fCONOSJ2Q Revista de Ciencias Sociales

FLACSO-Ecuador Publicaci6n cuatrimestral

No 20, septiembre, 2004 ISSN 1390 1249

Los artlculos que se publican en Ia revista son de exclusiva

responsabilidad de sus autones,

no reflejan necesariamente el

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Director de ICONOS Eduardo Kingman

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Indice Coyuntura

6

A las puertas del abismo

Las implicaciones del TLC para Ecu

Hugo Jacome E.

14

Las formas de una guerra am

drogas, democracia y derechos'

Fredy Rivera Velez

Dossier

26

Patrimonio, politicas de la memoria

e lnstltuclonalizacion de la cultura

Eduardo Kingman Graces

35

Los centros historicos en la era digital

Fernando Carrion

45

El Pelourinho de Bahia, cuatro decadas despues

Paulo Ormindo de Azevedo

53

Exclusion constitutiva: las organizaciones pantalla

y 10 anti-social en la renovaclon urbana de Guayaquil

Chris Garces

64 Burocracia: museos, politicas culturales

y flexibilizacion laboral en Guayaquil

Xavier Andrade

73

Museos y patrimonio:

fracturando la estabilidad y la c1ausura

Mireya Salgado

Debate

84

Dolarizaci6n y desdolarizaci6n: mas elementospara el debate Comentarios al dossier de konos 19

Rafael Correa

90

Iconofilia y practlcas artisticas Apuntes sobre la Bienal de Cuenca

Ana Rodriguez

Dialogo

98 Marxismo, ensayo y ciencias sociales Dialogo con Alejandro Moreano

Eduardo Kingman y Felipe Burbano

Temas

110

Musas, ondinas y misses: estereotipos e imageries de las mujeres quitefias en los aries treinta del siglo XX

Ana Morro Goetschel

114

Historias de misses, historias de naciones Andrea Pequeno

118

Econometria, teoria politica y econ6mica: el Nobel de Econorma 2003

Salvador Marconi

Frontera

Feminismo, fundamentalismo lslamico y la politica de la contrainsurgencia Saba Mahmood y Charles Hirschkind 128

Deficit dernocraticos y globalizaci6n -Manuel Gued6n 136

Resefias

144

amorfa:Fredy Rivera Vélez2

El combate al narcotráfico y el incremento delos problemas de seguridad nacional asocia-dos al manejo de la frontera norte del Ecua-dor se han constituido en uno de los princi-pales dolores de cabeza con los que han teni-do que bregar autoridades y sociedad en estosúltimos años. Sumemos a esta situación el in-volucramiento indirecto del país en el PlanColombia y las características de la fluctuan-te relación bilateral con Estado Unidos y ob-tendremos un panorama bastante denso y deresultados impredecibles para la poblaciónecuatoriana.

Si inicialmente el problema del narcotráfi-co estaba referido sólo a las acciones policia-les y judiciales enmarcadas en la IniciativaAndina, hoy este asunto ha cobrado una ma-yor significación por la complejidad de su tra-tamiento y por la cantidad de instituciones ypercepciones que se tienen sobre su presencia.En efecto, a raíz de la participación de Ecua-dor en el Plan Colombia, la política exteriorde nuestro país ha tenido que asumir (de for-ma reactiva) una serie de retos y contingen-

cias planteadas por los intereses de seguridadnacional de los Estados Unidos en la región.

Para el caso ecuatoriano, el tratamientodel problema del narcotráfico está relaciona-do con varios factores:

• la presencia de redes de comercio clandes-tino de precursores químicos, armas, mu-niciones y explosivos destinados a los dis-tintos actores armados en Colombia;

• las actividades de lavado de dinero que nohan podido ser cuantificadas con certeza,especialmente al tener una economía dola-rizada y un sistema financiero con pococontrol estatal (marcado por actos de co-rrupción, informalidad e impunidad);

• las modificaciones y vacíos interpretativosen el sistema de administración de justiciarespecto al narcotráfico, lo que ha promo-vido tensiones y distorsiones en el campolegislativo;

• el fortalecimiento de algunas agencias po-liciales como el GIR, el GEMA y sus ca-pacidades de interdicción en distintasáreas de la sociedad, notándose una ten-dencia a la militarización de estos organis-mos policiales;

• la intervención de las FFAA en este pro-blema en los últimos años, aspecto que ha-ce poco era asumido como colateral, y quehoy se extiende hacia aspectos que sobre-pasan el asunto del narcotráfico (las conse-cuencias para Ecuador de la violencia enColombia, la acción de grupos guerrille-ros, delincuenciales y paramilitares en te-rritorio nacional);

ICONOS 14

Las formas de una guerra drogas,democracia y derechos humanos en Ecuador1

Rivera, Fredy, 2004, “Las formas de una guerra amorfa:drogas, democracia y derechos humanos en Ecuador”,en ICONOS No.20, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 14-24.

