JUSTICIA GLOBAL EN EL SIGLO XXIRICHARD FALK

http://richardfalk.wordpress.com/2014/07/28/joint-declaration-by-international-law-experts-on-israels-gaza-offensive/

Declaración conjunta de expertos en derecho internacional en la ofensiva israelí en Gaza

28JUL(Nota Preliminar:.. Lo Publicado aquí es una declaración conjunta de expertos en derecho internacional de todo el mundo que se enumeran a continuación como endosantes yo estoy entre los endosantes, y el texto fue redactado inicialmente por varios estudiosos del derecho internacional Damos la bienvenida a las firmas adicionales que pueden ser enviaron a mí en la sección de comentarios, con afiliación señalado para la identificación, y los nombres se añadirán periódicamente al texto. Veo esto como una importante expresión de juicio profesional y la conciencia individual en relación con la conducta de Israel en Gaza a partir del 8 de julio que ya tiene tomado tantas vidas inocentes y causaron tal devastación generalizada. Por favor, únete a nosotros y difundir la palabra!)

La comunidad internacional debe poner fin a castigos colectivos de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza

Como estudiosos internacionales y penales, de los defensores de derechos humanos, juristas y personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la necesidad de su respeto en tiempos de paz y más en tiempos de guerra, sentimos el deber intelectual y moral de denunciar la violaciónes graves, mistificación y la falta de respeto de los principios más básicos del derecho de los conflictos armados y de los derechos humanos fundamentales de toda la población palestina cometidos durante la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de Gaza. Condenamos también el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, como todos los ataques indiscriminados contra la población civil, con independencia de la identidad de los autores, no sólo es ilegal según el derecho internacional, sino también moralmente intolerable. Señalado Sin embargo, como también implícitamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución del 23 de julio 2014, las dos partes en conflicto no pueden ser considerados iguales, y sus acciones - una vez más - parecen ser de una magnitud incomparable.

Una vez más es la población civil desarmada, las «personas protegidas» en virtud del derecho internacional humanitario (DIH), que está en el ojo de la tormenta. Población civil de Gaza ha sido víctima en nombre de un derecho falsamente interpretada a la legítima defensa, en medio de una escalada de la violencia provocada en la cara de toda la comunidad internacional. El llamado Edge Operación protectora estalló durante un conflicto armado en curso, en el contexto de una ocupación beligerante prolongada que comenzó en 1967. En el curso de este conflicto en curso miles de palestinos han sido asesinados y heridos en la Franja de Gaza durante la recurrente y ostensible períodos "alto el fuego" desde el año 2005, después de la unilateral 'desconexión' de Israel de la Franja de Gaza. Las muertes causadas por actos de provocación de Israel en la Franja de Gaza antes de la última escalada de las hostilidades no deben ser ignorados también.

Según fuentes de la ONU , más de las dos últimas semanas, casi 800 palestinos en Gaza han muerto y más de 4.000 heridos, de los cuales la gran mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes indican que sólo el 15 por ciento de las víctimas eran combatientes. Familias enteras han sido asesinadas. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para las personas con discapacidad han sido blanco de ataques y severamente dañado. Durante un solo día, el domingo 20

th julio, más de 100 civiles palestinos fueron asesinados en Shuga'iya, un barrio residencial de la ciudad de Gaza. Esta fue una de las operaciones más sangrientas y más agresivos jamás llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana que constituye una falta de respeto total de la inocencia civil. Lamentablemente, esto fue seguido sólo un par de días más tarde por un ataque igualmente destructor sobre Khuza'a, al este de Khan Younis.

Además, la ofensiva ya ha causado una gran destrucción de edificios e infraestructura: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 3.300 casas han sido blanco de ataques como resultado su destrucción o daño grave.

Como denuncia la Misión de Investigación de las Naciones Unidas (FFM) en el conflicto de Gaza a raíz de la "Operación Plomo Fundido" de Israel en el período 2008-2009: "Mientras el Gobierno israelí ha tratado de presentar sus operaciones esencialmente como una respuesta a los ataques con cohetes en el ejercicio de su derecho a la autodefensa, la Misión considera que el plan se ha dirigido, al menos en parte, a un objetivo diferente: El pueblo de Gaza en su conjunto "(. A/HRC/12/48, párrafo 1.680) . Lo mismo puede decirse de la actual ofensiva israelí.

