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MEMORIA

FORO DE LA TIERRA 2015Gobernanza de la tierra y acción campesina e indígena en contexto de transformación agraria

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Fundación TIERRA cuenta con el apoyo institucional de:

Pan Para el Mundo - Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD).

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de la Coalición Internacional para el acceso a la Tierra (ILC).

Memoria Foro de la tierra 2015. Gobernanza de la tierra y acción campesina e indígena en contextos de transformación agraria

Tierra. La Paz: Fundación TIERRA, 2016.

DL: 4-1-439-16

ISBN: 978-99974-821-9-8

TRANSFORMACIONES AGRARIAS / EXTRACTIVISMO / CAPITALISMO / DESARROLLO / CAMPESINOS /

INDÍGENAS / INDUSTRIALIZACIÓN / REFORMA AGRARIA / SANEAMIENTO DE TIERRAS / PROPIEDAD /

AGRONEGOCIO / FRONTERA AGRÍCOLA / EXPANSIÓN / SOYA / CONCENTRACIÓN / ACAPARAMIENTO

© TIERRA, marzo de 2016

Editor: Fundación TIERRA

Calle Hermanos Manchego Nº 2566

La Paz – Bolivia

Telf: (591) 2 243 2263

Fax: (591) 2 211 1216

Email: [email protected]

Sitio web: www.ftierra.org

Ilustración de tapa: Gonzalo Llanos

Diseño y diagramación: Chanel Colque C.

Impresión: Artes Gráficas Luque

Impreso en Bolivia

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Presentación ............................................................................................. 5

Lo que se dijo en el Foro de la Tierra 2015 ........................................... 9

Ponencias inTroducTorias ........................................................... 13Transformaciones agrarias y gobernanza de la tierra en américa Latina y el caribe

La agricultura del mañana ...................................................................... 15No hay lugar para los campesinos

Miguel Urioste. Investigador de Fundación Tierra (Bolivia)

Tierra para nosotras ................................................................................. 22Propuestas políticas de las mujeres rurales centroamericanas para el acceso a la tierra

María Teresa Fernández. Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC)

contexto agrario y políticas de acceso a la tierra en uruguay ....... 30Rol del Instituto Nacional De Colonización

Jacqueline Gómez. Presidenta del Instituto Nacional de Colonización de Uruguay

Contenido

PANEL 1Las Fuerzas de excLusión ............................................................... 47Modelos agrícolas de producción dominantes y su impacto en la población campesina indígena.

colombia: estrategias corporativistas para la concentración de la tierra ............................................................................................................ 49

Paula Álvarez Roa

Brasil: derechos Humanos y la industria del azúcar en Pernambucorenata albuquerque. comisión Pastoral de la Tierra ....................... 55

Bolivia: control corporativo en el acopio de la soya ......................... 60Enrique Castañón. Fundación Tierra

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colombia: agroindustria y territorialidad indígena en tierras altas y bajas .................................................................................. 71

Josué Chavajay. Coordinadora de Cooperativas y Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala (CONGCOOP)

PregunTas y coMenTarios ............................................................... 79

Panel 2 extractivismo y nuevos escenarios de resistencia campesina e indígena ...................................................................................................... 85

ecuador: extracción de hidrocarburos en territorios y comunidades indígenas ............................................................................................................... 87

José Luis Freyre (ECOLEX)

Bolivia: explotación forestal en territorios amazónicos .................... 97Alcides Vadillo. Fundación Tierra

guatemala: estrategias y organización campesina por la tierra..... 108José Chic. Comité Campesino del Altiplano (CCDA)

nicaragua: Tensiones sobre la autonomía comunitaria de la tierra .................................................................................................. 117

Denis Mairena. Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI)

coLoQuio .................................................................................................. 123La acción de las comunidades campesinas e indígenas frente a los procesos de transformaciones agrarias .................................... 123

cLausura ................................................................................................. 139Fernando Eguren. Representante del Comité Regional de la Coalición Internacional de la Tierra- América Latina y El CaribeGonzalo Colque. Director de la Fundación Tierra

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PRESENTACIÓN

Este año 2015, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés) cumplió 20 años de trabajo sostenido por el acceso seguro y equitativo a la tierra para la población rural pobre y por una gobernanza de la tierra centrada en las personas. Desde América Latina y el Caribe, los miembros de la ILC reafirman la vigencia de dicha problemática y constatan que en algunos países de la región ha habido innegables avances en términos de diseño y aprobación de normas y políticas favorables a los derechos sobre la tierra de campesinos e indígenas y a la agricultura familiar. No obstante, también identifican que es bastante más difícil encontrar verdaderas y efectivas experiencias de implementación de las mismas. Presupuestos escasos para campesinos y pueblos indígenas obstaculizan la puesta en marcha de las nuevas normas. En otros casos, son notorias las contradicciones al interior de gobiernos que ven enfrentados a sus sectores mineros y agrícolas, a sus políticas extractivas y sus políticas de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, o sus políticas de desarrollo urbano e infraestructura y sus políticas ambientales. Del mismo modo, los mecanismos de participación de la sociedad civil que garanticen una toma de decisiones inclusiva continúan siendo escasos o poco respetados.

Cada año los miembros de la plataforma de América Latina y el Caribe de la ILC se reúnen para intercambiar experiencias, reflexionar sobre los avances de su trabajo e identificar los nuevos desafíos para la gobernanza de la tierra. En dicho marco, se organiza el Foro Regional de la Tierra, espacio público de debate sobre un tema de transcendencia para el desarrollo del sector agrario y rural de la región. En el 2015, los miembros escogieron como sede para el Foro a Santa Cruz de Bolivia, y a la Fundación TIERRA como organización anfitriona, considerando su excelente trayectoria institucional sobre el tema y el desafiante contexto país en cuanto a la gobernanza de la tierra.

El tema del Foro de la Tierra 2015 fue “Gobernanza de la tierra y acción campesina e indígena en contextos de transformación agraria”. Hemos querido con esta entrada temática promover la discusión acerca de la centralidad de la gobernanza de la tierra para el desarrollo de nuestros países, poner sobre el tapete el contexto de cambios crecientes en el sector agrario y rural –muy vinculado a las industrias extractivas y a la expansión de la agroindustria–, pero sin olvidarnos en esta reflexión de las personas que viven en los espacios rurales y que son las directamente afectadas por dichos cambios.

Los grupos campesinos, indígenas y afrodescendientes de nuestra región ven con frecuencia vulnerados sus derechos sobre la tierra, dañados sus medios de producción, y, en ocasiones, en riesgo su salud y la vida misma. No son, sin embargo, sujetos pasivos sino que buscan resistir y minimizar los impactos de las políticas de desarrollo que los excluyen, a través de distintas estrategias y, en muchos casos, con resultados exitosos de los que debemos aprender.

Para el Foro de la Tierra 2015 procuramos recoger las problemáticas y experiencias de distintos países de la región con expositores de organizaciones que hacen parte en su

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mayoría de la membresía de la ILC. Gracias a ellos, pudimos conocer más de cerca el modo en el que se expresan las nuevas transformaciones agrarias: cómo avanza la agroindustria en Guatemala, cómo se gestan los conflictos sociales por la actividad extractiva en el Ecuador, cuáles son los modelos que permiten la concentración de tierras en Colombia, cómo se da la resistencia de campesinos e indígenas en Honduras y Nicaragua, entre otras problemáticas. En efecto, notamos que no se trata de cambios exclusivos de un país sino que éstos responden a tendencias más bien globales, vinculadas al aumento de los precios de los recursos naturales y a la consecuente presión por los mismos. Con modelos de crecimiento guiados por el peso de la explotación de los recursos naturales en las economías nacionales, América Latina vive como nunca en la historia procesos tan intensos de concentración y extranjerización de la tierra. Actualmente, la región de América Latina y el Caribe es la que tiene mayor dinamismo en su mercado de tierras y la que registra mayor desigualdad en el acceso a la tierra.

Esta situación, pone en jaque a poblaciones campesinas e indígenas que ven reducidas sus posibilidades de acceso a la tierra. Más aún, los problemas derivan en muchas ocasiones en graves conflictos sociales con los nuevos actores o, incluso, en enfrentamientos entre indígenas y campesinos en la búsqueda de nuevas tierras agrícolas. En toda la región, pero con mayor incidencia en países de Centroamérica, las organizaciones y defensores de los derechos humanos vinculados a la tierra y al territorio son perseguidos, amenazados y sus acciones criminalizadas, con muchos casos que derivan en la pérdida de la vida o de la libertad.

Desde la ILC, esperamos que espacios como el Foro de la Tierra 2015 contribuyan con el debate sobre los impactos de fenómenos regionales como el crecimiento urbano, la operación de industrias extractivas, la expansión de la frontera agrícola para la agroindustria y los agrocombustibles, la expansión de los complejos turísticos, entre otros, y que nos permita también acercarnos a las estrategias y experiencias positivas de lucha y acceso a la tierra de las organizaciones sociales que conforman la ILC y que participan del evento. Tengamos en consideración que la gobernanza responsable de la tierra es tarea fundamental de los gobiernos, pero al mismo tiempo no va a ocurrir sin que la sociedad civil juegue un rol, con espacios y mecanismos de participación definidos; de ahí que desde la ILC remarquemos el concepto de una gobernanza centrada en las personas.

En el caso de Bolivia, particularmente, esperamos que puedan profundizar la implementación de su Constitución Política y de su marco normativo sobre tierra y territorio que, en muchos sentidos, se encuentran a la vanguardia en la región. En esta labor, destacamos la necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas, la importancia de procesos efectivos de saneamiento de la propiedad, la distribución equitativa de la tierra y el apoyo a la agricultura familiar. Animamos a nuestros miembros en Bolivia a seguir trabajando en esta dirección, articulándose con otras organizaciones sociales y con instancias de gobierno, en la búsqueda continua de modelos más incluyentes y equitativos de gobernanza de la tierra, para lo cual cuentan con todo el respaldo de la Coalición.

Zulema Burneo de la RochaCoordinadora Regional para América Latina y el Caribe

International Land Coalition

Lo que se dijo en el Foro de la Tierra 2015

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Cuando se piensa en desarrollo es muy probable que la imagen de grandes campos de cultivo industrializado, con interminables filas de plantas idénticas perdiéndose en el horizonte, sea lo primero que acuda a la cabeza, o el avance imparable de tractores y enormes vehículos de siembra y de cosecha. Esta imagen uniforme, sin personas de carne y hueso, resabio de una manera moderna de concebir el desarrollo, acaso sea la culpable de invisibilizar, detrás de esas alineaciones vegetales relucientes, el malestar y la alarma que despertarían saber que el modelo del agronegocio tiene consecuencias medioambientales y sociales severas, y obedece a una determinación que, más allá de las fronteras y voluntades nacionales, puede calificarse como un nuevo régimen alimentario que tiende a globalizarse.

En el Foro de la Tierra 2015 se analizaron las consecuencias de las recientes transformaciones agrarias en América Latina y El Caribe, y se puso en balance la estrategia de intensificación extractivista que –a pesar de discursos ambientalistas y anticapitalistas– prevalece en los programas de varios gobiernos de la región. Ante un panorama desalentador, también se propusieron alternativas de desarrollo promovidas en mayor medida desde las organizaciones campesinas e indígenas que habitan el área rural. El agronegocio fue denunciado –en casi todas las intervenciones– como el lugar privilegiado hacia el cual dirigen las miradas las políticas gubernamentales interesadas en la generación de rápida de bonanza macroeconómica.

En el balance también se mencionaron rasgos positivos del agronegocio emprendido por grandes empresas en cada país alrededor de un producto privilegiado, ya sea la soya, la caña de azúcar o la palma africana:

• Seconversódesunecesidadaescalamundial,yaquedesuéxitodependeel bienestar de millones de personas alrededor del mundo, sobre todo las que viven en países cuyas tierras productivas no alcanzan a generar alimen-tos para todos sus habitantes, como en el caso de China, por ejemplo, pero también de países europeos, africanos y otros asiáticos.

• Sehabló, también,decómolasgrandesexportaciones inyectanrecursosabundantes para sostener los índices macroeconómicos de los países, como en el caso de Argentina y de Brasil, dos colosos de la soya; de cómo Gua-temala es el segundo productor de azúcar de Latinoamérica y el cuarto del mundo, todo un logro, considerando su relativamente pequeña superficie territorial.

• Porotraparte,seindicóqueelagronegocioylosgrandesproyectosex-tractivos generan empleos en los países anfitriones, pese a que algunos de ellos son temporales y otros, como parece ser el caso en Bolivia, motivo de denuncias de maltrato laboral y agudización de la diferenciación entre familias campesinas.

Lo que se dijo en el Foro de la Tierra 2015

10 Foro de la TIERRA 2015

• Finalmente,seexaminódemaneracríticasu“éxito”anivelregional: lasincreíbles cantidades de producción, de acopio, de capacidad de molienda y de exportación, actividad a la cual primariamente se dedica.

Sin embargo, todas estas características –resaltadas por algunos medios de comunicación en ferias y exposiciones del agronegocio, al menos en Bolivia, como advierte Miguel Urioste– no salen airosas de un análisis más detenido, y los supuestos efectos positivos del agronegocio y de otras actividades extractivistas no condicen con las experiencias de los habitantes de las áreas rurales donde, a pesar de las resistencias, continúa expandiéndose este modelo transnacional.

Así, cuando se mencionó sus logros, también se puntualizó –en palabras de Enrique Castañón– que se deben a políticas públicas que desde hace décadas y hasta el presente los benefician con la construcción de infraestructura o con exenciones de impuestos, cuando no con subsidios originalmente destinados a los pequeños productores.

José Chic, contrastando datos totales de Guatemala, demostró que el agronegocio genera la mitad de empleos que la agricultura campesina, la cual sin embargo produce el 70 por ciento de lo que se consume en su país, y que la población cercana a grandes proyectos agroindustriales presenta elevados índices de desempleo, pese a que en su país las compañías mineras enarbolan la bandera de la generación de empleos.

Y, en cuanto a la generación de riqueza, si bien empresarios de Guatemala son mencionados en la revista Forbes, Josué Chavajay se encargó de resaltar que el índice de pobreza en su país alcanza al 53 por ciento de la población, y que en el área rural, donde se genera tanta riqueza, el 92 por ciento de los agricultores se encuentran en condiciones de simple subsistencia, cuando no de infrasubsistencia.

Por otra parte, la afirmación inicial de Miguel Urioste, quien planteó que Latinoamérica es vista desde Europa y Asia como la productora de comodities por excelencia, como la región que puede alimentar a buena parte de la humanidad, fue confirmada durante las posteriores exposiciones, en las cuales resalta una constante: el Estado como protector del capital extranjero, en desmedro de las poblaciones locales directamente afectadas por estas grandes actividades extractivas agropecuarias.

Esta constatación fue repetida en casi todas las exposiciones: desde Brasil a Centroamérica, pasando por Ecuador, y por supuesto por Bolivia, el Estado cumple un papel activo en el cuidado del capital extranjero invertido en megaproyectos de cultivo o procesamiento de materias primas agropecuarias, de minería o de hidrocarburos. Una excepción sería la de Uruguay, donde una política pública alienta el control de las tierras fiscales y su arriendo exclusivamente a pequeños agricultores sin tierras.

Este papel activo del Estado se verifica a todos los niveles, cuando no se trata de la promulgación abierta de leyes o de programas, ocurre en forma de concesiones benévolas, de privilegios impositivos, de priorización de proyectos carreteros que beneficiarán las exportaciones masivas; pero también del uso de la fuerza cuando resulta necesario. Así lo perciben Telma Cabrera en Guatemala y José Luis Freyre en Ecuador.

11Lo que se dijo en el Foro de la Tierra 2015

Las mujeres centroamericanas residentes en el campo se han organizado en la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas (RECMURIC) para reclamar su derecho a la tierra y al trabajo, así como a políticas públicas que las defiendan y las ayuden a superar la extrema pobreza y la doble explotación de que son objeto, tanto en sus hogares como en sus relaciones laborales. Al respecto, María Teresa Fernández explicó cómo en cada uno de los países de la región ellas han elaborado propuestas de políticas públicas y de iniciativas, planteadas desde la sociedad civil para su emancipación.

El caso de Bolivia fue abordado especialmente durante el Coloquio final del Foro, pero antes Alcides Vadillo había puesto en claro que la Agenda Patriótica 2025, impulsada por el actual gobierno, de cumplir sus objetivos, impondrá una presión nunca antes vista sobre los recursos naturales en el país en áreas antes no consideradas con este propósito, como la Amazonía y El Chaco, pero también Reservas Forestales, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas.

Finalmente, hubo consenso entre los participantes del Foro de la Tierra 2015 en torno a un tema: el necesario empoderamiento de las organizaciones campesinas e indígenas ante esta política pública que, de manera concurrente, considera que la principal vía para el desarrollo está en el impulso del agronegocio extractivista y de los megaproyectos, actitud pragmática que, en la mayoría de los casos, no condice con el enfoque progresista, cuando no defensor del medioambiente, de los gobiernos de los países mencionados.

A modo de cierre, cabe subrayar la labor del Comité Campesino del Altiplano en Guatemala, organización que lleva adelante emprendimientos propios en pro de la seguridad alimentaria y de la creación de sus propios insumos, demostrando así, en palabras de José Chic, que otro modelo es posible. A ello pueden sumarse las palabras de Enrique Castañón, quien durante la ronda de preguntas y comentarios delprimerpaneldelForo,dijo“antesdedarpormuertalaagriculturacampesina,habríaquedarlealmenoslasmismascondicionesquealagronegocio”.

PONENCIAS INTRODUCTORIAS:

Transformaciones agrarias y gobernanza de la tierra en América Latina y el Caribe

15Ponencias introductorias

A partir de tres constataciones y tres premisas, Urioste plantea taxativamente que en la agricultura del futuro –si persisten las actuales políticas públicas que privilegian el agronegocio y la concentración de la tierra– no habrá lugar para los campesinos. Sustenta esta aseveración mediante la identificación de circunstancias que, a nivel mundial pero también regional, determinan que el agronegocio haya fijado su pujante presencia en el Cono Sur. Las presentes –y futuras– consecuencias sociales y ambientales de esta presencia son veladas, indica el autor, por una impactante estrategia mediática (ferias, stands, programas de TV), centrada exclusivamente en aquellas características “positivas” del agronegocio. Así, su cualidad esencial –la acumulación de tierras, de recursos y de poder, así como el uso de tecnologías depredadoras– pasa desapercibida ante la opinión pública, a la vez que determina, en razón de una incompatibilidad intrínseca, el ocaso del modelo familiar de agricultura sostenible como opción alternativa para el desarrollo rural.

La agricultura del mañana: no hay lugar para los campesinos

Estaba mirando cuántas caras conocidas hay aquí de aquellos tiempos remotos en que con Fernando Eguren participamos de la fundación de la Coalición Internacional [para el acceso a la Tierra]. De esto hace, creo, veinte años. Es un placer estar en Santa Cruz, en esta tierra tan hermosa, para compartir con invitados de otros países y mis hermanos cruceños una temática que es compleja, que es sensible políticamente y que tiene muchos bemoles.

Si bien el modelo del agronegocio es planetario, voy a intentar hacer una rápida caracterización del modelo del agronegocio en el Cono Sur de América Latina. Este modelo tiene una serie de características comunes en diferentes países del mundo, en Asia en particular y en menor medida, en África. Pero creo que es en América Latina donde ha logrado una consistencia, una fuerza y una trascendencia política y económica central.

El título de esta ponencia [“La agricultura del mañana: no hay lugar para loscampesinos. En el Cono Sur el agronegocio se instaló para quedarse”] parecepesimista. Sin embargo, intento que leamos la realidad como es y no como queremos que sea. Quienes trabajamos en instituciones de investigación, cuando se

Miguel Urioste Investigador de Fundación Tierra (Bolivia)


nos invita a participar en estos eventos, tenemos la obligación de –muchas veces– transmitir malas noticias tratando de ser intelectualmente honestos. Creo que, efectivamente, en el Cono Sur de América Latina, si este modelo de agronegocio se sigue consolidando, no hay futuro para los campesinos.

Ése es el tema central, ésa es la hipótesis de la cual estoy partiendo. Voy a explicar tres constataciones, voy a fundamentarlas rápidamente. Voy a hablar también de tres premisas y [finalmente de] una conclusión.

La primera [constatación] es muy importante y el último informe de OXFAM nos ayuda a reconocerla: somos el continente más desigual del mundo. En América Latina y El Caribe el 1 por ciento de la gente más rica concentra el 41 por ciento de la riqueza. Nunca debemos olvidar esto como un elemento central que caracteriza nuestro continente, de quienes estamos aquí, representando a nuestros países. Y esta concentración de la riqueza aumenta junto a la desigualdad.

Somos, repito, el continente más desigual del mundo. Vi en el periódico hace unos días atrás información de Credit Suisse que decía que el uno por ciento más rico del mundo tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto. Es decir, estamos viviendo procesos inimaginables de concentración, acumulación y exclusión a nivel planetario.

La segunda constatación es que estamos viviendo transformaciones muy veloces en la forma en la que se organiza la agropecuaria a nivel planetario. Tan veloces que a veces los estudios que hacemos no llegan a identificar claramente las variables, las características específicas de estas transformaciones. El régimen agropecuario actual ya no permite conservar en una misma región la relación de hombre y tierra, la relación de familia y trabajo, la relación de cultura e identidad. Como dice Martine Gibert estamos, aceleradamente, dirigiéndonos hacia un sistema planetario en el cual la unidad de vida deja de ser la unidad de producción.

Ésta es la agricultura del mañana. Ésta es la realidad que se está planteando ante nuestros ojos y se está desarrollando frente a nuestras narices.

Una tercera constatación: el agronegocio es hoy la agricultura dominante y en expansión en el planeta. Lamento que no haya ningún representante de CAO [Cámara Agropecuaria del Oriente], CAINCO [Cámara de Industria y Comercio], ANAPO [Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo], a quienes hemos invitado, y que nos habría encantado que nos escuchen aquí, esta mañana, en la [Universidad] René Moreno.

El agronegocio funciona en redes, con múltiples actores financieros, científicos, tecnológicos, productivos, comerciales y políticos, por un lado: lo que llamamos las [empresas] transnacionales. Y por el otro: miles de millones de consumidores. ¿Y qué es lo que consumimos? Consumimos commodities, materias primas agrícolas [que son] transformadas industrialmente en alimentos procesados. Ése es el estado actual de la agropecuaria dominante en expansión a nivel planetario.

Estas tres constataciones me permiten pasar a un siguiente punto, que es el de las premisas.

Tres constataciones


La premisa principal que se maneja en el Banco Mundial, en la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación], en organismos internacionales, en las empresas transnacionales, (Adm, Bunge, Cargill y las demás), es que América Latina es el espacio más favorable, más conveniente en el mundo, para la expansión de este modelo del agronegocio. Que convierte a la tierra y los recursos naturales en mercancías, independientemente de la identidad cultural de los pueblos, la soberanía de los Estados o la resiliencia del medioambiente.

Se nos ve desde Europa, desde Asia, particularmente desde la China, desde Estados Unidos, como el continente –particularmente, el Cono Sur– que puede convertirse en un granero del mundo, en un productor determinante de materias primas agropecuarias para alimentar el mundo. Ésta es la visión que se tiene sobre nuestra región.

La premisa número dos es que, de acuerdo a la lectura que hace la propia empresa agropecuaria, este modelo [del agronegocio] tiene muchas virtudes. No solamente [se trata de] la soya. El nombre soya está ocultando detrás una cadena productiva: de maíz, de girasol, de arroz, de caña de azúcar, de alimento balanceado, de harinas, de leche, de huevo, de carne de pollo, de carne de res, etcétera. Con ese argumento, por tanto, se señala que [el modelo del agronegocio] genera riqueza, ingresos, empleos, bienestar.

En esta lectura, el agronegocio estaría contribuyendo determinantemente a la seguridad y soberanía alimentaria de América Latina. No es casual, por tanto, que los medios de comunicación, que están básicamente conformando redes de información de las empresas transnacionales en América Latina, proyecten una imagen del agronegocio [como un modelo] que genera bienestar, produce riqueza, genera empleo, y produce alimentos que son consumidos por el resto de la humanidad.

Una tercera premisa, la que sostenemos en Fundación Tierra y seguramente muchos de nosotros [es que] el agronegocio es incompatible con la agricultura familiar campesina e indígena. Desde algunos organismos internacionales se nos dice que [ambos modelos] se pueden complementar, apoyar, articular. Mi experiencia me señala que esto es muy difícil, salvo casos excepcionales. No son dos sistemas que se complementan y que conviven armónicamente.

El agronegocio subordina y excluye a la agricultura familiar, acelera la deforestación y el impacto ambiental, contamina el medioambiente (no sólo con glifosato, [sino] con muchos fertilizantes, con aguas contaminadas, tierras compactadas y salinizadas, etcétera). Usa energía no renovable en cantidades exorbitantes y no sostenibles. Daña la salud de las personas. Conduce al acaparamiento de tierras –que es el tema de este evento– y promueve la desagriculturización, la descampesinización y la acelerada migración a las ciudades.

Estas tres constataciones y estas tres premisas me permiten llegar a una conclusión: si persiste el actual modelo del agronegocio en el Cono Sur de América Latina (hago la diferencia con otros países andinos y de Centroamérica y, eventualmente, de la región Norte de Sudamérica), si no hay cambios radicales en las políticas agro extractivistas, los campesinos, los indígenas, los agricultores familiares no

Tres premisas

Una conclusión


tendrán futuro en el agro. Serán cada vez más vulnerables, socialmente excluidos y económicamente irrelevantes.

Estas constataciones y esta conclusión las voy a sustentar con los siguientes argumentos.

En Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, la relevancia del agronegocio ciertamente es distinta, es heterogénea; no es un modelo monolítico. Tiene particularidades, tiene características específicas. Para comenzar, Brasil y Argentina [son] dos colosos, y Paraguay, Uruguay y Bolivia [son] productores marginales de soya. En cuanto a superficies cultivadas, por ejemplo, Brasil tiene más de 30 millones de hectáreas de soya cultivadas el año 2014. La Argentina, alrededor de 20 millones de hectáreas. Paraguay, entre cuatro y cinco millones de hectáreas. Uruguay,alrededordemediomillóndehectáreas.YBoliviaestáestancada“vamosaverporqué”haceunadécadaenunmillóndehectáreas.

El peso de las empresas transnacionales (Adm, Bunge, Cargill, Dreyfus, Sygenta, Amaggi y otras) es distinto. Los estados juegan [también] papeles diferentes. En el Brasil, la investigación técnica y científica que hace EMBRAPA [Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria] es determinante no sólo para para el crecimiento del agronegocio, sino para la exportación [de sus productos y de su modelo del agronegocio] hacia el África.

Las retenciones impositivas no son iguales. En la Argentina la tasa impositiva a la exportación del grano es muy alta, creo que del 30 por ciento, y genera importantísimos ingresos para el Estado y para financiar sus políticas sociales.

El elemento común en todos estos países es que el modelo va acompañado de concentración de la tierra, de expropiación a campesinos por vías de desposesión. En general, son modelos que acumulan derecho propietario, poder político y poder económico en [las] élites en todos los países [mencionados].

Hay avances científicos y tecnológicos notables. Las [semillas] transgénicas y otra serie de innovaciones son causa y consecuencia de este modelo que se reproduce y se expande en el Cono Sur de América Latina.

La productividad en el Brasil se acerca a las tres y media toneladas por hectárea; mientras en la Argentina está alrededor de tres [toneladas por hectárea], y en Bolivia no nos acercamos siquiera a dos y media [toneladas por hectárea]. Es decir, hay diferentes rendimientos según suelos, capacidades tecnológicas, capacidad de inversión, etcétera. El denominador común es la altísima tasa de deforestación amazónica como subproducto del modelo del agronegocio.

Otro elemento que caracteriza este agronegocio es el control muy inteligente del poder mediático comunicacional: ferias, exposiciones, stands. Control de los medios editoriales, de información, periódicos, cadenas de televisión que justifican, explican, fundamentan, fortalecen una conciencia ciudadana [acerca] de que éste es el modelo de seguridad alimentaria para América Latina.

Y finalmente, no podemos dejar de reconocer que éste es un modelo que concentra enormemente el poder político. En el Senado del Brasil, Blairo Maggi es la poderosa


cabeza de la bancada ruralista, a su vez Senador del Estado de Mato Grosso y, hace unos años atrás, Gobernador. Pero me estoy adelantando.

¿Cómo se explica que América Latina en veinte años haya dado un salto espectacular en la expansión de su frontera agrícola? Estos cambios no se entienden si no entendemos lo que está pasando en el Asia y, en particular, en China. Los enormes y rapidísimos cambios en China, ese país continente gigantesco con 1.300 millones de habitantes, son determinantes para la humanidad y para América Latina. Está claramente comprobado en varios estudios que hay una correlación directa entre la demanda mundial de soya, particularmente [de] China, y la tasa de deforestación amazónica.

China concentra el 20 por ciento de la población del mundo; sin embargo, sólo posee el 7 por ciento del agua y de la tierra cultivable del planeta. Esto hace que sienta absoluta necesidad de expandir estrategias de seguridad alimentaria hacia el resto del planeta. El principal acaparador de tierras en América Latina, y particularmente en Brasil, es China. Son compras estatales o compras de empresas paraestatales que se realizan en diferentes partes del estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondonia o El Acre. Los principales acaparadores de tierra en América Latina, por tanto, son países que no tienen tierras suficientes para producir alimentos para su propia población.

China ha cambiado en la última década su dieta alimenticia y hoy su consumo de carne ha igualado el promedio mundial de 75 kilos por habitante por año. Son datos que he obtenido de la FAO. Es decir, de ser un país casi vegetariano, que comía granos, verduras y hortalizas durante milenios, en apenas 20 años de crecimiento al 10 por ciento de su economía la aspiración de sus clases medias ha sido igualarse en su nivel de consumo a las potencias europeas y la de Estados Unidos en el consumo de carne, particularmente de cerdo, en segundo lugar de pollo y en tercer lugar de res. Este cambio de la dieta china llegó para quedarse. A pesar de que en los próximos años se disminuya la tasa de crecimiento de la China, sus ciudadanos no van a volver a su dieta anterior, no van a retroceder en lo que ellos consideran una conquista en la mejora de sus condiciones de vida.

Brasil es hoy el principal productor de soya del mundo. El año pasado superó a Estados Unidos, que mantuvo ese récord durante muchos años. Brasil casi duplica la producción de la Argentina. China es, de lejos, el principal socio comercial del Brasil. Las exportaciones del agronegocio del Brasil significan 85 billones: 85 mil millones de dólares por año. Y el principal estado productor es Mato Grosso, que limita con Bolivia en cerca de 1.500 kilómetros de frontera común. Por tanto, el área natural de expansión de este modelo brasileño es Santa Cruz y parte del Beni. El [Estado de] Mato Grosso ocupa [el] primer lugar en la tasa de deforestación de la Amazonía.

El principal exponente del agronegocio en Brasil es el señor Blairo Maggi, Senador, ex gobernador del estado, líder del sector agropecuario brasileño y, según Forbes, ocupa el lugar 45 dentro del Brasil entre los ciudadanos más ricos. Su fortuna es de 1.5 billones de dólares. Toda la producción del agronegocio boliviano exporta por año 1.200 millones de dólares, igual [o menor] a la fortuna de una sola persona: Blairo Maggi.

Determinación global

El agronegocio en Brasil, Argentina,

Uruguay, Paraguay y

Bolivia


Ésa es la relación y la concentración del poder político y económico de este modelo. Gustavo Oliveira, un académico brasileño de renombrado prestigio, afirma que “estamos viviendo la expansión subimperialista del modelo brasileño que,juntamente con el conocimiento y la tecnología, consolida y propaga un modelo de explotación agroindustrial que produce grandes injusticias económicas, sociales yambientales”.

Argentina es el segundo productor [más importante en Latinoamérica]. Seis por ciento de los productores de soya en la Argentina producen el 80 por ciento de los granos. Sólo once empresas controlan el 51 por ciento de la molienda, siete empresas el 70 por ciento del aceite. El tamaño de las empresas crece y el número de las empresas disminuye. Del total de las exportaciones argentinas, el 25 por ciento es soya o grano de soya. Es decir, la Argentina no puede prescindir [de esa producción]. Con ese 25 por ciento el Estado Argentino financia políticas sociales redistributivas.

En la Argentina, el famoso [presidente del] Grupo Grobo [Gustavo Grobocopatel] señala que se trata de un ecosistema de negocios. Es un hombre muy simpático, canta folclore argentino y dicen que es muy buen cantante. Pero a su vez es el hombre más poderoso de la agropecuaria argentina. El problema que ahora tienen [los empresarios de la soya] es que, con la caída de los precios de las materias primas, se ven en la obligación –dice él– de que el Estado retire la retención del 30 por ciento. Me pregunto qué va a hacer el Estado argentino cuando deje de percibir el 30 por ciento de los ingresos que le provee este modelo.

En Paraguay, el año 2013, 600 empresas poseían 12 millones de hectáreas. El año 2013 se sembraron 4.8 millones de hectáreas de cultivos industriales. Bolivia y Paraguay comenzaron juntos este proceso. Bolivia se quedó atrás, nos quedamos en un millón de hectáreas hace una década. El modelo del agronegocio en el Paraguay ha crecido mucho más aceleradamente que Bolivia, por diferentes circunstancias: porque no hay leyes sociales, no hay reforma agraria ni movimientos sociales que tengancapacidaddeconfrontaralEstado.PerotambiénporqueBrasil“invadió”ygeneróloquesellamanlos“brasiguayos”,quesonlosprincipalesproductoresdesoya en Paraguay.

En Uruguay son cinco empresas transnacionales las que concentran el 80 por ciento del total de las exportaciones de granos. El 50 por ciento de las tierras dedicadas a la soya son alquiladas. Por eso, en diferentes países –y entre ellos, Bolivia– se ha generado una clase rentista que no trabaja su tierra, pero que la alquila a las empresas, a los grupos empresariales y a las transnacionales.

Esta consolidación del modelo del agronegocio en el Cono Sur se ha dado en circunstancias muy particulares y paradójicamente contradictorias: gobiernos populistas progresistas en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay; no en Paraguay. Gobiernos populistas progresistas y un súper ciclo de elevados precios de las materias primas. En la última década (2004-2014) los precios de la soya se duplicaron y, por tanto, era un gran negocio producirla y exportarla.

Esta situación de expansión y crecimiento de la empresa agropecuaria en el Cono Sur va paralela a lo que yo personalmente creo, aunque éste es un criterio que no


necesariamente compartimos con mis colegas de Fundación Tierra: los campesinos, los indígenas, los pequeños productores en el Cono Sur desempeñan un papel económico-productivo cada vez más estancado, postergado y marginado.

Los países del Cono Sur, particularmente los pequeños como Paraguay y Bolivia, aumentamos aceleradamente nuestras importaciones de alimentos. En Bolivia en la última década la cantidad de alimentos importados se han triplicado. Estamos viviendo, por tanto, un neo extractivismo que conduce paradójica y contradictoriamente a una desindustrialización y descampesinización creciente.

En el caso de Bolivia, tal vez, el hecho que ha impedido una aceleración tan rápida como en otros países en la expansión del agronegocio ha sido la notable titulación de territorios indígenas durante la última década, que de acuerdo a la CPE (Constitución Política del Estado), confiere a los pueblos indígenas derecho de gestión territorial y de apropiación exclusiva de los recursos naturales de su territorio. En Bolivia, por el momento, los territorios indígenas habrían frenado una expansión más acelerada del agronegocio.

Muchas gracias.


Tierra para nosotras. Propuestas políticas de las mujeres rurales centroamericanas para el acceso a la tierra

Muy buenos días, compañeras y compañeros. Desde este Foro de la Tierra, quiero enviar un saludo a todas las mujeres rurales, indígenas y campesinas de nuestra región latinoamericana, y en especial a mis hermanas de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas de Guatemala, que [es donde] en este momento se realiza el foro Mujeres, Tierra y Desigualdad. En Nicaragua la RECMURIC está realizando la feria de las mujeres rurales como una acción de incidencia para lograr que esta ley [creadora de un fondo para la compra de tierras con equidad de género para mujeres rurales] se implemente.

Vamos a presentar el estudio, realizado por RECMURIC, Tierra para nosotras. En palabras de la coordinadora, María Raquel Vásquez, cuando empezamos, pensamos hacer no un estudio que planteara los problemas, sino que pensando [en] que en la región se han hecho tantos estudios, tantas investigaciones, tantos informes, pero no recogen los problemas que viven las mujeres rurales. Ni sus propuestas ni sus voces ni sus planteamientos.

Entonces, lo que pretendemos con este estudio, financiado con el apoyo de OXFAM y de la Unión Europea, es hacer visible[s] principalmente las grandes desigualdades que viven las mujeres rurales indígenas y campesinas en la región centroamericana.

Tierra para nosotras es un reciente estudio realizado por la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) en el que se analiza la desigualdad en el derecho de las mujeres al acceso y propiedad de la tierra en Centroamérica. A partir de él, la expositora plantea cuál es la situación actual de las mujeres indígenas y campesinas centroamericanas: invisibles, inquilinas de la tierra, trabajadoras no reconocidas; pero a la vez sustento económico, moral y social imprescindible en una región caracterizada por la pobreza de sus áreas rurales. Fernández también es portavoz de las propuestas políticas de la RECMURIC para cada país (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y de una interpelación al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ante el cual las mujeres rurales se reivindican como actores de consulta y de generación de propuestas.

María Teresa FernándezRed Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC)


Pero no sólo presentar los problemas y visibilizar las desigualdades, sino levantar sus voces y también sus propuestas para disminuir esas grandes brechas de desigualdad. Es una propuesta [dirigida] a los Estados de la región.

