a principios de 2001 a pesar de sus tradiciones de lucha sindical y de presencia de los grupos guerrilleros.

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Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra

Si durante el "proceso de paz", las Farc no sufrieron un retroceso militar tan acentuado como el ELN, no dejaron de ceder terreno en muchas regiones. Es pro­bable que la concesión de la zona de despeje haya contribuido a su relativo debili­tamiento territorial por la necesidad que tuvieron de concentrar fuerzas impor­tantes para proteger una zona en la cual estaba su Estado-Mayor, guardaban parte de los secuestrados y acogían a multitud de visitantes. Sin embargo, el retroceso puede ser momentáneo. Las Farc han hecho recientemente muchos esfuerzos para recuperar zonas estratégicas o fortalecerse en ellas, en particular a lo largo de la costa Pacífica y de zonas fronterizas del noreste colombiano o de la región amazónica. Además, siguen esforzándose para retomar el control de los corredores hacia Urabá.

Por su lado, las fuerzas armadas han mejorado bastante su capacidad operativa gracias al fortalecimiento de sus unidades móviles, a sus nuevos medios de obser­vación y de inteligencia, a su dotación de helicópteros y lanchas rápidas.

El primer argumento para sostener la tesis de la progresiva desterritorialización de la guerra es que lo más significativo del conflicto se libra a menudo fuera de las zonas de fuerte control de los contrincantes y con base en mayor movilidad. De ahí la conformación acelerada de unidades móviles tanto en las fuerzas armadas como en las guerrillas.

Otro argumento muy importante es que el mapa de la guerra se correspon­de cada vez menos con la presencia estable de los actores ilegales y está relacionado cada vez más con sus objetivos estratégicos. Retomando los análisis de Camilo Echandía, estos objetivos son, ante todo, el control de rutas de mayor importancia, el control de zonas militares estratégicas, el control de los alrededores de las gran­des ciudades y el control de los principales polos económicos.

Dentro de la primera categoría figuran las rutas hacia el Pacífico, por las exportaciones de droga y las importaciones de armas, así como las que van hacia las zonas fronterizas con Venezuela o los países amazónicos. La lucha de las Farc por consolidar corredores que van del Caguán a la costa Pacífica, pasando por Cauca y Nariño, es parte de este objetivo; así como la lucha de los paramilitares por asentarse en los municipios limítrofes de Tumaco. Las Farc y los paramilitares se disputan las rutas hacia el Urabá chocoano.

El nudo de Paramillo como lugar ofrece el mejor ejemplo de una posición militar de valor estratégico ya que controla el paso hacia el norte antioqueño y la costa atlántica. Los paramilitares y las Farc llevan varios años enfrentándose por controlarlo.

En cuanto a los alrededores de las grandes ciudades, se han vuelto cada vez más objetivos de los dos bandos, empezando por las tres mayores metrópolis. Aunque el fenómeno no es totalmente nuevo para las guerrillas, a pesar del creci­miento de sus acciones en estas zonas, lo es en mayor medida en el caso de los paramilitares: éstos se han hecho presentes en los municipios cercanos a Bogotá y Cali v han tratado de infiltrarse en Medellín con el a^ovo de las milicias.

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Queda el último objetivo: el del control sobre polos económicos, como las zonas petroleras o de minería, de agricultura capitalista y de cultivos de droga. Tampoco el fenómeno es nuevo, pero la pelea entre los dos bandos para conseguir el dominio de estas zonas ha alcanzado niveles hasta ahora desconocidos, sobre todo en los municipios que albergan los cultivos o el tráfico de coca. Basta mirar la ferocidad del conflicto en zonas como la Serranía San Lucas, Tibú, Mapiripán u, otra vez, los alrededores de Tumaco, para citar solamente unos casos. A pesar de todo, la economía ilegal sigue constituyendo en amplia medida el trasfondo de la guerra.

Pero la guerra no se reduce a la búsqueda de control militar sobre zonas específicas. Desde hace algún tiempo se ha producido la degradación de los méto­dos de guerra de los actores armados ilegales, que expresa una modalidad más radical de desterritorialización.

En el caso de los paramilitares, acometer masacres o asesinatos selectivos no siempre obedece a meros cálculos locales. Es obvio que, después de la aniquilación de la UP, la continuidad en los asesinatos de sindicalistas, líderes campesinos, de­fensores de los derechos humanos, está vinculada a planes políticos de mayor amplitud que, como en el pasado, implican la participación de otros sectores, desde ciertos militares o exmilitares hasta políticos locales.

En el caso de las guerrillas, sabotear las infraestructuras, volar los oleoduc­tos, hacer explotar carrosbomba tiene también un alcance mucho más general que el del fortalecimiento regional. Los costos para la economía nacional de los actos del primer tipo, la inseguridad que resulta de los actos del segundo tipo, forman parte de una estrategia política de conjunto. La "ley 002" y la práctica del secues­tro, ya no con blancos predefinidos sino al azar de los retenes en las carreteras, también apuntan a la generalización del clima de inseguridad.

El secuestro de políticos de alto o mediano rango, como ha ocurrido desde hace un año, remite —más allá de la reivindicación de una "ley de canje"- a tácticas de desestabilización política. En los últimos meses se ha dado un paso más en este sentido: constituye las amenazas sistemáticas a los alcaldes y concejales municipa­les para que renunciaran. Más de 200 alcaldes han tenido que plegarse más o menos abiertamente; incluso los alcaldes de las metrópolis están bajo la misma amenaza. Está de por medio la tentativa de crear un vacío de poder que despeje el camino hacia un debilitamiento mayor de las instituciones.

En estas condiciones, el análisis en términos de "territorialización" se vuelve muy problemático. En las zonas estratégicas, los actores armados ilegales no preten­den o no pueden asegurar el consentimiento de la población ni promover normas estables. Puede ser que individualmente parte de los habitantes, por razones de inte­reses, de supervivencia o de necesidad de protectores, acepten su presencia pero sin que esto signifique adhesión total. De aUí, reitero, que los análisis en términos de "territorialización" se vuelven insuficientes dado que son muchos los objetivos es­tratégicos que no implican la búsqueda de un control territorial estable.

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Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra

Esto es sólo una manera de subrayar la autonomía de la dimensión militar y política del conflicto. Desde la ruptura del proceso de paz de Pastrana, la cuestión es saber cómo va a evolucionar el equilibrio de fuerzas y cómo se Uegará a replan­tear, tarde o temprano, otro proceso de negociación.

El equilibrio político juega actualmente en contra de las guerrillas. Incluso antes de la ruptura del proceso de paz, las guerrillas gozaban de apoyo reducido en el plano nacional. Con la ruptura del proceso, perdieron todavía más apoyo ya que la opinión las responsabilizó del fracaso. Se produjo una tendencia a la polariza­ción política en contra de ellas, de la cual se beneficiaron las Fuerzas Armadas y los paramilitares, hacia los que creció una actitud de tolerancia en muchos sectores.