La población civil de la Franja de Gaza está bajo ataque directo y muchos se ven obligados a abandonar sus hogares. Lo que ya era un refugiado y la crisis humanitaria se ha agravado con una nueva ola de desplazamientos masivos de la población civil: el número de desplazados internos ha llegado a casi 150.000, muchos de los cuales han obtenido refugio en escuelas superpobladas de la UNRWA, que por desgracia no son zonas seguras como lo demuestra la reiterados ataques contra la escuela de la UNRWA en Beit Hanoun. Todo el mundo en Gaza está traumatizado y que viven en un estado de terror constante. Este resultado es intencional, ya que Israel está confiando de nuevo en el ' Dahiya doctrina ', que tiene deliberadamente recurrir a una fuerza desproporcionada para infligir sufrimiento a la población civil con el fin de lograr objetivos políticos (para ejercer presión sobre el Gobierno de Hamas) en lugar de objetivos militares.

De este modo, Israel es repetidamente y violando flagrantemente el derecho de los conflictos armados, que establece que los combatientes y los objetivos militares pueden ser objeto, es decir, "aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del momento, una clara ventaja militar definida ". La mayor parte de los recientes bombardeos pesados en Gaza carecen de una justificación militar aceptable y, en cambio, parecen estar destinadas a aterrorizar a la población civil. Como aclara el CICR, provocando deliberadamente el terror es inequívocamente ilegal según el derecho internacional consuetudinario.

En su opinión consultiva en el caso las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia declaró que el principio de distinción, que obliga a los Estados beligerantes para distinguir entre civiles y combatientes, es uno de los "principios cardinales" del derecho internacional humanitario y uno de los "principios inviolables del derecho consuetudinario internacional ".

El principio de distinción está codificado en los artículos 48, 51 (2) y 52 (2) del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, en que se han efectuado reservas. De acuerdo con el Protocolo adicional I, "ataques" se refieren a los "actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos" (artículo 49). Bajo tanto las leyes ley y tratado internacional consuetudinario, la prohibición de dirigir ataques contra la población civil o bienes de carácter civil es absoluta. No hay discrecionalidad de invocar una necesidad militar como justificación.

Contrario a las afirmaciones de Israel, los errores que resultan en muertes de civiles no pueden justificarse: en caso de duda acerca de la naturaleza del objetivo, la ley establece claramente que un bien que normalmente se dedica a fines civiles (como escuelas, viviendas, lugares de culto y los servicios médicos), se presume que no se utilice con fines militares. Durante estas últimas semanas, funcionarios de la ONU y representantes han pedido repetidamente a Israel a cumplir estrictamente el principio de precaución en la realización de los ataques en la Franja de Gaza, donde los riesgos se agravan en gran medida por la altísima densidad de población, y la máxima moderación deben ser ejercidos en oposición a evitar víctimas civiles. HRW ha señalado que estas normas existen para minimizar errores "cuando se repiten este tipo de errores, que plantea la preocupación de si se atropellan las reglas."

Además, incluso cuando la orientación de objetivos militares claros, Israel viola sistemáticamente el principio de proporcionalidad : esto es particularmente evidente en lo que respecta a los cientos de casas de civiles destruidas por el ejército israelí durante la operación militar en Gaza. Con la declarada intención de dirigirse a un solo miembro de Hamas, las fuerzas israelíes han bombardeado y destruido casas aunque ocupado como residencias de decenas de civiles, entre ellos mujeres, niños y familias enteras.