En Centroamérica somos más de diez millones de mujeres rurales [las] que habitamos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Producimos más de la mitad de los alimentos que se consumen y ocupamos las tareas claves en las actividades productivas, reproductivas y en las explotaciones familiares. Las mujeres son las que sostienen y producen los alimentos, pero también resguardan y cuidan las semillas nativas. Trabajan más de 16 horas diarias, sosteniendo económica, moral y socialmente a sus familias. [Es] un trabajo que no es remunerado y que no es reconocido. A pesar de todo eso, las tierras agrícolas en manos de las mujeres [son] apenas el 15 por ciento en Guatemala, el 13 por ciento en El Salvador, el 12 por ciento en Honduras y el 14 por ciento en Nicaragua.

Este estudio evidencia que las mujeres realizan una interminable jornada de trabajo. Que atienden a sus familias y los huertos familiares, que dan de alimentar a los animales, que caminan grandes extensiones para ir a buscar agua, que cuidan a la familia, a los niños, a las niñas, a las personas mayores. Todo este trabajo es una carga más para las mujeres del campo. Toda esta tarea les limita para participar activamente en organizaciones, en cooperativas y su participación política, pero además [para] mejorar su educación y sus condiciones de vida.

Aseguran la subsistencia de la familia, pero además desempeñan un rol vital en la economía nacional. Que son en nuestros países economías frágiles, que responden a un modelo que beneficia a los megaproyectos o a las empresas transnacionales y extractivistas, a la minería. Pese a esas grandes y múltiples responsabilidades, su papel como productoras no es reconocido y su aporte económico no queda registrado en las cuentas nacionales. Quedan relegadas a la esfera doméstica, y sometidas a la autoridad patriarcal.

Las mujeres rurales indígenas y campesinas no logran que haya un diálogo con las instituciones de Gobierno para que las políticas públicas respondan adecuadamente a sus intereses y necesidades estratégicas.

En Centroamérica, décadas de acumulación y despojo han expulsado a cientos de miles de familias de las mejores tierras, y las han desplazado hacia las laderas de las montañas: las zonas más áridas y las peor comunicadas. El modelo agrícola dominante, dual y excluyente, prioriza, con incentivo de inversión pública, a los grandes empresarios agroexportadores, en contra de la agricultura familiar y la producción de alimentos a pequeña escala.

El resultado está a la vista: pobreza rural generalizada. Solamente en Guatemala, el 70 por ciento de la población es pobre, y eso hace que las familias, las mujeres, tengan que migrar. Hay inseguridad alimentaria, hay desnutrición infantil y crónica, por mencionar algunos problemas endémicos en la región.

Según la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación], si las mujeres tuvieran explotaciones [agrícolas] parecidas a [las de] los hombres, tendrían mayor rendimiento. Las mujeres apenas manejan el 18 por

Situación de las mujeres rurales

en Centroamérica


ciento de las explotaciones agrícolas, sólo reciben el 10 por ciento de los créditos y el 5 por ciento de la asistencia técnica [en todo el mundo]. Esta gran brecha se mantiene y cada vez se amplía más en la región.

“Las mujeres rurales no contamos, somos invisibles”, dicen las mujeres ruralesindígenas y campesinas. Todo este trabajo no es reconocido por nadie. Como productoras agrícolas no son visibles. No se les reconoce la contribución a las economías locales y a la soberanía y seguridad alimentaria. En los censos, se ven como amas de casa, como colaboradoras, como mujeres que ayudan en las labores domésticas. A pesar [de] que las labores productivas son clave, se consideran una extensión del trabajo doméstico que no es reconocido ni valorado ni remunerado, ni por la familia ni por el Estado, ni por nadie.

El 70 por ciento de las mujeres rurales no existen a efecto de las estadísticas como población económicamente activa. Por ejemplo, el Cuarto Censo Nacional Agropecuario de Nicaragua, el cuarto CENAGRO, contabilizó apenas a 61.000 mujeres como productoras de un total de 1.100.000 que son las mujeres rurales en Nicaragua. Las mujeres no contamos en las estadísticas de empleo, no contamos en las políticas agrarias y de desarrollo rural, no contamos en los censos agropecuarios, no contamos en las cuentas nacionales y en las estadísticas de población activa.

Esto tiene grandes implicaciones cuando quieren optar a programas de apoyo a la producción, como por ejemplo, el Programa Hambre Cero en Nicaragua. No pueden las mujeres beneficiarse de este programa porque no tienen acceso ni propiedad de la tierra. Las mujeres viven grandes brechas de desigualdad. La tierra es uno de los principales activos que evidencia esta desigualdad en el campo. Según la FAO, los hogares con los indicadores sociales más bajos son aquellos sin tierra. Y esto también implica bajo nivel de educación. Ambos factores son considerados determinantes en [para] la pobreza.

El Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2012 [publicación anual de la FAO] afirma que si las mujeres tuvieran acceso a los recursos productivos igual que los hombres podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en un 20 por ciento o 30 por ciento.

Las mujeres viven grandes brechas de desigualdad y en América Latina la desigualdad es un problema general. América Latina es la región más desigual del planeta, a pesar de tener tantas riquezas, tanta biodiversidad, tantos recursos hídricos y tierra, [hay] alta concentración de la tierra en pocos propietarios, expansión del monocultivo industrial. Entre 1990 y 2010, las áreas destinadas al cultivo de caña y palma africana se han duplicado y cuadruplicado, respectivamente, en la región. Las mujeres somos las que perdemos en ese sistema. Todo esto limita nuestro derecho a la tierra.

Casi todas las mujeres rurales trabajan una tierra que no les pertenece. Cada vez resulta más difícil y más caro encontrar un pedazo de tierra donde cultivar. Hay barreras que impiden tener acceso a la tierra, principalmente las culturales, las legales o institucionales. Las leyes reconocen los derechos, pero en la práctica no se protegen. El sistema patriarcal y machista no nos reconoce como iguales, y el hombre es el que asume como jefe del hogar.


En las organizaciones, [la mujer] igual no se tiene voz. La adjudicación de tierras se ha dado a nombre de los jefes de familia o de cooperativas, marginando a las mujeres. La titulación conjunta llegó demasiado tarde y, a pesar [de] que en países como el nuestro se hace la titulación conjunta, es el hombre el que decide. No hay un código agrario con perspectiva de género y culturalmente, y en el imaginario, siguedándosequelaherenciasuelefavoreceraloshijosvarones,porque“lamujer,pues,nonecesita”.

Las brechas de género en el acceso a la tierra, las reformas agrarias con exclusión de género, la lucha por la tierra, ha[n] sido fuente de conflictos desde tiempos coloniales y hasta nuestros días. Por la tierra ha habido revoluciones y se han derrocado gobiernos. Por defender la tierra han perdido la vida miles de personas.

Y ahora queremos explicar la situación que vive cada país [analizado] en este estudio.

Un país eminentemente indígena y rural, con menos del 40 por ciento de sus 16 millones de habitantes viviendo en áreas urbanas. La agricultura conserva un peso importante en la economía nacional. Representa el 40 por ciento del producto interno bruto y genera el 37 por ciento del empleo.

[Existe] Alta concentración de la tierra. El 80 por ciento de la tierra agrícola está en manos del 8 por ciento de propietarios. Mientras que el 92 por ciento restante, pequeños y pequeñas productoras, están en actividades de subsistencia. No hay datos actualizados y desde el 2008 se maneja este dato que les hemos dicho, que apenas el 15 por ciento de la tierra está en manos de las mujeres.

Ante esa situación, las compañeras organizadas en la RECMURIC plantean al Estado de Guatemala lo siguiente:

1. Aprobar y dotar de un presupuesto a una política pública de acceso a la tierra para mujeres campesinas indígenas como mecanismo específico.

2. Identificar a nivel municipal cuáles son las tierras en desuso o que se en-cuentran bajo un proceso de extinción de dominio para que los gobiernos municipales puedan adjudicarlas o cederlas en comodato a mujeres y orga-nizaciones de mujeres campesinas indígenas.

3. Establecer una representación legítima de las mujeres rurales indígenas y campesinas en el Consejo de Dirección de Fontierras [Fondo de Tierras], donde las mujeres podamos hacer llegar nuestro planteamiento e influir en las políticas institucionales.

4. Anular las licencias a megaproyectos agrícolas, hidroeléctricos y de minería que amenazan la vida de nuestras comunidades, porque destruyen la na-turaleza, generan conflictos y dan lugar a graves problemas sociales y de seguridad. Además, que se reconozcan y respeten las decisiones de las co-munidades expresadas a través de las consultas comunitarias de buena fe.

5. Desarrollar el derecho agrario y la institucionalidad agraria que permita avanzar en la seguridad jurídica sobre el acceso a la tierra, más allá de la

Guatemala


propiedad particular, que en muchos contextos facilita el acaparamiento y la reconcentración de la propiedad.

Es el país más pequeño de América Latina y uno de los que presenta mayor desigualdad social. La migración al extranjero es muy intensa y se calcula que alrededor de dos millones y medio de salvadoreños y salvadoreñas viven en otros países, principalmente en Estados Unidos. El 38 por ciento de los seis millones de salvadoreños y salvadoreñas aún reside en el área rural y la agricultura sigue siendo el motor importante de la economía. En años recientes se ha dado una creciente concentración de la propiedad de la tierra, y actualmente el 22 por ciento de los productores explota cerca del 80 por ciento de la superficie agrícola nacional.

La gran mayoría de los productores agropecuarios, el 82 por ciento de 400.000 censados, son pequeños y pequeñas productoras. Las mujeres representan el 13 por ciento del total de propietarios de la tierra. Se ven forzadas a alquilar tierras: tres de cada cuatro mujeres cultivan una tierra que no les pertenece. En 2009 el gobierno impulsó la política de género en la Estrategia Nacional de Desarrollo y se estableció que el Estado debe garantizar a las mujeres al acceso a la titularidad y cotitularidad delatierraencondicionesdeigualdad.“Hayavances–dicenlasmujeres–peronolossuficientes.”

[En] El Salvador propone[n], las compañeras integradas a la RECMURIC:

1. Encomendar al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria [ISTA] y a las alcaldías realizar un inventario de las tierras disponibles, y a partir de eso desarrollar un paquete de posibles intervenciones, especialmente diri-gidas a las mujeres campesinas e indígenas sin tierra.

2. Modificar la ley de tierras y la ley de reforma agraria para garantizar la in-corporación de las mujeres como propietarias de tierra y bienes familiares.

3. Mejorar los mecanismos de adjudicación de programas como el de Campe-sino Sin Tierras del ISTA.

4. Aprobar la promulgación del Código Agrario con enfoque de género.

5. Convertir las mesas de interlocución entre las mujeres y las instituciones en mecanismos más permanentes e institucionalizados.

6. Reformar la Ley General de Asociaciones Cooperativas con el fin de asegu-rar la paridad en la participación de la mujer en las cooperativas existentes mediante acciones afirmativas, así como estimular la participación y crea-ción de cooperativas de mujeres.

7. Asegurar la creación de líneas de créditos blandos en condiciones preferen-ciales para pequeñas y medianas productoras.

8. Mejorar los programas de desarrollo agrícola y productivo para ampliar la capacidad emprendedora y productora de las mujeres rurales.

El Salvador


Honduras es el segundo país más pobre de Centroamérica y el que menor ingreso per cápita registró en 2014, pese a que desde el 2000 el Gobierno ha logrado establecer cierto grado de estabilidad económica. El 28 por ciento de la superficie del país es tierra agrícola y el sector de la agricultura proporciona aproximadamente el 39 por ciento del empleo. El 71 por ciento de explotaciones agrícolas son de menos de cinco hectáreas y ocupan solamente el 9 por ciento de la superficie agrícola. El 61 por ciento de la tierra lo acaparan apenas el 5 por ciento de propietarios con explotaciones superiores a 50 hectáreas. Las mujeres que trabajan en la agricultura no reciben ningún salario pues lo hacen dentro de la explotación familiar.

En Honduras, el 49 por ciento de las mujeres rurales carecen de ingresos en efectivo. El 86 por ciento de las mujeres rurales carecen de título de propiedad de la tierra, frente al 65 por ciento de los hombres. Y apenas el 8 por ciento de las mujeres sonpropietariasindividualesdeunaparcela.“Lasmujeres–dicenlashondureñas–hemos mantenido una lucha por la tierra, que ha dejado un saldo en los últimos tres añosdemásde700mujeresconórdenesdecapturaymedidassustitutivas”.

Honduras dispone de marcos legales y programas suficientes, pero éstos no se implementan.

La propuesta [de las mujeres rurales] de Honduras [es la siguiente]:

1. Superar la pobreza rural y la brecha de género en Honduras.

2. Facilitar la titulación de tierras a nombre de las mujeres.

3. Garantizar la incorporación de un enfoque de género en todos los progra-mas, proyectos e iniciativas de titulación de tierras.

4. Diseñar e implementar un plan de emergencia de distribución de tierras a las mujeres rurales en las zonas más pobres y con riesgo alimentario.

5. Respetar el derecho de consulta de las comunidades sobre concesiones que tengan que ver con los recursos naturales y cancelar la actual política estatal de militarización de las zonas rurales.

6. Aprobar la Ley de Transformación Agraria con igualdad de género.

7. Poner fin a la actual política del Estado de criminalizar las luchas de las mujeres rurales por su derecho a la tierra, y revertir las medidas tomadas contra las mujeres.

8. En el caso específico del Bajo Aguán [conflicto agrario iniciado en 2008], invitar a expertos internacionales a realizar investigaciones independientes para esclarecer las disputas sobre tenencia y transferencia de tierra, así como el asesinato de campesinos por reclamar su derecho a la tierra.

Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica y el segundo de América Latina, sólo después de Haití. También es el segundo país de la región con mayor proporción de su población subalimentada: 16.8 por ciento, de acuerdo con el último Informe Mundial sobre Inseguridad Alimentaria [2015] de la FAO. Más del 65 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza. La Ley de Reforma Agraria en

Honduras

Nicaragua


1981 excluyó totalmente a las mujeres a pesar [de] que era una ley que decía en su espíritu que reconocía, pues, a las mujeres. Pero no se les adjudicó tierra. De cada diez personas a las que se les entregó tierra, nueve fueron varones. En Nicaragua hay un 1.100.000 mujeres, [de las] que, según el último Censo Nacional Agropecuario, el 23.19 por ciento tiene tierra, pero que no necesariamente está titulada.

La propuesta de [de las mujeres rurales] Nicaragua [es la siguiente]:

1. Asignar recursos en el presupuesto general de la República para la imple-mentación de la Ley 717, creadora de un Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales como obliga esta ley en su artículo 3.

2. Poner en marcha de forma inmediata un programa piloto en tres depar-tamentos con esta ley dirigida a 300 mujeres para adquisición de tierras, un componente de administración productiva y acompañamiento técnico. Esto requiere un presupuesto aproximado de 50 millones de Córdobas, el 0.06 por ciento del presupuesto general de la República aprobado para el 2015.

3. Adjudicar tierra en poder del Estado para ampliar el fondo de tierras.

4. Reformar la Ley General de Cooperativas, la Ley 499, para asegurar la in-corporación del enfoque de equidad de género.

5. Restablecer la autonomía del sector cooperativo, que le fue suspendida con la Ley del Ministerio de Economía Familiar.

Tenemos, como región, una propuesta al Sistema de la Integración Centroamericana [SICA], que es un espacio regional que reúne a los distintos Estados y tiene entre sus objetivos alcanzar el bienestar y la justicia económica y social para los pueblos centroamericanos, así como promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de la región. Y lo que se plantea es que:

1. El SICA emita recomendaciones a los Estados miembros en la región para que todos adopten medidas que garanticen el desarrollo integral de la mu-jeres rurales.

2. Tomar en cuenta a las mujeres rurales en los procesos de formulación de políticas, planes y programas, así como en la definición de prioridades, en el fortalecimiento de capacidades y el establecimiento de sinergias y articu-laciones con las instituciones públicas en los diferentes niveles.

3. Que la RECMURIC sea considerada como un espacio de consulta y de generación de propuestas, y que desde nuestro proceso podamos aportar para la construcción de iniciativas que buscan garantizar el desarrollo de las mujeres, en especial [el] relacionado a los temas de tierra.

4. De manera conjunta, generar y profundizar en los estudios que permitan reflejar la problemática del acceso a la tierra y los medios de producción para las mujeres rurales.

Propuestas políticas al SICA


5. Apostar juntas en la búsqueda de iniciativas para lograr el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres rurales en Centroamérica.

6. Ampliar el apoyo a los procesos de formación para las mujeres rurales de Centroamérica.

En conclusión, la RECMURIC propone al SICA considerarla como un espacio de consulta y generación de propuestas. Y como primer paso las mujeres rurales deben ser reconocidas como ciudadanas plenas, sujetas de derecho y actores económicos clave. Y transformar el imaginario colectivo, que ignora a las mujeres como productoras, y obvia su contribución al desarrollo local, al bienestar familiar, al equilibrio territorial, a la soberanía alimentaria y la cohesión social.

Los procesos de reforma y posterior contrarreforma agraria que se han sucedido en Centroamérica durante las últimas cuatro décadas, unidos a las recientes dinámicas de concentración y acaparamiento de tierras, han dado lugar a un reparto de la propiedad de la tierra profundamente desigual e injusto. Las familias campesinas e indígenas, que constituyen la inmensa mayoría de la población rural y sostienen la producción de alimentos básicos, siguen siendo expulsadas de las mejores áreas de cultivo, mientras la caña de azúcar, la palma africana y las plantaciones forestales acaparan la tierra y el agua.

Las brechas de género en el acceso a la tierra, en lugar de cerrarse, se han incrementado cada día.

La desvalorización del trabajo agrícola de la mujer, relegado al ámbito doméstico y no remunerado, impide reconocerla como ciudadana plena y activa en el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. Esto repercute en las políticas agrarias que, o bien la ignoran en sus objetivos y líneas de acción, o la incluyen como beneficiaria de programas asistencialistas –y a menudo clientelares– que están lejos de contribuir a su empoderamiento económico.

El acceso y la propiedad de la tierra son esenciales para la seguridad de las mujeres, su autonomía económica, su poder de decisión dentro y fuera del hogar y su inclusión social. Pero también resultan fundamentales para combatir el hambre y la pobreza en las áreas rurales y para preservar la tierra en manos de las familias campesinas e indígenas. Más mujeres con más tierra significan mayor desarrollo y mayor soberanía alimentaria.

La tierra por sí sola no basta. Todos los países que han atravesado procesos de reforma agraria comparten un mismo aprendizaje: sin la necesaria inversión productiva, servicios financieros, asistencia técnica y acceso a los mercados la tierra deja de cumplir su función social y termina siendo abandonada o vendida.

Por ende, es necesaria una política agraria que debería ir mucho más allá de una política de acceso a la tierra. Debe contemplar los derechos de todas las mujeres rurales campesinas e indígenas. Muchas gracias.


Contexto agrario y políticas de acceso a la tierra en Uruguay. Rol del Instituto Nacional de Colonización

Buenas tardes, el agradecimiento a las personas que nos han invitado. Capaz desde el Instituto Nacional de Colonización y desde Uruguay la realidad es un poco distinta. Porque es una visión institucional desde la que voy a hacer un comentario sobre la situación de Uruguay: cuáles son las características y, en función del contexto en el que nos movemos, poder entender cuál es la política que lleva adelante el Instituto Nacional de Colonización.

Primero, explicarles que somos sin ninguna duda un país agroexportador, [en el] que tiene un peso importante, en el Producto Bruto agropecuario, la producción agropecuaria. Y la producción agroindustrial tiene un peso muy importante en la economía. Entonces, el eje de nuestro país ha sido la producción agropecuaria, históricamente.

Ahora, ¿en qué marco nos movemos? Capaz estas cosas que voy a decir no son muy distintas para América en términos generales, pero tenemos un escenario donde hay un proceso de reducción de los productores familiares más pequeños en el último censo. Una reducción de 12.000 productores de un total de 56.000 en diez años [2000-2011]. Una reducción de la población rural. Somos un país que tiene apenas el 5.3 por ciento de población rural. Y también somos un país que, incluso en

Tras la reactivación del Instituto Nacional de Colonización de Uruguay en 2005, y la asunción estatal de una política social de distribución de la tierra, éste ha venido realizando un papel importante en la labor de asegurar la producción agropecuaria familiar, pero también la calidad de vida de los colonos y sus familias, indica Jacqueline Gómez. Esta tarea se ha visto reforzada por la Ley de Descentralización y Participación de 2009, que hizo posible la creación de Mesas de Desarrollo Rural en las que las entidades del Estado dialogan con las organizaciones sociales de cada región para identificar necesidades locales. El control que el Estado realiza sobre las tierras de vocación agrícola de propiedad fiscal (600.000 hectáreas al presente) se considera una herramienta necesaria ante la elevación del precio de las tierras y el consiguiente riesgo de su entrada en el mercado abierto.

Jacqueline GómezPresidenta del Instituto Nacional de Colonización de Uruguay


La política de redistribución

de tierras en Uruguay

ese escenario, ha ido incrementando el Producto Bruto Agropecuario y eso viene acompañado de un incremento muy alto del precio de la tierra. Para dar una idea, de pasar de 400 dólares a 3.400 dólares [por hectárea] en promedio en los últimos años.

Pero también tenemos una característica bastante particular. Desde 1943 en Uruguay existe el registro de las tierras. En este año se cumplieron 200 años [de promulgación] del Reglamento de Tierra artiguista, que es [impulsado por] nuestro prócer [ José Gervasio Artigas]. Y que en realidad llevó adelante el ideario artiguista. Es éste una base bastante fuerte en la construcción de ciudadanía de nuestro país.

El 10 de septiembre de 1815, redactaron un documento los miembros del Gobierno artiguista en ese momento, que es el Reglamento de Tierras. Ese reglamento, que pautabalapriorizacióndealgunossectores,diceconcretamente:“losmásinfelicesserán los más privilegiados” e identifica a los negros libres, a los indios, a loszambos, a las mujeres, como población objetivo de una política de distribución de tierra y de construcción de justicia social. Y pauta un conjunto de obligaciones en relación al acceso a la tierra. En seguida [de la aprobación] del reglamento, que tenía una visión social de la tierra que duró muy poco tiempo, empezó el proceso de alambramiento de los campos.

Eso significa que en el alambramiento de los campos de 1860 para acá [al presente], todas las tierras de Uruguay están registradas. Lo que hoy hablaban de la titularidad de la tierra. Todas las tierras tienen un dueño: o es un privado o es el Estado. Pero existe una casi total regularización de la tierra, excepto en algunos lugares poblados donde existen sucesiones, en las que hay algunas dificultades. Pero [eso] es mínimo dentro de la situación nacional.

El 56 por ciento de las explotaciones agropecuarias, que son 46.000 en total, ocupan el 5 por ciento de la superficie. El 9 por ciento de las explotaciones acumulan el 60 por ciento de la superficie. No les tengo que explicar que el proceso de concentración de tierras existe, es [un fenómeno] histórico dentro de la construcción de nuestro país, no es de este momento. Y capaz que un efecto relevante en estos añosnoestantola“extranjerización”delatierra,sinolapresenciadelasfigurasjurídicas dentro de la tenencia de la tierra.

Históricamente, Uruguay tenía siempre [como] titulares de la tierra a personas físicas. A nombre de Javier Pérez o de alguien, de una persona. En estos últimos años, del censo del 2000 al censo del 2011, en el 2000 ocupaban el 0.9 por ciento de las explotaciones y el 1 por ciento de la superficie. En el 2011 pasaron al 14 por ciento de las explotaciones y al 43 por ciento la superficie. Ese efecto sí que es relevante dentro del agro uruguayo.

En ese contexto, nosotros trabajamos en el proceso de distribución de tierras para los sectores más vulnerables del medio rural, que entendemos que en esta etapa de la historia son los productores familiares y los asalariados rurales. Entonces, la población objetivo del Instituto Nacional de Colonización ha sido y es, desde el 2005 [hasta] acá, los asalariados rurales y los productores familiares.


Capaz que también es importante resaltar que a partir del 2005 hubo cambios de Gobierno. Asumen gobiernos de izquierda. Y en ese momento hubo un cambio bastante importante del rol del Estado dentro de las políticas públicas y, sobre todo, del rol hacia la producción familiar. En ese sentido, se generó la reactivación del Instituto de Colonización, que estaba a punto de ser cerrado; la creación de una Dirección de Desarrollo Rural en el Ministerio de Ganadería, que se ocupaba sólo de controlar el estatus sanitario; la activación del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre para los trabajadores rurales, y un conjunto de políticas que están vinculadas a promover un desarrollo territorial más justo y distributivo. Eso en el contexto que les estoy diciendo: aumento en el precio de los productos, aumento del precio de la tierra.

Otro de los factores que se llevaron adelante a partir del 2005 es una instancia que nos parece importante comentarla, para después entender cómo ocurren los procesos del acceso a la tierra. En el 2009 se creó la Ley de Descentralización y Participación. En ese ámbito, se crean las Mesas de Desarrollo Rural en los distintos territorios. Uruguay tiene 19 departamentos. Originalmente las Mesas de Desarrollo Rural fueron pensadas una por departamento. Y después, por suerte, la realidad llevó a que terminásemos con 40 Mesas en distintos lugares.

La Mesa [de Desarrollo Rural] es un ámbito donde la institucionalidad pública (o sea nosotros: Instituto de Colonización, Ministerio de Ganadería, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) se encuentra con las organizaciones sociales que están presentes en ese territorio: las organizaciones de vecinos, de productores familiares, de asalariados rurales.

La Mesa es un lugar donde se discute, por donde pasan muchas de las políticas públicas que se llevan adelante, por donde pasan los proyectos de financiamiento del Ministerio de Ganadería, donde se releva la demanda de las necesidades que tiene la gente, ya sea de tierra, de acceso a la electrificación, de acceso a la vivienda. Es un espacio de participación pública y privada, donde en realidad existe un diálogo entre las organizaciones sociales y la institucionalidad pública.

Ese proceso, creo, es una herramienta transformadora para las políticas públicas que se fueron llevando adelante. [Las Mesas] Están basadas en la concepción que tenemos de cómo hay que hacer el trabajo, sobre todo a nivel rural, porque no puedo hablar de lo urbano. Para construir un proceso de desarrollo rural realmente inclusivo, que integre a los sectores más vulnerables, nosotros necesitamos esos espacios de participación. Y necesitamos, como instituciones públicas, la interacción, la construcción con las organizaciones sociales.

Ése ha sido un eje bastante importante desde el 2005 [hasta] acá, vinculado [a] la construcción del espacio para encontrarnos y discutir. A veces discutimos y estamos de acuerdo, y a veces no estamos de acuerdo. Pasa de todo. Funciona. Y en algunos lugares funciona muy bien, y en otros lugares funciona más o menos.

Pero es un ámbito donde, en realidad, los recursos que transfiere el Estado están planteados y discutidos, donde le demandan al Instituto Nacional de Colonización acceso a la tierra para determinados grupos, que intervengamos en tales realidades, o realizan incluso, a veces, el control social, las denuncias en situaciones

Cambios en la política de

redistribución de tierras en

Uruguay desde 2005


Servicios que presta el Instituto

Nacional de Colonización

de irregularidades, cosas que hay que observar. Nos dicen que hay cosas que tendríamos que corregir desde nuestra propia gestión, a nosotros y al Ministerio de Ganadería.

La verdad que es un cambio muy profundo dentro de la forma de construir las políticas públicas en el Uruguay. En ese ámbito, se han dado respuestas a un conjunto de necesidades. Y no sólo trabajamos en la producción agropecuaria, porque entendemos que el trabajo es con un enfoque de desarrollo rural y territorial, sino que trabajamos también en las condiciones de vida, y ahí es donde salen los otros servicios como necesidades.

Y bueno, en ese contexto se ha desarrollado y se ha promovido también las formas de organización. Hemos construido alianzas con las organizaciones sociales. Hemos generado herramientas para apoyar el fortalecimiento de aquellas organizaciones que defienden y reivindican la producción familiar y los espacios de trabajo y de defensa de los asalariados rurales. En ese marco se trabaja hoy en el Instituto Nacional de Colonización con todo lo otro, que es el desarrollo del agronegocio, el valor del producto agropecuario, el valor de la tierra. En ese contexto, construimos una política pública.

El rol que hoy ocupa el Instituto Nacional de Colonización es generar una racional subdivisión de la tierra, lo dice el primer artículo de la Ley 11.029, con su adecuada explotación. Pero, aparte de trabajar sobre la racional subdivisión de la tierra, lo justo y la distribución equitativa, [esta ley] habla también de la producción como herramienta de la construcción de riqueza, habla de la radicación y del bienestar del trabajador rural.

El Instituto no sólo trabaja en producción agropecuaria, sino que las intervenciones que realiza tienen que tener un enfoque integral, donde [se] permita no sólo que la gente genere un producto, sino que también pueda desarrollar su proyecto de vida. Su proyecto productivo, pero su proyecto de vida también.

El Instituto tiene la necesidad y la obligación de trabajar en un marco de articulación interinstitucional. O sea, encontrarse con las otras instituciones para construir una respuesta acorde a las realidades y a las necesidades de la gente. Eso que nos ocupa, que es la distribución de la tierra en un escenario [en] que tenemos todas las tierras registradas e identificadas en propiedad, implica que para poder hacer una política de tierras tenemos que salir a comprar tierras.

Cuando el Instituto quiere tomar la decisión de generar un nuevo emprendimiento o desarrollar una colonia, que es un espacio físico donde se desarrollan los proyectos productivos y de vida de los colonos que llevan adelante el emprendimiento, el Instituto tiene que salir a comprar tierra. En ese marco, durante muchísimos años también, el Instituto vendía tierra en vez de comprarla. Vendía tierra y así financiaba su funcionamiento. Incluso, durante la dictadura militar se vendieron un montón de hectáreas.

Y en el último [tiempo], previo al Gobierno del 2005, se compraron 45 hectáreas. Que, digamos, un proceso colonizador no podemos hacer[lo] con 45 hectáreas. Y [antes] se vendieron unas 11.000. En estos últimos años, incorporamos 100.000 hectáreas, que uno capaz [piensa] que [no es mucho comparado] a los millones de hectáreas


que trabajaban hoy en la forestación y el agro, pero Uruguay es un país bastante pequeño, que tiene 16 millones de hectáreas para la producción agropecuaria. Los productores familiares, el 56 por ciento que ocupan el 5 por ciento de la superficie, tienen unas 2.200.000 y pico de hectáreas. Y cuando nosotros vemos el impacto que tiene el Instituto Nacional de Colonización, que tiene 600.000 hectáreas bajo la ley, es un impacto socialmente importante.

[Sin embargo] La respuesta que da el Instituto no alcanza, [lo] que significa que en esta gestión tenemos que seguir incorporando tierras. Eso implica que también tienen que haber recursos disponibles, para poder comprar las tierras. A mí me gusta que puedan visualizar la diferencia de donde partimos: de las tierras del Estado, de las tierras fiscales, y la realidad que tiene Uruguay, donde tierras fiscales no es lo que hay. Lo que hay es una necesidad de llevar adelante una política de tierras inclusiva y que dé oportunidades a la gente que no accede a la tierra si no existe esta política pública. Porque nadie podría, ni los productores familiares ni menos los asalariados rurales, acceder a la tierra a 3.400 dólares la hectárea o a 10.000 dólares la hectárea, depende en qué lugar estemos del país.

Bueno, eso ha llevado a que el Instituto haya necesitado y requerido un conjunto de recursos que fueron, como hay una definición política, una herramienta necesaria, y que hay que incluir y construir mecanismos incluso de resistencia de la propia producción familiar. Se han generado un conjunto de herramientas que han permitido en las tierras del Instituto que los productores familiares se mantengan en producción. No todos los productores familiares están vinculados al Instituto Nacional de Colonización. Pero existen mecanismos donde los colonos, o los productores familiares y los asalariados rurales, en forma colectiva, acceden a la tierra.

En ese proceso de acceso a la tierra colectiva, que también ha sido una definición política de estos últimos Gobiernos, se socializan los recursos que tienen cada uno de ellos: las capacidades, el conocimiento. Nosotros pretendemos fomentar y fortalecer también la organización de estos sectores a través de la gestión colectiva, del acceso colectivo a los medios de producción. Y, sin ninguna duda, la tierra es un factor determinante en este proceso. No me acuerdo quién era que decía que sin tierra no hay soberanía, no hay nada.

Entonces, se ha hecho un esfuerzo bastante importante en estos últimos años en desarrollar las formas colectivas de acceso a la tierra. No sólo por la mejora de la gestión de los recursos, sino porque también creemos que es una forma de construir otras relaciones y otras formas de organización, donde en realidad los valores de la solidaridad, de la colaboración, de la construcción de una respuesta con el otro puedan dar una estrategia, incluso una nueva forma de resistencia de la propia producción familiar.

Y muchas veces los predios comunitarios o colectivos hacen un aporte a los predios individuales que manejan. Muchos de los productores familiares, algunos de esos que desaparecieron estos años, manejaban superficies muy pequeñas que hoy, con los modelos de producción que hay y con la intensificación en general en el uso de los recursos, no les alcanzaban para aplicar algunas tecnologías. No es que todas las tecnologías son aptas para la producción familiar. Algunas tecnologías no


las pueden aplicar. Sin embargo, en los predios colectivos, logran llevar adelante bancos de forraje, campos de recría, mecanismos de generación de granos que después son trasladados a los predios individuales donde ellos viven y trabajan, y llevan adelante sus proyectos productivos. Ése ha sido uno de los ejes bien importantes [de desarrollar] para el Instituto.

Otra de las cosas que quería resaltar tiene que ver con el acceso a la tierra de las mujeres, o trabajar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el acceso a la tierra. El Instituto en el 2014 tomó una resolución del acceso a la tierra en cotitularidad. Ambos integrantes de la pareja tienen que ser los arrendatarios y los que firman el contrato con el Instituto de Colonización. Tengo que decir que el Instituto tiene hoy entre el 12 y el 16 por ciento de mujeres titulares de la tierra, que para la realidad nacional no tiene nada que ver y para cómo se da la lógica de la producción familiar menos. Porque en la lógica de la producción familiar tan importante es el manejo del rodeo como el conjunto de tareas que tienen que ver con la reproducción de esa propia familia. Y, aparte, en los emprendimientos familiares, la combinación del trabajo es bastante distribuida entre el conjunto de integrantes.

En ese marco se tomó la definición de la adjudicación a ambos integrantes del núcleo familiar, intentando con esto avanzar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y, en realidad, en un proceso de construcción de justicia social y de inclusión de derechos, sin ninguna duda. El acceso a los recursos de producción es un derecho que tienen que tener ambos integrantes.

El otro tema que quería destacar es cómo se vinculan los colonos a la tierra. [En lo referido a] Las tierras del Instituto de Colonización, según la Ley, hay dos formas de vincularse: hay colonos propietarios y colonos arrendatarios, que pagan una renta anual. Del 2005 acá [al presente], la única forma en la que se entrega la tierra es en arrendamiento. Nosotros entendemos que el Estado tiene que tener un rol importante en el marco de este proceso de concentración de la tierra, de aumento de precio, del negocio agropecuario. El Estado tiene que tener un control importante sobre la propiedad de la tierra para poder seguir haciendo una política pública para los sectores más vulnerables.

Ahora, ese contrato de arrendamiento que firman los colonos es una relación muy estable. Se firma con la familia, con los dos integrantes de ahora en adelante. Y cuando [los titulares de] esas familias salen de la producción porque se jubilan y los hijos tienen un perfil colono, [estos últimos] se quedan en la tierra, [ésta] se transfiere. No hay una transferencia directa, es una definición del Instituto. Pero se transfiere de padres a hijos, y han pasado generaciones por las mismas tierras arrendadas por el Instituto Nacional de Colonización.

Es una relación muy estable la del arrendamiento, en la medida que el que viene atrás [el descendiente] es perfil colono. Si no es perfil colono, porque las oportunidades que la vida le dio [le permitieron] formarse, es médico, trabaja en otras tareas, [el predio] vuelve al Instituto de Colonización para ser entregado a otro productor familiar o asalariado rural que lo necesite.

Promoción de la igualdad de

género

Formas de vinculación de

los colonos a las tierras del

Instituto Nacional de Colonización


Y en relación a la propiedad, los colonos propietarios tienen una limitación. No la pueden vender ni enajenar ni hipotecar, ninguna de esas cosas. La propia Ley lo pauta, aunque durante muchos años eso no se respetó, por esto que les digo, que hubo un momento [en] que el Instituto casi estuvo a punto de ser cerrado, porque es una herramienta [en] contra, digamos, de todos los procesos o las gremiales más fuertes del agro. [La Tierra] Sólo puede venderse con una autorización del Instituto. Si se vende de un colono propietario a otra persona, es el Instituto el que resuelve si ése que va a comprar es perfil colono o no. Y si no es perfil colono, no puede acceder a la tierra. Y el Instituto de Colonización puede comprar esas tierras y volverlas al proceso de distribución.

Ese mecanismo de protección de las tierras del Instituto y de guardar, digamos, un territorio para la producción familiar y para los sectores más vulnerables es lo que le ha dado a Uruguay la oportunidad de generar una política de tierras [a la] que todavía le falta un montón. O sea, nos falta bastante por hacer y por el conjunto de gente para atender. Lo que me parece importante es esta visión de limitación de la propiedad privada, de evitar que las tierras y los territorios que están destinados a la producción familiar, a los asalariados rurales y en el caso de la mayor parte de ustedes a las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, pasen al mercado de tierras.

