Nº 58 Bogotá, ColombiaValor $500 Julio de 2009

Abel Rodríguez / 3Respaldo del Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca al Secretario de Educación, profesor Abel Rodríguez y al Subsecretario, Ángel Pérez, frente a las declaraciones del Contralor Distrital.

El diálogo y la concertación laboral avanzan en el Distrito / 14

Bogotá es pionera y ejemplo nacional de un proceso de diálogo permanente (Comité Distrital de Diálogo y Concertación Laboral) y el rescate de la negociación colectiva en el sector público.

50 años del cine cubano / 23Bogotá se une a la celebración de los 50 años del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), con un ciclo en varias salas.

Firmado positivo acuerdo laboral en el Distrito con el alcalde Samuel Moreno

26 de agosto: Toma de Bogotá, por la educación y el patrimonio público

La Liquidada TeLecom y La vigenTe eTB

El “socio estratégico”

La “Administración Distrital de Bogotá y las or-ganizaciones sindicales, filiales de las centrales obreras CUT, CTC y CGT y de las Federaciones

Sindicales Fenaltrase, Fenaser, Utradec y Unete, se-gún lo consagrado en la Constitución Política, Artículo 53, que establece que los convenios internacionales del trabajo, debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna, en especial los convenios 151 de 1978 y 154 de 1981, relativos a las relaciones de trabajo en la administración pública y al fomento de la negociación colectiva, aprobados y ratificados por Colombia, mediante las leyes 411 y 524 de 1997 y 1999, respectivamente, y teniendo en cuenta el pliego presentado al Alcalde Mayor, culminamos el proceso de negociación colectiva para empleados públicos y se firmó un positivo acuerdo laboral” (Acta de acuerdo)./ 4

Tras 17 años del paro de los trabajadores de la hoy liquidada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), como una sombra del pasado, regresa el

fantasma de la privatización de la más importante empresa de Telecomunicaciones del país, la ETB.

Al igual que en 1992, como lo hicieran Sittelecom y ATT, ahora la última y definitiva decisión para frenar la privati-zación está en las manos y las mentes de los trabajadores de la ETB. La huelga es el instrumento preciso para ello. Nosotros estaremos prestos. Tal vez el arma de la verdad, acompañada de la lucha civilizada de masas podrá conven-cer al Alcalde de su error. / 7

2 Nº 58, julio de 2009dere chos humanos

Raúl Soto A.

Director DD. HH. S y rr ii PreSiDente De Sntt

Este escrito está basado en unas reflexiones que sobre el particular elaborara Amartya Sen, para la revista Cultura y Trabajo (número 75, Sección General).

CSI y CSA, han definido el Trabajo Decente como una prioridad en su plataforma de lucha sindical –ya he-

mos dicho que la CSA, incluso en su asamblea fundacional, contem-pló la victimización del movimiento sindical de esta región, en donde además llamó la atención sobre el alto número de casos, particular-mente de Colombia–, pero desde luego reitero, sin perder de vista el Trabajo Decente.

En el mismo entendido, la Or-ganización Internacional del Trabajo (OIT), se ha pronunciado para sig-nificar la importancia del Trabajo Decente como parte integral de su plataforma de D.D.H.H., mejor dicho no hay duda, el organismo guardián de los derechos de los trabajadores dentro del sistema de las

Para la OIT, el Trabajo Decente es un derecho humano

Naciones Unidas, ha definido el Trabajo Decente, como un derecho humano.

OIT ha definido cuatro características de este importante programa acerca del futuro del mundo del trabajo, la primera característica

se formula a través de un objetivo general al cual refiere en los si-guientes términos: “promover opor-tunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”.

La segunda característica con-ceptual en que debe insistir, es la idea de los derechos.

Fundamentalmente con este criterio, la OIT, parte del presupuesto de que existen algunos derechos fundamentales que deben reconocerse, aunque no estén proclamados en la legislación porque son consustanciales a toda sociedad decente.

Otra característica de este planteamiento es que sitúa las condiciones de contratación y de trabajo dentro de un extenso marco económico, político y social, que no solo abarca la legislación y la práctica laboral, sino también, por ejemplo, la necesidad de una sociedad abierta y la promoción del diálogo social.

La cuarta y última característica implica que una organización como la OIT ha de ir más allá de las políticas nacionales, un planteamiento mundial, es parte del patrimonio del movimiento obrero en la historia de la humanidad. Este rico acervo, se puede invocar con provecho para vencer los retos que plantea la consecución del Trabajo Decente en el mundo actual.

Amartya Sen, quien hace este análisis, el cual de manera sucinta presentamos aquí para las reflexiones propias del mundo la-boral, plantea respecto de la última carac-terística, “que una manera universalista de entender el trabajo y las relaciones laborales

se puede hermanar con una tradición de so-lidaridad y compromiso”. Nunca ha sido más necesario que hoy, afirma Sen, un plantea-miento integral de esta índole. El mundo de la globalización económica, con todas sus oportunidades y todos sus problemas, exi-ge una comprensión también mundial de la importancia que reviste el Trabajo Decente y las múltiples exigencias que entraña este en las esferas económica, política y social.

Finalmente, y a propósito de este artículo, conviene llamar la atención de la importancia que reviste para los trabajadores del Distrito el desmonte de las CTA y OPS, por parte del actual Gobierno de la ciudad. Las CTA y OPS se enseñorearon, incluso durante el pasado gobierno de Lucho Garzón, en los trabajadores de la salud y en general del Distrito. Hoy, hemos tenido conocimiento de que afortunadamente cerca de 1.500 tra-bajadores de esas tercerizadas y precarias formas de contratación se han vinculado al Distrito en calidad de supernumerarios, ello implica que no solo no tendrán que recibir salarios por debajo del mínimo, sino que han de tener seguridad social con cargo al Distrito y, además, que liberan sus salarios de las cargas impositivas que pesaban sobre sus menguados ingresos laborales. Alcalde Samuel, muchas gracias.

Nº 58, julio de 2009 3

EDITORIALEn contravía

Vientos de privatización Respaldo al Secretario de Educación, profesor Abel Rodríguez y al Subsecretario, Ángel Pérez, frente a las declaraciones del Contralor Distrital

COMITÉ EJECUTIVO CUT BOGOTÁ CUNDINAMARCA

El diario El Tiempo, en su edi-ción del lunes 27 de julio, publicó una entrevista de

la periodista María Isabel Rueda al Contralor Distrital, Miguel Ángel Morales, en la cual el funcionario, contrario a la discreción y el res-peto que le exige su cargo, señala en un tono pendenciero, que “…en el curso del día…” anunciarán la decisión de la Contraloría de haber encontrado responsable del proce-so de responsabilidad fiscal por el sobrecosto del lote que se adquirió para construir la nueva sede del colegio El Mochuelo. Afirmaciones que replicó en la emisión de la W Radio. Una vez más, se procede en forma inusual, notificando al afectado través de los medios de comunicación y no por los con-ductos correspondientes. Con el agravante que terminó el día y no se formalizó el fallo del órgano de control al Secretario de Educación. Lo anterior, deja clara la intención política del señor Contralor y su proceder en contravía al derecho fundamental del debido proceso y a la legítima defensa.

El Contralor agregó, “…Se le pasó (al Secretario de Educación) por el lado una jirafa muy grande que le dio vueltas y no la vio”, afirmación en la cual hace caso omiso del he-cho de que quien denunció la es-tafa fue precisamente el profesor Abel Rodríguez Céspedes.

A renglón seguido, se refiere a que el nuevo colegio “…sufre de esca-sez de demanda”, desconociendo la realidad, porque actualmente se encuentran estudiando más de 1.200 niños y jóvenes. Habrá

que preguntarse, ¿dónde estaba la Contraloría cuando la comunidad educativa laboraba en una cons-trucción con riesgo de derrumbarse y en unas condiciones ambientales desfavorables por los efectos con-taminantes del botadero de Doña Juana? ¿Por qué ahora se quiere ridiculizar el hecho de que los sec-tores más vulnerables tengan mate-rializado el derecho a la educación en condiciones dignas?

En el colmo del desafuero y a pesar de que se conoce que el vendedor del lote fue quien re-cibió los dineros producto de su venta, anuncia que el Secretario de Educación, el Subsecretario y tres funcionarios más “…tendrán que devolver la suma mencionada ($1.321.321.320)”. Nada se dice sobre las acciones de la Contraloría para exigirle a quienes tienen los dineros para que los retornen. Ni mucho menos, el Contralor habla de las investigaciones para detectar a los autores materiales e intelectua-les del delito.

Paradójicamente, todo parece in-dicar que el curso que tomó la de-nuncia puesta por el Secretario de Educación fue culparlo a él por atre-verse, ante los órganos de control, a poner en evidencia el desfalco. Y la única prueba “fehaciente” que esgrime el Contralor, para culpar al Secretario de Educación, es el hecho de ser el representante legal de la entidad. Argumento al que se redujo la acusación de la Fiscalía al principio del año y que, por tal mo-tivo, la Juez desestimó las preten-siones de suspenderlo en el cargo y confinarlo a la casa por cárcel.

declaración

ed i to r ia l

Durante las últimas semanas, nuevamente han empezado a escucharse voces prove-

nientes del uribismo que claman por la venta de empresas públicas fundamentales para el desarrollo nacional. En efecto, el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en declaraciones aparecidas en el diario económico Portafolio, el 10 de julio de este año, afirmó: “no tiene sentido que la nación mantenga en su balance acciones de Ecopetrol o de otras empresas, siendo que tenemos tantas necesidades, ese es un lujo que uno muchas veces no se puede dar”.

A su turno, uno de los ideólogos eco-nómicos del uribismo, el señor Carlos Caballero Argáez, en su columna de El Tiempo, publicada el 17 de julio, manifestó que vender Ecopetrol, sería un excelente negocio para el gobierno y para los accionistas pri-vados. Cabe recordar que durante estos largos años de neoliberalismo en el país, cada vez que se necesitó privatizar parte del patrimonio público, se adelantó previamente una campa-ña mediática, a través de todo tipo de declaraciones, fundamentando las bondades de tales medidas.

Los anuncios hechos por el Gobierno de vender Isagen, y la aprobación lograda por la mayoría uribista en el Congreso para incrementar al 20%, cuando se considere, la parti-cipación de accionistas privados en Ecopetrol, junto a las declaraciones de los personajes mencionados, podrían indicar que se ha dado la orden de agonía para esas ‘joyas de la corona’ del patrimonio público.

La decisión pone de manifiesto el carácter de traidores al interés na-cional que identifica al reducidísimo círculo que gobierna al país con el presidente Uribe a la cabeza;, particularmente, en este tramo de la historia mundial, en el que las sociedades tratan de superar los estragos producidos por el modelo neoliberal, que fundamentó su éxito

en el deterioro de los derechos de los trabajadores, en la imposición de gravámenes que contribuían al empobrecimiento de las mayorías y en el debilitamiento del Estado, entre otras cosas, a través de las privatizaciones

Anunciar privatizaciones marcha en contravía y está totalmente ale-jado de la tendencia mundial actual que se caracteriza por restituirle el poder dirigente de la economía al Estado, por fortalecer la inversión pública, regresar a propiedad pú-blica actividades y empresas que son estratégicas para el desarro-llo soberano de cualquier nación en áreas tan rentables como los hidrocarburos, la energía eléctri-ca y las comunicaciones. Asunto que se hace más relevante en los territorios de la América en donde mayoritariamente, incluso en los Estados Unidos, los gobernantes, en mayor o menor grado, propician la presencia estatal en las activida-des económicas y se desarrollan procesos de nacionalización de empresas, que en la orgía neoli-beral, fueron a parar a manos del inescrupuloso sector privado, el que con su insaciable sed de enri-quecimiento, como se sabe, tendió las bases de la crisis a la que hoy somete a la economía mundial y que afecta, principalmente, a millo-nes de pobres en el planeta.

Salgámosle al paso a las equivoca-das voces que incitan a propiciar, de una u otra forma, la pérdida del patrimonio público, demostrémosles cómo sus planteamientos marchan en contravía de la tendencia progre-sista que se abre camino en el mun-do y cómo no interpretan el sentir y las necesidades del pueblo.

Hagamos del acompañamiento a los trabajadores petroleros que negocian su pliego un instrumento a través del cual se reivindique y defienda el carácter de Ecopetrol como empresa pública, y se defien-da el patrimonio público estatal.

Tampoco se ve bien que siendo el Contralor quien debe atender la segunda instancia, sin conocer el contenido de la apelación a la cual tiene derecho el Secretario de Educación, anuncié desde ya la inhabilidad perpetua en los cargos públicos para el profesor Abel Rodríguez y califique como un acto de cinismo con la ciudad, que no renuncie a su cargo. ¿Juez y parte?

Hasta expresiones de incoheren-cia denota el Contralor en su afán de condenar anticipadamente, cuando afirma: “Él (Secretario de Educación) dice que actuó de buena fe, y yo le creo. Pero eso no basta”. Y, entonces, ¿dónde quedan la buena fe y la presunción de inocencia?

Todo parece que quien acusa de no ver la jirafa se hace el de la vista gorda con la presencia de todo el reino animal. ¿Dónde está realmente el cinismo?

Al cierre de la jornada y de esta edición, el profesor Abel Rodríguez reiteró, en rueda de prensa, su ino-cencia y si alguien puede pedirle la renuncia es el Alcalde Mayor. El Comité Ejecutivo de la CUT de Bogotá y Cundinamarca rei-tera su respaldo al Secretario de Educación y a su Administración, exige de la Contraloría y de los demás órganos que investiguen para dar con los verdaderos res-ponsables, garanticen el derecho a la defensa y separen sus fallos de la práctica del oportunismo político.

Bogotá, 27 de julio de 2009.

4 Nº 58, julio de 2009d i s t r i ta les

La Administración Distrital de Bogotá y las organizaciones sindicales, filiales de las Centrales Obreras CUT, CTC

y CGT y de las Federaciones Sindicales Fenaltrase, Fenaser, Utradec y Unete, con base en lo consagrado en la Constitución Política, Artículo 53, que establece que los Convenios Internacionales del Trabajo, debi-damente ratificados, hacen parte de la legis-lación interna, en especial los Convenios 151 de 1978 y 154 de 1981, relativos a las relacio-nes de trabajo en la Administración Pública y al fomento de la negociación colectiva, aprobados y ratificados por Colombia, me-diante las Leyes 411 y 524 de 1997 y 1999, respectivamente. En desarrollo de lo anterior y teniendo en cuenta el pliego presentado al Alcalde Mayor, por las organizaciones sindi-cales de los empleados públicos del Distrito Capital, en cumplimiento de la normatividad vigente, culminamos el proceso de negocia-ción colectiva para empleados públicos que se expresa en el siguiente Acuerdo.

Campo de aplicación

El presente Acuerdo se aplicará a los empleados públicos de la Administración Central, establecimientos públicos, empresas sociales del Estado, Veeduría, Contraloría, Personería y Concejo de Bogotá.

Incremento salarial

El incremento de los salarios de los emplea-dos públicos del Distrito Capital producto del proceso de diálogo y concertación y dando cumplimiento a lo establecido en la Sentencia de la Corte Constitucional C-1433 de 2000, se efectuará con base en las siguientes es-calas, valores y porcentajes (Tabla 1).

Las entidades a que se refiere el campo de apli-cación del presente Acuerdo, adelantaran todos los trámites administrativos para que el pago se produzca en el mes de agosto de 2009.

Nivelación salarial

El proceso de nivelación salarial, con base en el resultado del estudio de nomenclatura, códigos y grados de asignación salarial en el Distrito, comenzará el 1 primero de enero de 2010 y terminará el 31 de diciembre de 2012.

Para el primer año, en el mes de septiembre de 2009, las partes firmantes se reunirán con el objeto de concertar los criterios y la estrategia de implementación de la nivelación y la partida presupuestal, que se incluirá en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2010. Igual procedimiento, para el tema pre-supuestal, se seguirá para los presupuestos de las vigencias 2011 y 2012.

Política laboral y tercerización

Con el propósito de avanzar en el for-talecimiento de las plantas de personal, como parte de la política pública empren-

Última horaPositivo acuerdo laboral en el Distrito

acTa de acuerdo (24 de juLio de 2009)

DEspués DE varios mEsEs DE nEgociación EntrE la

aDministración y la comisión nEgociaDora DEsigna-

da por Las cenTraLes oBreras, eL pasado viernes a

la maDrugaDa y con la intErvEnción DirEcta DEl al-

calDE samuEl morEno, sE llEgó a un positivo acuErDo

que favorece a Los TraBajadores disTriTaLes. La cuT

Bogotá cunDinamarca y su prEsiDEntE FrayDiquE

alExanDEr gaitán saluDan con BEnEplácito EstE

acuErDo. a continuación rEproDucimos tExtualmEntE

Los principaLes punTos firmados por Las parTes.

Número de SMMLV 2009 (1) Valor rango ($) % de incrementoDe 0 hasta 6.5 SMMLV 0 - 3,229,850 8,07

Mayor de 6,5 SMMLV hasta 8 SMMLV 3,229,851/3,975,200 7,77

Mayor de 8 SMMLV > 3,975,201 7,67

Tabla 1

dida por la actual administración y en desarrollo de los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales firmantes, la Administración se compromete a pre-sentar el estudio técnico sobre impactos,

Del 15 al 30 de agosto de 2009 se procederá a su socialización y conocimiento por las par-tes suscribientes de este acuerdo. Durante el mes de septiembre de 2009, se definirán de manera conjunta las estrategias y criterios a implementar, de conformidad con los recursos que para el efecto apropiará la administración atendiendo su disponibilidad presupuestal.

En todo caso la Administración Distrital, a la luz de la normatividad vigente determinará la mejor manera de ajustar sus plantas de personal hacia las necesidades reales para atender los cargos misionales de acuerdo a lo contemplado en el Decreto Ley 2400 de 1968 y las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 909 de 2004.

Por las organizaciones sindicales

Central Unitaria de Trabajadores (CUT- Fenaltrase): Ivonne Rodríguez García, Ana Lucía Pinzón González, Carmen Elisa Quitian Francisco Maltés Tello, Maria Doris González

Confederación General del Trabajo (CGT-Unete-Utradec): Edgar Acero Jímenez (Unete-Cgt), Nicolas Bolaño Gómez (Utradec-CGT), Jose Dario Muñoz Carvajal (Unete-CGT), Ramón Matallana V. (Utradec-Cgt)

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC-Fenaser (Nancy Wilches, González, Isaias Garzón Álvarez, José Rodrigo Gon-zález Ricaurte.

Asesores: Héctor Ismael Bermúdez Rojas (CUT), Aldo Enrique Cadena Rojas (CUT), Jorge Ignacio Peña Cañón (CTC), Miguel E. Morantes Sabogal (CTC-Fenaser), Ricardo Diaz Rodríguez (CGT-Unete), Percy Oyola Paloma (CGT-Utradec), German Rojas Zubieta (CGT-Utradec), Daniel Monroy Mon-roy (Unete-CGT).

