BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS DE

ESPAÑA - ENESA

FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO YY RRIIEESSGGOO EENN EELL SSEECCTTOORR AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO UURRUUGGUUAAYYOO:: NNUUEEVVOOSS IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS YY MMOODDAALLIIDDAADDEESS DDEE

CCOOBBEERRTTUURRAA

Ing. Agr. Oscar G. NAVA

- Buenos Aires, Julio de 2.003 -

2

INDICE GENERAL

DESCRIPCIÓN Nº de

Página RESUMEN EJECUTIVO 4 CONCLUSIONES 8 RECOMENDACIONES 10 CAPITULO I - FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO URUGUAYO

I.1.- Evolución reciente 12 I.2.- Participación del Estado y el sector privado en el financiamiento 13 I.3.- Situación actual y perspectivas 15 I.4.- Un caso particular: Las administradoras de Fondos de Ahorro Provisional 17 CAPITULO II - INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO URUGUAYO

II.1.- Instrumentos de financiamiento directo a la producción

Fondos de Inversión Fideicomiso El Proyecto de Ley de Fideicomiso en tratamiento parlamentario: principales aspectos Titulación (securitización) Pool de siembra

19 21

23 24 26

II.2.- Instrumentos de financiamiento complementario Factoring Un caso especial: el factoring internacional Leasing Warrants

26 29 29 30

II.3.- Otros Instrumentos de financiamiento Capitalización de ganado Fondo de tierras

32 33

II.4.- La potencialidad de utilización de los instrumentos evaluados Experiencia internacional

Fideicomiso agrícola Fideicomiso ganadero de cría Fideicomiso para prefinanciación de exportaciones con stock inicial Fideicomiso para prefinanciación de exportaciones sin stock inicial Fideicomisos vinculados al sector agroalimentario argentino Titulación de ganado en Colombia Financiamiento ganadero en Venezuela Securitización forestal en Chile Fondos de inversión agrícola en Argentina

Posibilidades de desarrollo en Uruguay

33 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41

3

DESCRIPCIÓN Nº de Página

CAPITULO III - EL RIESGO EN EL SECTOR AGROPECUARIO URUGUAYO: MODALIDADES DE COBERTURA

III.1.- El riesgo en el sector agropecuario 44 III.2.- Riesgo precio

Mercado de Futuros y Opciones agrícolas Mercado de Futuros y Opciones ganaderas: el caso del MERFOX y el Índice Novillo Argentino Futuros de divisas: una estrategia de utilidad para el sector agropecuario

45 45 47

49 III.3.- El tratamiento del riesgo climático en Uruguay 49

Antecedentes Mercado de seguro en el sector agropecuario uruguayo Experiencias de desarrollo del seguro agropecuario en Uruguay

Autoseguros compartidos Fondo de protección integral de viñedos Fondo de reconstrucción y fomento de la granja

49 51 54 54 56 57

III.4.- Factibilidad de desarrollo de instrumentos de cobertura de riesgo en Uruguay 57 CAPITULO IV – INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y COBERTURA DE

RIESGO: POSIBILIDADES DE INTERACCION Y ROL DE LAS INSTITUCIONES

IV.1.- El impacto del riesgo en el financiamiento tradicional 60 IV.2.- El riesgo y los nuevos instrumentos de financiamiento: aspectos a considerar en su

desarrollo en Uruguay

60 IV.3.- La corrección del problema del riesgo: el seguro de INDEX 63 IV.4.- Instrumentos factibles de desarrollar en el corto plazo 65 IV.5.- Rol de las instituciones públicas y privadas 69

Instituciones y/u Organismos estatales Organizaciones de productores gremiales y/o técnicas Empresas de Seguro

El esquema de promoción y desarrollo de los instrumentos evaluados

69 70 71 72

BIBLIOGRAFIA 74

4

RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO EEll FFiinnaanncciiaammiieennttoo aall SSeeccttoorr AAggrrooppeeccuuaarriioo UUrruugguuaayyoo El financiamiento al sector agropecuario uruguayo tuvo, durante los noventa un notable crecimiento: la deuda

sectorial pasó de representar el 33% del PBI agropecuario en 1991 a 105% en 1999 (1.228 millones de dólares). En esos años, si bien la tasa de interés para depósitos se acercó a la internacional, no sucedió lo mismo con la tasa de

los préstamos, la cual estuvo influida principalmente por el nivel de riesgo. La cartera de créditos experimentó un cambio importante en su composición por tipo de moneda. Actualmente más

del 95% de la misma está dolarizada. Si bien a partir de 1998 se inició un proceso de refinanciaciones, las mismas no tuvieron el impacto esperado. Sobre una deuda total para el pasado año estimada en 1.440 millones de dólares, el Banco República (BROU)

concentraría más de u$s1.000 millones. A partir de 2001 se inició una fuerte contracción en la oferta de crédito la cual, actualmente es casi inexistente. Durante los últimas dos zafras, los producción se autofinanció o, en aquellos casos en que no era posible, se recurrió

a créditos de cooperativas y proveedores de insumos. Lentamente, la banca está volviendo a reposicionarse y a recibir depósitos de los ahorristas aunque se estima que el

crédito en condiciones de tasa y plazos acordes tardará un tiempo en reaparecer. Existen estimaciones que indican que el sector privado tendría fuera del sistema financiero al menos u$s1.000

millones. Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP’s) concentran una cartera de inversión del orden de

los u$s1.000 millones, colocada casi en su totalidad en bonos y títulos del Estado. Existe una experiencia de aplicación de recursos del Mercado de Capitales al sector que corresponde al Fondo de

Financiamiento de la Actividad Lechera el cual securitizó una parte del flujo de fondos proveniente de una retención a los productores lecheros.

IInnssttrruummeennttooss aalltteerrnnaattiivvooss ddee FFiinnaanncciiaammiieennttoo ddeell SSeeccttoorr AAggrrooppeeccuuaarriioo UUrruugguuaayyoo

•• FFoonnddooss ddee IInnvveerrssiióónn En Uruguay esta figura está regulada por al Ley Nº16.774 que establece que “...un Fondo de Inversión es un

patrimonio de afectación independiente, integrado por aportes de personas físicas y jurídicas bajo el régimen de la presente Ley, para su inversión en valores y otros activos”.

Su mayor desarrollo comenzó a observarse a partir de la segunda mitad de la década del noventa a partir de la sanción de la Ley de Mercado de Capitales y su propia Ley de creación.

Existen diez sociedades administradoras autorizadas. A partir de la crisis económica de fines de la década pasada, los mismos han presentado un importante retroceso. El patrimonio administrado que superaba los 400 millones de dólares en 1997, a fin de 2002 había descendido a 10,2

millones de dólares. La única figura de este tipo que ha conseguido un desarrollo significativo es la de los Fondos de Ahorro Previsional

(AFAP’s). Los fondos que operan o han operado en el país son de tipo abierto, caracterizándose por invertir fundamentalmente

en títulos públicos. La sanción de legislación específica no se tradujo en el desarrollo de una industria de capital de riesgo capaz de

proveer al sector privado de alternativas de financiamiento al crédito tradicional. Se han generado algunos vehículos que han permitido canalizar importantes inversiones a sectores como el forestal,

los que si bien no adoptan estrictamente una forma jurídica similar, toman buena parte del esquema conceptual y de funcionamiento de los Fondos de Inversión.

•• FFiiddeeiiccoommiissoo Uruguay no cuenta con una Ley específica que regule su uso como sucede en buena parte de los países de América

Latina. Actualmente un proyecto específico se encuentra en tratamiento parlamentario desde el pasado año.

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A pesar de la inexistencia de normativa específica existe, principalmente dentro del sector bancario, un importante número de operaciones de inversión las cuales responden a la característica del contrato de fideicomiso.

Por otra parte, en el mercado de capitales existe un buen número de transacciones que son realizadas a través del sistema de “participaciones”, las cuales suponen igualmente la celebración de un negocio fiduciario.

De todas maneras, el principal problema de estas operatorias está vinculado con que el patrimonio fideicomitido queda incorporado plenamente al patrimonio del fiduciario.

Los lineamientos del proyecto de Ley mencionado tratan de salvar esto y otros problemas a través de: • La creación de un régimen de afectación patrimonial, que impida que los bienes dados en fideicomiso formen

parte de la garantía común de los acreedores del fiduciario. • El otorgamiento de derechos de control al fiduciante y al beneficiario respecto a la administración por parte del

fiduciario del patrimonio fideicomitido. • La restricción de la prohibición legal para la constitución de fideicomisos testamentarios, buscando otras formas

de protección legal para los intereses jurídicos que estas normas buscan defender. • La posibilidad de emisión de títulos de participación o de deuda con derechos sobre el patrimonio fideicomitido,

que transformen al fideicomiso en un instrumento apto para su utilización en el mercado de valores. • La aprobación de un régimen tributario adecuado que no inhiba la utilización de esta figura.

•• TTiittuulliizzaacciióónn ((SSeeccuurriittiizzaacciióónn)) La titulización es un procedimiento por el cual determinados activos ilíquidos –reales o financieros- son

transformados en activos financieros líquidos que se negocian en el mercado de capitales. En el caso uruguayo, la Ley 16.749 de Mercado de Valores denomina “Valor” a lo que el derecho angloamericano

llama “securitie”. Por su parte, la Ley 17.202 incorporó en el año 1999 a la legislación anterior un Título sobre fondos de inversión

cerrados de crédito. El objetivo del legislador en este sentido fue combinar las dos figuras a fin de habilitar la constitución de fondos de

inversión cerrados con derechos de crédito que tuvieran como respaldo garantías hipotecarias. Más allá de su objetivo principal, la legislación dejó abierta la posibilidad que la reglamentación admitiera la

“securitización” de otro tipo de activos. En este sentido, la experiencia uruguaya más importante en los últimos tiempos en lo que a titulación en el sector

agropecuario se refiere, la representa el Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) puesto en funcionamiento el pasado año a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Si bien este Fondo representa un avance sustancial en lo que a instrumentos innovadores se refiere, también es cierto que existe un mercado potencial muy amplio para el desarrollo de otras experiencias. Tal el caso de la titulación en ganadería que, en otros países de Sudamérica está teniendo amplia repercusión sobre el sector.

•• PPooooll ddee SSiieemmbbrraa Los Pool de Siembra son una forma de organización empresaria, de la cual participan varios socios, que intenta

maximizar el beneficio del negocio agropecuario a partir del aumento de la escala de producción y la disminución de aquellos riesgos intrínsecos del sector.

Se trata de una figura interesante e informal de captación de recursos y ampliamente difundida en Argentina donde inicialmente su desarrollo se concentró en la región pampeana ampliándose posteriormente a otras regiones y diversificando los cultivos.

La experiencia en este país se ha concentrado casi exclusivamente en la agricultura, existiendo muy poca experiencia en pool vinculados a otras actividades (p.e. ganadería).

•• FFaaccttoorriinngg En Uruguay, el marco jurídico está consagrado en la Ley Nº17.202 modificatoria de la Ley Nº16.774 de fondos de

inversión. Dado el marco legal en el cual se detalla la operatoria, puede entenderse que el Legislador reguló los fondos de

inversión que se formen con créditos provenientes de las operaciones que se mencionan. En consecuencia, los dos Artículos sobre factoring que tiene la Ley no regularían el contrato de factoring en

particular, tal como se lo conoce en la práctica, sino el factoraje dentro de la operativa de los fondos de inversión.

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Más allá de esto, debe quedar claro que podrá haber factoraje fuera del régimen de los fondos de inversión, en cuyo caso el negocio tendrá la regulación que acuerden las partes y subsidiariamente podrán ser aplicables algunas de las normas incorporadas por la Ley Nº17.202.

Si bien la Ley de referencia se sancionó en 1996, recién en 1998 se constituyó la primera compañía dedicada a Factoring en Uruguay y en actualidad, existen tres empresas dedicadas, con objeto exclusivo, a esta operatoria.

Se estima que el nivel de operaciones alcanzaría 1,5 millones de dólares. Paralelamente a esto se desarrollan operaciones de factoring en el sector bancario las cuales son registradas como operaciones de crédito (líneas de crédito contra cuentas a cobrar).

Conjuntamente con las operaciones de factoraje, el descuento de cheques constituye una práctica comercial frecuente en el Uruguay. Este tipo de operaciones resulta un medio habitual de proveer liquidez de corto plazo y que se apoya en las garantías y valor del cheque en la normativa y práctica comercial uruguaya.

El mercado objetivo de las compañías de factoring es el de las empresas uruguayas de mediano y gran porte. La oferta de servicios de estas compañías comprende: a) Servicio de cobranza; b) Capital de trabajo; c) Administración de cuentas a cobrar y gestión de carteras.

Las compañías uruguayas que operan actualmente, se enfocan en empresas y créditos de bajo riesgo y excelente track record, adquiriendo riesgos de empresas de mejor calificación en plaza: proveedores de grandes supermercados, proveedores de empresas comerciales e industriales de primera línea y proveedores del estado.

•• LLeeaassiinngg En Uruguay, el contrato de leasing está regulado por la Ley Nº16.072 de Octubre de 1999, modificada por las Leyes

Nº16.205, Nº16.230 y por la Ley de Inversiones Nº16.906. La legislación vigente define el contrato de leasing financiero como “el contrato de crédito por el cual una

institución financiera se obliga frente al usuario, a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente”1.

Por su parte, el leasing operativo es “...el contrato por el cual una persona física o jurídica se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien, por un plazo determinado y el usuario se obliga a pactar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente”. Como puede observase, la diferencia entre las dos definiciones radica en que en el leasing financiero la persona que se obliga a permitir la utilización de un bien es una institución financiera, mientras que en el leasing operativo puede tratarse de cualquier persona física o jurídica.

Es importante destacar que si bien la legislación específica que regula este contrato tiene una flexibilidad tal que permite adecuarlo a diferentes tipos de bienes y condiciones, contiene también algunos aspectos que deberían ser reconsiderados.

Los mismos están vinculados a aspectos impositivos que encarecen su uso, caducidad del plazo de inscripción registral, valuación de los bienes (especialmente tierra), entre otros.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, hasta Enero de 1998 las operaciones de Leasing en el país presentaron escasa operatoria, montos reducidos y solamente se efectuaron en dólares.

Las modificaciones introducidas por la Ley 16.906 en Enero de 1998 apuntaron a dinamizar el uso de este tipo de contratos mediante la exoneración del IVA en determinadas circunstancias.

A pesar del impulso mencionado a partir de 1998, en la actualidad unos pocos bancos privados trabajan en este tipo de productos, y el uso más difundido es para el financiamiento de vehículos utilitarios.

•• WWaarrrraanntt Si bien este instrumento no está regulado directamente en la legislación uruguaya, existen disposiciones y leyes

vinculadas a certificados de depósito y a títulos valores que han sido aplicadas a los warrant a través de los años. De todas maneras, por tratarse de un instrumento con insuficiente regulación legal, su aplicabilidad y su campo de

acción suele ser complicado debido a la maraña de leyes a las que hay que dirigirse al momento de evaluarlo. Por ejemplo, Estatuto de los Empresarios de Depósitos, Contrato de Depósito Comercial, Contrato de Prenda y a los Títulos Valores, entre otros. Por ello, y en este sentido, se encuentra en tratamiento en el Poder Legislativo un proyecto de Ley específica. El

mismo define en su Artículo 1º que “...los certificados de depósito son títulos valores representativos de mercadería u otros bienes depositados con su emisor, los cuales otorgan a su tenedor el derecho exclusivo de disponer de las mercaderías o de los bienes que en ellos se consignen”.

En el Inciso 2º del mismo Artículo se define a los warrant como “...los títulos valores representativos de un crédito prendario sobre las mercaderías y otros bienes depositados con su emisor, los que otorgan a su tenedor derecho de crédito prendario sobre las mercaderías o bienes depositados en los términos de la presente Ley”.

1 Definición según inciso 1 del Artículo 1 de la Ley Nº16.072, en la redacción dada por la Ley Nº16.205.

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Si bien este instrumento no está legalmente regulado, un sistema similar y con igual nombre es utilizado por el BROU como mecanismo financiero de corto plazo.

A través del mismo el Banco hace un adelanto de dinero al productor sobre la cosecha que está depositada. Con esta operatoria el productor recibe un adelanto de dinero para enfrentar los costos del cultivo y contar con capital de trabajo, hasta el momento de venta del grano. La habitualidad indica que el adelanto es del 70% del precio del grano. Según especialistas, este negocio podría ser interesante para otros actores interesados en financiar al sector, habiéndose realizado estimaciones que indican que –con los precios internacionales actuales- se trata de un negocio potencial del orden de los 8 millones de dólares.

EEll rriieessggoo eenn eell SSeeccttoorr AAggrrooppeeccuuaarriioo UUrruugguuaayyoo A diferencia de otras actividades, en el agro hay cuatro componentes del riesgo en lugar de dos. Al riesgo financiero

y comercial, que también poseen la industria y los servicios, deben agregarse el climático y el biológico que son inherentes al sector agropecuario y frecuentemente de naturaleza menos controlable.

En este documento se han evaluado dos de los riesgos que enfrenta el sector: riesgo precio y riesgo climático. Los futuros y opciones son una alternativa usada a nivel mundial para minimizar el riesgo precio. Si bien Uruguay no cuenta con un mercado de estas características, se sugiere iniciar un trabajo de interacción y

análisis de factibilidad técnico y legal con los mercados argentinos a fin de intentar trabajar en conjunto. La utilización de estos mercados es posible tanto en agricultura como en ganadería y, dada la actual situación del

mercado cambiario, también pueden combinarse con futuros de divisas. En el caso del riesgo climático, si bien Uruguay viene trabajando hace varios años en implementar un sistema que

permita a las empresas cubrir las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos adversos, aún no se cuenta con un sistema objetivo desarrollado en este sentido.

Por lo tanto, el Estado actúa ante la ocurrencia de fenómenos climáticos de magnitud a través de ayudas directas con recursos públicos, diferimiento de obligaciones tributarias, refinanciaciones bancarias y no ejecución de garantías.

Se trata de un sistema netamente discrecional e ineficiente desde el punto de vista de asignación de recursos. Las experiencias en cuanto al desarrollo del seguro agrícola sólo han estado direccionadas a sectores específicos y

con recursos presupuestarios ajustados. El mercado de seguro en general se desreguló a mediados de los noventa, luego de más de 80 años de monopolio por

parte del Banco de Seguros del Estado. En el caso del sector agropecuario, este último sigue concentrando más del 80% del mercado y una sola empresa

privada ha ingresado como operadora. Desde los productores existen experiencias en lo relacionado con el autoseguro compartido entre éstos y empresas ,

constituyendo una experiencia de integración horizontal destinado en general a compartir las pérdidas de producción ante la ocurrencia de granizada en cultivos de invierno y arroz.

IInnssttrruummeennttooss FFiinnaanncciieerrooss yy CCoobbeerrttuurraa DDee RRiieessggoo:: PPoossiibbiilliiddaaddeess ddee IInntteerraacccciióónn yy RRooll ddee llaass IInnssttiittuucciioonneess El desarrollo del mercado financiero no tradicional debería atraer al sector agropecuario los recursos de capital que

actualmente se encuentran fuera del sistema bancario. Para ello, deberán atenuarse los riesgos que el mismo enfrenta a través de la creación y aplicación de sistemas de

cobertura, tanto de precios como de enfermedades y eventos climáticos. A partir de ello, resulta factible desarrollar experiencias vinculadas a la utilización de los instrumentos analizados. Para ello, es necesario un trabajo conjunto entre el Estado, los productores, las compañías de seguros, las entidades

de representación gremial y/o técnica y el mercado de capitales para identificar, estructurar y difundir proyectos de inversión que capten recursos.

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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

El nivel crítico por el que atraviesan las economías de algunos países de la región, entre los cuales está incluido Uruguay determinan la necesidad de incrementar las exportaciones, como un camino casi excluyente con el objeto de reiniciar la reactivación y el crecimiento económico. En Uruguay los productos agropecuarios y agroindustriales constituyen alrededor del 75 %

de las exportaciones totales por lo cual estos sectores deberían liderar esa estrategia exportadora. Un incremento del 10% en el nivel de exportaciones se traduce en un incremento de alrededor del 1% en el PBI. Lo expresado se da en un marco de mejora de la competitividad de estos sectores, por la

devaluación del peso y la mayor rentabilidad de algunos productos por incremento en los precios internacionales. Sin embargo el elevado nivel de endeudamiento y las dificultades de acceso al crédito,

actúan como barreras que impactan en los niveles de producción afectando la incorporación de tecnología. En la última década el endeudamiento agropecuario se triplicó superando en valores reales

al aporte que el sector hace al PBI. Actualmente supera los 1400 millones de dólares y está concentrado en un 70 % en el Banco República y en un 98 % es en moneda dólar. La crisis bancaria de mediados de 2002 afectó la totalidad de los bancos (públicos y

privados) y determinó la cuasi inexistencia de financiamiento bancario tradicional. Todo lo expresado hasta aquí otorga importancia decisiva a la posibilidad de poner en

marcha esquemas de financiamiento no tradicional, a partir de nuevos enfoques, con la participación de un diverso conjunto de oferentes, demandantes y productos. El sector agropecuario asimismo, se presenta desarticulado del mercado de capitales, el que

a su vez muestra una enorme potencia de recursos, buena parte de los cuales podría aplicarse al financiamiento, sorteando el escollo que actualmente constituye el endeudamiento a través de instrumentos de llegada mas oportuna y económica. Es necesario, de manera simultánea, identificar aquellos mecanismos de cobertura de

riesgos y su articulación con los esquemas financieros identificados de manera de predisponer a los tenedores de capital a percibir en el agro oportunidades de inversión seguras y rentables. El análisis que se practica en el presente documento pretende vincular algunos nuevos

instrumentos de financiamiento con las coberturas de riesgos (básicamente climáticas y de precios). El mismo debe necesariamente plantearse en tres planos: el normativo desde aquellos

cuerpos legales necesarios para el sustento jurídico, el técnico desde el efecto de la aplicación de los esquemas identificados y el institucional desde la identificación del rol de las organizaciones públicas y privadas a la hora de su diseño y puesta en marcha. En el caso del Fideicomiso, en la medida que el Parlamento Nacional Uruguayo sancione

la Ley específica que regule su uso, sus posibilidades de inserción en el sector agropecuario uruguayo se presenta como promisorio. Situación similar enfrenta la figura de los Fondos de Inversión, figura que si bien cuenta

con un encuadre legal desde hace varios años aún no ha generalizado en el mercado financiando proyectos productivos. Un aspecto importante a tener en cuenta al momento de evaluar la posibilidad de desarrollo

de este tipo de instrumentos en Uruguay es el rol que puede jugar la inversión institucional en el mismo, especialmente las AFAP’s. Esto está especialmente asociado a la importante masa de recursos que administran y a la escasa participación en proyectos productivos.