En la medida que el Estado deja libres esas tierras, en la medida que está [abierta] la posibilidad del pasaje al mercado de tierras, eso seguro va a ocurrir. Porque el que viene atrás en las generaciones no necesariamente tiene el mismo vínculo con la tierra que tuvieron los antecesores. Y [esto] aparte de que el escenario de valor de tierra, el precio, el incremento tan fuerte del valor de la tierra, también genera otros movimientos.

Para nosotros ha sido eso determinante, es de las cosas que realmente tenemos que defender y que muchas veces hay que repensar cómo las instrumentamos. Para nosotros en Uruguay, donde el Estado para hacer una política de tierra tiene que salir a comprar tierras, es totalmente necesaria la protección de ese territorio para la producción familiar y para los asalariados rurales. Y la protección se la da hoy la Ley 11.029, que es de 1848.

Nosotros tenemos un conjunto de desafíos en relación a la continuidad de las políticas de tierra. Eso que les decía: ¿acceso a qué? La gente que accede a las tierras del Instituto tiene que acceder también a otro conjunto de herramientas que les permita llevar adelante el proyecto de vida y de producción. Entonces, ahí entra el financiamiento, el capital de trabajo, la capacitación, el conocimiento, las posibilidades de organización, la generación de conocimientos y de desarrollo de valores para poder organizarse. Y, sin ninguna duda, condiciones de vida. Y ahí viene todo lo otro: la luz, el agua, el acceso a la educación. Y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es una necesidad, así como la construcción de una sociedad más justa y que distribuya mejor la riqueza.

Las políticas que lleva adelante el Instituto Nacional de Colonización son de distribución de riqueza: compramos tierra con los impuestos que se cobra a los que las vendieron, que en general son los que tienen más hectáreas. Esos impuestos


vienen al Instituto de Colonización, éste compra tierras y las distribuye a los sectores más vulnerables. Falta bastante en ese proceso: la construcción de valores, la construcción de herramientas adecuadas para la producción familiar y para los asalariados rurales, la profundización de la articulación interinstitucional.

Y todos, la institución, los técnicos que forman parte de la institución, los que tenemos un cargo de responsabilidad, y los propios colonos, también tenemos que avanzar en esa capacidad de ir generando una mejor sociedad.

Muchas gracias por la invitación.


Gabriel Seghezzo (Moderador) Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz)

Tenemos quince minutos para un panel de comentarios y preguntas. Lo vamos a hacer en rondas de tres preguntas, y los expositores, según a quién sean dirigidas, las contestarán.

Muy interesantes las exposiciones. Quería hacer comentarios y preguntas a la exposición de Miguel. Creo que todos concebimos que el campo está dividido entre las grandes empresas industriales y la economía campesina indígena o no indígena, pero eso depende mucho de los territorios de los países. Hay un sector, que podríamos llamar de mediana agricultura, que no observamos, no sabemos cuál es su peso ni cuál es su dinámica. Le prestamos poca atención y sin embargo cumple papeles importantes. Entonces, ¿qué nos podrías decir, Miguel, sobre eso?

Lo segundo es que la tendencia general que marca Miguel me parece que es adecuada, pero yo creo que habría que diferenciar que al interior de los países hay territorios que se prestan más al desarrollo de la agroindustria que otros. Entonces hay territorios, podríamos llamarlos así, de la agroindustria y de los campesinos en donde no entra necesariamente la agroindustria porque en términos de tasa de retorno, de inversión, simplemente no le conviene. Y este tipo de desarrollo, por consiguiente, va creando distancias y diferencias territoriales al interior de los mismos países. Y creo que eso habría que incorporarlo también al análisis.

También quería hacer una pregunta apuntando a la ponencia del señor Urioste. Fue bastante evidente la diferenciación entre un modelo de producción basado en el agronegocio y [otro basado en] la economía familiar. Sabemos que ambos modelos tienen ventajas y desventajas. Pero la consulta específicamente va hacia la propuesta: ¿cómo encaramos el tema de la alimentación, tanto soberanía como seguridad alimentaria? Particularmente, un término que me gusta más es seguridad más que soberanía, porque [este último] a veces es un término muy amplio, que permite muchas cosas.

Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Son excluyentes? ¿Es inadmisible un Estado con un agronegocio en distintos tipos de producción de alimentos, sea de origen animal como de origen vegetal? ¿O hay algún tipo de agronegocio que sí es admisible?

Buenos días, soy de Honduras. Me preocupa el contexto [del] que habló, la parte de los gobiernos. Porque en todo este contexto en el que se están dando los monocultivos están participando los gobiernos socialistas y populistas. Entonces, quiere decir que no tenemos mucha esperanza nosotros, como pequeños productores o como campesinos, en el aspecto de que estamos siendo explotados por los mismos gobiernos pues. Y si anteriormente estábamos de gobiernos conservadores, gobiernos capitalistas, actualmente estamos en este otro contexto, pero seguimos viendo lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? o ¿qué esperanza nos queda en este proceso de poder combatir [el agronegocio] y avanzar en trabajar para los pueblos, para los pequeños productores y para los campesinos?

A Miguel Urioste

A Miguel Urioste

A Miguel Urioste


Es verdad que la mediana empresa no ha entrado en mi análisis. He intentado una dinámica de polarización entre agricultura tradicional empobrecida, que es la que mantiene en sus trabajos marginales a millones de campesinos y a indígenas en América Latina y, por otro lado, el agronegocio.

Pero sí hay desempeños desiguales, en muchos casos exitosos, de una agropecuaria de corte mediano, incorporada al mercado, que genera excedentes, permite acumulación y reproducción de la unidad familiar.

En Fundación Tierra estudiamos el caso de Comarapa, aquí en Santa Cruz, son los valles mesotérmicos del departamento. Y veíamos que la región produce de manera sostenible ambientalmente, de manera equitativa socialmente y de manera productiva en términos económicos: hortalizas, frutas y verduras que abastecen a la ciudad de Santa Cruz y a la de Cochabamba de manera cómoda. Sé que hay en otros países experiencias similares.

Sin embargo, en el contexto macroeconómico boliviano de congelamiento de los precios internos de los productos de la agricultura familiar, el tipo de cambio fijo de la moneda, junto con la libre importación de alimentos, estrangulan al pequeño productor.

Es verdad que son territorios distintos. En la región de valles y altiplano se concentran poblaciones indígenas y campesinas mayoritarias demográficamente, pero excluidas socialmente a pesar de décadas de políticas públicas de estímulo, de promoción, de desarrollo que no logran un impacto sostenible en el largo plazo, debido a un contexto macro económico definitivamente adverso.

En el caso de Bolivia, el estudio que hizo Fundación Tierra demuestra concretamente que el aporte de la agricultura campesina al PIB agropecuario está estancado en alrededor del 2 por ciento hace más de una década. Es decir, la agricultura campesina se ha convertido en un refugio de subsistencia antes que en un escenario de generación de bienestar, de desarrollo y de producción, digamos abundante, de alimentos.

ElcompañeroCarlosmedice“usted,¿quépropone?”.Bueno,estamosparadiscutirla propuesta entre todos. Yo no tengo la receta ni una solución mágica. Pero sin duda que ésta pasa por el fortalecimiento social, organizativo, político y económico de los movimientos campesinos e indígenas, que yo veo que han sido relegados en esta región en los últimos años.

Hoy día, los movimientos sociales no tienen la fuerza que tenían hace dos o tres décadas atrás. No hay un actor social campesino revolucionario que lleve adelante reformas agrarias radicales. Es la constatación. Los movimientos sociales rurales han quedado postergados, debilitados y, de alguna manera, cooptados y divididos.

Y, Quintín, de Honduras decía ¿qué pasa con los gobiernos? Creo que están en una gran contradicción entre el discurso y la realidad. Son propuestas gubernamentales teóricas, discursivas, muy radicales en términos de defensa de la Pachamama, de la madre tierra, del Vivir Bien, de la armonía con la naturaleza, pero en la práctica seguimos siendo tanto o más extractivistas que antes. Es decir que el auge del precio de las materias primas de la última década (2004-2014) ha despertado una

Miguel Urioste


vocación estatal casi exclusiva al extractivismo, dejando a un lado el desarrollo más armónico y más sostenible.

Nos corresponde, por tanto, con datos, con evidencia empírica, con información, denunciar que hay una distancia abismal entre el discurso y la realidad. Claro que eso nos puede costar la vida como instituciones, como es el caso de la reciente amenaza de parte del gobierno de Bolivia a la Fundación Tierra.

Gabriel Seghezzo Bien, ¿algún otro ciclo de preguntas?

Muy buenos días, hermanos. Primero agradecerle al hermano Urioste. Quiero hacerle una pregunta que de verdad va a impactar. Creo primero que hay que pensar en el ser humano, en la facultad que tiene su propia salud alimentaria. Soy parlamentaria nacional [de la bancada del Movimiento Al Socialismo] y [me] preocupa tener el monocultivo, el agronegocio, ya que no se está viendo, desde la perspectiva humana, cuánto va a durar el ser humano. Simplemente los 54 años de vida. Eso quiero preguntarle.

Después, quiero preguntarle: [acerca de] la distribución equitativa dentro de América Latina, hay una demanda de hace muchísimos años en [planteada a] Derechos Humanos hacia las mujeres. Tampoco el nivel internacional, que es la OIT [Organización Internacional del Trabajo], ni [la organización internacional de] Derechos Humanos ha hecho cumplir. Debería de ser equilibrada la distribución entre mujeres y hombres, para diversificar la tierra y [garantizar] su seguridad, su soberanía alimentaria. [Me] Preocupa también el uso de insecticidas, ya que los últimos veinte años estamos viendo enfermedades mortales, como es el cáncer y otras enfermedades [para las] que aún no hay cura. Por eso es una preocupación de esta parlamentaria y [también pensar en] cómo resolver. No simplemente ver en el cambio climático el tema de recursos naturales. Habría que ver también cómo hacemos el aprovechamiento [de los recursos naturales], de una manera que podamos desarrollarnos económica y ecológicamente en nuestro país.

Bueno, María Teresa, felicitaciones por la investigación. Se ve que es muy completa y en estas últimas diapositivas nos mostrabas una serie de propuestas súper interesantes en términos de empoderamiento social, económico y político de las mujeres rurales en Centroamérica. La pregunta que yo tengo es: ¿cómo ese movimiento social de mujeres centroamericano ha evaluado cuál es la mejor forma de llevar a cabo estas propuestas y que estas propuestas sean aceptadas por los gobiernos locales?

Evidentemente, hay estrategias de incidencia, pero no siempre parecen suficientes y muchas veces es la movilización social la que la puede realmente llevar a cabo, en un ejercicio que muchas veces parece un paso adelante y dos atrás.

En realidad, quería también felicitar a María Teresa por el estudio que han hecho con la RECMURIC, porque tienen una serie de propuestas bastante concretas, que identifican políticas públicas y leyes muy precisas. Y quería saber si tienen un plan de acción pensado a nivel centroamericano y si han pensado establecer alianzas, o si han hecho alianzas ya con otras organizaciones para llevar a cabo sus acciones

A Miguel Urioste

A María Teresa Fernández

A María Teresa Fernández


hacia adelante. Y también qué posibilidades de éxito creen que tienen. Sabemos que en El Salvador y en Nicaragua hay gobiernos ahora que son, al menos en el discurso, más populistas o progresistas. No es el caso de Guatemala, pero bueno. Eso no garantiza que sea necesariamente un trabajo sencillo, ¿no?

Bueno, queremos decirles que en la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas se aglutinan alrededor de 100.000 mujeres. Lógicamente, lo único que nos va a hacer lograr esto [consolidar las propuestas] es la movilización social, pero principalmente la conciencia de derechos de las mujeres rurales indígenas y campesinas. Reconocerse como sujetos políticos de cambio y de derecho. Y eso no sólo con las mujeres rurales indígenas y campesinas, lo tenemos que hacer con toda la región: con los hombres, con los jóvenes. Porque todo lo que decía Miguel [Urioste] es igual para Centroamérica.

Digamos, si no nos organizamos, si no nos aliamos, si la gente no estamos unidas, y no se recupera esa fuerza que tenían los movimientos sociales en los años ochenta y noventa, y que ahora está perdida porque nos ha cooptado un discurso supuestamente revolucionario. En mi país, en Nicaragua, hay un gobierno que se dice revolucionario, pero no se implementan políticas públicas para la gente. Son programas asistencialistas que no contribuyen a empoderar a la gente. Regalar una lámina de zinc [calamina] o un paquete de cereal no empodera a nadie.

Entonces, para lograr esto lo que nosotras tenemos es un plan de acción. Un plan operativo de acción para impulsar, enfocado en la movilización social y en la incidencia política hacia quienes toman las decisiones. Y lógicamente, todo lo que hemos aprendido en materia de ciencia política, lo que ha dicho WOLA [The Washington Office on Latin America: La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos], lo que ha dicho el mundo entero, todo lo que hemos aprendido con los diferentes organismos, no funciona con el gobierno que tenemos actualmente.

Por lo menos en Guatemala vimos una diferencia: que sabían que el Presidente estaba involucrado en corrupción y dejó de ser Presidente. En Nicaragua no va a pasar eso. Entonces, yo pienso que las organizaciones en América Latina tenemos que ser muy creativas, muy inteligentes para saber cómo tenemos que llegar. Pero yo creo que el principal centro son las personas, es la gente campesina, indígena, todos los que no saben esto que nosotras tenemos la gran oportunidad de conocer. Todo lo que Miguel [Urioste] ha dicho y lo que hemos conocido en estos días de trabajo con la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra. Y que nos juntemos. Es la única manera porque de otra manera no es posible.

Hoy, casualmente, en Nicaragua está [desarrollándose] una feria de mujeres rurales paradecir:“producimosapesardenotenertierra”.Yesolovamoshaciendodesdeel 2008. Primero para que se aprobara la Ley [717]. En el artículo 3 el Estado crea un fondo para la compra de tierras, pero siempre, [en] cada ejercicio presupuestario no le colocan ni un chelín, como decimos en Nicaragua. Igual [les sucede a] las compañeras en Guatemala, en El Salvador, en Honduras.

Entonces, [al] escuchar que siempre son las mismas situaciones: de pobreza, de exclusión, de violencia, algo tenemos que hacer. O sea, no nos podemos

María Teresa Fernández


quedar ahí, petrificados y petrificadas sin hacer nada. Y nosotras pensamos en la RECMURIC [que la respuesta está en] la cohesión social, la organización, la unidad, la fuerza, la movilización social. Es con lo único [con lo] que los gobiernos, díganse revolucionarios o no, tienen que mirar a la gente porque, en el caso de Nicaragua, es como que las mujeres rurales no existieran. Entonces, para decir que existimos es la única manera, creemos nosotros, la movilización social, como se hacía en los años ochenta y en los años noventa.

Yo sólo para cerrar les voy a decir: a mí me impresionó una gran movilización que hizo Bolivia en la lucha por el agua, hace quince años. ¡Impresionante! Eso tenemos que volver a hacerlo. Muchas gracias.

Quiero recordar que en el último mes Bolivia ha tenido el honor de ser sede de dos eventos masivos de movimientos sociales. Hace un mes, cuando estuvo aquí el Papa Francisco, se realizó en esta ciudad de Santa Cruz una muy concurrida reunión de movimientos sociales a nivel mundial. Y ustedes saben que hace dos días acaba de concluir otro evento importante en Cochabamba, en la localidad de Tiquipaya. En estos eventos se coincide, de la misma manera que con la encíclica Laudato si’ de Francisco,enlosiguiente:“Promovemoslareformaagrariaeintegralparadistribuirla tierra de manera justa y equitativa. Llamamos la atención a los pueblos sobre el surgimiento de nuevas formas de acumulación y especulación de la tierra y el territorio, como mercancía vinculada al agronegocio, que promueve el monocultivo, destruyendo la biodiversidad, consumiendo y contaminando el agua, desplazando poblacionescampesinasyutilizandoagrotóxicosquecontaminanlosalimentos”.

Éstas son conclusiones tanto del evento cuando estuvo aquí el Papa Francisco como de hace tres días en Cochabamba. Aquí, en este Foro de la Tierra de la ILC, creo que estamos en esa línea.

Gabriel Seghezzo Un último ciclo de preguntas.

Muy cortita la pregunta: ¿las formas colectivas de propiedad, qué es, cooperativa o alguna otra forma también?

No son de propiedad, son arrendamientos. Nosotros, del 2005 [hasta] acá, sólo entregamos tierra en arrendamiento. El acceso colectivo se da a través del arrendamiento. Intentamos promover las cooperativas. Y hay un Instituto de Cooperativismo en Uruguay que nos ha ayudado. Tenemos bastantes dificultades en las figuras legales, fundamentalmente porque promovemos las formas de organización cooperativas. Otras veces se utilizan algunas otras figuras: sociedades agrarias. Se utilizan otras formas. Igual creo que ahí [en ese aspecto], la cooperativa es la mejor figura. Más allá de que nos falta mejorar la gestión para que el trámite y para que el proceso sea sencillo, porque se les hace bastante difícil a los compañeros cuando empiezan a hacer el trabajo. Y capaz que haya que generar alguna otra [manera de gestión].

Miguel Urioste

A Jacqueline Gómez

Jacqueline Gómez


Tú mencionabas también el acceso de los asalariados a tierra. ¿Cómo es eso? Porque, generalmente, los asalariados no tienen tierra.

En mi exposición señalé que en el Cono Sur una particularidad es la expansión de la frontera agrícola con el monocultivo de la soja. ¿Podrías brevemente explicarnos qué significa para tus programas de asentamiento y colonización la expansión sojera en Uruguay?

Buenas tardes, yo soy de México. Veo mucha similitud en la forma en la que opera el sistema en Uruguay. La diferencia está en el origen, obviamente. La pregunta es, y pensando un poco en lo que pasa en México: ¿No ocurre también, en algún momento, este tipo de ventas simuladas, que no son legales? Y otra pregunta muy corta, perdón por la ignorancia: ¿En Uruguay se reconoce la existencia de algún pueblo indígena?

Empiezo con el tema de cómo acceden a la tierra los asalariados. Ha sido un desafío, pero también ha sido una definición política [la] de trabajar con ese sector, que en realidad no lo atendía ni el Ministerio de Ganadería ni el Ministerio de Trabajo ni nadie. Con decirles que, para los asalariados rurales, recién en el 2008 tuvimos una Ley de ocho horas [de trabajo]. Y ahora se cumplen 100 años [de la declaración] de los [derechos de los] trabajadores. Entonces, es una definición el trabajo con ese sector.

Y la mejor herramienta que encontramos y que funciona muy bien es los emprendimientos colectivos. Ningún asalariado rural tiene la capacidad por sí, individualmente, de poblar un campo, de llevar adelante solo un emprendimiento productivo. En general, cuando se juntan, cada uno pone el aporte de capital que tiene, así tenga cinco cabezas [de ganado], hacen un aporte al capital, hacen una organización al trabajo y eso les permite [comenzar]. Ellos no dejan de ser asalariados rurales, conviven con la explotación colectiva y el trabajo asalariado. Lo que hacen es un proceso de organización.

El otro día en uno de los grupos, haciendo números, decían que ellos ganan, con el proceso colectivo, lo mismo que si fuesen un capataz. O sea, duplican el rendimiento de su fuerza de trabajo. Ganan en su empleo normal el sueldo y con el trabajo del emprendimiento productivo lo que hacen es generar otro ingreso. Ha sido un desafío, pero en general una experiencia muy buena. Se dio mucho en la ganadería, que es donde nos va mejor. Con la gente de la caña de azúcar, tenemos experiencias fuertes, pero con la presencia de una empresa, ALUR, que hace todo el proceso de la caña. Entonces ahí también articulamos entre las instituciones para que puedan acceder al financiamiento, que tengan condiciones diferenciales.

No nos ha ido así tan bien con la gente [dedicada a un trabajo] que es más zafral, [así] como [con] la gente [dedicada al cultivo] de la naranja. Tenemos algunas dificultades ahí. Pero las experiencias han sido en general buenas y mejores de lo que nosotros proponemos porque ellos también encuentran otras formas de hacerlo. Eso en relación a lo colectivo. En general, esos sí que forman cooperativas. Y los grupos no sólo son de asalariados rurales. Muchas veces entra también algún otro productor chico, porque el enfoque es territorial.

En algunos casos, con sindicatos de asalariados rurales, hemos intentado hacer algunos esfuerzos para que accedan a la tierra como sindicato. Nos ha ido más o menos. Pero bueno, es un proceso más lento y hay que trabajarlo.

A Jacqueline Gómez

A Jacqueline Gómez

A Jacqueline Gómez

Jacqueline Gómez


En cuanto a la expansión de la soja: ésta avanzó sobre zonas de la lechería y sobre las tierras del Instituto de Colonización porque las rentas del Instituto son [de] un valor bajo. La renta es de un valor subsidiado: menos del 50 por ciento del valor de mercado. Entonces, algunos colonos, que tienen la obligación de hacer el trabajo directo (o sea, tienen que explotar esas tierras con sus propias manos, tienen que residir, cuidar los recursos, tienen un conjunto de obligaciones que cumplir, aparte de pagar la renta), han hecho acuerdos con algún [empresario] sojero. Porque, claro, se sientan con la [camiseta] playera, toman los mates y tienen una diferencia de renta entre los 100 dólares, con suerte, que le pagan al Instituto, y los 350 que pagaba [la renta de terrenos para la producción de] la soja en su momento.

Nosotros tenemos un sistema de inspección de las denuncias territoriales mediante los equipos territoriales. En la medida que se agarra un acuerdo de esos, se multa, se advierte [para] levantar la restricción [del subsidio]. Ha pasado también que el Instituto estuvo durante 30 años sin gestión de cobros, sin presencia de los funcionarios del Instituto en el territorio. Entonces, claro, del 2005 en adelante, después que levantamos las primeras restricciones, el 2007 empezamos con las inspecciones. Y bueno, entonces, ahora hay también un control bastante más estricto sobre lo que se puede hacer o no. Que nos sigue pasando, nos sigue pasando, pero en la medida que lo encontramos, lo sancionamos. Y [esa sanción] a veces te lleva incluso a la salida del colono, si es arrendatario. Si es propietario, va una multa de plata, como le pasa con los suelos. Y se podría llegar a la expropiación.

El efecto [de la expansión de la soja] ahora está en retroceso. Entonces, hay otro escenario. Le ha pegado a la lechería también el avance de ese rubro. ¿Y en general ha generado algunas distorsiones en [el uso de] las tierras del Instituto de Colonización? Sí, en algunos territorios donde [el cultivo de soja] se desarrolló, en el Litoral, que es la zona de mejores tierras.

Después, lo de las ventas simuladas que preguntaban. Eso tiene que ver con cómo el Instituto durante muchos años operó. En el 2007 hubo que hacer una ley para reconocer todos [esos casos]. La ley de Colonización lo dice expresamente: si esa venta se hizo sin autorización del Instituto, es nula.

Ahora, tuvimos muchos años de un uso bastante incorrecto de la herramienta Colonización y, como todos sabemos, la tierra da mucho poder y entonces el poder también se maneja con otros [medios] y ocurrió de todo: desde sociedades anónimas dentro de las tierras del Instituto de Colonización, que seguro colonos no son, gente con plata con 2.000 o 3.000 hectáreas dentro de las tierras del Instituto, de todo. Comonosepodíahacerotracosa,enel2007sehizounaleydondesedijo“sereconocen[lastierras],venganyseregistran”.Ydespuéscualquierotromovimientode la tierra, de venta de la tierra, está ahora controlado por nosotros. Y hemos encontrado, recientemente, una venta que no está autorizada por el Instituto, que está [pronta] a la expropiación y a la anulación del negocio.

Lo que pasa es que ahí también está lo otro que tiene Uruguay: los escribanos, por ejemplo, ya no se la juegan a saltarse la ley, la gente que hace todo el tema del registro de la tierra. Hay una institucionalidad muy fuerte y una responsabilidad muy fuerte del profesional si comete esos errores. Igual, algunos de los que todavía semantienen[comopropietariossinregistro]vienenytedicen“yonosabíaquela


tierra,cuandolacompré,estabaafectadaporlaley”.Bueno,sigastastedosmillonesde dólares en comprar la tierra y no te asesoraste [acerca] de que estaba afectada, es tu problema.

Pero bueno, no ocurren casi [ventas ilegales], no tanto por la capacidad que nosotros tenemos de perseguir, sino por [la actitud de] los escribanos, el cruce entre el registro de ventas de tierra y los datos del Instituto. Hay una estructura bastante [confiable].

Y [en cuanto a] lo de los pueblos indígenas, hay comunidades charrúas, pero no sé decirte el reconocimiento [que tienen]. Hay comunidades charrúas que tienen un movimiento, que reivindican todos los procesos históricos y las masacres que se hicieron [en contra suya]. Hay gente organizada.

Se me ha pedido hacer el cierre de esta prestigiosa y realmente muy interesante mesa, buscando algunos ejes en común entre las presentaciones, y haciendo un nexo sobre las misiones y objetivos institucionales que como organizaciones tenemos, pensando en el futuro.

Claramente hubo un tema que los expositores mencionaron fuertemente: la desigualdad. La desigualdad de América Latina, la mayor del mundo. Lo ha mencionado Miguel [Urioste] cuando analiza el tema de las transformaciones agrarias y el impacto que tienen sobre las comunidades, sobre la agricultura familiar, sobre las comunidades indígenas y campesinas, sobre el medioambiente o sobre el manejo sustentable de los recursos naturales.

Y yo quiero aquí hacer un nexo con un postulado de la International Land Coalition, que es justamente la gobernanza centrada en las personas. Es decir, cómo se analizan también el agronegocio y la relación con la agricultura familiar, pero pensando en las personas y en un desarrollo más justo y más equitativo.

Luego, María [Teresa Fernández] claramente expresó un problema de desigualdad que afecta a las mujeres en todo el continente. A pesar de que se reconoce claramente el rol fundamental que la mujer tiene en la agricultura familiar, en la producción, en la defensa de derechos, en el fortalecimiento de las organizaciones no solamente de mujeres, sino en general, falta trabajar mucho para hacer más equitativa la relación y [para otorgar] mayor visibilidad y reconocimiento al potencial y al real efecto que tiene el trabajo de la mujer rural y urbana.

Y nos sumamos, por supuesto, al saludo por el Día Internacional de la Mujer Rural.

También, en las últimas intervenciones, hubo una mención bastante clara y concordante sobre cómo seguir, y que tiene que ver con la movilización social, con la capacitación, con la generación de capacidades para lograr una mejor incidencia política, para poder cambiar algunas políticas públicas en nuestros países. Así que me parece que es enorme el desafío por encontrar [la] capacidad de generar incidencia política a nivel de toda América Latina, para hacer más justo el continente, para hacer más visibles y más reconocidas a las mujeres y para tener modelos de desarrollo más equitativos.

Con esto damos por cerrada la sesión.

Gabriel Seghezzo

PANEL 1:

Las fuerzas de exclusión: modelos agrícolas de producción dominantes y su impacto en la población campesina indígena

49Las fuerzas de exclusión

Colombia: Estrategias corporativistas para la concentración de la tierra

Buenos días. Quiero primero agradecer a los organizadores de este Foro de la Tierra por permitirnos participar en él. Estoy muy complacida de estar aquí en Santa Cruz.

Bueno, esta presentación tiene como principal objetivo evidenciar un trabajo que se viene desarrollando en los últimos años en Colombia frente a la problemática de concentración y acaparamiento de tierras en el país. Así que busca ser una aproximación para ustedes a esa situación. Vamos a utilizar el estudio que se hizo desde OXFAM, que muchos seguramente lo conocerán, que se llama Divide y comprarás, el caso de la multinacional Cargill en nuestro país. Pero antes quiero ubicarlos a ustedes en el contexto para que se entienda la manera cómo las empresas han podido desarrollar este corporativismo agrario.

Para empezar, es importante recordar [que] Colombia es un país de los que tienen, desafortunadamente, los mayores índices de concentración de la propiedad de la tierra. Efectivamente, los datos nos muestran que muy pocos propietarios son dueños de casi toda la tierra disponible. Más o menos está en 0.89 por ciento este coeficiente [de] Gini, sumado a también una situación muy vergonzosa de, en el ranking mundial, ubicarnos como el segundo país con mayor número de

La Región de la Perillanura colombiana, de siete millones de hectáreas, última frontera agrícola en Colombia, se ha convertido, advierte la expositora, en un espacio ofrecido a las inversiones de las empresas transnacionales del agro por las políticas públicas que tratan de impulsar los dos últimos gobiernos del país. Sustenta su afirmación mediante las constataciones del estudio Divide y comprarás (2013), que evidencia cómo Cargill y otras grandes empresas transnacionales emplearon una triquiñuela legal para hacerse con grandes extensiones de tierras fiscales, recurriendo a la compra fraccionada de baldíos colindantes, y aun beneficiarse de subsidios destinados originalmente a pequeños agricultores. Paula Álvarez Roa denuncia, de esta manera, la actitud pasiva de las entidades del Estado ante este hecho antes de que fuera divulgado, así como los sucesivos intentos de modificar la legislación nacional para beneficiar directamente a estas empresas, bajo el pretexto de recuperar la confianza inversionista.

Paula Álvarez Roa (Colombia)


desplazados a nivel interno, después de Siria. Más o menos, dicen algunos, con seis millones de personas en situación de desplazamiento, producto del conflicto armado que durante décadas hemos padecido en Colombia.

Quiero decir esto porque es el punto de partida para relacionarlo también con lo planteado por el profesor Miguel Urioste. Efectivamente, la política rural en Colombia está enfocada hacia la agroexportación, tal y como él nos decía, orientada hacia los grandes agronegocios y también hacia un profundo modelo extractivista. Entonces, la realidad hoy nos muestra cómo los grandes proyectos agroindustriales, principalmente [de] palma de aceite, caña de azúcar, pero también de maíz y de soya, están ocupando gran parte del territorio, así como los proyectos de minería y de hidrocarburos en general.

Esto, como un marco para poder entrar ya en materia y explicarles a ustedes de qué manera se ha venido desarrollando el acaparamiento [de tierras] y cómo Colombia se inserta en toda esta discusión global del land grabbing que ustedes han venido discutiendo también durante tiempo atrás y en el marco de esta semana, en su asamblea [la VIII Asamblea de Miembros de la International Land Coalition - América Latina y el Caribe, celebrada el 12, 13 y 14 de octubre en Santa Cruz].

Hay una región de Colombia ubicada hacia la parte oriental, conocida como la Región de la Altillanura. Cuando el presidente [ Juan Manuel] Santos se posesionó, en su discurso señalaba que esta región era nuestra última gran frontera agrícola, más o menos siete millones de hectáreas que querían ser incluidas. Y entonces, a partir de este primer anuncio, y siguiendo también las orientaciones del presidente anterior, Álvaro Uribe, se ha desencadenado toda una política de atraer inversión extranjera y de llamar a diferentes inversionistas tanto nacionales como extranjeros para que lleguen a esta región. Es así como estas siete millones de hectáreas que se han planteado como nuestra última gran frontera agrícola están hoy bajo las aspiraciones de muchas compañías que ya han hecho presencia en la zona.

¿Qué es lo que hemos encontrado [en la investigación] que queremos compartir con ustedes? Ha sido el trabajo que hemos venido realizando evidenciar que en esta región del país (voy a hablar de esta región en específico, pero quiero que se entienda que el problema es también a nivel nacional) hay baldíos todavía.

Los baldíos, para quienes no sepan, son tierras de la nación [fiscales]. Digamos que son las últimas tierras que tenemos para la adjudicación a campesinos pobres como lo establece la Ley Agraria, pero también son tierras para la titulación de resguardos de concejos comunitarios para las comunidades negras. Y esas tierras tienen una legislación muy especial. Esa legislación es la Ley 160 del 94. Lo que plantea es, precisamente, que estas tierras están por fuera del mercado privado de tierras, [que] tienen una finalidad distinta, una función social y ecológica.

Y estas tierras, [según] lo que hemos podido constatar, terminaron en manos de grandes compañías, como Cargill. Pero no solamente Cargill, sino también empresas nacionales. E inclusive, capitales de una empresa boliviana brasileña también han llegado al país a desarrollar proyectos de maíz y soya.

Los baldíos, entonces, tienen una connotación especial. No estamos hablando de tierras privadas. Estas tierras públicas, que se entregaron y se adjudicaron a

Papel de los terrenos baldíos en la estrategia de acumulación

de Cargill en Colombia


campesinos, y que tenían una finalidad, como ya mencioné, distinta, una función social ecológica, hoy están en manos de compañías que están desarrollando los agronegocios que ya nos comentaba Miguel [Urioste].

¿Qué pasa? La manera como las empresas operaron y burlaron la ley fue absolutamente calculada, como lo pudimos establecer en esta investigación que se hizo sobre el caso de Cargill. Las empresas, cuando llegaron al país, conociendo la ley y sus restricciones, lo que hicieron fue asesorarse de firmas de abogados muy importantes. Quiero decir que el dueño de la firma de abogados [contratada], Carlos Urrutia, era hasta hace muy poco, cuando se desató todo este escándalo, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, íntimo amigo del Presidente Santos desde la infancia. Y quien, para la época cuando estas empresas empezaron a hacer la operación que les voy a comentar, dirigía la firma de abogados. Lo que queremos señalar es que las empresas, bajo la recomendación de esta firma de abogados, utilizaron un mecanismo fraudulento para poder hacer acumulación y acaparamiento de tierras.

¿En qué consistió esa operación? Consistió básicamente en la recomendación que hizo la firma de abogados para que las empresas crearan pequeñas empresas subsidiarias, todas de la misma, se entiende. En el caso de Cargill, se crearon 39 empresas subsidiarias y cada una de éstas accedió a una porción de tierra. Hay algo adicional. En Colombia existe una medida que se llama la Unidad Agrícola Familiar, la cual, cuando se titula a una familia campesina, debe garantizar su subsistencia y generar algunos excedentes para que pueda sobrevivir.

Esa Unidad Agrícola Familiar es lo que permite la ley. Para el caso de la zona en donde Cargill tiene su proyecto de maíz y soya, está más o menos entre las 1.000 y 1700 hectáreas, porque es una tierra, digamos, muy difícil en términos de productividad. Luego, la cantidad de tierra para una familia es más grande. Esa unidad varía dependiendo de eso precisamente. En otras regiones del país, la Unidad Agrícola Familiar es mucho más pequeña.

Pues bien, cada una de estas empresas subsidiarias accedió a una Unidad Agrícola Familiar. Y lo que nos pudo demostrar este estudio es que todas estas empresas que creó Cargill en el país, más, digamos, toda su estructura empresarial, accedieron, para el momento de la investigación, a casi 55.000 hectáreas de un proyecto de 90.000 hectáreas que está previsto. Cada una de estas fincas o de estos predios eran vecinos. Luego, la empresa pudo hacer todo un englobe. No son fincas aisladas, es lo que quiero señalar, sino que hubo una estrategia premeditada de comprar de manera fraccionada. Por eso es que esta investigación se llama Divide y comprarás, porque los abogados recomendaron a las compañías que hicieran esto para poder burlar la ley.

Igual que Cargill, muchas otras empresas hicieron lo mismo, bajo la recomendación de estas firmas de abogados. Y afortunadamente se pudo poner esta situación en el debate público, y esto costó, entre otras cosas, la dimisión del señor Carlos Urrutia en la embajada de [Colombia en] los Estados Unidos.

Adicionalmente ha sido, dentro de todo, un logro importante el haber popularizado un poco el tema. Colocarlo en los medios de comunicación y animar a otras organizaciones [o] investigaciones, para que fueran documentando lo que ha sido


el acaparamiento de tierras en el país. Lamentablemente, nos estamos dando cuenta [de] que todas [las grandes empresas] han utilizado básicamente la misma estrategia de fraccionar compras. Y, como si eso no fuera poco, también el Estado las ha venido subsidiando. Que es otra de las cosas absolutamente irregulares que queremos presentar.

Y es que no solamente tienen las tierras y se quedaron con los baldíos de la nación estas empresas, sino que adicionalmente subsidios que eran para campesinos, para pequeños productores del campo, terminaron también acaparados por estas compañías.

Mónica Semillas es la empresa de capital brasileño-boliviano que llegó a Colombia, ubicada también en la Región de La Altillanura, con un proyecto de 12.000 hectáreas para maíz y soya, en un municipio que se llama Puerto Gaitán, que también tiene grandes proyectos petroleros. Esta empresa fue, digamos, emblemática puesto que accedió a más de 3.600 millones de pesos (esto puede ser 1.500.000 dólares) en subsidios. Y producto de estas discusiones y de estos debates que se han venido abriendo, en donde OXFAM ha participado, pero también otras instituciones a nivel nacional, inclusive en el Congreso de la República, [se] logró que entidades del orden nacional, como la Superintendencia de Sociedades, multaran a la empresa y ésta tuviera que regresar los dineros.

Entonces, quería señalar que hay toda una secuencia entre lo que nos explicaba Miguel [Urioste] de ese gran modelo agroexportador, de cómo nuestros países están destinados a estas meras producciones de materias primas. Todo un reacomodo y un reordenamiento en la legislación nacional, un compromiso de nuestros gobiernos con el capital privado para promover todo este tipo de iniciativas. En el caso colombiano, so pretexto de la inversión y de recuperar la confianza inversionista, todo esto se ha venido haciendo, y muy de la mano también de los tratados de libre comercio y de los acuerdos bilaterales de inversión, como seguramente también, yo creo, en otros países se desarrolla de manera muy rápida.

Entonces, ese acaparamiento de tierras ha sido sobre la base de, no sé si se entiende aquí, pero en Colombia utilizamos el término triquiñuelas jurídicas, argucias que abogados recomendaron a los empresarios para poder acceder a la tierra y presentarse como en lo que hoy tenemos en el país: este corporativismo agrario.