Por la Administración

Samuel Moreno Rojas (Alcalde Mayor De Bogotá). Yuri Chillán Reyes (Secretario General), Juan Ricardo Ortega López (Secretario Distrital de Hacienda), Beatriz Helena Hincapié Molina (Subsecretaria General), Isauro Cabrera Vega (Director Distrital de Presupuesto), Martha Yaneth Veleño Quintero (Directora Jurídica Distrital), Vladimiro Estrada Moncayo (Subdirector de Finanzas Distritales), Luis Eduardo Sandoval (Subdirector de Estudios), Isdith Orlando Rodríguez Guerrero (Director Distrital de Asuntos Disciplinarios), Natalia Escovar Lozano (Directora Departamento), Sandra Liliana Bautista López (Directora de Talento Humano-Administrativo del Servicio Civil (E) Secretaría Distrital de Salud.

Además de lo anterior se lograron acuerdos en otros puntos como: Prima secretarial, capa-citación, salud mental, riesgos profesionales y salud ocupacional, bienestar social, mujer y género, compensatorios y divulgación.

1 SMMLV para el 2009 $ 496.900, según Decreto 4868 del 30 de diciembre de 2008. El porcentaje de incremento salarial concertado es de 8,05% ponderado. Dicho porcentaje es diferencial y se establece por cada intervalo de SMMLV de 2009, de conformidad con el número de funcionarios ubicados en cada rango, para las asignaciones básicas mensuales a 31 de diciembre de 2008, con retroactividad al 1 de enero de 2009.

fortalezas, debilidades y acciones a seguir en torno a las actividades contratadas por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado o bajo cualquier otra modalidad, el 15 de agosto de 2009.

Nº 58, julio de 2009 5po l í t i ca

Nohora Bulla Gutiérrez

DePartamento De eDucación cut Bogotá cunDinamarca

La Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Carta Política fir-mada el 4 de Julio de 1991, surgió

como una gran esperanza para el pueblo colombiano, pues vio en ella la oportunidad de ingresar a espacios que habían sido ce-rrados por el bipartidismo desde los años 50. Por eso se percibió en su momento como un esce-nario de búsqueda de solucio-nes políticas y sociales, para las mayorías de nuestro país, tradicionalmente excluidas.

Esta Constitución ha sido pre-sentada como una significativa transformación para la vida de los colombianos, por el supuesto carácter progresista, emancipa-torio e incluyente que se le ha endilgado.

En teoría, Colombia ingresa con esta nueva Constitución al modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, que se erige sobre la soberanía popular. No hace falta ahondar demasiado para descubrir que los sueños de justicia, libertad, solidaridad, democracia y dignidad, quedaron solamente en el ima-ginario y sirvieron para mimetizar el carácter eminentemente neoliberal de la Carta Política dentro de un modelo de globalización.

18 años DE la constitución DEl 91

Espejismos y realidadesLa primera frustración de los sueños de los colombianos en este proceso, tiene que ver con el fracaso en el logro de la principal y más grande expectativa, que era la consecución de la paz, la justicia social y el respeto a la vida. No se logró reconstruir el proyecto de nación. Se hizo una propuesta de reconcilia-ción nacional, sin los actores del conflicto, por lo tanto, sin abordar francamente los grandes problemas del país.

La segunda gran desilusión corresponde a la aplicación del Estado Social de Derecho, el cual no ha podido ni podrá ser materializado en este contexto, ya que este resulta imposible de garantizarse dentro del esque-ma neoliberal de internacionali-zación de la economía.

Este modelo de Carta Política fue visto por los sectores progre-sistas como un instrumento de oposición democrática; efectiva-

mente, el texto, redactado de manera muy cuidadosa, es reiterativo en exigir la obliga-toriedad de fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. (Artículo 41).

Hipotéticamente, se debe garantizar la plena participación en todos los niveles políticos, económicos, culturales y sociales. El Artículo 40 consagra como derecho fundamental de todo ciudadano, el de participar en el ejercicio

y control político; igualmente, en lo referente a las leyes, se establecen las posibilidades de intervención popular mediante referendos y se señala que los proyectos de ley presen-tados por el pueblo no son susceptibles de modificaciones (Artículo 154), de lo contrario, sería suplantar la soberanía popular.

Pero, ¿cómo se garantiza la soberanía po-pular y el respeto a la Constitución en un sistema como el nuestro?

Como deshojando margaritas, se han ido esfumando las posibilidades de la parti-cipación ciudadana. La evidencia se en-cuentra en las decenas de alteraciones por las que ha pasado la Constitución en estos 18 años, 27 reformas exactamente, y otros tantos intentos de modificación que no han prosperado, unidos a los innumera-bles y aberrantes episodios de injerencia e imposición del Ejecutivo sobre los demás poderes, así como en lo relacionado con los organismos de control, especialmente en los últimos siete años.

Desde luego, no puede negarse que la mencionada Constitución tiene importan-tes fortalezas, como el establecimiento de nuevas instituciones tales como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo; de igual forma, debe reconocerse el interés por la defensa y aplicación de los derechos fundamentales y los instrumentos para su exigibilidad y protección, como la Acción de Tutela.

Pero la realidad nos ha mostrado un país con un proyecto de democracia participa-tiva, sin participación efectiva. Prueba de ello, entre otros casos, es lo que ha ocu-rrido con los derechos políticos, con las iniciativas populares y con el referendo reeleccionista.

En lo referente a los derechos políticos, se han restringido las posibilidades de participa-ción y se han puesto nuevas barreras entre el ciudadano y el poder político. Las dos últimas reformas han tenido efecto directo sobre los partidos y movimientos políticos; baste con decir que de los más de 70 partidos que te-nían personería jurídica, se pasó a 11, entre otros temas, por causa del umbral.

En cuanto a las iniciativas populares, pese a que la Constitución señala en el Artículo 155 el procedimiento para presentar proyec-tos de ley o de reforma constitucional por parte de los ciudadanos, y dispone también los términos en los cuales debe debatirse y aprobarse o improbarse, sin introducir modificaciones al texto; el reciente caso ocurrido con el referendo del agua, es otra clara muestra de violación a los procesos constitucionales.

Tampoco fue blindada la Carta Política contra los excesos del poder ejecutivo. Rápidamente se ha ido minando el principio que impone la autonomía y la separación de las tres ramas del poder público. Resulta repugnante la actitud del Presidente actual y del ministro del Interior y de Justicia, y la forma como han constreñido el marco cons-titucional, especialmente en lo referente al Artículo 197, que prohíbe abiertamente la reelección presidencial.

Sorprende la desvergüenza con que pre-tenden a toda costa impulsar un nuevo referendo reeleccionista, como si no fuera suficiente con lo ocurrido en el anterior, del cual nadie ha podido olvidar la incali-ficable sensación de la “parapolítica” y la “yidispolítica”, ahora complementada con la “cuellopolítica”.

El común denominador ha sido el perma-nente deterioro de los procesos que tienen que ver con la construcción de democracia, con la defensa y garantía de los derechos humanos, con el bienestar de la población y con el respeto a la vida y a la dignidad. Muchos han sido los intentos por limitar los alcances de la tutela y muy deplorables las reformas laborales y las que tienen que ver con la salud y las pensiones. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la ausencia de garantías para la protección de la soberanía nacional y el patrimonio natural y cultural del país.

Corresponderá a las nacientes expectativas democráticas que hoy anidan en la mente de nuestro pueblo abordar nuevamente el sueño de cambio que inspiró a quienes eli-gieron a los constituyentes del 91, y volverlo una realidad.

Acuerdo laboral en el DistritoOpiniones sobre la negociación

Héctor I. Bermúdez Rojas

ejecutivo cut Bogotá cunDinamarca. aSeSor negociación Pliego Del DiStrito

El Acuerdo logrado con la administración distrital el viernes 24 de julio, producto de la negociación del pliego presentado por las organizaciones sindicales, sus federaciones y Centrales a nombre de los empleados pú-blicos, constituye un importante avance en el derecho de negociación colectiva y que el Gobierno Nacional se niega a cumplir.

Más allá del porcentaje salarial para el 2009, que beneficia a unos 19.500 empleados pú-blicos, tenemos que destacar el compromiso para hacer una nivelación durante los años 2010, 2011 y 2012, teniendo en cuenta el criterio de “a trabajo igual salario igual” y el desarrollo del compromiso de eliminar las órdenes de prestación de servicio y otros mecanismos de tercerización.

Consideramos que en los gobiernos demo-cráticos (caso Bogotá), los derechos de los trabajadores se deben convertir en realidad.

Por lo anterior, nos queda el reto de desarrollar y hacer cumplir el Acuerdo Marco Laboral del Distrito, con la participación activa de los trabajado-res en cabeza de sus organizaciones sindicales.

María Doris GonzálezvicePreSiDenta cut Bogotá cunDinamarca,

integrante De la meSa De negociación

Culminado el proceso de negociación, quedan varias experiencias, las cuales deben servir para el futuro, especialmente cuando se trata de negociar con una administración democrá-tica como la de Samuel Moreno. Al constatar que se conquistaron avances significativos, como el derecho a la negociación colectiva, entre otros, es importante resaltar:

En primer lugar, la responsabilidad que debe tener el movimiento sindical al momento de la elaboración del pliego de peticiones buscando en lo posible que este contenga las reivindi-caciones más sentidas pero, con profundo contenido realista.

En segundo lugar, creo que sirvió mucho el am-biente internacional y nacional que reivindica el

trabajo decente y rechaza la tercerizacion en las formas de contratación para la ne-gociación, lo que aunado a la disposición de la administración permitió avances en este terreno.

En tercer lugar, el proceso de negociación fue acompañado de marchas, mítines, concentra-ciones y cartas a la administración en procura de viabilizar la negociación y mejorar sus alcances, lo que deja la enseñanza de que a pesar de que se negocie con una adminis-tración democrática no se puede presuponer que estos instrumentos no se utilicen o que esta los entienda como una trasgresión.

Finalmente, después de muchos años de administraciones neoliberales en Bogotá, los retrocesos para los trabajadores han sido muchos, los cuales se han empezado a mitigar en las dos últimas administraciones. Queda mucho por hacer, lo que implica que el Comité de Diálogo y Concertación del Distrito tendrá la tarea de vigilar el cumpli-miento de los acuerdos y desarrollar iniciati-vas que mejoren las condiciones laborales.

6 Nº 58, julio de 2009s ind i ca les

Héctor Vásquez F.

eScuela nacional SinDical

Para la población cesante y desem-pleada del país, el Estado Social no existe. Inmediatamente pierden el

empleo, pierden también los ingresos, al mes siguiente pierden la seguridad social, y si su situación se alarga, consumirán sus escasos ahorros y arriesgarán que sus hijos, si están en colegios y universidades privadas, sean excluidos por falta de pago.

Según el Ministerio de la Protección Social, en el 2007 se otorgaron 80.600 subsidios de desempleo y 26.806 en los primeros cuatro meses del 2008. En esto consiste la política de “protección” que el Estado le otorga a los desempleados, que sólo cubre al 2,8% de la población desempleada. Y lo hace con recursos de los propios trabajadores, pues son las Cajas de Compensación Familiar las que se encargan de pagarlo, a través de la entrega de un bono equivalente a 1,5 sa-larios mínimos, ($745.350), el cual se divide y otorga en seis cuotas mensuales iguales ($124.225), que podrán hacerse efectivas a través de aportes al sistema de salud, bonos alimenticios y/o educación, según la elección que haga el beneficiario

Contrasta esta política con los beneficios que el “Estado Comunitario” les otorga a los grandes empresarios nacionales y ex-tranjeros. Según Salomón Kalmanovitz, (El Espectador, 24/03/09) las exenciones de impuestos a las empresas le representaron al fisco nacional $5,7 billones, el 1,2% del PIB y cerca del 6% del recaudo total. Y el propio Ministro de Hacienda reconocía por radio Caracol ((25/03/09), que la reforma tributaria del 2006 les va a significar a los empresarios en el 2009 un punto menos en el impuesto a la renta y medio punto menos en timbre

nacional, los que sumados equivalen a que estos dejaran de pagar en este año una suma equivalente a 2,2 billones de pesos, lo que significa que en solo dos años los grandes empresarios le dejaron de aportar al país $7,9 billones de pesos .

Si en vez de beneficiar a los “riquitos”, como les dice el Presidente, disminuyéndole a ellos los impuestos, se utilizaran estos recursos para financiar el subsidio al desempleo, con $5,7 se hubiera podido pagar un salario mínimo durante cuatro meses a todos los desempleados y cesantes del 2008, y con los $2,2 billones que dejaran de pagar este año, se podría pagar un salario mínimo ($496.900) durante 8 meses a los 531.000 jefes de hogar que hoy están desempleados, o se podría también darle a todos los desempleados, que en enero eran 2’830.000 personas, un ingreso antiindigencia ($120.000) durante 6 meses.

Adicionalmente, el Gobierno también podría encargarse de que ningún trabajador cesante pierda su acceso a la seguridad social. La gran mayoría de los trabajadores cesantes tienen un problema, y es que por su condi-ción socioeconómica anterior a la pérdida del empleo, no clasifican para el Sisben, por lo que al mes siguiente ya no aparecen en los sistemas de las EPS y se quedan completa-mente al margen de la seguridad social en salud. Adicionalmente, el Gobierno también podría asumir la financiación del estudio en las universidades públicas para los hijos de los trabajadores que pierden el empleo.

El Gobierno está en la obligación de promo-ver políticas públicas que hagan realidad la noción de Estado Social que acordamos en la Constitución de 1991, que hacen del Estado colombiano un Estado “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas”; que señala

que “sus fines esenciales son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad ge-neral y garantizar la efectividad de los princi-pios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; que le define a las autoridades de la República “el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás de-rechos y libertades, y en asegurar el cumpli-miento de los deberes sociales del Estado”. Y que le otorga al Estado “la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.

Rebajarles los impuestos a los “riquitos” no va a significar mayor inversión ni mayor consumo, como lo afirma el ministro de

La protección de cesantes y desempleados en el “Estado Comunitario”

Hacienda. Al contrario, estos recursos termi-narán en las cuentas de estas personas en algún paraíso fiscal. Los tiempos de crisis y recesión económica, como el que empeza-mos a vivir, en los que se va a incrementar el número de personas que van a quedar al margen de la protección social y sin ingresos, lo que exigen son políticas en otro sentido, como el impulso de las iniciativas que es-tamos proponiendo. Estas políticas tienen, además, un impacto positivo contra la crisis misma, en la medida en que, al asegurar un mínimo de ingresos para toda la población cesante, el mercado interno se dinamiza y afecta positivamente la industria nacional, el comercio y los servicios, en un contexto en donde se están perdiendo mercados, como lo muestra la caída de la exportaciones hacia Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.

Protabaco en su totalidad ha sido vendida a la multinacional Philip Morris por 452 millones de dólares,

es decir, más de un billón de pesos. Con ello, esta multinacional se establece como el monopolio del 85% de la industria ta-bacalera en nuestro país, pues ya posee Coltabaco. Este hecho constituye para los trabajadores colombianos un retroceso más de la industria nacional, y represen-ta la entrega de la nación a los intereses extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Todo el esfuerzo de varias gene-raciones de trabajadores y de empresarios colombianos, va quedando en manos de capitales foráneos, por eso experimenta-mos indignación frente a esta situación, otra de las tantas que echan por tierra nuestra soberanía económica.

Ante la gravedad del condenable aconteci-miento, expresamos a los trabajadores y a la opinión pública las siguientes considera-ciones:

Desde hace 20 años alertamos a los tra-1. bajadores y a los empresarios que con la política de apertura económica, dis-puesta por Estados Unidos y ejecutada a partir del gobierno de Cesar Gaviria, los días de la industria nacional estaban contados, pues las transnacionales y los gringos dejaron de lado sus disimulos y vinieron por todo nuestro patrimonio, luego del derrumbe de la socialimperia-lista URSS.

Los trabajadores tabacaleros, a través 2. de nuestros sindicatos, concurrimos con los industriales y productores del ramo

en la defensa de esta industria nacional, realizamos múltiples actividades de or-den social y político para demandar del Congreso y del Gobierno medidas para su protección. A pesar de todo esto, unos empresarios fueron inconsecuen-tes, y algunos sindicatos motejaron a Sintraprotabaco de patronalista por oponerse al desvalijamiento industrial del país, sin que jamás comprendieran el valor de defender nuestra soberanía a la vez que salvaguardábamos los de-rechos de los trabajadores.

El gobierno de Uribe remató la labor 3. de cercar a los productores nacionales, así estos le ayudaran a financiar sus reelecciones. Mientras el Presidente proveía de garantías a las multinacio-nales y las protegía de cualquier crisis con la Ley 963 de 2005, montó la horca definitiva de la cigarrillería colombiana con la reglamentación del consumo. En esa Ley no está presente el desvelo por la salud de los usuarios sino el beneficio de la ya mencionada poderosa empresa norteamericana.

Vamos a librar la batalla por nuestros 4. derechos y nuestra estabilidad en las nuevas circunstancias, sin dejarnos amedrentar por nadie; debemos cum-plir con la defensa de la convención negociando nuestro petitorio. No se-remos inferiores a nuestra tradición de lucha.

Junta Directiva Nacional de Sintraprotabaco

Bogotá, 11 de julio de 2009

comunicado de sinTraproTaBaco

La venta de Protabaco es un acto contra la nación y los trabajadores

(Apartes editados por La Redacción)

Nº 58, julio de 2009 7pat r imon io púb l i co

Miguel Ángel Delgado R.

FiScal cut Bogotá cunDinamarca

Tras 17 años de haber participado en el paro de los trabajadores de la hoy liquidada Empresa Nacional de

Telecomunicaciones (Telecom), como una sombra del pasado, regresa a nuestras vidas el fantasma de la privatización de la más importante empresa de Telecomunicaciones del país, la ETB.

Y también ahora como ayer estamos prestos, como lo hicieran las organizaciones sindicales Sittelecom y ATT, a participar activamente en la lucha por la defensa del pa-trimonio público de los colombianos, como están dispuestos Sintratélefonos y Atelca, las organizaciones sindicales de los trabajadores telefónicos de Bogotá.

De las diferencias y similitudes de estas dos arremetidas de los monopolios internaciona-les, escribiremos a continuación, para recor-dar una valerosa y ejemplar batalla, recoger sus enseñanzas cardinales, pero sobre todo para que estas nos sirvan para librar con éxito la defensa de la ETB como entidad de propiedad estatal.

En 1992, se imponía en el país, como fór-mula mágica, la política neoliberal, modelo económico de capitalismo salvaje, cuyos pedestales fueron la apertura de fronteras arancelarias, la multitud de leyes y decretos para rebajar el costo de la mano de obra y la feria de rentables empresas estatales.