1 Partes de este trabajo fueron presentados en el Semi-nario “Investigación y educación en estudios de defen-sa y seguridad”, REDES, Santiago de Chile, octubre2003.

2 Profesor-investigador de Flacso Ecuador. Editor de laRevista Ecuador Debate del Centro Andino de AcciónPopular (CAAP).

• los retos a la plena exigibilidad e imple-mentación del sistema de DDHH en lasregiones fronterizas que están afectadaspor el Plan Colombia;

• la participación indirecta del Ecuador en elPlan Colombia y las acciones políticas de-satadas a raíz del convenio para la utiliza-ción de la base aérea de Manta -FOL en lainterpretación estadounidense3- por partede su personal militar y de inteligencia;

• la escasa rendición de cuentas y transpa-rencia de gestión con la que operan variasinstituciones ecuatorianas relacionadascon narcotráfico y seguridad, asunto quevulnera las reglas de gestión democrática yafecta a los distintos sectores sociales;

• los resultados infructuosos para frenar lacorrupción en diferentes estamentos esta-tales y privados que de alguna manera serelacionan con el narcotráfico, especial-mente el sector judicial y el desempeño delas fuerzas del orden.

En estos campos conflictivos se están proce-sando actualmente las dimensiones e inter-pretaciones sobre la seguridad, el manejo delos derechos humanos y la manera cómo segestiona los valores democráticos y las institu-ciones en Ecuador.

Ecuador como punto de atención:discursos y planes

La “guerra contra las drogas” aparece en uncontexto de relaciones internacionales asi-métricas entre los Estados Unidos y AméricaLatina. Para el caso de Ecuador, esto signifi-có que sus políticas antinarcóticos tomen

forma y adquieran sentido en el marco de lainterpretación norteamericana del problemade la droga.

Ya en 1982 el ex presidente Ronald Rea-gan declaró la guerra contra las drogas paradar una respuesta a la creciente epidemia deadicción en su país y para cumplir con un ob-jetivo de “seguridad nacional” que venía sien-do discutido años atrás (Bagley 1991). De he-cho, el proceso de incubación de la estrategiade Estados Unidos para luchar contra las dro-gas demoró más o menos 16 años en adquirirel perfil que muestra actualmente. En 1989 elex presidente Bush -padre- lanza la “Iniciati-va Andina” que, en principio, estaba com-puesta de un plan de cinco años y un montode US$ 200 millones para desmantelar las or-ganizaciones narcotraficantes, aislar las prin-cipales regiones donde se cultivaba coca, des-truir los laboratorios de procesamiento dedrogas y bloquear la entrega de insumos quí-micos para su producción a través de asisten-cia tecnológica y ayuda económica a Bolivia,Perú y Colombia (Youngers 1998). No obs-tante, la “Iniciativa Andina” no se agota en sumanifestación inicial porque hasta ahora si-gue siendo el referente más importante de laspolíticas antinarcóticos norteamericanas fren-te a la región. Adicionalmente a su vigencia,el mismo año de su lanzamiento se promulga

ICONOS 15

3 Según Isaacson (2002), FOL (Forward Operating Lo-cation) es una base o aeropuerto que hace parte de unacuerdo por el cual se permite su uso a los aviones es-tadounidenses que se encuentran en misiones de de-tección y monitoreo antinarcóticos. Estas instalacio-nes son operadas por los países receptores, en este ca-so Ecuador, y albergan a miembros de las fuerzas mi-litares de Estados Unidos, la DEA, guardacostas ypersonal de aduanas para apoyar y coordinar las co-municaciones e inteligencia de estos vuelos. G

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el Acta de Autorización de Defensa Nacional-NDAA- en donde se designa al Departa-mento de Defensa como la “agencia princi-pal” encargada de la detección y monitoreode cargamentos de drogas ilícitas hacia Esta-dos Unidos, configurando así el comienzo dela militarización de la guerra antinarcóticos.

Esta visión delfenómeno del nar-cotráfico condujoinevitablemente agestar una políticaexterior unilateralpor parte de Esta-dos Unidos queprivilegia la inter-dicción con accio-nes destinadas acombatir la ofertade los países pro-ductores, descono-ciendo de esta ma-nera el carácter in-terdependiente ,multicausal y plu-ral del narcotráfi-co4. Este tipo de ra-cionalidad políticamaneja el tema delnarcotráfico dentrode una agenda depolítica exterior

más amplia, como se puede observar en el tra-tamiento que se ha hecho del asunto en elmarco de las Cumbres Presidenciales desdeMiami hasta Québec; en ellas, Washingtonha propuesto reiterativamente tres ejes funda-mentales en torno a los cuales giran sus polí-ticas hacia el subcontinente: democracia, li-beralización e integración, donde el narcotrá-fico está cobijado bajo el término democracia(Bonilla 2000).