Como si esto no fuera poco, después de toda esa gran operación de acaparamiento que han venido haciendo en el país las empresas, el Gobierno nacional actual, y el anterior (recordemos que estos dos últimos gobiernos han sido reelegidos, o sea, son periodos de ocho años cada uno), en los ocho años del Presidente Uribe y en los casi seis del Presidente Santos, se han hecho muchos intentos en materia legislativa para promover y legalizar todas estas acumulaciones de baldíos que se hicieron.

Actualmente se tramita en el Congreso de la República el sexto intento del Presidente Santos que busca básicamente, como ya mencioné, legalizar y, digamos, tranquilizarle la situación a estos empresarios. Permitirles que se queden finalmente con estos baldíos. Pero incorpora algunos aspectos que son importantes de señalar. Uno es que nos coloca en un tema nuevo en el país. En la minería, ya lo veíamos desde hace tiempo. Pero en materia de baldíos incorpora, el proyecto de ley que

Acceso de las transnacionales

a beneficios destinados a los pequeños

productores

Situación actual de la legislación

colombiana en lo referido a

los intereses transnacionales


está en trámite actualmente, la figura de concesionar baldíos. En Colombia, en minería hay concesión de títulos para las empresas, pero en los casos de los baldíos no. Y esto está rompiendo completamente el régimen de baldíos que existe en este momento en el país.

Esas concesiones, por supuesto, [están pensadas para] empresas como las que nos decía Miguel [Urioste], quienes han mostrado interés de llegar a Colombia. Los del grupo Grobo, pero también las [empresas] argentinas como El Tejar, están, digamos, esperandoqueestetipodeproyectos“pasen”enelCongresoparaentregarlesporperiodos muy extensos de tiempo (50, 60, 70 años) la concesión de baldíos. [Esto] Junto con otra figura que es muy cuestionada por los impactos que ha tenido, y es la figura de alianzas productivas. En donde básicamente el pequeño campesino tiene que asociarse con el gran empresario. Es decir, ya al campesino no se le adjudica tierra, sino que se le ofrece, como última opción, el asociarse con la gran empresa para poder estar en el campo y tener algún tipo de ingreso.

En el caso de la palma de aceite en el país, esa figura de las alianzas productivas ha mostrado la ruina en la que ha dejado a los campesinos. En donde básicamente ellos son los que asumen todos los riesgos de la producción. Tienen que endeudarse, sacar créditos con los bancos y el beneficiado es el gran empresario para quien el campesino termina como mano de obra, como peón.

Quería señalar esto porque es la realidad que complejiza mucho más la situación que describí al comienzo. Adicionalmente, el problema histórico de concentración de la propiedad y el despojo de tierras, producto del narcotráfico y del paramilitarismo que existen en el país, han llevado a esta situación tan vergonzosa en términos de Derechos Humanos y de víctimas. Entonces, está entrando muy fuerte en los últimos años esta modalidad de empresas que están acaparando tierras de manera ilegal y que, insisto, han arruinado a los campesinos y han impedido que en Colombia podamos ya pensar en una reforma agraria.

Ya para terminar, quiero decir que en todo caso estos trabajos de investigación han servido muchísimo en la discusión pública y han animado a [pronunciarse a] entidades del orden nacional, como la Contraloría General de la República, quien ha señalado que el acaparamiento de tierras no solamente es un problema con las características que acabo de anotar, sino que adicionalmente significa un detrimento patrimonial para el Estado, puesto que la tierra pública quedó en manos de privados.

Y al mismo tiempo el INCODER, que es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, encargado del tema de baldíos precisamente, en la administración anterior alcanzó a colocar quince demandas a empresas que como Cargill acumularon baldíos. Y la pretensión de la administración del INCODER en ese momento era recuperar esas tierras nuevamente para la nación, puesto que no estaban cumpliendo la función para la cual fueron adjudicadas.

Esto nos parece importante señalarlo. Mostrar que la situación en el país está muy compleja. Los mecanismos que utilizan las empresas en cada uno de nuestros países son muy distintos. Pero en todo caso, como lo decía la compañera que terminó el panel anterior [María Teresa Fernández], es la movilización social, las organizaciones


campesinas, las organizaciones no gubernamentales, los académicos, etcétera, los que sumándose a esta reflexión y lucha pueden lograr cosas como las que se han conseguido hasta el momento.

Y [esto] es no ponérsela fácil a estos gobiernos. En todo caso, el Presidente Santos, desde 2010, lleva seis intentos de tramitar un proyecto de ley y gracias a esa organización de resistencia, de denuncia, de incidencia, se ha podido parar lo que con él pudo haber sido ley desde el primer momento.

El estudio Divide y comprarás está en la web para que lo puedan descargar. Allí se describe el paso a paso utilizado por estas empresas. Concluyo diciendo que esta operación está completamente identificada. Y ya las empresas no tienen cara para [contra] decirlo, para aparecer ante los medios o dar una discusión abierta. Ya está completamente evidenciado cómo fue su accionar. Y en este debate, en quien las empresas han encontrado el mayor apoyo, además de [en] los gremios privados ha sido, por supuesto, en el Gobierno.

Entonces, seguimos dando esta pelea en Colombia. Muchas gracias.


Brasil: Derechos Humanos y la industria del azúcar en Pernambuco

En primer lugar, quería agradecer a los organizadores del evento por invitar a la Comisión Pastoral de la Tierra del Brasil para participar aquí y compartir nuestras experiencias de lucha, de resistencia y de indignación con las demás organizaciones, las demás comunidades presentes que están también en ese proceso de lucha y resistencia en América Latina.

Formo parte de una organización social que actúa en todo Brasil, acompañando a comunidades campesinas, de costa, comunidades tradicionales tanto asentadas como sin tierra, en fin, a varias clases de campesinos y campesinas que atraviesan conflictos agrarios en el país.

Vivo en un estado llamado Pernambuco y esta región, emplazada al nordeste del Brasil, donde nosotros actuamos, tiene una historia marcada por la hegemonía del monocultivo de caña de azúcar, que desde el periodo de la colonización portuguesa tiene ocupada la mayoría de las tierras de la llamada zona de la Mata [foresta] Pernambucana. La región se llama de la Mata [foresta] porque antes tenía bosque atlántico. Hoy ya no lo tiene. Queda solamente el 28 por ciento, creo yo, del bosque atlántico en la región.

Una comunidad de pescadores y pescadoras tradicionales, emplazada en las islas del manglar situado al sur del estado de Pernambuco, tuvo un conflicto con la planta azucarera llamada Usina Trapiche en 1998, y ese mismo año las 53 familias de la comunidad fueron desalojadas de un territorio que habían ocupado por décadas. Al presente, desde las periferias del municipio de Sirinhaém, aún luchan por recuperar su territorio. En 2006 plantearon al Estado brasileño la creación de un área protegida en el manglar que habitaban, pero recientemente éste declaró no tener ninguna intención de crearla, a pesar de las múltiples demandas de daño ambiental interpuestas contra la Usina Trapiche. Y es que el Estado brasileño, subraya la expositora, no concibe al campo como un lugar de relacionamiento de hombres y mujeres con la tierra, sino como un espacio de producción de comodities. ¿Será éste el destino de todas las comunidades tradicionales campesinas? se pregunta Renata Albuquerque.

Renata Albuquerque Comisión Pastoral de la Tierra (Brasil)


Lo restante de la región, una zona antes ocupada por los pueblos originarios, hoy se halla monopolizada por la industria del alcohol. En dicha zona, desde hace mucho tiempo, vivía una comunidad de pescadores tradicionales. Esa comunidad, hace unos veinticinco años, enfrentó una situación de conflicto muy grande: la disputa territorial con una planta industrial de la región, muy poderosa, llamada Usina Trapiche.

Es una gran productora de azúcar, que provee a grandes empresas transnacionales como Coca Cola y Pepsi, entre otras. Esa planta [de procesamiento] de caña de azúcar, [ubicada] en el noreste de Brasil, ha monopolizado el territorio en el que opera, tanto en lo referido a la gestión económica como a la gestión política.

Ese conflicto ocurrió en el municipio de Sirinhaém, ubicado en el litoral que existe al sur del estado de Pernambuco. En ese lugar existe una región de manglar. Éste es un ecosistema muy especial, que sólo existe en algunas costas: un área de transición entre un río y el mar.

En ese municipio existía una comunidad de pescadores tradicionales que ocupaban un territorio otorgado por el Estado brasileño, llamado Tierras de María. Ellos ocuparon ese territorio por más de cien años, de acuerdo a la historia oral de la propia comunidad. Llevaban a cabo actividades de pesca y de agricultura tradicional. Establecían lazos comunitarios entre todos sus miembros, configurando una comunidad tradicional local.

Sin embargo, a partir de 1998, esas familias pasaron a ser, una por una, desalojadas de su territorio por la Usina Trapiche. Esto ocurrió sin mediación del Estado brasileño ni de ninguna entidad pública. La Usina utilizaba los medios más violentos para expulsarlas del lugar. Primero intentaba sobornar a las familias, después las amenazaba de muerte. Quemaba las casas de los habitantes en cuanto ellos estaban ausentes. Destruía sus pertenencias. Contaminaba las aguas donde ellos pescaban. En fin. El resultado es que ese proceso de desalojo, que comenzó en noviembre de 1998, terminó en 2010 con todas las familias expulsadas del área.

Como se ve, esas familias no tenían ningún derecho garantizado por el Estado. Todos sus Derechos Humanos fueron violados, desde la garantía de derecho al territorio hasta el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y el derecho al agua también.

A medida que les hablo, verán fotos de las comunidades, de la época en la que vivían en las islas del manglar, cuando no habían sido expulsadas. Luego, ustedes van a ver los rostros de las personas y las condiciones en las que están viviendo en la actualidad.

Esas 53 familias, que componían una comunidad tradicional, fueron completamente dispersadas y están viviendo actualmente en los barrios más pobres del municipio de Sirinhaém. Y sufriendo situaciones de extrema vulnerabilidad, sin saneamiento básico, sin acceso al ambiente en el que ellas pescaban, porque los guardias de seguridad de la Usina Trapiche prohíben la presencia de pescadores y pescadoras en el manglar. Están siendo sustentadas [mantenidas] por parientes, por otras familias o por algunos miembros que consiguieron una renta de jubilación.

Muchas familias tuvieron serios problemas de salud y aun de depresión, porque fueron extraídas, digámoslo así, de su comunidad, de sus lazos colectivos y afectivos, y muchas veces sus miembros pasan hambre.

Los sucedido en el Manglar de

Sirinhaém


Otro serio problema en esa región es que la Usina Trapiche no solamente viola los derechos de las familias que formaban parte de esa población tradicional. Todos los años esta planta procesadora de azúcar es denunciada por contaminar el estuario del río del Municipio. Aparte del daño realizado a la comunidad expulsada, aproximadamente 8.000 pescadores y pescadoras tradicionales del municipio son impactados por los crímenes ambientales que la Usina ejecuta en la región.

La Usina muele la caña de azúcar y produce una sustancia tóxica llamada viñoto. En el periodo de molienda de la caña, a partir de septiembre u octubre, se desecha el viñoto en un río y, en ese periodo, mata a todos los peces y mariscos, toda la fauna acuática que esa población pesquera necesita para sobrevivir.

Es importante remarcar que, como la contaminación del agua se realiza principalmente en un río, las principales afectadas son las pescadoras. En nuestra región los hombres acostumbran pescar en el mar, y necesitan una embarcación en la cual pasan una semana afuera y descansan otra. En cambio, las mujeres pescan más en los ríos, donde la actividad es diaria.

Entonces, las mujeres de la región son doblemente afectadas. Tienen varios problemas de salud, afecciones en la piel y la salud íntima por el contacto con el agua contaminada. Y también son perjudicadas económicamente porque los peces que necesitan pescar mueren y ellas no consiguen alcanzar sustentabilidad económica durante esos periodos de contaminación del agua.

La comunidad principalmente afectada, los demás pescadores perjudicados y diversas organizaciones sociales, desde hace bastante tiempo, mantienen una lucha en común para intentar solucionar el problema de esas familias y de la colectividad pesquera en general. Piden la creación de una unidad de conservación [área protegida], llamada Reserva Extractivista, que sería una herramienta legal y jurídica para garantizar el derecho al territorio de esas comunidades. Esta lucha se remonta al 2006; desde entonces las comunidades afectada vienen pidiendo eso al Gobierno Federal.

Y una noticia funesta para todos los implicados en todo ese proceso de lucha es que, recientemente, hace algunas semanas, el Estado brasileño, a través del Ministerio del Medioambiente y de Agua, responsable de atender la demanda de creación de un área protegida, declaró formal y oficialmente que no tiene intención alguna de crear una Reserva Extractivista protegida en la zona.

Entonces, ocurre que las familias se encuentran en las áreas más pobres de Sirinhaém, con varios de sus Derechos Humanos violados. El Estado brasileño no actúa para remediarlo, no intenta reparar los derechos vulnerados de esa comunidad ni, mucho menos, piensa en solucionar de modo definitivo el problema del territorio de esas comunidades. Se trata de comunidades tradicionales y poblaciones pesqueras que están totalmente desguarnecidas por el Estado brasileño.

Es importante decir que éste no es un caso aislado. La realidad de esas personas que ustedes vieron en los barrios pobres de Sirinhaém parece que, irónicamente, es el destino común de las poblaciones campesinas del país. Migran para morir en la periferia de las ciudades sin ningún derecho garantizado.

Grado de contaminación

ambiental generada por la Usina Trapiche


Entonces, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, la gente implicada, siempre hace la reflexión de que el Estado brasileño no concibe al campo como un espacio de vida, como un espacio de la colectividad, como un espacio de relacionamiento entre hombres, mujeres y tierra. No comprende la posibilidad de que exista una relación intrínseca entre hombres, mujeres y el medioambiente. Por el contrario, el Estado brasileño concibe al campo como un espacio comercial, apto para explotar recursos naturales, como una zona de producción de comodities, para máquinas, como un lugar sin vida.

Entonces, la reflexión que nosotros hacemos es que no podemos contar con ese Estado que está totalmente dominado por el poder económico, y principalmente en el noreste, donde existe una interferencia extremadamente grande del latifundio cañero. Las posibilidades de resistencia que fueron planteadas hasta ahora y que dependieron del Estado no obtuvieron resultados.

Y la gran problemática de esa comunidad expulsada es que sus miembros, muchos de ellos de edad avanzada, llevaron a sus hijos a vivir a las periferias de las ciudades. Y esos hijos no pudieron o no tuvieron la posibilidad de mantener esa relación con la tierra, con la pesca, que los padres tuvieron.

Muchos hijos de esos señores y de esas señoras hoy ya desempeñan una actividad en el área urbana de las ciudades y no consiguen realizar la actividad de la pesca porque la pesca, por ley, no cuenta con subsidio del Estado para posibilitar la subsistencia de las comunidades pesqueras. Además, varios avances de proyectos de desarrollo del Estado degradan el medioambiente y, como consecuencia, estas poblaciones se ven obligadas a trabajar más para conseguir lo que antes conseguían. Esto no es viable.

Por otra parte, muchos hijos de estos pescadores y pescadoras, además de trabajar en áreas urbanas, tienen también que lidiar con contextos de violencia y de consumo de drogas que sus padres no tuvieron que enfrentar. Los padres vivieron en una comunidad tradicional que no sólo existía físicamente, sino que era un lugar que los protegía en relación a los sentimientos, a la generación de la esperanza y el afecto mismo por la tierra, y en cuanto a la memoria y consciencia de grupo, principalmente.

Con el apoyo de OXFAM Brasil, desde este año estamos realizando un estudio para registrar todos estos impactos que la presencia de la Usina Trapiche provocó en la comunidad y en la región, y también para examinar todas las violaciones de los Derechos Humanos que fueron provocadas tanto por la Usina (el sector privado) como por el propio Estado brasileño.

Nosotros consideramos este proceso de estudio y de investigación como fundamental porque se convierte en un instrumento de incidencia política, principalmente para la denuncia de lo que el Estado, en sociedad con el sector privado, está haciendo con las poblaciones campesinas y costeras, con los pueblos tradicionales en Pernambuco. Y no sólo en este estado, sino en todo Brasil.

Y es impresionante observar que, al mismo tiempo que estas poblaciones realizan una serie de denuncias de crímenes ambientales y sociales practicados por la Usina Trapiche, la misma sigue teniendo una incidencia política tan grande en el estado de

Cómo concibe el Estado brasileño

a las zonas rurales

Estudios de impacto

medioambiental como herramienta

de incidencia política


Pernambuco. Al punto que el discurso de que quizá son las poblaciones campesinas las que degradan el medioambiente, alentado por la Usina, es más fuerte que las denuncias en su contra. Por tanto, para gran parte de la opinión pública, no es la Usina la que degrada el medioambiente, sino las poblaciones tradicionales.

Y las poblaciones son criminalizadas en este proceso. Así, una de las pescadoras que mostré en una de las fotos fue detenida varias veces, porque sigue pescando en el área de Sirinhaém.

Aunque casos como los de este estado son puntuales, la práctica del monocultivo azucarero en el noreste de Brasil es un ejercicio de violencia, de expulsión, de asesinatos, de amenazas de muerte, que se suma a la acción del Estado brasileño, negligente y encubridor de esas violaciones. Sólo para subrayarlo una vez más, nosotros pensamos que el Estado no considera a las poblaciones campesinas ni concibe al campo como un espacio de vida, sino de producción de comodities.

Y, como se dijo al inicio de este evento y durante la primera plenaria, estos dos modelos de procedimiento [el del agronegocio y la producción familiar] son completamente opuestos. La convivencia de ambos necesariamente es dañina para las familias de pescadores y de agricultores, y obliga al desalojo de los territorios. Muchas gracias.


Bolivia: Control corporativo en el acopio de la soya

Buenos días a todos y a todas. Yo básicamente voy a compartir algunos hallazgos de una investigación que la Fundación Tierra lleva a cabo junto con los compañeros de OXFAM. Son hallazgos aún en desarrollo, pero lo suficientemente maduros para compartirlos.

Voy a resumir mi ponencia en cuatro puntos. Voy a empezar, a manera de introducción, hablando sobre el debate de los agronegocios para el desarrollo. Más que todo, es un intento de demostrar el porqué es relevante hacer este tipo de estudios que desde la Fundación Tierra estamos empezando a emprender en el Oriente boliviano. En la segunda parte voy a hacer un perfil breve, por temas de tiempo, de las empresas transnacionales que están operando actualmente en Santa Cruz. Y después voy a cerrar con dos puntos sobre cuál es la relación que tienen estas empresas, por un lado, con los pequeños agricultores campesinos y, por otro lado, con sus propios trabajadores.

Permítanme la licencia de empezar con esta caricatura. Es de un artista boliviano que se llama Marco Tóxico. Yo creo que es útil porque nos ayuda a comprender: captura bien esta relación contradictoria, antagónica diría yo, entre dos modelos de agricultura.

Enrique CastañónFundación Tierra (Bolivia)

La presentación de Enrique Castañón se despliega a partir de los primeros hallazgos de una investigación llevada adelante por Fundación Tierra y OXFAM. Inicialmente, aborda la discusión sobre el papel de los agronegocios en el desarrollo, iniciada por el Banco Mundial en 2008 cuando planteó que eran económicamente esenciales; afirmación que desconoce la realidad sudamericana del agro, donde las cadenas productivas, concentradas cada vez en menos manos, excluyen y aun despojan a los pequeños productores. Luego, describe cómo las empresas transnacionales instaladas en el país (Cargill, ADM, Gravetal y Fino) controlan la cadena de producción y exportación de soya. Para cerrar, analiza los modos (agricultura por contrato, créditos, lógicas excluyentes) en que estas empresas se relacionan con los pequeños agricultores y con sus propios trabajadores, quienes muchas veces han denunciado procesos de explotación.


Por un lado tenemos el agronegocio, un modelo altamente intensivo en capital y en tecnología, que tiene por detrás los intereses del capital transnacional. Es el proyecto agrario del neoliberalismo internacional. Está opuesto a la agricultura de base campesina, que es una agricultura popular. Pero no por eso una agricultura exenta de problemas, sino que más bien enfrenta fuertes limitaciones estructurales para su desarrollo.

Empezando ya en materia, en el 2008, el Banco Mundial, en su Informe Mundial, planteó que los agronegocios eran esenciales para el desarrollo. No lo planteó solamente para el desarrollo agropecuario, sino para el desarrollo económico en sí, a nivel global, [dijo] que tenían un papel muy importante que jugar. A raíz de este informe, y como suele pasar, que el Banco Mundial siempre pone la línea de la discusión sobre el desarrollo, surge este debate.

Viendo los aportes de académicos, de investigadores y de activistas, me parece que el debate se puede resumir en tres grandes puntos.

El primero es el tema de las ganancias y los riesgos. Los argumentos del Banco Mundial [acerca] de los agronegocios nos plantean que éste es un modelo que comparte las ganancias y los riesgos, ambos. Que es un modelo, en cierto modo, inclusivo. Sin embargo, el contraargumento empieza descalificando [esto] porque, generalmente, cuando se plantea este compartimiento armónico de ganancias y riesgos, lo que se hace es presumir que los pequeños agricultores campesinos, de alguna manera, pueden llegar a encadenarse efectivamente en las cadenas productivas. Algo que en la práctica no sucede.

En realidad, [esta argumentación del Banco Mundial] muestra un desconocimiento de cómo es la estructura de poder del agronegocio en varias regiones de Sudamérica, al menos [las] que conocemos, y las investigaciones apuntan hacia ese lado. Lo que vemos en la práctica es que, lejos de incluir efectivamente a los pequeños

Papel de los agronegocios

en el desarrollo económico

mundial

Las reales repercusiones de las prácticas del

agronegocio


agricultores, estas cadenas productivas están cada vez más controladas de manera oligopólica. Son cada vez menores el número de empresas que van a dominar estas cadenas. Y lo hacen desde el principio, desde los imputs, desde la producción de agroquímicos, semillas, pasando por el acopio de los granos, hasta la distribución en las grandes cadenas de supermercados.

Es toda una estructura armada por el capital transnacional para tener dominio y control de la cadena en sí, completa. Este dominio le permite concentrar, por un lado, las ganancias y, por otro lado, hacer que los riesgos vayan hacia el pequeño productor. Cuando vemos el tema de las ganancias, por ejemplo, es evidente que si nosotros volvemos un poco al pasado, en el 2007, cuando hubo la gran crisis alimentaria mundial, por un lado, teníamos cerca de un billón de personas que estaban pasando hambre. Pero, por otro lado, si uno mira las ganancias de las grandes transnacionales del agronegocio, se ve que fueron buenos tiempos para ellas.

Para darles dos datos, en el 2007 las ganancias de DuPont, que es una empresa de agroquímicos, aumentaron en 17 por ciento y de Mosaic, otra que es muy grande, en 141 por ciento. O sea, por un lado, la gente moría de hambre y, por otro lado, las empresas del agronegocio concentraban enormes ganancias.

En cuanto al tema del traspaso de los riesgos a los pequeños productores, podemos ver claramente cómo los estándares que los supermercados van exigiendo, a la larga, no permiten que todos los pequeños productores campesinos puedan competir. Y así se los va marginando de manera efectiva, como vamos a ver más adelante.

El segundo elemento del debate tiene que ver con el tema de los agrocombustibles. El proyecto del agronegocio ha impulsado con mucha fuerza la idea de que es necesaria esta nueva mirada hacia el agro, ya no sólo para los alimentos, sino también por el rol que puede jugar en el tema energético. Este cambio hacia los agrocombustibles, por supuesto, ha representado una nueva frontera de expansión del capital de estas grandes empresas; pero ya se ha demostrado a nivel global que sus impactos sobre el sistema alimentario son bastante fuertes, principalmente en el Sur global.

Para darles un ejemplo, el cambio en Estados Unidos, de pasar de la producción de soya, para alimentar el ganado, a la producción de maíz, para generar etanol, fue lo que en la práctica terminó haciendo subir los precios de la soya a nivel global. Y en nuestros países, en Brasil, en Paraguay, y por supuesto también en Bolivia, disparó la competencia por la tierra. Y ahí empezaron también a surgir mayores conflictos en el área rural. Son éstas las dinámicas globales que después van a influir a nivel local.

Cuando veamos la siguiente mesa, de los conflictos que se generan y la resistencia, tenemos que entender que están conectados a estos procesos globales.

Y un tercer punto es el tema de las organizaciones de pequeños productores. Casi reconociendo algunas de las limitaciones, el Banco Mundial plantea que la solución sería que los pequeños productores logren organizarse. ¿Y logren organizarse para qué? Para que de esta manera puedan tener mayor capacidad de negociación, por un lado. Y, por otro lado, al sumar las unidades productivas podría llegarse a una especie de economía de escala.


Sin embargo, en la práctica, muchas de estas organizaciones no terminan de estar desligadas de estas estructuras bastante jerárquicas y marcadas por muchas desventajas para el pequeño productor. Incluso hay estudios que muestran cómo iniciativas, como el comercio justo por ejemplo, en la práctica han terminado siendo un mecanismo para que los supermercados aumenten sus ganancias y, en realidad, muy poco de esa riqueza termina en manos de los pequeños productores.

Y la última cuestión en cuanto a las organizaciones es la incómoda pregunta de a quiénes realmente representan. Por lo que voy a comentar más adelante en el caso de Bolivia, pero también en otras latitudes de Sudamérica, parece que las organizaciones de pequeños productores campesinos aglutinan, generalmente, a los ricos: a los campesinos que han podido de alguna manera insertarse en la dinámica de la soya. Y la gran mayoría de los campesinos no logra entrar de manera efectiva.

Éste es un cultivo de soya. Todas las fotos de acá son de nuestro trabajo de campo. Para la gente que viene de otros países, este cultivo se encuentra a unas dos horas y media de acá en el municipio de San Pedro. Es un cultivo de verano, previo a la cosecha.

Entrando al tema de analizar los capitales en el agro cruceño, éste es un primer dato contundente. Haciendo una suma de la participación en el mercado de la exportación, tenemos que aquellas empresas que pueden ser catalogadas como conformadas por capitales transnacionales, provenientes tanto del Norte como de Sudamérica, cuentan más o menos con un 87 por ciento de la exportación de la soya. En cambio, el capital nacional de las empresas bolivianas suma sólo un 13 por ciento.

Esta distinción es importante no tanto por un criterio xenófobo, sino más bien por mostrar que la producción de soya en Bolivia está cada vez más conectada a los mercados globales. Y, por tanto, está determinada por las dinámicas globales, que saltan a la voluntad de los Estados inclusive, o a la del pueblo boliviano en general. A medida que los capitales transnacionales van a ir copando más la [producción de]

Composición de las inversiones

en el agro del departamento de

Santa Cruz


soya, no somos los bolivianos los que determinamos lo que se hace en Santa Cruz. Son las bolsas de Chicago, la de Rosario y demás.

Entonces, una primera constatación es esto: se está perdiendo el control del agro, principalmente en Santa Cruz. Más allá de lo que la élite boliviana o el gobierno pueda decir, éste es un dato evidente. Pasemos a ver cuáles son estas empresas transnacionales.

Éstos son silos fotografiados en la localidad de Tres Cruces. También queda acá, en Santa Cruz. Cargill participa en la exportación de la soya en alrededor del 11 por ciento, es una empresa estadounidense bastante grande. En su último reporte, [indica que] tiene ganancias que superan los 1.87 billones de dólares. Recordemos que son billones ingleses, son mil millones. Es un montón de dinero. Es una de las grandes transnacionales del agronegocio a nivel mundial, y sus ganancias superan inclusive los productos internos brutos de varios países del África. Opera en Bolivia desde 1998. Tiene una capacidad propia de acopio de 27.000 toneladas; pero, aparte de la capacidad propia, logra entablar relaciones con otros centros de acopio y se estima que en Bolivia maneja unas 100.000 toneladas de soya por campaña de producción.

Ésta es una empresa que se dedica casi exclusivamente a la exportación, y eso lo ha hecho históricamente. Cuando se estableció, una de las principales inversiones que hizo fue la infraestructura en Puerto Aguirre. Para la gente que viene de otros países, éste es el lugar desde donde se exporta la gran mayoría de la soya boliviana. Puerto Aguirre se conecta con el canal Tamengo que después va a derivar al río Paraguay y, en aproximadamente unos 15 días, la soya llega a Rosario, que es de donde después se exporta. Cargill invirtió en la infraestructura portuaria en asociación con un capital de la élite local: Asociación Aguirre. En la actualidad, sin embargo, ha terciarizado el manejo del puerto, pero sabemos que sigue siendo dueña. Cuenta con aproximadamente el 30 por ciento de las acciones.


Éstas son las barcazas que salen de Puerto Aguirre. Cada una de ellas tiene una capacidad de unas 1.500 a 2.000 toneladas de soya. Prácticamente todo [el cargamento de] un tren, los 80 vagones, entra en una de éstas. Y salen en convoyes, aproximadamente de 12 barcazas jaladas por barcos, hacia el río Paraguay.

La siguiente fotografía fue tomada en el municipio de San Pedro. ADM participa con el 13 por ciento de la exportación de la soya. También es capital estadounidense. Es una empresa que reportó ganancias el 2013 superiores al 1.3 billones de dólares. Otra vez hablamos de un monstruo del capital estadounidense. Opera en Bolivia desde 1998, cuando empezó a comprar las acciones de SAO, que era una empresa nacional y ADM fue comprándola paulatinamente. En la actualidad no tenemos las cifras exactas, pero se estima que ya más del 95 por ciento de las acciones son de ADM. Por tanto, SAO, en la práctica, ha pasado a ser una empresa transnacional.

Tiene una capacidad de molienda de 1.200 toneladas por día, y su demanda por campaña es de 300.000 toneladas. ADM llama la atención por su gran despliegue de infraestructura en todo Santa Cruz. Tiene silos en Pailón, en Pozo del Tigre, en San José, en San Pedro y en Tres Cruces. Aparte de exportar, ADM es uno de


los principales participantes en el mercado interno de oleaginosas. Participa con alrededor del 15 por ciento con la soya y sus derivados.

La siguiente empresa a analizar es Gravetal. Es un caso especial, se podría decir, porque no es una transnacional del Norte global, sino que más bien es una transnacional de capital sudamericano. Gravetal es el principal exportador de soya, participa con el 31 por ciento de la exportación. Y es propiedad de una transnacional que se llama Inversoja, que tiene base en Venezuela. No está muy claro cuál es la composición del capital en sí, pero se prevé que en su gran mayoría es sudamericano. Opera en Bolivia recientemente, desde el 2003, pero es en 2008 que Gravetal pasó a manos de esta gran transnacional. Tiene capacidad de molienda de unas 1.600 toneladas por día, y es la que más demanda por campaña: unas 320.000 toneladas.

Es otra empresa, al igual que Cargill, completamente orientada hacia la exportación. Lo que hace Gravetal no tiene absolutamente nada que ver con los aceites que consumimos en Bolivia o inclusive con la comida de los animales acá en el país. Eso es marginal. La gran cantidad de labor es la exportación.

Y, por último, de las grandes empresas, está Fino. Participa con un 22 por ciento de la exportación de soya. Es una empresa mayoritariamente controlada por Urigeler, que es una transnacional que forma parte del Grupo Romero, de capital principalmente peruano. Está en Bolivia desde hace mucho tiempo, desde 1944 y [en importancia] es la segunda exportadora de soya. Fino es la que tiene la mayor capacidad de molienda de todas las empresas: aproximadamente unas 2.000 toneladas por día. Y tiene instalaciones no solamente en Santa Cruz, sino también en Cochabamba. Por lo que llega a ser la mayor industria de todo el sector soyero del país. Demanda alrededor de 400.000 toneladas de soya por campaña de verano.

Habiendo hecho este pequeño perfil, breve, de las empresas, que por supuesto va a ser ampliado en la investigación que vamos a publicar en los siguientes


meses, quiero pasar ahora a discutir cuál es la relación que estas empresas tienen, por un lado, con los pequeños productores campesinos y, por otro lado, con sus trabajadores.

Ésta es también una foto tomada acá en Bolivia, en el municipio de San Pedro. Éstos son, presumiblemente, pequeños productores campesinos. Éstos son los camiones, los llamados“fletes”,con loscualesellosvanadepositar susoyaa losdistintoscentros de acopio.

En el análisis que hemos hecho sobre las entrevistas y los datos de campo que hemos extraído, hemos identificado tres principales dinámicas. La primera es la agricultura por contrato, que ya se la ha mencionado, así sea de manera indirecta. ¿Qué es la agricultura por contrato? En el papel, es un acuerdo entre un vendedor y un comprador que le garantiza mercado, pero a cambio de hacerlo le pide ciertas condiciones. Pensado en abstracto, no parece tan mala idea, pero cuando empezamos a ponerle carne al asunto es donde empiezan a surgir las complicaciones.

Para empezar, en Bolivia y en nuestra región el comprador es una [empresa] transnacional [de] las de siempre, con mucho poder económico, y el vendedor usualmente no es un productor campesino ni un empresario campesino, es un hogar campesino, que es distinto. Porque lo que pasa es que la agricultura por contrato en nuestra región, como es el hogar campesino el que entra en la relación de contrato, es una relación bastante particular.

En primer lugar, sabemos que se reducen los costos de la producción, porque la familia la subvenciona. Primero, dispone de su propia tierra. Segundo, al usar sus propios alimentos, subvenciona la mano de obra. Y tercero, es muy común que la mano de obra familiar está metida en la actividad. Entonces, hay niños, hay mujeres, que también trabajan sin remuneración.

Relacionamiento de las

transnacionales y los campesinos

y empleados bolivianos


Esta agricultura por contrato también funciona con créditos, que es como la empresa transnacional termina de hacer la operación. Y aquí están pues los estándares de la consistencia: que haya madurez, los recibos. (No se entiende. Pedirle a Enrique que aclare) Todos estos estándares que demandan las empresas, muchas veces, terminan haciendo que muy pocos campesinos puedan realmente incursionar de manera exitosa. Entonces, en el fondo es un modelo de exclusión por este motivo. De facto, los campesinos, en su gran mayoría, van quedando excluidos e, inclusive, se establecen procesos de despojo.

En el tema de los créditos, por ejemplo, tenemos testimonios de gente que no ha podido pagarlos y tuvo que vender su tierra y migrar hacia [la región de] Guarayos. Esa tierra que fue vendida por los agricultores familiares fue adquirida por empresarios, y es así como es el proceso.

El segundo elemento [a considerar] es el tema de las asimetrías de poder. Para la producción de soya son indispensables las economías de escala, tiene que haber grandes extensiones de tierra. Aparte de esto, lo que hemos visto que se genera esunasuertede“logia”,como llamamosaquíenelOriente.Esdecir,ungrupode poder entre los medianos y grandes empresarios de soya y las transnacionales, que establecen un contacto cercano. Este grupo cercano goza de privilegios, en contraposición [a lo que sucede] con los pequeños productores campesinos.

Por un lado, los descuentos realizados a los grandes y medianos productores en los centros de acopio son mucho menores, en comparación a los que se hacen a los pequeños productores campesinos. Ése es uno de los abusos. Por otro lado, hay una especulación con los precios bastante llamativa. Cuando el precio de la soya está bajo, los centros de acopio lo que hacen es poner un letrero, como indicando que su capacidad está completamente rebasada. Pero en la práctica de lo que se trata es de que, si el precio internacional de la soya está bajo, no se compra a los pequeños productores campesinos, y son ellos los que terminan arruinándose porque sus cosechas muchas veces tienen que podrirse. Quienes sí pueden meter su grano a los centros de acopio son los amigos, que son los medianos y grandes productores.

Entonces, por simple que parezca, hay una relación de compadrazgo entre los grandes y medianos productores y las transnacionales, y una situación de discriminación hacia los pequeños productores campesinos.

Y el tercer tema [a tocar es el] de las organizaciones de estos pequeños productores campesinos. ¿A quién representan? Yo lo planteaba, al principio [de la exposición], como uno de los temas polémicos. Hemos visto, según los datos, que los campesinos que logran entrar a estas asociaciones productivas, que están afiliadas a la CAPO [Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente] aquí, en Santa Cruz, son aproximadamente entre el 10 y el 15 por ciento de las comunidades. La mayoría de la gente de las comunidades no logra entrar a estas organizaciones.

Entonces, si bien las organizaciones representan a parte del sector campesino, no representan a la mayoría. Eso hay que aclararlo. Pero es interesante notar que CAPO se crea como una institución paralela a la CAO [Cámara Agropecuaria del Oriente],


porque aún los campesinos ricos que logran producir ya de manera capitalista se sienten marginados de los gremios convencionales del agronegocio por un tema étnico. Debido a su condición étnica, muchos de ellos prefirieron hacer una organización paralela.

Ésta es una fotografía de la huelga que hicieron los trabajadores de ADM acá, en Santa Cruz, en el Parque Industrial. Fue una huelga que duró alrededor de dos semanas. Ésta es la segunda dinámica que va a ser analizada en el documento [de próxima publicación] y tiene que ver con cuál es la relación de las grandes empresas con sus trabajadores.

Nosotros tenemos datos de este estudio y de estudios anteriores, [así como] algunas encuestas que se hicieron en colaboración con otros investigadores sobre el tema laboral en el área rural. Y revisando esos datos vemos que la gente que trabaja para los centros de acopio muchas veces ha denunciado que hay un proceso de explotación. Un proceso de explotación absoluta, en el sentido de que les incrementan el número de horas de trabajo; pero también relativa, porque con las mejoras tecnológicas no hay un aumento en los salarios reales de los trabajadores. Sin embargo, es una dinámica [sobre la] que todavía tenemos que tener mayores datos.