Es inherentemente ilegal según el derecho internacional consuetudinario para apuntar intencionalmente bienes de carácter civil, y la violación de un principio tan fundamental de ley puede constituir un crimen de guerra. La emisión de una 'advertencia' - tales como llamada técnica de Israel techo llamar o enviar un SMS cinco minutos antes del ataque - no mitiga esto: sigue siendo ilegal para atacar deliberadamente una vivienda civil sin una demostración de la necesidad militar, ya que asciende a una violación del principio de proporcionalidad. Por otra parte, no sólo se trata de 'advertencias' generalmente ineficaces, e incluso puede dar lugar a más muertes, que parecen ser una excusa prefabricada por Israel para representar a las personas que permanecen en sus hogares como "escudos humanos".

Los ataques indiscriminados y desproporcionados, la focalización de los objetivos que proporcionan ninguna ventaja militar efectiva, y el ataque intencional de civiles y viviendas de civiles han sido rasgos persistentes de la antigua política de castigar a toda la población de la Franja de Gaza de Israel, que, desde hace más de siete años, ha sido virtualmente prisionero de cierre impuesto israelí. Tal régimen equivale a una forma de castigo colectivo , que vulnera la prohibición incondicional establecido en el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra y ha sido condenado internacionalmente por su ilegalidad. Sin embargo, lejos de oponerse efectivamente actores internacionales, la política ilegal de Israel de cierre absoluto impuesto a la Franja de Gaza ha continuado sin descanso, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de Estados.

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Como se afirma en el año 2009 por el hecho de la ONU misión de investigación sobre el Conflicto

de Gaza: "La justicia y el respeto al estado de derecho son la base indispensable para la paz. La prolongada situación ha creado una crisis de la justicia en el territorio palestino ocupado que justifica la acción "(A/HRC/12/48, párr 1958.) En efecto:" desde hace mucho tiempo la impunidad ha sido un factor clave en la perpetuación de la violencia en la región y en la repetición de violaciónes, así como en la erosión de la confianza entre los palestinos y muchos israelíes relativas a perspectivas de la justicia y una solución pacífica al conflicto ". (A/HRC/12/48,. Párrafo 1.964)

Por lo tanto,

Acogemos con satisfacción la Resolución adoptada el 23 de julio 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se estableció una comisión internacional independiente para investigar todas las violaciónes del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas, la Liga Árabe, la Unión Europea, los Estados, en particular los Estados Unidos de América, y la comunidad internacional en su totalidad y con su poder colectivo para actuar en el espíritu de la máxima urgencia para poner fin a la escalada de violencia contra la población civil de la Franja de Gaza, y para activar los procedimientos para hacer rendir cuentas a los responsables de violaciónes del derecho internacional, incluidos los líderes políticos y comandantes militares. En particular:Todos los actores regionales e internacionales deben apoyar la conclusión inmediata de un acuerdo de alto el fuego duradero, integral y de mutuo acuerdo, que debe asegurar la rápida facilitación y el acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de las fronteras hacia y desde Gaza;Todas las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra deben ser urgentemente y sin condiciones al llamado para cumplir con sus obligaciones fundamentales, vinculantes en todo momento, y para actuar bajo el artículo 1 común, a tomar todas las medidas necesarias para la supresión de las infracciones graves, con la mayor claridad impuesta por el artículo 146 y el artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra; estas reglas son aplicables a todas las partes interesadas, así;Por otra parte, denunciamos las presiones políticas vergonzosas ejercidas por varios Estados miembros de la ONU y la ONU sobre el presidente Mahmoud Abbas, para desalentar el recurso a la Corte Penal Internacional (CPI), e instamos a los líderes gubernamentales de Palestina para invocar la jurisdicción de la CPI, mediante la ratificación del tratado de la CPI y en el ínterin por volver a presentar la declaración prevista en el artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, con el fin de investigar y enjuiciar los delitos internacionales graves cometidos en el territorio palestino por todas las partes en el conflicto; yEl Consejo de Seguridad de la ONU debe finalmente ejercerá sus funciones en relación con la paz y la justicia al referirse a la situación en Palestina ante la Fiscalía de la CPI.

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Tenga en cuenta que las afiliaciones institucionales son para propósitos de identificación solamente.