Lo militar pasó entonces al primer plano. El gobierno de Uribe no esconde su convicción de que solamente el fortalecimiento de las fuerzas armadas es capaz de Uevar a una negociación en serio. Por su lado, las guerrillas parecen opinar que se podrá Uegar en un momento dado a una situación de desgaste del gobiemo o de desgaste de las Fuerzas Armadas susceptible, de convencer a la opinión pública de que no hay salida fuera de una negociación política, no importa en qué condiciones.

MICROTERRITORIALIDAD Y POROSIDAD DE LAS FRONTERAS

Hasta ahora nos hemos ubicado principalmente en el nivel nacional. Sin embargo, el tema de la desterritorialización se aplica también en el plano local. Uno de los fenómenos más visibles es la microterritorialización de los actores armados ilega­les. Ahora son muchas las regiones en las cuales una vereda está en manos de uno de ellos, y la vereda vecina del lado del otro. Esto acontece en Putumayo, Nariño, Cauca, Santander y otros departamentos. Y puede significar períodos de enfrentamientos agudos y periodos de relativa coexistencia pacífica. En un depar­tamento como Putumayo, epicentro de los cultivos de coca, al menos hasta antes de las fumigaciones, son muchos los ejemplos de veredas vecinas en las cuales los contrincantes se dedican ante todo a su actividad económica sin que se produzca durante meses el menor combate.

No faltan tampoco los casos en los cuales las Fuerzas Armadas y los paramilitares reinan sobre las cabeceras municipales mientras las guerillas contro­lan el monte; esta situación es frecuente en el Magdalena Medio. San Pablo, en el Departamento de Bolívar, es un ejemplo de tal reparto territorial. Esto puede acon­tecer también en las metrópolis. En Medellín, algunos barrios periféricos están en manos de los paramilitares, otros en manos de las milicias ligadas a las Farc. En Bogotá, la división atraviesa una zona como Ciudad Bolívar.

En estas condiciones, es difícil seguir hablando de fronteras. En muchas regiones, las fronteras se vuelven fluidas, cambiantes, porosas, invisibles. Son los acontecimientos (masacres, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados) los que las definen, pero sin que se pueda saber de antemano en dónde se van a producir.

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La guerra es también una guerra de proximidad. No pocas veces los habi­tantes descubren caras de jóvenes conocidos entre los guerriUeros o los paramilitares que incursionan en el pueblo. Muchas narrativas de masacres empiezan ritualmen-te por "ese día, ellos llegaron". No es preciso decir quiénes son; mejor no nom­brarlos, pero no hay duda sobre su identidad.

Hace también parte de la guerra de proximidad la experiencia traumática de los "informantes" o de los "sapos". Se adivina que en la mayoría de los casos se trata, bien sea de vecinos, bien sea de miembros de uno de los bandos en armas que se pasaron del otro lado.

En un escrito anterior, traté de describir las consecuencias que conlleva el hecho de estar sometido al miedo o incluso al terror6. Subrayaba ya el efecto de desterritorrialización que deriva del debilitamiento de los vínculos sociales por el ambiente de desconfianza. Me refería después a la "destemporalización" para alu­dir a la desestructuración de la relación con el futuro en una situación en la cual prevalece, por un lado, la imprevisibilidad de los acontecimientos y, por el otro, la sensación de una historia repetitiva. Mencionaba finalmente la "des-subjetivación" o dificultad de asumirse como sujeto de su propia trayectoria de vida.

No se trata de volver sobre estos puntos. Pero parece importante destacar que para muchos de los que padecen las consecuencias de la guerra, el territorio como "trama social", según la expresión de Arendt7, aparece como un territorio varias veces "perdido". Fue perdido durante la violencia de los años de 1950, lo fue nuevamente durante las trayectorias migratorias, lo vuelve a ser por la guerra ac­tual. No siempre tiene sentido contrastar el caso de los desplazados con el de los habitantes que logran quedarse. Estos últimos están enfrentados a las mismas con­diciones de incertidumbre, descomposición social y precariedad económica que los primeros. Para ellos también se desdibuja el sentido de "territorialidad" como espacio simbólico-normativo.

Tampoco los desplazamientos forzados apuntan de manera general a "ho-mogeneizar" a los habitantes en función de sus simpatías políticas, como aconte­ció durante la violencia anterior; aun cuando esto puede haber ocurrido en algu­nos casos. Se dice, por ejemplo, que en Urabá los paramilitares favorecieron la llegada de personas "seguras" para sustituir a otras. Sin embargo, no es una situa­ción muy frecuente. El propósito de los desplazamientos no es poblar ciertos espa­cios con "amigos" sino, una vez más, controlar zonas estratégicas.

Volviendo a las estrategias de los actores armados, éstas revisten obviamente una expresión territorial. Pero luchar por el territorio es más bien una lucha por recursos de poder, incluso por el poder, y por ende se procura neutralizar las bases

6 "Las configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror". Revista Colombiana de Antropología 35, enero-diciembre 1999, pp. 8-35.

7 L'impérifllisme. Paris: Fayard, p. 276.

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Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra

de poder de los otros contrincantes. La presión o las amenazas sobre el personal político forman parte de esta realidad.

Debo añadir tres planteamientos más. Ya mencioné el primero. Lo propio del conflicto colombiano es que entraña muy pocos componentes de lo que Mary Kaldor denomina "política de identidades"8 . No es que los contrincantes no se diferencien por sus metas sociales y a veces por las "huellas históricas" y por la memoria de la que son portadores, pero sólo consiguen en una medida muy reducida instrumentalizar identidades ya constituidas y no logran generar nuevos fenómenos identitarios. Esto ha acontecido durante los últimos años con las bandas barriales de MedeUín: una permanente metamorfosis de su organización y de sus orientaciones vale para la articulación de amplios sectores con los principales grupos armados. Dificilmente pueden surgir formas de territorialidad en ausencia de lógicas identitarias.

El segundo planteamiento tiene que ver con otra modalidad de micro-territorialización: la dispersión territorial de los actores ilegales. No son ejércitos siempre coordinados en función de los objetivos estratégicos. Hasta ahora parece­ría que las Farc hayan preservado un grado bastante elevado de coordinación en cuanto a mayores operaciones militares, pero no faltan los índices del relajamiento de la coordinación tratándose del manejo de las fuentes de financiamiento y, a veces, de actuaciones inconsultas a pesar de su impacto potencial, como la demora en liberar a los tres rehenes alemanes el año pasado. En cuanto a los paramilitares, la tendencia hacia la autonomización de los frentes no viene de ahora ya que desde siempre conformaban más bien una federación muy floja. La crisis que atraviesan las AUC desde hace varios meses bien podría llevar a una amplia fragmentación de los grupos y favorecer todavía más el carácter "societal" del paramilitarismo, es decir la autoorganización paramilitar de amplios sectores y su intervención "capi­lar" en la guerra. El aspecto político-social tomaría la prioridad sobre los objetivos territoriales.