La última [problemática] es evidente y se reflejó en esta huelga bastante larga que hicieron los trabajadores de ADM: el incumplimiento de los derechos laborales. Se demandaba el incumplimiento a las horas extra porque el cálculo era inapropiado, el pago dominical triple, inclusive dotación de botines y de lácteos. ADM no era capaz de dotar de lácteos a sus trabajadores, quienes los querían, de hecho, para lidiar con algunos de los impactos nocivos de la exposición a los agroquímicos. Y [además reclamaban] el tema del paquete escolar para los niños y el incremento salarial del 15 por ciento [establecido] por ley.


Todas estas cuestiones laborales, que son legales y que deberían haber sido cumplidas por la transnacional, fueron sistemáticamente violadas por ADM. El proceso fue un laudo laboral y el Ministerio de Trabajo terminó fallando a favor de los trabajadores. Y ADM, humillada y todo, tuvo que empezar a cumplir con la norma laboral.

Yo creo que el caso de ADM es solamente una muestra de cómo en la práctica estas empresas todavía no están cumpliendo sus responsabilidades en Santa Cruz, sino que más bien están buscando las distintas maneras para seguir aumentando sus ganancias a costa de los pequeños productores campesinos o de sus propios trabajadores.

Gracias.


Guatemala: Agroindustria y territorialidad indígena en tierras altas y bajas

Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Como bien lo dijeron, vengo de Guatemala. Trabajo para un instituto que se dedica a hacer investigación; somos el brazo de investigación de CONGCOOP, la organización a la que represento.

Vamos a hablar un poco de la agroindustria y la territorialidad indígena en tierras altas y bajas en Guatemala. Vengo de un país que tiene estos datos: 53 por ciento de la población vive en la pobreza, el 52.52 por ciento del total de la población vive en el área rural. El 83 por ciento de estas personas que viven en el área rural dependen de la actividad agropecuaria; el 38 por ciento de ellas no poseen tierra. El 92 por ciento de los agricultores son [se encuentran en condiciones] de infrasubsistencia y de subsistencia, y ocupan el 21.8 por ciento de tierras cultivables. La concentración de la tenencia de la tierra es vergonzosa, porque es del 0.84 por ciento en el Coeficiente de Gini.

A pesar de todos los datos negativos que les di, tenemos un crecimiento macroeconómico casi del 4 por ciento anual. Un crecimiento económico muy estable. Son los datos. Tipo de cambio estable. El déficit fiscal, a pesar de los

Guatemala es, en importancia, el segundo país productor de caña de azúcar en Latinoamérica, y el cuarto en el mundo. Esta alta producción, dado el relativamente pequeño espacio territorial guatemalteco, tiene que dejar un alto costo social y medioambiental, razona Josué Chavajay, y concluye que son los sectores rurales empobrecidos los que lo pagan. Al mismo tiempo que los monocultivos de caña y palma africana crecen sobre las mejores tierras del país y su producción goza de exenciones de impuestos, los cultivos tradicionales de frijol y de maíz son desplazados hacia los terrenos escabrosos. Mientras los personajes más ricos de Guatemala aparecen en la revista Forbes, el 53 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza. Estas contradicciones, indica el panelista, ponen de manifiesto que el Estado asegura el clima para las grandes inversiones. Finalmente, subraya que no está en contra del desarrollo, sino en contra de quienes se benefician de él de manera excluyente.

Josué Chavajay Coordinadora de Cooperativas y Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala (CONGCOOP) (Guatemala)


casos de corrupción, sigue siendo moderado. Pero, a pesar de todos estos datos económicos, el 53.7 por ciento de la población sigue [viviendo] en pobreza. Walmart el año pasado cerraba con cinco puntos arriba.

El salario promedio de un campesino es de cien dólares al mes. La canasta básica alimentaria está por 2.300 Quetzales, y el salario del campesino es de cien dólares [equivalentes a unos 770 Quetzales].

¿Qué pasa con la macroeconomía entonces? ¿Por qué no lo sentimos en los bolsillos?

Ésa es el área donde se concentra la pobreza. Ojo con el mapa. Éstas son las tierras altas del país. Es curioso que la pobreza, la desnutrición, se concentren en estos lados. Y es donde se concentran los monocultivos. Como les dije, en mi país el Producto Interno Bruto es muy estable, de una renta muy interesante: 58.000 millones de dólares. Es [un PIB] de los países de ingreso mediano-bajo, pero es estable.

Relaciones de poder en Guatemala

Pero ojo, alguien tiene que tener la culpa de lo que está sucediendo en mi país, [de] que el 53 por ciento viva en la pobreza, y creemos que [eso] tiene que ver con las relaciones de poder.

¿Quiénes mantienen y se benefician del estado actual de las cosas en Guatemala? Pues hay una coalición dominante. Y son los grupos empresariales globalizados,

Número y porcentaje de poblados con desnutrición alta y muy alta

Programa Mundial de Alimentos y Gobierno de Guatemala.Datos SIG SEGEPLAN


las empresas transnacionales, los líderes de las cámaras empresariales, las élites políticas y también los proveedores del Estado.

Los grupos empresariales globalizados. Éstas son corporaciones empresariales familiares con presencia en Centroamérica y el resto del continente. Tienen mucho capital en la banca, en los servicios, en la construcción, en el comercio, en la energía, en la industria, en la agroindustria. Hay una expansión internacional sometida a ciclos. La agresiva exclusión en ejes de acumulación.

Éstos son los cuatro personajes de mucha riqueza en mi país. Dionisio Gutiérrez, de Multi Inversiones; dueño de Pollo Campero, no sé si hay por acá, o Arturo’s Pollo. Carlos Enrique Mata, dueño de [la embotelladora] La Mariposa, accionista de una [fábrica de] cerveza famosa brasileña: Brahma. Miguel Torrebiarte, dueño de [fábricas de] cemento en mi país, y dueño de bancas. Y Mario Estrada, el dueño de Tigo.

Según la revista Forbes, esas son las familias más ricas de Centroamérica. Nos llevamos el primer lugar: la familia Gutiérrez. En el cuarto [lugar] está la familia Castillo, [de] Enrique Mata Castillo. Y los Torrebiarte Novella.

¿Por qué ellos? Porque también tienen que ver con los monocultivos en mi país.

¿Qué está pasando en el área rural? Pues hay una promoción de inversiones. No es lo mismo inversión para el área rural que inversión en el área rural. Entonces, es acá donde nos distanciamos ambos. Lo que nosotros pedimos son inversiones para el desarrollo del área rural, y no es lo mismo que ellos estén invirtiendo en el área rural.

Aseguran los alimentos y combustibles a futuro, a costos más bajos, altas tasas de ganancias en los países del Sur, creo que desde México para abajo [mediante]: la

Élites transnacionalizadas

Dionisio Gutiérrez (Multinversiones)

José Miguel Torrebiarte Novella (cementos progreso)

Carlos Enríque Mata Castillo (Mariposa Corp)

Mario Estrada López (Telefonía TIGO)


debilidad el Estado, la falta de regulación, la mano de obra barata y [una] débil fiscalidad, la posibilidad de apropiarse de bienes naturales gratuitamente y [la] captura de rentas no derivadas de la inversión.

El agua en mi país nadie la paga. Excepto los que tenemos contadores en nuestras casas. Nosotros pagamos agua; las empresas, no. Pueden cavar cuantos pozos quieran, nadie calcula el [consumo de] agua. Pues hay intereses estratégicos: la agroindustria, como bien lo dije, el tema de los agrocombustibles. Vemos grandes desiertos verdes ahora en el norte del país.

La energía eléctrica es otra de las presiones que tenemos en los territorios. Las telecomunicaciones. La construcción de megaproyectos. Y [en] todos estos [casos], hay un alineamiento del poder. Crean leyes, como también escuché [en] las experiencias [expuestas] acá. Antes de que lleguen las empresas, ya se arma todo el andamiaje jurídico para que la inversión llegue, y para que haya un clima seguro para esta inversión.

Mientras, el Estado nuestro impulsa programas. Lanzó uno que se llamaba Las dos puertas en 2010, que era la promoción de inversiones privadas en las áreas rurales. Y su programa para los campesinos era el Programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se llamaba PAFEC: Programa de Agricultura Familiar [para el Fortalecimiento de la Economía] Campesina. Ya saben a cuál le pudo haber inyectado más dinero. Cuando [el Estado] vio que el programa de Las Dos Puertas no sirvió, lo convirtió en Los Siete Caminos y, pues, empezó a generar las condiciones jurídicas y políticas para que las empresas llegaran al país.

También vemos que una de las presiones territoriales muy importante en el país es la minería. Curiosamente, donde están los megaproyectos, los agronegocios, son en territorios indígenas. Entonces, uno de los [principales] megaproyectos es la minería. Bueno, esto es lo que deja la minería en mi país en ingresos fiscales, calculado como porcentaje de los ingresos totales: apenas el 0.3 por ciento.

En comparación con otros países, la minería en mi país deja el 5.70 por cada 100 por ciento. Es decir que por cada 100 dólares que se lleva deja 5.70. Yo, por cada 100 dólares que gano le pago al Estado 17 dólares. Al hombre de a pie, por cada 100 dólares que gasta en el supermercado, el Estado le quita 13. Y las empresas mineras dejan el 5.7 por cada 100. Esos son datos del Banco de Guatemala, de la Superintendencia de Administración Tributaria.

En todos estos lugares, curiosamente donde se concentraba la pobreza, hay proyectos mineros. En el caso [del cultivo] de la palma [africana], nosotros deberíamos de darle un premio. Ha tenido un crecimiento exponencial. En el 2003, éste es el último censo que hubo, la palma no superaba las 20.000 hectáreas. En el 2013, dense cuenta del enorme crecimiento, de 270 por ciento.

En Guatemala, el territorio es de 108.000 kilómetros, de los cuales el 67.5 por ciento es tierra de uso agropecuario, según la encuesta nacional agropecuaria (ENA). De esta área, el cultivo de maíz tiene una superficie de 803.000 hectáreas. Le sigue el frijol con 184.000. Pero el maíz se siembra hasta en espacios escabrosos, el frijol

Presión sobre los recursos naturales en

Guatemala


lo mismo: lo siembran en terrenos escabrosos. Pero la mejor tierra del país está ocupada por la palma, por la caña, por el hule, por la penca [sábila]. En el 2014 la palma ocupaba, éstos son datos de GREPALMA, la Gremial [de Palmicultores de Guatemala], 130.000 hectáreas. Alrededor del 4 por ciento del total de la superficie agrícola del país, de la mejor tierra.

A pesar de que la palma en el costo en el mercado, a como se estaba cotizando el crudo, se estaba viniendo para abajo, el país en el 2014, cuando estaba en la bonanza, produjo 411.000 toneladas de aceite. Ojo: tienen grandes ganancias, pero además tienen beneficios fiscales. Hay una ley en Guatemala, el Decreto 2989, firmado en 1989, que se llama de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. En Guatemala, coloquialmente, se le conoce como la Ley de Maquilas.

Las empresas palmeras se abrigan bajo esta Ley para beneficiarse fiscalmente. Dieciséis empresas de palma no pagan impuestos. Tienen la chance durante diez años de no pagar. Al noveno año, como [sus dueños] son tan listos, se cambian de nombre y gozan de otros diez años para seguir arropados bajo esta Ley. Naturaceites, Indesa, Reforestadora de palmas de El Petén (REPSA), Idealsa, Palmas del Ixcan, todas estas empresas tampoco pagan IUSI, el Impuesto Único Sobre el Inmueble. En el país es un impuesto que lo pagamos la mayoría, pero no las grandes empresas del agro.

Y cuando el Alcalde de Raxruhá pidió que las empresas que estaban trabajando en el municipio pagaran impuestos, fue denunciado en la más alta corte del país, por atentar contra la libre empresa. El Alcalde pues, el caso no sé ahora hasta dónde va, pero ellos [los dueños de empresas] ganaron el caso porque ese impuesto del IUSI se los quitaron.

Ojo, éste es un dato: entre 2005 y 2010, en Fray Bartolomé de las Casas el 40 por ciento de las tierras eran anteriormente utilizadas para el cultivo de granos básicos, el 42 por ciento para la cría de ganado, y el 19 por ciento era para bosques.

En [el municipio de] Raxruhá el desplazamiento de la ganadería es aún más evidente, puesto que el 54 por ciento de los cultivos de palma de hoy eran potreros, mientras que el 15 por ciento eran bosques. Ahora vemos esos grandes desiertos verdes.

Ha crecido la caña de azúcar en diez años, según datos oficiales. Nosotros creemos que el crecimiento está subestimado. Ahora les explico por qué. Ellos [los dueños de cañaverales] dicen que son poco más de 250.000 hectáreas. Guatemala es uno de los países, en exportación de azúcar, mejores posicionados en el mundo. Somos el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil. Tenemos sólo 108.000 kilómetros, y no sé cuánto tiene Brasil en extensión territorial, pero hacemos la diferencia. Somos el segundo país, eso es bueno. En temas de caña, nos hemos logrado colocar, a nivel mundial, en un cuarto lugar en la producción.

Exenciones fiscales para los

monocultivos


El Estado dice, en toda esta área púrpura es donde está [sembrada] la caña [de azúcar].

Esto es lo que dicen los cañeros [respecto a] donde se encuentra la caña.

Cambio de uso de la tierra del 2005 a caña de azúcar en el 2012

Estratos Altitudinales de la zona Cañera


Y esto es lo que dice la gente [respecto a] donde se encuentra la caña.

Nosotros hemos tratado de hacer este ejercicio, en la investigación, con cada grupo con los que trabajamos. Llevamos los datos oficiales, los datos de las empresas y lo que dice la gente, porque muchas veces esos datos se subestiman.

Nosotros creemos que [la superficie de cultivo de] la palma ha crecido exponencialmente, que posiblemente esté rondando por las 200.000 hectáreas. Lo mismo la caña de azúcar, [cuya superficie de cultivo posiblemente sea] superior a las 300.000 hectáreas.

Ser el cuarto lugar a nivel mundial, tener esa gran producción de caña de azúcar, esa gran producción de palma africana, tiene que tener un costo social, un costo ecológico. ¿Quién creen que lo paga? Entonces, no es casualidad los conflictos que se arman en las comunidades. Ser el cuarto lugar, a nivel mundial, ser el segundo a nivel latinoamericano, tiene un costo social. Alguien paga este costo.

La inversión pública en mi país ha bajado. En lugar de incrementar, ha bajado en la cuestión agraria. En mi país gastamos más en infraestructura. Por ejemplo, éste es el porcentaje de millones de Quetzales [gastados] en construcción de carreteras.

RUTA• 2013: Q. 14.893.896.847 Infraestructura/Carreteras• 2013: Q. 1.757.466.982 Presupuesto MAGA• 2014: 502 millones de rebaja el presupuesto

• Ley Monsanto Decreto 19-2014• Ley de Inversión y empleo• Salario Mínimo Diferenciado (SMD) de Q.1.500 para cuatro municipios, ¿Q.2.644,40?


Y esto es lo que recibe todo el Ministerio de Agricultura.

No le llegamos al dato. Bueno, creo que esto tiene que ver con una cuestión no sólo técnica, sino también con una cuestión política.

Los compañeros, con anterioridad, Miguel [Urioste], Paula [Álvarez] y los demás ponentes, han dicho cómo esto se ha expandido. Para nosotros [los guatemaltecos] es preocupante porque vemos cómo se están blindando estas empresas en el sistema jurídico de mi país. Vemos cómo un Código Civil protege la propiedad privada y cómo un Código Penal viene y le da con la macana a aquel que protesta contra esta propiedad privada. Vemos cómo hay una tala inmoderada, impensable, de árboles.

Pero, ojo: al campesino que quiere talar un árbol y que no tiene otra opción de ingreso, le piden miles y miles de papeles, hasta la firma de no sé quién. Vuelven tan burocrático [el] cortar un árbol. Pero ellos [los grandes empresarios] tienen la licencia permitida.

La frontera agrícola se ha movido, y para ellos [los grandes empresarios] es culpa de los campesinos. Cuando ellos son los que han arrinconado a estos campesinos.

No podemos, creo, sólo hablar de esto ahora que se expande, sino que tiene que ver con cuestiones históricas también. La lectura debe de ser más amplia. También tiene que ver con procesos históricos de despojo e incluso de aniquilamientos sistemáticos.

Esto es lo que traigo. Vengo a decirles que la expansión de la caña y de la palma en mi país es exponencial. Los beneficios fiscales que tienen las agroempresas son altísimos. Creemos que así no se piensa el desarrollo. Debemos de repensar qué es desarrollo. Debemos de repensar qué es política, tomando en cuenta que este beneficio no está llegando a la gente. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nosotros estamos en contra de a quién beneficia este desarrollo de manera excluyente. ¿Quiénes se están beneficiando? Muchísimas gracias.

Presupuestos Vigentes MAGA 2010-2014En millones de quetzales

Año Presupuesto MAGA PIB %

2010 Q 977,55 Q 331.871,00 0.29

2011 Q 819,60 Q 365.112,00 0,22

2012 Q 1.503,28 Q 395.085,00 0,38

2013 Q 1.757,47 Q 427.701,00 0,41

2014 Q 1.915,77 Q 456.576,00 0,42

2015 Q 1.414,00 Q 488.234,80 0,29

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN-MINFIN y Banco de Guatemala


Muy lindas participaciones. Ha sido gratificante y trágico también escuchar a Renata y a Josué. Pareciera que las luchas de Chico Méndez y Wilson Piñeiro en el Estado del Acre siguen tan latentes después de tantos años. Quería hacer un par de preguntas a la señorita Álvarez y a Enrique. Me llamó mucho la atención esa temática de los baldíos en Colombia, sobre todo porque hace poco, los últimos años vengo viviendo en el departamento de Pando, que, seguramente muchos acá sabrán, es el primer y único departamento del país que ha sido saneado en 100 por ciento de la totalidad de sus tierras. Es decir, el INRA [Instituto Nacional de Reforma Agraria], podríamos decir, que culminó su trabajo en Pando. Allá, después del saneamiento se dieron titulaciones comunales. El marco jurídico permitió la reconducción de la Reforma Agraria, permitió el saneamiento de propiedades comunales, así como de propiedades privadas, concesiones forestales, etcétera.

Asimismo, se reafirmaron las áreas protegidas, que ahora están en peligro de extinción, pero quedaron muchos terrenos que no fueron saneados ni a título comunal ni a título privado ni como concesión. Muchos de esos territorios quedaron comotierrasfiscalesdisponibles,queesunaespeciede“todoloquenohasidosaneado es disponible”. Entonces, es un espacio abierto para la adquisición detierras, tanto para privados como para campesinos. En Colombia, usted dice que hubo seis intentos de Juan Manuel Santos por aprobar esa normativa, pero hubo seis frenos parlamentarios también para parar esos [intentos]. ¿Qué argumentos jurídicos, qué argumentos técnicos empuñaron esos parlamentarios que detractaron esas iniciativas?

A Enrique quería consultarle, en el tema de las asimetrías de poder [de las] que hablaba en el acopio de los granos, específicamente en el caso de la soya, ¿en cuánto ha beneficiado a empresas como EMAPA o es que no ha beneficiado en ese aspecto?

Lamentablemente no puedo hacer una pregunta concreta porque el tema que nos congrega deja demasiadas inquietudes. Pero me gustaría inquietar a todos ustedes con lo siguiente, que reflexionemos ¿qué se gana cuando se pierde el bosque? Y sobre todo, cuando estamos hablando de materia agrícola, quizá es bueno preguntarnos si realmente tenemos suelos agrícolas, por ejemplo en el caso boliviano, que ameriten tantas inversiones, tantas discusiones, pensando fundamentalmente en lo siguiente: tenemos terribles complicaciones con lo que sería el plan de uso de suelos y la capacidad de uso de suelos. De repente estamos pensando en tierras que no tienen capacidad agrícola, pero sí forestal.

Entonces, quizás sería muy interesante que empecemos a cambiar el eje de la discusión: ¿qué podemos hacer con las tierras forestales? ¿Por qué no empezamos a pensar en las capacidades de estas tierras y dejamos la discusión agrarista?, que lamentablemente nos va a traer los desastres que están planteando los expositores, como en el caso, por ejemplo, de Colombia, la apropiación de suelos de la manera más truculenta, o el caso de Guatemala, con un empobrecimiento mayor. Y esta

Preguntas y comentarios

A Paula Álvarez y Enrique Castañón

A todos los panelistas


tragedia es cuando nosotros no cambiamos el eje de nuestra discusión. Si vamos a continuar una concepción agrarista, lamentablemente vamos a tener este tipo de resultados.

Pero si nosotros repensamos en términos de los bosques y a partir de ellos, sin necesidad de convertirlos a otros usos, probablemente podríamos aportar mucho a las realidades de la región y el país.

Muy interesantes todas las exposiciones, y justo en relación a lo que [se] decía en esta última pregunta: esta posibilidad del cambio de uso de bosques a terrenos agrícolas, por la capacidad productiva, [quería preguntar] si ese es un tema presente en las legislaciones y si aparece como algo a enfrentar o no es un asunto que se discuta. No se ve muy claro en el caso de Cargill y es un tema central, por ejemplo, en Perú, ahora con el desarrollo de la palma aceitera.

Y otra cosa que quería preguntar es si el tema de la palma aparece como una amenaza, también en Colombia, hacia áreas amazónicas. Porque está ahora en la Altillanura. Colombia tiene pues una situación sociopolítica muy compleja, pero de hecho la Amazonía es un área ideal para el desarrollo de la palma por sus condiciones biofísicas. Entonces, no sé si éste es un tema que aparece como una amenaza en el marco de los acuerdos de paz o no. Y si en función de eso podemos pensar en dinámicas que nos involucran a varios países.

Bien. En la actualidad en el país [Colombia] existe la Ley Agraria, que es la Ley 160 de 1994. Esa Ley tenía como propósito regular esos procesos de adjudicación de baldíos. Se promulgó con ese fin, y decía que justamente lo que plantea es que tiene que haber unas condiciones. Debe demostrar, a quien se le adjudique, que es un campesino pobre, que ha trabajado la tierra, etcétera, para que se le entregue por parte del Estado.

La Ley también plantea que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos. Y eso es lo que hicieron las empresas: terrenos que fueron adjudicados inicialmente a campesinos, mediante presiones de diversa índole, esas tierras ya no están en manos de ellos, sino en manos de empresas como Cargill o ingenios azucareros. Eso es lo que se ha denunciado. Eso es lo que se pretende legalizar con los proyectos de ley que ha presentado el Gobierno de Santos en seis ocasiones. Y lo que ha logrado bloquear[los] es precisamente la denuncia, la puesta en conocimiento ante la opinión pública de este tipo de trucos que utilizaron las empresas.

No obstante, las empresas siguen organizadas. Tienen sus gremios. Están haciendo todo el lobby en el Congreso para aprobarlas. Tienen sus congresistas. Digamos, ahí la situación es bastante adversa. Como decía alguno de mis contertulios, hay una completa asimetría entre lo que podemos hacer nosotros y el enorme poder económico de las empresas. Sin embargo, lo hemos podido hacer y es lo que queremos: seguir bloqueando este tipo de proyectos legislativos.

Sin embargo, lo que ya se advierte es que la Ley 160 es un problema para los empresarios. La mejor manera de solucionar eso es atacando esa Ley y, muy seguramente, eso es lo que estaremos presenciando próximamente.

A Paula Álvarez

Paula Álvarez


Frente al tema del cambio del uso [de la tierra] y el tema de la palma de aceite, mire, yo escuchaba aquí a mi compañero de Guatemala, y le firmo que eso exactamente está pasando en Colombia. O sea, el tema de la palma de aceite y la caña de azúcar, con los impactos ambientales y sociales que Josué nos presentó, son absolutamente iguales en el país.

Y justamente el ordenamiento del territorio se ha venido haciendo en beneficio de ese tipo de proyectos agroindustriales, por ejemplo, en varias zonas del país. En la región Caribe hay una zona que se llama Los Montes de María. Es una región que, entre otras cosas, era una muy importante proveedora de alimentos. Y, en ese reordenamiento del territorio, se sustituyeron áreas que antes eran para [cultivar] comida, y ahora [son] para el monocultivo de la palma de aceite.

En el caso de la Amazonía, de verdad lo que usted dice es real. En el país hay cuatro regiones sembradas con palma de aceite. Una de ellas es en la región oriental que cubre los departamentos de Meta y Vichada, y cada vez estamos viendo cómo la palma baja, digamos, hacia la Amazonía. Hay un municipio considerado el Norte Amazónico, que es el municipio de Mapiripán [en] Meta. Entre otras cosas, allí se desarrolló una de las masacres más espantosas de las que tuvimos en el país, en donde grupos paramilitares arrasaron el municipio asesinando gente. Y posteriormente ha llegado una empresa de palma. Es la única empresa multinacional que tenemos en la agroindustria en este momento en palma. En palma y en caña, básicamente, la inversión es nacional. Pero en Mapiripán ya tenemos presencia de una compañía de capital europeo sembrando palma de aceite.

Es decir que lo que usted señala de la amenaza de cultivos como la palma hacia la región amazónica es pensable, muy en el corto plazo. Y ya se están desarrollando en la zona otro tipo de proyectos, como el de caucho, por ejemplo, [del] que entiendo ya hay cultivos establecidos.

Gracias por la pregunta. Para los compañeros de otros países, EMAPA es la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. En una empresa estatal que el Gobierno de Evo Morales creó para intentar regular los precios y promover, de alguna manera, la producción de base campesina.

En Santa Cruz, sobre la base de los estudios que hemos hecho, hay una conclusión: que [el trabajo de] EMAPA ha sido positivo para el sector del pequeño productor campesino, principalmente porque los créditos que proveía eran al 0 por ciento de interés, en contraposición a las grandes empresas. Y quizá lo más crucial fue que en un principio ofrecía mejores precios. Así que por una ley del mercado, si se quiere, las empresas estuvieron casi obligadas a subir sus precios.

PrevioaEMAPA,losproductoresrecibíanloquesellamaba“elpreciopizarra”.Cadaempresa, sea ADM, Fino u otra, ponía los precios en las pizarras. Y muchas veces todavía los productores campesinos no tenían el conocimiento de que el precio se fijaba en las bolsas. En la bolsa de Chicago, por ejemplo. Y entonces había abusos, de precios muy bajos que pagaban las empresas a los campesinos. Con EMAPA los precios [de compra] aumentaron y fue algo positivo en todo.

Respecto de EMAPA yo también quisiera destacar que durante el Gobierno de Hugo Chávez, con el tema del ALBA-TCP [Alternativa Bolivariana para los Pueblos de

Enrique Castañón


nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos], hubo un intento bastante interesante de promover la agricultura de base campesina no transgénica. Venezuela hizo un acuerdo explícito donde pedía que no sea transgénica y que todos los productores sean campesinos. Por diversos motivos, se cayó la iniciativa, pero creo que fue uno de los intentos más honestos por intentar hacer del agro cruceño algo distinto de lo que es hoy.

Eso no quiere decir, sin embargo, que EMAPA no tenga problemas. En la actualidad su rol es muy reducido. Tiene una capacidad de acopio casi exigua y no llega a afectar al grueso de la producción. Y también hay problemas con los cupos. Hay bastantes negociados internos que hacen que no funcione del todo bien.

Y para cerrar, yo quería hacer un último comentario. Tiene que ver con esto que el compañero le preguntó a Miguel [Urioste]: ¿Y cuál es la propuesta? Yo creo que evidentemente no tendremos todavía armada una propuesta. Pero el primer paso es tener claro una cosa: el agronegocio como proyecto agrario, como proyecto del neoliberalismo internacional, ha llegado a tener esta supremacía que nos describía Miguel no por arte de magia, no porque sea muy eficiente, no porque tenga características exitosas; sino porque, si miramos la historia de nuestros países, históricamente ha recibido apoyo sistemático por parte de los Estados para que así fuera.

Se les construyeron las carreteras que ellos [los empresarios del agronegocio] pidieron, se les construyó las infraestructuras de acopio que ellos pidieron, se les benefició con exenciones de impuestos. En Bolivia todavía tenemos subvención al Diésel. Todo este tipo de cosas son ventajas que hacen que el agronegocio prospere y no así la agricultura campesina.

Yo creo que, antes de dar por muerta la agricultura campesina, habría que darle al menos las mismas condiciones que al agronegocio. No se las dan porque es un tema de poder. Al fin y al cabo las élites de nuestros países han sido las que han impuesto las políticas y, creo yo, gran parte de nuestra lucha es el demandarle al Estado un rol más cercano hacia los movimientos sociales.

Otro error es que la agricultura campesina, al menos en Bolivia que es donde conozco un poco, está enfrentando limitaciones muy serias. No hay que romantizar a la agricultura campesina. Necesita incrementar urgentemente su productividad laboral. Habrá que pensar en formas de tecnología apropiadas a un nivel medio de producción. Y poder entender que la agricultura campesina, en su estado actual, tampoco tiene mucho futuro. Necesitamos que haya mayor inversión en riego y en tecnología. Pero quizá para eso el primer paso es ganarle la disputa ideológica al agronegocio. Mostrar que es un modelo, primero, excluyente, y que, segundo, ha llegado a ser lo que es porque ha sido beneficiado por las élites de los países. Gracias.

Sólo voy a hacer una observación. Usted empleó palabras trágicas para calificar la situación de las familias de Sirinhaém, y es realmente trágico. Pero la gente también tiene mucha confianza en esa capacidad organizativa y de resistencia que las poblaciones campesinas presentan no sólo en Brasil, sino en la América Latina y en todo el mundo. Y es que hay que tener mucha confianza en esa capacidad de resistencia porque el escenario es trágico: avances de grandes procesos de

Renata Albuquerque


desarrollo, de grandes empresas, del agronegocio y la permanencia secular de los monocultivos; en el noreste [de Brasil], principalmente, del monocultivo azucarero.

Hace muchos años las poblaciones campesinas están resistiendo frente a esos modelos de desarrollo y frente al Estado. Llega un momento en que la gente piensa que el destino de esas familias de Sirinhaém será el destino de todas las poblaciones del área rural. Pero es importante también confiar en esas capacidades de resistencia de las poblaciones campesinas y confiar, por sobre todo, en ese otro modelo de vida que practican. Ese otro modelo de relaciones sociales, de relación con la tierra. Y que presentan al mundo como alternativa a este otro modelo [del agronegocio] que es devastador y que no tiene viabilidad histórica. Solo eso.

Como cierre, nosotros estamos a pocos meses de cumplir 19 años de la firma de los acuerdos de paz. Unos acuerdos que nos costaron bastante caros: 250.000 víctimas. Incluso hay quienes dicen que la cifra es mucho más alta. Y creo que los acuerdos de paz generaron las condiciones para las inversiones extractivas.

Estamos completamente seguros porque en logros sociales no hemos tenido avances. En materia de cuestiones agrarias, en la cuestión socioeconómica [el resultado] es negativo. En temas étnicos [el resultado] es totalmente negativo.

Termino con esto. Un gran intelectual centroamericano, Alberto Torrez Rivas, sociólogo,decía:“EnGuatemalahaytresreformasquenuncavanapasar:lareformafiscal es impensable, la reforma política es impensable, y la reforma agraria es tambiénimpensable”.Muchasgracias.

Josué Chavajay


Para concluir el panel me gustaría señalar cuatro puntos.

La primera cosa que podemos evidenciar con las exposiciones es que junto con la intensificación del extractivismo, sea minero o hidrocarburífero, también se intensifica el agronegocio, se amplía la frontera agrícola no sólo para los alimentos, sino también para los agroenergéticos y en muchos casos también para otras actividades económicas. Y esto está conduciendo a la concentración o reconcentración de la tierra, de los territorios.

Y también, vinculado con esto, [aparece] el desplazamiento de comunidades, de familias campesinas e indígenas, [provocado] utilizando diversos mecanismos, triquiñuelas. Son nuevas formas de reconcentración de la tierra. Nos han dado ejemplos concretos en los diferentes países en los que está sucediendo esto.

Todo esto está ocurriendo también con la anuencia, el impulso y el apoyo, en muchos casos, de los gobiernos, de los Estados, con políticas, con inversiones, que generan, obligadamente, un clima favorable para las inversiones. Incluso disputándose entre los países quién genera las mejores condiciones para retener a las transnacionales.

Sin embargo, también en ese marco, tenemos que reconocer, valorar y visibilizar el rol de las organizaciones campesinas, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, que están resistiendo por preservar no sólo sus territorios, sino también sus actividades, su aporte en la producción de alimentos, en la economía, en la preservación de la biodiversidad.

Todos estos aspectos están vinculados también con otra ruta de desarrollo que todavía no se visibiliza adecuadamente. Todavía está negada, desconocida, invisibilizada por las políticas de Estado.

Entonces, yo pienso que todos quienes estamos vinculados [con esta temática], estamos comprometidos con estos procesos de defensa de la tierra, de los territorios. Necesariamente tenemos que contribuir primero al fortalecimiento organizativo de estas comunidades, pero también fortaleciendo su capacidad económica y productiva. Y reconociendo su rol político de transformación de los espacios territoriales y también de nuestros países.

Con esto cerramos el panel. Muchísimas gracias.

Lorenzo SolizDirector Ejecutivo de CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) (Bolivia)

PANEL 2:

EXTRACTIVISMO Y NUEVOS ESCENARIOS DE RESISTENCIA CAMPESINA E INDÍGENA

87Extractivismo y nuevos escenarios de resistencia campesina e indígena

Javier Medina (Moderador)Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) (Colombia)

Lo menos que se puede decir del fenómeno del extractivismo es que es nuevo en América Latina; al contrario. Lo que sí es cierto es que en las últimas décadas ha tomado una nueva fuerza y se ha instaurado como un modelo. O como unos modelos extractivistas que están en el debate público por el impacto que tienen en los territorios, por los conflictos que generan, por los impactos en los derechos colectivos y de los individuos, y en los bienes comunes, en la naturaleza. Y también por la posibilidad de que exista participación política de comunidades y que se pueda dar una discusión pública sobre las prioridades en el desarrollo, en el Buen Vivir o en el bienestar de las poblaciones.

José Luis Freyre (ECOLEX)

Poco después de la asunción de Correa como Presidente de Ecuador, se suscribe el Plan Nacional de Buen Vivir, que condensaba sus postulados electorales en un modelo económico incluyente y el tránsito del antropocentrismo al biopluralismo, con justicia social e interculturalidad. Establece cuatro fases para cambiar la matriz energética del país: de un uso intensivo de recursos naturales a la reconversión productiva y la exportación de biocomercio y conocimiento ambiental. Sin embargo –advierte José Luis Freyre– el Plan entraña una paradoja: su realización es costosa y el gobierno piensa obtener los recursos necesarios de 18 megaproyectos de extracción de recursos naturales no renovables. Ante las marchas y protestas generadas después de 2008, por los daños sociales y ambientales generados por dichos proyectos, la represión estatal aumenta y esto determina –según el panelista– que el gobierno se distancie de las organizaciones sociales y del movimiento indígena.

Ecuador: Extracción de hidrocarburos en territorios y comunidades indígenas

Buenas tardes, mi nombre es José Luis Freyre y trabajo en la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental, ECOLEX, en el Ecuador. Antes de retomar el evento de esta tarde quisiera, abusando de ustedes, merecerles un favor. Dado que el día de hoy se celebra el Día de la Mujer Rural, quisiera solicitar de ustedes aplausos para las mujeres presentes acá, y para todas las mujeres rurales del mundo.


Gracias, comenzamos bien, comenzamos concordando en este punto. Las mujeres rurales son el pilar de la agricultura familiar. Son las guardianas de los bosques por el rol diferenciado que tienen en el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Y van a ser quienes mitiguen el cambio climático.

La foto que está ahí no es una coincidencia. Marca la paradoja que ahora mismo se está viviendo en Ecuador, desde hace ocho o nueve años. [Es] Un gobierno de la revolución ciudadana que comenzó con mucho auspicio desde organizaciones sociales, movimientos de indígenas y un consenso en el país. Y eso refleja esa foto. Es de una marcha del 2 de agosto de 2007, donde ciertamente parece que están apoyandoloquediceatrás:“Hoymásquenuncaestamoscontigo,Presidente”.Esofue en los inicios del Gobierno de Rafael Correa.

En la actualidad, las cosas se han revertido, no sé si para bien o para mal. Permítanme ahora dar un rápido bosquejo para mostrarles la situación del país. Brevísimo. No voy a abundar en datos tampoco porque ya los compañeros que han precedido en la mañana lo han hecho. Y, más o menos, la situación en mi país es la misma. Vamos a hacer una entrada más desde lo social. Vamos a dejar un poco [de lado] los datos. Aunque, si lo requieren, tengo algunos a mano.

Entonces, decíamos que el escenario, desde el año 2006, en que son las Elecciones Presidenciales en el país, a la actualidad, ha cambiado. Por varios hechos básicos.

La Asamblea Constituyente que se instaura en el 2007, y [en lo] relacionado a los temas que nos traen ahora, expide un mandato minero ese mismo año, en [el] que se ordena revertir un sinnúmero de concesiones mineras. Eso se hace efectivo en el 2008, [cuando] esas concesiones mineras son revertidas. Pero las presiones económicas y las presiones de los grupos de poder hacen que no todas las concesiones mineras que debían ser revertidas lo sean efectivamente. Eso en el tema minero.

Ya en el desarrollo, y después de la posesión de Rafael Correa en 2007, el discurso pro conservación, pro desarrollo sostenible, se ve brutalmente dejado

Situación actual de Ecuador


de lado cuando se crea una entidad llamada Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la SENPLADES, que marca los ejes que serían los que van a llevar el desarrollo del país.