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En el caso de la securitización, la experiencia del Fondo de Financiamiento a la Actividad Lechera - FFAL es una muestra de cómo a partir de la creatividad puede instrumentarse la entrada de las Administradoras al mercado productivo. Finalmente, al momento de diseñar estructuras de financiamiento mediante los

instrumentos evaluados, deberá considerarse que los mismos se potencian mediante la complementación con otros instrumentos nombrados más arriba tales como warrants, seguros, derivados y esquemas de garantías. Es necesario señalar que los nuevos esquemas de financiamiento si bien podrían constituir

un aporte fundamental a los sectores productivos en la actual crisis, no es posible lograr un desarrollo sustentable y sostenible de la economía nacional sin un sistema bancario sólido que actúe canalizando el ahorro de los privados hacia proyectos de inversión. Por lo cual resulta estratégica la recreación de la confianza en el sistema bancario y su reposicionamiento luego de la crisis. Toda la política destinada a promover los nuevos instrumentos no deberá estar aislada de

esquemas que, en forma conjunta o paralela impulsen la disminución del endeudamiento de las empresas debido a que, actualmente constituye uno de los factores críticos que acota las posibilidades de concreción de negocios o inversión. La utilización del mercado de futuros y opciones y el seguro agrícola como instrumentos

de disminución de riesgo debe impulsarse a fin de mejorar la competitividad y sustentabilidad de los proyectos productivos. En el caso del mercado de futuros y opciones, no se ha desarrollado un mercado de este

tipo en Uruguay. Los Seguros Agrícolas si bien tienen un largo historial en la economía uruguaya, se han

aplicado mayormente para granizo. El Estado ha desarrollado en los últimos años acciones tendientes a aumentar la inserción

del seguro en el sector fomentando su uso en subsectores específicos (vitivinicultura, granja). El desarrollo de esquemas de estas características necesitan un trabajo de interacción entre

los Organismos Públicos, el sector Privado, las entidades de representación gremial y/o técnica y el mercado financiero. La interacción de instrumentos alternativos de financiamiento con coberturas de riesgo

permiten mejorar su posicionamiento, lo que también debería traducirse en disminución de su costo.

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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

• Propiciar el cambio en la percepción de un sector agropecuario descapitalizado y expuesto a riesgos sin control, por el de una visión empresaria con capacidad de respuesta productiva y comercial y manejo de la gestión de riesgo.

• Sanción por parte del Parlamento Nacional de las Leyes de Fideicomiso y Warrants. • Analizar la experiencia internacional de securitización en el sector agropecuario, con el

objeto de articular instrumentos de financiamiento especialmente al sector ganadero. • Promocionar las figuras del Fideicomiso y los Fondos de Inversión como receptores de

fondos líquidos con destino al sector. • Generar proyectos que permitan a los inversores institucionales –principalmente

AFAP’s- la diversificación de su portafolio de inversiones. • Propiciar la modernización de la gestión de la empresa agropecuaria de manera tal de

integrarla al proceso de desarrollo de instrumentos alternativos de financiamiento. • Articular mecanismos que permitan la profundización del uso de la figura del seguro

para atemperar los riesgos de las actividades agropecuarias. • Consolidar el uso de esquemas de cobertura a través de mercado de derivados a fin de

administrar el riesgo precio. • Inducir la implementación de controles sanitarios, trazabilidad y otras innovaciones

productivas con el objeto de garantizar la calidad de la producción agropecuaria. • Difundir y promocionar los instrumentos analizados. • Desarrollar Programas de Capacitación en financiamiento y riesgo, con participación en

el diseño e implementación de Organismos Públicos y Entidades Privadas.

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CAPITULO I FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO URUGUAYO

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I.1.- Evolución reciente El financiamiento bancario al sector agropecuario uruguayo tuvo, durante los noventa, un notable incremento debido principalmente a la conjunción de varios factores entre los que cobraron gran importancia las perspectivas de los productores respecto del desarrollo potencial del sector y las políticas de estabilización de la economía. En los últimos años, esas expectativas optimistas se revirtieron y, unidas a la crisis económico-financiera interna, afectaron tanto el volumen de demanda de créditos como las posibilidades de los deudores de cumplir en tiempo y forma con los compromisos asumidos en la década anterior. Es importante señalar también, que el programa económico vigente a lo largo de la década impactó sobremanera sobre el nivel de precios relativos, encareciendo el costo de vida, por lo que muchos empresarios se vieron forzados a tomar créditos los cuales no fueron volcados directamente a actividades productivas. Este marco referencial explica, en buena parte, cómo la deuda sectorial con la banca pasó de representar el 33% del PBI agropecuario en 1991 (305 millones de dólares) a 105% en 1999 (1.228 millones de dólares). Esta tendencia continuó consolidándose en los años siguientes.

INDICADORES DEL CREDITO BANCARIO DEL SECTOR AGROPECUARIO

Crédito Total Crédito/PBI Estructura por moneda Estructura por Acreedor

(millones de dólares)

(en u$s) (en %)

dólares Moneda Nacional

BROU Banca Privada

1990 315,9 37,8% 39,7% 60,3% 58,9% 41,1% 1991 304,6 33,3% 40,3% 59,7% 63,7% 36,3% 1992 382,4 34,5% 50,6% 49,4% 62,8% 37,2% 1993 493,2 45,6% 58,5% 41,5% 62,3% 37,7% 1994 553,7 40,9% 69,0% 31,0% 65,7% 34,3% 1995 622,6 38,1% 75,6% 24,4% 65,0% 35,0% 1996 754,4 46,6% 85,0% 15,0% 68,6% 31,4% 1997 935,4 58,4% 91,6% 8,4% 71,1% 28,9% 1998 1155,1 76,3% 94,6% 5,4% 69,2% 30,8% 1999 1228,0 105,3% 96,8% 3,2% 70,3% 29,7% 2000 1209,5 102,0% 97,6% 2,4% 66,7% 33,3% 2001 1212,6 110,0% 98,2% 1,8% 63,7% 36,3%

2002 (1) 1440,0 --- --- --- 70,0% 30,0% FUENTE: Elaborado por OPYPA en base a datos del BCU y BROU. (1) Estimación.

Durante esos años, si bien las características del mercado financiero uruguayo y su condición de centro regional de banca offshore permitieron una convergencia gradual de las tasas de interés de depósitos a las internacionales, ello no necesariamente se vio reflejado en las tasas para préstamos. De todas maneras, la competencia en el sistema bancario y una débil demanda por créditos en los últimos años, ha permitido que la tasa de interés para préstamos denominados en dólares convergiera hacia su equivalente en Estados Unidos. Esto es, entre el 8% y 8,5% desde 1996. Sin embargo, las tasas nominadas en moneda doméstica no han seguido el mismo comportamiento. Un tema no menor al evaluar las características del crédito es la composición del mismo por tipo de moneda. Si bien la dolarización de los préstamos ha experimentado un fuerte

13

crecimiento tanto en la banca pública como en la privada el impacto en la primera, como lo indica el cuadro siguiente, ha sido porcentualmente mayor.

PRESTAMOS AL SECTOR POR TIPO DE MONEDA

PRESTAMOS EN DOLARES (%) TIPO DE BANCO 1990 2000

Público 17% 96% Privado 72% 97%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de PROMESUR El proceso analizado anteriormente, ha sido consecuencia en gran parte del proceso de dolarización de la economía uruguaya desde fines de la década del ochenta y no difiere del experimentado en otros países de la región que implementaron políticas económicas similares en el período. A esto se agrega que el sistema de bandas cambiarias generó un ambiente propicio en términos de exposición al riesgo cambiario, fomentando la toma de créditos en moneda extranjera. El aumento del endeudamiento y la incapacidad de pago provocó a partir de 1998 el inició de un proceso de sucesivas refinanciaciones orientadas a desahogar financieramente al sector. Las mismas, que en un principio contemplaron análisis particulares de las deudas y plazos de hasta diez años para el pago, posteriormente se generalizaron y en 2000 se implementó un sistema de “Bono Cupón Cero”. La primera etapa de este sistema fue optativa y, posteriormente, se hizo obligatorio para todos los deudores. A la fecha, no se cuenta con indicadores estadísticos que permitan determinar el éxito o no de esta política. De todas maneras, en vista a la situación global actual del sector, puede afirmarse que el bono Cupón Cero mejoró la situación de muchas empresas y, aunque no resolvió íntegramente el problema global de endeudamiento ya que quedaron fuera de su alcance las grandes empresas y los bancos privados, en una primera aproximación puede decirse que ha sido de utilidad para mantener la actividad productiva, al diluir en períodos extensos la carga de la deuda en dólares. Finalmente, resta mencionar que el otro intento para mejorar la situación del sector estuvo orientado a permitir la cancelación de endeudamiento con bonos del estado, lo que implicó para el deudor quitas de hasta el 40% debido a lo deprimido del precio de esos títulos. Paralelamente permitió mejorar el posicionamiento del Banco en el mercado ya que sustituye su cartera morosa por papeles públicos los cuales, supuestamente, son más seguros. Del total de solicitudes que implicaban deudas por u$s250 millones, se habrían cancelado deudas por u$s60 millones. I.2.- Participación del Estado y el Sector Privado en el financiamiento Durante la década del noventa, la distribución del crédito global en la economía uruguaya se concentró en forma bastante proporcional entre la banca pública y privada, oscilando la participación de la primera en aproximadamente el 54% del total. En el caso del sector privado, su participación tendió a disminuir en la segunda mitad de la década, ubicándose a finales de la misma en alrededor del 50%. La disminución de la banca privada como abastecedora de recursos al sector fue consecuencia en parte de su reorientación a préstamos a sectores de consumo y servicios que a lo

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largo de la década pasada manifestaron un fuerte desarrollo, vinculado en gran parte al turismo internacional.

Además, también es cierto que los sucesivos programas de refinanciación y reestructuración de deudas, así como su baja performance de pago han convertido al agropecuario en un sector riesgoso desde el punto de vista de los prestadores. El caso del BROU es especial, ya que a pesar de que el Estado trató de redefinir su rol y reposicionarlo en igualdad con la Banca Privada, el mismo continuó teniendo un rol de banco de fomento, siendo por tasas, plazo y condiciones de acceso el que mayor vinculación ha tenido con los productores.

Más allá de esto, los indicadores hacia adentro del sector público indican una caída en la participación del BROU en los préstamos: a principios de la década representaba casi el 60% del crédito sectorial bancario y en 1999 superaba el 70%. Esta situación inició un proceso de reversión a partir de dicho año y ya en 2001 esta institución representaba el 63% del total. A fines del pasado año, sobre un nivel de deuda sectorial estimado en 1440 millones de dólares, el BROU concentraría algo más de u$S1000 millones, los cuales en su mayoría corresponden a préstamos de mediano y largo plazo. El resto del endeudamiento (u$s400 millones) correspondería a la Banca Privada, estimándose que solo el Banco Comercial y la Caja Obrera concentraban u$s350 millones del total, en su mayor parte tomado para financiamiento de compras de ganado en ferias ganaderas. De todas maneras, la contracción crediticia real comenzó a hacerse visible a partir de 2001, agudizándose en el año siguiente, como consecuencia de la crisis económica de mediados de 2002 que llevó las reservas de 3.100 millones de dólares en 2001 a apenas 600 millones y el riesgo país que se ubicaba alrededor de los 600 puntos superó los 3000 puntos básicos, con el impacto que ello tiene sobre la tasa de interés y la captación de recursos. Todo ello coadyuvó para que la campaña agrícola 2001/02 fuera sumamente complicada por la falta de financiamiento a la producción, situación que se agravó porque las industrias, como las malterías, que históricamente han financiado la mayor parte de los costos de implantación de sus abastecedores, pasaron a proveer un financiamiento mínimo.

Esta situación continuó agudizándose y en la zafra 2002/03 los productores debieron financiarse a través de fuentes alternativas de recursos tales como el autofinanciamiento y el crédito de proveedores. Fueron estos instrumentos los que posibilitaron que lo que en un principio se había previsto como una caída brusca del área sembrada, se revirtiera y los indicadores de siembra final superaran las expectativas. El cuadro siguiente, resultado de una encuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAyP), muestra que tanto en los ciclos de invierno como de verano, en la zafra 2002/03 más del 50% del área fue sembrada con financiamiento propio. Las empresas que utilizaron créditos lo hicieron principalmente a través de proveedores de insumos (14,8% de la superficie) y cooperativas (13,2%).

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SUPERFICIE SEMBRADA POR CICLO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - Año Agrícola 2002/03 -

SUPERFICIE SEMBRADA

TOTAL INVIERNO VERANO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Miles ha % Miles ha % Miles ha % TOTAL 560,8 100,0 239,9 100,0 320,9 100,0

Propia 282,0 50,3 125,3 52,2 156,7 48,8 BROU 7,3 1,3 7,2 3,0 0 0 Banca Privada 2,8 0,5 2,3 1,0 0,6 0,2 Proveedor de Insumos 84,4 15,0 21,9 9,1 62,5 19,4 Molino o industria 49,0 8,7 40,6 16,9 8,4 2,6 Cooperativas 74,0 13,2 27,3 11,4 46,7 14,6 Acopiador/Exportador 53,2 9,5 12,0 5,0 41,2 12,8 Otra 8,0 1,4 3,3 1,4 4,7 1,5 FUENTE: MGAP - DIEA Respecto de los datos del cuadro anterior, es importante destacar que las cifras correspondientes a Proveedor de Insumos, Cooperativas y Acopiador/Exportador, en el caso de cultivos de verano incluyen las áreas financiadas mediante la línea de crédito habilitada por el BROU por Resolución del Directorio del 27/08/2002. La misma involucró a los actores mencionados y requirió la prenda de los cultivos, la realización de contratos de entrega de la producción (que, en forma transitoria BCU aceptó como garantía computable), la contratación de seguros climáticos y la cesión de derechos a favor del acreedor (el propio Banco y/o el proveedor, cuando correspondiera). I.3.- Situación actual y perspectivas Como ya se ha mencionado anteriormente, si bien la crisis bancaria del año 2002 impactó significativamente sobre el nivel de crédito global, desde tiempo antes esta contracción ya se hacía visible manifestándose en el caso del sector agropecuario por el virtual retiro, como prestador, de la banca privada y la reducción del financiamiento del Banco República (BROU). A esto debe sumarse que el sector no ha mantenido una buena reputación como cliente de la banca y a que las instituciones que mayor nivel de recursos destinaban a atender sus necesidades financieras fueron las más afectadas por la crisis; Tal el caso del BROU, y entre las entidades suspendidas, los bancos Comercial, Crédito y Caja Obrera. A la fecha, todo indica que la situación del sector financiero tiende a mejorar luego de la meseta en la que se encuentra desde hace varios meses, lo que se traduce en un mayor optimismo por parte de los inversores privados. En parte, ello se debe al cumplimiento de la banca en lo que respecta a la restitución de los depósitos –y su correspondiente pago de intereses- que fueron reprogramados a mediados del pasado año. Por otra parte, ya ha entrado a operar el Nuevo Banco Comercial resultante de la compra de los activos del Viejo Comercial, Caja Obrera y Montevideo. Por su parte, el Banco de Crédito está en proceso de liquidación.

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El reposicionamiento del sector bancario es observado por los sectores productivos como el medio que revitalizará el crédito, captando los recursos que actualmente se encuentran en manos privadas. Es de esperar que una mejora en la confianza implique, en el corto y mediano plazo, el incremento de los depósitos, fenómeno que ya se está observando desde el segundo semestre del pasado año.

Más allá de esto, desde el sector oficial se estima que los ahorristas uruguayos aún mantendrían fuera del sistema bancario al menos 1.000 millones de dólares como consecuencia de la desconfianza en el sistema.

Si bien durante el pasado año, y como se mencionó en párrafos anteriores, el desarrollo de instrumentos alternativos de financiamiento en Uruguay fue el soporte necesario de los sectores productivos para llevar adelante su actividad, también lo es que en las actuales condiciones de la economía internacional es casi imposible lograr un desarrollo sustentable y sostenible de la economía nacional sin un sistema bancario sólido que actúe canalizando el ahorro de los privados hacia proyectos de inversión.

Por ello resulta estratégica la recreación de confianza en el sistema bancario y su

reposicionamiento luego de la crisis de estos últimos años. Ello no implica minimizar el rol del financiamiento no bancario que como ya hemos visto genera un efecto derrame sumamente positivo sobre los sectores productivos.

Por otra parte, es previsible que el reafianzamiento del sector bancario a los niveles

anteriores a la crisis aún demore tiempo. Se prevé que el sistema mejorará paulatinamente a través de la captación de recursos de los ahorristas aunque el desarrollo del crédito en condiciones, plazos y tasas acordes aún tardará en generalizarse.

El logro de estos objetivos deberá estar unido a otra serie de factores de carácter

macroeconómico en los que toma principal fuerza la necesidad de mejorar el posicionamiento internacional del país tanto desde el punto de vista económico y fiscal como jurídico, ya que en la medida que Uruguay no logre nuevamente una calificación internacional de investment grade estará también lejos de contar con un mercado productivo tanto financiero como de capitales.

En vistas de lo anterior, el accionar en el corto y mediano plazo deberá concentrarse en el

desarrollo de productos que permitan el acceso a financiamiento extrabancario vía análisis de factibilidad de proyectos, facilitando la realización de inversiones en el sector, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Para ello, el Estado deberá desarrollar un fuerte esquema de difusión y promoción de

instrumentos de financiamiento, sin perder de vista su rol de regulador y supervisor del sistema, así como la promoción de políticas de fomento sectorial que complementen a los mismos. Conjuntamente con estas acciones, debería intensificarse el rol de las áreas y/o entidades estatales específicas que tengan ingerencia en la materia, y su vinculación con otros integrantes institucionales de la cadena.

Finalmente, es importante volver a reiterar que si bien estos instrumentos son fundamentales

en el actual marco macroeconómico, es prioritario reconstruir en el menor plazo posible, un sistema bancario financiera y jurídicamente sólido.

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I.4.- Un caso particular: Las Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional – AFAP’s Dadas las características del presente documento, se ha considerado oportuno efectuar un análisis particular de las Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional (AFAP’s), por tratarse en la actualidad de uno de los inversores institucionales más importantes en muchos países del mundo. Las AFAP’s están reguladas por la Ley Nº16.713 del 03 de Septiembre del año 1995, el Decreto Reglamentario Nº399/95 del 8 de Noviembre de 1995, por las disposiciones del BCU y, en forma subsidiaria, por todo lo no previsto en las disposiciones anteriores y en cuanto sea compatible con el nuevo régimen provisional, por la Ley 16.060 del 4 de Septiembre de 1989. La Ley Nº16.713 estableció un nuevo sistema provisional mixto que combina el régimen de reparto del Banco de Previsión Social con el de ahorro individual administrado por las AFAP’s. En el caso del Uruguay, la reforma del sistema de seguridad social implicó el ingreso al mercado de seis AFAP’s

Actualmente, el mercado se reparte en cuatro administradoras: Afinidad, Integración, República, y Unión Capital, siendo República AFAP la administradora con mayor número de afiliados y la que concentra más de la mitad de los fondos administrados.

El volumen del mercado indica que el mismo cuenta actualmente con un número de

afiliados que supera las 600.000 personas y el Fondo de Ahorro previsional conformado es de aproximadamente mil millones de dólares (4% del PBI). La importancia de las AFAP’s dentro de un plan integral de financiamiento a sectores productivos está vinculada a que su Ley de creación –Ley 16.713- estipula que tienen un límite de inversión del 60% en valores del Estado. Respecto de la inversión en valores representativos de inversiones en sectores productivos, la misma tiene un máximo del 20%.

Si bien el ingreso de las AFAP’s al sector agropecuario ha sido casi nulo, durante el pasado año se firmó un convenio entre el MGAP, el Banco ACAC y las AFAP’s para adelantar financiamiento a los productores lecheros a través de la constitución de un Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL)2 a partir de la securitización de un flujo de fondos de los productores lecheros. 2 Las características distintivas de este Fondo son desarrolladas en el Acápite denominado Securitización del capítulo siguiente.

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CAPITULO II Instrumentos alternativos para el

financiamiento del sector agropecuario uruguayo

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II.1.- INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DIRECTO A LA PRODUCCION • Fondos de Inversión Los fondos de inversión se han constituido a nivel mundial en una de las alternativas más interesantes y de uso más frecuente como instrumento para canalizar operaciones en el mercado de capital de riesgo el cual constituye un sustituto imperfecto de la falta de un mercado accionario. En Uruguay, este figura está regulada por la Ley Nº16.774 la cual establece que “...un Fondo de Inversión es un patrimonio de afectación independiente, integrado por aportes de personas físicas o jurídicas bajo el régimen de la presente Ley, para su inversión en valores y otros activos”. Existen distintos tipos de fondos de inversión según el objeto que tienen, los cuales en términos globales pueden agruparse de la siguiente manera:

• Fondos de inversión cerrados: Se emite una cantidad limitada de patrimonio, la cual es colocada en el mercado y una vez vendida en su totalidad, el fondo se cierra.

• Fondos de inversión abiertos: No existe un límite de emisión, ni plazo límite de colocación. Se diferencia del Fondo Cerrado porque su capital sufre variaciones diarias, dependiendo de la operatoria que mantenga con sus inversionistas.

El Artículo primero también menciona que “...los Fondos de Inversión no constituyen

sociedades, carecen de personería jurídica y deben ser gestionados por una sociedad administradoras de fondos a quien se atribuyen las facultades de dominio sin ser propietaria, para que, por cuenta de los aportantes, realice una adecuada composición de sus activos, considerando riesgos y rendimientos”.

Las sociedades administradoras de fondos revisten la forma de sociedad anónima, por acciones nominativas o escriturales y tienen como objeto exclusivo la administración de los fondos y sus representantes, directores, gerentes, administradores, síndicos y fiscales son solidariamente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionar a los cuotapartistas por inclumplimiento de las normas jurídicas pertinentes y del Reglamento del Fondo3. Asimismo, deben requerir para funcionar autorización del Banco Central de Uruguay y tienen como obligación:

Declarar ante el Banco Central del Uruguay a quién pertenecen sus acciones a los efectos que el mismo lleve un registro actualizado de los propietarios. Solicitar al Banco Central del Uruguay autorización para transferir sus acciones precisando

la identidad del nuevo titular.

El Artículo 4 de la Ley admite que las participaciones se representen en títulos negociables denominados cuotapartes, las cuales podrán ser al portador, nominativas o escriturales.

Los activos de estos fondos de inversión en Uruguay podrán componerse de: i) valores

inscriptos en el registro de valores del BCU; ii) valores públicos nacionales o extranjeros; iii)

3 A esto se agrega que deberán contar con un patrimonio equivalente al mínimo requerido para las sociedades anónimas.

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depósitos vista o plazo en empresas de intermediación financiera y el Banco Central,; iv) valores emitidos y cotizados en mercado oficiales de terceros países; v) otros activos o valores que autorice el BCU.