El último planteamiento está relacionado con la creciente intemacionalización del conflicto intemo. Dada la importancia de las redes de tráfico internacional en la duración de la guerra, esta dimensión internacional está presente desde el comienzo. Adquiere más peso con la intromisión creciente de Estados Unidos desde el Plan Co­lombia, con la reorientación neoliberal de la economía o con el papel de las redes de ONG, entre otros factores. El ámbito del concepto de la noción de soberanía nacional se va transformando, lo cual induce al mismo tiempo un cambio en la aprehensión y en las implicaciones de la noción de territorio. Más que la territorialización, están en juego las interacciones entre múltiples redes, a la vez locales e internacionalizadas.

' Las nuevas auerras-violenda organizada en ia era global. Barcelona: Tusquests Editores, 2001.

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Daniel Pécaut

TERRITORIALIDAD Y RESISTENCIA CIVIL

Queda una última pregunta: ¿hasta qué punto no se están produciendo nuevos fenó­menos de territorialidad a través de los fenómenos de resistencia civil?

En la fase reciente, se han dado múltiples ejemplos de tal resistencia, desde las comunidades de paz de Urabá hasta el Programa del Magdalena Medio y los intentos para aplicar este último modelo en otras regiones. Al lado de estos casos conocidos, no han faltado otros menos conocidos de municipios o veredas que se esforzaron por hacer reconocer su derecho a la "neutralidad" en medio del con­flicto. En el último año hemos presenciado los intentos de las comunidades indí­genas, que desde hace rato aspiran a preservar su autonomía frente a los actores armados, para organizarse y rechazar las incursiones de estos actores.

Son muchas las diferencias entre estas varias iniciativas. En el caso de los indí­genas, el referente identitario es fundamental; no ocurre lo mismo en otros casos. A veces la meta no es más que la protección de los participantes, en otros incluye también proyectos productivos y de democratización. Lo que tienen en común casi siempre es el énfasis sobre la territorialidad en un sentido fisico y simbólico.

Casi siempre la resistencia empieza proclamando fronteras, es decir, delimitando la zona de "paz" y la zona de "guerra", la zona de "nosotros" y la zona de los "otros". No obstante, tal división no se corresponde de ninguna manera con un criterio'' amigo-enemigo'', además porque la mayor parte de las veces su aceptación supone más bien transacciones con los grupos en armas. Se trata de un proceso de construcción de una "diferencia" y la ambición de hacer reconocer este derecho a la diferencia. Esto se vuelve más importante en las circunstancias en las cuales no está presente de antemano un referente identitario. La frontera simbólica se vuelve una manera de decir quién hace parte del "nosotros". Pero lo más importante es la definición de una regla común de obligatorio cumplimiento para los miembros. Los pueblos indígenas reconocen la autoridad del cabildo. Las comunidades de paz de Urabá tienen una reglamen­tación detallada que sirve para constituir la comunidad como tal.

Los sociólogos de las organizaciones subrayan la conformación de tales reglas como requisito de la acción colectiva9 . Con mayor razón dichas reglas son importantes en situaciones de mucho peligro en las cuales existe el riesgo de que individuos escojan el camino del exit, para retomar la tipología de Hirschman. Dado que los actores armados acuden a la coacción para imponer sus propias reglas, la adopción de reglas en las comunidades de resistencia equivale a elabo­rar un pacto social libremente adoptado, mejor dicho de autonomía, en el senti-r\ /-» of"í m r i l n n i r r v «Hcil f o r m i n n

Desde este punto de vista, la referencia a la territorialidad reviste tres senti­dos: espacial, organizacional y simbólico. Aunque lo espacial es la concreción de

9 En francés, uno de los mejores libros al respecto es el de lean-Daniel Reynaud. Les regles du jeu, 1'action collective et la régulation sociale. Paris: Armand Colin, 1989.

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Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra

los otros dos aspectos, conlleva de entrada el rechazo a la desterritorialización inducida por la guerra. Sería una ilusión creer que puede haber una territorialidad que se sostenga por sí misma.

Ya mencioné que la búsqueda del derecho a la autonomía implica generalmente tran­sacciones con los actores armados para que acepten un modus vivendi con ellos. En el nordeste antioqueño se buscó hace un año un acuerdo con el ELN sobre la supresión de los puestos de policía para llegar al reconocimiento del derecho a la autoorganizadón. Ocurrió lo mismo en otros casos.

Tanto para la definición de las reglas colectivas como para la búsqueda de un modus vivendi con los actores armados, el papel de intermediarios es de la mayor importancia. Puede ser poco visible en el caso de los pueblos indígenas, pero no lo es en los otros casos. Basta citar el rol de la Iglesia al respecto, tanto en Urabá como en el Magdalena Medio. Además, tales intermediarios son a menudo indispensables para tratar de conseguir la luz verde de las autoridades nacionales o regionales que no siempre ven con buenos ojos la mención de una "neutralidad" que no se corresponde con su aspiración a tener el monopolio de la legitimidad.

De esta manera ya se sale de una noción estricta de territorialidad. Pero es necesario dar un paso más: muchos de estos intentos de resistencia no se pueden sostener sin el apoyo de organizaciones internacionales; en primer lugar de las ONG o de la Iglesia. Hasta ahora, ei balance de muchos de los intentos de resisten­cia es bastante trágico. Muchos han sido los muertos. Sin embargo, su alcance no deja de ser significativo, concreta y simbólicamente, pero precisamente en la me­dida en que no basta con recobrar una visión en términos de territorialidad.

Puede parecer una paradoja pero lo cierto es que tales iniciativas son las que más están abocadas a ubicarse en el horizonte de la globalización, y más articuladas a la movili­zación local. El papel de los "advocacy networks"10 es, entre otros, asumir intemadonalmente la voz de los que difícilmente alcanzan a hacer oír la suya, y tratar de influir en el comporta­miento de los actores internos.

De manera general, los movimientos de resistencia no pueden prescin­dir de un discurso legitimador de validez universalista; frente a los actores, abandonan cada vez más cualquier argumentación que apunte a justificar sus actuaciones. Acudir de nuevo a un discurso de validez global es la manera de vincular la pretensión a la autonomía con el lenguaje, que Kant califica de "cosmopolita".

Sería una ilusión creer que, frente a la desterritorialización de la guerra, se podría pura y sencillamente inventar nuevas modalidades de "territorialidad". Aunque la guerra sigue encerrada en gran parte del territorio nacional, la resisten­cia no puede desarrollarse sino aprovechando normas del mundo globalizado.

10 Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink. Activists Beyond Borders, Advocay Networks in International Politics. Ithaca y Londres: Cornell University Press, 1998.

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Daniel Pécaut

CONCLUSIÓN

Afirmar que la guerra entre los actores ilegales es territorial no significa que gire en su conjunto alrededor de la conformación de un control estable sobre territorios ni, menos, sobre la construcción de poderes regionales consolidados. La dimensión militar y política de la confrontación se está fortaleciendo cada vez más, lo que va a la par con la lucha por el control de zonas estratégicas pero también con el desdibuj amiento frecuente de las relaciones con la población y con la desaparición de fronteras más o menos claras. En este sentido me parece que se justifica hablar de desterritorialización.