Se marcan, básicamente, tres hitos en la planificación y en el desarrollo, que me voy a permitir leer. Se marcan en el Plan Nacional de Buen Vivir, que es la herramienta de planificación que la SENPLADES elaboró. Dice:“Todo proceso de desarrollodebe girar en torno a la garantía y restitución de los Derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y de la naturaleza”. Dicho así suenafantástico, un apoyo incondicional hacia estos grupos sociales, y hacia los pueblos indígenas principalmente.

Y, para asentar el Buen Vivir, se debe manejar tres pilares: Un modelo económico incluyente, incorporando [en] los procesos de acumulación y redistribución a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas de mercado. ¿Y qué se pretendía con este postulado? Cerrar las brechas de mercado que históricamente separaron a los ecuatorianos, dejando de lado condiciones de desigualdad y discriminación. Donde se suponía una condición sine cua non: que era la disponibilidad de bienes materiales y la institucionalización de algunos temas.

Bajo este postulado se trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos en el año 2010. Se trabaja en el tema de la soberanía alimentaria, y también se elabora lo que ya mencioné hace un momento: el mandato minero. Y después se trabaja en otras normas secundarias y leyes positivas para ir caminando a ese cambio de paradigma: [un] modelo económico incluyente que pretende cerrar las brechas históricas y que, como ya había dicho, implica la disponibilidad de bienes materiales y la institucionalización.

Luego, [está] el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo, modificando en tal virtud la relación entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a dar una nueva mirada a los recursos naturales, a revalorizar la biodiversidad, y construir la sociedad del bioconocimiento.

En este sentido, el gobierno apuesta por dos grandes universidades, que van a hacer investigación sobre recursos naturales, conocimientos tradicionales y recursos genéticos, y también [por la construcción de] un Parque Tecnológico. Una de ellas es Ikiam y la otra es Yachay, que actualmente están causando mucha polémica en el país. Pero eso es parte de la estructura que el gobierno va armando para caminar hacia esta transformación.

Y el tercer pilar en el que se afirma la noción del Buen Vivir nace de los conceptos de igualdad, justicia social e interculturalidad, priorizando y satisfaciendo las necesidades de esos pueblos marginados.

Ésos son los postulados con los que se intenta cambiar la matriz energética. Ese es el Norte del gobierno, y ése es el camino en el que nos embarcamos todos como país. Pero para esto, para el cumplimiento del Buen Vivir, se plantea un pacto social de cuatro fases.

Una fase primera que camina hacia la acumulación para la transición y profundización de la redistribución. La redistribución porque antes se miraba a la


acumulación como una falta de distribución de riqueza, pero ahora hay que hacer una redistribución de esa riqueza, a través de la transformación o la sustitución selectiva de importaciones.

Una segunda fase es la distribución selectiva de esta acumulación y la consolidación de estas importaciones, caminando, como ya lo habíamos visto, a la biotecnología, a la biomedicina, a [la] petroquímica, que se sustentan en estas dos universidades, en Yachay y en Ikiam.

Una tercera fase es la consolidación de la sustitución de las exportaciones y [la] distribución de la acumulación, que se matiza en la diversificación/sustitución de exportaciones, investigación, innovación, ciencia y tecnología. Apostando, como ya habíamos dicho, al tema de la revalorización de la biodiversidad: ecoturismo, recursos biológicos promisorios, petroquímica, energía limpia, etcétera. En esta fase se supone que ya deberíamos de haber dejado el petróleo y la extracción de la minería.

Y [luego está] la fase cuatro: la reconversión productiva, donde la exportación de biocomercio y conocimiento y servicios turísticos y servicios ambientales es el pilar del desarrollo del país.

Esos son los postulados que se apoyó en las elecciones populares de 2006 a Rafael Correa. Pero esto cambia dramáticamente porque para cumplir con estos tres pilares y estas cuatro fases se necesita mucho dinero. Y ese dinero sale de 18 proyectos estratégicos priorizados por el gobierno, que básicamente son [de] extracción de recursos naturales no renovables.

Y aquí se cambia un paradigma. En los años anteriores, hasta 2006, el papel era empresa-comunidad. Donde la empresa sustituía el papel del Estado [pues] pagaba las escuelas, a los doctores y las regalías a las comunidades. El Estado estaba ausente. Con el gobierno actual se cambia este relacionamiento y hay empresa-comunidad y Estado. Siendo el Estado quien va a regir todo el relacionamiento con las empresas transnacionales, al punto que se inicia una renegociación de los contratos petroleros. Ya no son más contratos de prestación. Son contratos de provisión de servicios, donde se ajusta el tema de las regalías a favor del Estado, ajustables cada año. Y lo mismo con el tema de las empresas mineras.

A propósito de esto, en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos del 2010 se establece un porcentaje del 12 por ciento de las regalías que quedan en las comunidades aledañas a los proyectos extractivos. Porque, históricamente, donde se han desarrollado estos proyectos estratégicos ha sido en esas comunidades, alejadas de infraestructura, de viabilidad y signadas por un alto analfabetismo y una pobreza galopante. Y donde además conviven los pueblos indígenas, donde desarrollan su sentido identitario y la forma de acceder a los recursos naturales es distinta.

Paradoja esencial del Plan Nacional

de Buen Vivir


Así podemos ver, en este mapa, cómo están distribuidos los bloques petroleros en el país. A la vez están las áreas protegidas, los bosques protectores y los territorios indígenas donde están las concesiones petroleras. Evidentemente estos regímenes de tutela jurídica tienen objetivos y fines distintos: áreas protegidas como una herramienta de planificación y conservación. De las 54 áreas protegidas, que cubren casi el 20 por ciento del territorio nacional, 14 de las más grandes están en la Amazonía ecuatoriana y cubren importantes espacios de biodiversidad, pero además son el hábitat de nueve pueblos indígenas.

Y [estos espacios] son, paradójicamente, donde están las concesiones petroleras. Están [en] los bosques protectores. Ojo, que ahí no hemos puesto y no hemos identificado los monocultivos, como la palma africana, ni tampoco las concesiones forestales. Sólo estamos con los temas petroleros y más adelante miraremos el tema del mapa de las concesiones mineras.


Las concesiones mineras en el país son relativamente nuevas. La mayoría están en fase de exploración, casi ninguna en explotación. Y están localizadas al sur del país. Éste [es] más o menos el escenario en el que se desenvuelve el tema extractivo en el país, con unas políticas que no favorecen a la inversión extranjera. En Ecuador, es el Estado quien ejecuta todos estos proyectos.

Si me permiten remitirme a unos datos, en el año 2010, 25 bloques los manejaban 18 compañías privadas, y apenas tres [eran manejados por] el Estado. En noviembre y diciembre del 2010 comienzan las negociaciones con las empresas petroleras y para enero del 2011, de los 25 iniciales, once bloques los maneja el Estado y el resto las compañías privadas. Sumando aproximadamente seis millones de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana.

Estos cambios de paradigma, obviamente, han significado conflictos socioambientales. No voy a detenerme en ellos: las razones, los motivos explicados en la mañana [en este foro] son casi los mismos en mi país.

En cuanto a conflictos estratégicos relacionados con la minería, hay 18: [uno es] Fruta del Norte en Zamora de Chinchipe.


[Otro es por] Hábitat de pueblos indígenas, el Proyecto Quimsacocha. Es el único, por su significación lo he colocado, que queda en la serranía, y está en medio de varias áreas protegidas, [que constituyen una] reserva hídrica para varias ciudades.

[Está también] El conflicto Mirador - pueblos indígenas.

Conflicto Ubicación Principales afectaciones Situación actualFruta del norte

Yantzatza, Zamora Chinchipe.

La Compañía Aurelian Ecuador S.A. tiene una concesión minera de 155,26 ha para iniciar actividades de exploración avanzada y explotar un yacimiento que contiene 13,7 millones de onzas de oro. Autorización del uso del agua por un caudal total de 8,71/s.

• Tala de bosques tropicales y contaminación de ríos.

• Pérdida de fuentes trabajo agrícola y espacios de caza de y recolección.

• Afectaciones a territorios de pueblos Shuar y Achuar.

• Daños a petroglifos identificados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

En diciembre del 2004 en una Asamblea de la Circunscripción Territorial Shuar Arutam, 10 de los 13 centros Shuar se manifestaron en contra de la realización de actividades mineras, petroleras y madereras dentro de su territorio. En el 2006 las poblaciones obligaron al desalojo de personal y maquinaria de las instalaciones mineras existentes.

Conflicto Ubicación Principales afectaciones

Situación actual

Proyecto Quimsacoha

Provincia del Azuay.

IamGold, se distribuye en dos áreas contiguas: el área minera Cerro Casco tiene una superficie de 4.800 ha y el área minera de Río Falso en una superficie de 4.450 ha El yacimiento contiene una reserva estimada de 1.682.000 onzas de oro, que se explota de manera subterránea.

• Deterioro y contaminación de ecosistemas de páramo, incluyendo el Parque Nacional Cajas.

• Contaminación del agua y reducción del caudal que alimenta a la ciudad de Cuenca y a los poblados vecinos.

• Pérdida de fuentes de trabajo agrícola.

En 2007, se realiza el Encuentro de los Pueblos por la Vida y Contra las Empresas Transnacionales, evento en el que surge la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS).

En el año 2011 se llevó a cabo una consulta local organizada por la comunidad. El 92% de la población se opuso a la minería. Los resultados fueron desconocidos por el gobierno.


Y he puesto Quimsacocha porque es el [conflicto] dinamizador de la unión de varios grupos, tanto indígenas como colonos y campesinos, alrededor de un movimiento quesellamó“Aguaporlavida”.

Tanto los movimientos que estaban contra la minería como contra el petróleo se unieronen“Aguaporlavida”,queen[el]año2012iniciaunamarchadesdeelsurdel país hacia Quito. Esta marcha dinamiza la unificación del movimiento indígena, que estaba escindido. Continúa escindido, pero encuentra un punto común de lucha contra las políticas del actual gobierno, que está viviendo la maldición de la abundancia de los recursos naturales, como dice Gudynas. Y se unen en torno a estamarchadel“Aguaporlavida”,ylaúltimamarchaqueserealizaesdel2deagosto de 2015.

He significado también el caso de la comunidad quichua de Sarayaku porque hay diferentes modos de resistencia que se han ido implementando en el país. Y han ido mutando de acuerdo a cómo el discurso represivo del gobierno se ha ido agudizando. Primero, con acciones legales dentro y fuera del país. La comunidad quichua de Sarayaku tuvo que interponer [una denuncia] ante la Comisión

Marchas de resistencia

campesina e indígena

Conflicto Ubicación Principales afectaciones

Situación actual

Mirador El Pangui, Zamora Chinchipe.

Ecuacorriente, concesión por 62.000 ha. Reservas estimadas en 10.900 millones de las cobre. $846 millones inversión hasta el 2014 desarrollo de mina y planta y $7500 millones y operación a 20 años. Ingresos esperados para el Estado: $164 millones/año/20 años (regalías e impuestos)

• Afectación a los territorios ancestrales de los pueblos Shuar y Saraguro.

• Deterioro y pérdida de flora endémica, gran parte aún sin identificar.

• Pérdida de áreas de caza y recolección.

• Contaminación de las fuentes de agua.

• Pérdida de sitios sagrados (cascadas).

• Impactos negativos sobre la agricultura practicada por poblaciones mestizas.

En diciembre del 2006 los pobladores de Gualaquiza, Morona, El Pangui y Yantzatza realizaron una marcha al cam-pamento de la empresa que fue detenida por el ejército.

El convenio de exploración avanzada y explotación se suscribió el 5 de marzo del 2012 entre el Estado ecuato-riano y la empresa Ecuaco-rriente S.A.

Actores antimineros más ra-dicales de la CNDVS forman el Frente de Resistencia Sur a la Minería a Gran Escala (FRESMINGE).

El 08 d junio de 2015, la Comunidad Amazónica de Acción Social cordillera del Cóndor interpone una MEDI-DA CAUTELAR para evitar la violación del artículo 57.4


Interamericana de Derechos Humanos, la cual, [el] 19 de diciembre de 2003, da a la asociación de pueblos quichua de Sarayaku la razón. Y dice que el gobierno violó, básicamente, el Artículo 84.5 y el 84.6, en el que se habla de la consulta previa y de la participación. Ésa es una de las estrategias.

Otra de las estrategias, según Amnistía Internacional, y que se evidenciaron en el país, son las marchas y las protestas, fundamentadas en el derecho a la resistencia, que está instituido en la Constitución Política de la República. Pero, claro, ese concepto, que lo propuso la Asamblea Nacional, con mayoría de asambleístas del partido de gobierno, ahora es dejado de lado, diciendo que el derecho a la resistencia no les permite reclamar sobre sectores estratégicos del país, que le generan dinero al Estado.

Y todos quienes alzan la voz son acusados de terroristas y de sabotaje. Según Amnistía Internacional, en noviembre de 2007 residentes de Dayuma bloquearon la vía Auca. Y según informes, con ello se recortó la producción de petróleo un 20 por ciento. Se declaró un Estado de Emergencia, que es absolutamente excepcional, autorizando a la fuerza pública a intervenir con el propósito de despejar las vías interrumpidas y garantizar la operación de producción y transporte de petróleo. Según la Defensoría del Pueblo, en la acción once manifestantes fueron detenidos y al menos 26 enfrentaron cargos de terrorismo y sabotaje, los cuales fueron amnistiados por la propia Asamblea, reconociendo errores, en el 2008.

Pero después de 2008, y ante los discursos del Presidente de la República, se agudiza la represión. Durante estos últimos años los pueblos indígenas, las comunidades campesinas han experimentado múltiples formas de hostigamiento, persecución y vulneración de derechos colectivos. En 2012 hubo una Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, convocada por diversas organizaciones. Esta marcha parte de El Pangui hasta Zamora y congrega alrededor de ocho diversos grupos sociales.

En los últimos años se produjeron hechos violentos, como la muerte de uno de los dirigentes líderes contra las actividades extractivistas, Freddy Taish, la detención de José Tendetza y el encarcelamiento de Javier Ramírez. Esto ha agudizado el conflicto social entre las organizaciones sociales, el movimiento indígena y el gobierno.

En todo el escenario de confrontación que ha habido entre el gobierno, las organizaciones sociales y los pueblos indígenas, podemos rescatar varias conclusiones:

El Estado ecuatoriano insiste en profundizar el extractivismo como única vía de desarrollo, para la transformación hacia una economía más limpia. La paradoja: el crecimiento económico viene de la mano con una mayor utilización de los recursos naturales y con el consiguiente surgimiento de externalidades, pasivos sociales y ambientales, y daños de diversa índole. No se cumple el Óptimo de Pareto.

Los beneficios y costos de este crecimiento no se reparten de manera equitativa ni inciden por igual en todos los sectores sociales. Los más pobres son los más afectados.

La inconformidad de las poblaciones que se sienten afectadas por determinada

Radicalización de las medidas

gubernamentales contra los

opositores al extractivismo


actividad económica a menudo resulta incompatible con los intereses de los sectores que la promueven. Y estos sectores, que se ven afectados por esta resistencia, inicianloquesellamaelchantajeambiental:“sinomeaceptan,mevoyysepierdeempleoysepierdeproductividad”.

Los sectores más pobres son los que directa o indirectamente asumen los costos del crecimiento económico a través de mayores niveles de contaminación, de depredación del entorno natural en el que viven y pérdida, presente o futura, de sus medios de sustento, por el desplazamiento al que se ven obligados o por [el] deterioro de los recursos.

Todos sabemos cuáles son los promotores de la expansión de la frontera agropecuaria, [donde puede considerarse también] el tema de la tala ilegal, que viene acompañada de todos estos procesos y es una cadena interminable. Y este tipo de conflictos pueden ser caracterizados, como ya dije, como chantaje ambiental. Pues surgen generalmente cuando la oposición a determinada actividad económica, por las implicaciones ambientales que ésta generaría, motiva a los dueños de capital de las empresas a que, en lugar de [buscar] negociaciones o procesos de mesas de diálogo, argumenten que de no concretarse su emprendimiento irremediablemente se perderían fuentes de trabajo.

Esas son las conclusiones que me he atrevido a formular, después de este rápido y sucinto vistazo. Gracias.


Bolivia: Explotación forestal en territorios amazónicos

Vamos directo al tema. No se puede hablar de extractivismo ni del tema forestal sin hablar de la visión completa del extractivismo. Yo quisiera partir de esta frase delPresidenteEvoMorales,quedice“Elcambioclimáticohacolocadoatodalahumanidad frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo y la muerte o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida”.Suscribimosplenamenteestadeclaraciónyestepostulado.

Sin embargo, las políticas públicas del país son distintas: la llamada “agendapatriótica”parael2025establececuatropilaresestratégicos:Convertiralpaísenexportador de hidrocarburos es uno de los pilares económicos en los que se basa la planeación para el 2025. El segundo es el tema de los minerales. El tercero, exportador de energía a partir del potencial hidroeléctrico que tiene Bolivia. Y el cuarto, exportador de alimentos: pasar de 3 [millones] a 40 millones de toneladas en exportación de alimentos.

No se puede hablar de pérdida de cobertura boscosa si no se habla de qué la genera. Y, en este estudio de la Red Amazónica, de información socioambiental georreferenciada, [se] establece bien la relación entre la producción agropecuaria, las actividades mineras, el desarrollo de infraestructura y la falta de planificación territorial, como los factores que están incidiendo en los niveles de una acelerada

La Agenda Patriótica 2025, planteada por el gobierno de Evo Morales, concibe a Bolivia como un país exportador de hidrocarburos, de minerales, de energía (proveniente de plantas termo eléctricas e hidroeléctricas) y de alimentos. Un aspecto importante para su cumplimiento es la construcción de al menos tres grandes ramales de carreteras que atraviesen de lado a lado el país. La puesta en marcha de la Agenda –explica Alcides Vadillo– originaría una presión nunca antes vista sobre los recursos naturales en diversas áreas del país, inclusive sobre zonas antes no consideradas para el aprovechamiento intensivo, como la Amazonía y El Chaco, pero también sobre áreas protegidas, territorios indígenas y reservas forestales. El panelista indica que se trata de una presión doble, ejercida desde fuera por el mercado global y los grandes inversionistas, y desde dentro por el afán extractivista y los megaproyectos, pero también por poblaciones pobres que buscan mejores condiciones de vida.

Alcides VadilloFundación Tierra (Bolivia)

Causas de la deforestación en

Bolivia


deforestación. El tema de los bosques quisiera verlo desde dos perspectivas: desde la deforestación, pero también desde la perspectiva de los territorios indígenas.

En este cuadro que tenemos, la parte azul y amarilla eran demandas de territorios indígenas. Lo azul es lo que ya está reconocido y titulado en propiedad. Estamos hablando de las tierras bajas, de 13.3 millones y medio de hectáreas a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas. Y de 10.6 millones y medio a favor de indígenas en la parte andina del país. Entonces, estamos hablando de cerca de 24 millones de hectáreas, de 109 que tiene Bolivia, a favor de los territorios indígenas.

Me parece un importante nivel de reconocimiento en el tema tierra-territorio. Y esto vamos a verlo en relación al tema del extractivismo y [el] desmonte.

Cuando decimos 13.3 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas de tierras bajas es importante señalar, primero, que son 34 pueblos, aunque sólo constituyen el 2 por ciento de la población boliviana. Pero también es importante ver cómo estos territorios se sobreponen, en alrededor del 50 por ciento, con áreas protegidas.

Territorios Indígenas Originarios Campesino


A medida que vamos viendo la relación territorio - reserva forestal - área protegida, vamos percibiendo la superposición. Hay una coincidencia en más de un 50 por ciento entre los territorios indígenas, las áreas protegidas y las reservas forestales.

Áreas Protegidas en Territorios IOC

Reserva Forestales en Territorios IOC


¿Qué pasa con el tema de los hidrocarburos?

Éstos son los territorios indígenas y éstas son las áreas que han sido dadas en concesiones a empresas petroleras. Simplemente como referencia, la nacionalización [de los hidrocarburos] fue el 2006. En 2007, 2.8 millones de hectáreas se habían dado en concesión de exploración a empresas petroleras; a junio del 2013, sumaban ya 24 millones las hectáreas otorgadas a concesiones petroleras. Y si el 2007 estaban a favor de 13 empresas, en el 2013 beneficiaban sólo a siete. Es decir que aumenta notablemente la superficie en concesión para exploración y explotación de hidrocarburos, pero disminuye el número de empresas beneficiarias.

El 2014 se otorgaron concesiones petroleras en áreas protegidas, de forma que 10 de las 22 áreas protegidas existentes en el país están afectadas, hoy, por actividades de exploración petrolera. Y en [el] tema de [los] territorios indígenas, [existen] 18 contratos, que afectan a 20 territorios indígenas, en este momento, con este tema de extractivismo e hidrocarburos.

1. Extractivismo - Hidrocarburos


Es una gráfica de cómo se sobreponen las áreas de explotación minera con los territorios en la región amazónica y en la parte de El Chaco. Son todos estos puntitos en rojo. En realidad, también hay una superposición importante con territorios indígenas, como podemos ver. En áreas protegidas, [también hay] actividades mineras. Estamos hablando de actividades mineras que están actuando con amparo legal.

Con la Constitución [aprobada] el año 2009, alrededor de 9.000 actividades mineras quedaron en estado de ilegalidad, que tenían que regularizar su situación en el marco de la nueva Constitución. Un año después, por Decreto Supremo, se legalizó las 9.000. Y un estudio de Alicia Tejada, [publicado] el 2012, señala que de éstas sólo ocho contaban con estudio de impacto ambiental aprobado.

El 2014 se aprueba una Ley Minera en la que, entre otras cosas, desde la lógica en [la] que estamos, nos preocupa que el tema de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas ha resido totalmente desconocido. No hay consulta en las fases de exploración, simplemente para la fase de explotación. Y el objetivo de la consulta previa queda limitado más a un proceso administrativo y de información que a la búsqueda del consenso.

Situación actual de la actividad

minera en Bolivia

2. Extractivismo - Minería


En el tema de las hidroeléctricas, que es otro de los pilares de la Agenda [Patriótica], tenemos las que están del lado brasileño, [a las] que se acusa ya de ser responsables de un [alto] nivel de inundación el año pasado. Sin embargo, en el lado boliviano estamos construyendo en Guayaremerín, en Cachuela Esperanza, y las actividades ya están generando conflicto en comunidades que están a lo largo de los ríos, pues [sus pobladores] están siendo afectados. También se están construyendo otras represas, o se pretende construirlas, en El Bala, en la zona de Rurrenabaque. Hay comunidades y territorios indígenas en estas regiones que van a ser directamente afectados. Proyectos que no incluyen medidas de mitigación ni los procesos de consulta previa, que establecen tanto nuestra Constitución como los instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos del pueblo.

La ampliación de la frontera agrícola es uno de los pilares centrales de la Agenda [Patriótica], [la cual] nos señala que para el 2025 Bolivia será un país productor y transformador de alimentos. Se pretende ampliar la frontera agrícola, de tres millones, que es actualmente lo que está en cultivo, a 13 millones de hectáreas. Esto implica pasar, de un promedio que hemos tenido los últimos años, de 250.000 hectáreas de desmonte anual, a un promedio de un millón de hectáreas de desmonte anual para [la] ampliación de [la] frontera agrícola.

Nadie sabe dónde se encuentran esas tierras de vocación agrícola, para ampliar [la frontera agrícola] en estas dimensiones. Pero pareciera que eso tampoco importa. El objetivo es ampliar en función de [la] exportación de alimentos y la generación de ingresos para el país.

En la lógica en que estamos, quisiera mostrarles, éste es el territorio indígena de Lomerío, [de] población chiquitana.

La perspectiva de la ampliación

de la frontera agrícola

3. Hidroeléctricas


Ésta es la ampliación de frontera agrícola, que va desde la zona en que estamos ahora y se extiende hacia el Noreste. Ésta es una actividad estrictamente empresarial. Y, la que ven como cuadraditos, es la migración campesina de Occidente. Y de ambos lados, ustedes pueden ver cómo se genera esta presión de la actividad agrícola sobre el territorio indígena. Por un lado, las grandes empresas y, por el otro, las migraciones de campesinos andinos.

Por eso es que se califica a los territorios indígenas, desde esta visión productivista, como un obstáculo al desarrollo, porque están deteniendo una presión que en imágenes como ésta es muy evidente.

Pero podemos seguir viendo otro ejemplo. Éste es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, el TIPNIS, y lo traigo [a colación] porque ha sido un tema conocido internacionalmente por el rechazo a la construcción de una carretera que dividía el territorio en dos, el año 2011. Y el tema de fondo es también un tema de ampliación de la frontera agrícola.

4. Extractivismo ampliación de la frontera agrícola

La expansión de la frontera agrícola presiona a las Tco


Yo quisiera que veamos estas imágenes: cómo va entrando progresivamente la actividad agrícola. Básicamente, la mancha roja es la región en la que se realiza la producción de hoja de coca. Entonces, aquí es donde se pretende construir una carretera, hasta este otro lado, que cruza todo el Parque y Territorio Indígena. Ése ha sido el tema central del conflicto entre los indígenas y el Estado.

Ésta es la presión, en términos globales, de la expansión de [la] frontera agrícola sobre los territorios indígenas. Que, [como] ya los vimos en las primeras imágenes, en buena medida están sobrepuestos con áreas protegidas y con reservas forestales.

TIPNIS

Carreteras en Territorios IOC


Veamos las carreteras, el tema de infraestructura. Ése es el Corredor Bioceánico, es una carretera que está dentro de los proyectos de la IIRSA [Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana]. Vendría desde San Pablo, iría hasta Arica, por estos dos ramales. Luego, esto es el Corredor Norte, que pretende también unir Rondonia con Arica. Y seguimos. Estos son ramales, igual, del [Corredor] Norte, que irían por el lado peruano: Brasil-Perú-Bolivia. Y éste va hacia el Sur, hacia la Argentina, y continúa también hasta la región amazónica. Éste es el Corredor Norte, decíamos, y éste es el Corredor Este.

Y la carretera del TIPNIS lo que pretende es unir ambos corredores, para que este Corredor Norte, que saca toda la soya de Rondonia, no pase por la ciudad de La Paz. Por todo lo que implica tanto el cruzar la cordillera como atravesar las ciudades de La Paz y de El Alto con camiones de carga. La idea es evitar el paso por estas ciudades social y políticamente conflictivas. Para eso serviría esta carretera, [que es motivo] de conflicto entre el Gobierno y los indígenas del TIPNIS.

Estoy señalando las líneas estratégicas, las políticas públicas, en el marco del Plan de Gobierno planteado por el Movimiento al Socialismo (MAS) hasta el bicentenario de la fundación de Bolivia, el año 2025. Todo esto está generando resistencia y conflictos. Lo vamos a seguir viendo.

En el tema forestal, creo que, más allá de los cuatro pilares de los que se ha venido hablando, hay una marcha diferente. Se ha bajado el número de concesiones forestales. Actualmente son 87 concesiones forestales, con menos de cinco millones de hectáreas, bajo planes reforestales. Cuando decimos“concesión forestal” nosreferimos a propiedad estatal. La tierra es del Estado y éste da un permiso de aprovechamiento del bosque a los particulares.

Cambios recientes en el

manejo forestal

Derechos forestales

• 87 CONCESIONES FORESTALES 4.685.958,47 hectáreas (tierra de propiedad estatal)

• 754PGMFindígenasycampesinos 7.486.152,44 hectáreas (tierra de propiedad campesina, indígena)


Aquí tenemos 774 planes de manejo forestales, entre población indígena y campesina en todo el país. Ustedes pueden ver, lo que está en amarillo son los planes de manejo forestales, y lo que está con marcas azules son las concesiones forestales de tipo empresarial. Es realmente impresionante ver cómo, si bien desde la lógica empresarial, el manejo del bosque ha bajado sus áreas de cobertura, desde la lógica indígena y campesina esto se va ampliando con cada vez mayores áreas de manejo forestal. Lo que implica también la visión de un desarrollo más sostenible en el tiempo.

Seguimos con un cuadro que muestra el tema de la deforestación en la Amazonía.

El amarillo es lo histórico. El rojo, 2000 a 2005. Luego tenemos 2005 a 2010. Y del 2010 al 2013. En términos generales, en los últimos años va bajando la tasa de deforestación. Sin embargo, en el caso de Bolivia, primero vamos a ver que se considera que el 27 por ciento de toda la pérdida acumulada ha ocurrido en estos 13 años. Bolivia y Venezuela son los países que preocupan más si se plantea una visión histórica, pues la fracción de bosque que perdieron es del 42,6 por ciento y del 34,2 por ciento del total que tenían, respectivamente.

1.000.000

100.000

10.000

1.000

1.00

10

1Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guyana Guyane

FrançaisePerú Suriname Venezuela

Deforestación acumulada hasta 2000 Tasa de deforestación en el período 2000-2005Tasa de deforestación en el período 2005-2010 Tasa de deforestación en el período 2010-2013

Deforestación Histórica y Reciente en la Amazonía


Finalmente, como primera conclusión, lo que podemos señalar es primero que, en la medida que los mercados se han globalizado, las tierras que hasta hoy día fueron marginales [para la explotación de recursos] se incorporan progresivamente a ese requerimiento global. Los datos que daba Miguel [Urioste] esta mañana son una ilustración muy clara de ello. Y eso significa, [como] la exposición anterior también ratifica, que hay una presión como nunca antes se había visto sobre los recursos naturales en regiones que hasta hace pocos años eran [consideradas] marginales [para la explotación], como la Amazonía o El Chaco.

Hoy día el requerimiento del mercado global exige recursos de esas áreas: petróleo, gas, madera, siembra de granos, generación de energía a través de [plantas] hidroeléctricas, etcétera. Hay una presión sin precedentes, y un flujo de capitales externos se cierne sobre las regiones amazónicas, como nunca antes se había visto. No ocurre sólo en Bolivia, es un tema que se percibe en la región.

En segundo lugar, esta presión se genera desde fuera y desde dentro. Desde afuera, [por] lo que hemos dicho: estos capitales, estos requerimientos de un mercado global. Pero también desde dentro, por las actividades de empresas extractivas, por la movilidad social de poblaciones excluidas, pobres, que buscan mejores condiciones de vida y de desarrollo, y que ven en estas áreas esa posibilidad. Y también por los megaproyectos que se están realizando en estas áreas, que atraen niveles de inversión y de gente.

Pero lo que preocupa es que todo [esto] está afectando tierras y territorios. Y está afectando [las] formas de vida de las poblaciones indígenas y campesinas en estas regiones. Se están haciendo carreteras. Se están generando exploraciones y explotación de hidrocarburos. Hay una actividad minera sin ningún tipo de control. Estamos ante una política pública que fomenta abiertamente la ampliación de [la] frontera agrícola. Estamos construyendo represas para la exportación de energía y muchos de estos proyectos ni siquiera tienen estudios de impacto ambiental.

El tema social no se está tomando en cuenta. No se está consultando a las poblaciones indígenas, no se está respetando este derecho de Consulta Previa, Libre e Informada. Éste es el drama en que hoy nos encontramos. Gracias.

Conclusiones


Guatemala: Estrategias y organización campesina por la tierra

Buenas tardes, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, no con una visión panfletera o rezagada que muchos aducen que tenemos los movimientos indígenas campesinos y el movimiento social en su generalidad.

Hoy venimos a confrontar al sistema económico dominante, [a decir] que otro mo-delo es posible, que hay otros modelos que estamos implementando los pueblos indígenas y campesinos, a veces sin el apoyo del mismo Estado.

José Chic parte de un contraste evidente entre la labor de los 1.9 millones de agricultores campesinos familiares en Guatemala, que producen el 70 por ciento de los alimentos que se consumen internamente y ocupan al 38 por ciento de la población económicamente activa, y la faena de las grandes empresas afiliadas a la Cámara del Agro de ese país, que teóricamente generan 992.299 empleos, un tercio de ellos temporales. A partir de esta constatación se pregunta: ¿cuál de ambos sectores alienta el desarrollo real? Cuestiona también, recurriendo a cifras pormenorizadas, la idea de que los megaproyectos mineros sean fuentes de desarrollo y de empleo masivo para los guatemaltecos. Ante ese panorama, la organización a la que representa (el CCDA) ha generado tres experiencias de sistemas agroalimentarios sostenibles orientados a la seguridad alimentaria, y tres cadenas agroalimentarias para crear sus propios insumos, demostrando así –subraya el panelista– que otro modelo de desarrollo es posible.

José ChicComité Campesino del Altiplano (CCDA) (Guatemala)

¿Quiénes somos? Hombres, mujeres, jóvenes organizados, campesinos asalariados, campesinos y campesinas, pueblos originarios, pequeños productores, artesanos y artesanas, y apicultores.

¿Cuándo surgimos y por qué?• Surgimos en medio de la guerra que ocurría en el país el 2 de marzo de 1982, en el

altiplano guatemalteco.• Para organizarnos y de esa manera buscar defender la vida de nuestras familias. • Por la gran desigualdad e inequidad existente en Guatemala entonces.


Esta foto es muy particular y nos trae recuerdos del 2012. Son compañeras del pueblo Quiché y Cakchiquel y de otros pueblos originarios que caminaron 230 kilómetros desde su comunidad, Cobán, Alta Verapaz, a la ciudad capital, exigiendo tierra, medios de producción y el cese de desalojos que el Estado ha venido implementando como una política de acaparamiento, y que ha generado graves problemas, sobre todo estructurales y de migraciones al interior del país.

Bueno, primero [quiero] presentarles qué es el CCDA. Es el Comité Campesino del Altiplano. Somos hombres, mujeres, jóvenes organizados, campesinos asalariados, campesinos y campesinas, pueblos originarios, pequeños productores, artesanos, artesanas y apicultores.

¿Cuándo surgimos y por qué? Surgimos, en medio de la guerra que ocurrió en el país a partir del 2 de marzo de 1982, en el altiplano guatemalteco (es importante hacer notar que todos los dirigentes que iniciaron el CCDA fueron asesinados) para organizarnos y de esa manera defender la vida de nuestras familias por la gran desigualdad e inequidad existente en Guatemala.

Entonces, surgimos como un espacio que reivindica los derechos del pueblo indígena campesino y plantea alternativas de desarrollo rural y humano. Actualmente, realizamos trabajo organizativo y político reivindicativo en 12 departamentos del país, buscando promover también la inversión para el desarrollo de la economía local.

Contamos con cuatro programas, [uno] que es desarrollo rural y Reforma Agraria, que para muchos países, sobre todo sudamericanos, no es un término que asusta, como en Guatemala. [Luego] Tenemos el tema del nuevo modelo de organización

Características del Comité

Campesino del Altiplano (CCDA)

• Surgimos como un espacio que reivindica los derechos del pueblo indígena, campesino y que plantea alternativas de desarrollo rural y humano.

• Actualmente realizamos trabajo organizativo y político reivindicativo en 12 departamentos del país, buscando promover también la parte de inversión y desarrollo económico local.

• Buscando la unidad en acción a nivel nacional con organizaciones hermanas.


de mujeres y hombres del campo, que es lo que nos hace desarrollar todo el trabajo organizativo como movimiento indígena y campesino. [Después] Tenemos la parte de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas. Y [finalmente] el acompañamiento al desarrollo comunitario.

Esas imágenes son de la 33 asamblea del CCDA de este año, donde participaron más de 700 dirigentes. Sólo son líderes indígenas y campesinos, que estamos organizados en el CCDA.

Me pidieron que desarrollara el tema de Estrategias del movimiento campesino. Pero voy a hablar a veces como CCDA y a veces como movimiento campesino porque tenemos que reconocer que el mismo movimiento campesino en Guatemala no está [organizado] de forma unida, sino que sólo nos encontramos por temas coyunturales o reivindicaciones muy puntuales. Tenemos que reconocer [que unirnos] es un reto y un desafío, para el movimiento campesino.

Si bien en el mundo se avanzó en la implementación de Reformas Agrarias…. Guatemala Avanzó el Acaparamiento.“Aflojemos la tierra, para sembrar la PAZ”.

La tierra vista como símbolo de poder


Acaparamiento de tierras e

impactos sociales del modelo del

agronegocio

La tierra, actualmente, es vista como símbolo de poder. Si bien en el mundo se avanzó en la implementación de reformas agrarias, con pros y contras, Guatemala avanzó en el acaparamiento de tierras. Éstas son actualmente plantaciones de palma africana que se están desarrollando, sobre todo en el norte del país. Y por eso tenemos la consigna de que para que haya paz tienen que ceder la tierra.

No voy a profundizar mucho en el contexto porque creo que las exposiciones anteriores ya lo han hecho. Pero sí [quiero] recalcar que tenemos un contexto de monocultivo de caña y palma africana, represas para [plantas] hidroeléctricas y minería, y eso ha provocado mayor miseria, hambre, pobreza, desnutrición, confrontación dentro de las mismas comunidades, estados de sitio y aplicación de métodos contra insurgentes [alentados] por parte del Estado y los empresarios.

El impacto del modelo de desarrollo actual es la explotación, nuevas formas de despojo, hambre, miseria, muerte y sumisión. Y decimos eso porque, cuando el Estado no puede controlar [lo que ocurre con la tierra], [se] ha recurrido a muchas veces hasta el sicariato y la muerte en [contra de] los movimientos campesinos y sociales. Y el hecho más reciente es lo del compañero Rigoberto Lima de Sayaxché, Petén, que fue quien denunció la contaminación del río más grande de Guatemala, [llamado] La Pasión, por parte de la empresa REPSA [Reforestadora de palmas de El Petén], que funciona en el país.