En lo que respecto a la política de inversión de los Fondos, la legislación vigente ha

establecido que deberá ajustarse a determinadas pautas, a saber: Sólo pueden poseer acciones representativas de hasta un máximo equivalente al 30% del

capital integrado de cada sociedad emisora (No aplicable a fondos de inversión cerrados). La inversión en valores emitidos o garantizados por una misma entidad, o por un mismo

grupo económico, no podrá superar el 35% del patrimonio neto del fondo4 (no aplicable a fondos de inversión cerrados). La inversión en valores emitidos o garantizados por Estados extranjeros no estará

alcanzada por la limitación anterior, siempre que los mismos cuenten con “investment grade”. El mayor desarrollo de los Fondos en Uruguay comenzó a observarse a partir de la segunda

mitad de la década del noventa a partir de la sanción de la Ley de Mercado de Capitales y de mencionada Ley Nº16.774 de Fondos de Inversión, estando direccionados a la provisión de vehículos alternativos de ahorro a los vehículos bancarios y a la dinamización del mercado de capitales.

Existen diez sociedades administradoras autorizadas, de las cuales una no inició actividades, en tanto que otras cinco de ellas procedieron al cierre de los fondos que manejaban los que se encuentran en proceso de liquidación y disolución. Respecto al número de fondos de inversión, desde la sanción de la Ley han obtenido aprobación treinta fondos, de los cuales solo diez están en actividad.

A partir de la crisis económica de fines de la década, los mismos han presentado un importante retroceso. El mismo se agudizó por el posicionamiento que estos Fondos habían tomado en títulos de la deuda pública local. El patrimonio de los mismos que superaba los 400 millones de dólares en 1997, a fines de 2002 había descendido a 10,2 millones de dólares. La única figura de este tipo que ha conseguido un desarrollo significativo es la de los Fondos de Ahorro Previsional creados por Ley Nº16.716 y cuyas características y nivel de actividad fueron comentados en el capítulo inicial del presente documento. Los fondos que operan o han operado en el país son de tipo abierto, caracterizándose por invertir fundamentalmente en títulos públicos, depósitos bancarios y en menor medida valores privados.

Puede afirmarse que, a varios años de haberse aprobado legislación específica, la figura del fondo de inversión en Uruguay no se ha traducido en el desarrollo de una industria de capital de riesgo, capaz de proveer al sector privado de alternativas de financiamiento al crédito tradicional. La inversión en participaciones de empresas locales ha sido muy escasa, y ha estado direccionada principalmente a depósitos en banco y, aunque en menor media en Obligaciones Negociables.

4 Esta limitación no rige en el caso de inversión en valores emitidos o garantizados por el Estado Uruguayo.

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ACTIVOS DE LOS FONDOS DE INVERSION POR INSTRUMENTO

TIPOS DE ACTIVO 1998 1999 2000 2001 2002 Valores públicos Uruguay 61,60% 57,90% 25,70% 38,84% 3,23% Valores públicos Argentina 0,80% 0,60% Valores privados Argentina 11,10% 14% 16% 0,15%

Valores privados USA 5% 3,70% 2,71% 1,44% 18,39% Valores públicos USA 49,42%

Obligaciones Negociables Uruguay

8,30% 5,30% 3,27% 2,56%

Disponibilidades 2,60% 7,40% 2,67% 12,01% 4,29% Depósitos plazo Uruguay 8,10% 9,30% 46,80% 37,3% 24,04%

Otros Uruguay 1% 1,30% 0,86% 0,63% Otros Exterior 1,50% 0,50% 1,72% 7,70%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% FUENTE: PROMESUR – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Finalmente, debe mencionarse que se han generado algunos vehículos que han permitido canalizar importantes inversiones a sectores como el forestal, los que si bien no adoptan estrictamente una forma jurídica similar, toman buena parte del esquema conceptual y de funcionamiento de los mismos.

Esta experiencia, unida a las buenas expectativas respecto del desarrollo del sector agropecuario nacional en el mediano plazo, permite inferir un desarrollo positivo de este instrumento en la medida que se logren salvar las limitantes actuales tanto técnicos como, en muchos casos, psicológicas de los inversores. • Fideicomiso

El fideicomiso es una figura vigente hace decenas de años en la legislación de países americanos como México o centenares en el caso de países de habla inglesa. La palabra proviene de fiducia que significa: “fe, confianza” y su correlato anglosajón es el Trust.

Esta figura puede ser encuadrada dentro de lo que se conoce como “Negocios de Confianza”, implicando la transferencia de un bien en propiedad fiduciaria a un tercero que, por medio de un Contrato se compromete a cumplir el encargo encomendado por quien le transmite la propiedad. De acuerdo a lo anterior en el esquema de Fideicomiso participan cuatro integrantes:

• Fiduciante: es quien transmite la propiedad del bien o de los bienes al fiduciario. • Fiduciario: Es quien tiene a su cargo la administración del bien de acuerdo a lo estipulado

en el Contrato de Fideicomiso. • Beneficiario: es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los bienes

fideicomitidos. • Fideicomisario: es quien recibe los bienes fideicomitidos una vez extinguido el

fideicomiso.

En función a la experiencia de países en los cuales esta figura ya se encuentra debidamente legislada, puede decirse que existe amplitud respecto de los objetivos y usos que se le pueden dar, por lo que habilita la realización de variedad de fideicomisos que pueden agruparse, a los efectos prácticos, en cinco grupos:

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a) De Inversión: consiste en la transmisión fiduciaria de recursos financieros con la finalidad específica o principal de invertir los mismos según las instrucciones, pautas o reglamentos establecidos por él o los contribuyentes (fiduciante) para su propio beneficio o para el beneficio de terceros (beneficiario o fideicomisario).

b) De Garantía: por medio del mismo se transfieren al fiduciario, bienes por medio de los cuales -o a través de su producido- se garantiza el cumplimiento de ciertas obligaciones del fiduciante o de terceros, designando como beneficiario al acreedor o a un tercero.

c) De administración: Es aquel a través del cual se transfiere a la institución fiduciaria ciertos bienes con la finalidad de que esta los administre, en los términos y condiciones estipulados en el contrato respectivo. La finalidad primordial en este tipo de fideicomiso es la seguridad y protección a favor de quien lo constituye o de un tercero como beneficiario.

d) Mixto: este tipo de fideicomisos se conforman con la participación de dos o más fideicomisos específicos.

e) Financiero: “...es aquel negocio de fideicomiso, sujeto a las reglas precedentes, cuyos beneficiarios sean titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario, de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes que integran el fideicomiso, o de títulos mixtos que otorguen derechos de crédito y derechos de participación sobre el remanente...”5.

De acuerdo a información relevada por el BID a fines del año 2000 se ha podido determinar que los costos de financiamiento para los tomadores de fondos por esta modalidad oscilan entre el 6% y 8% en dólares y las rentabilidades anuales para los inversores –medidas en dólares- se sitúan por encima del 10%. Por su parte, los costos de constitución de un fideicomiso se sitúan entre el 2% y 3% del activo gestionado, los cuales están asociados básicamente a la estructuración y gestión del mismo. En la actualidad, Uruguay no cuenta con una Ley específica que regule la figura del Fideicomiso como sucede en buena parte de los países de América Latina, aunque se encuentra en tratamiento parlamentario un proyecto específico, cuyos principales lineamientos serán comentados en un apartado siguiente. A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, el Código Civil uruguayo no reguló la propiedad o el dominio fiduciario. Solamente algunas normas reglamentarias aisladas han hecho referencia a este instituto. A pesar de la inexistencia de normativa específica es cierto que existe, principalmente dentro de la actividad bancaria, un importante número de operaciones de inversión, las cuales responden a la característica del contrato de fideicomiso: transferencia de bienes del fideicomitente a favor del fiduciario, con la obligación de éste de dar a los mismos un destino determinado, en beneficio del propio fideicomitente o de un tercero. Este tipo de operaciones son contabilizadas normalmente por las entidades bancarias en cuentas de orden, ya que no representan ni una obligación pecuniaria frente al fideicomitente ni un riesgo derivado de la aplicación de los recursos. Por otra parte, en el mercado de capitales existe un buen número de transacciones que son realizadas a través del sistema de “participaciones”, las cuales suponen igualmente la celebración de un negocio fiduciario, en el cual un banco, una bolsa de valores o una sociedad de bolsa actúa como fiduciario. 5 Definición de Fideicomiso Financiero según el Artículo 21 del Proyecto de Ley de Fideicomiso en tratamiento en el parlamento uruguayo.

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Más allá que el tipo de operatoria mencionada en los párrafos anteriores es asociada a la figura del Fideicomiso, es importante mencionar que tal cual se señala en la exposición de motivos de presentación del Proyecto de Ley de Fideicomiso al Parlamento, “...los negocios fiduciarios presentan una diferencia sustancial con la figura del Fideicomiso, tal como el mismo aparece regulado en el Derecho comparado: los bienes o derechos transferidos al fiduciario ingresan plenamente al patrimonio del fiduciario, el cual contrae frente al fiduciante o fideicomitente solamente una obligación personal. En consecuencia, los bienes y derechos fiduciados serán parte de la garantía común de los acreedores personales del fiduciario y las obligaciones que éste contraiga en cumplimiento del encargo recibido gravarán su patrimonio personal. Este efecto busca ser subsanado por las leyes que regulan el fideicomiso al crear, respecto del fiduciario, un dominio fiduciario o un patrimonio de afectación, que impida la confusión patrimonial que, la falta de un régimen especial, produce en nuestro derecho...”. A lo anterior se suman las disposiciones del Código Civil que expresamente en sede de la sucesión testamentaria dispone que “...todo Fideicomiso es nulo, cualquiera sea la forma con que se le revista”, así como también las dificultades de encuadramiento tributario que actualmente presenta la figura. Por todo ello, el Gobierno uruguayo al proponer la sanción de una norma específica intenta resolver algunos de los problemas planteados a partir de:

• La creación de un régimen de afectación patrimonial, que impida que los bienes dados en fideicomiso formen parte de la garantía común de los acreedores del fiduciario.

• El otorgamiento de derechos de control al fiduciante y al beneficiario respecto a la administración por parte del fiduciario del patrimonio fideicomitido.

• La restricción de la prohibición legal para la constitución de fideicomisos testamentarios, buscando otras formas de protección legal para los intereses jurídicos que estas normas buscan defender.

• La posibilidad de emisión de títulos de participación o de deuda con derechos sobre el patrimonio fideicomitido, que transformen al fideicomiso en un instrumento apto para su utilización en el mercado de valores.

• La aprobación de un régimen tributario adecuado que no inhiba la utilización de esta figura.

• El Proyecto de Ley de Fideicomiso en tratamiento parlamentario:

principales aspectos

Definición: El fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual una persona (fideicomitente) transmite la propiedad fiduciaria de determinados bienes a otra (fiduciario), para que la ejerza de acuerdo con la finalidad determinada por el fideicomitente, en beneficio de la persona que éste designe en el acto de constitución (beneficiario) y si, correspondiere, los transmita al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomitente o al beneficiario. Constitución: siempre deberá ser por escrito y otorgarse por Escritura Pública en los

mismos casos previstos por la Ley para los contratos de Compraventa e inscribirse en el Registro pertinente de la Dirección General de Registros, si correspondiera. En el caso del Fideicomiso Testamentario, deberá ser extendido en alguna de las formas previstas en el Código Civil. Objeto: podrá ser constituido sobre bienes o derechos de cualquier naturaleza presentes o

futuros, incluyéndose las universalidades de bienes. Propiedad Fiduciaria: es la titularidad de derechos de propiedad y otros derechos reales o

personales, transmitidos en cumplimiento de un Fideicomiso. Sobre los bienes

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fideicomitidos se constituye un patrimonio de afectación separado e independiente del patrimonio del fiduciante, fiduciario o beneficiario. Persecución delos acreedores: los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción

singular o colectiva de los acreedores del fiduciario, del fiduciante o del beneficiario. Requisitos del Fiduciario: podrá ser cualquier persona física o jurídica. En el caso del

fideicomiso financiero, solamente podrán serlo las entidades de intermediación financiera o las sociedades administradoras de fondos de inversión6. Obligaciones del Fiduciario: i) Mantener un inventario y contabilidad separada de los

bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio fiduciario; ii) transferir los bienes del patrimonio fiduciario al fiduciante o el beneficiario al concluir el fideicomiso; iii) guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información vinculada. Derechos del fiduciario: salvo estipulación en contrario el beneficiario tendrá derecho al

reembolso de los gastos incurridos en beneficio del patrimonio que integra su dominio fiduciario y a una remuneración. Cese del fiduciario: i) muerte o incapacidad; ii) disolución, quiebra o liquidación judicial;

iii) remoción privada por el fiduciante, cuando éste se hubiera reservado dicha facultad; iv) remoción judicial; v) renuncia; vi) cancelación de la inscripción en el registro dispuesta por el BCU. El contrato deberá individualizar al beneficiario, quien podrá ser una persona física o

jurídica, que deberá poseer capacidad suficiente para adquirir por acto entre vivos o por testamento, según sea el caso.

• Titulación (Securitización)

La titulización es un procedimiento por el cual determinados activos ilíquidos –reales o financieros- son transformados en activos financieros líquidos para su negociación en el mercado de capitales. Dicha transformación alcanza a activos de carteras de créditos de mediano y largo plazo en títulos de participación o títulos de deuda negociables en el mercado de valores. En síntesis este sistema consiste básicamente en financiarse mediante la enajenación de derechos de cobro, que a tal efecto son incorporados en valores mobiliarios que se colocan en el mercado en forma pública o privada.

La titulización, por lo tanto, es otra vía frente a los dos alternativas tradicionales para el

financiamiento de la empresa en el mercado de capitales (colocación de acciones o financiación a título de cobro incluida la emisión de obligaciones negociables).

Globalmente, Las partes que integran el proceso de titulización son: Originador: Banco o entidad financiera que aglutina créditos propios o de terceros. Vehículo: Entidad especial que emite títulos. No deben tener una vinculación con el

originador. Pueden ser sociedades especiales securitizadoras o Fiduciarios o Fondos de Inversión (cerrados). Sociedad calificadora de riesgo: Sociedad especial cuyo objeto exclusivo es

examinar cartera y otorgar dictamen independiente sobre los títulos a emitir. Agente colocador: Se encarga del proceso de colocación y suscripción de los nuevos

títulos entre inversores privados e institucionales. Inversores: Particulares o institucionales adquirentes de títulos.

6 En este sentido el Proyecto de Ley contempla la creación de un Registro Público de Fiduciarios en el ámbito del Banco Central de Uruguay (BCU).

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Abogado: Del Fiduciario y del Banco colocador. Administrador: Generalmente es el mismo originador. Su función es administrar la

cartera transferida, cobrar los créditos y proveer fondos al vehículo.

Su mayor beneficio es que posibilita obtener financiamiento en el mercado a un costo más bajo que las alternativas tradicionales, debido a que los activos titulizados son separados del riesgo de la empresa que los origina. El Fideicomiso es el sistema más usado a nivel mundial en el proceso de securitización, aunque también suele efectuarse a través de un Fondo de Inversión o una sociedad constituida con ese especial objeto. En el caso de Uruguay, la Ley Nº16.749 de Mercado de Valores denomina “valor” a los que el derecho angloamericano llama “securitie”. Según la definición legal, los valores son bienes o derechos transferibles. Por su parte, la Ley 17.202 incorporó en el año 1999 a la legislación anterior un Título sobre fondos de inversión cerrados de crédito. El objetivo del legislador en este sentido fue combinar las dos figuras a fin de habilitar la constitución de fondos de inversión cerrados con derechos de crédito que tuvieran como respaldo garantías hipotecarias. De esta manera flexibilizó un instituto sumamente importante como es la cesión de créditos no endosables que carecían de la característica fundamental del valor: la transferibilidad. Más allá de su objetivo principal, la legislación dejó abierta la posibilidad que la reglamentación admitiera la “securitización” de otro tipo de activos. En este sentido, la experiencia uruguaya más importante en los últimos tiempos en lo que a titulación en el sector agropecuario se refiere, la representa el Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) puesto en funcionamiento el pasado año a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En primer término vale decir que la comercialización de leche fluida en Uruguay corresponde a un mercado regulado ya que el precio es tarifado y lo marca el Estado Nacional. En el caso del FFAL, el mismo se creó sobre la base del mercado de leche para el consumo, afectándose por un período estimado entre 5 y 7 años y generando un flujo de fondos proveniente de una retención mensual a cargo de las empresas industrializadoras de 0,84 centavos por litro de leche fluida destinada al consumo interno. El monto retenido es depositado en el FFAL, y el flujo de fondos para los próximos cinco años podrá ser securitizado por el MGAP, quien está autorizado a cederlo a un tercero. De esta manera, se estima obtener un monto de financiamiento de 25 millones de dólares tomando en consideración el volumen comercializado en el país. Los recursos obtenidos son transferidos a los productores, los que deberán destinarse en un 60% a cancelar deudas en el caso de productores que las tengan, y el resto deberá trasladarse a reconstituir capital de trabajo de los tambos. Si bien este Fondo representa un avance sustancial en lo que a instrumentos innovadores se refiere, también es cierto que existe un mercado potencial muy amplio para el desarrollo de otras experiencias. Tal el caso de la titulación en ganadería que, en otros países de Sudamérica está teniendo amplia repercusión sobre el sector.

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• Pool de Siembra El pool de siembra es una forma de organización empresaria, de la cual participan varios socios, que intenta maximizar el beneficio del negocio agropecuario a partir del aumento de la escala de producción y la disminución de aquellos riesgos intrínsecos del sector. En muchos casos son asociados a la figura del Fondo Común de Inversión. La diferencia entre ellos es cualitativa ya que estos Fondos si bien tienen una forma empresaria de organización similar al pool, son un instrumento financiero que como se ha mencionado anteriormente en el caso de Uruguay se encuentra debidamente regulado por la Ley Nº16.774 y sus modificatorias. En términos generales, y de la experiencia acumulada en países como la Argentina, donde esta figura ha adquirido significativa importancia puede decirse que reúne las siguientes características distintivas: • Su constitución requiere de, al menos, tres actores: el productor agropecuario, una consultoría

técnica y los inversionistas. • De los tres, es la consultoría técnica quien tiene el rol más activo ya que actúa como nexo entre

inversores y productores, además de organizar todo el sistema de producción así como la captación y asignación de recursos.

• El productor por su parte aporta la tierra en alquiler y los inversionistas –en la mayor parte de los casos no vinculados al sector- el dinero.

• Entre sus características se destaca el desarrollo de una relación fuerte con los futuros compradores de la producción, la cual está apoyada en el intento de conseguir una renta diferencial asociada tanto a la calidad del producto como al volumen ofrecido.

• En muchos casos no existe una formalización contractual y legalizada entre sus integrantes, sino que se organizan a través de lo que se conoce como “negocio de palabra” o, en el mejor de los casos se constituye una Sociedad de Hecho. De todas maneras, hay situaciones en la cuales no sólo existe un contrato sino que el mismo, más allá de estipular las condiciones contractuales generales, prevé cláusulas respecto del uso de la tierra, rotación, etc.

Es importante señalar que en Argentina existen detractores de esta figura que opinan que al

actuar durante una sola campaña, los pool no mantienen un plan de trabajo sustentable desde el punto de vista de la sustentabilidad de los recursos naturales. Esto podría revertirse con contratos de más largo plazo. II.2.- INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO • Factoring

Si bien el sistema que hoy se conoce con el nombre de Factoring se inició en la antigüedad, sus orígenes modernos se focalizan en el siglo XVII a partir del extraordinario crecimiento del comercio entre Europa y otras ciudades del mundo especialmente EEUU, lo cual derivó en el uso de agencias mercantiles como factores encargados de cobrar las operaciones efectuadas. Actualmente, es un instrumento financiero utilizado a nivel mundial, con operaciones globales superiores a 500.000 millones de dólares con una estimación de más de 100.000 usuarios distribuidos en 50 países.

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A través del mismo las PyMEs pueden acceder a financiamiento otorgando en garantía parte de sus cuentas a cobrar tales como facturas, recibos, cheques, etc. La flexibilidad de este instrumento hace que pueda ser utilizado por cualquier tipo de empresa no solamente para sustituir la falta de garantías sino para obtener liquidez desligándose del cobro a sus deudores ya que esa función es trasladada a la entidad financiera o empresa especializada.

En general, las PyMES que utilizan este sistema son proveedoras de grandes empresas con

buena reputación en el mercado financiero lo que implica muy bajo riesgo de cobro permitiendo el acceso a tasas de interés menores a las de un crédito tradicional. La evaluación de la operatoria vinculada al Factoring permite inferir que se trata de una relación contractual de la cual participan tres integrantes:

a) Factor: La empresa que facilita los servicios. b) Cliente: La firma fabricante industrial o comerciante que contrata con el factor la

transferencia de los créditos contra sus compradores. c) Deudor: La Empresa que adquiere del cliente (que es el que contrata el factoring) los

productos de éste, mediante la obligación del pago de un precio y que constituye el deudor del crédito transmitido al factor.

Además, la misma puede adquirir distintas modalidades de acuerdo al tipo de operatoria

que se efectúe: Con recurso: si al vencimiento el deudor no cancela, la responsabilidad de pago la

asume el cedente. Si hubiera existido adelanto de recursos por parte del factor, el cedente deberá reintegrarlo. Sin recurso: el riesgo correspondiente a la cobranza lo asume plenamente el factor. Global: aquel por el cual el cliente otorga al factor la administración total de sus

cuentas a cobrar. Estos acuerdos se emplean en general para los casos de clientes con un número reducido de deudores y por importes significativos. Individual: está referido a un número determinado de deudores sobre los que cede

la gestión de las cobranzas.

Las ventajas de este instrumento están asociadas a que genera ahorro de tiempo y de gastos en la cobranza, permite la máxima movilización de la cartera de deudores garantizando el cobro de todos ellos, simplifica la contabilidad ya que mediante el contrato de factoring el usuario pasa a tener un solo cliente que paga al contado, sanea la cartera de clientes y limita el endeudamiento ya que el cedente, si necesita liquidez, recibe recursos casi al contado.

En contraposición, su mayor inconveniente está vinculado con: a) el factor puede no

aceptar alguno de los documentos de su cliente, b) están excluidas las operaciones relativas a productos perecederos y c) el cliente queda sujeto al criterio de la sociedad factor para evaluar el riesgo de los distintos compradores.

Por otra parte, el ingreso a esta operatoria implica superar una barrera psicológica

importante para el empresario ya que se establece implícitamente la libertad de acceso a la información de la empresa y el temor a que el factor no trate a los clientes con el suficiente tacto y perjudique la futura relación comercial7.