John Dugard, ex Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupadoRichard Falk, ex Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupadoAlain Pellet, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Paris Ouest, ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, FranciaGeorges Abi-Saab, profesor emérito de Derecho Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra, ex juez del TPIYVera Gowlland-Debbas, profesor emérito de Derecho Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra, SuizaChantal Meloni, Profesor Adjunto de Derecho Penal Internacional, Universidad de Milán, Italia (Relator, Declaración Conjunta)

Roy Abbott, Consultor en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de Derechos Humanos, AustraliaLama Abu-Odeh, Profesor de Derecho, Universidad de Georgetown, EE.UU.Susan M. Akram, Profesor Clínico y abogado supervisor, Programa de Derechos Humanos Internacional, Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, EE.UU.Taris Ahmad, Solicitor en Jones Day, Londres, Reino UnidoMaria Anagnostaki, estudiante de doctorado de la Universidad de la Escuela de Derecho de Atenas, GreciaAntony Anghie, Profesor de Derecho, Universidad de Utah, EE.UU.Nizar Ayoub, director de Al-Marsad, Centro Árabe de Derechos Humanos, en los Altos del GolánValentina Azarov, Profesor de Derechos Humanos y el Derecho Internacional, Al Quds Bard College, PalestinaAmmar Bajboj, Profesor de Derecho de la Universidad de Damasco, SiriaSamia Bano, Escuela de Derecho de SOAS, Londres, Reino UnidoAsli Ü Bali, Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de UCLA, EE.UU.Jakub Michał Baranowski, estudiante de doctorado, Universita 'degli Studi Roma Tre, ItaliaFrank Barat, Tribunal Russell sobre PalestinaEmma Bell, Coordinadora del Grupo Europeo para el Estudio de la Desviación y Control Social, Université de Savoie, FranciaBarbara Giovanna Bello, miembro post-doctoral de la Universidad de Milán, ItaliaBrenna Bhandar, Profesor adjunto de Derecho, Facultad de Derecho de SOAS, Londres, Reino UnidoGeorge Bisharat, profesor de Derecho de la UC Hastings College of Law, EE.UU.Barbara Blok, Candidato LLM de la Universidad de Essex, Reino UnidoJohn Braithwaite, Profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Australia, AustraliaMichelle Burgis-Kasthala, profesor de derecho internacional de la Universidad de Edimburgo, Reino UnidoEddie Bruce-Jones, profesor de Derecho de la Universidad de Londres, Birkbeck College, Reino UnidoArena Camlann, Candidato LLM, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, FranciaGrazia Careccia, Defensor de los Derechos Humanos, Londres, Reino UnidoBaris Cayli, Impacto Fellow de la Universidad de Stirling, Reino UnidoAntonio Cavaliere, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Federico II, Nápoles, ItaliaKathleen Cavanaugh, Profesor Titular, Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, IrlandaElizabeth Chadwick, Profesor de Derecho Internacional, Nottingham, Reino UnidoDonna R. Cline, Abogado, EE.UU.Karen Corteen, profesor titular de Criminología de la Universidad de Chester, Reino UnidoAndrew Dahdal, Profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Macquarie, Sydney, AustraliaTeresa Dagenhardt, Profesor de Criminología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del NorteLuigi Daniele, estudiante de doctorado en Derecho, ItaliaAlessandro De Giorgi, Profesor de Estudios de Justicia de la Universidad Estatal de San José, EE.UU.Paul de Waart, profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad VU, Amsterdam, Países BajosGabriele della Morte, profesor titular de Derecho Internacional, Universidad Cattolica, Milán, ItaliaMax du Plessis, Profesor de Derecho, Universidad de Kwazulu-Natal, y Barrister, Sudáfrica y Londres, Reino Unido