Bajo esas condiciones y escenarios, que in-cluyen procesos de “certificación”, tratamien-

tos unilaterales del sistema de preferenciasarancelarias y potenciales sanciones económi-cas de los Estados Unidos, el gobierno ecuato-riano ha manejado su agenda en términosesencialmente reactivos respecto a los interesesestadounidenses. Es por eso que una vez re-suelto el problema fronterizo con el Perú, laagenda exterior ecuatoriana ha acogido los as-pectos del narcotráfico y democracia comocondicionamientos antes que como interesesprioritarios. Este factor ocasionó que Ecuadorsometa su relación comercial a una contrapres-tación directa y física para las estrategias nor-teamericanas de combate al narcotráfico y alterrorismo (Barreiro 2002). En esos contextos,la ejecución del Plan Colombia desde 1998 haprefigurado nuevos escenarios de política in-ternacional para el país al punto de que cadavez más se encuentre articulado al eje políticoconformado por Washington y Bogotá.

Dimensiones económicas y políticas del narcotráfico

Ecuador no es un país con cultivos de hoja decoca. Tampoco es productor de cocaína uotras drogas ilegales para la exportación. En-tre otras razones, no se cultiva coca porque lossembríos para uso ritual y tradicional fueronerradicados en el siglo XVI durante la RealAudiencia de Quito por cuestiones estructu-rales de la economía colonial. En cambio, lacoca se institucionalizó en el mercado de Pe-rú y Bolivia debido a las necesidades de repro-ducción de la mano de obra indígena en laminería (Bonilla 1991, 1993). En este senti-do, en Ecuador no existen sectores socialesque posean una tradición cultural cocalera yun conocimiento agronómico ancestral paradesarrollar una producción sostenida de lahoja (Rivera 1991). Adicionalmente, el pro-ceso de colonización de la Amazonía ecuato-riana corrió paralelo a la extracción petroleraen los años setenta, lo que significó que lastierras óptimas para el cultivo de hoja de co-ca se poblaran en condiciones de reproduc-ción material determinadas por esta industria

ICONOS 16

A raíz de su participación en el Plan Colombia, Ecuador

ha tenido que asumir unaserie de retos y contingenciasplanteadas por los intereses de seguridad nacional de losEstados Unidos en la región:

es una acción reactiva con resul-tados no deseados para

la democracia, la sociedad y sus instituciones.

4 Para un análisis de las políticas estadounidenses y lasrelaciones entre Washington y América Latina en losochenta ver Insulza (1991), Vargas (1990).

coyuntura

(considerada como recurso estratégico delEstado y protegida por lógicas de seguridadmilitar). Por otro lado, el conflicto territo-rial de Ecuador con Perú hizo que la Amazo-nía cuente con alta presencia militar, impi-diendo que estas zonas brinden las condicio-nes de clandestinidad que la producción decoca requiere. La sumatoria de estos factoresha impedido que se produzca hasta la actua-lidad el “efecto globo” derivado de la erradi-cación de cultivos en Perú, Colombia y Bo-livia y de su consiguiente extensión de culti-vos hacia Ecuador.

Tomando en consideración esos elemen-tos y a pesar de que el país no tiene relevanciacomo productor en el fenómeno del narcotrá-fico, Ecuador sí constituye un punto de cone-xión e importancia relativa para el tráfico decocaína hacia mercados internacionales a tra-vés de la carretera panamericana y los puertosmarítimos de Manta, Guayaquil y Puerto Bo-lívar. Los aeropuertos internacionales son uti-lizados en menor grado por traficantes de pe-queña escala debido al incremento de contro-les existentes.

El norte del territorio ecuatoriano tam-bién es utilizado para el comercio clandestinoy el abastecimiento de precursores químicosdestinados a la industria del narcotráfico (lo-calizada en el sur de Colombia). La actividadilícita se la realiza principalmente por tres zo-nas críticas: a) la frontera norte amazónicaque tiene numerosos pasos no controlados, b)Carchi que tiene varios puntos de abasteci-miento clandestino y c) la zona meridional dela Provincia de Esmeraldas que posee distin-tos vínculos fluviales y marítimos con el suroccidente colombiano.