En Uruguay, el marco jurídico está consagrado en la Ley Nº17.202 modificatoria de la Ley

Nº16.774 de fondos de inversión. El Artículo 45, con el cual se abre el Capítulo V se refiere a la 7 Ello se puede obviar con una cláusula de necesidad de consulta del factor a la empresa antes de iniciar la vía judicial.

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operativa diciendo que “...el presente Título consiste en adquirir créditos provenientes de ventas de bienes muebles, de prestación de servicios o de realización de obras, otorgando anticipos sobre tales créditos y asumiendo o no sus riesgos. La expresada actividad podrá ser complementada con servicios como los de la gestión de cobro de los créditos o la asistencia técnica, comercial o administrativa a los cedentes de los créditos aquí referidos. Los créditos deben provenir del giro habitual de los cedentes. En los contratos de factoraje será válida la cláusula por la cual se pacte la cesión global, de parte o de todos los créditos del cedente, tanto existentes como futuros. En este último caso se requerirá que tales créditos futuros sean determinables. También podrá convenirse que el acuerdo de cesión de los créditos futuros a favor de la empresa de factoraje sea título suficiente de transmisión”.

Dado el marco legal en el cual se detalla la operatoria, puede entenderse que el Legislador

reguló los fondos de inversión que se formen con créditos provenientes de las operaciones que se mencionan. En consecuencia, los dos Artículos sobre factoring que tiene la Ley no regularían el contrato de factoring en particular, tal como se lo conoce en la práctica, sino el factoraje dentro de la operativa de los fondos de inversión.

Más allá de esto, debe quedar claro que podrá haber factoraje fuera del régimen de los

fondos de inversión, en cuyo caso el negocio tendrá la regulación que acuerden las partes y subsidiariamente podrán ser aplicables algunas de las normas incorporadas por la Ley Nº17.202.

Si bien la Ley de referencia se sancionó en 1996, recién en 1998 se constituyó la primera

compañía dedicada a Factoring en Uruguay. En la actualidad, existen tres empresas dedicadas, con objeto exclusivo, a esta operatoria. Se estima que el nivel de operaciones alcanzaría 1,5 millones de dólares. Paralelamente a esto se desarrollan operaciones de factoring en el sector bancario las cuales son registradas como operaciones de crédito (líneas de crédito contra cuentas a cobrar).

Adicionalmente a esto existen estimaciones que indican un nivel del operaciones

informales del orden de los u$s42 millones de dólares8. Conjuntamente con las operaciones de factoraje, el descuento de cheques constituye una

práctica comercial frecuente en el Uruguay. Este tipo de operaciones resulta un medio habitual de proveer liquidez de corto plazo y que se apoya en las garantías y valor del cheque en la normativa y práctica comercial uruguaya.

El mercado objetivo de las compañías de factoring es el de las empresas uruguayas de

mediano y gran porte. La oferta de servicios de estas compañías comprende: a) Servicio de cobranza; b) Capital de trabajo; c) Administración de cuentas a cobrar y gestión de carteras.

Las compañías uruguayas que operan actualmente, se enfocan en empresas y créditos de bajo riesgo y excelente track record, adquiriendo riesgos de empresas de mejor calificación en plaza: proveedores de grandes supermercados, proveedores de empresas comerciales e industriales de primera línea y proveedores del estado.

8 Principalmente vinculadas a descuento de documentos entre particulares.

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• Un caso especial: el factoring internacional

El factoring internacional es uno de los instrumentos de financiamiento más utilizados a nivel mundial para el desarrollo de las exportaciones y el crecimiento de las pymes.

Al igual que en el resto de Sudamérica -excepto en Chile- en Uruguay no hay experiencias de factoring sobre comercio exterior. En el caso Uruguayo, la modificación del tipo de cambio y su impacto sobre el nivel de precios relativos permite prever un buen posicionamiento de las empresas de factoring internacional como proveedoras de liquidez a las empresas exportadoras.

La operatoria consiste en que una compañía de factoreo compra las acreencias de una

exportadora por un valor inferior al monto de las operaciones. La empresa que entrega su cartera de cobranzas en el exterior recibe el dinero de la venta y la empresa de factoring asume la gestión y el riesgo de cobranza de las facturas.

Este sistema presenta importantes ventajas en economías como la uruguaya en la que

existen un importante número de empresas que, como consecuencia de la problemática económica nacional de los últimos años, no son actualmente sujetos de crédito. Esta operatoria no se “calza” sobre el análisis patrimonial del vendedor sino sobre el de los potenciales clientes debido a que el riesgo de la operación de factoring está en el pago.

Si bien existen particularidades por país respecto de los bienes sobre los que se realizan

estas operaciones, en casi todos se excluyen los comodities, los bienes de alto precio unitario o los perecederos. De todas maneras, la operatoria para estos productos está comenzando a desarrollarse.

• Leasing

El leasing es un contrato por medio del cual una de las partes, el “dador”, conviene en transferir a la otra, el “tomador”, la tenencia de un cierto y determinado bien para el uso y goce de la última, contra el pago de un canon establecido. Al tomador le confiere, además, la opción de comprar dicho bien a cierto término por un precio que podrá estar fijado en el mismo contrato o ser determinado de acuerdo con los procedimientos o pautas que se pacten.

En Uruguay, el contrato de leasing está regulado por la Ley Nº16.072 de Octubre de 1999, modificada por las Leyes Nº16.205, Nº16.230 y por la Ley de Inversiones Nº16.906. La legislación vigente define el contrato de leasing financiero como “el contrato de crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario, a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente”9. Por su parte, el leasing operativo10 es “...el contrato por el cual una persona física o jurídica se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien, por un plazo determinado y el usuario se obliga a pactar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente”.

9 Definición según inciso 1 del Artículo 1 de la Ley Nº16.072, en la redacción dada por la Ley Nº16.205. 10 Definición según la Ley Nº17.296.

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Como puede observase, la diferencia entre las dos definiciones radica en que en el leasing financiero la persona que se obliga a permitir la utilización de un bien es una institución financiera, mientras que en el leasing operativo puede tratarse de cualquier persona física o jurídica.

Otra modalidad aunque no demasiado usual en el mercado uruguayo es el “lease-back”, que consiste en la venta de un bien propiedad del usuario a una entidad financiera especializada y pactándose simultáneamente una opción irrevocable de uso del bien por parte de quien lo vendió y su posterior compra a favor del propietario original al vencimiento del contrato. Es importante destacar que si bien la legislación específica que regula este contrato tiene una flexibilidad tal que permite adecuarlo a diferentes tipos de bienes y condiciones, contiene también algunos aspectos que deberían ser reconsiderados. Los mismos están vinculados a aspectos impositivos que encarecen su uso, caducidad del plazo de inscripción registral, valuación de los bienes (especialmente tierra), entre otros. A diferencia de lo que ocurre en otros países, hasta Enero de 1998 las operaciones de Leasing en el país presentaron escasa operatoria, montos reducidos y solamente se efectuaron en dólares. Las modificaciones introducidas por la Ley 16.906 en Enero de 1998 apuntaron a dinamizar el uso de este tipo de contratos mediante la exoneración del IVA en determinadas circunstancias11. A pesar del impulso mencionado a partir de 1998, en la actualidad unos pocos bancos privados trabajan en este tipo de productos, y el uso más difundido es para el financiamiento de vehículos utilitarios. El Banco República (BROU) por su parte a través de LEASING BROU financia mediante este instrumento la compra de maquinaria y equipos, comprendido el transporte (ómnibus, camiones y utilitarios), con plazos entre 3 y 8 años de acuerdo a la vida útil del bien. El porcentaje de financiación es determinado en función de la calificación del cliente, pudiendo ser de hasta el 100% del valor de inversión (excluido el IVA). • Warrants El warrant, denominado también bono o nota de prenda, es un Título Valor normalmente accesorio a un certificado de depósito, por el que el titular de este último se obliga a pagar en determinada fecha al tenedor legítimo de aquel una suma de dinero que recibió en préstamo, o que le adeuda por cualquier motivo, constituyendo en garantía de su cumplimiento un derecho de prenda que ha de recaer sobre la mercadería depositada. Si bien este instrumento no está regulado directamente en la legislación uruguaya, existen disposiciones y leyes vinculadas a certificados de depósito y a títulos valores que han sido aplicadas a los warrant a través de los años. Este se debe a que no existe discusión legal respecto a que el warrant como el certificado de depósito puedan ser considerados títulos valores de acuerdo a la práctica comercial Por otra parte, doctrinariamente se reconoce unánimemente que cuando se habla de títulos valores representativos de mercaderías, se está aludiendo a estas figuras.

11 Dicha Ley exonera de IVA a las operaciones de leasing siempre y cuando duren más de tres años, no sean para vehículos no utilitarios, no sean para bienes destinados a casa habitación, y el usuario sea sujeto pasivo del IRIC, IRA o IMEBA..

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De todas maneras, por tratarse de un instrumento con insuficiente regulación legal, su aplicabilidad y su campo de acción suele ser complicado debido a la maraña de leyes a las que hay que dirigirse al momento de evaluarlo. Por ejemplo, Estatuto de los Empresarios de Depósitos, Contrato de Depósito Comercial, Contrato de Prenda y a los Títulos Valores, entre otros. Por ello, y en este sentido, se encuentra en tratamiento en el Poder Legislativo un proyecto de Ley específica. El mismo define en su Artículo 1º que “...los certificados de depósito son títulos valores representativos de mercadería u otros bienes depositados con su emisor, los cuales otorgan a su tenedor el derecho exclusivo de disponer de las mercaderías o de los bienes que en ellos se consignen”. En el Inciso 2º del mismo Artículo se define a los warrant como “...los títulos valores representativos de un crédito prendario sobre las mercaderías y otros bienes depositados con su emisor, los que otorgan a su tenedor derecho de crédito prendario sobre las mercaderías o bienes depositados en los términos de la presente Ley”. Entre otras características, dicho Proyecto establece:

• Los títulos definidos podrán ser emitidos solamente por la Administración Nacional de Puertos y por las “Sociedades de Almacenaje12”.

• Podrán ser objeto de la emisión de estos documentos las mercaderías y bienes de cualquier naturaleza, fungibles o no. Se excluye dinero, títulos valores y metales preciosos13.

• La Sociedad Depositaria reconocerá como titular del derecho de posesión sobre los bienes o prenda a quien se legitime con la titularidad del documento.

• Tanto los Certificados de Depósito como los Warrants podrán ser nominativos, a la orden o al portador.

• Los bienes representados por certificados de depósito son inembargables por los acreedores del depositante y del depositario, sin perjuicio del derecho del depositario de proceder a su ejecución.

• El tenedor de un certificado de depósito en el que se indique la emisión de un warrant no podrá reclamar la entrega de los bienes depositados sin haber pagado previamente al tenedor del warrant emitido (o depositado con el emisor) el monto de la deuda garantizada con el warrant más los intereses hasta la fecha de entrega y los demás gastos de depósito.

• El tenedor de un certificado de depósito podrá depositar con el emisor el importe del warrant aún cuando el mismo no estuviese vencido.

• En caso de incumplimiento se ejecutará la prenda.

Como ya se mencionó anteriormente el proyecto también define a las Sociedades de Almacenaje, diciendo que:

• Deberán ser Sociedades Anónimas por acciones nominativas (físicas o

escriturales) y tener por objeto exclusivo la realización de operaciones de depósito y almacenaje de mercadería y otros bienes muebles.

• Requerirán autorización del Banco Central del Uruguay. • Las sociedades de intermediación financiera podrán constituir capital accionario

de estas sociedades. • El BCU reglamentará su funcionamiento, estableciendo patrimonio neto mínimo a

mantener, régimen de información y control sobre la operativa.

12 Esta figura es definida más adelante en el mismo proyecto de Ley. 13 Por tratarse de casos de intermediación financiera que ya cuenta con marco legal específico.

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• Podrán mantener los bienes en poder de terceros, incluso del depositante, por cuenta de la Sociedad.

• No podrán realizar operaciones ajenas al giro, emitir certificado de depósito o warrants sobre bienes de su propiedad, adquirir o descontar certificado de depósito o los warrants que hubieran emitido.

• Otorgar crédito a los depositantes o a cualquier otra persona, salvo el derivado del pago diferido del almacenaje o gastos operativos.

• Las Sociedades, sus directores, administradores, etc. serán solidariamente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionar a los tenedores de los documentos emitidos.

Si bien este instrumento no está legalmente regulado, un sistema similar y con igual

nombre es utilizado por el BROU como mecanismo financiero de corto plazo. A través del mismo el Banco hace un adelanto de dinero al productor sobre la cosecha que está depositada. Con esta operatoria el productor recibe un adelanto de dinero para enfrentar los costos del cultivo y contar con capital de trabajo, hasta el momento de venta del grano. La operatoria habitual indica que el adelanto es del 70% del precio del grano. Según especialistas, este negocio podría ser interesante para otros actores interesados a financiar al sector, habiéndose realizado estimaciones que indican que –con los precios internacionales actuales- se trata de un negocio potencial del orden de los 8 millones de dólares. II.3.- OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO • Capitalización de Ganado

Se trata de una de las modalidades más tradicionales de acercamiento de inversores y

productores en el sector agropecuario uruguayo, y que supone la conjunción de ambos actores en un proyecto productivo, para repartir las ganancias, sean de valor o de producto, en su caso, así como algunos costos inherentes al proceso.

Históricamente, este tipo de operatoria se encuadraba en el conocimiento y la confianza de

las partes, pero en los últimos años se han desarrollado modalidades más impersonales, mediante contratos en los cuales se establecen las condiciones del negocio. En parte, esto se debe a la entrada de inversores compradores de terneros que, en muchos casos, no tienen trato directo con el productor invernador.

Los tipos de capitalización usuales son los de invernada, aunque también se realizan

experiencias en cría. En el primer caso, la proporción de ganancia que se asigna al engordador han llegado hasta el 70% quedando 30% para el capitalizador, dueño del campo. Estos porcentajes corresponden al monto en dinero que cada uno recibe finalizado el engorde y vendida la hacienda.

Es interesante destacar una propuesta alternativa llevada adelante desde hace algunos años

por la empresa CONEXIÓN GANADERA de la que participan más de 50 inversores y 35 establecimientos invernadores. En este caso, incorporaron a la capitalización tradicional un sistema de remuneración al inversor que consisten en cantidades fijas mensuales, no en porcentajes de las ganancias eventuales, y las cuales se liquidan cuando se vende el ganado.

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De esta manera, se intenta estimular al invernador a lograr mayores niveles de productividad dado que cuanto mayor es el plazo de engorde mayor será la cantidad de kilos que corresponderán al inversor.

• Fondo de Tierras

Desde hace algún tiempo se está evaluando desde el Gobierno Uruguayo la posibilidad de constituir un Fondo de Tierras cuyo objetivo es “volver líquido” el principal activo de las empresas del sector. Dicha liquidez podrá aplicarse a la mejora de la situación financiera de las mismas o parcialmente a la disminución de los pasivos del sector.

El proyecto se centra en la venta de tierras (sin o con opción de recompra) y en el

inmediato arrendamiento a sus propietarios originales. Esto permitiría a la empresa mantener su escala original y obtener nuevos fondos que se traducirían en un importante desahogo financiero por un período extenso de tiempo.

Los inversores por su parte obtendrían como renta el flujo de arrendamientos y el

diferencial entre el precio de compra y venta de la tierra. Con este Proyecto, el Estado intenta generar un instrumento para que inversores de fuera

del sector, en particular de tipo institucional, accedan a una vía para la aplicación de fondos en actividades vinculadas a sectores productivos.

III.4.- LA POTENCIALIDAD DE UTILIZACION DE LOS INSTRUMENTOS EVALUADOS • Experiencia Internacional En este apartado se presentan una serie de esquemas de financiamiento alternativos que, combinando o no, instrumentos como los descriptos en este Documento han permitido desarrollar esquemas productivos y financieros muy interesantes en varios países de la región. En todos los casos se ha priorizado, a los fines comparativos, la identificación de experiencias en países con esquemas productivos, sociales y económicos similares a Uruguay. Fideicomiso agrícola

En este sistema, puesto en marcha para financiar la siembra de soja en la campaña 2002/03 por un grupo de cooperativas de la Provincia de Santa Fe (Argentina) tuvo como objeto canalizar el ahorro hacia la producción y participaron productores con excedentes de soja asociados a cooperativas, productores sin financiamiento asociados a cooperativas y cooperativas.

La operatoria, cuyas principales características se detallan en el gráfico siguiente, consiste

en que el fideicomiso obtiene soja entregando a los productores con excedentes de soja títulos de deuda (en soja). A cosecha, el Fideicomiso cobra en soja los préstamos entregados a la cooperativa, luego cancela los títulos de deuda, paga los gastos de funcionamiento del fideicomiso y el remanente se reparte entre quienes suscribieron certificados de participación.

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La cooperativa selecciona a los productores a quienes dará financiamiento a través de una operación de canje de insumos con pago a cosecha. Se documenta la operación con un contrato y se firma un contrato de fiducia en garantía.

Los productores reciben un crédito en insumos y suscriben certificados de participación en

el Fideicomiso de siembra por un 10% del monto dado en insumos. La cooperativa descuenta los contratos de canje en el fideicomiso, quien lo paga con soja.

Con la soja la cooperativa compra los insumos realizando un canje por disponible consiguiendo de esa manera los insumos para entregar al productor. En términos generales, el modelo funciona según el siguiente esquema:

Fideicomiso Ganadero de Cría El ejemplo, en este caso, consiste en un Fideicomiso Financiero Privado para la ganadería de cría y su objetivo es generar utilidades en un negocio que les permita a los productores comprar hacienda, replicando el negocio de la capitalización tradicional de vacas. El diseño del mismo estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la República Argentina e incluye como participantes a inversores en títulos de deuda, inversores en certificados de participación, fiduciario y operador del negocio. La operatoria consiste en la emisión de títulos de deuda que paga un rendimiento fijo y certificados de participación que pagan el remanente, lo que implica que haya dos tipos de inversores. En todos los casos, la tasa se paga en producto, es decir en terneros. El fiduciario debe

Productores con

excedentes de soja o inversores

Cooperativa

InversoresTí

tulo

s

Con

trat

os

CP

Pasivo Activo

Entrega de 100 tn de

soja

Títulos de deuda por

104 tn

Entrega de 100 tn de

soja

Contratos de canje x 110 tn + 10 tn en

CP

Productores tomadores de crédito

en insumos

Tomadores

Fiduciario

Fideicomiso

Entrega insumos

equivalentes a 100 tn de

sojaContrato de canje x 110 tn. de soja +

10 tn en Certificados de participacìón

35

comprar vacas y entregárselas con contratos de capitalización a productores capitalizadores cuidadosamente seleccionados, ya que la confianza en ellos es fundamental al momento de captar los terneros necesarios. Los productores deberán invertir el 30% de las vacas y toros solicitados en el fondo y entregarán anualmente una cantidad fija de terneros por vaca. Asimismo, son responsables de mantener la cantidad y calidad de los animales (propiedad del fondo) así como también de todas las prácticas de manejo necesarias para llevar adelante el proceso productivo, comprometiéndose a aceptar la asesoría de un técnico que garantice el proceso productivo. Finalmente, el esquema propuesto prevé que al cabo de 10 años los productores se quedan con las vacas.

FUENTE: Delgado, Gabriel – Fondo Ganadero – INTA Bordenave – Diciembre de 2002.

Fideicomiso para prefinanciación de exportaciones con stock inicial de producto como parte de garantía El presente fideicomiso fue estructurado a través del Fondo de Capital Social S.A.14 de la República Argentina quien es el beneficiario y corresponde a una operación de pre-financiación de exportaciones de aceite de tung con garantía de producto para la Cooperativa Picada Libertad.

14 FONCAP S.A. es una Sociedad Anónima que administra un fondo fiduciario conformado con aportes del Estado Argentino. El

Directorio está integrado por el Sector Público, a través de los Ministerios de Desarrollo Social y Medio Ambiente, de Economía, y de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos; y por el Sector Privado, representado por Asociaciones Empresarias y Organismos involucrados en el desarrollo de la micro empresa.

PRODUCTORES

Inversores Beneficiarios

30%Productores Fideicomisarios

Vacas

Equity

deuda

Informes Capacitación

70%

OOppeerraaddoorr

FFiiddeeiiccoommiissoo

36

La actividad financiada es el cultivo de fruto de tung para elaboración de aceite y su posterior exportación. Esta operación financió a más de 4.500 productores, con un monto total de u$s100.000.

FUENTE: Cosentino, Adrián – Esquemas no Convencionales de Financiamiento – Agosto de 2002. Fideicomiso para prefinanciación de exportaciones sin stock de producción inicial El modelo presentado en este caso es la elaboración y exportación de miel, pero a diferencia del caso anterior, no existe un stock inicial que pueda tomarse como garantía. La institución financiada fue la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas (FACAP), con más de 400 productores involucrados en la operación que alcanzó los 23.000 deudores. El exportador recibió financiamiento para iniciar un proceso productivo que termina en la exportación de los productos incorporados al fideicomiso. Esencialmente se dan todas las situaciones del caso anterior con el adicional del fuerte riesgo que implica iniciar el financiamiento sin garantías físicas. Los riesgos de performance y operativos se ven incrementados porque no existe una garantía física al momento de otorgar el financiamiento. En su lugar habrá insumos, productos en proceso y derechos sobre la entrega de bienes. El esquema de monitoreo de aplicación de fondos y eventualmente de cogerenciamiento del proyecto de exportación es tal vez la principal garantía hasta generar un volumen de producto

FONCAP (Beneficiario) PICADA(Fiduciante)

BANCO

PUERTO (F.O.B.)

IMPORTADOR

FIDEICOMISO

FISE (Fiduciario)

M / W

$ / Préstamo

$ / Cesión de CD

$ / Apertura de CD

Honorarios

M

Remitir D

Repago

$: Dinero M: Mercadería D: Documentos G: Garantías W: Warrants CD: Carta de Crédito

M

Funciones:• Monitoreo • Control

$ / Cobro de exportaciones una vez canceladoel préstamo

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que pueda constituirse como garantía física, por ejemplo warrant, o hasta comenzar el plan de colocación externa de la producción.

FUENTE: Cosentino, Adrián – Esquemas no Convencionales de Financiamiento – Agosto de 2002.

Fideicomidos vinculados al sector agroalimentario argentino Finalmente, y para cerrar el tratamiento de la temática vinculada a este tema, en el cuadro siguiente se presenta un listado de Fideicomisos identificados en Argentina vinculados al sector agroalimentario. Se han seleccionado –a efectos ilustrativos- casos que representan los diversos usos y sectores en los que ha operado esta herramienta en los últimos años. Dado que los Fideicomisos ordinarios no tienen registración no resulta fácil identificar la totalidad de los que actualmente están operando.