Por aquella época, producto del asesinato del líder popular Luis Carlos Galán, del bajo nivel de autonomía de las repúblicas latinoameri-canas, del derrumbe del socialimperialismo soviético y de la batalla ideológica y política contra el marxismo, surge en Colombia como tutor de la nación e impulsor del nuevo mo-delo el señor César Gaviria.

En el 2009, estos pedestales neoliberales están de retirada ante la profunda crisis producida por la especulación financie-ra, que anidó al amparo de las tesis del mercado como supremo rector de la eco-nomía; hoy se replantea volver a la inter-vención del Estado, el trabajo decente y la estatización de sectores económicos estratégicos.

En este momento, a pesar de que el Gobierno Nacional está en manos de acérri-mos partidarios del neoliberalismo y el auto-ritarismo, en Bogotá, fruto del entendimiento de los capitalinos sobre el avance mundial de la democracia y el progreso, se han ele-gido sucesivas administraciones sociales y progresistas, por fuera de los poderes tradicionales.

Ayer, los dólares producto de las ventas, “capitalizaciones” o joint ventures, aparecían como salvadores de la economía y de las em-presas estatales, redentores de la pobreza, gestores de política social, benefactores del trabajo nacional y junto con las importacio-nes de mercaderías, se decía que llevarían al país al futuro y al bienestar.

Hoy se sabe que esos dólares de los “socios estratégicos” no crearon empleo, ni disminu-yeron la pobreza, ni salvaron empresas, ni se aplicaron a planes sociales, sino que se refundieron en la guerra, en la alta corrupción y el despilfarro, y solo nos queda la miseria y la propiedad de los monopolios extranjeros sobre nuestros recursos básicos.

Pero lo que sí es similar, tanto antes como ahora, son los argumentos falaces para justificar la venta, la “capitalización”, los joint ventures o los “socios estratégicos”: la competencia, la tecnología, el capital para inversión, los costos laborales, pero todo ello recomendado por bancas de in-versión articuladas de mil maneras a los monopolios.

Lo que es sorprendente –y para nosotros inadmisible– es que estas decisiones, añejas y actuales, provengan de latitudes ideológi-cas y políticas opuestas. No puede Samuel Moreno, alcalde elegido por el Polo, esgrimir las falsas razones para privatizar la ETB, las mismas que las dadas por César Gaviria y Álvaro Uribe para liquidar a Telecom.

El Alcalde no puede volver la espalda a los compromisos adquiridos con los trabajadores de la ETB en la línea de no vender más ac-ciones; o al acuerdo firmado con las centrales obreras de mantener el carácter estatal de las empresas de servicios públicos domicilia-rios; o al Ideario de Unidad del Polo; o a los perjuicios sobre la economía y bienestar de los bogotanos y los colombianos.

Podemos estar de acuerdo con lo esencial del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva y con muchas de las ejecutorias sociales, al fin y al cabo el movimiento sindical apoyó y ayudó a elegir al alcalde Samuel, para ello firmamos un acuerdo. Pero la anunciada privatización de la ETB es un punto de quiebre, es una batalla impuesta e ineludible.

En abril de 1992, ante el anuncio de la su-basta de Telecom en la bolsa de Nueva York, los trabajadores, técnicos y operarias de lar-ga distancia, bajo una correcta orientación, jugando el papel de vanguardia contra el modelo neoliberal y la privatización, libraron, con arrojo, una heroica y colosal batalla, la huelga de 1992.

Por nueve días, soportando los chantajes, las amenazas y la represión, recibiendo el apoyo del movimiento obrero y la solidaridad

de la población, incomunicaron al país en defensa de uno de los patrimonios públicos más importantes y estratégicos del país: las telecomunicaciones, el “filón de oro” apete-cido por los negociantes que se proyectaban al siglo XXI.

Antes de librar esta anunciada y definitiva lucha, ganaron opinión pública, produjeron libros y documentos probatorios sobre la for-taleza y viabilidad de Telecom, llevaron sus razones valederas por todo el país, desde concejos de provincia al parlamento nacional. Esto no bastó para la codicia de los monopo-lios y el poco valor de los gobernantes.

Su esfuerzo y su carácter lograron detener la venta inmediata. Continuaron en la lucha y después de 14 años y varios gobiernos, mediante el sistemático debilitamiento de las organizaciones sindicales y el paulatino agotamiento de la fortaleza empresarial de

Telecom, en el año 2006, en el gobierno de Uribe, consiguieron venderla a Telefónica Móviles de España.

Este ejemplo y esta dignidad de los trabaja-dores y trabajadoras de Telecom, debe servir ahora para impedir la venta de la ETB. La batalla tiene una fecha fija, el 10 de octubre, fecha en que se definirá el “socio estratégi-co” al mejor oferente. La CUT, el movimiento sindical, la opinión pública y la ciudadanía, deben respaldar esta cruzada.

Al igual que en 1992, como lo hicieran Sittelecom y ATT, ahora la última y definitiva decisión para frenar la privatización está en las manos y las mentes de los trabajadores de la ETB. La huelga es el instrumento preci-so para ello. Nosotros estaremos prestos. Tal vez el arma de la verdad, acompañada de la lucha civilizada de masas podrá convencer al Alcalde de su error.

La Liquidada TeLecom y La vigenTe eTB

El “socio estratégico”

Reunión de miembros del Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca con representantes de Sintrateléfonos.

8 Nº 58, julio de 2009neo l ibe ra l i smo

Carlos Julio Giraldo

Dirigente Del conSejo nacional eStuDiantil De colomBia (conSec)

Las recientes manifestaciones de re-chazo por parte de amplios sectores de la ciudadanía de Bogotá frente a la

decisión del Alcalde Mayor, Samuel Moreno, de buscar un “socio estratégico” para la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), significa, sin duda, la puerta de entrada de la privatización de este patrimonio de los ca-pitalinos, cuyas nefastas consecuencias se sentirán, no sólo en las finanzas de la ciudad en general, sino en las de la Universidad Distrital en particular, y agravarán con ello la difícil situación financiera y académica por la que viene atravesando.

Los ingresos de la Universidad Distrital para el 2008 sumaron $197’458.210.000, de los cuales $68.584.730.000 son recur-sos propios. Estos últimos provienen de la estampilla ($49.570’277.000) y Otros Recursos ($19.014’453.000), resultantes de inscripciones, matriculas, derechos de grado, cursos de vacaciones, carnets, certificados, publicaciones, etcetera.

Los aportes de la nación fueron de $10.471’213.000, destinados para funciona-miento y del Distrito (provenientes, casi todos de la ETB) fueron de $114.671’583.000, de los cuales $113.671’583.000 son para fun-cionamiento y $1.000’000.000 para inversión. De estos aportes, $42.374’130.804 son para el pago de pensiones y $81.768'665.196 para gastos de funcionamiento de la universidad. Por otra parte, los ingresos de capital fueron del $3.730’684.000, provenientes de rendi-mientos de las cuentas bancarias de la UD, de la estampilla de la Tesorería Distrital y de la recuperación de cartera. Para ese año

La ETB y la Universidad Distrital

no generaron recursos por concepto de las acciones que posee la UD en la ETB.

Observando la estructura del presupuesto de la Universidad Distrital, se puede concluir que la fuente principal de recursos, casi el 60%, proviene de los aportes del Distrito Capital, los cuales proceden de las transferencias que hace la ETB (correspondiente al 2% de las utilidades de la misma) siendo los aportes de la nación una ínfima cantidad, que no llega al 10% del presupuesto total.

En este sentido, una privatización de la ETB, significaría para la Universidad Distrital dejar de contar con la principal fuente de recursos lo que conllevaría a su inviabilidad financiera, pues parte de ellos se destinan al pago de las obligaciones pensionales, que para el año 2008 ascendieron a $42.504’102.582.

Frente a las pretensiones del Gobierno Nacional para lograr el anhelo neoliberal de hacer que las universidades públicas eleven el valor de las matrículas hasta cubrir el costo real del servicio, lo que se traduciría en la privatización total de la educación superior en Colombia, la privatización de la ETB, con el consiguiente impacto en las finanzas de la Universidad Distrital, significa el fortaleci-miento de dicha tendencia, la cual implica la negación absoluta del derecho a la educa-ción para los bogotanos.

Carlos Ernesto Castañeda R.

PreSiDente De SintraeStataleS

El Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, en segunda instancia, ordenó el rein-tegro de nuestra directiva Cristina del Pilar Fiquitiva, quien había sido despedida por la Alcaldía de Cota, pues sí tenía fuero sindical, y que, por supuesto Sintraestatales sí exis-te. Este fallo reivindica los derechos de los trabajadores provisionales a gozar de fuero sindical y de asociación sindical. Esta decisión se produce luego de una ardua batalla jurídica y política y demuestra el error en que se en-contraba la administración municipal.

El 22 de julio se nos notificó de otros dos triunfos sindicales. El Juez Civil del Circuito de Ubaté, actuando como Juez Laboral, or-dena el reintegro de trabajadores amparados por fuero sindical tanto en Fúquene como en Sutatausa. No obstante, el lunar del asunto

Sintraestatales supera dificultadesradica en que allí mismo se desconoció el fuero de otros dos dirigentes de Fúquene, a quienes el Juez excluyó de la orden con argumentos que no corresponden al derecho sustantivo. En este caso estaremos atentos al resultado.

De otra parte, informamos que el Alcalde de Tocancipá, pese a que de manera decidida suscribió un importante acuerdo laboral en el marco del Decreto 535 de 2009, al igual que lo hizo el de Facatativá, se ocupó de agrandar la lucha de Sintraestatales, pues ha iniciado acción de levantamiento de fuero sindical contra tres trabajadores directivos de Sintraestatales, lo cual condenamos y lucha-remos para su adecuado desenlace.

Informamos que nuestra organización ha presentado un pliego petitorio al Gobernador, que cumple ya más de un mes sin que la ad-ministración departamental haya convocado al Sindicato para los efectos pertinentes.

Francisco Maltés Tello

DePartamento De comunicacioneS cut nacional

Uno de los componentes económicos del modelo neoliberal es la privatiza-ción de todo lo público con el argu-

mento de una mayor eficiencia y la reducción de costos, lo que traería la reducción de precios para el consumidor o el usuario del servicio. En 25 años de su aplicación, esta política ha fracasado, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Las tarifas y los precios no han bajado, por el contrario, han aumentado y se han convertido en los mayores jalona-dores del incremento del costo de vida. Su poder monopólico los ha convertido en precio-decisores y, en el caso de salud y la educación, estos pasaron de ser derechos constitucionales a negocios, tal y como lo ha demostrado la reciente muerte de un paciente en la puerta de una IPS en Bogotá.

Mientras en el mundo entero los gobiernos estatizan bancos, en nuestro país sucede lo contrario. Uribe Vélez pretende vender las hidroeléctricas y otras empresas públicas. Lamentablemente algunos gobiernos locales de corte democrático y de izquierda no se quedan atrás:

Para desconcierto del movimiento social y sindical, el Alcalde Mayor del Distrito Capital pretende privatizar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, a través de la mal llamada necesidad de un “socio estratégico”, recomendada por la Banca de Inversión Santander, banca de capital espa-ñol, sin mayor sustento económico o tecnoló-gico para argumentar dicho concepto.

El año anterior, la ETB generó ganancias cercanas a los $200 mil millones, con los cua-les se financia, entre otros, a la Universidad Distrital, en la cual cursan estudios cerca de 32 mil estudiantes, la mayoría de estratos 1 y 2, asimismo, traslada recursos para salud y educación básica y media de los habitantes de la ciudad, su solidez económica es tal, que

los evaluadores del riesgo en todos los años de la presente década le han otorgado califi-cación triple A en el manejo de sus finanzas. La ETB no tiene problemas económicos, su deuda es baja, no tiene dificultades en mate-ria pensional, no tiene atrasos tecnológicos, sus costos operativos están dentro de la media del sector.

¿Por qué la privatización?

Aún no se encuentra una razón lógica para tomar la medida. El Distrito tendría el 50%

más una acción, es decir, ten-drá la mayoría accionaria, pero el anzuelo para atraer al “socio estratégico” será la “oferta con manejo operativo”, es decir que, aunque minoritario en acciones, el “socio estratégico” será quien tome las decisiones.

Si en Bogotá llueve, por Cali no escampa, su Alcalde, Jorge Iván Ospina, presentará este mes al

Concejo de esa ciudad un proyecto de acuerdo para separar el componente de telecomunica-ciones de las empresas municipales de Cali, Emcali, y su privatización mediante la venta del 49% de las acciones, que será así: Un 34% a un “aliado estratégico” y el 15% a los usuarios del servicio. Al igual que en Bogotá, el Alcalde de Cali se había comprometido con los habi-tantes de la ciudad y el sindicato de la empresa a no privatizar Emcali y a recuperarla.

En Medellín también se pretende entre-gar parte de las Empresas Públicas de Telecomunicaciones de Medellín (EPM-UNE) al sector privado.

Estas erráticas medidas de las administracio-nes de las tres principales ciudades del país, sin duda alguna generarán un incremento en las tarifas y, por tanto, en el costo de vida de los usuarios, el envío de las ganancias a las casas matrices y un detrimento de la inversión social en salud, educación, vivienda, etc.

Se requiere la más amplia unidad de los usuarios, los trabajadores, los estudiantes y los concejos de las capitales citadas para evitar que por esta vía aumente la pobreza y la miseria.

la privatización DE la EtB

Bussines son Bussines

Denunciadesaparecido un TraBajador deL sena

El compañero Freddy Fabián Martínez Castellanos desapareció el pasado lunes 13 de julio del presente año.

Freddy es instructor del Sena y labora actualmente en el centro de desarrollo agrope-cuario con sede en Chía (Cundinamarca).

El docente desapareció cuando se desplazaba de Bogotá hacia Ubaté a desempeñar labores relacionadas con su trabajo. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y está vinculado al programa Sena, Jóvenes Rurales, dirigido a la cualificación de jóvenes de escasos recursos y población vulnerable de cualquier edad.

Solicitamos difundir esta información y apoyar solidariamente a su familia en la búsqueda de datos que conduzcan a su pronta ubicación.

Nº 58, julio de 2009 9s ind i ca les

William Gaviria Ocampo

Dirigente SinDical De uneB

El capitalismo se ha caracterizado por sus recurrentes crisis. En la historia reciente se ha tenido noticia de varios momentos

críticos, en los cuales el sistema ha estado en entredicho porque ha sufrido ondas recesivas de corto y de mediano plazo. Desde los años 70, cuando se sufrió la gran crisis petrolera, la huma-nidad ha tenido que soportar sucesivas crisis en todo el planeta. Para solo mencionar algunas, se pueden citar: las crisis de 1976 al 82 en México, la de Chile en 1982, el crash bursátil de 1987 en Estados Unidos, la burbuja financiera e inmobi-liaria de 1980 a 1990 en Japón, la crisis alemana de 1992, la crisis económica de México de 1994 (llamada ‘Efecto Tequila’), la crisis asiática de 1997, la crisis puntocom de 1999 a 2003 (la de las empresas vinculadas a Internet), la crisis de 2001 (la del corralito en Argentina), la crisis dominicana de 2003-2004, la crisis inmobiliaria en España de 1998 a 2008; la crisis inmobiliaria de 2007 en Estados Unidos, la crisis bursátil internacional en 2008, la crisis económica mundial de 2008.

Podría entonces afirmarse que, en los últimos 40 años, la humanidad ha tenido que asistir a la crisis más prolongada y dramática en la historia del ca-pitalismo, aunque en este período hayan existido algunas ondas de relativa recuperación .

Cada vez con mayor velocidad se tienen que re-unir los representantes de los países más ricos a diseñar y rediseñar estrategias para recompo-nerse de las crisis, tratando de evitar el colapso total; o como dicen algunos más optimistas, se reúnen a diseñar políticas que prolonguen la “agonía del capitalismo”. Sin embargo, es evi-dente que los síntomas de la debacle suceden con mayor frecuencia, y entre ellos cada vez hay intervalos menores de tiempo, además de que las variables macroeconómicas lesionadas develan que con el transcurrir de los años el sistema está en peores condiciones y con me-nores posibilidades de recuperación.

De hecho, el trauma que generó la inicial crisis inmobiliaria, aceptada por Bush en 2007, no se superó, a pesar de que el Gobierno americano enfiló toda su “artillería” de política económica para tal fin; por el contrario, solo bastaron unos pocos días para que se empezara a aceptar la gran crisis financiera mundial y la debacle en las más importantes y emblemáticas empresas del sector real; situación esta que hizo inoculta-ble la peor crisis económica de la que se tenga conocimiento en la historia del último siglo, al punto de no poder evitar el actual ciclo recesivo en los países más poderosos del globo.

Lo paradójico es que los grandes capitalistas, que son los artífices del desastre económico, le exigen a todos los gobiernos (y estos entre-gan) inyecciones multibillonarias de capital para recuperarse, al tiempo que complementan toda su política de recuperación en detrimento de la calidad de vida del resto de habitantes del mundo, es decir, que para buscar la recupera-ción temporal del sistema, reducen los salarios,

extienden las jornadas de trabajo, acuerdan con los gobiernos políticas de ajustes estructurales , ejercen desplazamiento o migraciones labora-les cada vez en peores condiciones, entre otra cantidad de artilugios que atentan cada vez más contra la dignidad humana.

Mientras en 2008 la sumatoria de todas las ayudas (en diferentes tramos) que los paí-ses ricos aprobaron para evitar la catástrofe del capitalismo se aproximan a los 3 billones de dólares, la pasada cumbre de los ocho países más industrializados (G8) y algunos países emergentes, realizada entre el 8 y el 10 de julio pasados en la ciudad de L’Aquila, en Italia, anunció su compromiso de donar 20 mil millones de dólares en los próximos tres años para luchar contra en hambre en el mun-do, que hoy afecta a más de 1.000 millones de habitantes. Ello sin incluir los que habrá que sumarle a este grupo por los más de 20 millones de desempleados que dejará la crisis actual, según sus propios pronósticos.

En esta cumbre del G8 queda demostrado que no existe el menor interés en recomponer los indicadores socioeconómicos en el globo, por el contrario, su preocupación está concentrada en reafirmar el principio del libre mercado, y por ello ratificaron su voluntad de concluir en 2010 las negociaciones de Doha sobre la libe-ralización del comercio mundial. Asimismo, se abstuvieron de adoptar políticas positivas para la recuperación de la problemática ecológica y ambiental; no se llegó a ningún acuerdo signi-ficativo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ni para proteger a los países pobres del cambio climático, así como tampoco se hizo referencia al pago de la abultada deuda ecológica que los países ricos deben a los países del sur.