En lo referente al lavado de dinero, la do-larización decretada en 2000 configuró unnuevo escenario de relaciones económicas,comerciales y financieras para el Ecuador tan-to en el ámbito nacional como en el interna-cional. Esta decisión gubernamental fue uni-lateralmente aplicada en un contexto de crisiseconómica, social, financiera y política; y fuepolémica debido a las tensiones sociales queexistían en el momento, a los desequilibrios

económicos y sociales provocados por la agu-da crisis bancaria asociados a la ausencia efec-tiva de control sobre el sistema financiero na-cional y a las presiones de los grupos de podereconómicos y políticos (Falconí y Jácome2002).

En esos contextos se podría pensar que es-cenarios económicos basados en la dolariza-ción hubiesen sido propicios para el incre-mento de las actividades de lavado de dinero,pero hasta la actualidad no existen trabajosespecializados sobre el tema y más bien elasunto ha sido tratado en artículos periodísti-cos que no han arribado a investigaciones conresultados concretos5. Además, existe en elpaís una legislación bancaria que se basa en laconfidencialidad de la información y el sigilo,lo que limita la capacidad de investigación so-bre los movimientos financieros porque la ex-ploración de cuentas bancarias debe efectuar-se recurriendo a instancias judiciales extrema-damente complicadas que han dado pocasmuestras de efectividad y tener poca credibi-lidad por la presencia de actos de corrupción.Sin embargo, parecen existir “circuitos infor-males” de lavado de dólares que no utilizanlas institucionales financieras formales, locual complica mucho más el análisis objetivodel problema.

También se debe considerar la contradic-ción existente, aunque no reconocida oficial-mente, entre la necesidad de obtener dólarespara alimentar la circulación de la masa mo-netaria del sistema financiero nacional6 y lasregulaciones poco cumplidas en materia decontrol de divisas en las cuentas bancarias depersonas e instituciones. De hecho, en el “In-forme de Evaluación del sistema de Ecuadorcontra el blanqueo” elaborado por el Grupode Acción Financiera de América del Sur -

ICONOS 17

5 Ver El Comercio, 18 de septiembre de 2002, secciónA-8: “5000 cuentas son sospechosas de lavado de di-nero en el país”.

6 Con la dolarización se pierde la autonomía de impre-sión de moneda, dependiendo así del flujo de dólaresprovenientes del comercio, exportación petrolera ypréstamos internacionales que alimentan al sistemafinanciero y economía general.

GAFISUD- se sostiene que el país presenta li-mitaciones jurídicas, falta de capacitación delpersonal que controla el lavado de dinero yfalta de control del dinero físico que entra enterritorio ecuatoriano; asimismo, el informedestaca que existe una pugna entre el CON-SEP y la Superintendencia de Bancos por lavigilancia de esas actividades7.

Por otro lado, desde que se pusieron enmarcha las tareas de fumigación previstas enel Plan Colombia en el departamento de Pu-tumayo y se intensificó el conflicto colombia-no por esta misma causa, un fenómeno nue-vo apareció en la frontera norte ecuatoriana.Este problema se relaciona con el “desem-pleo” ocasionado por la desestructuración desistemas de movilidad laboral y comercialfronteriza que incluían ciclos de migracionesal lado colombiano para trabajar en planta-ciones de coca y en pequeños laboratoriosclandestinos.

Esta vinculación de colonos y campesinosecuatorianos al circuito industrial del narco-tráfico es conocida por la mayoría de habitan-tes del nororiente de la Amazonía. Dicho fe-nómeno se debe principalmente a que mu-chos colonos y campesinos ven que el trabajoen sus fincas no resulta rentable y la zona ca-rece de redes de comercialización para susproductos, así como del apoyo técnico y cre-diticio por parte del Estado. Adicionalmente,la presencia del Estado ecuatoriano en las zo-nas de frontera es débil en términos institu-cionales.

Frontera norte, Base de Manta y tensiones sociales

Ligada al Plan Colombia, la utilización de laBase aérea de Manta es una arista que marcasignificativamente la participación del Ecua-dor en la lucha antinarcóticos. Esto se hacepatente cuantitativamente en el incrementode la asistencia que Estados Unidos ha cana-lizado hacia el país en los últimos años. Losdatos indican que los recursos asignados porel INL a Ecuador en el 2000 suman un totalde US$ 12 millones, US$ 22 millones en2001, US$ 25 millones en 2002 y US$ 37millones en año 2003.8

En términos generales, estas cifras son unindicador, por lo menos desde la visión y elbolsillo de Washington, de un mayor involu-cramiento cooperativo del Ecuador en la“guerra contra las drogas”. En este sentido, sibien no hay tropas estadounidenses con auto-rización para acciones armadas y combate, lainformación, inteligencia aérea y respaldo lo-gístico que la Base de Manta presta a las agen-cias antinarcóticos, asigna al Ecuador una res-ponsabilidad sobre las tareas desplegadas des-de este centro de operaciones.