Queda por ver si d Estado estará en capaddad de ensanchar por su cuenta su presenda en d territorio nadonal. No se trata solamente de un problema militar, sino más bien de una presenda coordinada dd conjunto de las institudones, así como de su rdegitimizadón. En un país cuya cultura política desde hace tiempo ha estado basada más bien en la desconfianza hada las instituciones, esto es una tarea a largo plazo.

En la actualidad se vudve a hablar de descentralizadón y de reordenamiento territo­rial. Desde la Constítudon de 1991, se han dado muchos pasos hacia la descentralizadón, con resultados a veces discutibles. Sin embargo, no faltan ejemplos como Bogotá y algunas otras dudades que demuesttan que un buen manejo institudonal es susceptible de favorecer la convivenda dudadana.

Bien puede ser que en un momento dado tales medidas puedan sentar las bases de un nuevo sentido de territorialidad e impulsar nuevas iniciativas para atenuar el conflicto. La "territorialidad" de los movimientos de resistencia civil parece caminar en este sentido. Pero no se puede pensar que baste para llegar a una salida negociada del conflicto. El verdadero desafio es convencer a todos de que el fortalecimiento de las estructuras locales implica el fortalecimiento de las institu­ciones nacionales y, más allá de eso, que el fortalecimiento de la sociedad civil implica el del Estado.

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LA GUERRA EN COLOMBIA: UN CONFLICTO POR EL USO

ALTERNATIVO DE LOS RECURSOS NATURALES

Iban de Rementería*

TERRITORIO, DROGAS Y GUERRA1

Los paradigmas sobre las drogas

El asunto de las drogas está definido como problema a partir de los paradigmas que se emplean para interpretar las causas de su uso indebido e intervenir su consumo abusivo. Los principales paradigmas sobre las drogas son la sociedad libre de drogas versus la reducción del daño; el paradigma estadounidense versus el paradigma europeo. El paradigma estadounidense impuesto planetariamente por medio de las convenciones internacionales y gestionado por el sistema de las Naciones Unidas, desde la perspectiva criminal, propone que la única manera de controlar el problema es impidiendo el consumo con la prohibición de su provi­sión y el castigo penal a la transgresión de tal mandato, a lo que se agrega el castigo penal al consumo. El paradigma de la minimización del riesgo por el uso indebido y la reducción del daño por el consumo abusivo, desde la perspectiva sanitaria, propone —en primer lugar— promover la abstinencia del consumo de drogas; —en segundo lugar— recomienda formas de consumo y sustancias que minimicen el riesgo sanitario por tal conducta, como se hace en Occidente con la ingestión de alcohol y, finalmente, recomienda tomar medidas sanitarias para compensar el daño causado por el empleo de las drogas, como se hace con cualquier enferme­dad crónica. El principal objetivo de este paradigma es evitar la marginación social y sanitaria de la población vulnerable en situación de riesgo y de la población

* Profesor del curso Sociedad y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Chile; miembro del directorio de la Corporación Ciudadanía y Justi­cia, Santiago de Chile; ex funcionario en el área drogas de las Naciones Unidas.

1 Esta conferencia sintetiza, en parte, el libro La guerra de las drogas. Bogotá: Planeta,

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Iban de Rementería

víctima del abuso de drogas, con la finalidad de institucionalizar las relaciones entre estas poblaciones y los sistemas de prevención y asistencia sanitaria y social.

Pese a la creciente demanda internacional de sustancias psicoactivas, la re­presión planetaria ha impedido el desarrollo de una industria farmacéutica ilícita para satisfacer esa demanda. Esta oferta fue sustituida por una producción agrícola ilícita de sustancias psicoactivas naturales de inmemorable existencia en la cultura universal. Esto determinó que los cultivos ilícitos de drogas se expandieran en aquellas regiones que contaban con las ventajas comparativas naturales y con las condiciones económicas y sociales propicias: la crisis agrícola del tercer Mundo, en particular de la región andino-amazónica.

L A CRISIS AGRÍCOLA

Las políticas agrícolas de los países desarrollados, pertenecientes a la Ocde2, ba­sada en los subsidios a la producción y exportación de los productos agropecuarios y sus derivados, así como la protección en frontera a la producción proveniente de países con ventajas comparativas naturales o económicas y sociales —flexibili­dad laboral y ambiental—, situados en el Tercer Mundo, son la principal causa del deterioro ambiental mediante la explotación extensiva de los recursos naturales para minimizar costos. De la tala de los bosques, sólo el 11 % se debe a la extrac­ción de madera; el resto se debe a la agricultura y ganadería depredadoras de los recursos naturales, pero económicamente eficiente en el mercado. Asimismo, esas políticas agrícolas de los países desarrollados y sus impactos locales en los países en desarrollo son la causa de la instalación y expansión de los cultivos ilícitos para maximizar las ganancias en el uso de esos recursos naturales, del trabajo y capital disponibles localmente.

L A GUERRA Y EL MERCADO

La guerra y el mercado son formas e instituciones de circulación de bienes (Lévi-Strauss3). La guerra y el poder también pueden ser vistos como formas de circula­ción o acceso a derechos como la independencia política y personal o la autono­mía social y cultural, así como el acceso a los recursos naturales, al trabajo y al capital. El conflicto social y el poder, el derecho penal y la guerra son las expresio­nes de los conflictos entre la sociedad y el Estado (Clastres4).

2 Organización de los países desarrollados, conformada por los miembros de la Unión Europea (los 15), Estados Unidos de América, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

3 Claude Lévi-Strauss. "Guerre et commerce chez les Indiens de l'Amérique du Sud". Renaissonce, vol. I, New York, 1993, pp. 136-138.

4 Pierre Clastres. Investigaciones en antropología política, Barcelona: Gedisa, 1981, p. 199.

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La guerra en Colombia: un conflicto por el uso alternativo de los recursos naturales

¿Qué es la guerra?

En sí misma o por su naturaleza, la guerra es el uso racional o ritual de la violencia para resolver conflictos; la violencia es el uso del dolor para doblegar la voluntad del otro. La guerra se emplea para dominar territorios -tradición occidental- o para dominar pueblos -tradición oriental. La primera forma de dominio se apro­pia de los recursos naturales para someter el trabajo a la producción con aquellos. El sometimiento legal —servidumbre o esclavitud— o la subordinación económica de los hombres -trabajo asalariado o subcontrato— permite la utilización de su fuerza de trabajo en la explotación de los recursos naturales.