En la actual coyuntura reaparecen el FMI, el Banco Mundial y todos los organismos mul-tilaterales de crédito se anuncian como los salvadores de los países pobres que necesitan recursos de crédito. Tratan de hacer olvidar que son esas entidades las causantes de la miseria que hoy viven millones de habitantes de los países del Sur en todo el planeta. Las políticas de ajuste estructural impuestas por estos orga-nismos no tardarán en generar consecuencias terribles para los pueblos, por lo tanto, es tarea de todas las organizaciones populares, sindica-les, cívicas y comunales, es tarea de todos los dirigentes políticos y gremiales alternativos y de izquierda, la de organizar a la población para avanzar en la construcción y materialización de una propuesta de desarrollo alternativo que le dé soluciones reales a los problemas estructu-rales que ha dejado el sistema imperante.

Por lo pronto, se requiere estructurar una nueva arquitectura financiera internacional que posibili-te a los países del Sur el desarrollo que la huma-nidad reclama, que respete la dignidad humana y que garantice verdaderas posibilidades de vida digna. Hay que seguir avanzando hacia la instauración del Banco del Sur y hacia la conso-lidación de las políticas de desarrollo industrial y comercial que los pueblos necesitan.

crisis DEl capitalismo…

Una oportunidad para los pueblos del Sur

Carlos Saavedra Zafra

PreSiDente nacional De aScontrol

Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios

privados. Por su parte Transparencia por Colombia la define como el abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular en detrimento del interés colectivo. En los documentos del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción se plantea que la corrupción es el aprovecha-miento de los recursos públicos o de la condición de servidor público en beneficio particular. Se entiende por recursos públicos los ingresos de la nación y de las entidades te-rritoriales, los cuales deberán ser destinados para el beneficio gene-ral de la comunidad, y por servidor público, a aquella persona que tiene acceso a información privilegiada y a la posibilidad de decidir sobre el gasto público o la concesión de bienes y servicios.

Es decir, se debe entender por corrupción el uso indebido del poder derivado de los empleos que desempeñan las personas, ya sea en el nivel gubernamental como en el privado. Un acto de corrupción se encuentra signado por el mal uso del poder, o la obtención de un beneficio privado o particular, tanto para quien ejecuta el acto, como para amigos o familiares, si para ello se valen de hechos y actuaciones como ofrecer, solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie, o en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.

La corrupción afecta la credibilidad, legitimidad y gobernabilidad de cualquier nación y esto se maximiza en países en vía de desarrollo, como Colombia, donde los recursos públicos son escasos, dado el nivel de desarrollo económi-co. Ello conlleva a que las obras públicas y las inversiones estatales no terminan en lo que la comunidad espera en términos de calidad, ne-cesidad y oportunidad. La corrupción no solo es de la esfera estatal sino que vive, convive, se desarrolla y retroalimenta con la corrupción hacia y desde el sector privado. Asimismo, la co-rrupción no debe ser vista como un problema de política pública sino como un fenómeno social.

En Colombia se cuenta con la más variada normatividad relacionada con el rechazo y el combate contra la corrupción. Diez artículos de la Constitución del 91 hacen referencia al control ciudadano de la gestión pública: el 23, el 90, el 122, el 123, el 125, el 126, el 183, el 184, el 209 y el 270. Con la Ley 412 de 1997 se adoptó como norma de carácter obligatorio la Convención Interamericana contra la Corrupción (Cicc). Y con la Ley 970 de 2006 se ratificó por Colombia la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Cnucc). Además, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación se instituyen como las herramientas institucionales para vigilar la ges-tión fiscal y para controlar las acciones y las decisiones de los servidores públicos.

En el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Colombia se ha mantenido prácticamente “estable”. En 2006 obtuvo una puntuación de 3,9/10 entre 133 países; en 2007 alcanzó 3,8/10 entre 183 paí-

Corrupción y control fiscalses y 3,8/10 en la medición de 179 países en 2008. Ubicando Colombia en el puesto 70 a nivel mundial, y en el 13 respecto al continente Americano. Esa estabilidad relativa no signi-fica que se haya mejorado en la lucha contra la corrupción, por el contrario, lo que se debe entender es que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por los entes de control no han logrado disminuirla, reducirla, ni mucho menos eliminarla.

Es responsabilidad de los ciudada-nos, de los partidos políticos, del Gobierno y de los entes de control, definir políticas públicas de lucha contra la corrupción, no solo como fe-nómeno estatal sino como fenómeno social. Políticas que deben tender a sustituir la cultura de la permisividad por la cultura del respeto por la dig-nidad humana, por el respeto de los valores esenciales que deben guiar el

comportamiento ciudadano y de los servidores públicos, tales como la honestidad, la rectitud y la transparencia.

En un ambiente de poca confianza en el sis-tema judicial y en los órganos de control, la impunidad, la ineficiencia de la gestión estatal en la persecución y sanción de la corrupción, sumado a ello la poca o nula sanción social, se hace necesario el fortalecimiento de una cultura ciudadana de lucha contra la corrupción. Hay que reivindicar la cultura de la denuncia y se hace necesario el fortalecimiento de los órganos de control fiscal.

Sin embargo, hoy, los órganos de control fiscal –Contraloría General y Contralorías Territoriales– se encuentran debilitados, tanto por la forma de elección de los Contralores por el Congreso, como por las Asambleas o los Concejos Municipales, que le dan un sello políti-co a su elección; como por el sinnúmero de me-didas administrativas, presupuestales y legales que limitan su independencia y autonomía.

El control fiscal público debe visibilizarce y ser visto como la herramienta perfecta para defender y fortalecer la democracia, el Estado Social y de Derecho y los intereses populares. El ‘Cofrade’ y ex Contralor General, Alfonso Palacio Rudas, definió en 1946 que: “el control es la base de la estabilidad democrática, y des-conocerlo, o subestimarlo, u obstaculizarlo con cualquier pretexto, así sea aparentemente el más apropiado, es asestar un peligroso golpe a las instituciones y dar el primer paso para la im-plantación de situaciones de hecho. Y a renglón seguido dijo: “De ahí el porqué de la Contraloría, que es la delegataria del Parlamento, que a su vez… es la expresión de la voluntad popular”, por eso ella exige “el cumplimiento de todas las disposiciones constitucionales y legales que ri-gen su funcionamiento, e impida, por todos los medios a su alcance, que pueda ser recortada [reestructuraciones, congelamiento de planta, etc.] o desconocida su función, normas que la rigen.” Todos tenemos una responsabilidad en la defensa del Estado Social y de Derecho, y dicha defensa se encuentra enmarcada en el enten-dimiento, fortalecimiento y defensa del control fiscal público ejercido por la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. Sólo una gran convergencia de todos los co-lombianos permitirá acordar el futuro del Estado Social y de Derecho, y permitirá defender el control fiscal y eliminar la corrupción.

10 Nº 58, julio de 2009empleo de cen te

Bruselas, 9 de julio de 2009 (CSI EnLínea): Representantes de la CSI presentes en la cumbre del G8

en Italia se reunieron esta mañana con el Presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, para tratar sobre el tema del empleo y la recuperación económica, en vísperas de la Cumbre a la que asistirá el Presidente Lula junto con otros líderes nacionales proceden-tes de países pertenecientes y no pertene-cientes al G8. Esta reunión tuvo lugar tras una serie de discusiones con ministros del gobierno anfitrión, Italia, incluyendo el Primer Ministro Silvio Berlusconi.

Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni y Luigi Angeletti, dirigentes de las tres afiliadas italianas de la CSI: CGIL, CISL y UIL res-pectivamente, participaron en la reunión con el Presidente Lula, junto con John Evans, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (CSC-TUAC), y que representará a la TUAC, a la CSI y a sus asociados en la Agrupación Global Unions en la cumbre que tendrá lugar esta semana en L’Aquila, localidad recientemente afectada por un terremoto.

“El Presidente Lula se mostró favorable a nuestra propuesta de incluir a los sindicatos en las nuevas estructuras de gobernanza económica mundial, que resulta claramente

necesaria si queremos que el mundo saque partido de las lecciones que pueden des-prenderse de la actual crisis económica y del empleo. Esto incluiría la próxima cumbre de líderes del G20 en Pittsburgh, prevista para septiembre, que revestirá una importancia crítica para dar un nuevo giro a la economía mundial y garantizar una regulación econó-mica y financiera adecuada en el futuro”, comentó Evans.

La CSI y sus asociados en Global Unions están preocupados de que la crisis podría profundizarse aún más, con el incremento del desempleo en todo el mundo y el riesgo de una deflación salarial competitiva que podría ocasionar una depresión aún mayor de la demanda en la economía mundial.

“En tanto que el trabajo decente no se con-sidere un objetivo central en la toma de deci-siones económicas, persistirán las fallas que ocasionaron la actual crisis, y una posible re-cuperación se vería permanentemente ame-nazada. Esto implica que la Organización Internacional del Trabajo debe estar plena-mente involucrada, junto con los gobiernos y otras instituciones internacionales, a fin de asegurarse de que el Pacto Global para el Empleo adoptado durante la Conferencia de la OIT en junio pueda convertirse en rea-lidad”, concluyó Evans.

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La CSI EnLíneaG8: Líderes sindicales impulsan el empleo

Bruselas, 3 de julio de 2009 (CSI En línea): La CSI ha pedido a José Miguel Insulza, Secretario General

de la Organización de Estados Americanos (OEA), intervenir urgentemente para proteger la democracia en Honduras y la reintegración del Presidente Manuel Zelaya, quien fue de-tenido y trasladado a la fuerza fuera del país tras el golpe militar del 28 de junio.

En una carta al Sr. Insulza http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Carta_CSA_al_SG_OEA_- _Honduras03072009.pdf, Víctor Báez, Secretario General de la Organización Regional de la CSI, la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), pidió medidas inmediatas para garantizar la protección de más de 20 dirigentes sindicales hondureños/as que han recibido amenazas a su seguridad física y a su libertad tras el apoyo sindical a las protestas generalizadas contra el golpe de Estado.

“Este golpe militar, una inaceptable afrenta a la democracia, corre el riesgo de provocar una peligrosa desestabilización en la región y pone en peligro las propias instituciones y sistemas establecidos para garantizar la democracia, la paz y la estabilidad. El Presidente Zelaya debe ser reintegrado a su cargo y es preciso revocar de inmediato la suspensión de los principales derechos y garantías constitucionales. La OEA, así como las Naciones Unidas, deben desempeñar un

Honduras: llamamiento urgente de intervención de la OEA en favor de la reintegración del Presidente y la restauración de la democracia y los derechos humanos

papel central en este asunto”, declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

“Tenemos información desde Honduras que existen listas de dirigentes sindicales amenaza-dos de detención y corren riesgo personal ante la acción de las fuerzas militares. Esta situación tiende a complicarse ante la decisión de estas autoridades de desconocer los exhortos de la OEA y la ONU para restablecer la instituciona-lidad y por el contrario amenazan con una re-presión generalizada contra quienes respalden a las legítimas autoridades”, afirmó Báez.

La CSI y sus organizaciones afiliadas de todas las Américas y alrededor del mundo han hecho llamamientos a los gobiernos y los órganos intergubernamentales para rechazar el golpe e incrementar la creciente presión para que se reintegre a su cargo al presidente legítima-mente electo.

“Continuamos vigilando la situación muy de cerca con nuestras organizaciones miembros de Honduras, y tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para proteger la in-tegridad y la seguridad de nuestros compañeros y compañeras sindicalistas y lograr un rápido retorno a la democracia”, afirmó Guy Ryder.

Nº 58, julio de 2009 11po l í t i ca

Lilia Solano*

Comencemos por un muy breve re-cuento de las bases militares en el mundo y el rol que estas cumplen,

para reafirmar la preocupación que tendría que causar al pueblo colombiano y a los países vecinos la instalación de estas bases. Aunque el gobierno dice sobre las bases mi-litares gringas que se instalarán pronto en el país, se sabe que ya están operando hace años y a sus anchas.

Según el informe anual del Departamento de Defensa de Estados Unidos, existen más de 823 bases militares estadounidenses, repartidas en más de 130 países, en una extensión que ocupa más de 2,5 millones de hectáreas en los cinco continentes, para vigi-lar estratégicamente sus intereses y en ellas residen permanentemente aproximadamente 250.000 miembros de las Fuerzas Armadas; en ellas trabajan unos 45.000 contratados locales. El informe no incluye las bases establecidas en Kosovo, Afganistán, Irak, Kuwait. Además, el Pentágono indica que posee 32.327 cuarteles, hangares, hospitales y otros edificios en sus bases en el extranjero y que renta 16.527 instalaciones.

Por otro lado, el general del Estado Mayor iraquí, Al-A’busi, declaró que las fuerzas estadounidenses han transformado las antiguas bases militares iraquíes en bases semipermanentes, las cuales proporcionarán “servicios” como sistemas de advertencia y control aéreo, así como aterrizajes de emergencia. Pero, en general, las bases militares acogen material y personal militar, así como instalaciones para entrenamiento y operaciones. El general iraquí afirmó que hay 14 bases militares cualificadas para las necesidades militares estadounidenses en Irak, como la Escuela de las Fuerzas Aéreas en Kirkuk, la base Balad en el norte de Irak, las bases Al-Baghdadi y Habbaniyah, ambas en la provincia de Anbar; la base Al-Saouira en Kut, y la base AlImam en Nasiriya; dos en la provincia de Basora, Al-Shuaiba y la del aeropuerto de Basra que están controladas por el ejército británico; en Bagdad están las bases Cropper y Camp Victory en el ae-ropuerto internacional de Bagdad, así como dos importantes bases en las provincias de Diwaniyah e Hilla, además de las cuatro ba-ses en construcción en la frontera con Irán en Basora, Amarah, Kut y Diyala.

Las bases militares, además de marcar los confines del imperio, están concebidas para apoyar el poder militar de E.U. en todo el mundo, pero al mismo tiempo sus conse-cuencias más visibles y cotidianas se hacen sentir en el ámbito nacional y son un buen negocio para muchas empresas de E.U., que están tanto o más interesadas que el Pentágono en que continúe ese vasto despliegue militar. Cuando Estados Unidos firma un convenio con un país ubicado en

Estados Unidos marca sus territorios por medio de bases militares

cualquier parte de la Tierra para instalar una base militar, comienza una turbia relación de neocolonialismo y dependencia con el país so-metido, al cual le llegan una serie de delitos y problemas sociales que, a su vez, degeneran en violaciones infames a los derechos huma-nos, y crecen incontrolables en los pueblos conquistados, porque una base militar extran-jera es una ocupación militar y, por tanto, un símbolo histórico del sometimiento, esta sola razón sería suficiente para repudiarlas.

Desde hace un tiempo el Pentágono quie-re abandonar algunos países ricos, como Alemania, y trasladar sus bases a países go-bernados por regímenes dictatoriales, donde encuentre “una legislación medio ambiental tolerante”. Por lo general, los países que al-bergan las bases tienen que aceptar cláusulas que eximen a E.U. de indemnizar por las ca-tástrofes ambientales que produzca, así como las relativas a la inmunidad jurídica de su per-sonal. Cuanto más tiránico su gobierno, tanto mejor para el funcionamiento de la base.

En Colombia, las nuevas instalaciones, son las cinco principales bases de la Fuerza Aérea y la Armada en el país: Apiay, Malambo, Palanquero, Cartagena y Bahía de Málaga. Las bases estadounidenses, rodean la Amazonía y se toman las rutas comerciales más importantes, hacen presencia en los lu-gares estratégicos y vigilan como serpientes a los gobiernos progresistas de la región.

Las bases militares son un atentado flagrante a la soberanía del país, se burlan de la Constitución y llevan a cabo toda clase de funciones, desde las netamente militares, y también las de control ideológico, político y económico.

Dice William Brownfield, el embajador de Estados Unidos en Colombia, que se trata de una colaboración en la que a Estados Unidos no sólo van a servirles las bases aé-reas, sino también las navales. Que todas les son necesarias a su país para tanquear aviones y barcos, helicópteros, lanchas, etc. Lo cierto es que en Colombia, las ba-ses militares estadounidenses siempre han cumplido una función clara porque lo han hecho en las bases de Tres Esquinas y Larandia, en el departamento de Caquetá, y de Villavicencio, en el departamento del Meta, que operan con la presencia de avio-nes y la inteligencia técnica del Pentágono, llevan tiempo apoyando el combate a los grupos subversivos y persiguiendo a los líde-res de los movimientos sociales y políticos y vigilando las fronteras, entrenando militares y paramilitares y otra serie de tareas propias del oficio de las bases.

El traslado de la base militar, muestra la enor-me dependencia política de este gobierno con Estados Unidos, un gobierno seriamente comprometido con paramilitares y narcotra-ficantes y que tiene cada día un escándalo por cuenta de la criminalidad estatal; con un Congreso casi a sus órdenes y unos medios de comunicación que la mayoría de

las veces hacen de antenas repetidoras de sus discursos.

Colombia es el país de las maravillas, geopo-líticamente estratégico, cuenta con cinco fron-teras terrestres y, especialmente, porque tiene un presidente de rodillas frente a los intereses norteamericanos, que ahora está acusado por los paramilitares colombianos presos en Estados Unidos de colaborar estrechamente con ellos, pero de todas formas es servil y esto es lo que cuenta a la hora de negociar.

Es de suma importancia adelantar inmediata-mente una resistencia frontal contra la base militar, por la soberanía y la autonomía, es una lucha muy difícil porque además es una lucha para evitar la masacre de inocentes y la devastación del medio ambiente. La vida es la que está en juego.

* Lilia es filósofa de la Universidad del Valle y politó-loga de la Universidad Javeriana. Además de haber cursado estudios de postgrado en la Universidad de Toronto, Canadá. Es una reconocida defensora de derechos humanos y líder social.

La autora del artículo en un mitin contra el TLC en Canadá.

12 Nº 58, julio de 2009comuna les

Jaime Beltrán

Dirigente Social De uSme / vereDaS

Una vez recorridos unos difí-ciles y estrechos senderos y grandes congestiones den-

tro de la hermosa mole de cemento de nuestra querida y hospitalaria ciudad de Bogotá, en el borde sur, después de los barrios populares Santa Librada, Tenerife y Monte Blanco, por la Avenida Caracas, empezamos a sentir el majestuo-so paisaje de la ruralidad sur de Bogotá.

Esta ruralidad del sur de Bogotá está en las localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme. Sus habitantes son campesinos pro-ductores y defienden la diversi-dad agropecuaria y ambiental, y son garantes de esta riqueza que muchos citadinos desconocen su importancia para la sustentabilidad ambiental y para las generaciones futuras.

La gran cuenca del río Tunjuelito, compuesta por los ríos de Chizacá, El Mugroso y Curubital, además de un buen número de quebradas, dan origen a la construcción de los em-balses de Chizacá y La Regadera, que abastecen del preciado líquido a un sector de la ciudad. En la cabe-cera de estas fuentes encontramos los nacimientos naturales de las la-gunas de Bocagrande, Los Tunjos y Chizacá, el páramo que se ubica en Ciudad Bolívar y Usme que co-nectan los Cerros Orientales al gran páramo de Sumapaz, el más gran-de del mundo con una diversidad inmensa de flora y fauna.