ICONOS 18

coyuntura

7 Ver El Comercio, 14 de julio de 2003, sección A:“Nuevo revés para el Ecuador en el control del lavadode activos”.

8 Bureau for International Narcotics and Law Enforce-ment Affairs, FY 2003 Budget Justification.

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Los temores suscitados por la ejecucióndel Plan Colombia y el Acuerdo de la Base deManta hicieron que muchas organizacionesde la sociedad civil se pronuncien en contrade la participación activa del Ecuador en ope-raciones militares; sin embargo, nunca secuestionó sí realmente la droga es un proble-ma real para el Estado y la sociedad ecuatoria-na, por el contrario, se asume espontánea-mente como una amenaza a la seguridad y ala moral colectivas. En consecuencia, las posi-ciones “críticas” se inscriben en discursos quecuestionan los procedimientos utilizados paracombatir el narcotráfico o en retóricas pater-nalistas que justifica la participación de lagente “pobre” en el proceso de producción dela droga por las condiciones de relegacióneconómica y social de las zonas fronterizas.

En este sentido, los cuerpos sociales, las or-ganizaciones de derechos humanos y movi-mientos ecologistas se oponen a cualquier tipode involucramiento del Ecuador en accionesderivadas del Plan Colombia por los efectos ne-gativos que esto produciría en el país. Las inter-venciones de estos actores se orientan, depen-diendo de la naturaleza de la organización, ha-cia tres temas específicos. El primero se refiere alas repercusiones que el Plan Colombia generaen términos de seguridad ciudadana; el segun-do se enmarca en acciones destinadas a denun-ciar violaciones de derechos humanos por par-te de agencias policiales y militares ecuatoria-nas, y el tercero se concentra en los efectos no-civos que las fumigaciones en el Putumayo pro-ducen en el ecosistema fronterizo del Ecuador.

El problema del refugio

El desplazamiento y refugio de población co-lombiana que escapa de la violencia política ysocial es un indicador muy sugerente y deci-dor de la intensidad que esta tomando el con-flicto en ese país, el cual dejó de ser una cues-tión privativa de Colombia para constituirseen un problema regional complejo.

En los últimos años, mucho se ha especu-lado sobre las cifras de personas refugiadas enterritorio ecuatoriano. Al margen de la des-proporción en los números y el desconoci-miento de las posibilidades estructurales delpaís para recibir inmigrantes, es sintomático ypreocupante que una ponderación alegrepueda servir para diseñar planes de contin-gencia, proyectos de intervención y hasta po-líticas públicas en nuestro territorio.

La vinculación producida entre el conflic-to colombiano y la presencia de refugiados enEcuador es contundente. Según análisis de losdatos del Censo efectuado en 2001, los picosestadísticos más altos de ingreso de colombia-nos al país se registran a partir de 1999, añoen que se inicia la ejecución del Plan Colom-bia, pues de las 51.556 personas declaradas,10.052 lo hicieron en el período 1998-20019.De igual forma, al revisar las estadísticas pro-porcionadas por la Oficina de Refugiados delMinisterio de Relaciones Exteriores, (Vercuadro 1)las solicitudes de refugio se encuen-

ICONOS 19

9 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos -INEC-, VI Censo de población y V de Vivienda, 2001.

Cuadro 1: Solicitudes de refugio

Año Solicitudes Aceptadas Negadas Abandono Archivo Reasentados Repatriados

2000 475 390 60 36

2001 3017 1406 394 999 87

2002 6766 1578 1199 1586 4 7

2003 11463 3270 4392 3606 94 4

2004 1085* 293 785 38 1810 0 0

2000-2004 22806 6937 6830 6229 1810 98 134

% 30,4 29,9 27,3 7,9 0,4 0,6Fuente: Ministerio de RREE, 2004. * Hasta marzo 2004

tran asociadas a la misma dinámica y tempo-ralidad de los recientes procesos armados ypolíticos colombianos: ejecución del PlanColombia y finalización de las conversacionesde paz en febrero del 2002.