En su forma más tradicional, la relación entre hombre y naturaleza es de alteridad. En esta las culturas tradicionales ven la naturaleza como lo otro con lo cual están en una perpetua relación de intercambio de dones: lo sagrado es sacralización de la naturaleza5. Sin embargo, hay un momento fundacional -¿fundacional de la cultura occidental?— en el cual la naturaleza es convertida en territorio por el acto de dominio resultante de la guerra o afirmado, defendido, mediante la guerra; pero en ese momento la naturaleza es puesta como "aquello", es convertida en propiedad, es decir, distinta de su tenedor y enajenable. En el derecho romano la autoridad sobre las personas estaba instituida por la potestas (hombres) y el monus (las mujeres), mientras que la autoridad sobre las cosas esta­ba instituida por el dominio. El dominio sobre la naturaleza crea el territorio, que siempre indica pertenencia o propiedad: a partir de ese momento naturaleza y territorio son dos cosas completamente distintas. Para el guerrero, el territorio es primero el teatro de la guerra y luego su botín.

¿Qué es el mercado?

El mercado es la institución de la concurrencia de los bienes y servicios, de los valores que los representan, etc. La participación de esos bienes y servicios depen­de su capacidad de satisfacer necesidades, de su función de utilidad, ese es su valor de uso; en cambio, su capacidad de sostenerse en el mercado (sostenibilidad) depen­de de su precio, de la racionalidad en el empleo de factores empleados en su producción e instalación en el mercado, de su valor de cambio.

Drogas y mercado

La pregunta que debe plantearse para iniciar un examen sobre la droga es ¿qué da la droga? No se trata de preguntar por qué se emplea la droga, sino para qué se usa la droga, es decir, cuál es su función de utilidad, qué le resuelve al usuario su uso, cuál es el valor de uso que convierte la droga en una mercancía.

5 Lynn White. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis". Science, vol. 155, No. 3.767, pp. 1203-1207.

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Iban de Rementería

Los principales usos sociales y sanitarios de las drogas, como prácticas de autocuidado, son la respuesta al carácter ansiógeno de la sociedad contemporánea; tanto es así que los medicamentos más vendidos en el planeta son los remedios contra la úlcera gástrica y los ansiolíticos. En general, desde una perspectiva cultu­ral, entendida ésta como la construcción de maneras de resolver problemas a partir de los medios con que cuentan los miembros de una sociedad y cultura específica, los usos de las drogas son tres: el uso funcional de estimulantes (café, té, cacao, cocaí­na, anfetaminas, éxtasis, etc.) en la vida laboral para mantener la atención, perma­necer alerta, evitar el sueño, autocuidarse en el trabajo, los estudios, la vida social, etc., así como el uso de calmantes para lograr el reposo necesario y recuperar las energías para continuar la vida cotidiana (alcohol, benzodiacepinas, morfina, he­roína, etc.) Este uso es practicado en especial por hombres adultos. El uso festivo, institucionalizado culturalmente en que el consumo de las sustancias psicoactivas, junto con otras prácticas sociales como bailar, hacer el amor, escuchar música o practicar actividades de alto riesgo, etc. se convierte en una moratoria de lo coti­diano, un reposo ritualizado cada cierto periodo —cada fin de semana o en vaca­ciones— para recuperar la energía perdida. Este es un uso cada vez más corriente entre jóvenes de ambos sexos. Finalmente, está el uso eufórico, entendido como la capacidad de sobrellevar el dolor, sobre todo del alma, destinado a apoyar y supe­rar el duelo no tan sólo por las pérdidas irreparables -efectivas o afectivas- sino por las frustraciones de la vida cotidiana o a causa de la existencia misma. Ésta es una práctica particularmente corriente entre las mujeres adultas y mayores, pero no exclusivas de ese sexo ni de ese grupo etáreo. Las drogas (tabaco, alcohol y psicofármacos) muestran claramente su importante función de utilidad y de allí el alto valor de cambio que logran en el mercado, tanto más cuanto que una parte importante de ellas es a la vez ilegalizada y de muy fácil acceso (es más fácil con­seguir marihuana que benzodiacepinas).

Drogas y violencia

Lo que liga a las drogas con la violencia es su modelo de control. Se emplea la violencia legítima para impedir el acceso a eUas y se emplea la violencia ilegítima para hacer posible y asegurar el acceso a las mismas. El marginamiento sanitario y social de los usuarios fuertemente dependientes de las drogas los obliga a delinquir para poder acceder a eUas; por eso no sólo la mayor parte de la población carcelaria del planeta está recluida por infracciones a la ley de drogas, sino que además, es usuaria de drogas en una proporción mucho mayor que fuera de las cárceles. La diferencia va de 6% a 10% de usuarios en el medio libre al 50% en las cárceles.

E L USO ALTERNATIVO, LÍCITO O ILÍCITO, DE LOS RECURSOS NATURALES

Los recursos naturales de las regiones tropicales que tienen condiciones edafoclimáticas para la producción de cultivos que contengan sustancias psicoactivas

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La guerra en Colombia: un conflicto por el uso alternativo de los recursos naturales

—ésta es la condición necesaria— y las crisis agrícolas descritas, causadas por las distorsiones de las políticas agrícolas de los países desarrollados, que vuelven rui­noso el negocio agrícola —ésta es la condición suficiente— hacen que tales recursos naturales sean disputados para actividades agrícolas y agroindustriales —alto valor agregado local— Ucitas o Uícitas mediante la libre competencia en el mercado. Cuando es necesario, se emplea la violencia oficial o delincuencia! y subversiva. Dicho de manera más concreta, cuando la disuasión mercantil no logra los propósitos del agente en el mercado, sea el Estado con medidas impositivas, administrativas o sanitarias, sean los competidores privados con mejores precios, compras masivas, adelantos, créditos etc., aquél y éstos recurrirán a la violencia para imponer sus propósitos o intereses. Hasta ahora la única acción pública violenta para controlar los cultivos ilícitos ha sido la impuesta por el régimen talibán en Afganistán, que había logrado disminuir los cultivos de amapola a menos del 5% (de 4.000 a 200 toneladas de opio). Como es sabido, colapsado el régimen talibán por la invasión estadounidense, los cultivos ilícitos de ese país han vuelto a recuperar su extensión y producción tradicionales: unas 3.400 toneladas hoy.

La guerra de las drogas es una lucha por el uso alternativo de los recursos naturales, así como por el uso de la fuerza de trabajo y el capital; pero mientras que estos factores son sustituibles en el mercado, aquellos recursos son insustituibles, o sólo lo serían por la producción química industrial de sustancias sintéticas ilícitas cuyos riesgos asociados a lo ilegal y a la guerra de las drogas la hacen inviable en términos financieros. Pero este conflicto por la accesibilidad a los recursos natura­les plantea otras reflexiones.

Promoción y control en los mercados lícitos y los mercados ilícitos

El mercadeo —marketing— y el auditaje son los instrumentos para promover las ven­tas en el mercado y controlar la gestión de la producción. En el mercado lícito la fuerza de venta, la promoción y la publicidad se encargan de instalar y realizar el producto en el mercado y desplazar la competencia; la contabilidad y la auditoría se encargan de controlar la gestión de la empresa para sus propietarios y las auto­ridades. En el mercado ilícito la fuerza de venta se encarga de promover el produc­to; la publicidad no es posible ni necesaria. La violencia se puede encargar de desplazar la competencia o de cobrar las cuentas de los morosos y de quienes no cumplen la "palabra empeñada". Pero sobre todo la violencia se emplea para ase­gurar que el mercado funcione "normalmente" ante las intervenciones de las au­toridades que tratan de impedirlo para controlar internamente el negocio ilícito en sus compras, procesamiento y ventas. No hay autoridad a quien recurrir cuan­do uno es engañado en el mundo de los negocios ilícitos. El uso de la violencia para promover y controlar el ilícito negocio de las drogas es válido para la esfera del consumo para la esfera de la producción de drogas, es decir, principalmente para la accesibilidad a los recursos naturales que la hacen posible.