El territorio alberga una historia que hace parte del desarrollo de la ciudad y del país. Tiene monumen-tos como la iglesia de San Pedro de Usme, el Parque Fundacional, Olarte Camacho y La Requilina, es-taciones del Ferrocarril de Oriente, las ruinas de un centro militar, las ruinas de la capilla de El Hato, viviendas de tipología española, grandes haciendas e íconos y le-yendas que hoy vagamente están en el recuerdo de algunos pobla-dores.

El territorio vuelve ser testigo de otros de sus misterios que allí alber-gan, como es el reciente hallazgo del cementerio arqueológico, ubica-do en la hacienda El Carmen, que evidencia la importancia ancestral, con otros vestigios de arte rupestre a lo largo y ancho del sector.

Las organizaciones sociales que mantienen en alto la bandera de la defensa y la conservación marcan una decidida participación en la

La ruralidad del sur de Bogotá

dinámica de la gestión social. Hoy el territorio busca el reconocimiento y la importancia que merece, por parte de las instituciones, para su conservación y sostenibilidad in-tegral. Añoramos las necesidades básicas y una oportunidad para los niños y jóvenes campesinos.

El mejoramiento de la infraestructu-ra vial, la comunicación telefónica, el apoyo a la educación básica y al-ternativas de educación superior, de salud, y el impulso a la productividad y comercialización, serían los retos de la buena gobernabilidad para la ruralidad del sur de la ciudad.

Las fotos que ilustran este artículo, representativas de la vida campesina del sur bogotano, fueron tomadas durante una salida educativa organizada por Jaime Beltrán (abajo), a la vereda Las Ánimas de la localidad de Sumapaz. En ellas se aprecia, además de algunos participantes, el paisaje, los símbolos y el colegio Jaime Garzón (construido por la administración de Lucho Garzón). MADR.

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14 Nº 58, julio de 2009t raba jo

Fraydique A. Gaitán R.

PreSiDente cut Bogotá cunDinamarca

Después de una gran jornada de trabajo por parte de la comisión negociadora com-

puesta por la representación de los trabajadores y la administración, en cabeza del señor alcalde Samuel Moreno Rojas. Esta se reunió el vier-nes 24 de julio, a partir de las 12:00 m. y concluyó aproximadamente a las 3:00 am del día sábado. No fue un proceso fácil, especialmente por la apa-rición del Decreto Nacional 535 el mismo día de la radicación del pliego (fe-brero 24 de 2009), pero la constancia y la búsqueda de salidas permitió que después de diversos ires y venires se lograra llegar a un acuerdo, aspecto muy importante porque se mantiene un elemento esencial del diálogo social (concepto fundante de la OIT en 1919) que es la construcción de la confianza. Bogotá es pionera y ejemplo nacional a partir de la ex-pedición del Decreto Distrital 137 de 2004 en la ‘Bogotá sin Indiferencia’ y profundizado en la ‘Bogotá Positiva: una Ciudad de Derechos’, generando un Acuerdo Marco Laboral que ha permitido mantener un proceso de diálogo permanente (Comité Distrital de Dialogo y Concertación Laboral) y el rescate de la negociación colectiva en el sector público.

Son tres los aspectos claves de la negociación (Ver acta en la página cuarta de la presente edición):

1. Aumento Salarial

Se logró unificar tres escalas salaria-les en un solo rango, lo que implica que el principal aumento salarial se dio para 18.452 funcionarios que son el 95 % y, algo muy importante, el aumento a parte de superar el dado en el nivel nacional (no existe la negociación colectiva) fue muy prudente y evita que los funcionarios que están en el límite para ser subsi-diados pierdan su derecho.

2. Nivelación Salarial

Este componente es muy importante, es una decisión que no se había to-mado seriamente y de una gran res-ponsabilidad política y económica, lo que muestra el gran compromiso social y seriedad de este gobierno alternativo.

3. Política laboral y tercerización

Muchas fueron las dudas que se suscitaron a partir de la circular del Alcalde Mayor en febrero de este año, donde se invitaba a la no ter-cerización laboral; este es tal vez el

punto más importante porque se en-marca en una política que propugna con fuerza la CUT, la CSI y la OIT en su campaña mundial por el Trabajo Decente, la cual busca formalizar la relación laboral entre empleador y trabajador, rompiendo la nefasta flexibilización laboral, la cual no es más que la búsqueda de la ganancia individual por parte del empleador a expensas del trabajador.

Este es un gran avance que dista de la política laboral nacio-nal, caracterizada por la precarización y la flexibi-lización; es nuestro deber hacer seguimiento al igual que desarrollar nuestros propios estudios al rede-dor de este tema para que a través de lo dispuesto en el acuerdo y lo previs-to en Comité Distrital de Dialogo y Concertación

llevemos a buen puerto la concreción de la no tercerización laboral.

Otros apuntes

Sistema Integrado del Transporte Público (SITP): Esta es una decisión muy importante para la ciudad en su dimensión urbana, ambiental, demo-gráfica, cultural, social y política, y por su gran impacto es muy importante que la CUT Bogotá-Cundinamarca se vincule activamente en dicho proceso, ya que impacta directamente el mun-do laboral alrededor de este sector tan importante para la ciudad y, por ello, hago un llamado respetuoso al señor Alcalde para que al igual que la Andi capítulo Cundinamarca-Boyacá, se nos tenga en cuenta con nuestros aportes y observaciones.

En los siguientes párrafos sacados de la página web www.samuelalcla-de.com, se muestra el avance que puede tener para los trabajadores del transporte (especialmente conducto-res) en su relación laboral la cual en la actualidad es de las más precarias, donde se adolece totalmente de un mínimo de seguridad social.

“Pero además, el SITP también ofrece herramientas que mejorarán las con-diciones laborales de los conductores que hagan parte de este esquema. Corresponderá a las empresas opera-doras del SITP contratar a los conduc-tores de los vehículos que prestarán el servicio de transporte tendrán un suel-do fijo y prestaciones”. “Los conduc-tores recibirán capacitación en temas como servicio al ciudadano, mecánica y seguridad vial. En muchos casos recibirán apoyo para culminar el ba-chillerato y acompañamiento por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad para resolver dudas e inquietudes en este proceso de cambio”.

“Otro objetivo es no fomentar des-empleo y pare ello se ha diseñado una estrategia que pretende reducir

El diálogo y la concertación laboral avanzan en el Distritolos actuales horarios de los conduc-tores mediante la división de turnos de trabajo que oscilan entre las 6 y 8 horas diarias”.

Nota: Invito a todos los sectores democráticos y en especial a los compañeros y amigos del PDA a que reflexionemos y mesuremos el lenguaje en este proceso electoral (consulta interna presidencial e inicio de las parlamentarias); resaltemos lo positivo sin ocultar nuestras debili-dades, generemos propuestas más que críticas, llamemos a la unidad sin que esto implique desdibujarnos en nuestras diferencias; lo principal no se puede someter a lo accesorio.

Visita de la dirigente sindical internacional de la ITF a la Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca.

Nº 58, julio de 2009 15sa lud

La Redacción

Un reciente estudio realizado por el Cendex, de la Universidad Javeriana, titulado “Recursos humanos de la sa-

lud en Colombia”, demuestra que en nuestro país hay escasez de médicos y que de con-tinuar esta tendencia, hacia el 2011 estarían faltando más de 30.000 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras.

Observando la relación número de médicos por habitantes, se concluye que en los paí-ses desarrollados el índice varía entre 4,5 y 12,5 por cada mil habitantes, mientras que en Colombia sólo llega a 1,5.

No obstante la importancia de esta publica-ción, es necesario profundizar aún más en el análisis de diversas variables que inciden en tan preocupante problemática nacional, pasando, desde luego, por las dificultades estructurales del sistema de salud, las po-líticas de formación en lo relacionado con cobertura y calidad, las condiciones labora-les, así como la inversión y estímulo para la investigación.

Es muy cierto que hay déficit de personal médico en áreas especializadas como ca-beza y cuello, microcirugía, reumatología, cardiología, neumología pediátrica y otras; pero también es cierto que en medicina general existe una notoria sobreoferta, lo cual conlleva altos niveles de subempleo y desempleo; sorprende, por ejemplo, encon-trar con frecuencia médicos en situaciones tan precarias que ni siquiera cuentan con la posibilidad de afiliación a una EPS.

Los profesionales de la salud son víctimas de los esquemas de miseria, causados por las efímeras condiciones de empleo; esto ocasio-na, entre otras cosas, que cada día sea mayor el índice de migración de médicos especia-listas y enfermeras preferiblemente a países como España, Ecuador, Chile y Canadá.

No resulta difícil comprender las razones por las cuales un médico toma la decisión de emigrar de Colombia en busca de mejo-res condiciones: para un recién graduado, con tan baja remuneración recibida, resulta imposible vivir en condiciones aceptables y recuperar la inversión hecha en formación, durante largos años de carrera universitaria. Y qué decir de los profesionales de recono-cida experiencia, quienes por causa de la política de cierre de clínicas y hospitales, han sido sometidos a condiciones indignas de contratación, mediante el sistema de coo-perativas, desmejorando ostensiblemente sus condiciones de vida.

Un caso emblemático, que pone de mani-fiesto el maltrato a la profesión, es el recien-temente ocurrido con la escisión y posterior liquidación del Instituto de Seguro Social y sus clínicas, proceso en el cual no impor-taron las condiciones laborales contenidas en la convención, ni la calidad y experiencia profesional; con una orden de supresión de

cargos y despidos masivos se terminó con la fuente de ingresos de los trabajadores; de facto, se cambió su estabilidad laboral por la inseguridad y el desempleo. Lo mismo ha sucedido en todos los casos de cierre y privatización.

Las políticas de formación son otro aspecto a tener en cuenta; es bien sabido que en nuestro país no es tradicional que el siste-ma educativo planee y ofrezca programas académicos de acuerdo a un diagnóstico de necesidades; por tal razón, es muy común para un médico general encontrarse con un “cuello de botella” cuando se trata de acce-der a ciertas especializaciones, ya que, tanto universidades como hospitales, ofrecen un número muy limitado de cupos para suscri-

una paraDoja más: méDicos sin aFiliación a Eps

Déficit de médicos y maltrato a la profesión

birse a ellas, además de que los costos son muy elevados.

Un asunto al que el Estado le ha concedido poca o ninguna importancia es el de los pro-gramas de prevención y promoción, que son los que evidencian efectivamente la calidad de la salud de un país y a los cuales aquí no se les asignan los recursos necesarios, porque no se tiene en cuenta el beneficio, sino el costo. Las especializaciones en salud ocupacional y medicina laboral, en ocasiones no están dirigidas exclusivamente a médi-cos sino a otros profesionales no siempre afines con la salud, porque la prioridad no es brindar un servicio, sino cumplir con una exigencia legal. Qué lejos estamos de que se comprenda la importancia para la salvación

de vidas y el ahorro económico tan trascen-dental que significa el hecho de prevenir antes que curar.

Es necesario tener en cuenta que no sola-mente debe analizarse el déficit numérico, sino la calidad de los profesionales y de los servicios. La medicina colombiana ha tenido y debe seguir teniendo un alto reco-nocimiento; para lograrlo, es imperativo que se dispongan los recursos necesarios para que las universidades públicas, como la Nacional, puedan seguir ofreciendo progra-mas de pregrado y especialización, con altos niveles de formación que incluyan procesos de investigación y, por supuesto, laboratorios equipados con alta tecnología. Por su parte, las universidades privadas deben hacer lo propio, para que la calidad de sus egresados sea la mejor.

Colombia necesita médicos suficientes, bien formados en las especializaciones que el país requiere y bien remunerados; se deben promover políticas estatales de investigación y estímulos para quienes se dediquen a ella; igualmente, es necesario crear incen-tivos para los médicos que decidan prestar sus servicios en las zonas distantes de las grandes ciudades y dedicar el presupuesto suficiente para los programas de salud pre-ventiva.

Un merecido reconocimiento al Instituto Nacional de Cancerología, por sus 75 años, a la vanguardia en tecnología, recurso humano y control del cáncer. La calidad de sus profe-sionales y de sus servicios es ampliamente reconocida no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.

16 Nº 58, julio de 2009informal idad

Pedro Luis Ramírez B.

PreSiDente ugt-cut y rePreSentante De loS venDeDoreS amBulanteS en la junta Directiva Del iPeS

Dentro de las consideraciones y medi-das unilaterales del Ipes para deses-timular el papel y el apoyo al proceso

de participación de los Comités Locales y del Comité Distrital de Vendedores Ambulantes está la de que estos favorecen el crecimiento de la venta ambulante y están en la tarea de incentivar la inscripción de ciudadanos que, sin ser vendedores y por la in-fluencia de los líderes, pretenden acceder a las ofertas y programas institucionales. Por lo tanto, y para salvaguardar la adecuada utiliza-ción de los recursos públicos, es natural y obvio que las inscripcio-nes se cierren o se les pongan trabas aun sin la expectativa de las elecciones de Comités Locales.

La segunda consideración sostiene que los recursos del presupuesto del Instituto para ven-dedores es limitado, por lo que se induce a los dirigentes a pedir que se cierren las inscripciones de más vendedores, por cuanto no alcanza ni siquiera para los que hoy están reconocidos en la base de datos, lo que genera una situación de conflicto entre los dirigentes y las bases.

Una tercera consideración es que la venta ambulante es una actividad ilegal y el ven-dedor ambulante es un delincuente, por lo que los recursos públicos estarían favore-ciendo dicha ilegalidad y, a lo sumo, sólo la reubicación y la contribución del Instituto a la recuperación del espacio público es lo único que se debe hacer. Por esta razón, se niega incorporar a los vendedores ambulantes del transporte público o a los bicitaxistas en la población objeto del Instituto.

En síntesis, el propósito es impedir que el nú-mero de vendedores ambulantes que apare-cen oficialmente en base de datos del Ipes se acerque al que existe en la realidad. Se trata de

limitar la posibilidad de la participación y desco-nocer el papel de los Comités, por cuanto una medida de este carácter debería ser aprobada por los representantes. Al mismo tiempo se fomenta el paralelismo sindical para erosionar

la capacidad de cohesión social del proceso organizativo de los vendedores.

La argumentación, aparte de es-puria y contradictoria, conviene ventilarla para el interés público, por cuanto muestra la racionali-dad del funcionario que, de entra-da, le desconoce a los excluidos –y por eso son excluidos– la condición de ciudadanos con mayoría de edad para ejercer sus

derechos, libre y autónomamente.

Al adjudicarle al proceso de organización de los excluidos –vendedores ambulan-tes– la responsabilidad del crecimiento de la informalidad y el desempleo, y al intentar desaparecer por completo sus verdaderas causas, (enunciadas con suficientes razones de naturaleza macroeconómica por autori-dades públicas, tipo Banco de la Republica, y por entidades privadas, tipo Fedesarrollo) se termina en el argumento absurdo de que la causa del crecimiento de la informalidad y el desempleo es el proceso de organización y la defensa del derecho al trabajo y al uso democrático del espacio público, y no a la falta de oportunidades que crea el entorno económico del que no son responsables los vendedores. Sólo falta que se diga que ellos, desde sus organizaciones, deben resolver y tomar medidas para contrarrestar el aumento de la informalidad, lo que ni siquiera pueden hacer las autoridades económicas.

La medida tomada por el Ipes, la de cerrar las inscripciones por las consideraciones anotadas, no solamente viola el derecho a

la participación de los vendedores sino que pretende desconocer la magnitud real de la población a la que tiene la responsabilidad de atender y generar alternativas económicas, como le corresponde a esta institución.

La evasión de responsabilidad por parte de los funcionarios se orienta al señalamiento de las víctimas de la situación como los cau-santes de la problemática de pobreza y ex-clusión, creando la sospecha para desvirtuar su calidad de organización social y ciudadana al señalar a sus dirigentes y organizaciones no como representantes de un propósito de defensa de sus derechos y búsqueda de al-ternativas sino como mafias que se organi-zan para apropiarse de los recursos públicos y estafar a quienes dicen representar. Lo

Los vendedores no son Los causanTes de La poBreza

No al discurso neoliberalLa aperTura de inscripciones en eL ipes es con-Dición para las ElEccionEs DE comités localEs

de vendedores amBuLanTes en eL disTriTo.

contradictorio es que sea a esos mismos di-rigentes a quienes se les insta a compartir el punto de vista del Instituto, con el pretexto del presupuesto, y les nieguen el derecho a los vendedores ambulantes que aún no aparecen oficialmente en la base de datos.

Por último, el mayor retroceso de lo hasta ahora construido es el retorno a la definición de la venta y del vendedor ambulante como un problema de ilegalidad-legalidad, que des-conoce el contenido social de la problemática. Es el retorno a un discurso peñalosista que creíamos superado por los funcionarios del Ipes, quienes tienen la responsabilidad direc-ta de atención a esta población. Es este re-troceso a un período de confrontación el que está, desde luego, disparando las alarmas en el sector, y esa es la razón por la que la UGT-CUT convoca a la solidaridad del movimiento social y a todos aquellos que representen en diversos escenarios lo social y la lucha por la defensa de los derechos vulnerados de los excluidos.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-CundinamarcaFraydique Alexander Gaitán (Presidente); Maria Doris González (Vicepresidenta), Responsable de las actividades de la Niñez, el menor Trabajador y la Juventud; Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Carlos Raúl Moreno (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento Derechos Humanos, Solidaridad y Relaciones Internacionales); Oscar Gustavo Penagos (Departamento De Recursos Naturales y Medio Ambiente); lfonso Ahumada Barbosa (Departamento Salud en el Trabajo y Seguridad Social); July González Villadiego (Departamento De La Mujer), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Organización, Planeación y Trabajadores informales); Héctor Bermúdez Rojas (Departamento de Relaciones Laborales, negociación Colectiva y Asuntos Legislativos y Jurídicos; Winston Francisco Petro (Departamento de Asuntos relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial); Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales).

Consejo editorialCarlos raúl Moreno (director del departamento de Comunicaciones),

Fraydique alexander Gaitán (Presidente) Miguel Ángel delgado (Fiscal), Óscar Penagos (dept. recursos naturales y Medio ambiente ), nohora Bulla

(dep. de educación), jorge e. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

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diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, Manuel a. Mora,

Marco a. González y tomadas de internet.asistencia editorial: Yolanda rodríguez.

edición: 20.000 ejemplares. tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusivaresponsabilidad de sus autores. Érika Bautista Olarte. Dulces manzanas. 11 Concurso Nacional de Fotografía

Documental ENS, Los trabajos y los días. Obra seleccionada.

