Francisco HidalgoSistema de Investigación sobre la

Problemática Agraria en el Ecuador

Una visión que identifique la especificidad del momento presente en el Ecuador, referido a la disputa por el control de la tierra, entre 2006 – 2010, atraviesa por reconocer la importancia y novedad que abren los procesos sociales y políticos, en la etapa constituyente y la fase de transición, al incorporar una definición a favor de políticas públicas redistributivas, ahora bajo el paradigma de la soberanía alimentaria y el buen vivir

Otro elemento crucial proviene de los procesos económicos, sobre todo globales, que están impactando en la trascendencia del control y la propiedad de la tierra, como base estructural, para mantener una producción nacional de alimentos, y la demanda desde los centros industrializados por agrocombustibles e incentivo de plantaciones forestales, auspiciando procesos de modernización sin base campesina.

Un tercer elemento es una estructura agraria inequitativa e invariable, que se convierte en pesada barrera, a la cual se aferran sectores tradicionales de grandes propietarios, que detiene e impide abrir estrategias económicas y sociales de desarrollo regional policéntrico equitativo, obstaculizando la concreción de demandas sociales y étnicas profundas como el desarrollo sustentable y la plurinacionalidad.

Las políticas públicas redistributivas de la tierra, que requieren de una clara presencia del Estado, promoviendo la transformación de la estructura agraria, se habían clausurado, a fines de los años 70s, en el marco del advenimiento y auge de las políticas neoliberales, que en el caso del Ecuador se tradujeron, en una primera etapa en el desmantelamiento de la instancia estatal encargada del tema de la tierra, denominado inicialmente IERAC (Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización), y luego INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario),

La Constitución del 2008, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada mayoritariamente en Referendum, plantea que será responsabilidad del Estado “promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos” (281 : 4), y en el artículo 282: “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierras, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra”.

Estos avances constitucionales, luego se amplían en las formulaciones de la Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria, LORSA, que trata mas extensamente el tema de la tierra, afirmando los conceptos de función social de la tierra: “implica la generación de empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable”, y de función ambiental: “implica la conservación de la biodiversidad y el mantenimientos de las funciones ecológicas, que permita la conservación y el manejo integral de las cuencas hidrográficas” (artículo 6), y reitera la necesidad de una nueva ley de tierras, que entre otros elementos “definir el latifundio, su extensión, el acaparamiento y la concentración de tierras, establecerá los mecanismos para su eliminación”.

Los principales procesos de disputa por el control de la tierra en el Ecuador están marcados por tres tendencias:

El “retorno del estado” y políticas públicas redistributivas;

Presiones por mantener el statu quo en la estructura agraria;

Procesos de reconcentración ligados a la expansión de cultivos relacionados a agrocombustibles y agroexportación.

Para las modalidades de políticas públicas de distribución de tierras se ha ideado desde el Ministerio de Agricultura el denominado “Plan Tierras”, cuyo propósito es avanzar por etapas y paulatinamente en los procesos redistributivos, iniciando por las tierras del Estado, incluidas las incautadas a la banca cerrada y a narcotraficantes.

Está prevista en las normas constitucionales una nueva legislación, una nueva Ley de Tierras, en el marco de la Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria.

Para las modalidades que apuntan a sostener la estructura agraria y ampliar procesos de reconcentración de la tierra está el mantenimiento del orden jurídico de la etapa neoliberal, esto es la Ley de Desarrollo Agrario de 1994.

Existe un retorno del Estado interviniendo directamente en el acceso a la tierra e implementando políticas redistributivas. A su vez está presencia estatal con políticas públicas de tierra se da en el marco de implementar procesos y legislación de descentralización y desconcentración del aparato estatal central hacia los gobiernos locales y regionales. Se prevé que en los próximos años exista una acción directa de estas instancias estatales en la temática.

Los grandes propietarios de tierra tienen organizadas instancias propias de opinión y presión, estas son las Cámaras de la Producción, estas son las portavoces de los intereses de estos sectores; de hecho cuando se abrió el debate sobre los aspectos claves de una nueva ley de tierras, estas Cámaras fueron el instrumento de intervención.

Las organizaciones campesinas e indígenas tienen una actoria fundamental, ahora pueden tener acceso a instancias de participación en entidades estatales, como los Comites de Participación Ciudadana, y la propia Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria.

Un rol especial corresponde a los movimientos indígenas de la Amazonía y sus demandas por el reconocimiento de territorios y circunscripciones territoriales

Esta presencia del estado requiere ser observada, pues en torno giran viejas y muy sentidas demandas sociales por democratizar las estructuras de acceso a la tierra, y posibilitar una reactivación de los sectores campesinos, en gran medida productores de alimentos para el conjunto de la población, y también la posibilidad de abrir un desarrollo en regiones y provincias que hoy están deprimidas y son la base de la emigración a las grandes ciudades e internacional.

Esta abierta una etapa de reestructuración de estado y fortalecimiento de gobiernos locales, consejos provinciales y municipios, que va a cambiar el panorama de intervención pública sobre la tierra.

Por otro lado tenemos los procesos de presión sobre la tierra de los campesinos, en especial en las zonas más aptas hacia los cultivos en expansión, en muchos de los casos mediante mecanismos ilegítimos e incluso violentos.

Estos procesos violentan procesos de cumplimiento y respecto a los derechos de acceso a la tierra y derechos de acceso a la alimentación.

A su vez los movimientos campesinos e indígenas están recuperando, en la prioridad de sus agendas, la temática de la tierra y las luchas agrarias, que habían quedado relegados ante la emergencia de las temáticas étnicas y ambientales.