Y a esto es a lo que está sometido el campesino y [la] campesina actualmente en Guatemala, dentro del tema de [la producción de] caña de azúcar. A condiciones [de trabajo] semi esclavas, como se puede ver. Y es muy importante decir que cada vez [los dueños de] las empresas transnacionales de monocultivos, mineras y de hidroeléctricas nos dicen que ellos son la base del desarrollo del país.

• Explotación,• Nueva forma de despojo• Hambre• Miseria• Muerte• Sumisión

Impactos del Modelo de desarrollo Actual


Y, como nos podemos dar cuenta, estos son datos de la Cámara del Agro, la cámara más recalcitrante de terratenientes que existe en el país, que tiene alrededor de 200 años de organización. Muchos de ellos son descendientes de los criollos de 1492.

Ellos tienen acaparadas 570.221 hectáreas de tierra, distribuida entre plantaciones de azúcar, café, banano, hule (goma o caucho), y ganadería, productos que exportan. Pero esa producción no es para el país, sino que principalmente es para exportación. Ellos generan 992.299 empleos: 33.000 en azúcar, y 300.000 en el café, pero estos últimos son temporales, sobre todo en el tiempo de cosecha. En bananos generan 25.000 [empleos], en hule, 20.000, en exportaciones, 185.924 y en ganadería 11.375.

En contraste, actualmente la agricultura familiar campesina está produciendo el 70 por ciento de alimentos que se consumen en Guatemala y ocupa al 38 por ciento de la población económicamente activa, que son 1.9 millones de personas. Entonces, podemos contrastar ese 1.9 millones de personas que hacemos agricultura familiar campesina, que estamos generando empleo, con estos datos que tiene la Cámara del Agro: ¿Cuál es el desarrollo real? ¿El de la Cámara del Agro o el que estamos haciendo con lo poco que tenemos en la economía familiar campesina?

También tenemos que 1.299.377 familias rurales dependen de la actividad agropecuaria y aproximadamente cinco millones se benefician directamente de esta actividad, que contribuye con el 18 por ciento del Producto Interno Bruto [del país]. Y, si hacemos una relación aritmética simple, estamos hablando de que la economía familiar campesina está sosteniendo el presupuesto de inversión en salud y educación. Lo están financiando con lo que estamos generando los campesinos y campesinas en el campo, actualmente.

Por eso reivindicamos seguridad, soberanía alimentaria y agricultura familiar campesina. Nosotros no concebimos una cosa separada de la otra, todo lleva una secuencia. Porque, para el Gobierno, para las entidades estatales, seguridad alimentaria han sido los famosos programas sociales asistencialistas paliativos. La entrega de una bolsa de víveres cada vez que se acuerdan que la gente debe comer o que la gente empieza a reclamar. Un bono seguro que llega cada seis meses y que no ayuda con el sostenimiento familiar. Y así hay un montón de cuestiones asistencialistas.

Productividad de la agricultura

familiar campesina en

Guatemala

CAMAGRO CAMAGRO570,221 Ha. De tierra 992,299 EMPLEOS

AZUCAR 186,000 Ha. Azúcar 33,000CAFÉ 270,000 Ha. Café 300,000BANANO 19,0000 Ha. Banano 25,000HULE 47,499 Ha. Hule 20,000AGEXPRONT 38,260 Ha. Agexpront 185,924GANADERÍA 9,462 Ha. Ganadería 11,375


Entonces, aunque las familias campesinas producen cerca del 70 por ciento [de lo que se consume en el país], son las que más padecen la inseguridad alimentaria. O sea, no quiere decir que con estas plantaciones de hule, de palma, de caña, estemos asegurando tampoco la seguridad alimentaria, que es lo que nos están vendiendo ahora muchos organismos internacionales: “Dejen de reivindicar el tema de lasoberaníayquédenseconel temadeseguridad”.Peroestotampocoaportaa laseguridad alimentaria. Y por eso es [importante] el contrastar esos dos contextos.

En el tema del extractivismo, actualmente en Guatemala éstas son las licencias vigentes totales. Tenemos [que] de reconocimiento no hay ninguna. De exploración, hay 52 licencias, entre materiales de construcción, metálicos y no metálicos. En explotación, ya hay 290 licencias aprobadas. Suman un total de 342 licencias aprobadas. Y actualmente hay 552 solicitudes de licencias, para exploración y explotación sobre todo.

Entonces, decíamos que hay que pensar si realmente esos megaproyectos son los que van a sacar de la pobreza [al país] y si son los que generan desarrollo.

Extractivismo en Guatemala

LICENCIAS VIGENTES Y SOLICITUDES EN TRAMITE POR TIPOSEGÚN CATEGORÍA MINERAL

15 de enero de 2015LICENCIAS VIGENTES TOTALES

Tipo de licenciaCategoría mineral Reconocimiento Exploración Explotación Total

Materiales de construcción 0 1 122 123Minerales metálicos 0 44 35 79 Minerales no metálicos 0 7 133 140TOTAL 0 52 290 342

SOLICITUDES EN TRAMITE TOTALESReconocimiento Exploración Explotación Total

Materiales de construcción 0 51 71 122Metálicos 6 293 21 320No metálicos 0 66 44 110TOTAL 6 410 136 552

Población de los municipios del departamento San MarcosMunicipio Población 7 años

y másPoblación

económicamente activamente

Población económicamente

inactivaSan Miguel Ixtahuacan 21.870 6.399 15.471Concepción Tutuapa 37.452 7.461 29.991Tejutla 21.096 7.153 13.943Ixchiguan 15.783 6.639 9.144Sipacapa 10.518 1.320 9.198

81% actividad agrícola4% industria6 servicios4% comercio


Éstos son municipios de San Marcos, un departamento de Guatemala. Y esto [marcado] de rojo es un municipio donde está funcionando una empresa minera, la mina Marlin; es una concesionaria de GoldCorp. Los otros son municipios aledaños a esa empresa minera. Son datos de USAID y dicen que la población económicamente activa en Sipacapa son 1.320 personas, y que la población económicamente inactiva son 9.198.

¿Entonces, dónde está la generación de fuentes de empleo que las empresas mineras venden en sus campañas publicitarias? Y le prometen al Estado que a través de esa generación de empleos van a sacar del subdesarrollo a estos países. Pero es curiosa la situación porque el 81 por ciento de esta población económicamente activa depende de la actividad agrícola; el 4 por ciento de la industria, que serían los trabajos en la mina, temporales o permanentes; el 6 por ciento de los servicios, y el 4 por ciento del comercio.

Entonces, ahí es [donde surge] la pregunta: ¿Los megaproyectos son fuentes de desarrollo o no?

En Guatemala, actualmente, sólo se invierte en desarrollo rural el 0.4 por ciento del presupuesto nacional. Con eso nos sacamos del subdesarrollo ni a media comunidad.

Pero, como organizaciones campesinas, planteamos alternativas. Ante la desnutrición y miseria, estamos desarrollando tres sistemas agroalimentarios para contribuir a la soberanía y [la] seguridad alimentaria. Y ante la pobreza y [la] pobreza extrema a la que nos han sometido en el campo, estamos implementando tres cadenas productivas. Pero estamos conscientes [de] que sin tierra no puede haber agricultura familiar campesina.

Y por eso decimos que otro modelo es posible si desarrollamos la economía campesina a través de estrategias productivas, formación y capacitación, elaboración e insumos, servicios de microfinanzas, fortalecimiento organizativo e incidencia. Que esto es lo que estamos haciendo actualmente nosotros, como organización.

1. Desarrollo de las Economía Campesinas• Desarrolloeimplementacióndelaestrategiaproductiva • Sistemas Agroalimentarios: Diseñados para reactivar los temas de soberanía y seguridad alimentaria en el territorio y poner a disposición del mercado local los excedentes. SISTEMA MILPA SISTEMA PATIO SISTEMA MIXTO • Cadenas Productivas: Diseñados para aprovechar al máximo el manejo integral de parcelas con rubros para la exportación, no perdiendo en sentido de pertenencia. MACADAMIA TURISMO COMUNITARIO MIEL CAFÉ BIOFERTILIZANTES GRANERO• Formación y Capacitación • En Agroecología y • Agroecología biodinámica • Escuelas campesinas (para adultos, jóvenes) – Diplomado FAUSAC• Elaboración de Insumos • Implementación de biofábrica y elaboración de insumos

Propuestas de las organizaciones

campesinas


Esto es lo que estamos haciendo ahora como CCDA: estamos generando tres sistemas agroalimentarios: Sistema mixto, que es la producción de peces en asocio con tubérculos y otras yerbas nativas que se producen de forma acuática. Sistema Millpa, que nos ha permitido hasta el momento tener una reserva alimentaria para 2.000 a 3.000 familias durante seis meses. Y con la cosecha de este año esperamos tener mil quintales de granos básicos más en reserva como organización.

Estamos produciendo tres cadenas agroalimentarias: café, miel y macadamia. Tenemos una biofábrica de fertilizantes y de insumos orgánicos: abono. Estamos desarrollando turismo comunitario en la cuenca del lago de Atitlán. Estamos generando nuestros propios insumos.

Éste es nuestro centro de capacitación ahora, como organización; está hecho con materiales propios de la región, y fue construido por los socios y socias del CCDA.


Estamos realizando prácticas de cosecha de agua. Estamos buscando la seguridad jurídica del derecho propietario de nuestras comunidades. El tema de formación agroecológica para jóvenes y adultos. Otras alternativas que estamos generando, como campesinos, frente al cambio climático, [son] la agricultura de secano, agroecología, prácticas orgánicas, diversidad, acequia, etcétera. Estamos desarrollando nuestras cadenas productivas.

Además desarrollamos cuestiones de organización. Estamos reivindicando todo lo que estamos haciendo productivo. Pero estamos claros que no lo podemos implementar si no hay tierra. Pero también estamos convencidos de que hay otro modelo de desarrollo posible. Sabemos que con lo poco que estamos haciendo tampoco vamos a salir de la pobreza ni del subdesarrollo. Pero es para demostrar que hay otros modelos de desarrollo posible. Que los pueblos, que las organizaciones campesinas, que los campesinos y campesinas podemos generar nuestros propios modelos de desarrollo.

Dos conclusiones muy puntuales que quedan: una es el reto para el movimiento campesino en Guatemala de unirnos. Si no hay unidad en acción, sin protagonismos, no vamos a poder romper estas estructuras que están dominando actualmente a Guatemala. Y otra de las cuestiones que ahorita nos quedan es organización y lucha. El trabajo que tengamos que hacer para demostrar que, como decíamos, hay otro modelo [de desarrollo] posible que nos lleve a la filosofía que hemos creado dentro de la organización, que le denominamos Utz’ kaslemal, que los pueblos de Sudamérica conocen como el Buen Vivir o el Vivir Bien.

Muchas gracias.

Cosecha de agua


Nicaragua: Tensiones sobre la autonomía comunitaria de la tierra

Gracias por la invitación. Como nuevo socio representante de CADPI, es un honor tener esta primera oportunidad de estar en el Foro. Quiero decir que mi presentación va a ser un poco diferente a lo que se ha dicho aquí. Voy a tratar de reflejar en veinte minutos una historia que viene desde los años 1600, y que nos refleja una situación trágica y de tristeza.

Tengo un reto: que en veinte minutos me comprendan y entiendan lo que estamos viviendo en Nicaragua. Lo que van a escuchar es más parecido a los procesos históricos que vivieron los países insulares del Caribe, que lo que vivieron los países del continente. Me voy a referir al proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas en El Caribe nicaragüense. No puedo hablar por todo Nicaragua porque vamos a ver que El Caribe nicaragüense es como si fuera un país dentro de otro.

La región de la Mosquitia en el Caribe nicaragüense tiene una historia singular: estuvo controlada por el beligerante pueblo Misquito, que mantuvo relaciones comerciales con los ingleses desde 1625, e inclusive firmó un pacto militar con ellos en 1841, en el cual se negaba la pertenencia de esta región y de los Misquito a Nicaragua. Sin embargo, en 1860, Inglaterra, presionada por Estados Unidos, se vio obligada a reconocer dicha pertenencia. En 1987, la revolución sandinista, como parte de las estrategias de pacificación, reconoció a la Mosquitia como Región Autónoma de El Caribe nicaragüense y estableció la propiedad comunal de la tierra a favor de los indígenas. Pero los problemas de la nueva región comenzaron en 1990, cuando la presidenta Violeta Barrios entregó tierras allí a los excombatientes, y se agravaron cuando dirigentes de YATAMA iniciaron procesos de compra-venta para ampliar la frontera agrícola. Denis Mairena llama a esta historia “Proceso de colonización de la costa Caribe”.

Denis MairenaCentro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI) (Nicaragua)


Aquí, en la parte derecha. Considerando lo que hoy es Honduras, en la Mosquitia hondureña y la Mosquitia nicaragüense, todo este territorio estaba bajo el control del pueblo Misquito, que dominó a otros pueblos indígenas que estaban en la zona: el pueblo Rama, el Pueblo Mayagna, Sumo Mayanga, y posteriormente a los Garifonas. E hizo alianzas también.

Quiero indicarles que cuando los españoles llegaron a Centroamérica, entraron a Nicaragua por la parte de Costa Rica. Por esa zona había un cacique que se llamaba Nicarao; por eso el nombre de Nicaragua. Y entraron con la cruz y con la espada: “Otebautizásotemato”.Y[lospueblosoriginarios]setuvieronquebautizar.

Y así [los españoles] conquistaron todo el [litoral] pacífico de Nicaragua. Sin embargo, nunca pudieron entrar a esta zona de la Mosquitia porque la naturaleza, la lluvia, los pantanos, la vegetación, no les permitieron entrar. Y cuando decidieron entrar con la religión, los primeros sacerdotes fueron decapitados y, luego de eso, nunca volvieron.

Sin embargo, los españoles estaban sacando la riqueza de estos países del Sur (la plata del cerro de Potosí). Traficaban por el Caribe, desde Cartagena, donde acumulaban todo y lo llevaban hacia Cuba. Eso hizo que el conflicto que tenían los españoles y los ingleses se trasladara a estas aguas también. Y [los ingleses] se encontraron con los Misquito: un pueblo beligerante. E hicieron una relación, un pacto como de aliados militares con ellos, para contener a los españoles que pasaban por acá.

Los españoles habían atacado la Isla de Providencia, donde ya los británicos se habían asentado y mantenían relaciones comerciales con los Misquito. Y eso hizo

Primeros contactos entre

indígenas Misquitos y

españoles


que el comercio se detuviera y permitió a los británicos hacer esa alianza con los indígenas Misquito.

[Con el tiempo] Esa alianza fue creciendo al grado que el modelo [político] que los Misquito conocieron fue el de la monarquía. Entonces, se creó un reinado de la Mosquitia. Y ésta es la bandera que utilizaban los Misquito en ese tiempo.

Aquí aparece uno de los reyes, Clarence, rodeado de sus asesores. Algunos de estos asesores, más adelante, ya no eran Misquito, sino también afrodescendientes.

Aquí pueden ver una lista desde 1625 hasta 1908, de reyes, que [se] fueron sucediendo en ese territorio. Y fueron apoyados y protegidos por Gran Bretaña, porque los ingleses se habían asentado en la Isla de Providencia. En 1841 los británicos y los Misquito formalizaron un tratado en [el] que [se indica que] están protegidos y que no forman parte de Nicaragua. En esa época, en Nicaragua se desconocía casi la mitad de lo que hoy es el país. El Estado no tenía información [acerca] de lo que estaba ocurriendo al otro lado [de su territorio]. Y los británicos aprovecharon eso para hacer un convenio con los Misquito.

El reino de los mosquitos fue regido por los llamados Reyes Moscos o Jefes, cuya sucesión histórica es la siguiente:

1625–1687 — Oldman1687–1718 — Jeremy I, Rey de la Nación Misquita1718–1729 — S.M. Jeremy II, Rey de la Nación Misquita1729–1739 — S.M. Peter I, Rey de la Nación Misquita1739–1755 — S.M. Edward I, Rey de la Nación Misquita1755–1776 — S.M. George I, Rey de la Nación Misquita1776–1801 — Rey George II Frederic, Rey de la Nación Misquita1801–1824 — S.M. George Frederic Augustus I, Rey de la Nación Misquita1824–1842 — S.M. Robert Charles Frederic, Rey de la Nación Misquita1842–1865 — S.M. George Augustus Frederic II, Rey de la Nación Misquita1865–1879 — S.E. William Henry Clarence, Jefe Hereditario de los Misquitos1879–1888 — S.E. George William Albert Hendy, Jefe Hereditario de los Misquitos1888–1889 — S.E. Andrew Hendy, Jefe Hereditario de los Misquitos1889–1890 — S.E. Jonathan Charles Frederick, Jefe Hereditario de los Misquitos1890–1908 — S.E. Robert Henry Clarence, Jefe Hereditario de los Misquitos (último Rey Mosco)1908–1928 — Robert Frederick, Heredero del reino de Mosquitia


Sin embargo, la creciente nación de los Estados Unidos ya le había puesto ojo a Nicaragua. ¿Por qué? Por lo del famoso canal. Tenemos el río San Juan, que sale de El Caribe, entra hasta el lago de Nicaragua, que es un lago grande, y queda un pequeño estrecho de tierra, que se utilizó por un tiempo para todas las migraciones que venían del Este de los Estados Unidos. Bajaban hasta Nicaragua, cruzaban el río, el lago, pasaban diligencias, y subían hasta California cuando la fiebre del oro. Entonces, los Estados Unidos ya había visualizado [este paso] estratégicamente.

En 1860, Nicaragua y Gran Bretaña firman un acuerdo, presionados por los Estados Unidos. En el acuerdo, Gran Bretaña reconoce la soberanía de Nicaragua sobre el territorio de la Mosquitia. Nicaragua hizo presencia militar [en esta región] 34 años después. Los británicos no salieron inmediatamente, sino que se quedaron más de 30 años.

Y recién en 1905 Gran Bretaña reconoció aquello que había firmado en 1860. Luego, en 1912 tuvimos una invasión de los norteamericanos, porque [en Nicaragua] un presidente liberal comenzó a nacionalizar las empresas norteamericanas de telefonía, de correos, ferroviaria y bancaria. Entonces, en 1912 se da esa invasión para derrocar a ese presidente nacionalizador. Y ahí comienzan 50 años de presencia de la dinastía de los Somoza [en el país].

En esos 50 años, los Misquito nunca reivindicaron ese tratado. Y ese tratado es interesante porque decía “Los pueblos originarios no van a pagar impuestos,no van a prestar servicio militar, y todo su territorio se queda establecido como tierrascomunales,deunacolectividad”.Entonces,elpuebloMisquitopodríatenerautonomía sobre eso, pero lo indicado en el tratado no se respeta por no reclamar ellos su vigencia durante todo ese tiempo.

En el 1979, cuando se da la revolución del Sandinismo y botan a [Anastasio] Somoza [Debayle], entramos a un proceso de guerra, financiado por Ronald Reagan y la CIA. Y fue una guerra intensa, que se proyectó también al El Caribe nicaragüense. El Sandinismo, como mecanismo de pacificación, reivindicó ese tratado y estableció en septiembre de 1987 el estatuto de autonomía para la Región Autónoma de El Caribe nicaragüense. Eso significa que tenemos ahora un poder legislativo regional y un poder ejecutivo regional autonómicos, donde están representados todos los pueblos indígenas de la zona.

Por tanto, ese estatuto no se define como una autonomía indígena, sino como una autonomía multiétnica. ¿Por qué? Porque hay afrodescendientes, que conocemos como Creoles, y Garífunas. Hay cuatro pueblos indígenas, más los mestizos. ¿Qué ha pasado? Con [el] financiamiento del Banco Mundial comenzó un proceso de demarcación y titulación llevado [adelante] por las propias comunidades y [se] permitió que ellos mismos definieran los límites de estos territorios.

Negociaban entre diferentes territorios para definir los límites en función de la historia de uso de los recursos: “Nosotros llegamos a sacar madera hasta aquí,nosotrosllegamosapescarhastaaquí,nosotrosllegamosacultivarhastaaquí”.Yse ponían de acuerdo.

Y se logró delimitar y titular 23 territorios indígenas, que significan un total de 37.657 kilómetros de extensión: más grande que la superficie territorial que ocupa El Salvador y la que ocupa Bélgica. Todo eso está titulado y tiene autonomía, y cada uno de esos territorios tiene [también] su propia autonomía.

Papel de Estados Unidos en el

destino de los Misquito


Pero ¿qué pasa? Eso sucedió en 1987. En 1990 se dio el primer traspaso pacífico de poder en 50 años. Y, como terminó la guerra, alrededor de 80.000 soldados del Ejército, de la Policía, del Ministerio del Interior, de la Contrarrevolución, quedaron desarmados. Y reivindicaron sus derechos a la tierra. Y la [presidenta] Violeta [Barrios de Chamorro] lo primero que hizo fue darles tierra sobre territorios indígenas que ya estaba titulados. Ella fue la primera que violó el estatuto de la Región Autónoma de El Caribe nicaragüense.

Tenemos un caso que quizás todos conocen porque es simbólico a nivel global: “Awastigni”.ElPresidenteArnoldoAlemándiounasconcesiones[aunaempresa]sobre ese terreno y la comunidad Mayangna reclamó en los tribunales locales, regionales y nacionales, hasta que fue a la Corte Interamericana, en donde ganó el caso. La comunidad ganó contra el Estado de Nicaragua. Y en el 2008 recibió el título de propiedad y la empresa que estaba ahí se tuvo que ir. Fue un caso simbólico porque fue el primero, creo, [de este tipo] en toda América Latina. De ahí surgieron otros porque se creó, como dicen los abogados, una jurisprudencia.

Entonces, ¿qué pasa? La comunidad Mayangna obtuvo el título de propiedad, pero hoy ese territorio no tiene capacidad para la siembra. Vamos a ver por qué: hubo, en 2010, ventas ilegales de tierra: 50 abogados registradores fueron investigados y enjuiciados por eso. Y, como forma de protección, el Gobierno estableció un Batallón Ecológico [del Ejército de Nicaragua], para proteger las áreas que estaban en reserva.

Recientemente, dirigentes de YATAMA [Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka o Hijos de la Madre Tierra], que inicialmente era una organización indígena, pero que posteriormente se convirtió en un partido político regional, comenzaron un proceso de compra-venta de tierras sobre terrenos que ya estaban titulados para la colectividad.

Esa situación ha venido creando enfrentamientos alimentados por los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado y a través de la Universidad de Kansas, que tiene un proyecto que no sólo está incidiendo en Nicaragua, sino que lo hizo en Oaxaca, en México, y también en Honduras. Su objetivo es incorporar, por vía de acuerdos o por la fuerza, los territorios indígenas al modelo corporativo transnacional de propiedad privada.

Ojo los hondureños con algo que se llama“Proyecto Minerva”. Se apoya en laFacultad de Antropología de la Universidad de Kansas. Comprobado. Este año, entre julio y agosto, yo personalmente vi a una antropóloga de nombre Laura, esposa del señor Peter Herlihy, entregando dinero para que la gente comprara armas y municiones.

Entonces, comienzan los Misquito a defender sus territorios contra un proceso que es también muy viejo, que viene desde el tiempo de [Anastasio] Somoza, y al que yo llamo El proceso de colonización de la costa Caribe.

Aquí hemos hablado de frontera agrícola, nosotros le llamamos frontera de colonización. Porque frontera agrícola da la impresión de que sólo es [para la siembra del] maíz o la yuca. No. Tiene muchas implicaciones eso de la frontera agrícola: sociales, culturales, económicas, ambientales. Entonces, nosotros le decimos frontera de colonización, un proceso que comenzó desde 1902 en Nicaragua, cuando

Primeros contratiempos

de la Región Autónoma

de El Caribe nicaragüense

Frontera de colonización


el Presidente de ese tiempo envió a los primeros funcionarios del Ministerio de Hacienda y la Aduana a la región de la Misquitia. ¿Para qué? Para cobrar impuestos, violando el acuerdo que había [firmado Nicaragua] con Inglaterra.

En septiembre se celebra en Centroamérica la independencia. Pero la gente de YATAMAllegóalaregiónporesasfechasydijo“Cuando[ocurría]laindependenciaenNicaragua,nosotrosestábamosenotrasituación.Notenemosnadaquecelebrar”.Y atacaron a los niños, rompieron sus tambores. Rompieron algunas puertas de algunas escuelas de la zona de Alamikamba.

Entonces, por el proceso ilegal de compra-venta de tierras que antes mencioné, la Procuraduría General de la República comenzó a investigar [a] síndicos comunitarios, a jueces comunitarios, a abogados registradores públicos, a líderes comunales y a funcionarios del Estado. Hay gente que está presa por eso.

Pero las ventas ilegales a colonos tienen su origen, también, en acciones políticas contradictorias, en programas contradictorios. Por ejemplo, dicen “vamos afomentar la ganadería” y se incrementa, pero ¿a costa de qué?De los bosques.Entonces, son dos políticas contradictorias, ¿no? Conservar el ambiente, conservar los bosques versus fomentar la ganadería. En la región hay una tendencia histórica a la colonización y eso es pues para el desarrollo agroindustrial.

Y como impactos de esas compra-ventas se pueden mencionar la violación de la Ley 28, que es la Ley de Autonomía, y de la Ley 445, que es una Ley sobre Tierras Comunales que indica que no se pueden vender ni embargar y que tienen ese estatus de forma definitiva. Pero también el cambio de uso del suelo, la deforestación, la erosión y la transculturización, principalmente.

Si quieren [establecer] contacto, estamos a la orden para proporcionarles mayor información. Muchas gracias.

Para ir cerrando, quiero agradecer a nuestros panelistas. Han sido presentaciones muy ricas, de contextos que aunque diferentes presentan muchos aspectos similares. Algo que atraviesa estos distintos contextos es el tema de las prioridades del desarrollo. Las cuales, por lo que han mostrado los panelistas, mediante la consigna del interés público o nacional, están afectando derechos de comunidades y de individuos en diversas regiones de cada uno de los países.

Para finalizar este panel, y un poco respecto a lo que nos comentaban José Luis [Freire] y Alcides [Vadillo], pareciera que la discusión pública sobre el extractivismo en nuestros territorios está concentrada en el uso de los recursos financieros que genera para los Estados y gobiernos. Es decir, se salta la discusión respecto al impacto que tiene en la naturaleza y en los bienes comunes, siempre y cuando ese extractivismo vaya a garantizar determinado proyecto político, que se supone un interés mayor, o vaya a beneficiar a la mayoría de los pobladores.

Y parece que se abandona la discusión [acerca] del impacto en los bienes comunes, en la naturaleza y, sobre todo, en las comunidades que están viviendo en los territorios afectados.

Con esto cerramos el panel. Muchísimas gracias a nuestros expositores.

Javier Medina

123

La acción de las comunidades campesinas e indígenas frente a los procesos de transformaciones agrarias

Coloquio:

Participantes: Bolivia: Oscar Bazoberry, Coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)

Bolivia: María Luisa Patiño Piza, Diputada campesina y presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia (MAS)

Guatemala: Telma Cabrera, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)

Honduras: María Alicia Calle, Unión de Mujeres Campesinas de Honduras

Moderador: Tuffí Aré, Jefe de redacción del periódico El Deber


— Tuffí Aré

Muchas gracias, buenas tardes. Saludar ante todo a la mujer rural en su día. Y agradecer a la Fundación Tierra, a los organizadores de este importante Foro de la Tierra aquí en Santa Cruz. Dar la bienvenida también a todos los visitantes: de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Argentina, todos los que nos visitan. Si olvido alguno, mil disculpas. Bienvenidos a Santa Cruz.

Hablaremos de este tema que es “La acción de las comunidades campesinas eindígenasfrentealosprocesosdetransformacionesagrarias”,tratandodeestablecersimilitudes y de detectar posibles disensos. Además, trataremos de rescatar, si existen por supuesto, similitudes entre realidades como la boliviana, la guatemalteca o la hondureña, que están aquí [representadas] en este coloquio. Y tenemos el privilegio de tener una mayoría femenina [en este coloquio], precisamente en este Día de la Mujer Rural.

Estableceremos un diálogo donde ninguno de los participantes tendrá un tiempo definido, totalmente abierto. Los participantes pueden replicar, complementar, preguntarse también a lo mejor entre ustedes. Trataré de introducir algunas temáticas que pudieran darnos un poco de dinámica en este coloquio. Y al final, si nos [lo] permite el tiempo, trataremos también de que el auditorio pueda también participar con dos o tres intervenciones.

Bueno, quiero comenzar con Oscar Bazoberry, que es Coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, hablando de una discusión que parecería que se está dando en Bolivia: cuánto de real y profundo es el proceso de transformación agraria.

El actual Gobierno, a través del Vicepresidente, ha dicho que hay una nueva estructura de propiedad de la tierra en Bolivia. Que si antes 39 millones de hectáreas estaban en propiedad de la gran y mediana empresa agropecuaria, ahora tan sólo cuatro millones de esa propiedad están en sus manos, invirtiéndose la [relación en la distribución de la] superficie, pues antes cuatro millones de hectáreas estaban en manos de pequeñas comunidades campesinas e indígenas, y ahora más de 30 millones de hectáreas estarían en manos de ellas.

¿Cuánto de real son esas cifras, Óscar? ¿Cuánto de real es este concepto de que ya hay una nueva estructura de propiedad en Bolivia a partir del proceso que se inaugura con el gobierno de Evo Morales?

— Oscar Bazoberry

Bueno, muchas gracias. [Quiero] Saludar a todos. Bueno, yo creo que hemos tenido en nuestra historia varios procesos de transformaciones de las estructuras agrarias. No entendidas sólo como propiedad o como sistemas productivos, sino como un conjunto más amplio, como escuchamos en las disertaciones de hoy día, que tienen que ver con política, con tecnología, con mercado y con el Estado.

Esto es importante porque a veces la memoria es corta. Y hay que recordar que antes del 53, antes de la Reforma Agraria, en este país había personas que tenían tres o cuatro millones de hectáreas, como los Patiño, que eran dueños prácticamente del Chapare. O las estancias de producción de goma en el Oriente de Bolivia; la

125Coloquio: La acción de las comuniades campesinas e indígenas

Casa Suárez tenía como siete millones de hectáreas y unos sistemas de patronazgo horrorosos. Luego, vivimos un proceso que llamamos de campesinización, donde la propiedad familiar y la propiedad comunitaria se asentó durante un largo periodo.

Y de ahí yo creo que el hecho más importante es el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen en los años noventa. Me parece, efectivamente, que en 2006, con esta Ley de Reconducción Comunitaria, hay un proceso de reforma que da lugar a una transformación productiva. Sin embargo, yo creo que las transformaciones productivas tienen que ver con muchos elementos no sólo políticos. Tienen que ver con las capacidades mismas de las gentes [sic] dónde están ubicadas y todo esto.

No nos olvidemos que en Bolivia, éste es un dato importante, hoy hay más personas en el área rural que en los años cincuenta, cuando se consideraba que teníamos 1.700.000 personas en el área rural, aunque esto significaba en ese entonces el 70 por ciento de la población. Hoy hay 3.500.000 personas. Hoy hay más comunidades que hace 50 años y eso les da otra capacidad.

Y en el reconocimiento de los territorios indígenas, efectivamente, ocurre que hoy hay más tierras tituladas en manos de comunidades campesinas e indígenas. Y a esto hay que agregarle un factor político importante, que es la descentralización municipal. Que no [la] hemos discutido aquí [en el Foro]. Aquí hemos visto, el día de hoy, el [papel del] Estado en su nivel central, en ese su nivel político. Pero si uno ve los procesos de descentralización en todos nuestros países, hay más poder también.

Y creo que es importante. Hay un equilibrio. Yo soy un optimista, por supuesto, y creo que [las comunidades indígenas y campesinas] están produciendo más. Hay más organización y, efectivamente, hay más capacidad de movilización. Si esto se atribuye a un solo factor político, al gobierno de Evo Morales, creo que sería reducir la mirada histórica de las luchas campesinas [e] indígenas de este país y su posibilidad de proyección a futuro.

— Tuffí Aré

Óscar, para cerrar esta pregunta, [vuelvo a] las cifras: ¿cuánto de cierto es que se ha recortado la gran y mediana propiedad en Bolivia y cuánto es de real que se ha aumentado a 38, 39 millones de hectáreas la propiedad de comunidades indígenas y campesinas?

— Oscar Bazoberry

Bueno, yo conozco datos muy concretos [de] que se han recortado propiedades de 50.000 hectáreas que han terminado en [fracciones de] 3.000 y 4.000 hectáreas. Efectivamente hay un proceso de recorte, desde mi punto de vista. También hay trampa, como vimos en los otros debates. También hay abogados que han intentado fraccionar algunas propiedades para titularlas para empresas de hidrocarburos. O sea, también hay esta otra cara, digamos.

Lo que yo podría decir es que no tenemos datos. Éste es uno, quizás, de los problemas más grandes que enfrentamos en esta gestión gubernamental: hemos perdido la posibilidad de acceder a datos ciertos. Creo que es una pena porque no sólo no tenemos datos de tierra. Fijate, en el Censo Agropecuario ya ha sido el


2002 y hasta hoy no tenemos datos reales sobre los que podamos, con toda certeza, hacer este tipo de afirmaciones. Pero sí creo que hay más tierra titulada.

— Tuffí Aré

¿Y de dónde salen los datos que menciona el Vicepresidente?

— Oscar Bazoberry

Habría que preguntarle al Vicepresidente. Pero yo creo que sería bueno que todos tengamos la misma base de datos, la misma información porque, si no, [se] causa muchas dudas. Creo que no hay una correspondencia entre los avances de las poblaciones campesinas e indígenas en propiedad de la tierra en poder local con, por ejemplo, su participación en el diseño de las macro políticas productivas del país: [en] esto de la expansión de la frontera agrícola, [en] esto de las diez millones de hectáreas. Es una locura.

— Tuffí Aré

Quisiera tocar en la segunda ronda ese tema del planteamiento de aumentar de tres millones de hectáreas a trece millones hasta el 2025, [lo] que ha dicho el Gobierno actual, en la perspectiva de consolidar lo que se llama la seguridad alimentaria.

Quiero aprovechar, antes de darles la palabra a nuestras visitantes, que está presente la Presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, la Diputada María Luisa Patiño, actora clave en el tema de transformación agraria en Bolivia, para aclarar esto. Diputada, ¿es cierto que no hay datos? ¿De dónde salen estos 38 millones de hectáreas que formarían parte ya de la propiedad de las comunidades indígenas y campesinas? ¿Y cuánto de real ha sido la profundidad del proceso de Reforma Agraria que ha llevado adelante el gobierno actual en Bolivia?

— María Luisa Patiño Piza

Bueno, primeramente agradecer a la Fundación Tierra y a las organizaciones que auspician este evento del Foro de la Tierra. Saludar a nuestras hermanas, hoy en su día, del área rural, un jallalla, un kausachun, un yandereco. Primeramente, [quiero] presentarme: soy Diputada nacional del MAS, represento a la Federación Única de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Y para mí la problemática de la tierra, desde el 53, ha surgido por no tener ese empoderamiento del acceso de la tierra hacia las mujeres. Hoy, [en] las reivindicaciones y luchas sobre tierra y territorio nos hemos referido a plantear programas estratégicos mediante la organización constituida en los nueve departamentos, al acceso gratuito de la tierra.

Dentro de lo que existe [en] las transformaciones y [lo referido a] la Ley 1715 [Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, de 1996], que es ambigua, hoy planteamos aún no reformar[la]. Sino construir una nueva Ley que de forma equitativa y equilibrada dé un complemento a que todos tengan el acceso a la tierra. Y para nosotros más que todo, mujeres arquitectas, economistas, pese a que no soy una economista, pero sabemos que la tierra es parte de la forma y la vivencia y la necesidad que tenemos como mujeres comunitarias.


Soy portavoz también para que se pueda llevar el Censo Agropecuario, soy partícipe en eso, porque es importante saber [lo] que era antes un tema complejo: por qué íbamos al Censo Agropecuario, para poder ver cuánta cantidad está de tierra disponible en manos de latifundistas.

— Tuffí Aré

¿Coincide, entonces, usted en que no hay una cifra oficial en este momento y que es necesario un Censo Agropecuario para poder establecerla?


Obviamente, ya se hizo, pero no tenemos todavía los datos. Es [para] tener [claro] en cuántas manos también está el acceso de la tierra hacia las mujeres, hombres también, de forma equilibrada. Y cuánta cantidad de tierra fiscal [hay] disponible y no disponible. No tenemos datos, pero estamos tratando de que esa reivindicación también [llegue], para complementar a las leyes que de verdad van a venir de forma consensuada y a la consulta de las organizaciones campesinas e indígenas.

— Tuffí Aré

A propósito de la propuesta de una nueva Ley que usted está mencionando en este momento, usted tiene un rol político muy importante, y tiene seguramente la capacidad de gestionarla como legisladora. ¿Cuál es la voluntad política real del Gobierno de aprobar cuanto antes, o en qué tiempo, esa nueva Ley? No le pregunto todavía qué plantearía de reforma esa Ley. Primeramente si existe la voluntad política y si existe ya algún plazo establecido para llevar adelante la aprobación de esa nueva Ley.


Bueno, se está trabajando porque las transformaciones de esta Ley tienen que ir complementadas, tienen que ser complejas. Tienen que ir, como hace rato decía, reivindicadas y equilibradas y equitativamente. Hace rato decíamos “hemosrecuperadounsinfíndehectáreas”,peronosonsuficientes.Latierranocrece,ladensidad demográfica sí. Y en eso creo que somos un país que ha reivindicado las luchas. Mujeres que hemos dado nuestra vida por tener acceso a un pedazo de tierra, para poder transformar también la frontera agrícola, hoy constituida en la Ley 144 de Revolución Productiva [Comunitaria Agropecuaria], pero que también sea ecológica. Ese es el punto de vista de nosotros en un plano estratégico, que debemos llegar a la producción comunitaria.