Nº 58, julio de 2009 17l o ca l idades

Hoy celebramos una fecha muy impor-tante para nosotros y es preciso que tengamos claro que esta es producto

de la lucha de más de veinte años de los líde-res comunales y de la comunidad que estuvo pendiente de nuestro actuar; este triunfo no es producto de la benevolencia del Estado, sino de la capacidad de lucha de todas y todos nosotros los integrantes de los nueve barrios que componemos La Chiguaza, que en nuestro largo trasegar solo hemos tenido presente el bienestar de la comunidad. Sin su apoyo y critica constante no hubiera sido posible esta celebración, que es de ustedes; por eso el reconocimiento a su fortaleza; y en-tre otros a la marcha efectuada en enero del año pasado hasta el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, recién llegado usted señor Alcalde, donde todos le exigíamos al Gobierno Nacional se apersonara de esta problemática. Hoy vemos con gran alborozo que no fue en vano, y a partir de la fecha tenemos la seguridad jurídica que somos propietarios del terruño donde vivimos.

Hay que dar agradecimientos a todos aque-llos que de una u otra forma participaron en la formación y cualificación de los líderes que hoy vemos cristalizada esta meta como mis compañeros Marco Tulio, Blanca, Jairo, Elexis e Iván en la directiva de la junta del barrio Danubio Azul de Usme, y demás organizaciones comunales de la localidad dieciocho, a la Veeduría Distrital que formó a los veedores del proceso, también al señor ex ministro Juan Lozano, quien atendió a los manifestantes el 29 de enero y dispuso de un equipo de su ministerio para que en forma transversal con las entidades del Distrito se solucionara esta exigencia de todos nosotros; contamos con la participación acertada de Andrés Ríos, director de Titulación de la Caja de Vivienda y de todo su equipo.

Nuestro reconocimiento a todos aquellos que marcaron el camino, no exento de avivatos que nos estafaron, robaron y de los oportu-nistas que llegaron cuando era una realidad la titulación, pero siempre conscientes de que la lucha era larga y dispendiosa, a los que ya partieron y dejaron su grano de arena en esta noble causa que es la Acción Comunal.

Hoy, compañero Samuel, es preciso que usted sepa que este no es el final de un proceso sino el comienzo porque todavía se debe resolver la titularidad de más de 3.200 predios que se encuentran en sectores en los que, a la fecha, no se les ha actualizado la información sobre mitigación de riesgo, lo que posterga su deseo de ser también felices propietarios.

Los que tenemos el preciado titulo de propie-dad tenemos la posibilidad de acercarnos a todos los beneficios jurídicos, como la posi-bilidad de obtener préstamos, y otras pre-rrogativas, pero aún así nuestra comunidad está ansiosa por tener mejores vías, mejores centros educativos, mejor salud, mejores servicios públicos. Por eso le apostamos a un gobierno alternativo donde se defina una verdadera política de Estado en lo social y que aplique el mismo rasero de atención y oportunidades a todas las comunidades.

Solo las comunidades que tienen líderes comprometidos, logran triunfos significativos

Intervención de Carlos Arturo Fonseca García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Danubio Azul, el día 11 de julio pasado, en el acto de titulación de predios, presidido por el alcalde Samuel Moreno y el Ministro de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa; Jhon Freddy Vargas Lozano, Alcalde Local de Usme; Juliana Álvarez Gallego, directora de la Caja de Vivienda Popular; Andrés Ríos, director de Titulación CVP; Catalina Velasco, Secretaria del Hábitat; Olga Beatriz Gutiérrez, directora del Idepac, y Juan Lozano Ramírez, ex ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.

Los líderes comunales entendimos que la lucha en unidad da garantías para nuestras comunidades, y por eso el llamado es a no desfallecer, fortaleciendo los espacios de participación, donde todas y todos podamos definir el tipo de ciudad que queremos. La lucha consiente, no mendigando, siendo propositivos, en aras de hacer de nuestra comunidad personas con ideales, visión de futuro y prestos a coadyuvar a solucionar los problemas existentes. También hacemos un llamado a todos aquellos que quieran unirse a la causa de construir una Colombia que se relacione con el mundo pero no en contra de su progreso, en la que prospere la eco-nomía no monopolista, donde los intereses y derechos de los sectores populares y las capas medias reciban la debida atención, en la que las diferencias no se resuelvan a bala y en la que se construya una democra-cia auténtica.

Es preciso compañero Samuel que el Dpae. Dadep, Codensa. Acueducto, Planeación y todos aquellas entidades públicas y privadas que tengan que ver con el proceso de mitiga-ción de riesgo asuman su papel histórico para que los que no recibimos hoy la notificación de titulación en un corto período la tengamos; que la reformulación del POT incluya como prioritario este proceso que es ejemplo de uni-dad y de lucha en las comunidades encabe-zadas por los líderes comunales de los nueve barrios que componemos La Chiguaza.

De usted, señor Alcalde, y de su equipo, de-pende la felicidad de más de 19.000 personas que aún no tienen la seguridad jurídica de su predio, quedándose por fuera de programas sociales de apoyo y de otro tipo de subsi-dios que una administración como la suya ha planteado para que todos seamos parte del Gobierno de la Ciudad, y veamos una Bogotá Positiva.

diez años despuÉs de La masacre LaBoraL en La caja agraria

Sintracreditario está vivo

Maribel Valdés Céspedes

Secretaria general De SintracreDitario

Al amanecer del 26 de junio de 1999 el gobierno de Pastrana liquidó la Caja Agraria, llevándose de paso la vida

laboral de 7.500 trabaja-dores. Los derechos hu-manos se pisotearon, toda la normatividad jurídica se violó, y con sevicia proce-dieron. El banco de los campesinos fue ocupado militarmente en todo el territorio nacional, con instrucciones precisas de arrestar, de maltratar e, incluso, de disparar. Tampoco importaron los 18, 20, 23 y hasta 30 años de servicio de los trabajadores. Despidieron a mujeres embarazadas, a enfermos termi-nales, a toda la dirigencia sindical. La mayoría de la dirección se mantuvo unida en torno al Sindicato, otros salie-ron corriendo. Todo nuestro accionar fue de permanente denuncia y movilización. Posteriormente, la Corte Constitucional declaró inexequibles los Decretos 1064 y 1065, mediante los cuales se había liqui-dado la Caja, pero el Gobierno desacató a la Corte e instruyó a los jueces para que fallaran contra los trabajadores en los procesos.La tragedia ha sido mayúscula para los creditarios: perdieron sus viviendas, no encuentran empleo, retiraron a sus hijos de colegios y universidades, algunos se murieron por falta de atención médica, mu-chos perdieron su hogar y su familia ante la carencia de recursos para sobrevivir. Por nosotros ha pasado de todo, hasta prome-seros que valiéndose de nuestra tragedia, dándonos un golpecito en el hombro nos decían "tranquilos que esto lo sacamos adelante". Creímos en nuestras acciones tanto jurídicas como de denuncia pública, pero se nos dio la espalda y, poco a poco, se nos fue olvidando. Diez años después, quiero manifestar que estamos más vivos que nunca, nos que-damos aquí los que teníamos que quedar-nos. Las puertas de Sintracreditario siguen abiertas en medio de tanta adversidad. Mantenemos el compromiso de estar al frente, recibiendo a los compañeros de to-das las regiones. A los creditarios les reitero el llamado para que nos encontremos una vez más, porque aún nos falta mucho por hacer, porque nos asiste la necesidad de no dejar desaparecer lo que un día cons-truimos, porque fuimos alma y vida de un proyecto importante para los colombianos que se llamó Caja Agraria, porque seguimos siendo convocados a estar presentes en un país donde seamos dignamente repre-sentados, donde quepamos todos; un país amable, en el que se respete la vida y el de-recho a vivirla dignamente. Compañeros del Informativo CUT Bogotá, muchas gracias por brindarnos este espacio, Sintracreditario está presente.

18 Nº 58, julio de 2009internacional

Camilo Jiménez

magiSter en eStuDioS PolíticoS De la univerSiDaD nacional

Hay quienes consideran que no existe una diferencia en-tre Obama y los “halcones”

americanos en materia de política exterior. Pero sí la hay y es grande, la actitud de Obama frente la crisis en Honduras es un precedente positivo en la política de Estados Unidos para América Latina.

Obama ha tenido una posición democrática y respetuosa des-de el inicio de la crisis. El 28 de junio el presidente llamó a todos los actores políticos y sociales en Honduras a acatar la constitución y la ley, y abogó por una salida pa-cífica al conflicto. También calificó el golpe como un retroceso para la democracia, y se ha mantenido en esa línea desde entonces.

El Departamento de Estado, por su parte, se negó a reunirse ofi-cialmente con una delegación del gobierno hondureño de facto que viajó a Washington. Y el Pentágono le suspendió la ayuda militar a Honduras.

Estas medidas pueden parecer no muy significativas al compararlas con las de otros países y otros or-ganismos. La Unión Europea y los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) retiraron a sus embajado-res de Honduras, mientras que el gobierno de Estados Unidos no lo ha hecho. La Organización de Estados Americanos no ha recono-cido al gobierno de facto y prácti-camente ha expulsado a Honduras. Y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han suspendido sus relaciones con ese país temporalmente.

Sin embargo, si se sitúa en la tra-yectoria histórica de EE.UU. si se le compara con George Bush, o si se contrasta con lo que sería la postu-ra de un conservador americano, la posición Obama resulta anti inter-vencionista cuando menos.

Basta revisar la historia de las ac-tuaciones del gobierno americano entre 1950 y 1980 y su apoyo a las dictaduras en toda América Latina. En Centro América, espe-cialmente, vale la pena recordar el respaldo que EE.UU. les ofrecie-ron a los militares en Guatemala en 1954, y el apoyo económico y militar del gobierno americano a

La reacción de Obama frente a Honduras es un buen precedente

los Contras en Nicaragua, entre otros.

Las diferencias entre Obama y su predecesor también son grandes, en particular con el primer man-dato de George Bush. En el 2002, cuando sucedió el golpe de Estado contra Chávez, el encargado de la política latinoamericana de E.U. les sugirió a algunos embajadores latinoamericanos que apoyaran al gobierno golpista. En el segundo periodo, Bush cambió al encargado de la política exterior de EE.UU. y asumió posturas más prudentes, pero aún así el ambiente seguía siendo tenso, especialmente con Venezuela.

Obama ha actuado de forma más que moderada con relación a un conservador radical. Los republi-canos americanos ven en Manuel Zelaya a un Chávez en potencia. Y algunos republicanos como Connie Mack han acusado Obama de es-tar del lado de Chavéz, Morales y Ortega a raíz del tratamiento que le ha dado a Zelaya.

La reacción del sector más radical de los republicanos probablemente incluiría cuatro acciones: reconocer a Roberto Micheletti como presi-dente y a todo su equipo de go-bierno; presionar el reconocimiento internacional del gobierno de facto –hasta ahora Zelaya cuenta con el respaldo de la comunidad interna-cional–; afirmar que en Honduras ocurrió una especie de golpe de Estado a la inversa, en cuanto este tuvo lugar para defender la democracia frente a un presidente

que irrespetó la constitución con el fin quedarse eternamente en el poder; y no sancionar ni al país ni a los responsables.

En contraste: Obama no salió a reconocer al gobierno Micheletti; defendió la institucionalidad hon-dureña; suspendió la ayuda militar, una sanción tímida pero real; y ha abogado porque Zelaya y Micheletti negocien directamente en Costa Rica.

Obama podría ser más radical, y algunos sectores críticos de la sociedad americana están pidién-dole al gobierno de Obama que lo sea. Si su gobierno clasifica la expulsión de Manuel Zelaya como un “golpe de estado” –término que tanto Obama como sus funciona-rios han evitado usar–, entonces este podría tomar medidas más

fuertes como suspenderle toda la ayuda financiera a Honduras, que asciende a unos 46 millones de dólares anuales.

La cuestión es, ¿por qué Obama habría de hacerlo? Zelaya integró a su país al Alba, el cual se creó por iniciativa de Chávez para hacerle frente al modelo de libre comercio impulsado por EE.UU. Y la postura antiimperialista de Zelaya, por otra parte, quedó explícita en una carta que el mandatario hondureño le envió a Obama cuando este último resultó electo como presidente de EE.UU. y después Zelaya la hizo pública a través de una embajadora de Honduras.

En el documento Zelaya critica la política intervencionista del gobierno norteamericano, así como su política contra las drogas. Reclamar el derecho a la soberanía nacional en materia política frente a los E.U. de dientes para adentro no tiene problema, pero convertirlo en un reclamo público es una acción osada para cualquier presidente latinoamericano.

Por estas dos razones el gobierno de EE.UU. no tiene mayor interés en restaurar a Zelaya en el poder. No obstante, Obama ha mostrado una posición que, en cierta forma, respeta la soberanía política de Honduras, hecho que hasta el mismo Zelaya agradeció en una entrevista que le dio al noticiero norteamericano independiente Democracy Now.

Así las cosas, la reacción de Obama y del gobierno americano ha sido respetuosa con Honduras. Y hasta ahora no hay razones para pensar que E.U. haya promovido directamente el golpe, aun cuando en algunos medios independientes en Norteamérica se rumora que el embajador norteamericano sí sabía que se estaba gestando la acción contra Zelaya.

La reacción del gobierno norte-americano podría ser más firme, pero no hay ningún motivo para que lo sea. Lo único que real-mente le preocupa a Obama es que la crisis tenga una salida completamente contraria a los intereses de E.U. gracias a la intervención de cualquier otro gobierno latinoamericano, es-pecialmente el de Chávez. Pero mientras eso no sea una amena-za real… “uno no puede pedirle peras al olmo”.

Nº 58, julio de 2009 19economía

Amylkar D. Acosta M.

ex PreSiDente Del congreSo De la rePúBlica

Desde que el banquero Luís Carlos Sarmiento Ángulo le planteó la ne-cesidad de extender la vigencia del

impuesto al patrimonio1 y ampliar la base del mismo al Gobierno, este no ha hecho más que desvariar sin ton ni son en torno a las instaideas que se le ocurren al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y al propio presidente Uribe. Lo que empezó como una propuesta de arbitrar los recursos para garantizar la conti-nuidad de la “seguridad democrá-tica”, luego que el Presidente le prometió absurdamente a quienes venían pagándolo que los iba a eximir del mismo hacia el futuro, ya va en el anuncio por parte del Gobierno de la pre-sentación al Congreso de la República el 20 de julio de un Proyecto de Ley mediante el cual se le pretenden introducir unos “ajustes” al Estatuto Tributario. La penúltima versión –porque con este Gobierno nunca se sabe cuál será la última– de la reforma tributa-ria que se pretende expedir, expuesta por el presidente Uribe en la Convención de Asobancaria en La Heroica esta semana, duplica el recaudo esperado con respec-to al que se planteó originalmente. Ya el impuesto del patrimonio, como lo indicó el Presidente, es sólo “uno de sus objetivos”, definido por él como “un esfuerzo bien im-portante para la disminución del conflicto social de Colombia, para la sostenibilidad de la Seguridad Democrática y también para la confianza doméstica e internacional en el país”2. Y ello se explica porque las preocu-paciones del Gobierno van mucho más allá de asegurar los recursos para su programa bandera; a ello subyace el hecho de que el estrés del Gobierno llegó a su paroxismo al conocer el dramático estado de sus finan-zas, puesto al desnudo en la más reciente versión del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)3. Según este, al cierre de 2009 el déficit fiscal del Gobierno Central Nacional (GCN) será del 3,7% y el de 2010 se pro-yecta en el 4,3%, el cual según los analistas puede considerarse como optimista dada la gravedad de la crisis fiscal.

La misma se explica en gran medida por el impacto de la caída de los recaudos a conse-cuencia del frenazo de la actividad económi-ca4, pero también al hecho de que “en medio del buen comportamiento de la economía entre 2003-2007, el Gobierno decidió actuar como si la bonanza fuera a perpetuidad”5. Por ello, como lo afirma Dinero, “se lanzó a promover la inversión a través de dos tipos

Las cabriolas del Gobierno(apartes)

de beneficios y exenciones. El primero, una exención de 40% del impuesto de renta para las empresas que invirtieran en activos fijos. El segundo, una tasa de renta preferencial de 15% para las empresas que se localizaran en zonas francas”6. Por el sólo concepto de las tales exenciones se privó el Estado de recibir la bicoca de $5,9 billones en 2008; entre tan-

to, las empresas beneficiadas con dicha tasa de renta preferencial7, al acumular este beneficio con el de la exención8 terminaron pagan-do el ínfimo 9% de tarifa efectiva de impuesto sobre la renta contra el 33% de las demás empresas. Después de defender con pies y manos tales gabelas, con el soco-rrido argumento de la “confianza inversionista”, como él la entiende, ahora una de las propuestas del

Presidente es precisamente la de reducir el beneficio del 40% al 30% y que los proyectos de inversión amparados con el régimen de Zona Franca no puedan acumular los bene-ficios de la exención y de la tasa preferencial de impuesto sobre la renta, manteniéndosele sólo este último. Más, sin embargo, aquellas empresas que ya firmaron los famosos con-tratos de estabilidad con el Gobierno, en virtud de la Ley 963 de 2005, estarán a salvo ya sea de la extensión del impuesto al patrimonio o de la reducción de los beneficios recibidos, ya que estos son intocables, eso es clavo pasado; sólo los que se firmen en el futuro, según la tardía propuesta del Gobierno serán susceptibles de la aplicación de este recorte de tales prerrogativas.

¡Ni de fundas!

Al cúmulo de propuestas se sumó otra que sacó de su propio magín el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien, dicho sea de paso, es uno de los responsables del desbarajuste fiscal. A él se le ocurre que no tiene sentido “tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas, siendo que tenemos tantas ne-cesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar”9 Para él, entonces, la reforma tributaria que se propone no es necesaria en este momento, ya que se puede salir del paso vendiendo Ecopetrol. Aunque parezca una necedad proponer la comple-ta privatización de Ecopetrol vendiendo la participación del Estado en la misma del 89,9%, hay que pararle bolas, pues no la está haciendo ningún perico de los palotes; es nada más ni nada menos que un ex mi-nistro de Hacienda de este Gobierno, muy influyente por cierto, el mismo que auspició las gabelas tributarias a las grandes empre-sas y que propició el desguazamiento de Ecopetrol a través de la escisión de la misma

de la Refinería de Cartagena, haciendo de esta una empresa independiente de aquella (Reficar) con mayoría accionaria de los par-ticulares10 y también la expedición de la Ley 1118 de 2006 que autorizó la capitalización de Ecopetrol hasta un 20% por parte de los particulares. Sí, es cierto que tenemos muchas necesidades, pero no tantas como para salir a vender la nevera para mercar, porque lo que se calla el ex ministro es que Ecopetrol sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno Central. En efecto, las transferencias que le hace la es-tatal petrolera, ahora convertida en mixta por acciones, oscilan entre el 20% y el 25% de los ingresos corrientes de la Nación. A guisa de ejemplo, digamos que para la vigencia de 2009, según el MFMP, el Gobierno Central espera recibir de parte de Ecopetrol $11,1 billones de transferencia por concepto de utilidades de Ecopetrol. Cabe preguntarse con qué se suplirían tales recursos hacia el futuro, habida cuenta que solamente la podemos vender una sola vez pues, como dice el campesino, no se puede pretender sacrificar la res para comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca.