FIDEICOMISOS IDENTIFICADOS EN ARGENTINA - Vinculados al Sector Agroalimentario -

SECTOR TAMAÑO OBJETIVO PARTICIPANTES Agrícola 20.000 has. Financiamiento de siembra de

granos Participa el BNA, ACA y

Acopiadores de CerealesAgrícola s/d Financiamiento de siembra de

soja Banco Río

Ganadero u$s7,5 MM Financiar Exportación de Cuota Hilton

Banco de Inversión y Comercio Exterior

Lechero u$s7,5 MM Financiar a empresas exportadoras de leche en polvo

Banco de Inversión y Comercio Exterior

FIDEICOMISO

FONCAP (Beneficiario)

Surveyseed Services(Fiduciario)

FACAP (Fiduciante)

Coop de 1° Piso

Importador

Puerto

BANCO

Cobranza de Exportaciones

Funciones:• Administración • Monitoreo y Control

Entrega de miel

Entrega de Insumos

Exportación demiel a granel

Pago de las Exportaciones

Apertura de Carta de Crédito

Cesión de cobranza de Carta de Crédito

HonorariosFondosEntrega de miel

elaborada

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Vitivinícola U$s16,3 MM

Compra de agroquímicos y fertilizantes o insumos a las

empresas

AFJP, Banco de la Nación y Provincia de

Mendoza Producción de

durazno u$s1 MM Asistencia técnica y financiera a

productores e industriales Fondo Fiduciario para la

Transformación y el Crecimiento

Durazno enlatado s/d Competir con el durazno enlatado importado

BICE, Garantizar SGR, Gobierno de Mendoza

Producción de Limón

96 productores

Exportación de limón Productores tucumanos y una empresa exportadora

Forestal u$s27,5 MM Forestación UBS Brinson (Union Bank of Switzerland)

Forestal u$s15 MM Financiamiento a la industria del mueble

Banco Credicoop, Secretaría de Industria

Frutihortícola $4 MM Financiamiento a la producción y comercialización

Provincia de Mendoza, Banco Credicoop

Financiación de Exportaciones

s/d Financiación de exportaciones Grupo Zurich

Miel u$s500 M Adquisición de los insumos necesarios para realizar la

totalidad del proceso productivo. Adquisición de envases de

exportación.

FONCAP y 35 cooperativas productoras

Tung u$s100 M Adquisición de la fruta de Tung para la posterior elaboración del

producto exportable.

FONCAP y Cooperativa Agrícola de Picada

Libertad Te u$s600 M Adquisición de hoja verde para

elaboración del producto y adquisición de agroquímicos

Cooperativa Picada Libertad, FISE SA,

Foncap SA Financiación de

Producción Agropecuaria15

u$s150 M Solventar gastos de capital de trabajo relacionados con las

cosechas de los distintos productos (principalmente soja y

elaboración de leche)

Cooperativa Agrícola Ganadera Aranguren, Fundación Fortalecer,

Foncap SA

Producción de Fruta en Río

Negro

u$s300 M Solventar gastos de capital de trabajo

Pequeños productores, Cooperativa de Río Negro, Foncap SA

Inversión y financiación de canje por cereal

u$s750 M Otorgar créditos en insumos a productores de soja

Productores de soja y terceros, Tinkami SA

FUENTE: Nava O, Instrumentos Innovadores para el Financiamiento Agropecuario en el Cono Sur – El caso Argentino – 2002. Titulación de ganado en Colombia La titulación de ganado en Colombia consiste en la emisión de títulos valores de contenido crediticio con cargo a un patrimonio autónomo constituido por novillos y derechos de pasturas, cedidos por un originador mediante la firma de un Contrato de Fideicomiso. Las ventajas para el ganadero consisten en: i) obtención de recursos a bajo costo; b) adecuación entre las condiciones del proceso productivo y los plazos de las obligaciones financieras; iii) reducción de las presiones de capital sobre el balance de la empresa; iv)

15 Se han conformado varios fideicomisos con las mismas características con las Cooperativas Agrícola Ganaderas: Esteban Piacenza, La Protectora, Embajador Martini, Arroceros de Gualeguaychú, Urdinarrain, Carreras Ltda. y Cooperativa de Tamberos de Paraná.

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diversificación de las fuentes de financiamiento; v) eficiencia en la financiación del crecimiento de la compañía.

Por su parte, las ventajas para el inversor serían: i) ampliación de las oportunidades de inversión; ii) alta rentabilidad; iii) evaluación independiente de los riesgos del proceso; iv) diversificación del riesgo de las inversiones; v) instrumento rentable y seguro que involucra múltiples actores; vi) instrumento líquido en el mercado.

FUENTE: Raposo, Daniela – “Experiencias Internacionales de Financiamiento alternativo para la actividad ganadera – Convenio SAGPyA – IICA.

Financiamiento ganadero en Venezuela La experiencia del Centro Ganadero Chinea Arriba en Venezuela consiste en la celebración de contratos de compra-venta, con fecha de vencimiento entre el Centro Ganadero y el inversionista. A partir de la suscripción, el inversionista se hace propietario de uno o más animales con un peso específico entre 150 y 350 kilos de peso en pie. El inversor puede ser desde un pequeño a un gran ahorrista que, de esta manera invierte en una alternativa rentable a valor producto, y tiene la posibilidad de realizar el título en un mercado secundario, y paga el contrato más un 10% de seguro más gastos de administración. Al finalizar el ciclo, recibirá el peso comprado más el 30% de lo que el animal ha engordado. Este tipo de proyectos es sumamente interesante por el impacto económico y social que tiene, ya que además de permitir el acceso a crédito de bajo costo a muchos productores, también hace que estos se queden en sus campos y continúen produciendo hasta completar el ciclo.

SSeeccttoorr AAggrrooppeeccuuaarriioo SSeeccttoorr FFiinnaanncciieerroo MMeerrccaaddoo ddee CCaappiittaalleess

GGaannaaddeerrooss

CCeebbaarr LLttddaa..

CCoommiissiioonniissttaa ddeeCCoolloommbbiiaa

BBaannccoolloommbbiiaa

FFiidduuccoolloommbbiiaaTTrraannssffeerreenncciiaa ddee llaa pprrooppiieeddaadd

EEmmiissiióónn ddeeTTííttuullooss

BBoollssaa NNaacciioonnaall AAggrrooppeeccuuaarriiaa yy CCoommmmooddiittiieess && BBaannccaa ddee IInnvveerrssiióónn SS.AA.

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Securitización Forestal en Chile A fines del año pasado se desarrolló un sistema de securitización forestal a través de la Sociedad Inversora Forestal - SIF, empresa filial de Fundación Chile, con el apoyo de CORFO y el Ministerio de Agricultura. El esquema pemite que SIF realice contratos de usufructo de la tierra con pequeños propietarios, abonándoles un ingreso anual por el derecho de forestar sus tierras y cosecharlas al final de la rotación. Se estima que la colocación de estos bonos en el mercado de capitales permitirá triplicar la tasa de forestación en el secano interior entre las regiones Sexta y Octava. El primer bono ascendió a u$s13 millones, con clasificaciones AA- y A+, a una tasa de emisión de 8% en dólares, lo que impulsaría el manejo y plantación de 7700 hectáreas. Entre los 22 contratos establecidos durante la primera emisión de SIF el promedio de los predios alcanza las 145 hectáreas, las cuales generarían para sus dueños cerca de $340.000 mensuales promedio, más el 10% de la cosecha final y la tierra replantada al final de la rotación en el caso del pino radiata. Fondos de Inversión Agrícola en Argentina

La figura de los Fondos de Inversión Agrícola se ha desarrollado ampliamente en Argentina conjuntamente con el boom agrícola que tuvo el país a lo largo de la década del noventa y se han constituido con el propósito de desarrollar las tareas de producción y comercialización de productos agrícolas, intentando maximizar la utilidad correspondiente a la inversión efectuada por los titulares de las cuotapartes. Ello está basado en la diversificación geográfica y de cultivos, como así también en la disminución de otros riesgos asociados a la actividad.

Dentro del sector agropecuario, estos fondos son los que han tenido mayor desarrollo impulsados, en gran parte, por la dinámica del sector agrícola en la década de los noventa.

A diferencia de los pool de siembra, éstos tienen una sólida base jurídica (Reglamento Interno, aprobación de la CNV, controles) y una complejidad organizacional que requiere la presencia de varios actores:

Inversionistas: nacionales o extranjeros, provenientes de distintos sectores económicos y de distinta magnitud. El valor de las cuotapartes (los Fondos que operan actualmente cotizan la misma entre u$s10.000.- y u$s50.000.-) permite ingresar a inversionistas que en muchos de los casos no son lo suficientemente grandes para desarrollar la actividad en forma independiente y no cuentan con los conocimientos técnicos vinculados a la actividad.

Agente colocador: es el encargado de colocar las cuotapartes en que se divide el fondo entre los inversores.

Organizador y/u operador técnico: lleva adelante el negocio desarrollando la actividad productiva.

Sociedad Gerente: administra, presenta los balances trimestrales y los informes mensuales sobre la evolución de la inversión.

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Productores agropecuarios: son generalmente medianos y grandes productores que ofrecen la tierra de su propiedad en arrendamiento y, en menor medida, aparcería y/o mediería.

El desarrollo de los mismos se inició en 1994 y hasta 1997 se expandieron en un ciclo de

precios altos y elevadas rentabilidades, llegando a captar una cifra cercana a los 80 millones de dólares lo que permitió sembrar una superficie cercana a las 240.000 hectáreas. En las campañas siguientes, la baja de precios y los problemas climáticos provocaron resultados negativos que impactaron sobre su desarrollo. Los problemas financieros del 2001 y las buenas perspectivas de la agricultura han permitido el resurgimiento de esta figura que actualmente operaría aproximadamente 40 millones de dólares y una superficie entre 100.000 y 120.000 has. • Posibilidades de desarrollo en Uruguay

Los presentación anterior no pretende acotar las posibilidades de desarrollo de los

instrumentos evaluados a los ejemplos presentados, sino marcar las múltiples utilizaciones y, por ende, la potencialidad que los mismos presentan. Como habrá podido observarse, el análisis se ha centrado en buena parte en la experiencia argentina y de algunos países del Cono Sur. Ello se debe a que el entorno social y económico del país se asemeja sobremanera a Uruguay. Evaluada la situación que actualmente enfrenta el sector, es importante mencionar que toda política destinada a promover estos instrumentos no deberá estar aislada de instrumentos que, en forma conjunta o paralela, impulsen la disminución del endeudamiento de las empresas, debido a que el mismo es uno de los factores críticos que, a la fecha, coarta posibilidades de concreción de negocios e inversión.

En el caso del Fideicomiso, en la medida que el Parlamento Nacional Uruguayo sancione la Ley específica que regule su uso, sus posibilidades de inserción en el sector agropecuario uruguayo se presenta como promisorio.

Situación similar enfrenta la figura de los Fondos de Inversión, figura que si bien cuenta

con un encuadre legal desde hace varios años aún no se ha generalizado en el mercado financiando proyectos productivos. Un aspecto importante a tener en cuenta al momento de evaluar la posibilidad de desarrollo de este tipo de instrumentos en Uruguay es el rol que puede jugar la inversión institucional en el mismo, especialmente las AFAP’s. Esto está especialmente asociado a la importante masa de recursos que administran y a la escasa participación en proyectos productivos.

En el caso de la securitización, la mencionada experiencia del FFAL es una muestra de cómo a partir de la creatividad puede instrumentarse la entrada de las Administradoras al mercado productivo.

Más allá de esto, es importante tener en cuenta que este proyecto fue logrado en un sector

regulado por el régimen de leche cuota lo que implica garantías para las industrias –y por supuesto para las AFAP’s- de tener un mercado relativamente protegido. Además, por sus características el mercado lechero asegura que el reparto entre los productores sea justo y transparente, a lo que se agrega que la constitución del Fondo se efectuó por Ley, por lo que no está expuesto directamente

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a decisiones gubernamentales coyunturales, eliminando un riesgo crítico que enfrentan muchos proyectos de inversión y desarrollo no solo en Uruguay sino también en los países de la región.

A partir de esta experiencia, si bien puede proyectarse la organización de estructuras

similares, también es cierto que debe tenerse en cuenta que en este caso se implementó una retención que ya tenía vigencia implícita. En otros subsectores debería primero crearse esta retención con el efecto social y económico que ello implica y, por otra parte, debería legislarse al respecto a fin de asegurar la continuidad del proyecto en el tiempo y su aislamiento de los factores políticos ya mencionados. Por lo tanto, no resulta sencillo pensar que su puesta en marcha sea tarea sencilla, al menos en lo que a captar recursos de las administradoras previsionales se refiere.

Otra posibilidad de ingreso del ahorro institucional al sector podría darse a través de las figuras del fideicomiso o los fondos de inversión. En el primer caso, y como ya se ha mencionado surge la necesidad imperiosa de sanción de la Ley específica que regule su uso que, por otra parte, es reclamada por la Administradoras como medio que les permita destinar recursos a sectores produtivos. En el caso de los fondos de inversión, es necesario desmitificar la posibilidad de que las AFAP’s no pueden invertir en el sector. Pero para hacerlo será necesario diseñar y estructurar proyectos de largo plazo y con condiciones de certeza jurídica y económica suficientes que aseguren la captación de inversiones.

De hecho, el pasado año se diseñaron algunos mecanismos de financiamiento con recursos

AFAP’s –por ejemplo para financiar la siembra de trigo- los que, finalmente, no llegaron a implementarse. Finalmente, al momento de diseñar estructuras de financiamiento mediante los instrumentos evaluados, deberá considerarse que los mismos se potencian mediante la complementación con otros instrumentos nombrados más arriba tales como warrants, seguros, derivados y esquemas de garantías. La vinculación de estos instrumentos con la figura del seguro será desarrollada en un capítulo posterior de este documento.

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CAPITULO III El riesgo en el sector agropecuario

uruguayo: modalidades de coberturas

III.1.- El riesgo en el sector agropecuario

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Es generalizada la idea de que la actividad agropecuaria es de alto riesgo, y ésta no es una percepción subjetiva. A diferencia de otras actividades, en el agro hay cuatro componentes del riesgo en lugar de dos. Al riesgo financiero y comercial, que también poseen la industria y los servicios, deben agregarse el climático y el biológico que son inherentes al sector agropecuario y frecuentemente de naturaleza menos controlable. A nivel global el manejo del riesgo en el sector habitualmente está asociado al desarrollo de estrategias empresariales vinculadas con el desarrollo de integraciones horizontales a fin de compartir pérdidas en caso de ocurrencia, integraciones verticales tales como contratos de abastecimiento, operaciones en el mercado de futuros y opciones y contratación de seguros para daños específicos. El crecimiento de la problemática vinculada a los riesgos del sector en Uruguay si bien está vinculada a la frecuencia e intensidad de accidentes climáticos y a la variabilidad de los precios de la producción en el mercado internacional, ha adquirido particular relevancia en los útltimos años debido al nivel de inversiones que actualmente se efectúan en el proceso productivo. Este fenómeno está asociado a que los niveles de tecnología utilizados a partir de la década del noventa han crecido de manera significativa, tanto en lo vinculado a agroquímicos como a semillas y maquinaria por lo que las alteraciones en el resultado impactan sobremanera sobre la rentabilidad del sistema. Si bien la ecuación riesgo-renta tiene habitualmente una relación directa, también es cierto que en la medida que el primer indicador puede disminuirse manteniendo fijo el segundo, el nivel de inversión tenderá a subir, implicando un mayor nivel de desarrollo sectorial. En este contexto, a diferencia de otras épocas, en la actualidad el riesgo y su valorización es un elemento más en el análisis de factibilidad de desarrollo de un determinado plan de inversión, y la racionalidad empresaria tiende a ajustar proyectos en función de la estabilidad y sustentabilidad de los mismos en el tiempo. De igual manera los capitales, incluso los especulativos, permanentemente efectúan acciones tendientes a la minimización de pérdidas ya sea vía volúmenes o vía precios. Es por ello que el tratamiento de los riesgos que enfrenta el sector y las posibilidades de morigerarlos se han transformado en un asunto de estado tendiendo a implementar mecanismos y acciones concretas bajo el supuesto que si bien el mismo no puede ser eleminado, al menos puede disminuirse su impacto. En virtud de lo comentado hasta ahora y dadas las características de este documento, el presente capítulo concentra la atención en el análisis de dos de los componentes del riesgo sectorial. En el primer caso, la evaluación enmarca el tratamiento del riesgo comercial respecto de las posibilidades que existen vinculadas al aseguramiento del precio de la producción. Dado que Uruguay no cuenta con un mercado de granos que posibilite la operatoria de futuros y opciones como instrumento de minimización del riesgo precio, en el acápite vinculado a este se marcan las características de la operatoria de dichos mercados y su importancia para los productores. Seguidamente, se trata la temática vinculada al riesgo clima haciendo hincapié en los antecedentes vinculados a este tema en el país y la importancia de implementación de un programa de desarrollo del seguro agrícola. III.2.- El riesgo precio

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A nivel mundial, la estrategia comercial de los productores agropecuarios tiene como uno de sus puntales principales la posibilidad de asegurar el precio de su producción a futuro, lo que posibilita la elaboración de un presupuesto financiero ajustado y, por otra parte, disminuye los efectos del riesgo de volatilidad del mercado. En este sentido, la variabilidad de precios de los productos agropecuarios, en particular cereales y oleaginosas, determina una fuerte vulnerabilidad en el resultado final de las empresas y de la economía en general. Por una parte, se ve afectada fuertemente la rentabilidad de las empresas agropecuarias, y por otra, repercute en el valor de las exportaciones de origen agropecuario. El mercado de futuros constituye una de las alternativas más difundidas a favor de lograr las estabilizaciones de referencia. Un Mercado de futuros es una organización de referencia, que avala los contratos que en él se realizan. En el mismo no existe la negociación de existencias físicas, sino que se venden y compran contratos de futuros y opciones de productos y quienes participan son: i) Hedgers (productores, comerciantes o industriales en busca de protección contra cambios desfavorables de precios) y ii) Especuladores (inversores que quieren lograr una ganancia anticipando los cambios de precios de la mercadería). Los contratos operados son acuerdos legales celebrados entre un vendedor (o comprador) y el Mercado, mediante el cual quien lo suscribe se compromete a entregar (o recibir), en el período de entrega pactado, una cantidad específica de mercadería en condiciones de calidad y recibo establecidas y al precio pactado. Si bien en Uruguay han existido algunas experiencias tendientes a conformar un mercado de estas características, las mismas no han pasado de ser intentos que, por diversos motivos, no han prosperado. En este apartado, se concentra la atención en las operaciones de futuros y opciones agrícolas por su importancia en cuanto a operatoria tanto a nivel mundial como regional, especialmente en la Argentina. Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia de Uruguay como productores y exportador de carne vacuna y su sistema productivo y comercial comparable al Argentino, se hace un comentario especial destinado a los futuros y opciones ganaderos centrando el análisis en la experiencia del MERFOX a principios de la década del noventa y el Indice Novillo Argentino. Finalmente, se efectúa una breve mención a los mercados de futuros de divisas, dado que el valor de estas está vinculado sobremanera al posicionamiento y desarrollo del sector agropecuario en Uruguay. • Futuros y opciones agrícolas En la región no existen muchas experiencias vinculadas con la operatoria de Futuros y Opciones Agrícolas. En este caso la Argentina por el volumen de su producción agropecuaria y la estabilidad de su economía durante los noventa, desarrolló dos mercados de futuro: Mercado a Término de Buenos Aires y Mercado de Rosario (ROFEX). En este último caso, es importante mencionar que también negocia dos importantes contratos como son el Indice de Soja ROSAFE y el Indice de Novillo Argentino, los cuales presentan como particularidad el hecho de ser contratos sin entrega, es decir, que se ajustan al vencimiento por diferencia de efectivo. Al analizar los volúmenes comercializados a través de los mercados de futuros en Argentina, podemos visualizar que a lo largo de la década de los ´90 los mismos presentan un crecimiento sostenido. Así en 1992/93 se comercializó el equivalente a un 13% del volumen total de producción de los cinco principales cultivos16, pasando en el año 2000 a aproximadamente un 50%17. Sin embargo, la participación de los productores en dichos mercados aún es muy escasa, alcanzando apenas un 10% del total. Estas cifras distan aún de las comercializadas en otros países,

16 Soja, Maíz, Girasol, Trigo y Sorgo. 17 La situación económica del país ocasionó que durante 2002 la operatoria fuera muy baja.

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por ejemplo EE.UU. donde el total del volumen operado es de alrededor de 6-8 veces su valor de producción. Este país por otra parte cuenta con los dos mercados referencia a nivel mundial para productos agropecuarios como son el Chicago Board of Trade (CBTO) y el Kansas City Board of Trade (KBTO).

Es importante destacar que en este último caso, el mismo adquiere significativa

importancia para Uruguay debido a que en su recinto opera un contrato de tipo Hard Red Winter que corresponde al mismo trigo producido en el país, lo que lo constituye en un mercado de referencia para el sector triguero uruguayo. A fin de comprender la importancia de uso de estos mercados para los productores agrícolas, a continuación se presentan sintéticamente sus principales usos y funcionamiento:

• Coberturas con futuros: implica establecer una posición en el mercado de futuros que sustituya una posterior compra o venta en el mercado disponible, empleando por lo tanto esta herramienta para minimizar el riesgo ante movimientos de precios que resulten adversos a las decisiones empresarias tomadas. Estos dos mercados –disponible y futuro- están influenciados por muchos factores comunes por lo que las cotizaciones de ambos tienen a moverse en la misma dirección, especialmente cuando el mes de maduración del contrato de futuros se acerca a la fecha en que se considera el precio disponible.

EJEMPLO DE OPERACIÓN DE COBERTURA EN EL MERCADO A TERMINO18

• Coberturas con opciones: se trata de un contrato por el cual el comprador, a cambio del pago de una prima, adquiere el derecho de comprar o de vender un contrato de futuro, por un precio dado, durante un período determinado. El vendedor queda obligado por su oferta

18 Adaptado de “Operar en el MERCADO A TERMINO es la oportunidad de asegurarse el precio de su cosecha – Mercado a Término de Buenos Aires.