— Tuffí Aré

Perdón, ¿hay la voluntad política del Partido de Gobierno para llevar adelante esta nueva Ley?


Obviamente, los sectores sociales…

— Tuffí Aré

¿Y en qué plazo de tiempo se podría ?



Bueno, se está trabajando con las confederaciones, organizaciones sociales, quienes van a plantear [su propuesta], en la medida de mitigar este problema de la tierra.

— Tuffí Aré

¿Y hay algunos proyectos?


Se está trabajando hace dos años, pero aún falta complementar artículos.

— Tuffí Aré

¿Ya hay algún anteproyecto por lo menos?


Hay ya un anteproyecto.

— Tuffí Aré

¿Estamos hablando de [en] qué tiempo podría incorporarse al debate parlamentario?


Bueno, yo pienso que en el tercer año de gestión porque hay que complementar no solamente el tema tierra. Se toma la soberanía alimentaria. Hay que tomar el medioambiente. Usted sabe que hay que trabajar en el tema agroambiental también. Son muchos temas que hay que incluir. También la toma de decisiones de las organizaciones sociales en el tema de su libre determinación. Siempre introduciendo artículos que no vayan fuera de la Carta Magna que es la Constitución.

— Tuffí Aré

Muy bien. Nos vamos a trasladar a Guatemala con Telma Cabrera, para conocer cuál es el nivel de profundidad que han tenido las transformaciones agrarias en su país. ¿Cuánto han resuelto estas transformaciones agrarias el problema de inequidad de acceso a la propiedad de la tierra, sobre todo, a favor de las comunidades indígenas y campesinas? ¿O hay actualmente un proceso incompleto o no satisfecho para las comunidades campesinas?

— Telma Cabrera

Buenas tardes a todos los presentes. Un saludo a todas las mujeres del mundo en el Día de la Mujer Rural. Y entender, hermanas mujeres, de que la lucha de nosotras las mujeres es para una transformación. Identificar que tenemos un enemigo que es grande: el sistema capitalista. Y por esa razón, saludamos y aplaudimos porque muchas mujeres estamos al frente de nuestros movimientos en diferentes pueblos.

Bueno, soy de Guatemala, [de] CODECA: Comité de Desarrollo Campesino. Soy Maya Mam. Somos una organización campesina e indígena que defendemos derechos colectivos e individuales desde nuestros territorios. Una organización altamente criminalizada y perseguida por defender la vida de nuestros pueblos.


Para responder la pregunta, agradezco este espacio, porque muchos avances podemos escuchar en teoría, pero la práctica es otra. En mi país, si hablamos sobre el tema [de] acceso de a la tierra, admiramos los pasos que han dado otros países. Pero, en Guatemala, todavía estamos lejos. Tuvimos diez años de primavera, pero esto fue derrocado.

Y hablar de [acceso a] un pedazo de tierra no está garantizado. Si los acuerdos de paz se hubiera[n] convertido en leyes, estos derechos de nosotros como pueblos hubiera[n] tenido avances. En Guatemala, el cerebro de los poderosos fue implementar la privatización, dispersar a nuestros pueblos y utilizar los acuerdos de paz en contra de los pueblos indígenas, instalar un mercado de tierra y hacer compras de tierras alterando precios. Por lo tanto, fue creando un endeudamiento en lugar de satisfacer las necesidades de nosotros como pueblos.

En Guatemala, no se puede solucionar el tema de la tierra mientras tenemos un gobierno del sistema capitalista. Nosotros, como movimiento indígena y campesino, soñamos con una Reforma Agraria. Y estamos claro[s] que esto va a llevar procesos, pero tenemos la fe [de] que sí vamos a lograr[lo] para el bienestar y [para] darle otra forma de vida a nuestros hijos y nietos.

En este caso, como CODECA, acompañamos las demandas sobre lo que es el acceso a la tierra. Sabemos que no se va a solucionar. Es endeudar a la población. Pero si es demanda de nuestra gente, tenemos que acompañarlo y asumirlo. Pero también estamos trabajando sobre procesos más de largo plazo. Estamos trabajando desde el 2011 sobre lo que es la construcción de un proceso constituyente, popular y plurinacional. Ya que sabemos que si el Derecho a la Tierra no se plasma en leyes, aunque es legítimo, no se puede lograr. Por eso iniciamos ese proceso a través de capacitaciones, formación política, charlas en las comunidades.

Bueno, ante este escenario nacional, que todos es de su conocimiento que está pasando en Guatemala, en el mes de mayo organizamos una manifestación masiva, ya que como movimiento tenemos una cobertura en veinte departamentos del país. Cuando queremos paralizar el país, no asustamos con petate de muerto, vamos a la práctica. Esto [la demanda de una proceso constituyente] nosotros pusimos en el escenario nacional, para hacer el llamado al pueblo. Mientras nos unimos, podemos lograr avances. Pero tenemos que partir de la organización y la unidad para lograr esos avances.

— Tuffí Aré

Perdón que la interrumpa, Telma, usted ha puesto como uno de los límites para una transformación real de la política agraria en Guatemala al orden político actual, un go-bierno capitalista. Y ha mencionado usted la capacidad de movilización que tienen las organizaciones campesinas e indígenas. Sin embargo, ¿se está haciendo algo más que la movilización para un empoderamiento político más real? Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de la construcción de un instrumento político para llegar al poder.

— Telma Cabrera

Así es. Justamente a eso quiero llegar cuando hablo de un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Porque tenemos que partir desde abajo


para arriba. Y por esta razón valoro bastante este intercambio de experiencia, y mayormente acá, con nuestros hermanos de Bolivia. Porque nosotros sabemos que esto está, sabemos que ya lo iniciamos, pero ¿cuándo va a concluir? Que ese es el llamado que hacemos al pueblo y también es el apoyo que nosotros necesitamos de los pueblos que ya están en esos procesos. Porque también sabemos que la derecha no va a descansar para ponernos obstáculos ante el pensamiento de transformación que nosotros apuntamos.

— Tuffí Aré

Guatemala va a vivir un proceso eleccionario. ¿Hay alguna participación de las comunidades campesinas indígenas en este proceso de elecciones? ¿Van a apoyar a alguien para el empoderamiento propio?

— Telma Cabrera

En el término político electoral, no. El contexto de Guatemala es muy crítico. En la primera vuelta nosotros, como pueblos indígenas, no tenemos ninguna alternativa. Nuestro posicionamiento político como movimiento campesino e indígena, viendo la negatividad del respaldo, nosotros como CODECA, construimos la URNG [Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca]. Tenemos una definición política ideológica de izquierda, porque sabemos que sólo hay pobres y ricos. Y aquí tenemos que decirlo por su nombre. Y aunque vamos a tener que sacrificar hasta nuestras vidas, hasta el encarcelamiento de compañeros defensores [como] presos políticos.

En este caso, nosotros éramos partícipes, pero cuando nos dimos cuenta que los espacios nunca se abrieron para el movimiento social, como CODECA, tuvimos que tomar una decisión. Porque los diputados [que nos representaban], dos diputados únicamente, que estaban en el [poder] Legislativo cuando se habló de la deuda, cuando se habló de telecomunicaciones, leyes lesivas en contra de los pueblos, éstos no dijeron nada. Fueron cooptados.

Entonces, tuvimos que tomar la decisión de que tenemos que iniciar un proceso para construir esa herramienta que sea de nosotros, los pueblos. Porque en Guatemala lossupuestosllamados“deizquierda”tienendueño.Entonces,asínovaafuncionar.Nosotros estamos trabajando para tener una iniciativa desde nuestros pueblos, y tenemos que ver quién es la persona que nos va a representar como pueblo. Y no como actualmente ahorita [sucede].

Y con esto concluyo: en la segunda vuelta no tenemos ninguna opción. Detrás del comediante que hoy va en la segunda vuelta están los militares que ocasionaron masacres, comunidades arrasadas de nuestros pueblos. Muchas vidas quedaron destrozadas a raíz de esta violencia. En este caso, sabemos nosotros que la situación no cambia en Guatemala.

En la guerra, pues, hubo estructuras en donde puedo asegurarles y decir: estaba el sindicado que ahora está preso, [el ex Presidente] Otto Pérez Molina. Y es una historia de la que fuimos partícipes, al exigir que los corruptos vayan a la cárcel y devuelvan el dinero robado. Esa estructura sólo se cambió de nombre porque ahora es otra cofradía. Y va en la segunda vuelta. Utilizan a un payaso, pero detrás están los militares.


Ahora, quiero decirles: yo, como Telma, Maya Mam, desde mis limitaciones, yo no tengo un nivel académico, pero estoy segura de que la letra no es lo que hace a la persona, sino es la conciencia, es el sentir hacia el pueblo. En Guatemala la UNE [Unidad Nacional de la Esperanza] está representada por Sandra Torres. Es una mujer, pero no por ser mujer nos vamos a dejar arrastrar como pueblos y mujeres para que nos utilicen para bandera política, no. En este caso, Sandra Torres va, pero va [también] un empresario, Mario Leal, detrás. Y nosotros estamos dando acompañamiento a compañeros que trabajan en una finca que se llama La Soledad en Suchitepéquez, [y sabemos] que él [Mario Leal] ha violado los derechos laborales de nuestros hermanos.

Entonces, ¿qué diferencia hay entre el explotador y el militar? No tenemos ninguna opción. Por esa razón, fijamos nuestro posicionamiento político en este contexto.

— Tuffí Aré

Muy bien. Gracias. Tal vez nos hemos salido un poco del tema, pero es importante por la coyuntura. Gracias, Telma, es importante porque es casi indivisible la lucha política del derecho al acceso a la tierra. Y usted nos ha mostrado una panorámica muy rica informativamente para quienes vemos desde muy lejos la realidad política de Guatemala.

Vamos a irnos a Honduras, con María Alicia Calle de la Unión de Mujeres Campesinas de Honduras. María Alicia, usted ha escuchado a Telma plantear la admiración que tiene por el avance del proceso de políticas agrarias de cambio en algunos de los países que están aquí presentes. Y también ha escuchado una [charla] previa de lo que es Bolivia y los avances que ha logrado el país. Lo ha repasado Óscar [Bazoberry] de manera rápida, y también la Diputada, además de [plantear] una proyección de las políticas.

¿Cuál es la situación de Honduras en este sentido, respecto a Guatemala, por ejemplo, donde el movimiento campesino está planteando una asamblea constituyente? En Bolivia ya vivimos la asamblea constituyente. ¿Cuál es la situación de Honduras en orden al avance de transformaciones reales en políticas agrarias?

— María Alicia Calle

Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo para aquellas mujeres que están en el campo, y que hoy es nuestro día. Yo quiero decir que todos aspiramos a tener transformaciones en nuestras vidas. No sólo en la Reforma Agraria, sino que también en nuestras vidas. Y los problemas de Guatemala son similares a los de Honduras.

Nosotros tuvimos una Ley de Reforma Agraria en los setenta porque el gobierno, en aquellos tiempos, tuvo miedo de que estaban en guerra Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Era un gobierno militar y pensó que Honduras también se podía revelar. Y fue así que quitó las tierras a algunos terratenientes, prestadas en aquellos tiempos. Y nos dio las tierras a los campesinos.

Pero eso también fue un problema porque hay compañeros que tienen 40 o 45 años de poseer tierras que le[s] dieron en aquellos tiempos y todavía no han podido ser tituladas. Eso, para nosotros, es un problema muy grave. Después de los setenta


han surgido decretos para ir paliando un poco la ansiedad de nosotros de tener un título de propiedad. Y eso, pues, ha sido difícil.

Luego, tenemos una Ley de Reforma Agraria. En el 92, vienen los gringos e imponen una Ley de Modernización Agrícola. Esa ley vino a enterrar las causales de afectación que podía haber en nuestra ley, que fue emitida en el 62. Los procesos de Reforma Agraria en nuestro país han sido de dolor, muerte, sangre, presos y muchas cosas. Entonces, es como un reto todavía muy fuerte para nosotros porque ahora, después de 40 o 45 años, han aparecido dueños de las tierras y están desalojando [a los campesinos]. Desalojos brutales ha habido en nuestro país.

Entonces, hemos hecho la lucha, como movimiento campesino. Hemos seguido recuperando tierras, pero también eso ha sido un grave problema para nosotros. ¿Por qué ha sido un grave problema? Porque pensar ahora en recuperar un pedazo de tierra es muerte. Ya no le meten preso [a uno], sino que es muerte. Y la tierra está en [manos de] unos diez o quince terratenientes.

— Tuffí Aré

¿Se conocen cifras de la superficie agraria de Honduras? ¿Cuál es porcentaje de propiedad en manos de los grandes empresarios en relación a las comunidades campesinas?


Toditas las tierras que están en la Costa Norte, que son las mejores tierras, el 40 por ciento que es [de vocación] agrícola, le aseguro que está en pocas manos. Nosotros estamos en las laderas. [A] Los campesinos les dieron tierras en las laderas. Los grandes ganaderos, terratenientes, se quedaron en las tierras planas. Esos tienen palma africana, tienen ganaderías, tienen de todo sembrado. Pero nosotros todavíanotenemosunrespaldopolítico,quenosdigaanosotros:“puesestoesdeustedes”.

En 2006 llega un gobierno liberal y nosotros, [en] la primera reunión que tuvimos con él, le dijimos “nosotros, señor, necesitamos que nos titulen las tierras queestán ya en las manos de los campesinos”. Él dijo “vámonos a un Decreto”. Ynace el Decreto 18/2008. El mismo titularía unas 50.000 hectáreas, pero con un compromiso: que el gobierno tenía que pagar esas tierras. Luego, viene el Golpe de Estado. Demolieron el Decreto y los campesinos quedaron con las deudas fuertes de la tierra.

Entonces, ahora, ¿qué sucede? [Lo establecido por] El Decreto terminó y los campesinos están volviendo a ser desalojados de sus tierras. Y esas eran las tierras [ocupadas por cerca] de 40 y 45 años.

Bueno, hablando también del tema de nosotras, como mujeres: no tuvimos derecho a un pedazo de tierra en aquel tiempo. Fuimos mujeres que estuvimos en los operativos y ni aun en la historia se escribe que participamos. Y éramos las que estábamos a las cuatro de la mañana al frente de los militares cuando desalojaban los grupos. Éramos nosotras las que enfrentábamos [esa situación], con nuestros hijos. Y ni siquiera se escribe la historia de la participación de la mujer en los procesos de reforma agraria.


Entonces, eso nos ha limitado y nos ha llevado a pensar en que teníamos que organizarnos, como mujeres. Porque al lado de nuestros compañeros varones nunca tuvimos opción de tener ni derecho tan siquiera a que el título saliera a favor de los dos. Entonces, cuando vino la Ley de Modernización Agrícola, los hombres vendieron su tierra y no se acordaron de aquella mujer que les había ayudado a recuperar esa tierra en aquellos tiempos. Los hombres se llevaron las mejores mujeres bonitas que hallaron, una en cada pierna, y con su buen carro porque habían vendido las tierras. Y la mujer chorreada que estaba en su casa, esa no tuvo derecho a nada.

Entonces, por eso nace la organización que se llama Unión de Mujeres Campesinas, y la indignación de nosotras es cuando vemos que nosotros no tenemos derechos. Entonces pensamos en que teníamos que organizarnos. Y estamos dando la pelea por la tierra.

— Tuffí Aré

Voy a hacer una ronda final para acabar el coloquio. Quiero preguntarle a Óscar, porque quedó un poco incompleto este tema de la propuesta de aumentar o desarrollar una expansión agrícola que pase de tres millones de hectáreas que hay ahora a trece millones aproximadamente. ¿Qué riesgos trae eso? ¿Qué significa en materia, o no, de un retroceso hacia una política agraria conservacionista, si vale el término? ¿Y, además, qué opina usted del anuncio que nos ha hecho la Diputada de que se estaría gestando una nueva Ley Agrícola [de tierras] en el plazo de tres años? No nos la ha descrito mucho, quizás en la próxima intervención nos [la] podrá detallar. ¿Qué cree usted que debería incorporar esa ley?

— Oscar Bazoberry

Bueno, primero, lo de los trece millones de hectáreas es inviable. Físicamente, es imposible de hacer. He sacado un cálculo: habría que deforestar 2.400 hectáreas al día. Imaginate la cantidad de maquinaria, obreros, diésel y todo lo que esto implicaría. Es imposible. No es una propuesta seria.

En segundo lugar, yo creo que lo que nos une a los países que estamos [representados] aquí es que no consideramos que esta vía de desarrollo agroindustrial sea la adecuada. Y esto por varias razones: nos hace más dependientes a las semillas, a las tecnologías, a los mercados. Genera plata, esto es verdad. La forma más fácil de generar plata en nuestros países es implementar agricultura mecanizada, meterle maquinaria, meterle insumos, porque es muy rápido, es un ciclo muy corto de la economía. Entonces, cuando los gobiernos están desesperados, vamos a la agricultura.

Pero tenemos ejemplos como [el de] Paraguay, que fue el país que teóricamente creció más. Sin embargo, yo diría [que] es el que menos se desarrolló. En los índices de pobreza, Bolivia pasaba a Paraguay y éste implementó una política agraria muy agresiva.

En segundo lugar, a los propios, digamos, actores de la agroindustria no les es un buen negocio. Y esto no [lo] estamos hablando muy seriamente. Muchos de ellos terminan quebrados con los bancos, quebrados en sus familias, en sus propias vidas.


Terminan siendo esclavos de las empresas que venden agroquímicos, etcétera. Y al final, todo este daño que terminan haciendo es para tener una camioneta.

Y pasado el tiempo, no es sostenible. No es sostenible ni siquiera en el corto plazo. Entonces, ahí hay un problema muy serio de sostenibilidad. Y, al final, quizás estos [actores] que se benefician menos son los más agresivos. Y esto es curioso: quien mató a Chico Mendes no era un gran empresario brasileño, era un señor que era hacendado.

— Tuffí Aré

Es inviable [la expansión agrícola a trece millones de hectáreas] es la respuesta, contundente.

— Oscar Bazoberry

Es inviable y es innecesario.

— Tuffí Aré

¿Se debería mantener en tres millones [la extensión de tierra destinada a la agricultura]?

— Oscar Bazoberry

Yo creo que, históricamente, sí. Somos uno de los países que menos densidad poblacional tiene en el mundo. Estamos entre los 15 con menos densidad poblacional. Tenemos más de cien millones de hectáreas y apenas once millones de personas. [La idea de la expansión agrícola] De seguridad alimentaria, no tiene nada que ver. De soberanía alimentaria, menos, porque nos va a volver más dependientes. En este país, no hacemos un tornillo de tractor. Hacer agroindustria aquí es muy diferente a hacerla en el Brasil. Vamos a terminar siendo dependientes de la tecnología brasileña, de sus semillas, de sus mercados.

— Tuffí Aré

¿La alternativa es mejorar la productividad?

— Oscar Bazoberry

Depende qué se entiende por productividad. Si por productividad se entiende solamente incrementar volumen por superficie, no creo que sea la alternativa. La productividad tiene que ser medida con una variable muy compleja que incluso vea los riesgos ambientales y los pasivos ambientales que deja la agricultura. Si medimos la productividad, yo estoy seguro, y hay estudios en Brasil y en varios países, [acerca de] que la productividad campesina-indígena es superior a la productividad agroindustrial.

— Tuffí Aré

[En cuanto a] La nueva Ley Agropecuaria que plantea la Diputada…

— Oscar Bazoberry

Yo quería decirle a la Diputada: hoy Bolivia, y para los que vienen de fuera, tiene


una Ley bellísima. Hay que conocerla. Nosotros tenemos la figura de la Reversión. No es como en el caso de Uruguay o la Argentina o Paraguay, donde hay que pagar millonadas a los empresarios por la tierra. Aquí se puede revertir la tierra por daño ecológico, por problemas laborales, se puede revertir por varias figuras. Y en nuestra Ley la tierra fiscal, del Estado, no se puede volver a entregar en propiedad privada. Nuestra Constitución Política del Estado dice que esta tierra, necesariamente, debe entregarse en título colectivo. Ésta es una Ley excepcional.

Yo no estoy muy convencido, Diputada, de que haya las condiciones políticas para abrir una reforma legal, porque abrir la posibilidad de una reforma legal [implica que] no sabes en qué va a terminar. Y en una de esas sacrificamos algunos avances que nos van a hacer retroceder, justamente en esta perspectiva de ampliar la frontera agrícola. Hoy día Alcides Vadillo nos recordaba que nuestro país tiene una vocación forestal más que agrícola. Y nos daban ejemplos, de alguna manera, cómo haciendo un buen uso de nuestros recursos forestales quizás nos beneficiamos más como país que poniéndolos a disposición de la agroindustria y de los cultivos de soya y otros. Que [en ese ámbito] no somos competitivos si nos ponemos a competir con el Paraguay, con la Argentina, con el Brasil.

No tenemos condiciones físicas por más que hagamos carreteras, pongamos trenes. Si no nos inventamos un río para sacar [la producción] por buques, no tiene sentido. Vamos a subvencionar la producción de soya para poder salir al mercado internacional.

— Tuffí Aré

Diputada María Luisa Patiño, usted ha escuchado el criterio en relación a este objetivo de expandir la frontera agrícola de tres millones [de hectáreas] a trece, lo ha planteado el gobierno actual en función de consolidar la seguridad alimentaria. El señor Bazoberry considera que es inviable la propuesta, que mejor sería mantener la superficie actual y buscar otro tipo de alternativa. Esto de seguridad alimentaria y de soberanía [alimentaria] a veces, más bien, se pone en riesgo, para una población de más de diez millones de habitantes. ¿Cuál es su criterio al respecto?

— María Luisa Patiño

Bueno, creo que, hermano, no hay que ser mezquino ni egoísta. Las transformaciones en Bolivia, gracias a las reivindicaciones sociales para nosotros, más que todo como mujeres, el empoderar el acceso a la tierra, esa es nuestra visión estratégica, más o menos, para poder trabajar en una frontera agrícola. No en una seguridad alimentaria, sino en una soberanía alimentaria, donde se diversifique la agricultura ecológica y orgánica.

A veces no creer es términos de complejo y yo le voy a decir: las grandes soluciones están en hombres y mujeres. Antes, nosotros como mujeres protestábamos en las calles. Hoy, hacemos las propuestas, que no es un término de complejos, sino que tiene que ser un avance a transformaciones políticas, sociales y territoriales. Y para nosotros es bien importante.

Y creo que la solución va a llegar transformando este Estado. Proponiendo artículos que vengan implementados a la Constitución.


— Tuffí Aré

Diputada, entonces, usted ve viable el aumentar de tres a trece millones de hectáreas [la frontera agrícola], sin ningún tipo de riesgo.

— María Luisa Patiño

Obviamente,noestamosaquíparatenercomplejosydecir“no,nova”.Tenemosqueser en un término que avancemos más que todo, y ver realidades y transformaciones en un estado [en el] que ya hemos avanzado. Y por eso yo le digo: en la mayor parte de lo que avancemos en la Asamblea, estamos alrededor del 50 por ciento de mujeres, campesinas más que todo, viendo realidades comunes. Porque nosotros vamos a generar una construcción agraria. No una reforma.

Por eso es que queremos implementar [esta propuesta]. Y desde la base campesina, desde el liderazgo campesino, desde la visión campesina, anteriormente había desigualdades. Hoy, queremos la igualdad para todos y todas.

— Tuffí Aré

Óscar, si quiere usted complementar o replicar algo, le ofrezco el micrófono. Si no, pasamos a Telma nuevamente, para una última intervención. Telma, usted ha hablado de una demanda muy puntual, que es la asamblea constituyente en Guatemala. ¿Cuál sería la principal bandera de lucha de las mujeres campesinas de Guatemala para incorporar en esa asamblea constituyente, sobre todo [en lo] vinculado al tema tierra?

— Telma Cabrera

Bueno, dentro de esto, el principal [tema] es la tierra, porque hay marcos jurídicos que están establecidos en papeles, pero no se cumplen. Específicamente, [nuestro objetivo] va enfocado hacia la lucha legítima por la tierra, porque vemos que es la necesidad. Ahora, en mi país, hay mucha emigración, hay personas que nos exponemos a trabajar en las fincas, a dar nuestra mano de obra barata, a la sobreexplotación. Y hay una desintegración por toda la emigración a otros países. Hay más de cuatro millones de personas de Guatemala que están en Estados Unidos y, bueno, unos alcanzan [a] llegar y [a] otros les están deportando. Entonces, nosotros vemos que tenemos que partir del tema de la tierra.

Otros emigran de la comunidad a la ciudad a exponer sus vida[s] en la venta informal, ustedes escucharon en las noticias lo que acaba de acontecer en Guatemala, en [la colonia] Cambray 2, que hubo un deslave y murieron centenares de personas.

Entonces, es un problema muy complejo [el] que nosotros estamos viviendo en Guatemala y por eso tenemos que ver un horizonte: cómo construir a través de un proceso a largo plazo. Nosotros estamos claro[s] de que esto va a llevar procesos de [largo] tiempo, pero si nos unimos, va a partir de la organización del pueblo.

— Tuffí Aré

¿Qué es lo que obstaculiza esa unidad que usted está planteando en este momento?


— Telma Cabrera

Lo que obstaculiza la unidad es el protagonismo. También la cooptación de líderes de los movimientos. Y quiero decir de una vez con nombres y apellido, porque en [relación a] esta coyuntura que se dio en mi país, aquí estamos organizaciones de Guatemala, y por eso tengo que decir con nombre y apellido. En este contexto, CONIC, Coordinadora [Nacional] Indígena y Campesina, fue cooptado por el gobierno y presupuestada con 15 millones de Quetzales. El Sindicato de Salud, en este caso [a cargo de] Luis Lara, también fueron cooptado por el Gobierno. También Nery Barrios, de la UASP [Unión de Acción Sindical y Popular]. También dentro de esto [está] Joviel Acevedo, del Magisterio.

Entonces, eso no permite llegar a una unidad, porque también éstos [dirigentes y organizaciones] tenían bases en las comunidades. Esto contamina también desde las comunidades para llegar a una unidad. Puedo puntualizar: con las otras organizaciones, nosotros somos miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC. En este caso, los que somos miembros hasta UVOC [Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas] y los Xinkas. Las organizaciones se fueron de la Coordinadora cuando vieron que ya no había pisto [dinero]. Entonces, cuando se persigue el dios dinero, no se logra esos cambios.

Si vamos a dejar eso y vamos a pensar en una transformación y en ese amor al prójimo, entonces vamos a caminar. A pasos lentos, pero seguro[s]. Entonces, esos son los problemas y dificultades que puedo decirle y ratificar dentro de la lucha en Guatemala. Pero tenemos fe en que esto va a caminar. Independientemente de nuestras diferencias, pero si apuntamos a ese proceso, como sea vamos a llegar, nosotros, los pueblos de Guatemala.

— Tuffí Aré

Muchas gracias, Telma. Vamos finalizar con la última intervención de María Alicia Calle, de Honduras. Usted nos contaba que ha habido un retroceso en términos del acceso y control de la propiedad de la tierra por parte de los movimientos campesinos e indígenas en Honduras, porque se han dado situaciones de despojo.

Yo quisiera preguntarle, dado que el título del coloquio es “La acción de lascomunidades campesinas e indígenas frente a los procesos de transformaciones agrarias”,precisamente,anteestasituacióndedespojo,¿cuáleslaestrategia,cuálesla acción que han tomado o piensan tomar las comunidades indígenas y campesinas en Honduras?


Bueno, nosotros tuvimos una decadencia fuerte cuando se da el Golpe de Estado, en el 2008. El sistema utilizó ese momento para dividir [a] las organizaciones. Y eso fue lo que permitió que siguiera el problema y que hubiera la debilidad para que el gobierno hiciera lo que ha hecho con nosotros. Pero ahora surge un movimiento que se llama “Los indignados”. Estamos indignados en Honduras. Hacemos lasmarchas, nos reunimos 15 mil, 20 mil personas. Y estamos dando la pelea por todos los problemas. Estamos peleando por una Ley de Transformación Agraria, que la tenemos en el Congreso hace cuatro años.


— Tuffí Aré

¿Quiénescomponen“Losindignados”,quésectores?


[En]“Losindignados”estánlosjóvenes,lasorganizacionescampesinasylasociedadcivilentera.Entonces,hay a esperanza de que un día vamos a reivindicar nuestros derechos y nuestras acciones en mi país.

— Tuffí Aré

Bueno, hemos llegado al final de este coloquio. Agradezco a Óscar Bazoberry, a la Diputada María Luisa Patiño, a la señora Telma Cabrera y también a María Alicia Calle.

Como ustedes han visto, ha sido variopinto. Hemos tenido una mirada nacional con discrepancias evidentes que han surgido en relación a la expansión agrícola, y a la visión de implementar una nueva Ley Agraria. Ustedes tendrán la mejor lectura de este debate, que creo que se ha dado por primera vez. Yo no sabía que se estaba gestando una nueva Ley Agraria en Bolivia y, bueno, vamos a tratar de seguir desarrollando esta noticia en algún momento.

Y por supuesto, hemos tenido esta mirada panorámica a la actualidad política en Guatemala a través de Telma, esa demanda de una asamblea constituyente, que es la principal bandera de lucha de los sectores campesinos en Guatemala, para rematar con lo que nos manifiesta María Alicia Calle de Honduras, con estesurgimientodeunmovimientoquesellama“Losindignados”paraintentarpasardelaprotestaalempoderamiento.

Son, en términos generales, las rápidas conclusiones de este coloquio. Gracias a los organizadores. Hasta pronto.

139

Creo que este panel, en el que ha habido una mayoría de mujeres, ha sido un interesante final del Foro. Creo que [las y los participantes] han expresado, y además con mucha pasión, qué es lo que se está viviendo hoy día alrededor del tema de la tierra [y de] la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Quiero informar para los que no forman parte de la Coalición Internacional de la Tierra que, junto con la Fundación Tierra y gracias a la acogida de esta universidad, éste es el cuarto día de discusiones. Desde el día lunes los asociados a la Coalición Internacional de la Tierra, que somos más de 40 en América Latina, hemos tenido reuniones en las cuales hemos informado qué es lo que hemos hecho en los últimos tiempos y qué es lo que tenemos hacia adelante como desafíos. Se ha puntualizado el interés alrededor de la tierra, en seguir trabajando en el tema de derechos de la mujer, [y] los derechos de los jóvenes.

Hemos discutido el tema de las opciones de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria y la constatación es que la tierra, así como desde hace siglos, sigue siendo uno de los problemas centrales en nuestras sociedades. Problemas que a veces son resueltos surgen nuevamente bajo otras facetas. Me parece que una de las cosas más importantes, en los sucesivos análisis que hemos hecho en los días pasados y los que se han hecho hoy, es que nos damos cuenta de que, a pesar de las diferencias, hay problemas que atraviesan a todos nuestros países y que están vinculados a procesos supranacionales, a tendencias globales.

Eso hace que sea muy importante la existencia de instituciones como la Coalición Internacional de la Tierra porque los problemas que tienen origen [en cada país] o son reforzados por las tendencias globales, necesitan respuestas no solamente nacionales, sino también respuestas supranacionales. La sociedad civil tiene que sobrepasar los niveles nacionales para enfrentar estos grandes problemas que no solamente se pueden resolver a nivel de los gobiernos, sino que tienen que resolverse en ámbitos más grandes.

CLAUSURA

Fernando EgurenRepresentante del Comité Regional de la Coalición Internacional de la Tierra - América Latina y El Caribe


Con esto, de parte de la Coalición, estamos muy agradecidos además al pueblo de Santa Cruz, a Bolivia, que nos ha acogido. Y quiero recordar que la primera asamblea global de la Coalición Internacional por la Tierra [realizada] fuera de Roma (las primeras se realizaron en Roma, donde está la Secretaría Ejecutiva) con más de 60 países fue precisamente aquí, en Santa Cruz el año 2004. Entonces, [éste] es un retorno, ya no de todos los asistentes aquella vez, pero sí de todos los países hermanos latinoamericanos, y [tenemos] el gusto de vernos nuevamente aquí.

Muchas Gracias.

141Clausura

Muchas gracias por quedarse hasta estas horas.

Ha sido una jornada larga y rica. Hemos querido traer este Foro de la Tierra no sólo como Fundación Tierra, sino junto con la Coalición Internacional de la Tierra, a la región de Santa Cruz para estar en diálogo y contacto con el pueblo cruceño. También hemos trabajado para [realizar] este Foro cruceño con OXFAM, una organización internacional muy importante que trabaja en estos temas desde hace muchísimos años, y con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entre las cuatro instituciones hemos hecho un gran esfuerzo y, como organizadores, estamos muy satisfechos con los resultados y con todo lo que se ha dicho en esta mesa.

Solamente a manera de redondear algunos temas. ¿El porqué del Foro de la Tierra? Varios expositores ya [lo] han dicho, y me permito resumir algunas ideas.

Creo que vivimos tiempos de transformaciones agrarias, en los últimos 20 años por lo menos, que no tienen precedentes desde la Revolución Industrial del siglo XVII y la Revolución Verde de la mitad del siglo pasado. Entonces, tenemos que prestar atención a esto que está sucediendo en tan corto tiempo: cambios tan rápidos que tienen efectos sobre el medioambiente, sobre la gente, sobre los sistemas productivos, sobre lo que consumimos como población urbana y rural.

Algunos hablan, incluso, de un nuevo régimen agrario que estaría caracterizado [de la siguiente manera]:

1. Por una rápida mercantilización de tierras y expansión de las zonas de cultivo. Si no, cómo nos explicamos que las cinco zonas de expansión que están alrededor de la ciudad de Santa Cruz, en tan pocos años, se hayan transformado en un área dónde todos los días crecen cultivos. Es un fenó-meno muy reciente y no es parte de [lo que se podía esperar considerando] la historia boliviana [agropecuaria].

2. Por el control del negocio de la agricultura por compañías multinacionales. Algunos expositores mostraron cifras y datos. En el caso de Santa Cruz, uno de los cultivos más importantes de exportación es la soya, pero el 90 por ciento del acopio y la exportación es controlado solamente por cinco compañías multinacionales. Ésa es, creo, otra característica muy importante [de este modelo] a la que hay que prestar atención y, obviamente, hay que trabajar sobre estos temas.

Gonzalo ColqueDirector de la Fundación Tierra


3. Por la anulación del papel productivo y económico de las mayorías rurales, de lo que llamamos las poblaciones campesinas, indígenas. En un evento similar[celebrado]enlaciudaddeLaPaz,unexpositordecía“Elcampesi-nosevadelminifundioalminibús”,enlaideadequeelcampesinodejabade ser agricultor y se integraba al mercado [laboral] informal en los centros urbanos.Algo así estápasando.Tenemos campesinos“amedio tiempo”hoy en día. Gente que tiene [tierra] y vive en territorios indígenas origina-rios, en las TCO que tenemos en Bolivia, pero muchos están empleándose y ganándose la vida no mediante el uso y aprovechamiento de su territorio, sino en los centros urbanos, como sabemos.

Entonces, creo que hay que prestar atención a estos temas por estas razones. Son cambios que traen consigo impactos socio-ambientales, conflictos, avasallamientos (ésa es una de las razones por la que uno de los dirigentes campesinos que debía estar en esta clausura no está: fue a atender un problema de asentamiento, de gente que quiere acceder a tierras de manera directa, tomándolas).

¿Por qué hacemos [el Foro] en Santa Cruz?

Nosotros creemos que es muy importante que sea en este departamento [porque], en primer lugar, gran parte de la dinámica y del crecimiento económico en esta zona es el motor del desarrollo en Bolivia, [y] se debe al crecimiento de la agroindustria. En segundo lugar creo que, si esto es así, en una sociedad como ésta, en el pueblo cruceño, debemos incubar, hacer crecer y desarrollar el debate agrario desde distintas perspectivas, desde distintos actores, pero particularmente con inclusión de las universidades. Volver a la cuestión de estudios agrarios es muy importante en una zona como ésta.

Finalmente, ¿por qué hacemos [el Foro] con expositores de América Latina?

Porque, al igual que en otros países, todo este proceso que está sucediendo, que estamos viendo día a día en Bolivia, no es un hecho aislado, sino [que] sus causas principales, los conductores de estos cambios, son fuerzas globales que todavía tenemos que entender, y no sólo entender sino relacionar con los cambios que a nivel nacional estamos viendo.

Y como mensaje final, recupero una de las frases importantes que escuché decir acá a un dirigente del sector campesino indígena que ha expuesto y señalado lo siguiente:“Nosotrosnoestamosencontradelcrecimiento,deldesarrolloeconómico,sino en contra de la desigualdad que a pesar del crecimiento se genera entre ricos ypobres”.Creoque eso es fundamental entenderloporque ¿dequé sirve tenercrecimiento y desarrollo económico si esto trae mayor desigualdad entre ricos y pobres? No por nada, de los 15 países más desiguales del mundo, 10 están en América Latina, y algo tenemos que hacer.

Sea el tema agrario o sea otro tema económico, tenemos que pensar y trabajar incluyendo el tema de la desigualdad y cómo cerrar la brecha entre los ricos y pobres. Creo que eso es un gran desafío para autoridades del Estado, para la sociedad civil, para gente que está vinculada a los gobiernos regionales. Y ese es el mensaje que queremos dejar. Con eso estamos muy satisfechos y agradecidos por su participación. A quienes han venido de otros países, muchas gracias por su esfuerzo. Con estas palabras cerramos este evento.

foro de la tierra 2015 - landcoalition.org · en bolivia a seguir trabajando en esta dirección,...

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