En un principio el Ministro de Hacienda se mostró contrario a la idea, pero falta ver si se sostiene en esa posición. Y esto no lo deci-mos a humo de paja, lo decimos a propósito de lo que pasó con la recomendación, el 5 de junio de 2007, de la Comisión Independiente del Gasto Público (CIGP), coordinada por el ex ministro de Hacienda Rodrigo Botero, de vender su participación en Interconexión Eléctrica S. A (ISA) e Isagen, empresa líder en generación y transacciones de energía en tiempo real en Colombia, con miras a prepa-gar deuda pública. Estamos hablando de dos de las empresas que junto con Ecopetrol se constituyen en las joyas de la corona que aún le quedan al Estado colombiano después de la fiebre privatizadora que lo abrazó.

Como donde manda capitán no manda marinero, el 24 de enero del año pasado el Ministro de Hacienda salió a los medios a notificar que “el Gobierno mantiene en firme su decisión de vender su participación en Isagen”11. En cuanto a ISA tuvo el cuidado de

advertir que “no hay planes de venta para este año”12; pero, puede que para el entrante. Como diría Montaigne de él, “diverso y ondulante el hombre”. Isagen posee el 16% de la capacidad total de generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una capacidad instalada de 2.132 MW, con calificación AAA otorgada por la firma Duff & Phelps a la deuda corpora-tiva. De enajenarse Isagen, la base de gene-ración del país quedaría, excepción hecha de EPM de Medellín, prácticamente en manos de los particulares y recordemos que los únicos proyectos nuevos de generación que han en-trado en funcionamiento en los últimos años han sido los que han ejecutado las empresas públicas; de modo que, si nos hubiéramos atenido a los privados, el país se habría visto a gatas para responder a los requerimientos del sector. Asumiremos, entonces, el riesgo de quedar a merced de la iniciativa privada que se rige por reglas distintas, que responden al interés particular que no siempre coincide con el interés público. En el Plan Financiero del gobierno se proyecta recibir este año $4,3 billones (1% del PIB) por concepto de privati-zaciones, $3 billones de los cuales se aspira recibir por la venta de Isagen, los cuales to-marían un curso distinto al recomendado por la CIGP que era la de prepagar deuda, sólo contribuirían a tapar el hueco fiscal.

Bogotá, julio de 2009. www.amylkaracosta.net (Tomado de Caja de Herramientas).

Notas1 Ley 1111 de 2006. 2 www.presidencia.gov.co. Discurso de clausura

de la Convención bancaria. Cartagena, julio 10 de 2009.

3 Ministerio de Hacienda. Marco Fiscal de Mediano Plazo. Junio, 16 de 2009.

4 Amylkar D. Acosta M. Atrapado sin salida. Julio 1º de 2009.

5 Dinero. Editorial. Julio 10 de 2009.6 Ídem.7 Ley 1004 de 2005 y Decreto 383 de 2007.8 Ley 1111 de 2006. Artículo 158-3.9 Portafolio. Julio, 10 de 2009.10 Amylkar D. Acosta M. Capitalización o privati-

zación. Agosto 13 de 2006.11 Boletín de la Asociación de Generadores

de Energía Eléctrica (Acolgen). Enero 25 de 2008.

12 Ídem.

Gran Cumbre Nacional Social y PolíticaBogotá, 20 al 22 de agosto

20 Nº 58, julio de 2009educa c ión

Néstor Raúl Ramírez Moreno**

Dirigente aDe, zona San criStoBal

Se ha venido manoseando el concepto de democracia en las instituciones educativas al punto tal que se ha des-

dibujado completamente. Una cosa es el respeto a las ideas de los estudiantes, y otra cosa es creer que a esto se reduce la democracia dentro de los colegios. Una cosa es que sea necesario que los am-bientes escolares sean cordiales, fraternales, donde las relaciones sean horizontales y entre iguales, y otra cosa es llegar a pensar que eso es la democracia en la escuela y nada más.

La democracia en los colegios se expresa en el Gobierno Escolar. La forma de gobierno en el Gobierno Escolar es la democracia, en donde el ejercicio del poder, la toma de las decisiones, es la voluntad de la mayoría. Las decisiones que afectan el presente y el futuro de un colegio no pueden ser tomadas unilateralmente y de manera autocrática por un directivo docente, así este sea muy inte-ligente o versado en el asunto, estas tienen que ser tomadas por el Gobierno Escolar.

De acuerdo con la Ley General de Educación, el Gobierno Escolar está constituido por: 1) El Consejo Directivo, 2) El Consejo Académico, y 3) El rector, como representante del esta-blecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar.

Son funciones del Consejo Directivo las defi-nidas en el Decreto 1860 de 1994, ahí están todos los asuntos vitales. Sin embargo, son muchas las instituciones en donde estos asuntos no pasan por el Consejo Directivo. Los Comités de Gestión no hacen parte del Gobierno Escolar y no tienen competencia para tomar decisiones por encima de este. Tampoco las reuniones en donde los rectores imparten sus “ordenes” y los coordinado-res terminan desempeñando la función de correas de transmisión y ejecutores de lo ordenado y no las funciones que para ellos tiene definidas la Ley.

La función de los Consejos Académicos en muchos colegios se ha reducido a la de trans-mitir a las áreas las propuestas de las que son portadores los coordinadores, desaca-tando flagrantemente la Ley, desmejorando notoriamente la calidad de la educación en la medida en que se impide la participación del estamento docente, para que con sus puntos de vista y propuestas contribuya en la construcción colectiva del presente y el destino de su institución.

Frente a la imposición del Gobierno Nacional de estándares de calidad, o formación en competencias básicas, recomendados por el Banco Mundial y la Unesco, los Consejos

Académicos deben propugnar por Planes de Estudio que permitan a los niños y jóvenes acceder a lo más avanzado de la ciencia y el conocimiento universal y alcanzar las más altas competencias, no solo los estándares de calidad y las competencias básicas o mí-nimas, sino mucho más.

La actual administración distrital, con el profesor Abel Rodríguez al frente de la Secretaria de Educación, ha presentado a la comunidad educativa la propuesta de organización de la enseñanza por ciclos, desde una perspectiva política que se fundamenta en la participación real y decisoria de la comunidad educativa, liderada

por los Consejos Académicos: “La aplica-ción de la reorganización de la enseñanza por ciclos se basa en el reconocimiento de la autonomía escolar y de la capacidad de cada colegio para ser artífice de su proyecto académico” .

La propuesta no puede ser impuesta, sin ninguna discusión, como suelen hacer al-gunos rectores. El principal reto de la pro-puesta es el de persuadir a las maestras y maestros de la importancia y necesidad de asumir el liderazgo que nos corresponde en el campo de la educación. La vieja bandera proveniente del Movimiento Pedagógico de arrebatarle el monopolio al Estado sobre el qué y el cómo enseñar y devolverle a las maestras y maestros colombianos su papel como educadores, como formadores de las nuevas generaciones, ha encontrado en la propuesta de reorganización de la enseñan-za por ciclos la estrategia más adecuada y pertinente para su desarrollo real, bajo el liderazgo de los Consejos Académicos en ambientes democráticos de participación decisoria, de construcción colectiva.

Transformación pedagógica y calidad de la educación

En contravía de la política educativa del Gobierno Nacional, en Bogotá se ha venido desarrollando una política en materia de edu-cación que tiene como propósito garantizar a plenitud el derecho a la educación para los niños y jóvenes de la ciudad. No basta con el acceso, este tiene que ser en condiciones dignas.

Pero no basta con las condiciones materia-les dignas: nuestras niñas, niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad o, en otras palabras, sin calidad no se está garantizando plenamente el derecho a la educación, y esto tiene que ver también con lo que realizamos a diario, maestras y maestros, en el aula de clase. Esto no quie-re decir, como vienen señalando de manera tendenciosa los enemigos gratuitos de la propuesta, “que se quiere responsabilizar de la calidad de la educación a los maestros”. No, pero las maestras y maestros sí tene-mos que responder por lo que nos compete,

por la labor pedagógica que desarrollamos a diario, labor que siempre estará sujeta a ser mejorada.

Las teorías de Vigosky, Piaget, Porlan, Gardner, etc., deben ser analizadas pro-fundamente y sus aportes más pertinentes deben ser el soporte con el cual se cons-truyan las propuestas pedagógicas que se requieren para mejorar la calidad de la educación que se imparte en cada uno de los colegios, sin desconocer las condiciones de pobreza y de miseria que como resulta-do de un creciente desempleo afectan a la mayoría de la población colombiana, y que se expresa en altos índices de desnutrición, descomposición familiar, maltrato infantil y violencia juvenil en sus múltiples formas. Las teorías pedagógicas se van a encontrar en su aplicabilidad con esta situación, la cual debe ser tenida en cuenta en el diseño de los Proyectos de Ciclo, del Plan de Estudios, del Currículo de la Institución y en su Proyecto Educativo Institucional, PEI, como resultado de un serio proceso de construcción colectiva y de investigación, liderado por los Consejos Académicos.

La respuesta institucional a estas difíciles condiciones socioeconómicas y culturales no puede ser la de disminuir el rigor académico o el nivel de profundización y complejidad en los conocimientos científicos que se impar-ten, ni tampoco la promoción automática, o la caridad cristiana. La respuesta se encuentra en el ejercicio real de lo que se entiende por comunidad académica, en el trabajo colectivo de auténticos profesionales de la educación, en el intercambio de saberes y experiencias y en la construcción colectiva de proyectos y estrategias que tengan como propósito resolver los obstáculos y dificultades, en la perspectiva de mejorar día a día la calidad de la educación que reciben los estudiantes, y alcanzar los fines de la educación, frente a lo cual la reorganización de la enseñanza

por ciclos se constituye no solo en una ex-cusa para hacerlo, sino en una excelente estrategia.

Conclusiones

Si los Consejos Directivos, Académicos y los rectores cumplen con las funciones definidas por la Ley General de Educación dirigidas a alcanzar los fines de la educación, una gran reforma educativa se pondría en marcha, respaldada y defendida por las organizacio-nes de base también establecidas por la Ley, por iniciativa de los maestros colombianos, como una estrategia política en defensa de la educación pública y del derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad: se trata de los consejos estudiantiles, los consejos de padres de familia y los consejos de maestros. Parece una utopía, es cierto, pero “La historia se construye en la perpetua y ansiosa búsqueda de la utopía”.

Esta política que se propone no es otra cosa que el respeto, defensa y fortalecimiento de la autonomía escolar, del gobierno escolar y del PEI. Es la defensa de la educación pú-blica, del derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad. Es el respeto por la profesión docente. Y enfrenta, por supues-to, a la mal llamada Revolución Educativa de Álvaro Uribe Vélez y a la imposición del modelo neoliberal.

Notas

* Apartes de la ponencia presentada al Foro sobre Ciclos en Educación, convocado por la Asociación Distrital de Educadores ADE y su Centro de Estudios e Investigación Docente CEID. Bogotá D.C., junio 24 de 2009.

** Coordinador del Comité Sindical de la Localidad de San Cristóbal. nestoramirezmo@yahoo.es.

1 Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, Plan Sectorial de Educación, p. 73.

2 Ángel Maya, Augusto. Hacia una sociedad am-biental. Fundación Medio Ambiente y Desarrollo Alternativo. Santafé de Bogotá. 1994, p. 30.

Autonomía escolar y democracia, elementos fundamentales para la transformación pedagógica*

Nº 58, julio de 2009 21po l í t i ca

Raúl Moreno P.

Director DePartamento De comunicacioneS

Tal como sucedió en el 2003 con el referendo propuesto por el presidente Uribe, la conver-gencia política de diferentes colectividades volvió a propinarle una derrota política al mandatario; en esta oca-sión, a propósito de la elección de las presidencias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, en un momento crucial, puesto que se decidirá la suerte de otro referendo, el que debe definir si Uribe, puede o no, aspirar a un tercer mandato.

En el 2003 la convergencia política entre el Polo Democrático, el Partido Liberal, otras colectivida-des políticas, sociales y territoriales, y el papel determinante del movimiento obrero, todos aglu-tinados en la Gran Coalición Democrática, dieron al traste con el referendo que pretendía modificar la Constitución e imponer medidas regresivas al interés de la población. La táctica de entendi-miento, convergencia y coalición para enfrentar un enemigo común, permitió, incluso contra los pronósticos, obtener un importante triunfo a las fuerzas democráticas, en momentos en que la popularidad del Presidente era muy alta.

Tal episodio dotó a las fuerzas progresistas de un instrumento importantísimo para la lucha política, particularmente en un período en el que se encuentran en minoría, tal instrumento fue el de la convergencia.

Desde entonces, se discute con mayor énfa-sis acerca de la ampliación o no de la misma, asunto que toma relevancia con cada uno de los escándalos que enredan al gobierno uribista y ponen de manifiesto las relaciones de este con sectores del paramilitarismo y develan las ca-racterísticas fascistas y dictatoriales del mismo, lo que precisa los alcances y la naturaleza del oponente que enfrentamos.

La reciente derrota uribista, producto de una convergencia mucho más amplia de partidos, movimientos y dirigentes políticos, tiene un gran significado en cuanto se produce en un escenario como el Parlamento, escenario en el cual se debe decidir la suerte del referendo reeleccionista. Tal como lo afirma la revista

Cambio en su última edición: “El presidente Uribe y su escudero en el Congreso, Fabio Valencia, fueron en fin los grandes derro-tados”... “el año previo a las elecciones ya arrancó y la correlación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición se alteró a favor de esta última”.

También ponen de manifiesto las di-ficultades que enfrenta el Gobierno, por causa del triunfo de la conver-gencia política, las declaraciones del recién elegido Presidente del Senado a la misma revista: “si la intención del Gobierno es el refe-rendo, las cosas no vienen ni están claras” (…) “mi candidato es Germán Vargas Lleras” (…) “creo que alian-

zas va a ver muchas y que las del partido Liberal y Cambio Radical son una posibilidad. Si eso pasa, veo posible una alianza para enfrentar al candidato del uribismo”.

Sin duda, en la mayoría de las fuerzas que hacen oposición al Presidente Uribe, en mayor o menor grado, o que condenan los nexos de este con sectores que hacen de la barbarie su accionar político, gana terreno la necesidad del entendimiento y la convergencia política tras el propósito de cerrarle el paso a la continuidad en la dirección estatal de las fuerzas más oscuras y retardatarias del país.

La táctica de la convergencia, cada vez más amplia, de sectores y colectividades, ha sido la fórmula eficaz para propinar a Uribe las de-rrotas en el referendo del 2003 y la pérdida de las presidencias del Congreso. Esta táctica de unidad nacional con todos los que se oponen a la naturaleza fascista y tenebrosa del proyecto uribista se abrirá camino porque, además de ser una necesidad, hay expresiones políticas con quien practicarlas, así como porque ha demostrado su efectividad y los que se han implicado en ella han sabido que practicándola, ni se desdibujan, ni incurren en ambigüedades. En resumidas cuentas, la convergencia es una necesidad para el éxito de la lucha política en las actuales condiciones, y quien no la practique, además de terminar aislado, le hace flaco favor al pueblo y a la democracia colombiana. Todo in-dica que el escenario en el que nuevamente ella se practicará, será en la primera vuelta electoral para definir candidato presidencial.

una necesidad

La convergencia política vuelve a derrotar a Uribe

Ante el fallecimiento de Marisol Lozano

El 15 de julio del presente año falleció la compañera Marisol Lozano, quien se destacó en las lides por forjar en

Colombia una corriente de apoyo a la sobe-ranía y la dignidad de la nación. En los años 70, Marisol fue pionera en la conformación de equipos que se aplicaron a difundir las ideas revolucionarias entre los trabajadores, en esa labor fue fundadora del Centro Universitario de Capacitación Obrera, en el que desempe-ñó una tarea inolvidable.

A lo largo de su vida mantuvo una constante preocupación por aumentar el nivel cultural de quienes dedican sus esfuerzos a orga-nizar la lucha emancipadora, siempre con un profundo espíritu democrático y civilista. También participó directamente en las más amplias actividades políticas entre la gente de los barrios populares del sur bogotano.

La inmensa solidaridad de Marisol con sus compañeros fue una constante en su vida y jamás escatimó el tiempo y la dedicación en las tareas que asumió.

Su carácter afable, sus opiniones de sólido criterio, alejado de todo esquematismo y abierto al desenvolvimiento de las fuerzas vitales de la sociedad, su profundo cono-cimiento de la historia del arte y particular-

Según la Secretaria de Movilidad del Distrito, el decreto firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá que da na-

cimiento al Sistema Integrado de Transporte Público es una decisión histórica, porque desde hace 40 años se había venido ha-blando de acabar con la ‘guerra del centa-vo’ y solo ahora, con la expedición de dicho decreto, comienza a ser realidad.

Este sistema será un proceso gradual y una construcción conjunta que requiere la participación de la ciudadanía. Es toda una revolución, que implica comportamientos como aprender a tomar y bajar del bus en el paradero y actuar de manera más solidaria cundo se use el transporte público. Es prio-ritario para la ciudad y su desarrollo.

Con la implantación de este sistema, el trans-porte público se transformará con un solo objetivo: darle bienestar y calidad de vida a los ciudadanos.

¿Qué se transforma con el Sistema Integrado? Todos los actuales modos de transporte pú-blico de la ciudad se integrarán para prestar un servicio único a la ciudadanía. El nuevo sistema empresarial será más eficiente y transparente. Las empresas que prestarán el servicio ya no serán afiliadoras, sino ope-radoras; es decir, deberán responder por el conjunto de la prestación del servicio. Se unificará el recaudo y, en un conjunto de sistemas de alto desarrollo tecnológico, se

controlará la operación de la flota y se brin-dará una completa y permanente información y servicio al usuario.

El SITP comprende las acciones para la ar-ticulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte públi-co, transformando la tradición y los vicios que han perdurado por más de 60 años en este tema. Habrá una tarifa integrada. Esto quiere decir que el usuario paga su bus o su Transmilenio y, si necesita inmediatamente un segundo viaje para llegar a su destino, sólo tendrá que pagar una pequeña cantidad adicional y no otro pasaje.

Se mejorará la cobertura, pues se prestará el servicio en zonas donde hoy no existe, serán buses modernos con mayor confort, mejor organización, paraderos establecidos, un único tiquete, más información sobre rutas, mayores frecuencias, ambiente más limpio, menos caos y polución, mejor movilidad y más calidad de vida.

En cuanto a las condiciones laborales, co-rresponderá a las empresas de transporte contratar directamente a los conductores de los vehículos que prestarán el servicio de transporte, con sueldo fijo y prestaciones. Recibirán capacitación en temas de servicio al ciudadano, mecánica y seguridad vial. En muchos casos recibirán ayuda para culminar el bachillerato y acompañamiento de las au-toridades para este proceso de cambio.