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Iban de Rementería

La guerra de las drogas y el conflicto social

La guerra por el uso alternativo de los recursos naturales está causada por el con­flicto sociedad-estado, en el que ni los usuarios de drogas quieren ser criminalizados o sancionados por su costumbre, ni los campesinos quieren ser criminalizados y arruinados por usar los recursos naturales a los cuales tienen acceso o que se les impida que los usen. Aquí la confrontación entre el control social y la autonomía de las personas (Clastres) estalla de manera violenta, por la necesidad de la libre circulación de bienes, sean los recursos naturales o las sustancias psicoactivas.

La paradoja final

Los cultivos ilícitos causan menos impacto medioambiental —depredador- que los cultivos lícitos ya que el valor agregado de éstos, reconocido por el mercado, es mayor que el de aquellos y, por tanto, emplean menos recursos naturales para producir una misma unidad de valor. La gran paradoja de esta errónea política de control de drogas es que los cultivos ilícitos son más protectores del medio am­biente que los cultivos lícitos.

POSDATA

En la actualidad la situación en la región andino-amazónica y en Colombia es aproximadamente la siguiente:

Desplazamiento de cultivos ilícitos

Como estaba previsto, se está produciendo un nuevo desplazamiento de los culti­vos ilícitos y de su procesamiento posterior, de Colombia a Bolivia y Perú, con la aparición de nuevas áreas de cultivos en conflictivas zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela debido al recrudecimiento de la guerra impuesta por el endureci­miento del Plan Colombia aplicado por el gobierno del presidente Uribe Vélez.

Bolivianización del movimiento campesino

La tradicional lucha social de los productores cocaleros por defender sus intereses y representar sus derechos se ha recrudecido en Bolivia a partir del gran avance político del Movimiento al Socialismo (MAS), basado principalmente en la plata­forma cocalera de los agricultores de Chapare, conseguido en las pasadas eleccio­nes presidenciales. Asimismo, la vuelta a la democracia y el bajo perfil de la subver­sión en Perú han movilizado y radicalizado al campesinado cocalero nacional per­filando para la región una "bolivianización" del movimiento social ligado a los cultivos ilícitos en la región andino-amazónica, dado que no parece viable em­plear la violencia de los agentes públicos en Ecuador y Venezuela. Los procesos de movilización y radicalización de los campesinos y marginados del campo no liga­dos a los cultivos ilícitos se verán acentuados por el deterioro que causa la crisis

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La guerra en Colombia: un conflicto por el uso alternativo de los recursos naturales

agrícola general, tanto por las políticas agrícolas de los países desarrollados como por las políticas agrícolas locales debido al "sinceramiento" impuesto por la co­operación financiera multilateral. Tal es el caso de México, Brasil, Bolivia, Ecuador, Centroamérica, etc.

Criminalización campesina

La criminalización de los campesinos que cultivan materias primas para la produc­ción de drogas se ha visto acentuada con el recrudecimiento de la guerra en Co­lombia impuesto por el gobierno del presidente Uribe Vélez. Entre tanto, la admi­nistración del presidente Bush está exigiendo a los gobiernos de la región, en particular a Bolivia y Perú, una postura cada vez más dura frente a los cultivadores de sustancias ilícitas. Esta situación puede verse agravada luego de la previsible resolución de la guerra en Irak, ya que la desestabilización del Medio Oriente y la pérdida de legitimidad de la ONU puede llevar a los Estados Unidos de América a un mayor aislamiento en su hemisferio; asimismo, los pocos resultados militares en Colombia (Plan Colombia) pueden llevar a un mayor comprometimiento mili­tar de los Estados Unidos en ese país y en la región andino-amazónica (Iniciativa Regional Andina).

La reducción del daño en el consumo de drogas

Por otra parte, de manera paradójica, desde la esfera de la demanda de drogas en la Unión Europea, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se va instalando e imponiendo el paradigma de la reducción del daño para el análisis del asunto drogas y para guiar las prácticas sanitarias de su tratamiento en sustitución del paradigma de la sociedad libre de drogas. Los ministros del Interior de Gran Bretaña y Justicia del Canadá han planteado con claridad la necesidad de descriminalizar el consumo de la marihuana en sus respectivos países.

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BASES PARA UN PLAN DE RETORNO

A LA TIERRA Y A LA VIDA1

O r l a n d o Fals Borda*

Por ser Colombia un país equinoccial, pleno de tierras, aguas y recursos naturales, cualquier observador pensaría que su ocupación y uso se han logrado sin mayores conflictos. No ha sido así, ni en zonas rurales débilmente pobladas. Todos sabemos que el agro colombiano ha sido azotado por los vientos huracanados de la ambi­ción de poder y prestigio, representados en el latifundio, los afanes de la acumula­ción de capital y la extracción desaforada de los productos de suelo, selva y ríos. No es caso único, y el sino de la violencia ha acompañado, como partera, al desa­rrollo económico y político que, mal que bien, hemos ganado.

Sin embargo, al conocer a fondo la naturaleza sosegada y tranquila de buena parte de los moradores de la tierra que, al margen de las guerras civiles o evitándo­las, fueron fraguando el ethos del colombiano raso, no habría razón para tal pato­logía. La rapiña se realizó desde y entre las clases señoriales. Fue haciéndose más y más aguda a medida que la tierra fue adquiriendo valor de cambio, a partir del siglo XX. Desde muy temprano asumió la forma del desplazamiento humano, lla­mado desde entonces "éxodo rural", que fue una manera horrenda de ordenar y rehacer la ocupación del territorio según diseños caudillistas. Diversas formas de ordenamiento territorial, como los actuales departamentos, se diseñaron desde arriba y surgieron marcados por esa hoguera sin fin. Pero fueron las agrupaciones rústicas menores —veredas, corregimientos, municipios, los de la gleba de campe­sinos, indios y negros— las que más sufrieron.

Este es el deprimente punto de partida para las presentes reflexiones, que tratan de combinar el retorno a la tierra con el ordenamiento del territorio como políticas de Estado, que vayan más allá de lo simplemente pragmático.

1 Este texto se basa en parte en una investigación financiada por Colciencias y la Universidad Nacional.

' Profesor especial, Universidad Nacional de Colombia.