Tal incremento de solicitudes de refugiono puede ser disociado de problemas conexosa la presencia de población colombiana. EnEcuador, la tradicional convivencia fronterizacon personas de origen colombiano no se ha-bía constituido en factor de tensión y conflic-to, pero recientemente es frecuente observarpercepciones ancladas en la xenofobia, el ra-cismo y la exclusión. De hecho, recientes in-vestigaciones (Flacso 2003) demuestran quela actual ola de inmigrantes colombianos estáasociada a figuras discriminadoras:

“las mujeres colombianas se dedican a laprostitución...ellos (los colombianos) nosquitan las fuentes de trabajo... la presenciacolombiana sólo trae violencia y delincuen-cia... deberían ponerlos en un campo de vigi-lancia... se deben cerrar las fronteras y pedir-les visa de ingreso..., etc.”

Este tipo de percepciones y criterios rebasan alas personas comunes y se vuelve más gravecuando los representantes institucionales delas cámaras de la producción, de la policía, or-ganismos de control migratorio y gobiernoslocales lo plantean como un asunto normal ynatural, en clara violación a los derechos hu-manos de la población inmigrante y refugiada;hecho que además vulnera los tratados inter-nacionales que el Ecuador ha firmado y ratifi-cado en el ámbito del derecho internacional.

En términos generales, los problemas másurgentes que enfrentan los inmigrantes co-lombianos en Ecuador se derivan de la fragi-lidad de la economía local, las reducidasoportunidades que brinda un esquema mo-netario dolarizado (que genera precios in-compatibles con el poder adquisitivo de lapoblación) y un mercado laboral práctica-mente en crisis desde la perspectiva del em-pleo. En este contexto, la pobreza, medidapor NBIs es del 49.5% para la población co-lombiana que habita en el país, y en las zonas

de frontera este porcentaje fluctúa entre el60% y el 92%, lo que muestra que la situa-ción se vuelve más difícil para las personasque han llegado al Ecuador en busca de pro-tección y refugio (Flacso 2003).

Seguridad, democracia y derechos humamos

Se propone la noción de “segurización” pararevelar un proceso en donde las fronteras se-mánticas del concepto de seguridad se tor-nan ambiguas y su intención primera, la pro-tección del individuo y la trama social, es co-lonizada y atrapada por las lógicas de la de-fensa militar y el control policial. En estostérminos, la segurización denota una situa-ción en la cual, a pretexto de la seguridad, sejustifica una serie de prácticas que erosionanla democracia, sus valores y la propia condi-ción de protección que le otorga su sentido.En ese sentido, la participación de las Fuer-zas Armadas, desde la perspectiva de la segu-ridad nacional para enfrentar el narcotráficoy la canalización de una gran cantidad de re-cursos económicos y tecnológicos hacia laPolicía Nacional en el contexto del Plan Co-lombia, ha producido un proceso de seguri-zación de las relaciones humanas en la fron-tera norte de Ecuador.

Recientemente, las FFAA elaboraron el“Libro Blanco” de la Defensa Nacional paraacoplarse a las condiciones imperantes, perono se debe olvidar que lo viejo pervive en lonuevo y los procesos de cambio no se realizanexclusivamente en los dominios de la volun-tad. Por consiguiente, la nueva Política deDefensa sigue preñada de contenidos impor-tados de las interpretaciones tradicionales so-bre seguridad. Claros ejemplos de esto son lasdefiniciones de seguridad y defensa utilizadas,así como las falsas diferencias conceptualesque se establecen entre narcotráfico, crimenorganizado y terrorismo en el discurso de lasFFAA ecuatorianas. No hace falta un análisismuy exhaustivo para identificar que su ante-cedente inmediato es la teoría de la narcogue-

ICONOS 20

coyuntura

rrilla, un enfoque popularizado a principiosde los ochenta en Estados Unidos, replicadoen los noventa por las agencias antinarcóticosestadounidenses y encapsulado en la retóricaantiterrorista a partir del 11 de Septiembre(en “La estrategia de seguridad nacional delos Estados Unidos de América”.10

Existe un problema adicional referido alcampo de la administración de justicia y lasentidades relacionadas con el fenómeno, yaque el embrollo institucional es tan grandeque la solución se traduce en más seguriza-ción y desconfianza sobre la actuación de lasinstituciones y los valores democráticos. Eneste contexto surge la interrogante de si el sis-tema democrático en Ecuador y la clase polí-tica en particular poseen la capacidad para es-tablecer mecanismos adecuados de gestión,rendición de cuentas y transparencia sobresus entidades, mucho más sobre las que tie-nen la responsabilidad constitucional de ge-nerar y promover el orden y la paz pública.

Es curioso, pero el argumento más comúnentre la clase política sobre la rendición decuentas relacionadas con el combate al narco-tráfico está referido a los informes financieros.No se habla en ningún momento de rendiciónde cuentas políticas, sus implicaciones para lapoblación, o menos aún, de veedurías u obser-vatorios del fenómeno del narcotráfico.