Supongamos que el precio de un contrato de futuro de la mercadería que el productor posee es de 100. Si esteprecio le interesa y desea asegurarlo, debe seguir el procedimiento siguiente: 1)Venta en el MAT: Debe ordenar abrir un compromiso de venta para la posición futura elegida. 2) Cancelación anticipada: cuando se aproxime el mes futuro contratado, debe cancelar su operación realizandootra de signo inverso. En este caso deberá realizar una compra. Si los precios bajaron: Precio de la operación original...........................................100 Precio de la operación de cancelación................................ 90 Utilidad............................................................................... 10 La hipotética utilidad obtenida por la diferencia de precios quedará neutralizada por el menor precio queobtendrá vendiendo su mercadería en el mercado de disponible (contado), ya que la baja en los precios futuros sehabrá reflejado en los precios presentes, pues ambos siguen la misma tendencia, siendo éste uno de los principiosque da sustento a este tipo de operaciones de cobertura. Por lo tanto: Vende su mercadería en el disponible............................... 90 Más utilidad........................................................................ 10 El precio de la operación original es el precio asegurado..100 Si los precios subieron: Precio de la operación original...........................................100 Precio de la operación de cancelación................................110 Pérdida................................................................................ 10 Aquí también la hipotética pérdida resultante de la diferencia de precios quedará neutralizada por el mayorprecio que se obtendrá vendiendo su mercadería en el mercado de disponible (contado), ya que, como se haexplicado, los precios presentes y los futuros mantienen la misma tendencia. Por lo tanto Vende la mercadería en el disponible...........................................110 Menos pérdida............................................................................... 10 El precio de la operación original es el precio asegurado.............100

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durante dicho período y la otra parte en libertad de decidir, en ese plazo, su aceptación o su rechazo.

EJEMPLO DE OPERACIÓN CON OPCIONES19

• Futuros y opciones ganaderas: el caso del MERFOX y el Índice

Novillo Argentino

Dadas las características de la producción agropecuaria uruguaya y su condición de productora y exportadora de carne vacuna, resulta interesante a los efectos del presente documento presentar la experiencia argentina vinculada a la operatoria de futuros y opciones en el sector ganadero para, al igual que en agricultura, intentar minimizar el riesgo de precios que enfrentan los productores y las empresas.

En Argentina existen dos experiencias vinculadas a este tema: MERFOX e INDICE

NOVILLO ARGENTINO.

19 Adaptado de “Operar en el MERCADO A TERMINO es la oportunidad de asegurarse el precio de su cosecha – Mercado a Término de Buenos Aires.

Supongamos que el productor desea comprar un contrato de futuro y a la vez asegurarse un precio máximo de compra. En este caso deberá comprar un CALL, es decir una opción de compra. A través de ella, el productor adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar un contrato de futuro, a un preciodeterminado y durante un plazo estipulado. Su erogación se limita al pago de la prima, pero su ganancia potencial es ilimitada, veamos porqué:

- Si el precio del contrato del futuro subyacente SUBE en relación del precio del ejecicio: El productor ejerce su opción y simultáneamente vende en el futuro a un precio mayor, por lo tanto, su ganancia será laresultante de Precio del futuro – precio del ejercicio – prima: Ganancia

- Si el precio del contrato de futuro subyacente BAJA en relación al precio de ejercicio: El productor no ejerce la opción y pierde la prima. Veamos ahora la operación desde el punto de vista del vendedor: Si vendió un CALL recibe la prima y debe reponer diferencias cuando las cotizaciones del futuro involucrado oscila ensuba.

- Si el precio del contrato de futuro subyacente SUBE en relación al precio de ejercicio su pérdida se limita ala diferencia entre ambos precios, menos la prima:

Precio de futuro – precio de ejercicio – prima: Pérdida Si el precio del contrato de futuro subyacente BAJA con relación al precio de ejercicio, el comprador no ejercerá suopción y por lo tanto la otra parte gana la prima cobrada. Quien adquiere un CALL fija un precio máximo de compra. Quien adquiere un PUT fija un precio mínimo de venta. Efectivamente, con la adquisición de un CALL quien debe comprar mercadería está fijando un “precio máximo” porcuanto si los precios suben ejerce y con la diferencia a favor que obtiene en el mercado a futuro neutraliza el mayorprecio que deberá pagar por la mercadería disponible. Por consiguiente el precio final siempre será el que fijo en laopción. PRECIO MÁXIMO. Si en cambio el mercado opera en baja no ejercerá su opción pero adquirirá la mercadería a más bajo precio que el delaopción. BENEFICIO. Quien compra un PUT en cambio fija un precio mínimo de venta para su mercadería ya que si el mercado oscila enbaja lo ejerce y con la diferencia a favor en el mercado de futuro neutralizará el menor precio que le reportará la ventade su producto en el disponible. El precio de la opción fijó su PRECIO MINIMO. En el supuesto que los precios suban no ejercerá su opción pero venderá en el disponible a un precio mayor al delaopción BENEFICIO.

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El Merfox que actualmente no opera fue creado a principios del año 1991 en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y tenía la capacidad de organizar y reglamentar contratos a término, contratos de Futuros y Opciones para productos y subproductos del reino vegetal y animal.

El primer contrato que desarrolló fue el Indice de Novillo Terminado Liniers (INTL), sobre

el cual operaban Futuros y Opciones (PUT y CALL) sobre futuros. Al ser un índice, no existía la posibilidad expresa de entrega física: al vencimiento de las operaciones o al cumplimiento de los contratos, las diferencias se liquidaban en dinero. El contrato que operaba era de 5.000 kilos lo que representa aproximadamente 10-12 novillos, por lo que estaba al alcance de muchos productores.

Sus principales características eran:

Meses de Cotización: impares y Octubre; Cotizaba y pagaba en dólares; Fluctuación diaria permitida: u$s0,02 por kg y límite máximo diario u$s0,5 por kg; Los futuros exigían un depósito o margen de garantía de 250 dólares por contrato; Comisiones: libres entre las partes (Mínimo entre 0,125% y 0,25% del contrato). Los futuros y opciones vencían el mismo día. La salida y la determinación de las pérdidas se realizaban a través del INTL. Las opciones poseían las mismas características que las utilizadas en granos, pudiéndose

ejercer al día siguiente de su compra y hasta su expiración, y al ejercerlas, obtener un contrato de futuros.

Luego que este mercado dejó de operar, desde distintos estamentos ganaderos públicos y

privados, se impulsó y se puso en marcha, en 1998, el Mercado de Futuros de Novillos que aún opera en el Mercado a Término de Rosario.

Si bien la operatoria es similar al MERFOX, su nivel de actividad que comenzó siendo

auspicioso con días de hasta 100 contratos operados comenzó a declinar rápidamente llegando a Junio de 2000 en que solo operó un contrato en todo el mes.

Resulta extraño que en un país como Argentina en el cual la ganadería es un subsector

sumamente representativo de la economía nacional tanto para consumo interno como para exportación, no se haya logrado consolidar un mercado de estas características.

En buena parte, esto se ha debido a una limitación de tipo cultural que impidió que la

industria frigorífica se volcara al mercado y por otra parte a la inexistencia de una red de distribución de producto y capacitación de intermediarios en su uso que posibilitara a los productores acceder al mismo.

En vistas del reposicionamiento que el sector agropecuario ha tenido en Argentina a partir

de la devaluación de su moneda a inicios de 2002 y su impacto sobre las posibilidades de acceder al mercado internacional es factible que se lleve adelante una estrategia que permita reinsertar este tipo de mercados en el circuito comercial.

• Futuros de Divisas: Una estrategia de utilidad para el sector

agropecuario

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La modificación en la política cambiaria que, al igual que Argentina, tuvo Uruguay el pasado año ha modificado sustancialmente el posicionamiento de los productores respecto de los niveles de inversión en el ciclo productivo.

Al igual que en casi toda la región, el sector agropecuario experimentó en los últimos 10-

15 años un importante nivel de incorporación de tecnología cuyo nivel de uso, en gran parte, depende de insumos importados cuyo valor está directamente relacionado con la variación del dólar (fertilizantes, herbicidas, combustibles).

La forma de evitar que la rentabilidad de la actividad se vea afectada por variaciones en la

cotización del dólar es una adecuada identificación y control del riesgo cambiario y, para ello, los futuros y opciones sobre dólar estadounidense son la herramienta ideal.

Un caso típico es el de un productor que adquiere insumos contra pago a treinta días. En

este caso está adquiriendo un riesgo adicional vinculado a los movimientos adversos del tipo de cambio, lo que significaría la necesidad de mayor cantidad de pesos para cancelar sus pasivos.

En este sentido, una cobertura posible es comprar opciones de compra de dólar o Calls. A

través de esta operación el productor puede ponerle “techo” máximo al precio de compra de los dólares necesarios para pagar los insumos sin perder la oportunidad de beneficiarse con posteriores bajas de la divisa.

En el caso anterior, esta opción significa que el productor se asegura pagar los insumos

luego de retirados a un tipo de cambio igual o inferior al precio de ejercicio de la opción adquirida. Otra de las variadas combinaciones posibles con estos instrumentos consiste en un

mecanismo en el cual mediante una venta de futuros de soja se fija en dólares el valor de la cosecha y, simultáneamente, mediante una venta a futuro de dólares se transforman las divisas en moneda doméstica en el momento de cosecha.

III.3.- El tratamiento del riesgo climático en Uruguay • Antecedentes

Si bien desde hace varios años se está trabajando en la organización e implementación de un esquema que permita a las empresas cubrir las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos adversos que afectan la producción agropecuaria, Uruguay no cuenta en la actualidad con un sistema objetivo desarrollado en este sentido.

Lo anterior determina que, ante la ocurrencia de fenómenos climáticos de magnitud, el

Estado concurra en apoyo de los productores a través de ayudas directas con recursos públicos, diferimiento de obligaciones tributarias, refinanciaciones bancarias y no ejecución de garantías. Toda la asistencia en este sentido es efectuada sin una previsión adecuada y objetiva, lo cual implica que el volumen de los fondos destinados a subsanar parte de los problemas ocasionados esté en relación directa a las disponibilidades de recursos del Estado al momento del fenómeno y a la fuerza institucional y/o gremial de los peticionantes.

En síntesis, estamos en presencia de un sistema netamente discrecional que no ayuda a

solucionar la problemática de fondo y que, en muchos casos, puede hasta agravar la situación de muchas empresas y fundamentalmente la competitividad del sector.

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El nivel de asistencia y volumen de aportes del Estado suele ser muy importante lo que por otra parte lleva a preguntarse cual sería el impacto si esos recursos fueran volcados en forma racional a un proyecto global. A efectos ilustrativos vale mencionar que ante la ocurrencia de un granizo en Octubre/Noviembre de 2001 el Banco República debió disponer una línea crediticia de 3 millones de dólares para los afectados y de cuyos intereses se hizo cargo el Estado Nacional; otro caso similar es el del tornado del 10 de Marzo de 2002 en el cual fueron damnificados 1.764 productores y que significó una aplicación de recursos públicos superior a los 8 millones de dólares.

A lo anterior, debe agregarse el costo indirecto que el Estado asume a través de los préstamos efectuados por el BROU y que no pueden ser saldados debido a dichas contingencias climáticas. Es importante destacar que “...gran parte del endeudamiento del sector con la banca, particularmente con el BROU, tiene su origen en las pérdidas de producción debidas a acontecimientos climáticos adversos que no contaban con la cobertura adecuada”20.

En este sentido, estas importantes erogaciones que el Estado Nacional debe hacer para

absorber el costo privado que implica la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos se contrapone a la necesidad de darle eficiencia y racionalidad a la aplicación de los recursos públicos, especialmente a partir de la situación de contracción financiera experimentada por las cuentas nacionales durante los últimos años y agudizada a partir de 2001.

Es por ello, que desde hace algunos años desde distintos estamentos tanto políticos como

privados se ha manifestado la voluntad y/o necesidad de suspender las ayudas indiscriminadas, participando y apoyando iniciativas con lógica de coberturas de riesgo, para lo cual se han efectuado avances en algunos subsectores y se han suscripto convenios de colaboración con Organismos y Entidades internacionales vinculadas a la utilización del seguro agropecuario.

Por su parte, desde el lado de los productores si bien se ha acompañado la idea de que un

seguro multirriesgo brinda una protección más adecuada a los requerimientos del sistema productivo, también se manifiesta que el mismo presenta limitaciones vinculadas con que la cobertura es desde el encañado hasta la cosecha, no cubre daños biológicos, existe dificultad en la evaluación de daños y tiene altos costos de peritaje. En este sentido, las demandas sectoriales están concentradas en: i) necesidad de desarrollo de coberturas que abarquen todo el ciclo productivo; ii) asegurar el valor del cultivo en función de su rendimiento y calidad (u$s/ha); iii) simplificación del peritaje; iv) liquidación de daños según resultado de cosecha21. Tanto desde el Estado como desde los productores existe consenso respecto a que el tema debe ser tratado dentro del marco de política agrícola nacional a partir de que la contratación de seguros implica globalmente un mayor desarrollo del sector incentivando la innovación tecnológica y como respaldo a los programas de fomento. Finalmente, vale decir que la experiencia internacional indica que este rol del Estado no debe circunscribirse al apoyo técnico-político el cual, si bien importante, no es suficiente al momento de planificar un sistema de estas características.

20 Bases para el diseño de un sistema de seguros agrarios en Uruguay – MGAyP – Octubre de 2000. 21 En base a la Conferencia “la posición del sector productor” – Seminario de Seguro Agrícolas, Montevideo, 2002.

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El Estado, debe apoyar financieramente programas de estas características como lo hace en diversos países del mundo que cuentan con sistemas exitosos. De hecho, una muestra de ello es la inclusión de este tipo de ayudas dentro de la denominada “Caja Verde” en las tratativas de la OMC.

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, las experiencia acumulada en Uruguay respecto a este tema está vinculada a programas específicos y tiene como destino producciones puntuales.

Desde el sector privado puede mencionarse el caso de los autoseguros compartidos entre

productores e industria; por su parte desde el Estado, el mayor avance se llevó adelante a través de la conformación del “Fondo de Protección Integral de los Viñedos” cuyo objeto ha estado direccionado a “...indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos a través de los mecanismos que establezca la reglamentación de la presente Ley, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar sus coberturas y promover la reconversión de la producción vitivinícola...”22 y, orientada en el mismo sentido, la creación del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja23. Sumado a esto, la expresión política más importante respecto de la decisión del Estado de abordar el tema está expresado en la Resolución Nº7101 del 07 de Julio de 2000, la cual dispone “...el desarrollo de un sistema de seguros agrícolas” a efectos de “disminuir los riesgos a los que está expuesta la producción agropecuaria, las inversiones sectoriales y la incorporación de tecnología...”.

En este marco y con la asistencia de Organismos y/o Entidades especializadas se han efectuado avances en lo que respecta a la confección de un Proyecto de Ley de Seguros Agrarios, cuyos principales lineamientos están vinculados con24:

Daños ocasionados por variaciones anormales de agentes naturales. Abarcará todas las producciones provenientes del sector agropecuario. Los beneficiarios serán todos los productores que voluntariamente contraten un

seguro. Se crea un Fondo de Emergencia Climática. Las pólizas podrán ser individuales o colectivas. El Estado podrá cofinanciar las primas hasta un determinado límite atendiendo las

circunstancias de cada zona, medios técnicos utilizados para la prevención de siniestros y la condición económica del productores. Serán beneficiarios de las indemnizaciones del Fondo de Emergencia Climática

aquellos productores que cuenten al menos con algún tipo de cobertura de seguro comercial.

• Mercado de seguro en el sector agropecuario uruguayo Evaluar la importancia del seguro agrícola en el sector agropecuario implica observar el porqué de la necesidad de su desarrollo y la oportunidad de planteo del tema. Como ya se ha mencionado a inicios de este Capítulo, la producción agropecuaria en general tiene una serie de características intrínsecas que la diferencian de otros sectores de la economía, por el riesgo que debe enfrentar. 22 Artículo 2º de la Ley Nº16.311 de constitución del “Fondo de Protección Integral de los Viñedos”. 23 Estas experiencias son analizadas en mayor profundidad en un acápite posterior. 24 Extractado de OPYPA – Sistema de Seguros Agrarios en el Uruguay.

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Al evaluar el mismo en todos sus variantes, es importante considerar que la búsqueda de minimización del riesgo implica acotar el impacto de su ocurrencia, pero no impedir que el mismo suceda. Ahora bien, en esa búsqueda de la minimización la racionalidad del empresario lo llevará a comparar el costo que implica esa búsqueda propiamente dicha y el beneficio de lograr acotar el riesgo. Este es uno de los principales aspectos a considerar al momento de evaluar la importancia y factibilidad de desarrollo de esquemas de seguro en el sector, ya que entendiendo esto se comprenderá que toda acción deberá tender a un juego de suma positiva; esto es, todos los integrantes de la cadena de valor deberá observar beneficios para sí a fin que el sistema funcione y logre posicionarse en el mercado. Si bien esta disgregación teórica puede parecer innecesaria, debe recordarse que es uno de los puntos –por supuesto que no el único- que han impedido el desarrollo de esta figura en Uruguay. El factor descreimiento ha impactado de manera importante sobre los productores uruguayos debido a que por años, y aun actualmente en muchos casos, los servicios y la utilidad concreta de contratar un seguro eran un costo adicional al programa presupuestario de producción y no un elemento de control de riesgo. Por ello, debe tenerse en cuenta que el diseño y puesta en el mercado de un sistema que conlleve la contratación de seguros deberá tener una eficiencia tal que permita al productor manejar el proceso de planificación de su empresa dentro de un escenario de certeza a través de la estabilización de los ingresos. Como es sabido, los seguros agrícolas son básicamente de dos tipos. Aquellos que cubren riesgos nombrados (granizo) y los multirriesgo, que combinan la protección de varios factores climáticos.

Por su parte, como su nombre lo indica los multirriesgo son más abarcativos y cubren varios factores. De la experiencia internacional en su uso puede decirse que sus principales variantes de cobertura son:

Inversión del productor individual para gastos de implantación y protección

reconociendo como gastos una cantidad fija por hectárea, indemnizando cuando por causa de algún fenómeno cubierto, el rendimiento cae por debajo del nivel asegurado especificado en la póliza. Entre 60% y 90% del rendimiento histórico del área, para lo cual requieren la

condición que el rendimiento del área geográfica en la que se encuentra ubicado haya caído por debajo de la garantía seleccionada. En este caso, la indemnización tiene un “doble gatillo”, es decir, que se requiere que el rendimiento real del productor y el rendimiento del área caigan por debajo del nivel asegurado para percibir la indemnización. Costo de inversión conjunto de las distintas actividades desarrolladas en una

explotación. De este modo, una producción mayor en alguno de los cultivos puede compensar las pérdidas en otro y, de esta forma, no percibe indemnización puesto que dicha compensación no determina una pérdida de la suma asegurada25.

En este sentido, si bien la experiencia uruguaya se ha concentrado a través del tiempo en

los denominados riesgos nombrados vinculados a afectación por granizo, también se han desarrollado otros esquemas de cobertura los cuales son mencionados en el cuadro siguiente.

MERCADO DE SEGUROS AGROPECUARIOS EN URUGUAY 25 Rosso, Alberto P. - Evaluación y gestión del riesgo – Instituto Plan Agropecuario - Uruguay.

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- Por sector y tipo de cobertura -

SECTOR TIPO DE COBERTURA Agricultura Granizo y adicionales

Heladas en viñas Rendimiento para frutales Rendimiento para cultivos agrícolas Invernáculo Incendio en frutales

Ganadería Vida animal para animales de pedigree puros por cruza Certámenes ganaderos Agrupamiento para animales de remate Majadas post-esquila

Forestación Incendio y HTT (granizo) para montes en pie Incendio y HTT (granizo) para viveros forestales Madera apilada y apeada en el monte

Actividad Agropecuaria

Responsabilidad civil por explotación agropecuaria Responsabilidad civil por cruce, arreo, mejorar de

establecimientos Maquinaria agrícola de productores, contratistas,

medianeros Seguros Varios Apícola

Silos de poliuretano FUENTE: Elaboración propia En capítulos anteriores ya se han mencionado los cambios ocurridos en Uruguay en los últimos años y el impacto que los mismos han tenido sobre el mercado de seguros en particular. Esos cambios permiten estimar un beneficio adicional para el desarrollo del seguro agropecuario. Hasta 1993, y durante más de 80 años, el seguro en Uruguay fue una actividad monopolizada ciento por ciento por el Banco de Seguros del Estado (BSE) en el marco de una economía fuertemente regulada. La Ley de Desmonopolización del mercado de seguros en el ‘93 –Ley Nº16.426- permitió el ingreso de varias compañías al mercado, aunque a la fecha el BSE continúa operando una porción del orden del 80% de ese mercado. En el caso del seguro agropecuario, la desmonopolización no tuvo un impacto importante sobre la oferta ya que solo ingresó una empresa a operar: MAPFRE. Por otra parte, y como un modo de incentivo a la actividad, en 1999 se exoneró a los seguros y reaseguros que cubran los riesgos climáticos y de incendio en la actividad agropecuaria del Impuesto al Valor Agregado. Si bien no puede aseverarse que la apertura del mercado fuera exitosa, es cierto que el nuevo entorno competitivo y desregulado ha permitido el desarrollo de algunos esquemas de seguro interesantes y adicionales al tradicional de granizo, tales como viento, lluvia y helada. Aún no se han logrado avances en lo que respecta a sequía. Este desarrollo de otras coberturas de seguro ha tenido como incentivo la presión ejercida desde las entidades bancarias y financieras quienes, en muchos casos, obligan a su contratación al momento de solicitar un crédito. Por otra parte, es importante mencionar que en los últimos años se ha incrementado el área asegurada de cultivos de invierno a partir de la exigencia que acompaña la suscripción de

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convenios de abastecimiento con malterías. Asimismo, aumentó la superficie con forestación que recurrió al seguro. Esto estaría motivado por la entrada de empresas grandes que cuentan con esquemas de coaseguro (p.e. Royal-Sun).

CARTERA DE SEGUROS AGROPECUARIOS EN URUGUAY 2000/01 - en dólares -

PRODUCTO POLIZAS SUPERFICIE CAPITALES PREMIOS Forestación 896 360.000 246.358.968 905.000 Vida animal 66 ---- 2.722.560 41.458 Invernáculos 324 43 4.549.800 242.813

Granizo 1.400 160.877 44.031.200 2.325.856 Majadas 1 ---- 9.000 222

Heladas viñas 12 15 25.000 1.371 Incendio frutales 7 2.180 12.230.472 55.205

Convenio PREDEG 17 69 288.194 3.660 Silos poliuretano 2 ---- 98.000 118

Rendimiento 12 267 110.783 5.965 Convenio FADISOL 18 1.539 280.532 11.974

TOTALES 2.755 524.990 310.704.509 3.593.642

• Experiencias de desarrollo del seguro agropecuario en Uruguay Autoseguros compartidos El sistema de autoseguro en Uruguay está en vigencia desde hace más de veinte años y constituye una experiencia de integración horizontal entre productores y empresas destinado en general a compartir las pérdidas de producción ante la ocurrencia de granizada en cultivo de invierno y arroz. En general cubren en función de la afectación del rendimiento promedio. Entre sus principales virtudes puede señalarse que tienen un bajo costo por hectárea y un bajo riesgo moral debido a que la determinación del daño es compartida. Durante muchos años este sistema operó en forma paralela con el seguro comercial que por sus características es más caro y complejo que el anterior. Su desarrollo comenzó a enfrentar dificultades ante la ocurrencia de otros fenómenos no previstos tales como brotado de granos, lluvias intensas, heladas y sequía.