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Orlando Fals Borda

DINÁMICA DE LOS DESPLAZAMIENTOS

Como se recordará, al principio los desplazamiento de grupos humanos fueron de alcance local, de una vereda a otra, para asegurar hegemonías partidistas. Desde mediados del siglo XX estas persecuciones se ampliaron hasta cuando las víctimas tuvieron que refugiarse en ciudades intermedias cercanas. Tal desbordamiento de la violencia hacia las urbes tuvo dos grandes motores: las luchas políticas, a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y los planteamientos de reforma urbana y construcción de viviendas ("las cuatro estrategias") de la Operación Co­lombia durante el gobierno de Misael Pastrana, concebidos en 1971 por su asesor de cabecera, el economista Lauchlin Currie. Quizás estas medidas pudieron ser bien intencionadas para calmar las aguas tormentosas del agro; pero más bien abrieron las compuertas para acelerar la introducción de un modelo frío y calcula­dor, el modelo capitalista conocido de autos, así en el campo como en la ciudad. Naturalmente, aquellas medidas frenaron las justas aspiraciones campesinas de la época por el alivio de su situación, lo que culminó con el ominoso Pacto Latifun­dista de Chicoral (1972).

El "éxodo rural" se intensificó entonces con conflictos múltiples, y millares de personas se desplazaron a las urbes por razones político-económicas y hasta religiosas, huyendo de "chulavitas", policías y "pájaros". A la primera oleada de los años de 1950 siguió la de las "republiquetas" de Marquetalia en los años de 1970 y de 1980, para llegar a la gran marejada contemporánea de 2.700.000 desplazados, cuando ya aparecieron otros actores de guerra como las guerrillas, los paramilitares y los narco trafican tes. Hay que resaltar que estos actores, con excepción del ELN, no han tenido ningún diseño serio de ordenamiento territo­rial, sino que se adaptaron al statu quo departamental y lo fueron asimilando y utilizando según necesidades tácticas.

Semejantes turbiones han tenido obvias consecuencias estructurales y espa­ciales, aunque dentro del marco tradicional. Una consecuencia de entidad fue el desequilibrio geopolítico producido por la atracción centralizadora de Bogotá que apagó a las ciudades menores que habían sido centros alternos de refugio y desa­rrollo. El otro gran efecto fue el cambio demográfico hacia el predominio urbano, al dejar de ser Colombia el arcádico país que era y bajar del 70 al 30% la propor­ción rural, y empezar a tener la macrocefalia de la ciudad capital. Este impresio­nante salto de trueque sin cuidados especiales de política para la recepción de migrantes y otras víctimas está en el meollo de las dificultades de gobierno que afectan hoy al país, y que se reflejan en el vacío de poder en las unidades político-administrativas. Todo ello ha exigido replantear el ordenamiento del territorio na­cional; algo que no se hacía desde 1904.

Los resultados de esta política oficial anticampesina y monopólica de la tierra para privilegiar otros sectores no pueden ocultarse: son elementos de la guerra actual y han frustrado una buena administración del espacio que nos corresponde como nación. Sus actores y beneficiarios se han inspirado en las

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malhadadas doctrinas de un neoliberalismo importado que no se preocupa por lo que destruye, si esto logra acumular dinero. El ser humano, la cultura y perso­nalidad o el espíritu cooperativo no cuentan, y menos si tienen raíces precapitalistas, como ocurre en los grupos étnicos. Por eso, de manera increíble, todavía campean en los ministerios del gobierno ideologías desarrollistas que hace décadas se han denunciado en el mundo como perjudiciales o contrapro­ducentes para los trabajadores. Ahora este desarrollismo criticable se está equi­parando con el "verraquismo" para erradicar lo que no encaja en los modelos económicos importados y copiados de países dominantes. Esta ignorancia y menosprecio por lo propio del trópico y por nuestra idiosincrasia es peligrosa y despilfarradora del potencial natural y humano que indudablemente tenemos, pues mucho del reto radica en conocer mejor el contexto propio y retomar el paso para enderezar entuertos.

A F E C T A C I O N E S AL ESPACIO T E R R I T O R I A L

En estas circunstancias degradantes y xenófilas, la estructura del espacio territorial de la nación tenía que afectarse en todos sus niveles. Curiosamente, uno de los primeros damnificados ha sido el departamento, el hijo predilecto de la centralista y caudillista Constitución de 1886. Ahora el departamento ha quedado sin funcio­nes como intermediario entre nación y municipio, y en el nuevo contexto nacio­nal y mundial resulta inviable. Claro que hay otras causas de este fenómeno de inviabilidad departamental: corrupción burocrática y los errores de implantación causados por ignorancia e irrespeto a las culturas regionales, como se ha observa­do en los departamentos periféricos.

Se han propuesto algunas salidas, como la fórmula de la Región, autorizada en buena hora por la Constitución de 1991, que ha sido nuestra Carta de Paz. A los municipios que aún constituyen la basamenta real de la población activa se les ha recomendado unirse, coordinarse o asociarse en la modalidad de provincias, de modo que la intermediación con la Nación quede expresada en la fórmula región-provincia, que asegure un mejor gobierno local y más eficiencia en los servidores públicos.

¿Qué tipo de regiones se están planeando? Aquí hay que tener cuidado con la variedad de soluciones que emergen de las condiciones locales, de su geografía e historia y de su cultura. La práctica, en estos casos, vale más que la simple discu­sión que ya cumple once años sin resultados tangibles. También es necesario in­cluir las consultas populares y asambleas constituyentes regionales, como se ha venido haciendo en la región surcolombiana de Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo, cuya voluntad deberá ser respetada por todos, incluso por las fuerzas insurgentes e irregulares.

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ORDENAMIENTO PARA LA PAZ Y LA VIDA

Como puede deducirse, el ordenamiento territorial ha sido para nosotros un pro­ceso constante para racionalizar el uso de los espacios que correspondan a la na­ción, con fines geopolíticos, administrativos y ambientales. Se manifiesta en con­tenedores territoriales como los que proveyó la Constitución Nacional. Sin embar­go, por lo que vengo diciendo en cuanto a los orígenes violentos y patológicos de la actual situación —incluido el descuido de la cuestión agraria-, pienso que debe­mos matizar mucho más aquella definición del ordenamiento. Este no puede de­jarse sólo como la administración física de espacios y límites de contenedores, sino también agregarle el problema del tejido social dentro de los contenedores, afectado por los conflictos a partir de las comunidades de base (veredas, corregimientos, municipios). El concepto de ordenamiento territorial debe enri­quecerse con la reconstrucción del afecto y el espíritu de solidaridad entre las gentes, y trabajar en ellos para llegar a niveles superiores de organización espacial como la provincia y la región.

Transformar los actuales departamentos en provincias y regiones, como lo propusieron los candidatos presidenciales Alvaro Uribe Vélez y Luis Eduardo Gar­zón, aparece como un objetivo importante de una nueva política que ahora, desde el Gobierno, podría reenfocarse para contribuir a la paz con mayor eficacia. Ade­más, hay que tomar en cuenta los aspectos de relaciones sociales que he señalado, si se quiere llegar a las fuentes sociales y espirituales de la actual situación.