En este escenario vuelve a aparecer la figu-ra de la segurización, ya que muchas agenciasde interdicción, represión y monitoreo, ampa-radas en una interpretación equívoca de la se-guridad nacional, tienen procedimientos espe-ciales de fiscalización y control, por lo que enmuchos casos las investigaciones son secretas,opacando de esta manera los canales de comu-nicación y rendición de cuentas que debe exis-tir entre el poder político y la ciudadanía.

Además de estas restricciones y fragilida-des, las instituciones democráticas ecuatoria-nas son afectadas por acciones políticas exter-nas a sus procesos. La guerra contra el narco-tráfico es un buen ejemplo de esto. Revisan-

do la legislación antinarcóticos ecuatoriana yla estructura institucional en este campo, senotó que la figura de la rendición de cuentases ambigua o inexistente11. De ahí que los me-canismos de control intragubernamentalessean difusos y las instancias de representaciónpolítica que deberían fiscalizar estas institu-ciones, como elCongreso Nacio-nal, desconozcanen buena medida eltrabajo de las agen-cias antinarcóticosque operan en elpaís. El caso másevidente está rela-cionado con lasfunciones delCONSEP, ya queal ser la entidadresponsable delcombate a la drogaen Ecuador, suobligación de ren-dir cuentas se cana-liza a su presupues-to; sin embargo,¿qué pasa con lospaquetes de ayudaexterna militar, nomilitar y de desa-rrollo asignadospor el INL al Ecuador? De hecho, el CON-SEP sólo está considerado en la asistencianorteamericana en la categoría de política an-tinarcóticos del Departamento de Estado, en-tones, ¿qué pasa con la fiscalización del restode recursos económicos y técnicos que reci-ben las agencias antinarcóticos ecuatorianas,sobre todo las de seguridad?

Estas pocas preguntas son la confirmaciónde la debilidad institucional que el país pre-senta en el control de las políticas externas enmateria de seguridad relacionadas con el

ICONOS 21

Los efectos más perversos de la lucha antinarcóticos y del Plan Colombia se expresanen los cambios en la estructurade relaciones del tejido social en Ecuador, puesto que los"daños colaterales" se manifiestan después, cuando no hay nada que hacer frentea los efectos del proceso

de segurización.

10 Ver Ministerio de Defensa Nacional (2002), US De-partment of State (2002), Youngers (2002).

11 Ver CONSEP, “Estrategia Nacional Contra las Dro-gas”, en www.consep.gov.ec, y la Evaluación del Pro-greso del Control de Drogas del CICAD.

combate al narcotráfico. Es por ello que lacontinuidad de este tipo de situaciones vulne-ran no sólo el reconocimiento y legitimidadde las instituciones encargadas de las accionessobre este problema, sino que vuelven inope-rantes al conjunto de valores que se suponeconstituyen el “deber ser” de todo régimendemocrático.

Conclusiones

En los últimos años Ecuador ha incrementa-do su participación en la estrategia de seguri-dad regional impulsada por los EEUU. Lapresencia de elementos estadounidenses en laBase Militar de Manta, las reorientaciones enla operatividad de esta Base (para reforzar lasacciones policiales y castrenses en la fronteranorte), la dotación de equipo técnico y recur-sos financieros a ciertas dependencias de laPolicía Nacional (con una lógica anclada en la

represión e interdicción que prácticamentemilitariza a segmentos de esta entidad), lasmedidas de control efectuadas sobre la pobla-ción que han repercutido en la esfera econó-mica y política, los efectos ecológicos y de sa-lubridad originados por las fumigaciones,destinadas a reducir los cultivos de hoja decoca en territorio colombiano, y las repercu-siones que tiene el proceso de segurización so-bre el sistema de derechos humanos, consti-tuyen una parte importante de las implicacio-nes que ha debido afrontar el país por su in-volucramiento en el Plan Colombia.

Este involucramiento deber ser visto en uncontexto marcado por la debilidad y fragili-dad del Estado y de varias de las institucionesrelacionadas con el combate al narcotráfico.Hasta la actualidad, no se han diseñado unconjunto de medidas y procedimientos esta-tales que sean capaces de coordinar las distin-tas actividades que ejecutan las agencias de se-guridad ecuatorianas. El tema del narcotráfi-co, vinculado a la interpretación que se reali-za de la seguridad nacional, está promovien-do una serie de déficits democráticos e ingo-bernabilidad, expresados en la falta de controlde las entidades gubernamentales y la escasarendición de cuentas que debe hacerse ante laciudadanía.