El sistEma intEgraDo DE transportE púBlico (sitp)

Comienza el fin de la ‘guerra del centavo’

mente de la literatura, hicieron de ella una mujer extraordinaria, admirable, y a la vez dignísima en el trato de amigos y extraños.

Marisol sobrellevó su corona de espinas mientras transitaba su último sendero sin que de sus labios se escapara ni una queja ni un interrogante, con la máxima serenidad y una envidiable presencia de ánimo.

El Informativo CUT Bogotá Cundinamarca ex-presa a su esposo, Yezid García, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo, a sus hijos y demás familiares, sus más sentidas condolencias por tan sensible pérdida.

22 Nº 58, julio de 2009localidades

Germán Patiño

Conocí, gracias a Lily Mosquera de Jensen, una carta de Tomás Cipriano de Mosquera escrita al Prefecto

Municipal de Popayán en 1878. En ella, decli-na la invitación que el Prefecto le ha hecho para que participe en una junta destinada a preparar la celebración del 20 de julio de 1879. La razón, según lo escribe Mosquera, es que jamás ha reconocido al 20 de julio de 1810 como Día de la Independencia Nacional.

Tomás Cipriano, que sabe de lo que escribe, ya que él mismo es uno de los héroes de esa gesta Patria, aduce dos tipos de razonamien-tos para desconocer la fecha que hoy cele-bramos. Primero, recuerda que el 20 de julio de 1810 no fue el primer evento de su tipo en lo que actualmente es territorio colombiano, como tampoco en lo que a comienzos del Siglo XIX era territorio neogranadino. Llama la atención sobre el hecho de que Cartagena antecedió a Santafé, lo mismo que Quito, Caracas y El Socorro –se le olvidó mencio-nar a Cali, Funes y Tumaco. Y que no exis-tía entonces unidad nacional que permitiera considerar al suceso de Santafé como el más significativo de todo el territorio.

En segundo lugar, Mosquera coloca el ejemplo de Mompox, cuyo cabildo declaró la indepen-dencia de España el 6 de agosto de 1810, para

aL margen

El 20 de julioponer en evidencia que el 20 de julio en Bogotá no se declaró ninguna independencia. De hecho, en Santafé, al igual que en Quito, Cartagena y Caracas, lo mismo que en Funes, Cali, El Socorro y Tumaco, se siguió jurando fidelidad a la corona española y a su rey Fernando VII (“nuestro biena-mado Fernando”), y su lucha se circunscribió al reclamo por la autonomía provincial.

Para Mosquera, la única ciudad de la Nueva Granada que levantó su voz para oponerse al dominio español en 1810 fue Mompox, y su sacrificio y valor merece la eterna gratitud de los colombianos. De hecho, Mompox pagó caro su audacia. Cartagena, que también luchaba por la autonomía, como lo hicieron Cali y Santafé, entre otras ciudades, le declaró la guerra a los momposinos en una actitud vergonzosa de su aristocracia criolla. En 1814, el gobierno de Cartagena se vio obligado a pedirle perdón a Mompox por aquella postura traicionera de los patricios cartageneros.

Este hecho triste de nuestra historia demues-tra cómo los autonomistas de 1810 no eran patriotas, pues su lucha no era contra España y su monarquía, hasta el punto de que los dirigentes de una ciudad autonomista eran capaces de entrar en guerra con cualquiera que osara plantear el tema de la independen-cia de España. Y no sólo en Cartagena.

En Cali también. Joaquín de Cayzedo, el prin-cipal autonomista caleño, según lo demostró el

historiador Gustavo Arboleda, se comprometió personalmente en la guerra de los españoles contra Quito, cuando esa ciudad ecuatoriana, en 1809, inició los levantamientos autonomis-tas. Cayzedo recogió recursos para comprar armas y se refirió a los autonomistas ecua-torianos tratándolos de “traidores quiteños”. Sólo que, a diferencia de los cartageneros, Cayzedo nunca pidió perdón a los quiteños cuando los hechos políticos lo obligaron a

recorrer también el camino de la autonomía. Sobra recordar que los autonomistas de Quito fueron cruelmente masacrados.

No sé los demás, pero para mí Tomás Cipriano de Mosquera tenía razón: nuestro Día de la Independencia es el 6 de agosto de 1810, que recuerda a la valerosa Mompox, y no el 20 de julio, cuando ni siquiera se pro-clamó la independencia de España. (Tomado de El País, julio 20 de 2009).

Oswaldo Vargas Moreno

maeStro Sm jornaDa Fin De Semana

Se puede evidenciar que la calidad es el conjunto de propiedades esenciales para que un producto, una

acción o un servicio prestado tengan la capacidad de satisfacer necesida-des implícitas o explícitas; en ella el papel más importante, sin duda, lo desarrolla el cliente y la percepción que tiene de aquello que adquiere. Es un concepto complejo no en de-finición, pero sí en práctica y toda organización, sin importar su razón social, la busca pero la mayoría la confunde consiente o inconscientemente.

En el programa “Jóvenes y Adultos” (1) el concepto de calidad está cercano a su cum-plimiento en acciones, no en palabras; la comunidad entiende que este conjunto no co-rresponde a una megaestructura, una legión de doctores impartiendo conocimiento o un banco de inversión sin sentido. Cada fin de semana, seres humanos sin importar la edad o la condición física, dan muestra de calidad y calidez, aprenden para educar con el ejem-plo evidenciado en sus proyectos (2): el día interdisciplinario y la feria empresarial.

El propósito de estas jornadas pedagógicas no es ajeno al término de calidad, innovación, perseverancia y pertinencia son valores agre-gados que deslumbran a los pocos que han estado presentes en estos espacios y que confirman no con fe, sino con certeza que

otro mundo sí es posible. Lo que hemos estudiado no justifica lo que haremos en nuestras vidas, sólo hay que pensar en cómo queremos vivir-la, la jornada fin de semana resarce la deuda que el gobierno posee con la población allí presente “La educa-ción es un derecho de la persona y no un simple servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.

Juzgando algunos procesos óptimos y de calidad que algunos monopolios alardean poseer gracias a que el Icontec lo considera de este modo, me cuestiono y cuestiono la opinión que otras personas tengan… ¿Hay calidad en las EPS del país? Sin mencionar otras entidades en similitud de condición, me atrevo a deliberar acerca de la calidad que ellas poseen; grandes y hermosas construc-ciones, modernos equipos, resultado: millo-nes de clientes insatisfechos.

El compromiso, desinterés, dignidad y res-peto, entre otros, son valores intrínsecos al concepto en cuestión, todo usuario debe ser tratado como persona y no como cliente, garantizando lo mejor no lo mínimo, solucio-nando las necesidades no los reclamos, he-mos permitido que nuestros dirigentes hagan de esta sociedad lo que mejor les conviene ¿Hasta cuándo? “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pier-den el respeto”

Sierra Morena… un compromiso de calidad para la ‘Bogotá Positiva’

Los invito a que se hagan partícipes del pro-ceso llevado a cabo en el programa “Jóvenes y Adultos”, avances obtenidos por parte de la comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar, con esfuerzo, calidez y orientados por un gru-po humano de maestros con un horizonte cla-ro: “Educación”. La forma de mirar el mundo y su futuro debe mejorar, trabajar para convertir el talento en genio y educarse para predicar con el ejemplo es la clave para la felicidad social. “Todos los hombres mueren, pero son pocos los que viven realmente”.

Nº 58, julio de 2009 23cu l tu ra l

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) celebra durante este

mes de julio el aniversario número 50. Con su nacimiento en 1959, gracias a la primera ley cultural de la revolución cubana, apareció una nueva mirada hacia la sociedad a partir de la óptica de realizadores comprometidos con el proceso revolucionario.

Durante la década de los 60, época gloriosa en el planeta, el cine vio na-cer en Cuba obras como Memorias del subdesarrollo, La muerte de un burócrata, y Lucía. Lo realmente importante es que, a partir de ese momento, Cuba tuvo una industria para el cine, con vocación social, y que, inserto en lo que se llamó Nuevo cine Latinoamericano, rom-pió esquemas y propuso una nueva manera de vernos y asumirnos con orgullo, como parte de un continen-te rico en talentos.

El éxito más grande ha sido pre-cisamente el de poder sobrevivir haciendo cine de autor o ideas, en un mundo donde la maximalización de las ganancias rige la distribución y la producción de las grandes em-presas. Desde luego, han existido dificultades, como en la crisis de los 90, en la que la financiación estatal se redujo y la producción decreció.

Sin embargo, aun en las épocas más duras, por el camino de las coproducciones y el autofinancia-miento, el ICAIC ha logrado un im-portante número de largometrajes nacionales, y también compartidos con otros países.

Aunque la película más conocida, es Fresa y Chocolate, existen mu-chos otros títulos de producciones de los años 70, 80 y 90, como Deja

vu, Las profecías de Amanda, Operación Fangio y Paraíso bajo las estrellas, los cuales no lograron mucho reconocimiento en el exterior por problemas de distribución.

La cinematografía cubana alcanzó su más grande expresión en el año 68. Un momento muy importante que se produjo con la conformación de lo que se llamó la Escuela de Documental Cubana, la cual aportó grandes clásicos al cine documen-tal internacional y marcó una gran influencia sobre el cine ficción. Se destacan nombres como Santiago Álvarez u Octavio Cortázar, quie-nes lentamente fueron obteniendo grandes reconocimientos.

El cine cubano ha recibido y conti-núa recibiendo premios en festivales como el de Berlín, Sudance (Utah), Huelva, Biarritz, Gramado, Cartagena y, por supuesto, en el de La Habana. La revista Cine Cubano se ha man-tenido viva como memoria y ojo crítico de un cine que nació para el compromiso con al arte y la realidad; es una de las revistas de más larga trayectoria en América Latina.

En 1961 nace la Cinemateca de Cuba, creada por el ICAIC; es la úni-ca de su tipo en el Caribe y una de las más importantes de América. Reúne un valioso archivo histórico fílmico, que incluye no solo producción na-cional sino una significativa colección Latinoamericana e internacional.

Hacia los años 90, se anunció el riesgo de pérdida de ese importan-te patrimonio, amenazado por las circunstancias económicas. Sin embargo, se logró sacar avante una campaña para dotar a la cinemate-ca de los recursos tecnológicos que necesitaba.

50 años deL cine cuBano

Patrimonio continentalLa plaza del nuevo cine

latinoamericano

Cada diciembre, desde 1979, se celebra el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana; por esta ciudad han pasado, en épocas de festi-val, grandes estrellas como Robert Redford, Coppola, Harry Belafonte, Geraldine Chaplin, Costa Gavras, los hermanos Coen, Victoria Abril, Almodóvar y muchos otros acto-res y directores del cine interna-cional.

La clave de su éxito se debe al po-der de convocatoria y a una política estatal cubana de no renunciar por nada a ese evento, dada la impor-

tancia que reviste para la cultura nacional y continental.

El festival, plaza fuerte del cine latinoamericano, ha posibilitado al público cubano el conocimiento sobre las cinematografías conti-nental, francesa, italiana, británica, irlandesa, japonesa, china y de otras latitudes.

Y aunque el evento no cuenta con el despliegue informativo de otros, con toda seguridad ha sido, durante sus 30 años, un espacio para el cine auténtico y para quienes buscan la esencia del arte y las ideas.

aplausos para la cinematografía cubana

Bicentenario de la independencia

El 20 de julio de 1810 La confluencia de la violencia del pueblo y las ideas

monárquicas de los criollos (primera parte)Por Miguel Ángel Urrego

inStituto De inveStigacioneS HiStóricaS univerSiDaD micHoacana De San nicoláS De HiDalgo

a coyuntura política que va de 1809 al inicio de la guerra entre federalistas y centralistas, conoci-da como la “Patria Boba”, estuvo caracterizada por el choque entre proyectos monarquitas e indepen-dentistas. El levantamiento de julio de 1810 en Santa fe de Bogotá y el

de Cartagena en 1809 representan estas dos tendencias.

La interpretación tradicional sobre el levantamiento del 20 de julio de 1810 señala que el levantamiento sucedió de manera espontánea y que se inició cuando algunos criollos solicitaron al comerciante español José Llorente un florero para adornar una mesa que serviría para el recibimiento del comisionado del Consejo de Regencia de España, Antonio Villavicencio. Llorente insultó a los criollos y se desató una pelea que generó un motín que culminó en la creación de una Suprema, presidida por el mismo Virrey. Para los histo-riadores tradicionales, el choque con Llorente fue preparado por los criollos, pues sabían del carácter pendenciero del comerciante y ello les garantizaba arrastrar al populacho a las acciones violentas y buscar la independencia.

El objetivo de este artículo es analizar los sucesos del 20 de julio de 1810 examinando la participación del pueblo en este suceso y destacando las contradictorias con los criollos; finalmente, plantear que ese día ninguno de los sectores participantes buscaban la independencia de España. Hemos dividido en dos partes el artículo, y corresponde a la primera el tema de la participación del pueblo.

Roberto María Tisnes institucionaliza el argumento de que los criollos prepararon minuciosamente el levantamiento del 20 de julio al sostener que el día anterior se reunieron en el Observatorio, entre otros, Camilo Torres, Miguel Pombo, Joaquín Camacho, José Acevedo y Francisco de Caldas a preparar el levantamiento y que Francisco Morales propu-so la treta contra José Llorente, conocido por su carácter violento, pues “encontraría algún medio para provocarle públicamente, y ésta sería la chispa que prendería fuego a la pólvora. Se formaría una aglomeración del público, y los patriotas arrastrarían al pueblo.”

Como si fuera poco la apología a los criollos, Tisnes lle-vó al extremo la acción de los conspiradores al decir: “Inesperadamente, a esos de las 12 de día, sucede lo impre-visto. Inesperadamente y sorpresivamente para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no para las mayoría de los dirigentes criollos de la ciudad”. Obviamente el pueblo sólo aparece movilizado gracias a la luz que emana de las mentes patrióticas, desinteresadas y, en un segundo lugar, una vez que ha tenido lugar la treta contra Llorente.

No obstante, José Acevedo y Gómez, el llamado Tribuno del Pueblo, en carta al Comisionado Regio para Quito, Carlos Montúfar, sostuvo luego de comentar los primeros roces con Llorente: “Yo observaba estos movimientos desde el balcón de casa, pues toda la manzana de la de Trujillo esta rodeada por el Pueblo y de soldados a quienes

hicieron fuego los perseguidores, pero no hubo desgracia”. Y más adelante dijo el mismo Montúfar: “Todo era confusión a las cinco y media: los hombres más ilustres y patriotas asustados por un espectáculo tan nuevo se habían retirado a los retretes más recónditos de sus casas”.

Pensamos que los criollos no consideraron realmente la posibilidad de una movilización de los santafereños. Si acaso, llegaron a tener en cuenta al pueblo fue en el caso de legitimar el deseo de coadministrar, lo que seguramente consistía en que la Corona les ratificara los cargos que ya ejercían (municipalidad, procuraduría, alcaldía, etc.) y en la marginación de aquellos funcionarios que no les daban todas las garantías.

Por lo dicho, creemos que el 20 de julio, como en muchas otras coyun-turas, hay una doble movilización de diferente sentido, envergadura, radicalidad y posibilidad. Una, la del pueblo, otra, la de los criollos. Sin em-bargo, esta dualidad no quiere expresar, bajo ninguna circunstancia, un enfrentamiento antagónico pueblo-élites y, mucho menos, la existencia de un proyecto político, de una alternativa de poder de los de abajo.

El lapso comprendido entre las 12 y las 6 de la tarde del 20 de julio per-tenece exclusivamente al pueblo, posteriormente compartió la escena con la Junta Suprema. Luego del incidente con Llorente, las masas santafereñas iniciaron la persecución de los españoles y la ocupación de las principales calles de la ciudad. Acevedo y Gómez comentó sobre el particular: “(...) no había calle en la ciudad que no estuviese obstruida por el pueblo; todos se presentaban armados y hasta las mujeres y los

nÚMero 10

niños andaban cargados de piedras pidiendo a gritos la cabeza de Alba, Frías, Masilla, Infiesta, Trillo, Marroquín, Llorente y otras con la libertad del magistrado Rosillo.”

La violencia del pueblo se dirigió contra los más notables realistas y su persecución fue implaca-ble. Al respecto anotó Acevedo: “Se juntó tanto pueblo que sino se refugia en casa de Marroquín [se refiere a Llorente] lo matan. En seguida, como a eso de las dos de la tarde descubrie-ron al alcalde toda la conspiración. El pueblo no le permitió actuar; descerrajaron la casa de Infiesta, jefe de ella, y sino le rodean algunos patriotas, brillan los puñales sobre su pecho, lo mismo sobre Llorente, a quien también sacó de su casa con Trillo y Marroquín, que escapó vestido de mujer.”

Los criollos asumieron la defensa de la vida de los españoles y a muchos de ellos los llevaron a la cárcel de la corte para salvarlos del pueblo. Sin embargo, la muchedumbre pidió el traslado de Frías y Alba a los calabozos y, además, que se les remachase un par de grillos y fuesen mostrados desde el balcón de la prisión, actitud que no agradó a quienes conformarían la Junta Suprema.

Pero no sería la única oportunidad en la que los criollos manifestaron su rechazo a las actitudes del pueblo y tampoco fue la última en la que in-tentaron controlar la beligerancia de la multitud. José Gregorio Gutiérrez, ex sindico procurador, en su relato de los sucesos del 20 de julio, logra expresar adecuadamente la impresión de los criollos ante los “excesos” del pueblo: “Yo creí que lo volvían pedazos –se refiere a Infiesta– según la furia con que se le echaban encima, procurando cada uno, como porfía, afligirlo y atormentarlo. Te digo con verdad que jamás he presenciado espectáculo que más me moviera a compasión, y hubiera deseado en aquel acto, y también ahora, proporcionarle todos los con-suelos imaginables”.

La preocupación de los criollos fue cada vez mayor. El Diario Político, por ejemplo, anotó al respecto: “Ya muchos ciudadanos ilustrados preveían las consecuencias a que serían ori-gen las reuniones frecuentes de un pueblo nu-meroso y embriagado con la libertad. Se temía que aquellos esfuerzos que al principio habían salvado la patria, le fuesen funestos en los días consecutivos, y deseaban que la suprema auto-ridad impidiese las reuniones. Otros, opinaban todo lo contrario”.

Por ello, el control del pueblo se constituyó en una necesidad para la Junta Suprema. La elimi-nación de las movilizaciones y de las propuestas radicales se pretendió a través de la labor de persuasión del clero y con la promulgación de bandos en los que se anunció la prohibición de reuniones públicas.

Los autores del movimiento de 1810 confiaron a Francisco José de Caldas la tarea de hacer un periódico para ganar la opinión pública y se encargó de la redacción del Diario Político de Santafé de Bogotá en colaboración con Joaquín Camacho.