Noura Erakat, Georgetown University, EE.UU.Mohammad Fadel, Profesor Asociado de Derecho de la Universidad de Toronto Facultad de Derecho, CanadáMireille Fanon-Mendès France, UNO Experto Independiente, Frantz Fanon Fundación, FranciaMichelle Farrell, profesor de Derecho, Facultad de Derecho y de Justicia Social de la Universidad de Liverpool, Reino UnidoDaniel Feierstein, Profesor y Presidente de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio (IAGS), ArgentinaEleonor Fernández Muñoz, Costa RicaTenny Fernando, Licenciado en Derecho, Sri LankaAmelia Festa, Candidato LLM de la Universidad de Nápoles Federico II, ItaliaKatherine Franke, Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de Columbia, EE.UU.Jacques Gaillot, obispo in partibus de PateniaKatherine Gallagher, Vicepresidente de la FIDH, abogado del Centro de Derechos Constitucionales (CCR), Nueva York, EE.UU.Avo Sevag Garabet, LLM de la Universidad de Groningen, Países BajosJosé García Anon, Profesor de Derecho, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, Valencia, EspañaIrene Gasparini, estudiante de doctorado, Universitá Cattolica, Milán, ItaliaStratos Georgoulas, Profesor Asistente, Universidad del Egeo, GreciaHaluk Gerger, el profesor, TurquíaHedda Giersten, el profesor, Universitet I Oslo, NoruegaJavier Giraldo, Director del Banco de Datos del CINEP, ColombiaCarmen G. Gonzales, Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle EE.UU.Penny Green, profesor de Derecho y Criminología, Director de la Iniciativa de crimen de Estado, del Kings College de Londres, Reino UnidoKaty Hayward, profesor titular de Sociología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del NorteAndrew Henley, estudiante de doctorado de la Universidad de Keele, Reino UnidoChristiane Hessel, París, FranciaDe Paddy Hillyard, Profesor Emérito de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del NorteAta Hindi, Instituto de Derecho de la Universidad de Birzeit, PalestinaFrancois Houtart, Profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, EcuadorDeena Hurwitz R., Profesor de la Facultad General, Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos Directora de la Universidad de Virginia, Facultad de Derecho, EE.UU.Perfecto Andrés Ibanes, Magistrado del Tribunal Supremo de Espagna, EspañaFranco Ippolito, Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, ItaliaRuth Jamieson, Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Queen, Belfast, Irlanda del NorteHelen Jarvis, ex miembros de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC), miembro del IAGS, CamboyaIoannis Kalpouzos, Profesor de Derecho, City Law School, Londres, Reino UnidoVictor Kattan, compañero post-doctoral, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de SingapurMichael Kearney, PhD, Profesor de Derecho, Universidad de Sussex, Reino UnidoYousuf Syed Khan, EE.UU.Tarik Kochi, profesor titular de Derecho, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Sussex, Reino UnidoAnna Koppel, MSt Candidato en Derecho Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Oxford, Reino UnidoKarim Lahidji, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el abogadoGiulia Lanza, Doctorando, Università degli Studi di Verona, ItaliaDaniel Machover, abogado, Hickman & Rose, Londres, Reino UnidoTayyab Mahmud, Profesor de Derecho, Director del Centro para la Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle EE.UU.Maria C. LaHood, Abogada Senior Staff, CCR, Nueva York, EE.UU.Louise Mallinder, Profesor de Derechos Humanos y el Derecho Internacional de la Universidad de Ulster, Reino UnidoTriestino Mariniello, profesor de Derecho Penal Internacional, la Universidad de Edge Hill, Reino UnidoMazen Masri, profesor de Derecho, La Ley de Educación de la Ciudad, City University, Londres, Reino UnidoSiobhan McAlister, Escuela de Sociología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del NorteLiam McCann, Profesor Principal en Criminología de la Universidad de Lincoln, Reino UnidoJude McCulloch, Profesor de Criminología de la Universidad de Monash, Melbourne, Australia