Por su parte, la sociedad civil tampoco hapromovido la creación de espacios de exigibi-lidad más allá de la creación de observatoriosde vulnerabilidad de derechos humanos enzonas de frontera que, si bien son necesarios,no se canalizan -por ejemplo- hacia la fiscali-zación de los recursos enviados desde lasagencias antinarcóticos estadounidenses aEcuador. El campo de la lucha antinarcóticosen el país, al estar segurizado y restringido entérminos de uso de la información, limita lasdinámicas participativas de las organizacionesciviles en torno al monitoreo y evaluación dela lucha contra las drogas.

En referencia a los espacios de representa-ción política de la democracia ecuatoriana,tampoco se han construido dispositivos espe-cíficos de fiscalización del desempeño institu-cional de las agencias de seguridad del país en

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materia de narcotráfico. El Congreso Nacio-nal no ve por el momento este problema co-mo un tema de debate político y las pocasdiscusiones al respecto han estado relaciona-das con escándalos de corrupción de funcio-narios estatales de alto rango. Esta situaciónse produce porque todavía no existe en el se-no del Congreso un bloque de oposición po-lítica que tenga el objetivo de fiscalizar a la di-versidad de entidades encargadas de los asun-tos de seguridad nacional.

En el plano militar y policial existen inter-pretaciones diferentes sobre algunos compo-nentes del combate al narcotráfico. De partede las FFAA, y a pesar de las declaraciones delpoder ejecutivo, se cuestiona mucho las pre-siones estadounidenses para establecer unapolítica de interdicción que se contraponga alos principios de soberanía nacional a más delreiterado pedido por acceder a recursos quefacilitarían sus tareas de seguridad. Este últi-mo aspecto ha originado recelos interinstitu-cionales, ya que la Policía está recibiendo unmayor apoyo técnico y financiero para reali-zar labores bajo lógicas tendentes a su fortale-cimiento y militarización; de ahí que los esce-narios abiertos por la estrategia de seguridadregional y el Plan Colombia genere una suer-te de competencia de las entidades para obte-ner recursos externos rápidos.

Otra de las principales esferas públicasafectadas institucionalmente es la jurídica. Laactivación de ciertos mecanismos de interdic-ción genera efectos contraproducentes en lasdistintas instancias que componen la admi-nistración de justicia, especialmente en el in-cremento de personas detenidas sin sentenciaque permanecen en los centros de reclusión.Por otro lado, existe una gran disparidad en-tre el número de capturas e investigacionesrealizadas por la policía y la cantidad de ins-trucciones fiscales, llamamientos a juicio ysentencias, lo que evidencia la fragilidad insti-tucional de las entidades encargadas del con-trol del problema del narcotráfico. Adicional-mente, la falta de transparencia, la existenciade corrupción en el sistema judicial y policialy lo intrincado de los procedimientos de las

entidades encargadas del control del fenóme-no del narcotráfico, constituyen factores quecontribuyen a crear una imagen de ilegitimi-dad e impunidad que vulnera el sistema dederechos humanos de la población ecuatoria-na. En consecuencia, los efectos más perver-sos de la lucha antinarcóticos y el Plan Co-lombia no se expresan exclusivamente en losregistros cuantitativos de los instrumentos deanálisis social, sino en las modificaciones queestas estrategias producen en la estructura derelaciones del tejido social en Ecuador, puestoque los “daños colaterales” se manifiestan des-pués, cuando no hay nada que hacer frente alos efectos del proceso de segurización.

En el plano internacional, la políticaecuatoriana sobre el narcotráfico está per-meada actualmente por dos componentesespecíficos provenientes de lo que ahora sedenomina el eje Washington-Bogotá. El pri-mero se refiere a la presión existente para au-mentar los niveles de interdicción marítimay lograr la aplicación extra territorial de lalegislación estadounidense. El segundo estáasociado al incremento de la participaciónecuatoriana en el discurso antiterrorista diri-gido hacia los grupos armados colombianos.Así, la consolidación de cualquier sistema deseguridad interestatal entre Estados Unidosy Ecuador necesariamente estará atravesadapor la dinámica que adquiera el conflicto co-lombiano.

Finalmente, teniendo en cuenta todas es-tas problemáticas, uno de los retos del ac-tual presidente es lograr el cumplimento delos ofrecimientos de campaña electoral queestuvo basada en un discurso que prometíano alinearse con la estrategia de seguridadestadounidense, elevar los niveles de seguri-dad ciudadana amparada en el respeto a losderechos humanos, promover la transparen-cia de la gestión pública, profundizar elcombate a la corrupción y establecer una re-distribución equitativa de la riqueza. Todosestos ofrecimientos, por el momento, estánpuestos en duda por lo contradictorio de lasacciones presidenciales y sus instancias gu-bernamentales.

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