ZAFRA HECTÁREAS SEMBRADAS PERDIDA DEL SISTEMA (kg/ha)

94/95 92.000 0,76 95/96 135.000 11,84 96/97 170.000 41,82 97/98 137.000 63,32

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98/99 91.000 1,5 99/00 67.000 5,35 00/01 116.000 24,85 01/02 106.000 70,13

PROMEDIO 27,45 FUENTE: Seminario de Seguros Agrícolas – Montevideo 21 y 22 de Julio de 2002 Su principal limitación es que solo cubre granizo y no contempla riesgos catastróficos. Fondo de protección integral de viñedos La vitivinicultura es uno de los cultivos que mayor experiencia ha adquirido estos años en lo que a tratamiento del riesgo climático se refiere, a través de la constitución del Fondo de Protección Integral de los Viñedos. El mismo, fue creado por la Ley 16.311 del año 1992 que estableció:

EJEMPLO DE AUTOSEGUROS COMPARTIDOS CONVENIO DE RIESGO DE PERDIDA DE GRANIZO DE PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓNCULTIVADORES DE ARROZ Las condiciones generales que rigen este Convenio son:

• Los productores arroceros afiliados a la Asociación Cultivadores de Arroz que firmen este Convenio ,acuerdan soportar en forma compartida las pérdidas ocasionadas en sus plantíos por el granizo.

• La Asociación Cultivadores de Arroz no interviene en el Convenio, reconociéndosele como Entidadadministradora para el cobro y pago del daño causado por el granizo.

• La Asociación de Cultivadores de Arroz designará dos Comisiones Zonales, denominado “GrupoEvaluador” que será integrada por: dos productores de la zona como titulares y dos como suplentes,más un ingeniero agrónomo como titular y otro como suplente.

• El “Grupo Evaluador” de acuerdo al momento del ciclo del cultivo en que se encuentre cuando ocurrael siniestro, adoptará los siguientes métodos: a) en el momento del primordio y la floración, la pérdidase determinará por el seguimiento y evaluación del área afectada; b) en el momento del llenado delgrano, será la determinación de la pérdida ocurrida; c) Lo que resuelva el “Grupo Evaluador” seráinapelable.

• Se cubrirán riesgos desde el momento del primordio floral hasta el momento de la cosecha poniéndosecomo fecha tope a ésta el 30 de Mayo.

• El monto correspondiente a la indemnización será pagado el 30 de Junio al productor siniestrado ydicho importe se cobrará en forma prorrateada a los firmantes del Convenio, según el área sembradapor cada uno, de acuerdo a lo que comunique la Asociación Cultivadores de Arroz. La indemnizaciónal productor siniestrado será acreditada en la misma forma y fechas en que se pacte el pago del preciode la cosecha, entre la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA ADHERIRSE AL “CONVENIO DE RIESGO COMPARTIDODE GRANIZO”

1. Enviar formulario con el convenio firmado. 2. Orden de pago firmada con conformidad de la empresa respectiva. 3. Plano o croquis de la chacra. 4. Pago de fondos para gastos de u$s1/ha. 5. Estar al día con los aportes a la Asociación Cultivadores de Arroz. 6. No tener deudas con siniestros anteriores. 7. Para el caso de productores que no tengan el respaldo de ninguna empresa: conforme por tres bolsas

por hectárea. FUENTE: Asociación de Cultivadores de Arroz

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“Artículo 1º: Créase el “Fondo de Protección Integral de los Viñedos”, administrado por el

Instituto Nacional de Vitivinicultura y fiscalizado por la Comisión Honoraria prevista a tales efectos en el Artículo 3º. Artículo 2º: El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por

fenómenos climáticos a través de los mecanismos que establezca la reglamentación de la presente Ley, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar sus coberturas y promover la reconversión de la producción vitivinícola”. Posteriormente, se dictaron varios Decretos reglamentarios y/o complementarios de la

misma, cuyos principales lineamientos son comentados en el cuadro siguiente.

NORMATIVA OBJETO BENEFICIARIOS Decreto 627/92 Los recursos del Fondo

podrán, asimismo, ser utilizados para indemnizar a los viticultores afectados por daños climáticos en la zafra 1991/92.

Productores inscriptos en el Registro de Viticultores del Instituto Nacional de Vitivinicultura que hayan sufrido daños verificados oportunamente por el propio I.NA.VI. o la Junta Nacional de la Granja, que implicaron una disminución, en sus cosechas, superior al 30% del promedio de las últimas tres cosechas anteriores a la que se produjo el daño, que surja de las declaraciones juradas de cosecha efectiva correspondientes a los viñedos de cada productor reclamante donde se haya comprobado el daño. La indemnización alcanzará a cubrir hasta un monto equivalente al 70% del promedio de la uva cosechada en las tres zafras anteriores referidas. En caso de que no fuera posible establecer el promedio cosechado en el trienio previsto, por tratarse de viñedos que fueran implantados en el año 1989, se aplicará el promedio nacional del trienio para la variedad.

Decreto 416/96 destínase la suma anual de u$s150.000, durante los próximos cuatro años, provenientes del “Fondo de Protección Integral de los Viñedos”, creado por el Artículo 1º de la Ley Nº16.311, de 15 de Octubre de 1992, para indemnizar a los productores cuyos viñedos hayan sido afectados por el granizo

tendrán derecho a ser indemnizados los productores cuyos viñedos hayan sido afectados con daños superiores al 30% del promedio de producción de las tres cosechas anteriores a la que se produjo el daño. En caso de viñedos nuevos el Instituto Nacional de Vitivinicultura, previo informe técnico, establecerá el criterio para la indemnización respectiva.

Decreto 374/00 Destinó la suma anual de u$s150.000 proveniente del Fondo durante cuatro años (2001-2004) para indemnizar a los productores cuyos viñedos hayan sido afectados por el granizo.

A efectos de deteminar las sumas a pagar en concepto e indemnización, el I.NA.VI. establece los criterios, condiciones y precios respectivos, teniendo en cuenta fundamentalmente la disponibilidad de los recursos asignados al momento del pago. Asimismo establece que a partir de 2001 el Consejo de Administración del I.NA.VI. podrá establecer un porcentaje máximo del “Fondo” para atender eventuales daños anuales causados por granizo, a los efectos de generar una capitalización tendiente a autofinanciar el Fondo referido, en el futuro.

Si bien se trata de un sistema limitado en cuanto a que solo cubre granizo y el tope de asistencia es de u$s150.000.-, la experiencia de los últimos años indica que ha existido un crecimiento importante en el número de casos denunciados como afectados así como de las indemnizaciones que se han pagado. Los principales resultados del mismo se detallan en el cuadro siguiente.

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PERIODO

Nº DE VIÑEDOS DENUNCIADOS

Nº DE VIÑEDOS CON DAÑO

MAYOR 30%

MERMA KG. DE UVA

TOTAL INDEMNIZADO

(u$s) 96/97 100 21 176.037 41.625 97/98 194 112 1.374.319 287.216 98/99 116 57 258.809 41.692 99/00 59 37 809.942 128.868 00/01 66 27 662.485 98.125 01/02 333 234 3.437.195 324.000

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura Fondo de reconstrucción y fomento de la granja La Ley 17.503 y el Decreto 219/02 estuvieron destinados a crear y reglamentar el funcionamiento del “Fondo de reconstrucción y fomento de la granja”, el cual tiene como objeto ser un plan acción vinculado al desarrollo del sistema de aseguramiento en el país. En dicha legislación se dispone la promoción de los seguros agrarios en el sector granjero contribuyendo con hasta dos millones de dólares anuales para subsidiar el 60% de las primas de seguros contratados. Asimismo, se crea un fondo de emergencia para catástrofes climáticas que se constituye con un aporte anual también de hasta dos millones de dólares. III.4.- Factibilidad de desarrollo del instrumentos de cobertura de riesgo y determinación de áreas de acción Si bien excede los alcances del presente documento, a modo de conclusión del presente capítulo se considera importante sentar posición sobre la temática abordada respecto del desarrollo de instrumentos de cobertura de riesgo en Uruguay, principalmente mercado de futuros y opciones y seguro agrícola.

Uruguay cuenta actualmente con casi dos millones de hectáreas potencialmente asegurables tanto en cultivos como en forestación y, por otra parte, debe tenerse en cuenta que la agricultura está creciendo de manera importante estimándose que en las condiciones actuales y la potencialidad del sector, la superficie de soja –por ejemplo- podría cuadruplicarse en los próximos años. Asimismo, para la actual campaña se prevé una siembra de 137.000 has. de trigo y unas 103.000 de cebada. No debe dejar de considerarse que el país es tradicionalmente ganadero y según el Censo Agropecuario del año 2000 cuenta con más de 10 millones de cabezas en su rodeo bovino distribuido en 47.735 explotaciones. Asimismo, la actividad forestal ha experimentado en los últimos años un importante desarrollo a partir de la inversión efectuada por capitales nacionales y, especialmente, la entrada de empresas del exterior. A todo ello, deben agregarse las restantes producciones tales como ovinos, frutas, hortalizas, vitivinicultura, entre otras que permiten contar con una variada oferta de productos provenientes del sector agroalimentario no solo para consumo interno sino, en muchos casos para la exportación.

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Por lo tanto, las políticas de estado dirigidas al sector deberán priorizar como ya se ha mencionado anteriormente el desarrollo de instrumentos que permitan a los productores estabilizar sus ingresos y, por ende, proyectar el desarrollo sustentable y sostenible del sector. En este sentido, debe aprovecharse la experiencia adquirida hasta este momento a través de los programas y proyectos implementados al respecto tanto desde el sector público como del privado a fin de potenciar el desarrollo del mercado de seguros. Vinculado a esto, en el cuarto y quinto capítulo del presente documento se hace particular hincapié sobre esta temática. En lo que respecta al riesgo precio, si bien es cierto que los niveles de producción de la agricultura uruguaya son una limitante importante al desarrollo de mercado de Futuros y Opciones en este sector, la estrategia de corto y mediano plazo deberá concentrarse en estudiar detalladamente los aspectos legales, técnicos y operativos que permitieran llevar adelante la conformación de un mercado ad hoc de los que operan actualmente en Argentina. Si bien la situación de este último país han significado entre otros muchos problemas una disminución de los volúmenes operados es previsible que en el mediano plazo esta situación se revierta. La posibilidad de desarrollo de mercados intercomunicados entre países se potencia en la medida que prosiga la decisión política de intensificación y consolidación del MERCOSUR y la libertad de movimiento de bienes y servicios entre los países miembros. Situación similar a la de los granos enfrenta la ganadería a pesar que los mercados de futuros aún no han logrado insertarse en el circuito comercial. La capacitación en su uso y la aceptación por parte de los integrantes de la cadena de valor ganadera permitirá su consolidación y crecimiento.

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CAPITULO IV Instrumentos financieros y coberturas de

riesgo: posibilidades de interacción y rol de las instituciones

IV.1 El impacto del riesgo en el financiamiento tradicional

Como ya se mencionó al inicio del capítulo anterior, al riesgo comercial y financiero inherente a cualquier actividad económica, se le suma en la producción agropecuaria el riesgo biológico y climático. Este último por su magnitud y momento de ocurrencia genera una fuerte incertidumbre en el logro de los resultados de ingresos esperados por los productores.

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Dicha incertidumbre se transfiere a los proveedores de insumos físicos y financieros del sector agropecuario, que tratan de limitar su exposición al riesgo de incobrabilidad de las deudas contraídas por los productores.

Esta situación genera precauciones por parte de las empresas y bancos proveedores del

sector agropecuario, a veces excesivas y otras justificadas, que redundan en conductas selectivas de clientes. El objetivo de dicho comportamiento es conformar carteras de productores que por su tamaño, productividad y tecnología tienen producción y costos que constituyen un perfil menos incierto de los ingresos que obtienen. En consecuencia, hay un buen número de productores que no ingresan en el circuito financiero y comercial o que ingresan en condiciones inadecuadas.

Evidentemente este manejo del riesgo es muy difícil para los bancos, en especial para los

bancos oficiales -como el caso del BROU-, cuando se obligan a refinanciaciones casi permanentes y generalizadas y cuando, además, deben atender la presión de financiamiento de Programas Especiales para el sector a tasas mas reducidas, imposibilitando exigir mayores requisitos de rentabilidad y garantías para disminuir la incertidumbre en el recupero de los créditos que otorgan.

En los hechos, los bancos oficiales deben ejercer, además de los subsidios explícitos, los

subsidios obligados e ineficientes que se derivan de la imposibilidad de trasladar a la tasa de interés, el mayor riesgo que corren con el sector y asumir pérdidas de fondos bancarios con los costos conexos a la caída de pagos de créditos.

El resultado final del subsidio a mediano plazo es el ajuste en dos sentidos: Un buen número de productores no ingresa en el circuito financiero y comercial. Un nivel de financiamiento asimétrico hacia adentro del sector agropecuario.

En conclusión, el mal manejo del riesgo constituye una política costosa para los Bancos

Oficiales con resultados negativos en las cuentas de las instituciones y con resultados negativos en el mismo sector que se intenta beneficiar.

IV.2.- El riesgo y los nuevos instrumentos de financiamiento: aspectos a considerar en su desarrollo en Uruguay En el apartado anterior, se efectuó una descripción acerca de los efectos que el riesgo tiene sobre las instituciones tradicionalmente vinculadas al financiamiento al sector agropecuario y la asimetría que el mismo genera en la obtención de recursos. En esta sección se intentarán definir aquellas variables que resulta necesario considerar al momento de diseñar y promover un sistema de financiamiento basado en instrumentos no tradicionales de crédito. Esto adquiere particular relevancia en la situación actual uruguaya donde la banca ha casi desaparecido como oferente de recursos por lo que, el menos en el corto y mediano plazo, el accionar en este sentido deberá direccionarse a captar recursos de inversores no tradicionales como el caso de ahorristas privados y/o institucionales. A diferencia del pasado en que la banca instrumentaba líneas crediticias específicas que, por otra parte generaban incomunicación entre ahorrista y productor y que en muchos casos no ajustaba su operatoria a los tiempos del proceso productivo, el nuevo contexto exige repensar el

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modo de acceso a los recursos pero también adquiere el desafío de desarrollar mecanismos adaptados a los requerimientos y necesidades de las dos partes. En este sentido, cobra particular relevancia el desarrollo de instrumentos que permitan mitigar el riesgo en el sector como elemento de estabilización de resultados. Es común en nuestros países que las políticas de estado destinadas a un sector tiendan a instrumentar herramientas o planes aislados y en muchos casos poco interrelacionados entre sí lo que se traduce en los hechos en resultados que si bien pueden ser satisfactorios no tienen el impacto global que los mismos potencialmente poseen. Como ya se ha comentado en varias secciones Uruguay en general y el sector agropecuario en particular enfrentan en la actualidad una fuerte restricción crediticia motivada por la crisis que opera en el sector financiero desde hace varios años pero que se agudizó el pasado. A esto se suma el fuerte endeudamiento de las empresas vinculadas y la incapacidad actual de contar en muchos casos con recursos genuinos que permitan llevar adelante el proceso productivo y, paralelamente, sanearse financieramente. En ese marco, aparecieron durante 2002 y en lo que va del presente año posibilidades concretas de desarrollar esquemas de financiamiento alternativo como medio para captar recursos extrasectoriales y volcarlos a la producción. Esto último se potencia debido a varios factores entre los que merecen destacarse el interés que el sector despierta con posterioridad a la maxidevaluación de mediados del año pasado, a la superación de ciertas barreras comerciales (p.e. cierre de mercados por brotes de fiebre aftosa en ganadería) y, principalmente al crecimiento que experimentó en 2002, a pesar de todos sus problemas. Esto último es sumamente interesante ya que en un momento en el cual todos los indicadores tendieron a la baja (PBI: -10-11% y exportaciones; -11%), el agropecuario fue el único sector que logró reinstalar su capacidad de generación de riqueza. El cuadro siguiente es demostrativo de estos aspectos.

2002 PBI por sectores Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre Agropecuario 0,9% 15,2% 7,9%

Industria Manufacturera -16,8% -5,8% -11,3% Electricidad, Gas y Agua -3,8% 1,3% -1,2%

Construcción -13,9% -11,2% -12,6% Comercio, Restaurantes y

Hoteles -20,5% -16,9% -18,7%

Transporte y Comunicaciones

-6,5% -5% -5,8%

Otros -7,4% -6,7% -7,0% PBI -10% -5,6% -7,8%

Fuente: Promesur Si bien durante el segundo semestre del pasado año y el transcurso del actual la reorganización de las economías nacional y regional influyeron para que algunos de los subsectores mencionados en el cuadro iniciaran un proceso de reversión de sus indicadores, el agropecuario sigue teniendo prevalencia en cuanto al crecimiento y perspectivas.

62

Por otra parte, hay que considerar que la nueva política económica tiene como factor principal de estabilidad y reactivación el desarrollo de las exportaciones y las mismas están compuestas en dos tercios por productos de origen agropecuario. El logro de estos objetivos en la economía uruguaya necesita el acompañamiento de varios factores en forma paralela entre los que pueden mencionarse el nivel del tipo de cambio, la desaparición de obstáculos regulatorios, comerciales, logísticos, entre otros y la disponibilidad de financiamiento. Este último aspecto es sobre el que nos referiremos a continuación. Existen instrumentos disponibles y otros en proceso de aprobación parlamentaria que son idóneos y adecuados para captar recursos del sector privado y destinarlos a la producción agropecuaria. Pero para ello, no debe dejar de tenerse en cuenta que los inversores uruguayos -que actualmente tendrían fuera del sistema financiero más de mil millones de dólares- y las AFAP’s -que aún tienen una mínima presencia en áreas productivas-, están actualmente invadidos por un proceso de desconfianza y aversión al riesgo como consecuencia de lo vivido y experimentado en estos años. Es por ello, que al momento de instrumentar y/o fomentar mecanismos de captación de recursos deberá considerarse que no se puede seguir incrementando dicha aversión del público inversor. En este sentido, es prioritario desde todas las instancias que la política pública vinculada a estos aspectos incluya en el caso del sector agropecuario el tratamiento, fomento, difusión y adaptación de instrumentos que permitan minimizar los riesgos intrínsecos de la actividad: variabilidad de precios y rendimientos. Es importante remarcar que, más allá que actualmente son escasos los canales de financiamiento institucional tradicional, todo el accionar que se lleve adelante con el objetivo de minimizar riesgos deberá resultar en una disminución del costo del dinero. Esto es sumamente importante debido a que históricamente la banca no lo ha tenido en cuenta y ello ha influido sobremanera en el desarrollo de estos instrumentos. Ya se ha hecho mención acerca de la necesidad de efectuar un análisis técnico y legal vinculado con la posibilidad de desarrollar algún tipo de mecanismo que posibilite la utilización del mercado de futuros y opciones –inclusive trabajando con Argentina que tiene mercados desarrollados hace muchos años- como medio para prever el valor de la variable precio. En el caso del clima, deberá continuarse trabajando en el diseño y puesta en marcha de un sistema tendiente a promover la utilización del seguro agrícola, acerca de lo cual se efectúa una propuesta en el apartado siguiente.

ESQUEMA DE ENLACE FINANCIAMIENTO-RIESGO-SECTOR AGROPECUARIO

$

MERCADO DE CAPITALES

63

FUENTE: Elaboración propia. IV.3.- La corrección del problema del riesgo: el seguro de INDEX

La corrección de la problemática vinculada a rendimientos deberá encarar dos puntos centrales:

Tener una correcta valoración del riesgo, dimensionarlo para cada cultivo, para cada

región, para cada fenómeno climático. Este análisis implica para los bancos y las compañías de seguro, la necesidad de obtener información común que les permita disponer la base analítica para compartir el riesgo con el sector agropecuario y desarrollar productos financieros y de seguro interconectados. Disponer de criterios justificados técnicamente, que permitan reformular las leyes de

emergencia agropecuaria para que las mismas no actúen en contra de los objetivos del banco y del sector al que atienden.

Cuando esta información no es tenida en cuenta, falta o es deficitaria, además de una

tendencia natural a sobredimensionar el riesgo o subestimarlo, no quedan en claro los roles, las funciones y las responsabilidades de cada interesado. No queda claro de qué se debe hacer cargo el productor, de qué el asegurador, cuál es la posibilidad de los bancos de otorgar créditos viables y menos riesgosos y qué porción le compete al Gobierno Nacional.

Instrumentos de Financiamiento

• Fideicomiso • Fondos de inversión• Securitización • Pool de siembra

Instrumentos Complementarios • Factoring • Leasing • Warrants

AHORRISTAS/AFAP’s - Dinero fuera del sistema - Poca aversión al riesgo - desconocimiento Del

sector - Desconfianza

Seguro Agrícola Futuros y Opciones

$

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA

$

• Buenas perspectivas generales

• Recursos líquidos • Menor tasa de interés por

menor riesgo Seguridad de resultados vía disminución de riesgos

64

Para evaluar la bondad de los instrumentos disponibles que propenden a la disminución del riesgo es necesario evaluar las características, la amplitud y la naturaleza de las variables en las que impactan los mismos.

Las herramientas estabilizadoras de dos de estas variables -precios y rendimientos-, son

particularmente decisivas ya que la magnitud de las fluctuaciones de cada una de ellas y sus respectivas combinaciones anuales pueden hacer caer los resultados a niveles críticos.

En el terreno de los precios, siendo Uruguay al igual que los países de la región tomador de

precios en la mayoría de los productos, el productor no puede influir en ninguno de los mercados.

Los mercados de futuros y opciones constituyen un ámbito adecuado para que el productor tenga la posibilidad de afrontar parte del riesgo comercial. Aunque es necesario destacar que para que éstos se constituyan en una herramienta idónea deben ser transparentes y eficientes y esto se logra en la medida que aumenta el número de operaciones.

Con relación a los rendimientos, las adversidades climáticas provocan caídas que en el

extremo pueden significar no levantar cosechas e incluso perder la capacidad de producción por varios años.

El instrumento por excelencia para estabilizar las pérdidas por rendimiento es el seguro

agropecuario. Es necesario señalar que en relación a las emergencias climáticas severas y generalizadas

(catastróficas o sistémicas) existe una deficiente protección que en muchos casos resulta insuficiente e inoportuna.

El desarrollo de un esquema de coberturas para la emergencia debería contemplar un

régimen de distribución objetiva, debería ser indemnizatorio y universal, resultando fundamental su articulación con los seguros privados.

Para atender este tipo de cobertura, en función de las pautas comentadas, sería conveniente

analizar las fortalezas y debilidades del denominado seguro de INDEX. El mismo prevé la indemnización en función de un disparador que actúa cuando el

rendimiento promedio de una actividad se ubica por debajo de un nivel preestablecido como crítico (según presupuesto) en una zona predelimitada.

El sistema ofrece un menor costo de control, y neutraliza la antiselección y el riesgo moral

y la zona seleccionada debe ser homogénea en lo productivo. Una debilidad que presenta es que beneficia a quienes no tuvieron daño.

El nivel de cobertura será variable según el nivel de exposición de cada zona y su variabilidad histórica y la suma asegurada dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Algunas cuestiones clave a resolver a la hora de encarar un esquema de este tipo son: Posiblemente la incorporación de las zonas a las coberturas de emergencia deba ser

gradual, básicamente por la disponibilidad de información y también por la disponibilidad de presupuesto. Se deberá resolver el criterio de coberturas de emergencia para actividades agropecuarias

distintas a la agricultura, en especial la ganadería.

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Se deberá definir si el nuevo sistema será voluntario, inducido u obligatorio. En caso de armar un Fondo (sería lo adecuado) identificar el origen de los recursos. Una

pauta inicial de participación estatal podría estar dada por el nivel de asignación de recursos del Estado (Organismos, Bancos, etc) comprometidos en cubrir decisiones de política disparadas por eventos de emergencia en los últimos años. Establecer el sistema de control. Establecer las articulaciones con el sistema de seguro comercial.

Debe destacarse finalmente, que el impacto de la aplicación de un instrumento como el brevemente descripto se daría hacia todos los actores involucrados en la cadena agropecuaria. IV.4.- Instrumentos factibles de desarrollar en el corto plazo

En el actual contexto de crisis del sistema financiero y caída de fuentes de financiamiento para los sectores productivos, particularmente para el sector agropecuario, cuya lógica económica implica la necesidad de insumos en forma escalonada con ingresos concentrados estacionalmente, la aparición de nuevos instrumentos de financiamiento, su adecuación y su aplicación resulta un elemento clave para la consolidación del uso de tecnologías apropiadas en el sector agropecuario.

Por su parte el seguro constituye una herramienta estratégica que mejora la previsibilidad

de la empresa agropecuaria estabilizando ingresos. Sin duda la articulación de ambos tipos de instrumentos, debería tener un impacto

mejorador en la performance de los mismos ya que la predisposición a la colocación de recursos de capital por parte de inversores, resultará mayor en la medida que se transforma la incertidumbre en riesgos conocidos asumidos por los diferentes agentes intervinientes.

Entre los nuevos instrumentos analizados en este informe, el Fideicomiso cuenta, desde

nuestro punto de vista, con grandes posibilidades de desarrollo y utilización. Sin duda que resulta fundamental la sanción del Proyecto de Ley que regula su uso, ya que

de la misma surge una de sus principales fortalezas: constituir bienes fideicomitidos separados no embargables ni sujetos a la Ley de Quiebras y la posibilidad de diseño de estructuras jurídicas precisas según el objeto.

En el caso de los fideicomisos de siembra los bienes fideicomitidos son los cultivos que se

implantaron, que, por la cesión del productor agropecuario, pasan al Fondo Fiduciario. Los beneficiarios pueden ser bancos (aporte de préstamos para siembras y gastos conexos, así como auditoría contable y gestión financiera), empresas (proveedores de insumos, combustibles, etc) o particulares (inversores o prestadores de servicios). Si el productor hubiera aportado tierra, mano de obra, gestión, etc. también puede ser beneficiario. A su vez, el administrador fiduciario podrá ser beneficiario en caso que no desee percibir comisión o reintegro de gastos.

Si bien la institución del fideicomiso no está arraigada en nuestros países, vale decir que en

el caso de Argentina fue uno de los instrumentos más relevantes al momento de superar la restricción crediticia de los últimos años. Tiene el inconveniente básico de la cesión de la propiedad de la cosecha por parte del productor, que pasa a ser un beneficiario, seguramente no privilegiado, del contrato.

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Sin embargo existen varias razones por las cuales el productor debería estar bien predispuesto a este tipo de participación: la primera es que el único derecho patrimonial afectado por el contrato es el cultivo (limitación del riesgo). En general además, se establecen beneficios fijos para el resto de los participantes y residuales (variables) para el productor, como forma de retribución de una gestión eficaz y su aporte personal (es en el margen, beneficiario del 100% de su éxito una vez retribuidos los demás beneficiarios).

A su vez el productor está destinando su capital de trabajo (autofinanciación) a una parte de

su superficie agrícola y no existe tasa de interés implícita en el financiamiento del resto, a cargo del fondo fiduciario. En realidad la tasa de interés implícita en el proceso productivo no es otra que el costo de oportunidad del capital propio o sea el empleado en las hectáreas que autofinancia. Finalmente, en caso de pérdida de cosecha, el productor no queda endeudado como si hubiera tomado un préstamo bancario.

Para los proveedores de insumos y servicios del sector agropecuario, la participación en

esta modalidad de contratos, permite tener una relación mas estrecha con al productor con todo lo que ello implica: posibilidades de capacitación, vigilancia y auditoría del empleo de paquetes tecnológicos. Lo cual podría determinar continuidad de los clientes y la mayor eficiencia en la aplicación de tecnología. Además se elimina la posibilidad de no pago por parte del productor ya que la cosecha ha sido cedida al Fondo Fiduciario como bien fideicomitido.

Las partes que integran el fideicomiso se verán beneficiadas si se contrata un seguro

contra riesgo climático (habrá que analizar cual es la oferta: el tipo de seguro (riesgo nombrado o multirriesgo y los costos), y se neutraliza el riesgo precios utilizando el Mercado a Término.

Una variante del fideicomiso productivo descripto presenta la intervención de una

Sociedad de Garantía Recíproca que acepta y avala (en virtud de los derechos de cobro sobre boletos de compra-venta de cereales que acreditan los productores) letras de cambio a la vista titulizadas por los productores que son compradas por el fideicomiso permitiendo la financiación de la campaña (alrededor de 270 días). En este caso la ventaja, además del acceso al financiamiento, es una rebaja en la tasa de interés por la calidad de la garantía que no es previsionable por la entidad financiera.

El caso de la Fondos Agrícolas de Inversión Cerrada (su forma jurídica también puede ser

el fideicomiso) muestra la participación integrada de productores agropecuarios, inversores, proveedores de insumos y de servicios, gerenciados profesionalmente con administración de recursos supervisada y la participación de agente financiero sujeto a los controles respectivos. En este caso los riesgos climáticos y de precios deberán ser atendidos a través de distintas estrategias: en primer lugar diversificar los riesgos a partir de una dispersión espacial y temporal de las actividades productivas, la contratación de: seguros agropecuarios climáticos, de seguros de crédito y de costos fijos por falta de abastecimiento. Además la compra de futuros y/u opciones para cubrir el riesgo precios.

También en este caso la escala, el nivel tecnológico y las coberturas de riesgos serán determinantes en la predisposición de los inversores, los que deben ser beneficiarios privilegiados.

En el caso de ganadería, las posibilidades de coberturas de riesgos asociados a la

producción (rendimientos) son sustancialmente menores a las ofrecidas en el caso de agricultura.

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Sin embargo, Uruguay presenta un sector ganadero con un grado de desarrollo y un nivel tecnológico que requiere una mayor oferta de financiamiento y coberturas de riesgos que la que enfrenta en la actualidad.

Asimismo, deberá continuar el trabajo tendiente al logro de un sistema de trazabilidad

bovina que permita la identificación de los animales, lo cual representa un incentivo adicional para cualquier proyecto debido a la posibilidad de desarrollar esquemas de identificación y prenda y disminuir los riesgos que existen vinculados a este tema

A título de ejemplo se presenta el desarrollo de la interacción de instrumentos de

financiamiento y de seguros para aplicar a la producción ganadera en feedlot. Es un programa de seguro para feedlot con garantía warrant ajustable.

El warrant, dado su carácter de inembargable por ser de ejecución extrajudicial, es

considerado una garantía preferida y constituye una herramienta financiera casi a la medida del sector ganadero.

Por su parte el feedlot, de acuerdo a su estructura, concentración y sistema de producción

intensivo, es el lugar físico ideal para aplicar este tipo de operatoria. Asimismo el hecho que el ganado aumente su valor a través del tiempo debido al engorde, permite realizar ajustes incrementales sobre el monto de crédito inicial.

El seguro cubre el valor de los animales en garantía de créditos otorgados bajo operatoria

warrant por parte de instituciones financieras u otras formas jurídicas. El tomador es la warrantera o los financiadores para sus préstamos con garantía warrant.

El asegurado es el establecimiento de engorde a corral (feedlot). Los riesgos cubiertos son la muerte de animales causada por enfermedades, accidentes,

incendio, etc y robo. La póliza tendrá una duración de un año y la suma asegurada para cada warrant será la que figure como valor total del ganado, la misma puede actualizarse.

La póliza cubre los lotes (grupos de animales homogéneos en cuanto a peso y fecha de

ingreso) que ingresen al establecimiento asegurado bajo operatoria warrant hasta su salida del mismo.

La indemnización por animal está dada por un monto mínimo fijado por el valor individual

del animal hasta un máximo ajustado según parámetros establecidos por el asegurador en función del incremento de peso diario y el precio del kilo vivo.

Si bien la operatoria está planteada para feedlot (por la facilidad que otorga el corral como

almacén en relación a campo abierto), podría plantearse también para otro tipo de explotaciones ganaderas, aunque seguramente con un incremento en el costo de warranteo.

En este caso el seguro y el warrant trabajan en una articulación que les otorga ventajas a

ambos y permite el ajuste por incremento de valor con bajos riesgos para el que financia. Como se ha señalado en el capítulo específico, la operatoria warrant en Uruguay está

regulada por un complejo de normas heterogéneas que impone al intérprete realizar un análisis sistemático e integrador de las mismas. Hay inexistencia de referencias doctrinarias al régimen

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jurídico de los títulos valores representativos de mercaderías a pesar de la importancia que algunos de ellos poseen en las prácticas comerciales.

Sin embargo existe un proyecto de Ley integrador cuya sanción por parte del Parlamento

será muy importante para la concreción de la aplicación de instrumentos como el antes descripto. Finalmente, y como cierre del presente apartado en el cuadro siguiente se han identificado para un grupo de subsectores productivos seleccionados los principales instrumentos de financiamiento y tipo de seguro a utilizar.

POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y COBERTURAS DE RIESGO - POR PRINCIPALES SUBSECTORES -

SUBSECTOR SUPERFICIE OCUPADA

(Has)

EAP’S26

INSTRUMENTOS FINACIEROS

POTENCIALES27

COBERTURAS A UTILIZAR

Bovinos de Carne 12.685.965

28.245

Fideicomiso Fondo de Inversión

Warrants Capitalización

Sanidad Producción

Forestación 659.803 1.015 Fondo de Inversión Securitización

Incendio

Arroz 174.728 634 Fideicomiso Multirriesgo Lácteos 1.009.816 6.037 Securitización Sanidad

Producción Agricultura

315.169

3.395

Fideicomiso Fondo de Inversión

Warrants Pool de siembra

Multirriesgo

Citrus 21.641 714 Fondo de Inversión

Multiriesgo

Vinos 26.631

1.106 Fondo de Inversión Heladas Producción

TOTAL SUBSECTORES

14.893.483 42.316 ---- ----

FUENTE: Elaboración propia. NOTA: LOS INSTRUMENTOS FACTORING Y LEASING SON INDISTINTOS PARA TODOS LOS SECTORES IV.5.- Rol de las instituciones públicas y privadas

26 Explotaciones Agropecuarias. 27 Los instrumentos nombrados pueden complementarse y no son exluyentes. Si bien se nombran los más importantes y de mayor impacto, todos los analizados pueden ser combinados para financiar al sector.

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Lo comentado hasta ahora en este Capitulo requiere la articulación de un proceso que implique la conjugar los esfuerzos aislados o particulares -tanto privados como institucionales- que se han venido desarrollando o que están en vía de diseño a fin que los mismos se potencien. Asimismo, deberán difundirse y promoverse las características y bondades de los instrumentos evaluados, así como también la utilización de herramientas de cobertura. En este último caso, se prevé que las mismas se comiencen a aplicar en el corto plazo, especialmente en lo que a seguro agrícola se refiere.

Para ello, es prioritario identificar los actores sectoriales que deben tener participación en ese proceso. En el presente acápite, se presentan, en líneas generales, las principales organizaciones públicas y/o privadas vinculadas directa o indirectamente al sector agropecuario en Uruguay que se considera pueden desempeñar un rol destacado en lo que respecta al desarrollo y consolidación de esquemas alternativos que permitan desarrollar y financiar proyectos productivos y/o consolidar los vigentes.

Se estima que algunas de estas organizaciones también cumplirían una eficaz tarea en lo vinculado al desarrollo de esquemas de atenuación del riesgo de las empresas agropecuarias, ya sea en la provisión de información primaria así como en el aporte de criterios de definición de los mismos. El listado que se presenta a continuación no es excluyente y, dado el número de Entidades y Organismos vinculados, solo se detallan aquellas/os más importantes que, se estima, puedan cumplir con lo descrito en el párrafo anterior. En el caso de las Entidades de Productores se mencionan las más representativas desde el punto de vista gremial o que por sus características pueden potenciar la vinculación con determinados sectores productivos. • Instituciones y/u Organismos Estatales

Banco Central del Uruguay: Creado por la Constitución Nacional, está organizado como Ente Autónomo y tiene como cometidos específicos vinculados: la emisión de billetes y acuñación de moneda; aplicación de instrumentos monetarios, cambiarios y crediticios; asesor económico, banquero y representante del Gobierno; administración de las reservas internacionales del Estado, entre otras. Entre sus nuevas atribuciones se encuentran las de regulación y control a Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional, de Seguros y Reaseguros, del Mercado de Valores y de los Fondos de Inversión. Superintendencia de Seguros y Reaseguros: es el agente regulador del mercado

asegurador en Uruguay, comenzando a funcionar en forma efectiva el 1° de julio de 1994, de acuerdo a lo establecido por la Ley 16.426 de desmonopolización legal de la actividad aseguradora. En función de los cometidos que le fueran asignados por dicha Ley y por la Carta Orgánica del BCU ha tenido, entre otros, los siguientes tópicos de actuación respecto de las empresas que operan en el sector: i) Condiciones de acceso al mercado; ii) Control de la solvencia; iii) Normas de contabilidad; iv) Normas de contratación de reaseguros con empresas no instaladas

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en el país; v) Definición de pautas mínimas de los contratos de seguros provisionales. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: su función es la de contribuir al

desarrollo permanente de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero de Uruguay, promoviendo su inserción en los mercados externos tanto regionales como extra regionales, basado en el manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Actualmente, cuenta con programas específicos vinculados al financiamiento a diversos subsectores, como así también está trabajando en el desarrollo del sistema de seguros agrícolas. Banco de Seguros del Estado: creado hace más de 85 años, el BSE es líder del

mercado uruguayo y la empresa que brinda más variedad de coberturas de seguros, tanto en Ramos Generales como en Vida. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias: El I.N.I.A. fue creado por

Ley 16.065 del año 1989 como una persona jurídica de derecho público no estatal y su misión es contribuir al desarrollo del sector Agropecuario Nacional a través de la generación, incorporación y adaptación de conocimiento y tecnologías, haciéndolas disponibles en beneficio de los productores, teniendo en cuenta las políticas de estado, la sustentabilidad, la cadena agro-industrial y los consumidores. Dentro de su estructura organizativa cuenta con cinco Direcciones Regionales, una por cada una de los cinco Estaciones Experimentales: i) Tacuarembó (Tacuarembó); ii) Las Brujas (Canelones); iii) Treinta y Tres (Treinta y Tres); iv) La Estancuela (Colonia); v) Salto Grande (Salto.) Los Consejos Asesores Regionales (C.A.R.) son órganos de consulta, apoyo y asesoramiento de las Direcciones Regionales y se constituyen con personas vinculadas al sector agropecuario en la zona de influencia de éstas últimas. Hay un C.A.R. por cada Dirección Regional. Colaboran en la elaboración de planes y programas de investigación, así como en la búsqueda de recursos adicionales. Dada su importancia en el proceso de vinculación de los usuarios con la generación y difusión de transferencia, el I.N.I.A. ha fortalecido la acción de cada C.A.R. con la conformación de Grupos de Trabajo que reúnen, para cada una de las principales actividades productivas de la región, a los representantes de agremiaciones de productores, entidades de asistencia técnica y crediticia, comercialización e industrialización. Instituto Plan Agropecuario: está conformado por Cooperativas Agrarias

Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Instituto Nacional de Carnes: promociona el comercio de carnes tanto a nivel

externo como de mercado interno. Mantiene una presencia permanente en ferias internacionales y exposiciones comerciales como forma de potenciar las ventas de nuestros productos.

• Organizaciones de Productores Gremiales y/o Técnicas

Asociación Rural del Uruguay: La Asociación Rural del Uruguay, fundada en 1871, es la institución más antigua del país en materia agropecuaria: es privada, sin fines de lucro, de carácter nacional, integrada por productores, que ha tenido y tiene por objeto la defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas, la promoción de los trabajadores rurales en todos los planos humanos, éticos, culturales y económicos, la unidad y armonía en el esfuerzo

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de los que se dedican a la explotación agropecuaria, la defensa del interés nacional a través del esfuerzo del medio y del trabajo agropecuario. Federación Uruguaya de Grupos CREA: Organización privada de empresarios

agropecuarios que trabajan en pequeños grupos zonales de 12-15 productores y un técnico asesor con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus empresas y sus capacidades personales. Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL): es una organización privada, de interés

público, sin fines de lucro dirigida y financiada por los productores de ovinos del Uruguay. Su misión es promover el desarrollo de la producción ovina del país. Comisión Nacional de Fomento Rural: fundada en 1.915 en la ciudad de Minas, es

la principal organización representativa de pequeños y medianos productores del medio rural, a través de las organizaciones de base que los nuclean en todo el país. Ejerce, por cometido legal, la fiscalización de las Sociedades de Fomento Rural, de forma de garantizar su buen funcionamiento. Dicho contralor se conjuga con tareas de apoyo, asesoramiento y capacitación para la gestión. A esto debe agregarse que está representada en diversas instancias, tanto a nivel público como privado. Asociación Cultivadores de Arroz: Es una organización de carácter nacional que reúne a los cultivadores de arroz del país con el fin de representar sus intereses, orientarlos y tomar a su cargo la defensa y el fomento del arroz y de sus industrias derivadas. Es importante resaltar que conjuntamente con las actividades anteriores, ha desarrollado un convenio de riesgo de pérdida de granizo de productores de la Asociación. Cooperativas Agrarias Federadas: Constituida en 1984, C.A.F. surgió como una respuesta a la necesidad de las cooperativas agrarias de contar con una expresión gremial que defendiera sus intereses. Actualmente cuenta con 47 entidades miembros (cooperativas de primer y segundo grado y sociedades de fomento rural), las que en su conjunto nuclean a más de 12.000 pequeños productores rurales de los más diversos rubros productivos y de todas las zonas del país. A esto se agrega que participa e integra diferentes instituciones públicas y privadas. Otras: Federación Rural, Central Lanera Uruguaya, Central Cooperativa de Granos, etc..

• Organizaciones agroindustriales: Cámaras de Industrias del Uruguay, SAMAN, CONAPROLE, Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, Gremial de Molinos Arroceros, Otras Asociaciones o Sociedades.

• Empresas de seguros

Como ya se ha venido mencionando a lo largo de este documento, si bien desde la década del noventa en Uruguay operó la desmonopolización del mercado de seguros, el BSE continúa concentrando un segmento muy importante del mercado. Más allá de esto, son numerosas las empresas privadas que operan en el mercado, aunque su inserción en el seguro vinculado al sector es escasa. De todas maneras, las mismas indefectiblemente deberán ser consideradas como actores principales en el proceso de desarrollo del mercado del seguro agropecuario.

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El esquema de promoción y desarrollo de los instrumentos evaluados El desarrollo y posicionamiento en el mercado de los instrumentos de financiamiento y gestión del riesgo que se han venido evaluando necesitan indefectiblemente de la participación mancomunada de todos los actores del sistema productivo participantes o interesados en participar del mismo. Para ello, y sin querer ser taxativos en este sentido, a modo ilustrativo se presenta a continuación un esquema de interrelación entre actores del proceso que se estima sería necesario desarrollar en Uruguay en el corto plazo. Como podrá observarse, en todo momento se ha vinculado el financiamiento con la gestión de riesgo y se ha puesto especial hincapié en la tarea que le cabe al Estado a través del Ministerio de Agricultura en la organización y desarrollo de las políticas dirigidas al sector en este sentido. En el caso del seguro agropecuario esta interacción deberá incorporar en primer término al Banco Central de Uruguay quien tiene a su cargo la Superintendencia de Seguro y Reaseguro y, por otro lado al Ministerio de Economía y Finanzas en su rol de administrador y ejecutor de los recursos públicos. Asimismo, resulta importante la interacción que se desarrolle con las compañías de seguro las cuales si bien no han entrado al mercado de manera generalizada, todo indica que deberían hacerlo en la medida que exista certeza desde el punto de vista empresario respecto de los niveles de riesgo, información actuarial e interés general por el desarrollo del seguro. Paralelamente a ello, las mismas ejercerán una conexión directa con el reaseguro a fin de evaluar su posibilidad de entrada tanto técnica como económicamente. Desde el punto de vista de los instrumentos de financiamiento, será necesario impulsar la sanción de leyes como las de Fideicomiso y Warrants y evaluar las experiencias desarrolladas en otros países respecto de instrumentos alternativos28. Esto requiere iniciar una tarea de desarrollo del mercado de capitales y su incorporación como miembro activo en este proceso. En forma paralela deberán identificarse proyectos y líneas de acción que se estén desarrollando en el país y para lo cual las entidades del sector así como la agroindustria podrán aportar la experiencia “in situ” que muchas veces no está totalmente arraigada en el ámbito estatal. Por otra parte, estas Organizaciones podrán brindar aportes al sistema de información relevante respecto de los indicadores de riesgo del sector por zonas que podrán servir de base para el desarrollo de cálculos actuariales. Finalmente, es prioritario pensar en el diseño de un plan de capacitación tanto para productores, inversores y público en general sobre las posibilidades de utilización de los instrumentos de financiamiento alternativo, dado que muchos de ellos son figuras totalmente nuevas dentro de nuestros países lo que suele generar cierto recelo al momento de evaluar las posibilidades de uso de las misma. 28 Algunos ejemplos se presentan en el Capítulo II del presente documento.

Ministerio de

AgriculturaMinisterio de Economía y

Finanzas

Organismos dependientes

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FUENTE: Elaboración propia.

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

SEGUROS AGROPECUARIOS

Banco Central de Uruguay

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO NO

TRADICIONAL

Sector Asegurador

Reaseguro

Mercado de Capitales

PRODUCTORES AGROPECUARIOS

INVERSORES PRIVADOS E

INSTITUCIONALES

Entidades de representación

gremial y/o técnica

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