Por supuesto, al abrir el paso a estas dos grandes unidades territoriales, conviene hacerlo con cautela. Puede empezarse conociendo lo que al respecto hizo la primera Comisión Constitucional (COT) —que debería rehacerse como ente au­tónomo de Estado y con mucha urgencia— y aplicar principios organizativos del espacio basados en el epicentrismo urbano, como lo quería el profesor Ernesto Guhl, aunque evitando el centralismo regional y propiciando el equilibrio entre unidades ricas y pobres. Eso está bien, pero no puede ignorarse la tragedia rural que obliga a pasar a planteamientos supraadministrativos.

En consecuencia, las provincias y regiones propuestas, producto de un Pac­to de Paz como la Carta Constitucional, deberían nacer saturadas de la filosofía del altruismo participante y de la fe en las capacidades reconstructivas del ser humano. Deberían propiciar también la reparación de las relaciones sociales que han sufri­do tanto con nuestra guerra de cuarenta años. Deberíamos llegar a las provincias y a las regiones inspirados en ideas de reconciliación y ayuda mutua y no con la ambigua práctica de la desconfianza y la oscura delación.

Una indiscutible prioridad para estos fines positivos es el retorno a la tierra y la valoración del mundo rural con todo su entorno y su historia. Es el cosmos verde y tropical que nos ha alimentado como nación desde que el mundo es mundo. Ignorarlo es ser miope y suicida. Entregarlo en manos de otros contornos es traición.

Allí, en el mundo rural, se ha adelantado nuestra guerra sempiterna, y allí hay que terminarla. La evidencia histórica y sociológica demuestra que no habrá

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paz en nuestros país ni en nuestro tiempo mientras no se resuelva a fondo el problema de la producción agraria y su control para el campesinado activo. Las injusticias en las tareas del campo, el tomar al elemento rústico como atrasado, ignorante, carne de cañón o siervos de familias pudientes, son las que crean, man­tienen y multiplican problemas estructurales mayores.

No hay nada nuevo en lo que acabo de decir. Porque la principal vocación de Colombia —su origen tropical mismo, como vengo diciendo— sigue siendo agrí­cola, en el sentido más amplio. Y esto no debe avergonzarnos como sociedad o como nación: se trata de la actividad más importante y potencialmente más renta­ble en el presente siglo plagado de hambrientos y sedientos en más de medio mundo. De ella depende en mucho la paz y la prosperidad universales.

Dar inspiración de servicio y otredad a los marcos geográficos, ambientales y culturales del territorio es parte de la tarea reordenadora con fines de paz. Zurcir el tejido social hoy roto o descompuesto por dos o más generaciones es tarea de gigantes. Pero hay que hacerlo, si se quiere que la patria colombiana resucite de entre los escombros.

La tarea se está perfilando, por fortuna, con interesantes proyectos culturales y populares que adelantan diversas instituciones —el Teatro de la Candelaria, CODHES, el PNUD, el Ministerio de la Cultura-, que piensan sobre Colombia en el planeta y la expedición para el éxodo. Esta es la vía paciente y segura de Penélope tejiendo la tela a la espera del retomo familiar, la de la vuelta a la tierra, la de la justicia y reparación para los miUares de personas pobres y expoliadas que deambulan como almas en pena por las calles y semáforos de Colombia.

E L PLAN V

Para hacer realidad este sueño, se necesita que toda la Nación se resuelva a desarroUar dos grandes políticas que llenarían los vacíos de poder y reforzarían la identidad nacional hoy llena de agujeros negros peligrosos para la paz y la estabilidad institucional, por falta de un ordenamiento territorial inspirado en las formas que vengo sugiriendo.

Estas dos políticas son: 1) volver a ganar el equilibrio geopolítico nacional perdido por la ejecución de la Operación Colombia, lo que debería llevar a reducir el gigantismo y el poder de anaconda centralista del Distrito Capital; y 2) volver los ojos a la tierra y dar al campesinado todos los recursos que hoy se van para los bancos y el sector financiero y empresarial.

Una meta sería llegar a disminuir la proporción que hoy tiene la población urbana (70%) a la mitad de la población total, o sea el 50%, y situar la otra mitad rural en contenedores territoriales funcionales. Esta campaña podría bautizarse como "Plan V", por Vuelta a la Tierra, idea que no es nueva porque se ha aplicado en diversas partes. Si otros países han logrado hacerlo, ¿por qué no nosotros? Para empezar contamos con buenos recursos: por ejemplo, todavía está viva la genera­ción redimible de los 2.700.000 desplazados forzosos de la última ola, que hoy

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vegetan y sufren en los tugurios, especialmente en la capital, y que volverían ma­ñana mismo a sus tierras recuperadas y reordenadas, además de bien gobernadas, si ven una posibilidad seria. La idea de detener el crecimiento de Bogotá y defen­der la sabana que queda para que no se "calcutice", no deja de tener algún atracti­vo. También contamos con latifundios y otras propiedades inutilizadas por el enri­quecimiento ilícito -que ocupan tres cuartas partes de toda la tierra fértil—, que deben quedar en las manos de trabajadores humildes, bien protegidos, que las hagan producir.

La realización del Plan V —que combina el ordenamiento territorial redefmido como viene dicho, con el retomo a la tierra productiva y en paz— implica otra visión de la función acumulativa del capital y el cumplimiento de principios ecosocialistas que son de histórica receptividad en nuestro suelo y entre nuestras gentes comunes. Implica el respeto a la diversidad como vida, el tender la mano a la persona humana que tiende a olvidarse en los gobiernos neoliberales. Implica el reconocimiento de Colombia como país tropical y equinoccial que ocupa "la me­jor esquina de América". Requiere reconocer que el capitalismo salvaje e indivi­dualista, como se ha venido practicando, es un enemigo principal.

Pienso que sólo con un Estado ecosocialista enfocado hacia un mundo reordenado, gobernable y en paz, que deje de ser el aparato de violencia opresora que por generaciones ha venido destruyendo nuestra sociedad, podemos llegar a este nuevo universo de reconstrucción social y progreso económico. La transfor­mación del Estado actual, a través de antiélites ilustradas y movimientos alternati­vos, procediendo como hasta ahora de las bases hacia arriba y desde la periferia al centro, puede ofrecernos soluciones adecuadas.

La Vuelta a la Tierra reordenada y en paz es también la vuelta a la inteligencia y al patriotismo de nuestros pueblos y de sus líderes auténticos, al espíritu de decencia y honestidad que caracterizaba a nuestros abuelos. Gobernar mejor esta tierra amante de la libertad es tener alma y coraje para dirigir con dignidad y ecuanimidad los destinos comunes.

En estas formas volveremos a gozar de una Colombia vivible y posible, la que nos merecemos. Así podremos levantar otra vez el rostro con el orgullo de ser colombianos. Ello sería una marca del cambio que, como bálsamo cicatrizante, logre aliviar el castigado cuerpo nacional.

L E C T U R A S

Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo: crítica al desarrollismo. Cali: Norma, 1998. Fals Borda, Orlando. Historia de la cuestión agraria en Colombia. Bogotá: Rosca, 1975.

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