Yvonne McDermott Rees, profesor de Derecho de la Universidad de Bangor, Reino UnidoCahal McLaughlin, profesor de la Escuela de Artes Creativas, Universidad Queen de Belfast, Irlanda del NorteAraks Melkonyan, Candidato LLM de la Universidad de Essex, Reino UnidoAntonio Menna, Candidato PhD, Segunda Universidad de Nápoles, Caserta, ItaliaNaomi Mezey, Profesor de Derecho, Universidad de Georgetown, EE.UU.Michele Miravalle, estudiante de doctorado de la Universidad de Torino, ItaliaSergio Moccia, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Federico II, Nápoles, ItaliaKerry Moore, profesor de la Universidad de CardiffGiuseppe Mosconi, profesora de Sociología de la Universidad de Padova, ItaliaUsha Natarajan, Profesor Adjunto del Departamento de Derecho y Centro de Estudios sobre Refugiados y Migración, la Universidad Americana de El Cairo, EgiptoMiren Odriozola Gurrutxaga, Doctorando, Universidad del País Vasco, Donostia - San Sebastián, EspañaGeorgios Papanicolaou, Profesor de Criminología de la Universidad de Teesside, Reino UnidoMarco Pertile, profesor titular de Derecho Internacional, Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, ItaliaAndreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Profesor de Derecho y Teoría, LLM, La Ley de Westminster y Teoría Centre, Reino UnidoAntoni Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, EspañaJoseph Powderly, Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden, Países BajosDe Tony Platt, Profesor Visitante de Estudios de Justicia, la Universidad Estatal de San José, EE.UU.De Scott Poynting, Profesor de Criminología de la Universidad de Auckland, Nueva ZelandaChris Powell, profesor de Criminología de la Universidad S.Maine, EE.UU.Bill Quigley, profesor de la Universidad de Loyola, Nueva Orleans Universidad de Derecho, EE.UU.John Quigley, profesor de Derecho de la Universidad del Estado de OhioZouhair Racheha, Doctorando, Universidad Jean Moulin Lyon 3, FranciaLaura Raymond, Promoción Internacional de los Derechos Humanos Gerente de Programa, CCR, Nueva York, EE.UU.Véronique Rocheleau-Brosseau, candidato LLM de la Universidad de Laval, CanadáDavid Rodríguez Goyes, Profesor, Antonio Nariño y Santo Tomás Universidades, ColombiaAlessandro Rosano, Candidato PhD, Università degli Studi di Padova, ItaliaJamil Salem, Director del Instituto de Derecho de la Universidad de Birzeit, PalestinaMahmood Salimi, Candidato LLM de la Universidad Moofid, IránNahed Samour, doctoral, Universidad Humboldt, Facultad de Derecho, Berlín, AlemaniaIain Scobbie GM, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Manchester, Reino UnidoDavid Scott, profesor titular de Criminología, Liverpool John Moores University, Reino UnidoPhil Scraton, Profesor de Criminología, Belfast, IrlandaRachel Seoighe, Candidato PhD, Consultor Jurídico, del Kings College de Londres, Reino UnidoTanya Serisier, Escuela de Sociología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del NorteMohammad Shahabuddin, pdd, investigador visitante de la Escuela de Graduados de Ciencias Sociales Internacionales de la Universidad Nacional de Yokohama, JapónDean Spade, Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle EE.UU.Por Stadig, abogado, SueciaChantal Thomas, profesor de Derecho de la Universidad de Cornell, EE.UU.Kendall Thomas, Nash Profesor de Derecho, Universidad de Columbia, EE.UU.Gianni Tognoni, Lelio Basso Fundación, Roma, ItaliaSteve Tombs, Profesor de Criminología, La Universidad Abierta, Reino UnidoPaul Troop, Barrister, Garden Court Chambers, Reino UnidoValeria Verdolini, Profesor de Sociología de la Universidad de Milán, ItaliaFrancesca Vianello, Universidad de Padova, ItaliaAimilia Voulvouli, profesor adjunto de Sociología de la Universidad Fatih, TurquíaNamita Wahi, Fellow, Centro para la Investigación de Políticas, Dharma Marg, Chanakyapuri, Nueva Delhi, IndiaSharon Weill, PhD, Ciencias Po, París / cerah, Ginebra, SuizaPeter Weiss, vicepresidente de Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Nueva York, EE.UU.David Whyte, Profesor de Sociología de la Universidad de Liverpool, Reino UnidoJeanne M. Woods, Henry F. Bonura, Jr. Profesor Distinguido de Derecho de la Loyola University College of Law, Nueva Orleans, EE.UU.William Thomas Worster, Profesor de Derecho Internacional, The Hague University of Applied Sciences, Países BajosMaung Zarni, el juez, de PPT en Sri Lanka y Visiting Fellow, Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas