evaluaciÓn externa del programa de promociÓn y procuraciÓn de … · 2014-12-15 · evaluaciÓn...

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA

EVALUACIÓN EXTERNA

DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PROCURACIÓN DE

JUSTICIA DEL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA

INFORME FINAL

RESPONSABLES:

MTRO. HILARIO TOPETE LARA

MTRO. LEIF KORSBAEK FREDERIKSEN

MTRO JOSÉ LUIS CASTREJÓN

LIC. MARCELA BARRIOS LUNA

COLABORACIÓN:

IRENE MANUELA ORTIZ DÍAZ

México, 14 de Marzo de 2003


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Í N D I C E TEMARIO PÁGINA PRESENTACIÓN 3 5 1 EL CONTEXTO 2 LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL INI

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17 3 METODOLOGÍA 4 LOS PROYECTOS 23 4.1 LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 23 4.1.1 PROYECTO DE ATENCIÓN LEGAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA

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4.1.2 PROYECTO DE EXCARCELACIÓN DE PRESOS INDÍGENAS

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4.1.3 PROGRAMA DE APOYO AL REGISTRO CIVIL 55 4.2 SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS 81 4.2.1 PROYECTO DE ASUNTOS AGRARIOS 81 4.2.2 PROYECTO DE FORMACIÓN JURÍDICA 98 4.3 SUBDIRECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 115 4.3.1 PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 115 4.3.2 PROYECTO DE CONCERTACIÓN DE CONVENIOS 132 5 EL PROGRAMA 149 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 158 7 ESCENARIO PROSPECTIVO 166


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PRESENTACIÓN

El presente documento, contiene el informe final de la Evaluación Externa de la Dirección de Promoción y Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista realizado por un equipo responsable de investigadores-docentes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por adjudicación directa. Este informe es el corolario de una serie de documentos previamente entregados a la Jefatura del Departamento de Evaluación de la DPPJ-INI. Entre dichos documentos se cuentan: la evaluación parcial de 2002, la evaluación de 2001, una propuesta metodológica para la evaluación final, un resumen ejecutivo de la evaluación del 2002, una evaluación preliminar del 2002 y la bitácora de trabajo del 2002.

En 2001 la evaluación fue responsabilidad de un equipo de la UAM Azcapotzalco, y el talón de Aquiles de la misma fue el trabajo de campo. En el presente evaluación de 2002 el punto menos fuertel es también el trabajo de campo, por una serie de complicaciones derivadas de la relación que guarda la ENAH con el INAH que se tradujeron en la deficiente y tardía ministración de recursos al equipo de trabajo. La realización del trabajo de campo, cuya responsabilidad se depositó en ocho encuestadores-entrevistadores capacitados para tal efecto, se había programado para el mes de noviembre, pero hubo de realizarse en el mes de febrero en parte con aportaciones financieras de los responsables de la evaluación. Sin embargo, la estancia se aprovechó de manera intensiva para la aplicación de encuestas y la realización de entrevistas que, de manera significativa nos sirven para matizar la estadística y para normar los juicios que aquí se emiten.

Si bien es cierto que el anterior comentario no justifica la calidad, si contiene una serie de factores a considerar porque el tiempo a nuestra disposición para el análisis de la información obstaculizó el retraso de algunos días para la entrega del documento final.

Sería preciso presentar brevemente la lógica del texto que sigue: En la primera parte del informe se describe brevemente el contexto en el

cual se desarrollan las actividades de la Dirección de Promoción y Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista. Esta información se presenta principalmente con el fin de contextualizar esas actividades, y se puede dividir en dos partes: el contexto externo, que es el universo indígena, destinatario y beneficiario colectivo de los servicios que ofrece la Dirección, y el contexto interno, que es la organización de la misma Dirección y el proceso de trabajo que allí se desarrolla. Aquí se puede presentar ya la primera evaluación parcial: una evaluación crítica de la relación entre los servicios ofrecidos por la Dirección y las


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microregiones de alta prioridad. Más precisamente se pueden contestar las dos preguntas: ¿Los beneficiarios del programa corresponden a la población indígena con reclamaciones sobre el reconocimiento de sus derechos específicos en relación con los casos atendidos? y ¿Están en las microregiones de alta prioridad? (Términos de Referencia, Punto 6.1 Contexto, p. 10).

La segunda parte es un correlato sucinto acerca del contexto que ha puesto su impronta a la Dirección de Promoción y Procuración de justicia. Contiene un flujograma y algunos aspectos jurídico-políticos e históricos tanto nacionales como internacionales que perfilan el sino de la institución.

El tercer apartado lo hemos titulado “Metodología” y contiene los criterios generales que rigen a la presente evaluación, así como algunas fórmulas que sirvieron de base para obtener indicadores e índices de correlación; por su simpleza, se omiten ciertas medidas de tendencia central y concentraciones absolutas y relativas que, aunque se utilizaron, no requerían de mayor comentario.

El cuarto apartado constituye buena parte del núcleo de la evaluación. Intenta abordar los proyectos, uno por uno, sobre la base de criterios homogéneos, de conceptos y variables semejantes. En este apartado, salvo en el caso en que se requiere, no se hacen comentarios acerca de los objetivos de los proyectos, de sus estrategias, de sus tácticas, de sus operadores, etc., toda vez que se hubiera abultado el trabajo con transcripciones innecesarias. Abunda, sí en cuadros estadísticos diseñados de tal manera que los usuarios, en versiones virtuales, puedan reacomodar las columnas con base en los criterios que desee. Contiene brevísimos comentarios sobre aspectos relevantes que de manera inductiva preparan un balance al final de cada proyecto analizado.

Este cuarto apartado es integrador tanto de la estadística descriptiva que formó parte de la evaluación cualitativa, y contiene además, los resultados de las encuestas y de las entrevistas realizadas en campo. Por lo tanto, los cuadros y recuadros elaborados para tales fines, y el texto vertido, tienen una objetiva correspondencia .

El quinto apartado se torna más generalizador. Desde las partes, y de manera inductiva, se procede a analizar la DPPJ en su conjunto, como programa, a partir de materiales estadísticos y de los juicios que a lo largo de la evaluación fueron tomando forma en el equipo evaluador.

El sexto es una síntesis dentro de la que caben algunas deducciones lógicas e inevitables, pero muestran sucintamente todo el trayecto recorrido. Este marco nos permite, a la vez, perfilar lo que llamamos prospectiva del programa.

En espera que la forma de exposición resulte didáctica, depositamos el documento en manos de quienes pueda ser útil.


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1 EL CONTEXTO El contexto dentro del cual se desarrollan las actividades de la Dirección de Procuración de Justicia se puede precisar en diversos niveles. En primer lugar, en el ámbito global de la situación histórica de la República Mexicana y de las obligaciones para con la población indígena contenidas en la política indigenista.

De la población total de Los Estados Unidos Mexicanos (97 487 412 mexicanos), 10 189 514; o sea, el 10.45% son indígenas, de los cuales 5 015 750 son hombres y 5 173 764 mujeres, una población muy desigualmente distribuida, de manera que estados como Yucatán, Chiapas u Oaxaca tienen un alto porcentaje de hablantes de lengua indígena, mientras que otras entidades cuentan con porcentajes más modestos. Sin embargo, la población indígena está tan atomizadamente distribuida sobre la república que solamente en 30 de los 2443 municipios de la misma no se encuentra población indígena alguna.

De la población total de hablantes de una lengua indígena, 7 878 882 (o sea el 77.32% de los indígenas) viven en 21,407 comunidades (con un promedio de 368 habitantes) en las cuales más del 40% de los habitantes son indígenas.

De la población indígena mayor a 12 años (6 981 018 individuos), 2 635 655 (37.75%) son solteros; 3 820 061 (54.72%) viven en unión libre o están casadas, y 506 641 (7.26%) son separadas, viudas o divorciadas; 1 580 322 mujeres indígenas entre 15 y 49 años tienen en promedio 3.9 hijos nacidos vivos (mientras que el correspondiente promedio a nivel nacional es de 3.1).

La población indígena es en su mayoría católica. De 8 904 709 personas mayores de 5 años, 7 194 328, o sea el 80.8%, son católicas (el correspondiente porcentaje a nivel nacional es 88.0%); 891 451, o sea el 10.0%, son protestantes o evangélicos; 235 037 (2.6%) son bíblicas mas no evangélicas, y 28 226 (0.3%) pertenecen a otras religiones; así mismo, 475 915 (5.9%) no tienen religión y 79 752 personas no especifican si tienen religión y cuál es en caso de tenerla.

De la población indígena entre 6 y 14 años (2 492 471 personas), 2 173 562 (87.2%) asisten a la escuela, mientras que 318 909 (12.85%) no asisten (las cifras correspondientes a nivel nacional son 91.3% vs. 8.2%, del Cuadro 4).

De la población indígena mayor a 14 años (4 489 859), 3 029 377 (67.5%) son alfabetas, mientras que 1 460 482 (32.5%) son analfabetas (del Cuadro 5, las cifras correspondientes a nivel nacional son 90.5% vs. 9.5%). De esta misma población indígena mayor a 14 años, 1 534 668 personas (25.8%) carecen de instrucción; 1 618 096 (27.2%) tienen primaria incompleta; 1 113 001 (18.7%) cuentan con primaria completa, y 1 677 754 personas (o sea, el 28,2%) han llegado más allá de la primaria; a nivel nacional, 10.2% carecen de instrucción,


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18.0% tienen primaria incompleta, 19.1% tienen la primaria completa, y 51.8% tienen educación más allá de la primaria.

De la población indígena de 12 años y más (6 989 792 personas), 3 362 045 son económicamente activas y 3 663 747 son económicamente inactivas. De las personas económicamente activas, 3 295,327 (99.1%; a nivel nacional, 98.8%) son ocupadas, de las cuales 1 392 855 personas (43.3%; a nivel nacional, el 16.3%) estaban ocupadas en el sector primario; 700,388 personas (21.8%; a nivel nacional, el 28.7%) en el sector secundario, y 1 121 532 personas (34.9%; a nivel nacional, el 55.0%) en el sector terciario.

De la población indígena mayor a 12 años económicamente activa y ocupada (excluyendo a los no especificados), 826 336 (el 25.8%, correspondiendo al 8.4% a nivel nacional) no tienen ingresos, 868 242 (el 27.1%, contra el 12.3% a nivel nacional) perciben menos de un salario mínimo, 893 485 (el 27.9%, contra el 30.3% a nivel nacional) perciben entre uno y dos salarios mínimos, y 610 128 (el 19.1%, contra el 43.6% a nivel nacional) perciben más de dos salarios mínimos .

En segundo lugar, en el contexto latinoamericano, México es un país caracterizado por la mediana presencia de grupos étnicos, pues “según los cálculos, en América Latina, entre 34 y 40 millones de personas o entre 8 y 10 por ciento de la población pueden ser clasificadas como indígenas”, pero mientras que “en Bolivia, Guatemala y Perú los pueblos indígenas quizá constituyen la mayoría de la población, y en Ecuador se calcula que representan entre 30 y 40 por ciento de la población”, y “en los demás países no pasarían de 6 por ciento de la población total”; en cambio, en un estrato medio se ubican “México y Belice, entre 15 y 20 por ciento” de la población perteneciente a los grupos étnicos del país1. Y, desde el nacimiento del indigenismo, la heterogeneidad que produce esta población indígena en México ha venido constituyendo lo que tradicionalmente se llama “el problema indígena”2.

En el ámbito internacional, México ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues consta que

el día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos ochenta

y nueve se adoptó en la Ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El citado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día once del mes de julio del año de mil novecientos noventa, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día tres del mes de agosto del propio año. El instrumento de ratificación, firmado por mí el día trece del mes de agosto del año de mil novecientos noventa, fue depositado ante el Director General

1 Willem Assies: “Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina”, en Willem Assies, Gemma van der Haar & André Hoekema, eds.: El reto de la diversidad. Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina, Zamora, Colegio de Michoacán, 1999, p. 23 (haciendo referencia a Psacharopoulos & Patrinos: “Indigenous People and Poverty in Latin America. An Empirical Analysis”, Washington, The World Bank, 1994; Rodolfo Stavenhagen: “La situación y los derechos de los pueblos indígenas de América”, América Indígena, Vol. 52, p. 12). 2 Es indiscutible que el “problema indígena” tiene su origen en el periodo colonial de la Nueva España, pero de una manera muy diferente de la situación después de la Independencia en 1821. Sin embargo, no obstante las diferencias entre los dos periodos, también en la Colonia el problema se manifestó como la heterogeneidad de la sociedad.


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de la Organización Internacional del Trabajo el día cinco del mes de septiembre del mismo año. Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veinticinco días del mes de septiembre del año de mil novecientos noventa. Carlos Salinas de Gortari, Rúbrica; El Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solano, Rúbrica.3

Así pues, México está obligado por lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, dado que el Artículo 133 Constitucional señala que

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados..

El Convenio 169 estipula que “deberán respetarse los métodos a los que los

pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”, pero “en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”4.

Habría que aclarar que muchos años antes de firmar y ratificar el Convenio 169 de la OIT México había ingresado formalmente en la órbita del indigenismo americano, pues este cuerpo de ideas en su forma actual tiene su origen programático en el Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro en la primavera de 1940, preparado y auspiciado por el Presidente Lázaro Cárdenas; evento que daría nacimiento al Instituto Indigenista Interamericano (III), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dos de los discursos del inicio del Congreso nos comunican su particular sabor, fuertemente mesiánico:

En estos momentos en que infortunados acontecimientos perturban en otros continentes la felicidad y la tranquilidad de los hombres, vosotros, señores delegados del Norte, Centro y Sudamérica, hacéis obra de paz y de ensalzamiento de uno de los valores más hondamente humanos de nuestro hemisferio: los indígenas americanos que constituyen una reserva ética, una reserva de trabajo creador y una reserva para la vinculación fraternal del Continente americano,

3 Citado de Francisco López Bárcenas: Legislación y derechos indígenas en México, México, Ediciones Casa Vieja, 2002, p. 199. 4 Convenio 169 de la OIT, Artículo 9, Inciso 1.


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declaró Luis Chávez Orozco, jefe del agonizante Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, en su discurso de bienvenida, mientras que el presidente Lázaro Cárdenas en su discurso inaugural afirmaba que

La integración de las culturas del Nuevo Continente debe contribuir a la fraternidad humana, en momentos en que el eclipse de la civilización occidental se revela por el empleo de la fuerza. La ciencia y el progreso no se miden por la mayor capacidad destructiva, sino por el aprovechamiento y coordinación de las energías vitales en la lucha contra la hostilidad de la naturaleza y contra los impulsos negativos que incuban las guerras y la opresión.5

En la solemne reunión en las oficinas de la Secretaría de Relaciones

Exteriores donde quedó formalmente instalado el Instituto Indigenista Interamericano (III), el 25 de marzo de 1942, representantes de seis naciones firmaron los documentos de ratificación: México, Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Ecuador, y posteriormente se afiliaron Paraguay en 1942, Colombia, la República Dominicana, Panamá y Perú en 1944, Bolivia en 1945, Venezuela y Guatemala en 1946, y después Costa Rica en 1951, Argentina y Brasil en 1954 y Chile en 1968. Debido a una controversia con la Chancillería de México, la República Dominicana se retiró del III en 1954.

La relevancia del III para el indigenismo en México es grande, y bastará con mencionar dos aspectos de su importancia multifacética. En primer lugar,

El III no es una institución académica, ha orientado sus objetivos hacia la normalización, sistematización y asesoría en materia de política indigenista a los países miembros del mismo. Sus acciones, proyectos y congresos han permitido poner al día la política indigenista en el continente, sintetizando, replanteando y reformulando las decisiones estatales hacia las poblaciones indígenas,6

de manera que México se ha convertido en el centro dinámico del indigenismo americano, al mismo tiempo que este indigenismo ha sido sistematizado y ha encontrado su expresión en el foro político americano y mundial.

En segundo lugar, en el VII Congreso Indigenista Interamericano en 1972 en Brasilia,

por primera vez el eje del Congreso fueron las poblaciones selvícolas

y tribales, para las cuales se propone una integración no traumática a la sociedad nacional, respetando su organización social, identidad y personalidad, garantizando su participación en la elaboración y ejecución de proyectos, entre otras cuestiones, [con lo que se nota la influencia de los

5 Ambos discursos citados de David Vela: Orientación y recomendaciones del Primer Congreso Indigenista Interamericano, Guatemala, Publicaciones del Comité Organizador del Cuarto Congreso Indigenista Interamericano, 1951, p. 9-10. 6 Elio Masferrer Kan: “Instituto Indigenista Interamericano”, en Carlos García Mora/Mercedes Mejía Sánchez, coords.: La antropología en México. Panorama histórico. Vol. 7: Las instituciones, México, 1988, p. 155-156.


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firmantes de la Declaración de Barbados y, por cierto, uno de los firmantes, el brasileño Silvio Coello dos Santos, fue miembro de la Comisión Organizadora, y] la recomendación 26 plantea el derecho a la autodeterminación y la necesidad de la organización autónoma de los grupos indígenas7,

No obstante que el III ha sido fuertemente criticado, entre otras cosas por

su cordial relación con el Instituto Lingüístico del Verano, se ha convertido en un interlocutor obligado en cuestiones de indigenismo en general y de derechos indígenas en particular.

Los indígenas han estado presentes en México mucho antes que el Gobierno de México firmara convenios internacionales al respecto, más no siempre fue así en las diferentes constituciones que a partir de la Constitución de Cádiz de 1812 se han ido sucediendo en la historia del país. Así se establece en el Plan de Iguala, que en su trato a los indígenas y su estatus legal se asemeja mucho a la Constitución de Cádiz; en aquél documento los habitantes autóctonos a duras penas son mencionados, ya que el principio fundamental es la igualdad de todos los habitantes del país, sin distinción alguna por color de piel, religión o nacimiento.

En la Constitución Federalista de 1824, de nueva cuenta escasamente son mencionados los indígenas, y lo mismo ocurrió en la Constitución Centralista de 1835, ambas de corte liberal. Para señalar el lugar que ocupan los indígenas en la nueva Constitución de 1857, de nuevo federalista, solo hay que recordar su íntima relación con el proceso histórico que llevó a la promulgación de la Ley Juárez, la Ley Lerdo, las Leyes de Tierras Baldías y las Leyes de Desamortización a la zaga del año de 1856 y la Reforma. En estas constituciones se establecía la sanción de pérdida de la ciudadanía por carecer de fortuna o por no saber leer y escribir, requisitos que cubrían por igual a todos los ciudadanos, ya que en estas constituciones todos eran iguales (menos las mujeres), pero estadísticamente se aplicaba con mayor frecuencia a los campesinos y todavía más a los indígenas, campesinos o no.

La presencia de la población indígena en la vida pública del México independiente del siglo XIX, desde el temprano liberalismo de Mora hasta el liberalismo conservador de Porfirio Díaz parece reflejar su lugar en las constituciones, o al revés. Se presentaba más bien como un delgado barniz cultural y retórico, que incorporaba desde promesas difícilmente cumplidas hasta una manifiesta vergüenza. De la época de Mora leemos que

los escritos formales del periodo de la posindependencia nos revelan,

a la vez, una indiferencia respecto de la tradición indígena de México y un esfuerzo doctrinario por borra la designación de indio de la vida mexicana; cualquier que haya sido el grado de indigenismo o de neoaztequismo presentes en las declaraciones antiespañoles de la era de la Independencia, éste desapareció de la escena en 1821,8

7 Elio Masferrer Kan, op. cit., p. 166-167. 8 Charles A. Hale: El liberalismo mexicano en la época de Mora, México, Siglo XXI, 1972, p. 223.


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[décadas más tarde] al preguntársele a un destacado político del régimen de Porfirio Díaz: ¿qué debemos hacer con el indio?, se limitó a responder: dejadlo solo, expresión que sintetizaba la disposición del Gobierno.9

En un intento por definir y asegurar las garantías que derivan del Convenio

169, como prácticamente todos los países en América Latina10, el Congreso de la Unión modificó hace unos años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un proceso cuyo inicio está íntimamente relacionado con la creación de la Dirección de Procuración de Justicia en el INI. Esto, en tanto que el propio Artículo 4° (modificado), en su primera parte reconoce que

la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada

originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas especificas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. en los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomaran en cuenta sus practicas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.

Esta modificación constitucional no es, sin embargo, la más reciente.

Después de una larga y enredada discusión promulgó el Congreso Federal en agosto del 2002 una modificación de cinco de los Artículos Constitucionales (1°, 2°, 4°, 18° y 115°), destacándose:

En el Artículo 1°,

queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el Artículo segundo, que “la nación mexicana es única e indivisible”. La

nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas: Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 9 Citado de Robert Redfield: “El indio en México”, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. IV, No. 3, 1942, p. 112. 10 Recientemente las constituciones han sido modificadas en Argentina (1994), Bolivia (1994), Brasil (1988), Colombia (1991), Costa Rica (1977), Ecuador (1983 y 1998), Guatemala (1985), Nicaragua (1986), Panamá (1972 y 1983), Paraguay (1992), Perú (1993, y Chile modificó su Ley Indígena en 1993. Véase Willem Assies, loc. cit., Nota No. 1)


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El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para determinados asuntos.

En el Artículo 4° se deroga la modificación anteriormente citada, y queda como antes.

En el Artículo 18° se establece que

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.

Finalmente, en el último párrafo del Artículo 115 se indica que “las

comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley”11.

Habría que agregar que contra la mencionada modificación se habían interpuesto 322 recursos legales de parte de diferentes comunidades, asociaciones y otras entidades, los cuales la Suprema Corte de Justicia el 6 de septiembre del 2002 declaró improcedentes, lo que claramente indica el estado delicado de la situación. Y de aquí se desprende la importancia de la labor que se desempeña en el Instituto Nacional Indigenista y, particularmente, en la Dirección de Procuración de Justicia, pues

si comprendemos por qué surgen los conflictos étnicos y cómo

evolucionan, lo que intentaremos hacer en los capítulos siguientes, será más fácil idear estrategias y procedimientos mediante los cuales se pueden mitigar los efectos negativos del conflicto, y particularmente de la violencia étnica. También deberá ser posible formular políticas que manejen constructivamente la diversidad étnica dentro de un marco de gobierno democrático, de justicia y respeto para los derechos humanos.12

En segundo lugar, en el contexto menos amplio, pero por eso no menos

complejo, del organismo encargado de planear y llevar a cabo las acciones indicadas en la política indigenista en México, el Instituto Nacional Indigenista (INI).

A fuerza de ser repetitivos, debemos recordar que el Instituto Nacional Indigenista no fue de ninguna manera la primera institución creada para ocuparse de los problemas particulares de la población:

11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto de 2001. 12 Rodolfo Stavenhagen: Conflictos étnicos y estado nacional, México, Siglo XXI/UNAM/ONU, 2000, p. 19-20.


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En 1921 se crea el Departamento de Educación y Cultura para la

Raza Indígena; en 1923, las escuelas rurales fueron convertidas en Casas del Pueblo. En 1925 se crea el Departamento de Escuelas Rurales de Incorporación Cultural Indígena. En 1924 se crea el primer internado indígena llamado Casa del estudiante Indígena, el cual fue convertido más tarde en el Internado Nacional de Indios, que fue clausurado en 1933. En 1935, el Presidente Lázaro Cárdenas crea el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, que debía de actuar como institución de defensa y procuración de los núcleos indígenas, además de encargarse de coordinar los esfuerzos de las distintas dependencias del Ejecutivo de esa población. La Secretaría de Educación mientras tanto, creó en 1937 el Departamento de Educación Indígena.13

Como ya se mencionó, la ideología indigenista fue formulada en 1940 en el

Congreso en Pátzcuaro, pero hasta en 1946 cambiaría dramáticamente la orientación del indigenismo en México, y el primero de enero de 1947 desapareció el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas (DAAI)14, en cuya lápida leemos que

el examen objetivo de los informes y publicaciones de la extinta dependencia me lleva a ratificar que en su primera etapa fijó atinados criterios sobre la defensa de la población nativa, encaminados a protegerla como parte considerable de la gran masa de trabajadores explotados de nuestro país por causa final del tipo de relaciones de producción y distribución del sistema capitalista en el que vivimos;15

posteriormente decaía paulatinamente y, finalmente, el DAAI sería víctima del canibalismo burocrático intersecretarial que tan fuertemente caracteriza el escenario político en México.

El Instituto Nacional Indigenista (INI) nacido por Decreto del 10 de noviembre de 1948, con el inicio del sexenio de Miguel Alemán, rompió con los anteriores planteamientos que se habían cristalizado en el extinto Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas.

El nuevo Instituto Nacional Indigenista tenía personalidad jurídica, patrimonio propio y las siguientes funciones técnicas:

I Investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país;

II Estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas;

III Promover ante el Ejecutivo Federal la aprobación y aplicación de esas medidas;

13 Alejandro Dagoberto Marroquín: “La política indigenista en México”, en Gonzalo Aguirre Beltrán & al.: ¿Ha fracasado el indigenismo?, México, SEP/70, 1971, p. 201. 14 De acuerdo al Artículo 2° Transitorio de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, del 7 de diciembre de 1946, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 y 21 de diciembre de 1946 y que entró en vigor el 1 de enero de 1947. 15 Julio César Olivé Negrete: La antropología mexicana, México, CONACULTA/INAH/Plaza & Valdés, 2000, p. 215-216.


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IV Intervenir en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes;

V Fungir como cuerpo consultivo, de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que, conforme a la ley, son de su competencia;

VI Difundir, cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones estudios y proposiciones; y

VII Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas.16 El Instituto Nacional Indigenista ha sido en muchas ocasiones causa de

orgullo del gobierno de México y de los pueblos indios, pero con mayor peso se siente a través de sus años de existencia un constante cuestionamiento de la relevancia y la efectividad de la respuesta al problema indígena, la acción indigenista, tan así que muchas de las publicaciones dedicadas a su discusión llevan títulos que dirigen nuestra atención al aspecto dudoso de esta acción indigenista: ¿Ha fracasado el indigenismo?17 y La quiebra política de la antropología social en México18.

16 Ley orgánica del INI, Artículo 2°. 17 Gonzalo Aguirre Beltrán & al., op. cit. 18 Andrés Medina & Carlos García Mora, eds.: La quiebra política de la antropología social en México, I-II, México, UNAM.


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2 LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Lo anterior llega a subrayar la importancia del cumplimiento de lo estipulado en la Constitución Mexicana, así como en el Convenio 169, y leyes y decretos derivados, y también dentro del contexto de una larga tradición indigenista mexicana, lo que nos lleva al tercer nivel, el nivel más apretado de la parte del Instituto Nacional Indigenista directamente responsable de las acciones a llevar a cabo en el ámbito jurídico para convertir los planteamientos del indigenismo en realidad: la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista (DPPJ).

Haciendo caso omiso de anteriores apoyos jurídicos a la población indígena de la República, tenemos que buscar el antecedente inmediato de la Dirección de Procuración de Justicia (DPJ) en el Programa de Defensoría de Presos Indígenas que se creó en 1984. Un siguiente momento lo constituye la instalación de la Comisión Nacional de justicia en abril de 1989, instancia consultiva del Instituto Nacional Indigenista en materia de justicia; y en mayo del mismo año fue aprobada por el Consejo Directivo del INI la creación de la Dirección de Procuración de Justicia (DPJ).

La DPPJ-INI, que es la que aquí interesa, tiene en su actual situación una columna vertebral de tres subdirecciones (Asuntos Penales, Asuntos Agrarios y Antropología Jurídica) y un programa (Programa Nacional de Apoyo al Registro Civil), como lo muestra el Diagrama No. 1. Pero para su desempeño, en términos reales, funciona además con una Coordinación Operativa que sirve como articulador entre las subdirecciones, el Programa, como correa de transmisión desde la dirección hacia éstos, y a la vez es el puente hacia y desde un cuerpo de auxiliares (secretarias, apoyo técnico y los enlaces administrativo, operativo, editorial e informática, como lo expresa el Diagrama No. 2.


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15

Diagrama No. 1. Dirección de Promoción y Procuración de Justicia

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS

PENALES

PROGRAMA NACIONAL DE

APOYO AL REGISTRO CIVIL

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN DE

ANTROPOLOGÍA JURÍDICA


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Diagrama No. 2. Dirección de Promoción y Procuración de Justicia

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN

OPERATIVA

SECRETARIA PARTICULAR

CUERPO

SECRETARIAL

ENLACES

CUERPO DE

APOYO TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

INFORMÁTICA

EDITORIAL


3 METODOLOGÍA La Evaluación Externa de la Dirección de Promoción y Procuración de Justicia (DPPJ) del Instituto Nacional Indigenista (INI) 2002, como toda evaluación, sólo es posible mediante la interacción de dos estrategias metodológicas: una de orden cuantitativo y otra de orden cualitativo. En efecto, si sólo se recurriese a la primera, quizá a lo más que podría llegarse es a una calificación; si sólo la segunda, se estaría en el nivel interpretativo. En vista de ello, en la siguiente fase, en la que en la que procederemos a una evaluación real, de la misma manera que recurriremos a la estadística aplicada a la investigación social, utilizaremos algunas técnicas etnográficas tanto cuantitativa como cualitativa. Es conveniente recordar que la DPPJ es quizá la más compleja y con las tareas más heterogéneas del INI. Como Dirección, tiene a su vez tres subdirecciones y entre ellas son responsables de siete proyectos, lo que en un primer momento nos obliga a aclarar: no se evalúa una dirección ni sus proyectos aislados sino, además de ellos, su integración. Esta heterogeneidad se refleja en la calidad y en la cantidad de metas, de unidades de medida (tipos, costos, etc.) que poseen y/o que se proponen lograr en cada proyecto y subdirección; así mismo, dentro de la heterogeneidad existen tipos de acciones concretas (líneas de acción) y formas de desarrollarlas (estrategias) de los más variopinto, que van desde las fácilmente cuantificables hasta aquellas que sólo pueden ser interpretadas mediante su cualificación.

Por último, es menester aclarar que, como tratamos con siete proyectos que no se distribuyen de manera uniforme en las delegaciones estatales ni en los centros coordinadores comunitarios, obligó a realizar un diseño de muestra en el cual se contemplan de hecho siete de ellos que darían como resultado un número elevadísimo de encuestas y entrevistas aplicados y elevaría enormemente los costos de la evaluación; en tal consideración, se advierte un prorrateo y una estrategia de optimización de las comunidades seleccionadas.

En efecto, al elaborar la propuesta no olvidamos que la distribución de localidades en las cuales incide o se aplica tal o cual proyecto o línea de acción de alguno de ellos, no coincide territorialmente con el municipio; tampoco, las dificultades que impone la orografía, amplitud del territorio nacional e infraestructura carretera y de servicios de transporte comunicación. Esto, que en términos estadísticos no implica ninguna dificultad, en términos de recursos humanos disponibles para aplicar encuestas y realizar entrevistas, del tiempo disponible para elaborar la evaluación y entregar los informes, y en términos financieros, rebasa con mucho lo programado, lo asequible. De ello resulta la necesidad de optar por una estrategia que optimice todos los factores en juego.

Para mostrar este espectro, partimos de algunos resultados obtenidos primigeniamente al acceder al documento “Cobertura del Programa de Procuración de Justicia”, único documento de referencia con que contamos para contemplar los


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desagregados de proyectos, delegaciones estatales del INI, municipios, poblaciones y población atendida. En primer lugar, participan 24 delegaciones estatales; en prácticamente todas ellas está funcionando un proyecto al menos, en algún municipio, aunque de manera heterogénea y de ninguna manera indexada de manera directa proporcional con la población indígena. Así, por ejemplo, mientras en Chiapas, con la población indígena más alta se tienen funcionando (numéricamente hablando) seis proyectos en sólo un municipio, en Baja California se tienen cifras similares pero con una población muy inferior a aquella delegación. Así mismo, la población atendida es tan dispersa que mientras un proyecto puede atender en un municipio o localidad a 1 000 personas, otro, también con una linea de acción sólo logra atender a 2 de ellas. Y para mostrar el extremo, mediante una crosstabulation en SPSS, hemos podido detectar que los municipios (no comunidades) en los cuales funcionan todos los proyectos son, en toda la República Mexicana, ¡6! Esto, de inicio, nos muestra el grado de dispersión de las duplas comunidades/funcionamiento de proyectos entre las que podría realizarse la indagación mediante encuesta y entrevista. Pero no es el único caso. Veamos.

Para poder realizar la evaluación, hemos partido (y sólo partido) del reconocimiento de seis tipos de variables: las referentes a población indígena, a las comunidades participantes, al presupuesto, a las metas, a las estrategias, a las líneas de acción, y al impacto. A su vez, en los aglutinamientos podemos reconocer otras, en sí mismas, sin aparente nexo alguno: La población indígena contiene, al total, a su distribución en las delegaciones estatales, concentraciones significativas en términos absolutos y relativos; las comunidades participantes a la población atendida, la población que recibe el impacto del proyecto; el presupuesto, a su vez, al programado, al asignado, al ejercido y al por ejercer; las metas a contemplar son tanto las programadas como las alcanzadas. Estas tres variables y las contenidas por ellas son particularmente lábiles para su manejo cuantitativo y se prestan para su relación en términos de concentraciones (modas, medias, medianas, rangos, porcentajes) y dispersiones (desviaciones); por ello, el control que la propia dirección tiene de algunos de ellos posibilita su asequibilidad y análisis. El siguiente bloque de variables puede ser cuantificable parcialmente, allí donde: a) en primer lugar se tienen y hay claridad en las estrategias, líneas de acción e impacto social que se pretende alcanzar con el desarrollo de los proyectos; b) es posible someter a número alguna estrategia, línea o forma de impacto. Esto es indispensable asentarlo porque no todos los proyectos tienen establecidos objetivos generales, particulares y específicos, ni contemplan una serie de estrategias para alcanzarlos ni líneas de acción concretas para hacerlo realidad. Por esta razón, aclaramos, se hace indispensable el uso de técnicas para la obtención de datos empíricos cuantificables y técnicas que permitan la valoración de orden interpretativo para conjugarla –la valoración- con la cantidad estadísticamente establecida. Por ello hemos recurrido a la elaboración de tres instrumentos para la captura de datos: un cuestionario para aplicarlo a los ejecutores de los proyectos tanto a nivel central como a nivel estatal; una encuesta para llevarla a las comunidades y una entrevista que se realizaría en las comunidades y en los centros coordinadores indigenistas. Una vez obtenida la información, se procedió al trabajo de gabinete donde hemos obtenido, como objetivo final, la cuantificación y la cualificación en su caso, de la eficiencia, la eficacia, el impacto y otras variables. Para ello, y con la finalidad de no quedarnos en la estadística descriptiva, procedimos al manejo de ciertos índices de correlación de variables mediante el coeficiente de correlación lineal( “r” de Pearsons). Esto, a su vez, presupone la obtención de otros índices como son, por ejemplo: relación entre población indígena y presupuesto, para determinar si la asignación de recursos se realiza de manera directamente


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proporcional con los potenciales beneficiarios de las finanzas asignadas a la Dirección; la relación entre metas y presupuesto para establecer el costo de las metas tanto en términos de costo según presupuesto solicitado, aprobado y ejercido por proyecto, cuya disparidad en el nivel de delegaciones estatales ya aparece desde la primera aproximación que tuvimos al desempeño logrado en el primer semestre del 2002;19 la relación entre metas logradas e impacto social nos coloca en la posibilidad de apreciar cuantitativamente el costo/ beneficio; y, entre múltiples otras combinaciones que se perfilan en los datos empíricos solicitados en cuestionarios y encuestas, se propone articular la información cualitativa, interpretable para valorar también estrategias y líneas de acción no por su efectividad en sí, sino en relación de otros factores como personal responsable, imponderables adjudicables a ejecutores, etc. 3.1 MUESTRA Para la aplicación de las encuestas y la realización de las entrevistas, fueron seleccionadas mediante muestra, las siguientes localidades:20

Consecutivo

Clave

conjunta

Antropología

Jurídica

Asuntos Agrarios

Atención

Legal

Convenios de Concer-

tación

Excarce-

lación

Formación

Jurídica

Registro

Civil

TOTAL

1 020010001 426 424 29 0 29 476 148 1532 2 071010001 350 500 20 0 29 75 1800 2774 3 080190001 28 1500 150 0 2 0 0 1680 4 080270001 4 750 60 0 4 30 150 998 5 100050001 110 50 120 0 5 0 1100 1385 6 110030084 20 264 15 0 0 35 35 369 7 110330110 0 3000 15 0 0 0 200 3215 8 130480001 0 0 35 0 5 30 0 70 9 140190001 0 1000 0 0 0 0 50 1050 10 140270032 0 1000 0 0 0 30 100 1130 11 140610201 1000 1000 0 0 0 0 50 2050 12 141060001 0 0 0 0 3 0 0 3 13 151060001 0 300 15 0 0 20 300 635 14 160080139 80 6 57 0 0 20 0 163 15 160240001 80 6 57 0 0 0 100 243 16 160660001 60 4 117 0 2 0 200 383 17 161120001 70 4 57 0 0 10 100 241 18 170070001 13 70 108 0 6 40 0 237 19 180090001 0 30 40 0 0 25 0 95 20 180170001 180 0 0 0 10 25 0 215 21 201840001 0 600 37 0 2 0 0 639 22 203640001 0 0 37 0 0 10 250 297 23 211140001 20 140 98 0 3 20 250 531 24 211720001 10 0 20 0 2 10 0 42

19 La heterogeneidad de metas hace materialmente imposible considerarlas todas como unidades equiparables. Un excarcelado (como meta) difiere radicalmente de una asesoría proporcionada, y cualquiera de los dos difiere radicalmente de un proyecto comunitario apoyado; y estas comparaciones podríamos prolongarlas hasta agotar todas y cada una de las metas y unidades de medida programadas/contempladas por la DPPJ-INI. 20 La clave de la localidad se tomó del INEGI y corresponden los dos primeros dígitos al la Entidad Federativa; las tres siguientes al municipio y las últimas, a la localidad.


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20

25 212070001 40 0 40 0 2 10 0 92 26 220010001 0 0 139 0 2 20 0 161 27 220180001 0 10 0 0 2 20 12 44 28 230020001 100 20 9 0 2 20 5 156 29 230040001 0 10 0 0 0 20 10 40 30 230060069 0 10 0 0 0 20 10 40 31 240280001 250 5 31 0 2 0 100 388 32 240380001 0 300 10 0 0 15 0 325 33 250100001 0 40 7 0 2 0 0 49 34 260170001 40 25 5 0 2 0 0 72 35 260260001 20 73 5 0 0 0 100 198 36 260330001 20 22 5 0 0 0 20 67 37 260420001 0 36 3 0 0 0 40 79 38 260960025 0 36 2 0 0 0 15 53 39 300870001 100 500 100 0 15 60 1000 1775 40 310500001 8 100 103 0 12 50 20 293

Total 3029 11835 1546 0 143 1091 6165 23809 Ahora bien, es menester aclarar que por imponderables ya especificados, las encuestas aplicadas fueron las siguientes:

ENCUESTADORES PROYECTO Claudia Eduardo Irene Leif Hadlyn José Laura Florencia Araceli Total Convenios 1 2 1 4 2 3 2 2 5 22 Formación

Jurídica 7 2 2 0 2 3 4 3 10 33

Atención Legal (Aut.)

7 4 6 3 2 3 4 3 6 38 Asuntos

Agrarios (Aut.) 4 4 6 5 4 3 2 3 8 39

Registro Civil (Promotores)

4 0 3 0 4 3 2 2 5 23 Registro Civil

(Benef.) 2 2 6 12 4 3 1 2 13 45

Excarcelación 2 4 6 3 4 3 4 5 6 37 Antropología

Jurídica (Aut.) 0 4 2 1 2 3 3 2 3 20

Intérpretes y Traductores

0 2 0 0 0 1 0 2 2 7 27 24 32 28 24 25 22 24 58 264

3.2 INDICADORES 3.2.1 EFICACIA Y EFICIENCIA: Operacionalmente, la eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la población beneficiaria, en un periodo determinado, independientemente de los


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costos que ello implique. La definición presentada tiene dos notas fundamentales: metas y tiempo. La programación se realiza sobre la base de normas estándares que han determinado la asignación de recursos para el logro de las metas.

Siguiendo a Hernández Orozco (1986) se utilizará la siguiente notación:

L = unidades de meta logradas M = unidades de meta programadas Tr = tiempo real para llegar al logro obtenido Tp= tiempo planeado para alcanzar la meta total A= eficacia A = L · Tp M · Tr

Los resultados obtenidos deben interpretarse de la manera que sigue:

Si A > 1, el proyecto es más que eficaz Si A = 1, el proyecto es eficaz Si A< 1, el proyecto es ineficaz.” (Cohen, Ernesto y Rolando Franco. Evaluación de proyectos sociales, Siglo XXI, 5ª ed., 2000 pp. 102-103)

El concepto de eficiencia se utiliza predominantemente en el análisis financiero

y tiene un parentesco cercano con la noción de óptimo. Esta se refiere a las cantidades físicas mínimas de recursos requeridos para general una cierta cantidad del producto, asumiendo una tecnología constante. Cuando se introduce el costo de los insumos, se homogeniza esta dimensión y se pasa a la consideración de la eficiencia.

Los insumos requeridos por un proyecto pueden expresarse en unidades monetarias. a partir de ello, la eficiencia puede definirse como la relación existente entre los productos y los costos de los insumos. Por lo tanto, el resultado será siempre el costo de una unidad de producto final recibida por un beneficiario en cierta unidad de tiempo. (Ibid., p. 104).

Sobre esta base, las variables consideradas fueron:

Cr = costo real Cp = costo programado B = eficiencia B = A Cp Cr

Por lo tanto,

Si B > 1, el proyecto es más que eficiente Si B = 1, el proyecto es eficiente Si B< 1, el proyecto es ineficiente.


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3.3 LOS ANEXOS

Como parte de la metodología, existen algunos materiales generados que dan cuenta de procesos intermedios, aunque algunos de ellos son referencias obligadas, como se indica en el texto. Los documentos con este carácter y fin, son: a) ANEXO No. 1. Su contenido es una reordenación de Estados, Municipios, Localidades, Población Indígena Atendida y otros indicadores, por proyectos que, ya de inicio se remite como una sugerencia de reorganización pertinente a los proyectos para que cada uno de ellos pueda tener acceso inmediato a la información que les sea requerida por cualquier instancia. Esta información, que ya se posee organizada de otra forma, bien puede articularse con los cuadros de concentración de metas y presupuestos desagregados con que cuentan administrativamente en la DPPJ-INI y obtener un nuevo instrumento que posibilite el manejo, control y acceso a la información desde las subdirecciones y los proyectos.

La elaboración de este material se hizo absolutamente indispensable para la elaboración de la muestra, toda vez que el documento que se nos facilitó (“Cobertura del Programa de Procuración de Justicia”) para realizar el diseño de la muestra está organizado para establecer una panorámica en el nivel de la DPPJ-INI, pero no desde la óptica de las subdirecciones y de los proyectos.

b) El ANEXO No. 2 es una crosstabulation indispensable en el diseño de la muestra para poder obtener un panorama de las dispersiones/concentraciones de proyectos en las localidades y desde allí tomar decisiones.

c) El ANEXO No. 3 integra los cuestionarios y las secciones de la encuesta. Ambas, de hecho, son un mismo instrumento y contienen el conjunto de interrogantes que hubimos de resolver en la fase siguiente de trabajo, y el universo mínimo de datos empíricos que capturamos para concluir la evaluación del 2002. Dentro de los cuestionarios se encuentran perfiladas interrogantes que constituyen el guión de entrevista que se realizó en las comunidades seleccionadas y en los CCI’s, y cuya realización se muestra a lo largo del informe.


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4 LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 4.1 SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 4.1.1. ATENCIÓN LEGAL 4.1.1.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Bajo el presente rubro englobamos una serie de requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, entre ellos:

a) población beneficiada Se incluyen, además,

a) las relaciones entre presupuesto y población indígena; b) costos por meta; y c) la derrama presupuestal promedio asignada a cada persona o proyecto. En este proyecto la asignación de mayor presupuesto otorgada sólo coincide en tres

estados que ocupan primeros lugares según población indígena: Oaxaca, Chiapas y Veracruz ocupando respectivamente los siguientes lugares 2°, 3° y 4°; resalta el caso del Distrito Federal que, siendo el primer lugar en cuanto al monto del presupuesto asignado, ocupa el 11° lugar en población indígena. Esto es, en general, no fue prioritario el criterio de la población indígena existente dentro de las jurisdicciones delegacionales. Sin embargo, es de destacarse el caso de Guanajuato donde, a menor población indígena se asigna menor presupuesto. De otra forma, el criterio sirvió parcialmente.


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CUADRO NO.1 RELACIÓN PRESUPUESTO/POBLACIÓN INDÍGENA

ESTADO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

LUGAR LUGAR SEGÚN

POBLACIÓN INDÍGENA

BAJA CALIFORNIA $52,083.83 20 CAMPECHE $30,601.41 13 CHIAPAS $132,566.35 2 CHIHUAHUA $63,523.77 14 DISTRITO FEDERAL $268,796.61 11 DURANGO $48,419.77 23 ESTADO DE MÉXICO $36,923.59 7 GUANAJUATO $21,494.93 24 GUERRERO $109,572.75 6 HIDALGO $43,689.85 8 JALISCO $57,275.24 18 MICHOACÁN $101,870.99 12 MORELOS $31,765.65 21 NAYARIT $81,043.70 19 OAXACA $154,051.58 1 PUEBLA $62,148.56 4 QUERETARO $41,770.14 22 QUINTANA ROO $42,605.24 10 SAN LUIS POTOSÍ $55,740.12 9 SINALOA $32,229.38 17 SONORA $38,663.37 16 TABASCO $31,505.55 15 VERACRUZ $117,217.26 3 YUCATÁN $31,618.25 5

Si tomáramos en cuenta el criterio de mayores metas programadas en relación con el presupuesto asignado también coinciden los estados de Oaxaca, D. F., Chiapas y Veracruz quienes ocuparon respectivamente los siguientes lugares en cuanto al presupuesto asignado: 2°, 1°, 3° y 4°. En este caso específico sobresale Baja California que, con 876 metas programadas (cifra más alta) obtuvo el 12° lugar en cuanto a asignación de presupuesto. Las delegaciones que menos metas programaron fueron Jalisco (60), Hidalgo (35) y Estado de México (15), aunque en relación con el presupuesto asignado no coincide n sus posiciones; así, ejemplo el Estado de México ocupó el 18° lugar, Hidalgo el 14° y Jalisco el 10°. Las cifras arrojan una no correspondencia entre montos presupuestales y el número de metas programadas


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CUADRO NO.2 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/METAS PROGRAMADAS

ESTADO

PRESUPUESTO

METAS

PROGRAMA-DAS

LUGAR SEGÚN METAS

PROGRAMADAS

LUGAR SEGÚN PRESUPUESTO

BAJA CALIFORNIA $52,083.83 876 1 12 CAMPECHE $30,601.41 103 19 23 CHIAPAS $132,566.35 437 4 3 CHIHUAHUA $63,523.77 210 9 8 DISTRITO FEDERAL

$268,796.61 716 3 1

DURANGO $48,419.77 120 16 13 ESTADO DE MÉXICO

$36,923.59 15 24 18

GUANAJUATO $21,494.93 70 21 24 GUERRERO $109,572.75 313 6 5 HIDALGO $43,689.85 35 23 14 JALISCO $57,275.24 60 22 10 MICHOACÁN $101,870.99 289 7 6 MORELOS $31,765.65 108 17 20 NAYARIT $81,043.70 228 8 7 OAXACA $154,051.58 802 2 2 PUEBLA $62,148.56 208 10 9 QUERETARO $41,770.14 139 14 16 QUINTANA ROO $42,605.24 125 15 15 SAN LUIS POTOSÍ $55,740.12 186 13 11 SINALOA $32,229.38 188 12 19 SONORA $38,663.37 193 11 17 TABASCO $31,505.55 100 20 22 VERACRUZ $117,217.26 387 5 4 YUCATÁN $31,618.25 103 18 21

Es destacable que en la asignación del presupuesto no siempre se tomó en cuenta la población potencialmente beneficiada; de ello da cuenta el hecho que, algunas de las delegaciones que beneficiaron a una mayor población indígena como Chiapas (1,200), Distrito Federal (1,054), Puebla (991) y Baja California (853), ocuparon, en cambio, los lugares 3°, 1°, 9° y 12° según el monto presupuestal asignado. En sentido opuesto, tampoco coincide la menor asignación de presupuesto con la menor población beneficiada, así tenemos los casos de Hidalgo (36) y San Luis Potosí (51) quienes ocuparon, respectivamente, los lugares 14° y 11°. Evidentemente, un factor que juega un papel importante en este caso es que su unidad de medida son los asuntos atendidos y difícilmente pueden cuantificarse por ser de diversa índole.


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CUADRO NO.3 RELACIÓN PRESUPUESTO/POBLACIÓN BENEFICIADA

ESTADO


POBLACIÓN

BENEFICIADA

LUGAR SEGÚN

POBLACIÓN BENEFICIADA


ASIGNADO BAJA CALIFORNIA $52,083.83 853 4 12 CAMPECHE $30,601.41 87 20 23 CHIAPAS $132,566.35 1,200 1 3 CHIHUAHUA $63,523.77 213 15 8 DISTRITO FEDERAL $268,796.61 1,054 2 1 DURANGO $48,419.77 242 10 13 ESTADO DE MEXICO $36,923.59 70 21 18 GUANAJUATO $21,494.93 70 22 24 GUERRERO $109,572.75 587 6 5 HIDALGO $43,689.85 36 24 14 JALISCO $57,275.24 227 12 10 MICHOACÁN $101,870.99 481 7 6 MORELOS $31,765.65 141 16 20 NAYARIT $81,043.70 464 8 7 OAXACA $154,051.58 593 5 2 PUEBLA $62,148.56 991 3 9 QUERETARO $41,770.14 219 13 16 QUINTANA ROO $42,605.24 131 17 15 SAN LUIS POTOSÍ $55,740.12 51 23 11 SINALOA $32,229.38 230 11 19 SONORA $38,663.37 129 18 17 TABASCO $31,505.55 93 19 22 VERACRUZ $117,217.26 386 9 4 YUCATÁN $31,618.25 192 14 21

Analizando el presupuesto y relacionándolo con la variable del costo programado por meta, obtenemos el panorama que nos muestra el siguiente cuadro:

CUADRO NO. 4 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/ COSTOS POR META

PROGRAMADA Y PERSONA BENEFICIADA

ESTADO

PRESUPUESTO

METAS

PROGRAMA-

COSTO POR METAS PROGRAMADAS

COSTO POR PERSONA

BENEFICIADA

LUGAR


27

27

DAS ESTADO DE MÉXICO

$36,923.59 15 $2,461.57 $453.95 1

HIDALGO $43,689.85 35 $1,248.28 $1,156.58 2 JALISCO $57,275.24 60 $954.59 $252.31 3 DURANGO $48,419.77 120 $403.50 $200.08 4 DISTRITO FEDERAL

$268,796.61 716 $375.41 $159.62 5

NAYARIT $81,043.70 228 $355.45 $173.74 6 MICHOACÁN $101,870.99 289 $352.49 $210.43 7 GUERRERO $109,572.75 313 $350.07 $179.93 8 QUINTANA ROO $42,605.24 125 $340.84 $325.23 9 TABASCO $31,505.55 100 $315.06 $336.97 10 GUANAJUATO $21,494.93 70 $307.07 $307.06 11 YUCATÁN $31,618.25 103 $306.97 $164.52 12 CHIAPAS $132,566.35 437 $303.36 $110.47 13 VERACRUZ $117,217.26 387 $302.89 $295.90 14 CHIHUAHUA $63,523.77 210 $302.49 $298.23 15 QUERETARO $41,770.14 139 $300.50 $190.58 16 SAN LUIS POTOSÍ

$55,740.12 186 $299.68 $1,075.00 17

PUEBLA $62,148.56 208 $298.79 $58.03 18 CAMPECHE $30,601.41 103 $297.10 $351.74 19 MORELOS $31,765.65 108 $294.13 $222.94 20 SONORA $38,663.37 193 $200.33 $299.72 21 OAXACA $154,051.58 802 $192.08 $259.04 22 SINALOA $32,229.38 188 $171.43 $139.36 23 BAJA CALIFORNIA

$52,083.83 876 $59.46 $54.60 24

En cuanto al costo programado por meta, y basándonos en la información proporcionada por la DPPJ en torno del costo por persona beneficiada, observamos que las delegaciones que tuvieron un mayor costo programado por cada meta fueron Estado de México, Hidalgo y Jalisco (solamente existe correspondencia en el caso de Hidalgo). Así es posible entender un espectro tan disímbolo en el que, por ejemplo, la delegación del Estado de México tiene una disminución del 81.55% en el costo por persona beneficiada en relación con el costo programado por meta en donde ocupa el 1er. lugar; y casos como Jalisco, cuyo porcentaje de reducción en la relación costo programado por meta/costo por persona beneficiada es de 73.56%. En los casos de los menores costos programados por meta tenemos a las delegaciones de Baja California, Oaxaca y Sinaloa ocupando los lugares 24°, 22° y 23° respectivamente. En contraste con Baja California y Sinaloa, donde hubo una disminución en el costo por persona beneficiada, se encuentra Oaxaca con aumento en el costo por persona beneficiada. Las delegaciones funcionan asimétricamente en programación y optimización de recursos.


28

28

4.1.1.2 EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LAS VARIABLES ASOCIADAS Bajo este rubro se comentan tanto el apego al presupuesto autorizado como los posible ahorros que significó para la institución, o lo que llamamos

a) disciplina presupuestal; b) ahorro al proyecto; c) eficacia.

Ninguna de las delegaciones se sobregiró en el ejercicio de su presupuesto. El 33.33% de las delegaciones se ajustaron a lo asignado mientras que el 66.67% tuvo reducciones en él.

En términos de porcentajes de reducción sobresale el Distrito Federal que redujo su presupuesto en un 37% sin afectar su número de metas programadas y, al contrario, alcanzó logros por encima de lo inicialmente propuesto; en el mismo caso se encuentra el Estado de México que logró más metas de las propuestas, y el caso de Baja California, para finalizar, logra igualar programados y logrados con una reducción de costos, como lo muestran los siguientes cuadros:

CUADRO NO.5 MONTOS Y PORCENTAJES DE REDUCCIÓN SEGÚN PRESUPUESTO AUTORIZADO

ESTADO


PRESUPUES-TO EJERCIDO

MONTO

REDUCIDO

PORCENTA- JE DE

REDUCCIÓN DISTRITO FEDERAL $268,796.61 $168,243.00 $100,553.61 37.40% ESTADO DE MÉXICO $36,923.59 $31,776.77 $5,146.82 13.93%

BAJA CALIFORNIA $52,083.83 $46,577.89 $5,505.94 10.57% PUEBLA $62,148.56 $57,506.73 $4,641.83 7.46%

HIDALGO $43,689.85 $41,636.88 $2,052.97 5.72% GUERRERO $109,572.75 $105,616.84 $3,955.91 3.61% VERACRUZ $117,217.26 $114,217.26 $3,000.00 2.55%

SAN LUIS POTOSÍ $55,740.12 $54,824.96 $915.16 1.64% MORELOS $31,765.65 $31,435.08 $330.57 1.04% SINALOA $32,229.38 $32,053.38 $176.00 0..54% TABASCO $31,505.55 $31,338.56 $166.99 0.53% NAYARIT $81,043.70 $80,617.44 $426.26 0.52% OAXACA $154,051.58 $153,610.17 $441.41 0.28%

YUCATÁN $31,618.25 $31,588.25 $30 0..09% QUERETARO $41,770.14 $41,736.76 $33.38 0.07% CAMPECHE $30,601.41 $30,601.41 0 0%

CHIAPAS $132,566.35 $132,566.35 0 0% CHIHUAHUA $63,523.77 $63,523.77 0 0% DURANGO $48,419.77 $48,419.77 0 0%

GUANAJUATO $21,494.93 $21,493.93 0 0% JALISCO $57,275.24 $57,275.24 0 0%

MICHOACÁN $101,870.99 $101,217.02 $653.97 0% QUINTANA ROO $42,605.24 $42,605.24 0 0%

SONORA $38,663.37 $38,663.37 0 0%


29

29

En cuanto al grado de eficacia, sólo el 20% de las delegaciones alcanzó el coeficiente de 1, encontrándose únicamente en dos casos entre los cinco primeros lugares en la asignación de presupuesto: Chiapas, que obtuvo el 3er. Lugar, y Veracruz el 4°. En los demás casos se encuentran delegaciones que obtuvieron los menores presupuestos como fueron: Guanajuato (24°), Campeche (23°), Tabasco (22°) y Morelos (20°). Entre las delegaciones que fueron ineficaces, o sea, que tuvieron un coeficiente menor a 1, en eficacia Michoacán que ocupó el 6° lugar en presupuesto asignado. Las delegaciones que resultaron ser más eficaces o sea que rebasaron el coeficiente 1, fueron: Nayarit (4.91), Durango (2.12), Puebla (1.84), Yucatán (1.66) y Jalisco (1.50) quienes ocuparon los siguientes lugares en relación con el presupuesto asignado: 7°, 13°, 9°, 21° y 10° respectivamente.

Todo lo anterior nos indica que no existe una relación directa entre eficacia y presupuesto asignado y que más es un asunto multifactorial. 4.1.1.3 COSTO/BENEFICIO Bajo el rubro siguiente, conforme con los Términos de Referencia, referimos fundamentalmente al índice de eficiencia.

Sólo el 12% de los estados lograron obtener el coeficiente de 1 en eficiencia, destacando Campeche, Chiapas y Guanajuato. Cabe señalar que los estados de Campeche y Guanajuato fueron los que menos presupuesto recibieron ocupando los lugares 23° y 24° respectivamente. Los estados que lograron ser muy eficientes según este indicador fueron: Nayarit (4.94), D. F. (2.35), Durango (2.12), Puebla (1.99), Yucatán (1.66), Estado de México (1.63), Jalisco (1.50), Oaxaca (1.30), Sinaloa (1.18) y Baja California (1.30); el D. F y Oaxaca ocuparon el 1° y 2° lugar en asignación de presupuesto y Sinaloa y Yucatán tuvieron los lugares 19° y 21° respectivamente. (Con excepción del D. F. y Oaxaca, la eficiencia no tiene correspondencia con el monto de presupuesto asignado.)

Las delegaciones que resultaron ineficientes según este indicador fueron: Sonora (0.72) y Michoacán (0.85) que tienen respectivamente los lugares 17° y 6° respectivamente. En cuanto a la relación de eficiencia con la población beneficiada sólo existe correspondencia en el D. F., Puebla y Baja California que ocupan respectivamente los lugares 2° , 3° y 4° respectivamente.

CUADRO NO.6 EFICACIA, EFICIENCIA Y VARIABLES

ESTADO

PRESUPUES-

TO AUTORIZADO

LUGAR SEGÚN PRESU- PUESTO AUTO- RIZADO

PRESU- PUESTO

EJERCIDO

LUGAR SEGÚN PRESU- PUESTO

EJERCIDO

METAS

PROGRA- MADAS

LOGROS

EFICACIA

EFICIENCIA

BAJA CALIFORNIA

$52,083.83

12

$46,577.89

13

876

876

1.00

1.12


30

30

CAMPECHE $30,601.41 23 $30,601.41 23 103 103 1.00 1.00 CHIAPAS $132,566.35 3 $132,566.35 3 437 437 1.00 1.00 CHIHUAHUA $63,523.77 8 $63,523.77 8 210 213 1.01 1.01 DISTRITO FEDERAL

$268,796.61 1 $168,243.00 1 716 1,054 1.47 2.35

DURANGO $48,419.77 13 $48,419.77 12 120 254 2.12 2.12 ESTADO DE MÉXICO

$36,923.59 18 $31,776.77 19 15 21 1.40 1.63

GUANAJUATO $21,494.93 24 $21,493.93 24 70 70 1.00 1.00 GUERRERO $109,572.75 5 $105,616.84 5 313 321 1.03 1.06 HIDALGO $43,689.85 14 $41,636.88 16 35 35 1.00 1.05 JALISCO $57,275.24 10 $57,275.24 10 60 90 1.50 1.50 MICHOACÁN $101,870.99 6 $101,217.02 6 289 243 0.84 0.85 MORELOS $31,765.65 20 $31,435.08 21 108 108 1.00 1.01 NAYARIT $81,043.70 7 $80,617.44 7 228 1,120 4.91 4.94 OAXACA $154,051.58 2 $153,610.17 2 802 1,037 1.29 1.30 PUEBLA $62,148.56 9 $57,506.73 9 208 383 1.84 1.99 QUERETARO $41,770.14 16 $41,736.76 15 139 152 1.09 1.09 QUINTANA ROO $42,605.24 15 $42,605.24 14 125 131 1.05 1.05 SAN LUIS POTOSÍ

$55,740.12 11 $54,824.96 11 186 195 1.05 1.07

SINALOA $32,229.38 19 $32,053.38 18 188 220 1.17 1.18 SONORA $38,663.37 17 $38,663.37 17 193 138 0.72 0.72 TABASCO $31,505.55 22 $31,338.56 22 100 100 1.00 1.01 VERACRUZ $117,217.26 4 $114,217.26 4 387 386 1.00 1.02 YUCATÁN $31,618.25 21 $31,588.25 20 103 171 1.66 1.66 4.1.1.4 IMPACTO SOCIAL En el presente apartado, la pretensión es cuantificar y cualificar los siguientes rubros:

a) utilidad del proyecto en la comunidad: b) de los operadores al manual de procedimientos; c) transparencia d) población objetivo y su grado de prioridad e) comparativo 2001/2002 f) cumplimiento de metas Es evidente que el proyecto de atención legal se dirige a la población indígena, como se

desprende de las respuestas a la siguiente pregunta en el cuestionario:

¿Habla usted una lengua diferente del castellano?

28 73.7 10 26.3 38 100.0

Si No Total

n %

La incidencia del proyecto en la comunidad confirma la respuesta a la siguiente pregunta:


31

31

¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de la comunidad ha mejorado con la aplicación del proyecto?

35 92.1 1 2.6 2 5.3

38 100.0

Si No No lo sé Total

n %

Las respuestas a la pregunta en el cuestionario: ¿Por qué medio se enteraron del

proyecto?, nos muestran que el programa permite la difusión, promoción y conocimiento de los derechos indígenas, en el marco de la pluralidad y diversidad cultural:

¿Por qué medio se enteraron del proyecto de atención legal para los indígenas?

n % Por una radiodifusora 3 6.5 Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda 5 10.9 Los del INI informaron solo a las autoridades locales 9 19.6 Nos avisaron autoridades del municipio 3 6.5 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 9 19.6 Los del INI escogieron a los que habrían de participar 1 2.2 Por otros medios 16 34.8 Total 46 100.0

La incidencia del proyecto en las comunidades donde opera se desprende de las repuestas a la pregunta: Para el desempeño de este proyecto, la respuesta que han tenido del INI ha sido, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue:

Para el desempeño de este proyecto, la respuesta que han tenido del INI ha sido:

14 36.8 24 63.2 38 100.0

Muy buena Buena Total

n %

La importancia es confirmada por las respuestas a la siguiente pregunta:


32

32

El proyecto de atención legal llegó a la localidad:

12 31.6 13 34.2 9 23.7 2 5.3 2 5.3

38 100.0

Solicitado por las autoridades locales Solicitado por un grupo de personas de la localidad Promovido por el INI No lo sé No contesto Total

n %

A la pregunta: “¿Qué tan útil considera Ud. a la labor que ha realizado el INI en la

comunidad”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue, respuestas que nos muestran hasta qué grado los objetivos del proyecto fueron cumplidos.

¿Qué tan útil considera la labor que ha realizado el INI en la comunidad?

17 44.7 21 55.3 38 100.0

Muy útil Útil Total

n %

La pregunta acerca del grado de satisfacción por parte de la población beneficiada por

el proyecto fue contestada de manera muy directa. A la pregunta: “?Cómo han sido los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto en la comunidad?”, las respuestas fueron como sigue:

Los resultados que se han obtenido con la aplicación del proyecto en la comunidad han sido:

11 28.9

23 60.5

4 10.5

38 100.0

Muy bBuenos Regulares Total

n %

La pregunta acerca de la cobertura demográfica se contesta con la respuesta a la pregunta:


33

33

¿Los beneficios que ha acarreado la aplicación aplicación del proyecto los han recibido:

2 5.3 8 21.1

12 31.6 16 42.1 38 100.0

Una sola persona Un reducido número de personas Una gran cantidad de personas Toda la comunidad Total

n %

La cobertura social: A la pregunta: “Si el INI propusiera algún otro proyecto, ¿cree Ud. que su comunidad participaría?”, las respuestas fueron como sigue:

Si el INI propusiera algún otro proyecto, cree Ud.que su comunidad participaría?

37 97.4

1 2.6

38 100.0

Si No lo sé

Total

n %

Pese a las condiciones adversas en que laboró el proyecto (disminución del

presupuesto realmente ejercido, en 19.97% en relación con 2001), logró mantener su eficiencia, no así su eficacia que se vio mínimamente disminuida. Programó menos metas con un menor costo unitario que en el año de referencia, ciertamente, pero aún a pesar del bajo costo, logró disminuir el costo real. Esto, a no dudar nos habla de un mejoramiento sustancial en el manejo presupuestal y en la programación de metas, además del que en el desempeño se ha mostrado. Esto en términos generales.

Pero, como se desprende de la siguiente tabla, es también evidente que la principal atención del proyecto no se dirige hacia los municipios y las microregiones más vulnerables


CUADRO NO.7 POBLACIÓN OBJETIVO Y GRADO DE MARGINACIÓN ATENCIÓN LEGAL ESTADO MUNICIPIO MUY

ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO BAJO MUY BAJO

2 BAJA CALIFORNIA ENSENADA X 4 CAMPECHE CAMPECHE X 7 CHIAPAS TUXTLA GUTIER. X 8 CHIHUAHUA X 9 DISTRITO FEDERAL CUAUHTÉMOC X 10 DURANGO DURANGO X 11 GUANAJUATO SAN L. DE LA PAZ X 12 GUERRERO ACAPULCO X 13 HIDALGO PACHUCA X 14 JALISCO GUADALAJARA X 15 ESTADO DE MÉXICO TOLUCA X 16 MICHOACÁN AQUILIA X CHERAN X MORELIA X PÁTZCUARO X ZITÁCUARO X 17 MORELOS CUERNAVACA X 18 NAYARIT ACAPONETA X DEL NAYAR X HUAJICORI X ROSA MORADA X RUIZ X STA.MA.DELORO X TEPIC X YESCA, LA X 20 OAXACA OAXACA X 21 PUEBLA PUEBLA X 22 QUERÉTARO QUERÉTARO X 23 FELIPE C.PUERTO X 24 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ X 25 SINALOA EL FUERTE X 26 SONORA HERMOSILLO X 27 TABASCO VILLAHERMOSA X 30 VERACRUZ XALAPA X 31 YUCATÁN MÉRIDA X 5.71% 8.57% 20% 0 8.5% 57.14%


CUADRO NO.8 COMPARATIVO 2001/2002

2001

METAS PROGRA-

MADAS

PRESUPUESTO

ANUAL MODIFICADO

(PESOS)

COSTO

PROMEDIO POR META

(HIPOTÉTICO) EN PÉSOS

METAS LOGRA-

DAS

EFICACIA

PRESUPUESTO

REALMENTE EJERCIDO (PESOS)

EFICIENCIA

COSTO

PROMEDIO POR META (REAL) EN

PESOS

DIFERENCIA ENTRE LO

HIPOTÉTICO Y LO REAL (PESOS)

PORCENTAJE

6 400 2 004 656.59 313.22 7400 1.38 1 948 237.36 1.41 263.27 49.95 15.94%

2002 6 011 1 687 177.89 280.68 7858 1.31 1 559 146.07 1.41 198.42 82.86 29.52%

DIFERENCIAS

-389 -337 478.7 -32.54 -458 - 0.07 -389091.3 0.0 -64.85 +32.91 -6.08% -8.31% -10.39% +5.74

% -5.07 -19.97% 0.0 -24.63% +65.88%


4.1.1.5 BALANCE Bajo el siguiente rubro hacemos una pequeña pausa para asentar observaciones significativas en torno del proyecto, sin considerarlo como una evaluación.

En relación con las cifras citadas, podemos afirmar que. a) El proyecto ha funcionado de manera eficaz y eficiente en términos generales con la

excepción de Michoacán y Sonora. b) Sí existe relación directa entre el presupuesto asignado y la población indígena, con

excepción del D. F. c) En cuanto a metas programadas sí existe cierta correspondencia entre el presupuesto

asignado con el número de metas programadas con la excepción de Baja California que ocupando el 1er. lugar en metas programadas tiene el 12° lugar en presupuesto asignado.

d) Solamente las delegaciones del D.F y Chiapas que tienen los lugares 1° y 3° respectivamente en población beneficiada obtuvieron mayor asignación de presupuesto. La asignación de menor presupuesto tampoco fue otorgada a los estados con menor población beneficiada

e) No existe una relación directa entre eficacia y presupuesto asignado. f) Los estados de Campeche y Guanajuato lograron ser eficientes con los menores

montos de presupuesto asignado, evidenciando, que la eficiencia no guarda una relación directa con el presupuesto asignado.


37

37

CUADRO NO.9 CONCENTRACIÓN GENERAL

ESTADO

PRESU- PUESTO

AUTORIZADO

PRESUPUESTO EJERCIDO


METAS

PROGRA- MADAS

METAS LOGRA-

DAS

EFICACIA

EFICIEN- CIA

POBLA-

CIÓN BENEFI- CIADA

COSTO

POR PERSONA

BENEFICIADA


LUGAR SEGÚN POBLA-

CIÓN INDÍGENA

BAJA CALIFORNIA $52,083.83 $46,577.89 13 876 876 1.00 1.12 853 $54.60 36,685 20 CAMPECHE $30,601.41 $30,601.41 23 103 103 1.00 1.00 87 $351.74 93,765 13 CHIAPAS $132,566.35 $132,566.35 3 437 437 1.00 1.00 1,200 $110.47 809,592 2 CHIHUAHUA $63,523.77 $63,523.77 8 210 213 1.01 1.01 213 $298.23 84,086 14 DISTRITO FEDERAL

$268,796.61 $168,243.00 1 716 1,054 1.47 2.35 1,054 $159.62 141,710 11

DURANGO $48,419.77 $48,419.77 12 120 254 2.12 2.12 242 $200.08 24,934 23 ESTADO DE MÉXICO

$36,923.59 $31,776.77 19 15 21 1.40 1.63 70 $453.95 361,972 7

GUANAJUATO $21,494.93 $21,493.93 24 70 70 1.00 1.00 70 $307.06 10,689 24 GUERRERO $109,572.75 $105,616.84 5 313 321 1.03 1.06 587 $179.93 367,110 6 HIDALGO $43,689.85 $41,636.88 16 35 35 1.00 1.05 36 $1,156.58 339,886 8 JALISCO $57,275.24 $57,275.24 10 60 90 1.50 1.50 227 $252.31 39,259 18 MICHOACÁN $101,870.99 $101,217.02 6 289 243 0.84 0.85 481 $210.43 121,849 12 MORELOS $31,765.65 $31,435.08 21 108 108 1.00 1.01 141 $222.94 30,896 21 NAYARIT $81,043.70 $80,617.44 7 228 1,120 4.91 4.94 464 $173.74 37,206 19 OAXACA $154,051.58 $153,610.17 2 802 1,037 1.29 1.30 593 $259.04 1,120,312 1 PUEBLA $62,148.56 $57,506.73 9 208 383 1.84 1.99 991 $58.03 565,509 4 QUERETARO $41,770.14 $41,736.76 15 139 152 1.09 1.09 219 $190.58 25,269 22 QUINTANA ROO $42,605.24 $42,605.24 14 125 131 1.05 1.05 131 $325.23 173,592 10 SAN LUIS POTOSÍ $55,740.12 $54,824.96 11 186 195 1.05 1.07 51 $1,075.00 235,253 9 SINALOA $32,229.38 $32,053.38 18 188 220 1.17 1.18 230 $139.36 49,744 17 SONORA $38,663.37 $38,663.37 17 193 138 0.72 0.72 129 $299.72 55,027 16 TABASCO $31,505.55 $31,338.56 22 100 100 1.00 1.01 93 $336.97 62,027 15 VERACRUZ $117,217.26 $114,217.26 4 387 386 1.00 1.02 386 $295.90 633,372 3 YUCATÁN $31,618.25 $31,588.25 20 103 171 1.66 1.66 192 $164.52 549,532 5


38

38

Gráfica 3. Comparativo entre metas programadas y logros, 2002. Proyecto de Atención Legal a población indígena

876

103

437

210

716

12070

313

3560

15

289

108

228

802

208

139 125

186 188 193

100

387

103

876

103

437

213

1054

254

70

321

3590

21

243

108

1120

1037

383

152 131

195220

138100

386

171

0

200

400

600

800

1000

1200

BAJA CALIF

ORNIACAMPECHE

CHIAPASCHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGOGUANAJU

ATOGUERRERO

HIDALGO

JALIS

CO

ESTADO DE M

EXICOMIC

HOACANMORELO

SNAYA

RITOAXACAPUEBLA

QUERETAROQUINTA

NA ROO

SAN LUIS POTO

SISIN

ALOA

SONORATA

BASCOVERACRUZ

YUCATAN

Metas Anual Logros a Dic.


39

39

4.1.2 PROGRAMA DE EXCARCELACIÓN DE PRESOS INDÍGENAS El proyecto de Excarcelación de presos indígenas, como su título lo indica, está dirigido a indígenas privados de la libertad en cualquier centro penitenciario de los Estados Unidos Mexicanos. El perfil preferible del posible excarcelable es el de aquél que es susceptible de liberación mediante la exhibición de una garantía o bien mediante el trámite incidental del monto de la fianza. Para optimizar las acciones, los responsables del proyecto valoran el costo de la tramitación (no superior a la fianza o el monto tramitado incidentalmente). Para cumplir sus objetivos, entre los más concretos de la DPPJ-INI, mantiene un estrecho vínculo con el proyecto de atención legal (mediante lo que pudiera considerarse como un sistema de vasos comunicantes) internamente, y hacia el exterior, con otras instituciones de procuración, impartición y administración de justicia (centros penitenciarios sobre todo) a efectos de recabar los censos sobre indígenas victimizados por su desigualdad material y sociocultural. Otra de las estrategias para lograr sus objetivos, es vincularse con instituciones defensoras de los derechos humanos y otras que, mediante convenios (TELMEX, por ejemplo), aportan recursos financieros destinados a lograr el objetivo central del proyecto. Pero su objetivo central (excarcelación) no es el único, ya que entre sus funciones se encuentran brindar asesorías, realizar defensorías y hacer gestiones a los sujetos y comunidades indígenas. El anterior panorama debe contemplarse al leer los comentarios que los número fríos no revelan. 4.1.2.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Bajo el presente rubro englobamos una serie de requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, entre ellos:

b) población beneficiada Se incluyen, además,

d) las relaciones entre presupuesto y población indígena; e) costos por meta; y

la derrama presupuestal promedio asignada a cada persona o proyecto. El proyecto de excarcelación de presos indígenas, que trabaja sobre la

base de los censos obtenidos por las delegaciones estatales y por solicitudes expresas ante esas instancias y la propia subdirección de asuntos penales, evidentemente no puede trabajar sobre la variable de la población indígena total, aún en el caso de suponerse que a mayor población indígena debería existir un mayor número de casos de encarcelamientos. Antes bien, debería obedecer a las zonas indígenas en alta conflictividad observada durante 2002; a ello obedece la distribución en el siguiente cuadro donde podemos observar que entidades con grandes conflictos en los que están involucrados indígenas, ocupan los lugares más altos en cuanto asignación de montos. Sin embargo, es de notarse la


40

40

coincidencia entidades de alta conflictividad, como Chiapas y Oaxaca, desfasándose un poco Guerrero. El D. F. ocupa un lugar importante por cuanto la enorme población indígena concentrada en la Ciudad de México, y por cuanto que buena parte de los excarcelados purgan condenas por delitos federales en reclusorios sitos en la demarcación y en zonas periféricas.

CUADRO NO.10 RELACIÓN PRESUPUESTO/POBLACIÓN INDÍGENA

ESTADO


LUGAR SEGÚN PRESUPUESTO AUTORIZADO


2000

LUGAR SEGÚN


BAJA CALIFORNIA

$84,813 13 36,685 20

CAMPECHE $34,558 22 93,765 13 CHIAPAS $361,210 3 809,592 2 CHIHUAHUA $195,809 5 84,086 14 DISTRITO FEDERAL

$314,127 4 141,710 11

DURANGO $62,487 17 24,934 23 ESTADO DE MÉXICO

$190,754 8 361,972 7

GUANAJUATO $7,440 24 10,689 24 GUERRERO $182,766 9 367,110 6 HIDALGO $92,055 12 339,886 8 JALISCO $76,057 14 39,259 18 MICHOACÁN $194,306 6 121,849 12 MORELOS $42,315 20 30,896 21 NAYARIT $126,678 10 37,206 19 OAXACA $516,707 1 1,120,312 1 PUEBLA $396,047 2 565,509 4 QUERETARO $24,651 23 25,269 22 QUINTANA ROO $49,927 19 173,592 10 SAN LUIS POTOSÍ

$65,572 15 235,253 9

SINALOA $116,575 11 49,744 17 SONORA $54,034 18 55,027 16 TABASCO $42,279 21 62,027 15 VERACRUZ $191,684 7 633,372 3 YUCATÁN $64,431 16 549,532 5


41

41

Al igual que en el resto de los proyectos, encontramos una constante al vincular el presupuesto con otras variables. Aquí destacamos que no siempre los más altos presupuestos corresponden con el mayor número de metas programadas, así, por ejemplo, el Distrito Federal programó el mayor número de metas y ocupa el cuarto sitio en monto presupuestal asignado; otros desfasamientos notables son los casos de Baja California y Sinaloa donde ambos rubros están mus distantes de conservar cierto equilibrio. Este desbalance, sin embargo, obedece a otras variables como lo son los convenios con instituciones (privadas o públicas) que aligeran el monto de las cargas financieras asignadas a fianzas o defensorías tendientes a excarcelación, de un lado; de otro, a los niveles de vida cara en que se encuentran enclavadas las delegaciones.

CUADRO NO.11 RELACIÓN PRESUPUESTO/METAS PROGRAMADAS

ESTADO



METAS PROGRA-

MADAS

LUGAR SEGÚN METAS

PROGRA- MADAS

OAXACA $516,707 1 62 2 PUEBLA $396,047 2 12 6 CHIAPAS $361,210 3 29 3 DISTRITO FEDERAL

$314,127 4 588 1

CHIHUAHUA $195,809 5 11 7 MICHOACÁN $194,306 6 9 11 VERACRUZ $191,684 7 15 5 ESTADO DE MÉXICO

$190,754 8 10 9

GUERRERO $182,766 9 11 8 NAYARIT $126,678 10 10 10 SINALOA $116,575 11 4 23 HIDALGO $92,055 12 6 13 BAJA CALIFORNIA

$84,813 13 29 4

JALISCO $76,057 14 6 14 SAN LUIS POTOSÍ

$65,572 15 7 12

YUCATÁN $64,431 16 6 15 DURANGO $62,487 17 5 19 SONORA $54,034 18 6 16 QUINTANA ROO $49,927 19 6 17 MORELOS $42,315 20 6 18


42

42

TABASCO $42,279 21 5 20 CAMPECHE $34,558 22 5 21 QUERETARO $24,651 23 5 22 GUANAJUATO $7,440 24 1 24

Como consecuencia de lo anterior, a lo que se anexa en hecho de que no existen unidades de medida homogéneas, ni criterios universales para cualificar/cuantificar metas, se produce un desencuentro entre los montos autorizados y las metas programadas. En efecto, resulta poco cuestionable que Oaxaca, con el mayor monto ocupe el segundo lugar conforme con las metas programadas. Sin embargo, llaman la atención casos como el de Puebla, con sexto lugar en metas programadas, recibió el segundo monto más alto; el de Sinaloa, cuyo undécimo sitio con presupuesto asignado, frente a un vigésimo tercero por metas programadas; y, en el sentido inverso, destaca Baja California, con un tercer lugar en metas programadas en contraste con su decimotercero sitio en programación.

El anterior espectro se complica cuando, sobre la base de una valoración de la acción, no se encuentra una relación directa entre ésta y el presupuesto. En efecto, en este rubro es donde se puede apreciar que en la asignación presupuestal no se contempló este rubro: el mayor monto presupuestal no se asignó al centro (delegación) con mayor número de metas (Distrito Federal), ni el monto más bajo (Sinaloa) fue canalizado hacia donde se encontraba el menor número de metas, aunque destaque Oaxaca por el número de metas programadas (62), luego del D.F., y este último por el bajísimo costo por unidad.

Aunque ya se ha referido la situación específica (centralización), que caracteriza al D. F., en las cifras destaca el monto reducido por meta que programó Baja California. Empero, es menester aclarar que la forma de cuantificar metas no es homogénea y adquiere tanto valor numérico una excarcelación por defensoría y una por aportación de fianza, lo que en tiempos socializados para lograr una y otras difieren en tiempo, esfuerzo y recursos económicos.

CUADRO NO.12 RELACIÓN COSTOS POR META PROGRAMADA

ESTADO


LUGAR

QUE OCUPA SEGÚN PRESU-PUESTO AUTORI-

ZADO

METAS PROGRA-

MADAS

LUGAR

QUE OCUPA SEGÚN META

PROGRA-MADA

COSTO PROGRA-

MADO DE CADA

META

LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN COSTO

PROGRA-MADO POR

META OAXACA $516,707 1 62 2 $8,333.98 17 PUEBLA $396,047 2 12 6 $33,003.94 1


43

43

CHIAPAS $361,210 3 29 3 $12,455.53 12 DISTRITO FEDERAL

$314,127 4 588 1 $534.23 24

CHIHUAHUA $195,809 5 11 7 $17,800.84 5 MICHOACÁN $194,306 6 9 11 $21,589.52 3 VERACRUZ $191,684 7 15 5 $12,778.90 8 ESTADO DE MÉXICO

$190,754 8 10 9 $19,075.41 4

GUERRERO $182,766 9 11 8 $16,615.11 6 NAYARIT $126,678 10 10 10 $12,667.79 10 SINALOA $116,575 11 4 23 $29,143.81 2 HIDALGO $92,055 12 6 13 $15,342.56 7 BAJA CALIFORNIA

$84,813 13 29 4 $2,924.59 23

JALISCO $76,057 14 6 14 $12,676.20 9 SAN LUIS POTOSÍ

$65,572 15 7 12 $9,367.37 14

YUCATÁN $64,431 16 6 15 $10,738.42 13 DURANGO $62,487 17 5 19 $12,497.47 11 SONORA $54,034 18 6 16 $9,005.66 15 QUINTANA ROO $49,927 19 6 17 $8,321.14 18 MORELOS $42,315 20 6 18 $7,052.58 20 TABASCO $42,279 21 5 20 $8,455.76 16 CAMPECHE $34,558 22 5 21 $6,911.52 21 QUERETARO $24,651 23 5 22 $4,930.22 22 GUANAJUATO $7,440 24 1 24 $7,439.83 19 4.1.2.2 EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LAS VARIABLES ASOCIADAS Bajo este rubro se comentan tanto el apego al presupuesto autorizado como los posible ahorros que significó para la institución, o lo que llamamos

g) disciplina presupuestal; h) ahorro al proyecto; i) eficacia. En términos absolutos, conforme con el monto reducido del presupuesto

ejercido, destacan Michoacán, Veracruz, Distrito Federal, Quintana Roo, San Luis Potosí y Guerrero, frente a los que se ajustaron al presupuesto: Campeche, Oaxaca y Tabasco; empero, una característica general del ejercicio presupuestal es que ninguna delegación se sobregiró y sí, por el contrario, tendieron a la reducción, aunque con marcadas diferencias, el 87.5% de ellas, al parecer en una disciplina presupuestal indiscutible y en una optimización de los recursos


44

44

asignados, pero es conveniente precisar que en términos porcentuales el espectro hace variar las posiciones que, en orden descendente por monto reducido, son: Quintana Roo, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato (una sola meta) y Distrito Federal.

CUADRO NO.13 MONTOS Y PORCENTAJES REDUCIDOS SEGÚN PRESUPUESTO

ESTADO



MONTO TOTAL

REDUCIDO

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

LUGAR SEGÚN MONTO

REDUCIDO MICHOACÁN $194,306 $112,404 $81,902 42.15 2 VERACRUZ $191,684 $114,684 $77,000 40.17 3 DISTRITO FEDERAL $314,127 $266,019 $48,108 15.31 6 QUINTANA ROO $49,927 $28,673 $21,254 42.57 1 SAN LUIS POTOSÍ $65,572 $45,907 $19,664 29.98 4 GUERRERO $182,766 $164,905 $17,861 9.77 9 YUCATÁN $64,431 $55,239 $9,192 14.26 7 BAJA CALIFORNIA $84,813 $76,819 $7,994 9.42 10 JALISCO $76,057 $68,572 $7,485 10.31 8 PUEBLA $396,047 $392,041 $4,007 1.01 17 CHIHUAHUA $195,809 $192,977 $2,833 1.47 15 GUANAJUATO $7,440 $5,392 $2,048 27.52 5 NAYARIT $126,678 $124,843 $1,835 1.44 16 HIDALGO $92,055 $90,239 $1,816 1.97 13 ESTADO DE MEXICO $190,754 $188,947 $1,807 0.9 18 SINALOA $116,575 $114,833 $1,742 1.49 14 DURANGO $62,487 $61,179 $1,308 2.09 12 MORELOS $42,315 $41,172 $1,143 2.7 11 SONORA $54,034 $53,992 $42 0.07 19 CHIAPAS $361,210 $361,192 $19 0.005 21 QUERETARO $24,651 $24,642 $9 0.03 20 CAMPECHE $34,558 $34,558 $0 0 22 OAXACA $516,707 $516,707 $0 0 23 TABASCO $42,279 $42,279 $0 0 24

4.1.2.3 COSTO/BENEFICIO Bajo el rubro siguiente, conforme con los Términos de Referencia, referimos fundamentalmente al índice de eficiencia.


45

45

Sobre la base de las metas logradas y las programadas, el proyecto alcanzó un índice de eficacia del orden de 3.49; el 87.5% de las delegaciones lograron las metas que se habían propuesto y las superaron en el mayor número de casos (83.33%) y sólo un 12.5% no alcanzaron la cifra propuesta. La eficiencia alcanzada por el proyecto, por ende, es evidente: en términos relativos se observa que el 87.5% de las delegaciones lograron un índice de eficiencia arriba de la unidad y el resto estuvieron por debajo para un promedio de 3.81. En materia de eficacia destacan Sinaloa, Michoacán, Durango, Nayarit y Campeche como los más eficaces y como los más eficientes; en cambio, Distrito Federal, Guerrero y Baja California destacan por sus bajos índices. Al observar los índices de eficiencia/eficacia, un hecho salta a la vista: ambos índices se vinculan estrechamente con el bajo número de metas programadas. El caso del Distrito Federal, con el más alto índice de metas programadas y con solo una lograda es el ejemplo hipostásico.


46

46

ESTADO

PRESU-PUESTO AUTORI-

ZADO

LUGAR SEGÚN PRESU- PUESTO AUTORI-

ZADO

PRESU- PUESTO

EJER- CIDO


EJER- CIDO

METAS PRO-

GRAMA- DAS

LUGAR SEGÚN METAS

PROGRA-MADAS

LOGROS

LUGAR SEGÚN

LOGROS

EFICACIA DEL

PROYECTO

EFICIENCIA DEL

PROYECTO

LEFICACIA Y EFICIENCIA

(LUGAR)

SINALOA $116,575 11 $114,833 9 4 23 49 6 12.25 12.44 1 MICHOACÁN $194,306 6 $112,404 11 9 11 61 4 6.78 11.72 2 DURANGO $62,487 17 $61,179 15 5 19 43 7 8.60 8.78 3 NAYARIT $126,678 10 $124,843 8 10 10 80 3 8.00 8.12 4 CAMPECHE $34,558 22 $34,558 21 5 21 30 9 6.00 6.00 5 QUINTANA ROO

$49,927 19 $28,673 22 6 18 19 14 3.17 5.51 6

SONORA $54,034 18 $53,992 17 6 16 27 11 4.50 4.50 7 PUEBLA $396,047 2 $392,041 2 12 6 49 5 4.08 4.13 8 TABASCO $42,279 21 $42,279 19 5 20 17 16 3.40 3.40 9 CHIAPAS $361,210 3 $361,192 3 29 3 98 2 3.38 3.38 10 YUCATÁN $64,431 16 $55,239 16 6 15 17 15 2.83 3.30 11 CHIHUAHUA $195,809 5 $192,977 5 11 7 35 8 3.18 3.23 12 VERACRUZ $191,684 7 $114,684 10 15 5 26 13 1.73 2.90 13 ESTADO DE MÉXICO

$190,754 8 $188,947 6 10 9 27 10 2.70 2.73 14

OAXACA $516,707 1 $516,707 1 62 2 143 1 2.31 2.31 15 HIDALGO $92,055 12 $90,239 12 6 13 13 18 2.17 2.21 16 QUERETARO $24,651 23 $24,642 23 5 22 11 19 2.20 2.20 17 SAN LUIS POTOSÍ

$65,572 15 $45,907 18 7 12 10 20 1.43 2.04 18

JALISCO $76,057 14 $68,572 14 6 14 10 21 1.67 1.85 19 GUANAJUATO $7,440 24 $5,392 24 1 24 1 24 1.00 1.38 20 MORELOS $42,315 20 $41,172 20 6 17 8 22 1.33 1.37 21 BAJA CALIFORNIA

$84,813 13 $76,819 13 29 4 26 12 0.90 0.99 22

GUERRERO $182,766 9 $164,905 7 11 8 4 23 0.36 0.40 23 DISTRITO FEDERAL

$314,127 4 $266,019 4 588 1 13 17 0.02 0.03 24


47

47

4.1.2.4 IMPACTO SOCIAL En el presente apartado, la pretensión es cuantificar y cualificar los siguientes rubros:

b) utilidad del proyecto en la comunidad: b) de los operadores al manual de procedimientos; c) transparencia d) población objetivo y su grado de prioridadcomparativo 2001/2002.

El desempeño del proyecto se ha recibido con beneplácito entre los beneficiarios y sus familiares. En términos generales existe la opinión que el desempeño del proyecto de excarcelación es bueno, muy útil y con resultados que van de buenos (37.8%) a muy buenos (45.9%). Esta imagen creada hace posible la disposición de los encuestados para participar en otros proyectos del INI, según lo refiere el 81.1%. Las razones aducidas son el beneficio recibido (37.8%), la confiabilidad que tiene el INI (28.9%) y por el trato que reciben (17.8%), entre otros. Con sorpresa, el instrumento revela que el conocimiento del proyecto les llegó por redes informales de información (48.6%) aunque también por la información que las autoridades que de la institución tienen las autoridades (18.9%) y por la propia presencia del INI en las localidades para informar (16.1%). La mayor parte de las excarcelaciones logradas tuvieron como inicio la solicitud de los interesados (familiares de los excarcelados y autoridades comunitarias), aunque destaca que el inicio de la promoción de la excarcelación fue gestada por el INI (29.7%), lo que coincide con los criterios de elegibilidad y con las labores sustantivas que el proyecto realiza conforme con su normatividad de operación. La misma población beneficiada asienta que el INI los ha informado de los avances de las gestiones. En términos generales, de las actividades sustantivas del proyecto, los mayores requerimientos han sido de asesoría, seguido de las gestorías y las defensorías. Los beneficiados reconocen, empero, que a quien se beneficia con el proyecto es en primera instancia al solicitante o excarcelado y de allí se extienden los beneficios a la familia.

Es evidente que el proyecto de excarcelación se dirige a la población indígena, como se desprende de las respuestas a la siguiente pregunta en el cuestionario:

¿Habla usted una lengua diferente del

castellano?

28 75.7 9 24.3

37 100.0

Si No Total

n %



48

48

¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de la ha mejorado con la aplicación del proyecto?

34 91.9

1 2.7

2 5.4

37 100.0

Si

No

No lo sé

Total

n %

Las respuestas a la pregunta en el cuestionario: “¿Por qué medio se enteraron del proyecto?, nos muestran que el programa permite la difusión, promoción y conocimiento de los derechos indígenas, en el marco de la pluralidad y diversidad cultural:

¿Por qué medio se enteraron del proyecto del proyecto de excarcelación de presos indígenas?

n % Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda

2 5.4

Los del INI informaron solo a las autoridades locales

7 18.9

Nos avisaron autoridades del municipio 4 10.8 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 6 16.2 Por otros medios 18 48.6 Total 37 100.0

Pero, como se desprende de la siguiente tabla, es también evidente que la principal atención del proyecto no se dirige hacia los municipios y las microregiones más vulnerables:

CUADRO NO. 15 POBLACIÓN OBJETIVO Y GRADO DE MARGINACIÓN ESTADO MUNICIPIO MUY

ALTO ALTO MEDIO MEDIO

BAJO BAJO MUY

BAJO 1. BAJA CALIFORNIA

ENSENADA X

4. CAMPECHE CAMPECHE X 7. CHIAPAS TUXTLA

GUTIÉRREZ X


49

49

8. CHIHUAHUA

CHIHUAHUA X

9. DISTRITO FEDERAL

CUAUHTÉMOC X

10. DURANGO DURANGO X 11. GUANAJUATO

GUANAJUATO X

12. GUERRERO

ACAPULCO X

13. HIDALGO PACHUCA X 14. JALILSCO GUADALAJARA X 15. ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA X

16. MICHOACÁN

AQUILIA X

COAHUAYANA X MORELIA X MORELIA X ZITÁCUARO X 17. MORELOS CUERNAVACA X 18. NAYARIT TEPIC X 19. OAXACA OAXACA X 21. PUEBLA PUEBLA X 23. QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO P.

X

24. S. L. POTOSÍ

S. L. POTOSÍ X

25. SINALOA CULIACÁN X 26. SONORA HERMOSILLO X 27. TABASCO VILLAHERMOSA X 30. VERACRUZ

XALAPA X

31. YUCATÁN MÉRIDA X PORCENTAJE 7.4 3.7 3.7 0 3.7 81.4

La incidencia del proyecto en las comunidades donde opera se desprende

de las repuestas a la pregunta: “¿Para el desempeño de este proyecto, la respuesta que han tenido del INI ha sido?”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue:


18 48.6 18 48.6 1 2.7

37 100.0

Muy buena Buena No contesto Total

n %


50

50


El proyecto de excarcelación llegó a la localidad:

4 10.8 9 24.3 3 8.1

11 29.7 10 27.0 37 100.0

Solicitado por las autoridades locales Solicitado por un grupo de personas de la localidad Promovido por profesores, médicos u otros profesionistas Promovido por el INI No lo sé Total

n %

A la pregunta: “?Qué tan útil considera Ud. a la labor que ha realizado el INI

en la comunidad”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue, respuestas que nos muestran hasta qué grado los objetivos del proyecto fueron cumplidos.


20 54.1

16 43.2

1 2.7

37 100.0

Muy útil

Útil No contesto

Total

n %

La pregunta acerca del grado de satisfacción por parte de la población

beneficiada por el proyecto fue contestada de manera muy directa. A la pregunta: “?Cómo han sido los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto en la comunidad?”, las respuestas fueron como sigue:

Los resultados que se han obtenido con la

aplicación del proyecto en la comunidad han sido:

17 45.9 14 37.8 5 13.5 1 2.7

37 100.0

Muy buenos Buenos Regulares No contesto Total

n %


51

51

La pregunta acerca de la cobertura demográfica se contesta con la respuesta a la pregunta: ¿Los beneficios que ha acarreado la aplicación del proyecto los han recibido:

¿Los beneficios que ha acarreado la aplicación del proyecto los han recibido:

16 43.2 6 16.2

11 29.7 4 10.8

37 100.0


n %



30 81.1 7 18.9

37 100.0

Si No lo sé Total

n %

El proyecto, a no dudar, mejoró notablemente en relación con el año próximo pasado. Con una reducción del monto de un 37.4% logró, sin embargo, un aumento de metas programadas en 11.82%. aunque redujo marginalmente su eficacia, sin dejar de ser eficaz, en un 11.11%, y también disminuyó su eficiencia en 11.76%, sin dejar de ser eficiente. Ahora, si bien redujo el número de metas en un 1.28%, también lo es que redujo el costo por meta en 40.85%, lo que significa un gran avance respecto del año anterior y revela un manejo más eficiente de los recursos financieros, aún en condiciones de reducción del presupuesto en términos tanto nominales como reales.


52

52

CUADRO NO. 16 COMPARATIVO DE METAS 2001/2002, EXCARCELACIÓN

2001

METAS PROGRA-

MADAS

PRESUPUESTO

ANUAL MODIFICADO

(PESOS)

COSTO PROMEDIO

POR META

(HIPOTÉTICO) EN PESOS

METAS LOGRADAS

EFICACIA

PRESUPUESTO

REALMENTE EJERCIDO (PESOS)

EFICIENCIA

COSTO PROMEDIO POR META (REAL) EN

PESOS

DIFERENCIA ENTRE LO

HIPOTÉTICO Y LO REAL EN PESOS

PORCENTAJE

761 5 538 144.12 7267.46 828 1.08 5 445 981.61 1.19 6577.27 1 050.29 9.83% 2002 854 3 487 281.89 4083.34 817 0.96 3 178 214.49 1.05 3890.10 193.24 9.11% DIFERENCIAS + 90 - 2 050 862.3 -3184.2 -11 -0.12% -2 267 767.2 -0.14 -2687.17 -875.05 + 11.82 -37.4% -43.81% -1.28% -11.11 -41.64% -11.76 -40.85 -81.60%


53

53

Gráfica 4. Comparativo entre metas programadas y logros, 2002. Proyecto de Excarcelación

295

2911

588

5 1 11 6 6 10 9 6 10

62

12 5 6 7 4 6 5 15 626 30

98

3513

43

1 4 13 1027

61

8

80

143

49

11 19 10

4927 17 26 17

0

100

200

300

400

500

600

700

BAJA CALIF

ORNIACAMPECHE

CHIAPASCHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGOGUANAJU

ATOGUERRERO

HIDALGO

JALIS

CO

ESTADO DE M

EXICOMIC

HOACANMORELO

SNAYA

RITOAXACAPUEBLA

QUERETAROQUINTA

NA ROO

SAN LUIS POTO

SISIN

ALOA

SONORATA

BASCOVERACRUZ

YUCATAN



54

54

4.1.2.5 BALANCE Bajo el siguiente rubro hacemos una pequeña pausa para asentar observaciones significativas en torno del proyecto, sin considerarlo como una evaluación. La estadística interna del proyecto nos permite entrever que:

a) los montos presupuestales más altos no corresponden con las entidades con mayor número de metas programadas.

b) El proyecto labora con altos índices de eficacia y eficiencia. c) No existen unidades de medida homogéneas que permitan asignar montos

presupuestales equitativos. El proyecto, dado que no solo excarcela, sino que asesora y defiende, considera numéricamente iguales cada una de sus acciones, cuando el tiempo de trabajo invertido, los recursos humanos y financieros, no lo son en cada caso.

d) El proyecto se maneja con una alta disciplina presupuestal.


55

55

4.1.3. PROGRAMA DE REGISTRO CIVIL. 4.1.3.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Bajo el presente rubro englobamos una serie de requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, entre ellos:


b) las relaciones entre presupuesto y población indígena; c) costos por meta; y d) la derrama presupuestal promedio asignada a cada persona o proyecto.

El programa de apoyo al registro civil tiene como objetivo central acercar los servicios del registro civil a la población indígena, y viceversa: la finalidad, en términos sociológicos, es ciudadanizar a la población indígena para que regule, en términos del código civil, sus actos vitales mediante la obtención de actas de nacimiento, matrimonio y defunción principalmente que le permiten a la vez aproximarse al Estado para tramitación de otros documentos (credencial de elector, CURP, pasaportes, etc.). En términos generales, es un programa de apoyo y, para tal fin, los centros coordinadores indigenistas entran en contacto con las comunidades para realizar censos/diagnóstico sobre los cuales se determinan las necesidades de individuos y colectividades con apoyo de promotores elegidos por los propios indígenas y capacitados por el INI. Para tal fin, el programa recurre tanto a los promotores como a la valoración de su trabajo para diagnosticar necesidades, como a las oficinas del registro civil municipales para establecer acuerdos económicos o convenios encaminados a aligerar las cargas económicas sobre los indígenas susceptibles de obtener actas, y a aligerar los trámites para obtenerlas. Esto presupone, además, que las erogaciones que el trámite implica son aligeradas mediante aportaciones del INI. Otrora, el programa tenía una unidad de medida muy concreta: el acta; sin embargo, para 2002 optó por cambiarla a comunidad, lo que dispersó la posibilidad de programar metas con un indicador concreto y, consecuentemente, dificultó las posibilidades de evaluación cuantitativa a la vez que optimizaba esfuerzos anteriormente atomizados al trabajar con individuos. Es menester notar que es el proyecto con menos recursos financieros, pero también el que menos vinculación tiene con los objetivos de la DPPJ-INI. En stricto sensu, la posesión de una acta no acarrea mayor justicia, ni garantiza mejor ejercicio de los derechos humanos; el mismo hecho de poseer un documento vital es más preocupación del propio Estado que de las comunidades indígenas. Lo anterior debe tomarse en consideración al leer los siguientes comentarios y al revisar las respectivas tablas de concentración/ordenación de datos.

La asignación de presupuesto en este programa no correspondió plenamente al criterio de Estados con mayor población indígena. De ésta forma solamente los Estados de Chiapas y Oaxaca se beneficiaron con un mayor presupuesto. Entre los cinco estados que recibieron mayor presupuesto, además


56

56

de éstos, tenemos al Distrito Federal y Durango quienes ocupan respectivamente el lugar 10° y 24°.

CUADRO NO. 17 RELACIÓN PRESUPUESTO/POBLACIÓN INDÍGENA

ESTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO

LUGAR SEGÚN POBLACIÓN INDÍGENA

SONORA $13,880 16 QUERETARO $14,562 23 MORELOS $22,818 21 SINALOA $23,765 17 BAJA CALIFORNIA

$24,315 20

YUCATÁN $26,233 5 SAN LUIS POTOSÍ $28,501 8 ESTADO DE MÉXICO

$28,888 7

GUANAJUATO $28,935 27 PUEBLA $29,807 4 HIDALGO $33,620 11 TABASCO $33,736 15 MICHOACÁN $33,806 12 QUINTANA ROO $33,897 9 CHIHUAHUA $33,965 14 NAYARIT $37,782 19 CAMPECHE $38,478 13 JALISCO $44,317 18 VERACRUZ $47,740 3 DURANGO $53,815 24 CHIAPAS $78,070 2 OAXACA $82,701 1 GUERRERO $88,051 6 DISTRITO FEDERAL

$400,583 10

Si atendiésemos al criterio de metas programadas, el mayor presupuesto debió asignarse al Distrito Federal, y a los estados de: Chiapas, Michoacán, Veracruz , Guerrero y San Luis Potosí y en éste caso en particular sólo se tomó en cuenta al Distrito Federal, Chiapas y Guerrero. Los estados de Michoacán, Veracruz y San Luis Potosí ocupan los siguientes lugares: 12°, 6°, 18°


57

57

CUADRO NO. 18 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/METAS

ESTADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

METAS


ASIGNADO SONORA $13,880 8 24 QUERETARO $14,562 11 23 MORELOS $22,818 13 22 SINALOA $23,765 13 21 BAJA CALIFORNIA

$24,315 10 20

YUCATÁN $26,233 8 19 SAN LUIS POTOSÍ $28,501 15 18 ESTADO DE MÉXICO

$28,888 11 17

GUANAJUATO $28,935 8 16 PUEBLA $29,807 9 15 HIDALGO $33,620 19 14 TABASCO $33,736 8 13 MICHOACÁN $33,806 29 12 QUINTANA ROO $33,897 8 11 CHIHUAHUA $33,965 10 10 NAYARIT $37,782 16 9 CAMPECHE $38,478 8 8 JALISCO $44,317 15 7 VERACRUZ $47,740 21 6 DURANGO $53,815 11 5 CHIAPAS $78,070 35 4 OAXACA $82,701 9 3 GUERRERO $88,051 24 2 DISTRITO FEDERAL

$400,583 440 1

Los estados que menos presupuesto debieron recibir atendiendo al criterio de las metas programadas fueron: Sonora, Yucatán, Guanajuato, Puebla y Tabasco. En este sentido la asignación de menor presupuesto según metas programadas sólo se realizó en el estado de Sonora, en los demás estados mencionados anteriormente, aún y cuando la diferencia entre presupuestos es menor, sobre todo entre Yucatán y Guanajuato que es de $2,702.00. Llama la atención el estado de Oaxaca quien habiendo programado 9 metas ocupa el 3° lugar en la asignación de presupuesto

En relación con la asignación de presupuesto según la población beneficiada tenemos los siguientes datos:


58

58

CUADRO NO. 19 RELACIÓN PRESUPUESTO/POBLACIÓN INDÍGENA

ESTADO


POBLACIÓN

BEBNEFICIADA

LUGAR QUE OCUPA SEGÚN


LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN PRESUPUESTO

MORELOS $22,818 1,382 3 22 SINALOA $23,765 1,231 4 21 HIDALGO $33,620 1,697 2 14 SONORA $13,880 660 8 24 PUEBLA $29,807 1,115 5 15 CHIAPAS $78,070 1,739 1 4 VERACRUZ $47,740 911 7 6 CHIHUAHUA $33,965 500 9 10 MICHOACÁN $33,806 434 10 12 GUERRERO $88,051 970 6 2

Esta tabla nos indica que los estados de Sonora, Morelos, Sinaloa, Puebla

e Hidalgo pudieron beneficiar a mayor población con menor presupuesto. Resalta el hecho de que los estados de Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí aparecen sin población atendida ocupando los siguientes lugares respectivamente según presupuesto asignado: 9°, 3° y 18°. Sólo en el caso de Querétaro coincide la menor población atendida con el menor presupuesto asignado.

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, considerando como variable el costo programado por meta, los cinco estados que obtuvieron el costo programado más bajo fueron: Distrito Federal, Michoacán, Querétaro, Sonora y Morelos. Mientras que los cinco más altos fueron: Oaxaca, (en donde además no encontramos población beneficiada) , Durango, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. En este caso específico del Programa de Registro Civil hay que tomar en cuenta que las metas tienen como unidad de medida el censo-diagnóstico y que éste puede contener desde una persona hasta una familia completa.


59

59


METAS PROGRAMADAS

COSTO PROGRAMADO DE CADA META

LUGAR _EGÚN COSTO PROGRAMADO

COSTO POR PERSONA

BENEFICIADA


LUGAR SEGÚN COSTO

PROGRAMADO

BAJA CALIFORNIA $24,315 10 $2,431.50 13 $391.97 20 13 CAMPECHE $38,478 8 $4,809.73 3 $12,812.41 13 3 CHIAPAS $78,070 35 $2,230.57 16 $44.87 2 16 CHIHUAHUA $33,965 10 $3,396.49 8 $67.93 14 8 DISTRITO FEDERAL $400,583 440 $910.42 24 $643.33 11 24 DURANGO $53,815 11 $4,892.26 2 $2,445.90 23 2 ESTADO DE MEXICO $28,888 11 $2,626.19 12 $430.94 7 12 GUANAJUATO $28,935 8 $3,616.85 7 $69.72 24 7 GUERRERO $88,051 24 $3,668.79 6 $90.46 6 6 HIDALGO $33,620 19 $1,769.48 19 $19.57 8 19 JALISCO $44,317 15 $2,954.49 11 $2,769.84 18 11 MICHOACÁN $33,806 29 $1,165.71 23 $68.62 12 23 MORELOS $22,818 13 $1,755.19 20 $16.22 21 20 NAYARIT $37,782 16 $2,361.38 14 #¡DIV/0! 19 14 OAXACA $82,701 9 $9,189.04 1 #¡DIV/0! 1 1 PUEBLA $29,807 9 $3,311.86 9 $24.94 4 9 QUERETARO $14,562 11 $1,323.82 22 $220.64 22 22 QUINTANA ROO $33,897 8 $4,237.08 4 $93.27 10 4 SAN LUIS POTOSÍ $28,501 15 $1,900.08 17 #¡DIV/0! 9 17 SINALOA $23,765 13 $1,828.08 18 $19.29 17 18 SONORA $13,880 8 $1,735.02 21 $21.03 16 21 TABASCO $33,736 8 $4,216.94 5 $240.85 15 5 VERACRUZ $47,740 21 $2,273.33 15 $52.40 3 15 YUCATÁN $26,233 8 $3,279.14 10 $425.53 5 10


60

60

4.1.3.2 PRESUPUESTO EJERCIDO Y VARIABLES ASOCIADAS Bajo este rubro se comentan tanto el apego al presupuesto autorizado como los posible ahorros que significó para la institución, o lo que llamamos

a) disciplina presupuestal; b) ahorro al proyecto; c) eficacia. Las diferencias que existen en algunos estados entre el presupuesto

autorizado y el ejercido son de menor cuantía e incluso en algunos estados se cumplió exactamente con el presupuesto. Ninguna delegación se sobregiró en el ejercicio de su presupuesto; el 54.16% del total se ajustó a su presupuesto mientras que el 45.84% ejerció menos de su presupuesto asignado, destacándose en este rubro el Distrito Federal que teniendo un presupuesto autorizado de $400,583 solamente ejerció $194,284 o sea el 51.49%.

CUADRO NO. 21 MONTOS Y PORCENTAJES DE REDUCCIÓN SEGÚN PRESUPUESTO

ESTADO PRESUPUESTO

AUTORIZADO PRESUPUESTO

EJERCIDO MONTO

REDUCIDO % DE

REDUCCIÓN BAJA CALIFORNIA $24,315 $16,463 $7,852 32.29 CAMPECHE $38,478 $38,437 $41 0 CHIAPAS $78,070 $78,030 $40 0 CHIHUAHUA $33,965 $33,965 $0 0 DISTRITO FEDERAL

$400,583 $194,284 $206,299 51.49

DURANGO $53,815 $53,810 $5 0 ESTADO DE MÉXICO

$28,888 $25,857 $17 0

GUANAJUATO $28,935 $28,935 $0 0 GUERRERO $88,051 $87,747 $1,304 0 HIDALGO $33,620 $31,446 $2,174 6.46 JALISCO $44,317 $44,317 $0 0 MICHOACÁN $33,806 $29,783 $4,023 11.90 MORELOS $22,818 $22,418 $400 1 NAYARIT $37,782 $36,411 $1,371 3.6 OAXACA $82,701 $82,701 $0 0 PUEBLA $29,807 $27,807 $2,000 6.70 QUERÉTARO $14,562 $14,562 $0 0 QUINTANA ROO $33,897 $26,022 $7,875 23.23 SAN LUIS POTOSÍ $28,501 $27,964 $537 1.8 SINALOA $23,765 $23,742 $23 0 SONORA $13,880 $13,880 $0 0


61

61

TABASCO $33,736 $33,718 $18 0 VERACRUZ $47,740 $47,739 $1 0 YUCATÁN $26,233 $23,404 $2,828 10.78

Con base en este indicador encontramos que el 79% de las delegaciones no alcanzó el grado de eficacia que corresponde al factor 1, mientras que el 21% resultaron ser más eficaces logrando pasar el factor 1 como fueron los casos de los siguientes estados: Durango (2.0), Oaxaca (4.44), Tabasco (1.88), Yucatán (3.0). Resalta el caso del estado de Oaxaca debido a que según información proporcionado por la DPPJ no tuvo población beneficiada (se carece de información) y que habiendo programado 9 metas alcanzó 44. No existe una relación directa entre el grado de eficacia y el presupuesto asignado, por lo que suponemos que se debe más bien al trabajo realizado por el personal asignado que en muchos casos una sola persona es la encargada de los siete proyectos de procuración de justicia, más que a la utilización de los recursos. Nuevamente el estado de Oaxaca resalta debido a que sí existe una correspondencia entre su eficacia y el presupuesto asignado ocupando el 3° lugar en éste rubro. En el caso de Durango que ocupa el 5° lugar en asignación de presupuesto su eficacia fue de 2.

En cuanto a la relación entre el menor grado de eficacia y el presupuesto asignado resalta el hecho del caso del Distrito Federal quien ocupa el 1° lugar en presupuesto asignado, logrando el más bajo grado de eficacia (0.01).

CUADRO NO. 22 EFICACIA/EFICIENCIA

ESTADO

PRESU- PUESTO AUTORI-

ZADO


ZADO

PRESU- PUESTO EJERCI-

DO

LUGAR SEGÚN PRESU-PUESTO EJERCI-

DO

METAS PROGRA-

MADAS

LO- GROS

EFICACIA

EFICIEN- CIA

BAJA CALIFORNIA

$24,315 20 $16,463 22 10 5 0.50 0.74

CAMPECHE $38,478 8 $38,437 8 8 7 0.88 0.88 CHIAPAS $78,070 4 $78,030 4 35 15 0.43 0.43 CHIHUAHUA $33,965 10 $33,965 10 10 6 0.60 0.60 DISTRITO FEDERAL

$400,583 1 $194,284 1 440 3 0.01 0.01

DURANGO $53,815 5 $53,810 5 11 22 2.00 2.00 ESTADO DE MÉXICO

$28,888 17 $25,857 18 11 6 0.55 0.61

GUANAJUATO $28,935 16 $28,935 14 8 6 0.75 0.75 GUERRERO $88,051 2 $87,747 2 24 20 0.83 0.84 HIDALGO $33,620 14 $31,446 12 19 14 0.74 0.79 JALISCO $44,317 7 $44,317 7 15 9 0.60 0.60 MICHOACÁN $33,806 12 $29,783 13 29 5 0.17 0.20 MORELOS $22,818 22 $22,418 21 13 5 0.38 0.39 NAYARIT $37,782 9 $36,411 9 16 8 0.50 0.52


62

62

OAXACA $82,701 3 $82,701 3 9 40 4.44 4.44 PUEBLA $29,807 15 $27,807 16 9 6 0.67 0.71 QUERETARO $14,562 23 $14,562 23 11 3 0.27 0.27 QUINTANA ROO

$33,897 11 $26,022 17 8 7 0.88 1.14

SAN LUIS POTOSÍ

$28,501 18 $27,964 15 15 6 0.40 0.41

SINALOA $23,765 21 $23,742 19 13 5 0.38 0.38 SONORA $13,880 24 $13,880 24 8 5 0.63 0.63 TABASCO $33,736 13 $33,718 11 8 15 1.88 1.88 VERACRUZ $47,740 6 $47,739 6 21 11 0.52 0.52 YUCATÁN $26,233 19 $23,404 20 8 24 3.00 3.36


63

63

Gráfica 5. Comparativo entre metas programadas y logros, 2002. Proyecto de Registro Civil

10 8

35

10

440

11 824 19 15 11

2913 16 9 9 11 8 15 13 8 8

2185 7 15 6 3

226

20 14 9 6 5 5 8

40

6 3 7 6 5 5 15 1124

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

BAJA CALIF

ORNIACAMPECHE

CHIAPASCHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGOGUANAJU

ATOGUERRERO

HIDALGO

JALIS

CO

ESTADO DE M

EXICOMIC

HOACANMORELO

SNAYA

RITOAXACAPUEBLA

QUERETAROQUINTA

NA ROO

SAN LUIS POTO

SISIN

ALOA

SONORATA

BASCOVERACRUZ

YUCATAN



64

64

4.1.3.3 COSTO/BENEFICIO Bajo el rubro siguiente, conforme con los Términos de Referencia, referimos fundamentalmente al índice de eficiencia. Es menester hacer notar que el programa de apoyo al registro civil había contado hasta 2002 con una unidad de medida precisa, concreta, medible, cuantificable; tanto o más que la que adoptó para 2002 (núcleos, poblaciones). El cambio, empero, aunado a los movimientos y recortes de personal, no se tradujo en un mejoramiento de sus cifras, como demuestra su eficacia que disminuyó del 1.59 a 0.33, para un porcentaje del 79.24%; y, por supuesto, su eficiencia, del 2.64, bajó al 0.41, para un descenso porcentual del 84.46%. Las encuestas rebelan que algunas acciones quedaron inconclusas y es que, no es lo mismo atender casos aislados que obtener soluciones en paquete.

Al respecto aduciríamos que, por esa razón, no existe homogeneidad de todos los parámetros comparables. En cambio, comparte, dentro de lo comparable, una reducción del presupuesto asignado en 13.03%,

En cuanto al grado de mayor eficiencia lo obtuvieron los estados de: Oaxaca (4.44), Yucatán (3.36), Durango (2.0), Tabasco (1.88), Quintana Roo (1.14) que no corresponde con el lugar obtenido en la asignación de presupuesto ni en su ejercicio, con la excepción de Oaxaca, lo que nos indica que la eficiencia en éste caso particular no dependió del presupuesto. Los estados que obtuvieron mayor eficiencia tuvieron los siguientes lugares, respectivamente, en la asignación de presupuesto: 3°, 19°, 5°, 13°, 11°.

Con los más bajos grados de eficiencia se ubicaron el Distrito Federal (0.01), Michoacán (0.20) y Querétaro (0.27), ocupando los siguientes lugares respectivamente en cuanto a la asignación de recursos: 1°, 12°, y 23°. En donde vuelve a destacar el Distrito Federal quien obtuvo el primer lugar en presupuesto asignado y el más bajo grado de eficiencia. 4.1.3.4 IMPACTO SOCIAL En el presente apartado, la pretensión es cuantificar y cualificar los siguientes rubros:

a) utilidad del proyecto en la comunidad; b) de los operadores al manual de procedimientos, c) transparencia; d) población objetivo y su grado de prioridad; e) comparativo 2001/2002; f) cumplimiento de metas Es evidente que el proyecto de registro civil se dirige a la población indígena,

como se desprende de las respuestas a la siguiente pregunta en el cuestionario:


65

65

REGISTRO CIVIL PROMOTORES

bla usted una lengua diferente del castellano?

14 60.9 9 39.1

23 100.0

Si No Total

n %

Del programa para obteber actas de civil se enteró inicialmente: por la radio registro

1 4.3 Si n %

Del programa para obtener actas de civil se enteró inicialmente: se los vino a decir Registro el del centro coordinador indigenista

10 43.5 Si n %

Del programa para obteber actas de registro civil se enteró

inicalmente: se enteraron hasta que estaba en la comunidad

1 4.3 Si n %

Del programa para obteber actas de registro civil se enteró inicalmente: se enteraron por otro medio

6 26.1 Si n %

D e l p rogram a para ob tener actas de reg is tro civil s e en te ró in ic ia lm en te : le d ie ron una ho ja

1 4.3 Si n %


66

66

¿Le pidieron a alguna autoridad o a alguien del pueblo que participara en el programa para obtener actas?

19 82.6

3 13.0

1 4.3

23 100.0

Si

No

No me enteré

Total

n %

¿Les han informado los del INI de los logros obtenidos con el proyecto?

18 78.3 5 21.7

23 100.0

Si No Total

n %

Las visitas del INI a la comunidad informarles

sobre el registro civil para informar sobre los resultados del proyecto han sido

13 56.5 7 30.4 3 13.0

23 100.0

FrecuenteEsporádicaEscasaTotal

n %

¿El proyecto benefició solo a los que recibieron actas?

13 56.5 8 34.8 2 8.7

23 100.0


n %

¿Por qué medio se enteraron del proyecto del proyecto de registro civil? n % Por una radiodifusora 1 3.6 Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda 3 10.7 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 12 42.9 Los del INI escogieron a los que habrían de participar 3 10.7 Por otros medios 3 10.7 Nos avisaron autoridades del municipio 2 7.1 Los del INI informaron solo a las autoridades locales 4 14.3 Total 28 100.0


67

67

¿Los beneficios que ha acarreado la aplicación del han beneficiado a:

3 13.0 13 56.5 7 30.4

23 100.0

Un reducido número de Una gran cantidad de personas Toda la comunidad Total

n %

Los beneficios que acarrea el proyecto han beneficiado principalmente

2 8.7 13 56.5 3 13.0 1 4.3 3 13.0 1 4.3

23 100.0

A las anteriores y a gran parte de la localidad A la localidad entera A la localidad y otras localidades 8 9 10 Total

n %

¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de

la comunidad ha mejorado con la aplicación del proyecto?

20 87.0 1 4.3 2 8.7

23 100.0


n %

¿Vino gente del INI a explicarles para qué sirven las

actas?

20 87.0 3 13.0

23 100.0

Si No Total

n %

¿Cómo se eligió al promotor?

9 39.1 8 34.8 4 17.4 2 8.7

23 100.0

En asamblea comunal Fue nombrado por personal del INI Fue nombrado por la autoridad local Se propuso él mismo Total

n %


68

68

¿Se le dió capacitación al promotor?

18 78.3 4 17.4 1 4.3

23 100.0


n %

¿El promotor recibió algún pago por sus servicios?

2 8.7 21 91.3 23 100.0

Si No Total

n %

¿Algún partido político le prestó ayuda o asesoró al promotor

23 100.0No n %

¿Tiene el promotor reconocimiento o es

reconocido por las autoridades tradicionales?

15 65.2 8 34.8

23 100.0

Si No Total

n %

¿Cuánto compromiso tiene el promotor con la comunidad?

20 87.0 1 4.3 2 8.7

23 100.0

Mucho Poco Ninguno Total

n %

¿Recibió el promotor las cédulas de

diagnóstico para aplicarlas en la comunidad?

15 65.28 34.823 100.0

Si No Total

n %


69

69

¿Aplicó el promotor las cédulas de diagnóstico para aplicarlas en la comunidad?

17 73.9 6 26.1

23 100.0

Si No Total

n %

¿Ayudó el promotor a integrar y a revisar los expedientes que se entregaron al registro civil para quese les dieran las actas?

17 73.9 4 17.4 2 8.7

23 100.0

Si No No me correspondía Total

n %

¿Se entregaron todas las actas integradas en los expedientes?

10 43.5 11 47.8 2 8.7

23 100.0


n %

Las actas no han sido entregadas por que: aún

no terminan de revisar los expedientes en el registro civil

4 17.4 Si n %

Las actas no han sido entregadas por que: los expedientes no han llegado al registro civil

2 8.7 Si n %

Las actas no han sido entregadas por que:

A apenas se está aplicando el censo-diagnóstico

3 13.0 Si n %

Las actas no han sido entregadas por que: el INI no nos ha informado cómo va el proceso

3 13.0 Si n %


70

70

Las actas no han sido entregadas por otras razones

3 13.0 Si n %


3 13.0 20 87.0 23 100.0

Muy buena BuenTotal

n %


9 39.1 14 60.9 23 100.0


n %



2 8.7 17 73.9 3 13.0 1 4.3

23 100.0

Muy buenos BuenoRegulares Malos Total

n %

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué si participaría? n % Porque el INI cumple lo que promete 3 11.5 Porque nuestros esfuerzos se ven compensados 1 3.8 Porque nos tratan muy bien 3 11.5 Porque los resultados son benéficos para nosotros

19 73.1

Total 26 100.0


21 91.3 2 8.7

23 100.0

Si No lo

éTotal

n %


71

71


CUADRO NO. 23 POBLACIÓN OBJETIVO Y GRADO DE MARGINACIÓN

ESTADO MUNICIPIO REGISTRO

CIVIL

MUY ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO

BAJO MUY BAJO

1. BAJA CALIFORNIA

ENSENADA X

4, CAMPECHE

CHAMPOTÓN X

HOPELCHEN X KALKINI X 7 CHIAPAS TUXTLA GUT. X 8. CHIHUAHUA

GUACHOCHI X

9. DISTRITO FEDERAL

CUAUHTÉMOC X

10. DURANGO

DURANGO X

ALLENDE X 12. GUERRERO

AHUACUOTZINGO X

AYUTLA DE LOS LIBRES

X

13. HIDALGO HUEHUETLA X NICOLÁS FLORES X 14. JALISCO BOLAÑOS X CUAUTITLÁN DE

G.BARRAGÁN X

MEZQUITIC X ZAPOTITLÁN DE

VADILLO X

15. ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA X

16. MICHOACÁN

AQUILIA X

17. MORELOS

JANTETELCO X

18. NAYARIT TEPIC X 20. OAXACA OAXACA X 21. PUEBLA PUEBLA X 22. QUERÉTARO

CADEREYTA DE MONTES

X

JALPA DE SERRA X 23. FELIPE X


72

72

QUINTANA ROO

CARRILLO P.

24. AQUISMON X 25. SINALOA AHOME X X ETCHOJOA X 27. TABASCO CENTLA X CENTRO X 30. VERACRUZ

XALAPA X

31. YUCTÁN MÉRIDA X PORCENTAJE 17.6 26.4 11.7 2.94 2.94 38.23

REGISTRO CIVIL BENEFICIARIOS

La incidencia del proyecto en las comunidades donde opera se desprende de las repuestas a la pregunta: “?Para el desempeño de este proyecto, la respuesta que han tenido del INI ha sido?”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue:


14 31.1 31 68.9 45 100.0


n %


El proyecto de registro civil llegó a la localidad:

7 15.6 9 20.0 5 11.1

21 46.7 3 6.7

45 100.0

Solicitado por las autoridades l lSolicitado por un grupo de personas de la localidad Promovido por profesores, médicos u otros profesionistas Promovido por el INI No lo sé Total

n %

A la pregunta: “?Qué tan útil considera Ud. a la labor que ha realizado el INI en la comunidad”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue, respuestas que nos muestran hasta qué grado los objetivos del proyecto fueron cumplidos.


73

73


17 37.8

27 60.0

1 2.2

45 100.0

Muy útil Útil Inútil

Total

n %

La pregunta acerca del grado de satisfacción por parte de la población beneficiada por el proyecto fue contestada de manera muy directa. A la pregunta: “?Cómo han sido los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto en la comunidad?”, las respuestas fueron como sigue:

Los resultados que se han obtenido con la aplicación del proyecto en la comunidad han sido:

13 28.9

26 57.8

6 13.3

45 100.0

Muy buenos

Buenos

Regulares Total

n %



2 4.4 14 31.1

15 33.3 13 28.9 44 97.8 1 2.2

45 100.0

Una sola persona Un reducido número de personas Una gran cantidad de personas Toda la comunidad Total No contesto Total

n %


74

74


Si e l IN I p ropus ie ra a lgún o tro p royecto , cree U d .que s u com un idad participa ría?

40 88.9 5 11.1

45 100 .0

Si N o lo s é Tota l

n %

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué si participaría? N % Porque el INI cumple lo que promete 12 23.1 Porque nuestros esfuerzos se ven compensados 6 11.5 Porque los resultados son benéficos para nosotros

24 46.2

Porque nos tratan muy bien 10 19.2 Total 52 100.0


¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de la comunidad ha mejorado con la aplicación del proyecto?

41 91.1 3 6.7 1 2.2

45 100.0

Si No No lo

éTotal

n %


¿Por qué medio se enteraron del proyecto de registro civil? N % Por una radiodifusora 9 18.0


75

75

Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda

7 14.0

Los del INI informaron solo a las autoridades locales

3 6.0

Nos avisaron autoridades del municipio 4 8.0 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 15 30.0 Los del INI escogieron a los que habrían de participar

2 4.0

Por otros medios 10 20.0 Total 50 100.0

Los resultados de las encuestas muestran a un programa que ha sido

recibido con beneplácito, toda vez que el 97.8% de los encuestados considera que la aplicación del mismo es de útil a muy útil y consecuentemente los resultados oscilan entre buenos a muy buenos (86.7%). Por ende, la disposición a seguir participando alcanzó la cifra relativa de 88.9%. Las razones por las que sí participarían están más vinculadas con el cumplimiento de las expectativas y la eficiencia/ eficacia (80.8%) que con las simpatías generadas por el trato que se brinda a los indígenas (19.2%); aquellos que encuentran inconvenientes en el desempeño del programa, una inmensa minoría, colocan como principal el que los trámites les exigen mucho tiempo y no se compensa con los frutos obtenidos. Los mecanismos que para la difusión utiliza el programa son más efectivos cuando se informa en asambleas (30%), se difunde por la radio (18%) y por medio de propaganda y carteles que casi nadie lee (14%), aunque se sigue utilizando la comunicación por medio de las autoridades y seleccionando a las personas que habrían de participar. Es particularmente llamativo el que las redes informales de información tienen un alto impacto para la difusión de los proyectos (20%). En la mayor parte de los casos (46.7%) el proyecto del registro civil llegó a las comunidades debido a la iniciativa del INI y en muy pocos casos (35.6) por solicitud directa de los indígenas o estimulados por profesionistas radicados en las localidades (11.1%). A pesar de que las visitas de los operadores a las localidades son esporádicas o escasas (60%), la información de los logros sí se les hace llegar a los beneficiarios (84.4%). Beneficiarios que, como individuos aislados, son muy escasos, toda vez que por el tipo de unidad de medida que ha establecido el propio programa, se impacta a grupos de personas. El impacto, en este caso se percibe en el nivel comunitario (75.6%), aunque se percibe que existen casos (13.3%) en los que los beneficiados son sólo los individuos enterados y sus familiares. En este tenor del impacto es significativo que la vida de las comunidades ha mejorado con la aplicación del programa (91.1%) y un porcentaje reducido considera que no se ha modificado su vida sustancialmente (6.7%). Los operadores recurrieron al apoyo de las autoridades locales o un gestor para viabilizar el programa (57.8%), pero en ocasiones no se hizo (35.6%). En las visitas hubo una consulta previa acerca de la necesidad de actas (62.2%) pero en ocasiones (31.1%) no existió el diagnóstico. Al respecto es menester recordar que la formación de promotores es un prerrequisito para operar el programa, pero no siempre realizó él los diagnósticos (42.2%) porque no siempre existe, según adujo


76

76

el 51.1% de los encuestados. Es significativo, en este orden de cosas el papel que juegan el representante del INI y los profesores (60%) para viabilizar el programa. Las actas obtenidas fueron en su mayoría para inscribir a los hijos en la escuela (42.2%), en ocasiones para tramitar la credencial de elector (31.1%), para obtener servicios asistenciales (17.8%) y, entre otros, reclamar tierras y propiedades (15.6%), aunque les ha servido para realizar otras gestiones. Por último, en la percepción de la gente se establece que los resultados de la aplicación del programa han modificado significativamente su vida (88.9%). El trabajo de los promotores no es remunerado y el 43.5% fueron enterados por, y laboraron de principio a fin con, el operador del programa, aunque no siempre se enteraron del mismo por mediación de éste; escasamente recibieron inicialmente la información por la radio (4.3%), hojas de información (4.3%), aunque las redes informales jugaron un papel importante para tener conocimiento del mismo (26.1%). Conforme con el propio manual de procedimientos, se pidió a una autoridad que participara en el programa, mismo que en ocasiones delegó la responsabilidad en el que a la postre sería el promotor. Al igual que la población beneficiada consideran que el desempeño del programa es útil (100%) y los resultados de buenos a muy buenos (82.6%); en tal consideración, son personas con las cuales se podría contar para otro proyecto del mismo tipo o diferente. Los mismos promotores confirman la efectividad de la presencia directa del INI para informarles sobre los programas y proporcionarles información escrita (53.6%) y confieren escasa penetración a las radiodifusoras (3.6%); sin embargo, se sigue confiando en las autoridades municipales para información (14.3%) y aparecen nuevamente las redes informales de información con cierta importancia (10.7%), y se confirma que la información sobre la utilidad, marcha y los resultados obtenidos con la aplicación del programa, es de vital importancia. La información cruzada confirma lo que los beneficiados reportaron: que el impacto es colectivo. Sin embargo, aún existen prácticas de improvisación, toda vez que un 17.4% de los promotores no recibió capacitación. Así mismo, es encomiable la labor del promotor y del INI porque en su inmensa mayoría el primero no recibió apoyos económicos (91.3%) aunque existe una gran dosis de compromiso de los mismos para con el proyecto y la comunidad; y, por parte del segundo, no se ha permitido el abanderamiento del proceso por ninguna organización política. El promotor, a pesar de todo aplicó las cédulas para el diagnóstico e integró y revisó los expedientes de los carentes de actas (73.9% de los casos) y reporta que aún existe rezago pendientes porque no se han terminado de revisar los expedientes (17.4%), porque los mismos no han llegado al registro civil (8.7%) o porque apenas se está realizando el censo-diagnóstico (13.0%).


77

77

ESTADO


ZADO

LUGAR SEGÚN PRESU- PUESTO AUTO-

RIZADO

PRESU- PUESTO

EJERCIDO


EJER- CIDO

METAS PRO-GRA-

MADAS

LO- GROS

EFICACIA

EFICIENCIA

POBLA-

CIÓN BENEFI-

CIADA

COSTO

POR PERSONA BENEFI- CIADA

POBLA-

CIÓN INDÍGENA

2000

LUGAR SEGÚN POBLA-

CIÓN INDÍGENA

BAJA CALIFORNIA

$24,315 20 $16,463 22 10 5 0.50 0.74 42 $391.97 36,685 20

CAMPECHE $38,478 8 $38,437 8 8 7 0.88 0.88 3 $12,812.41 93,765 13 CHIAPAS $78,070 4 $78,030 4 35 15 0.43 0.43 1,739 $44.87 809,592 2 CHIHUAHUA $33,965 10 $33,965 10 10 6 0.60 0.60 500 $67.93 84.086 14 DISTRITO FEDERAL

$400,583 1 $194,284 1 440 3 0.01 0.01 302 $643.33 141,710 11

DURANGO $53,815 5 $53,810 5 11 22 2.00 2.00 22 $2,445.90 24,934 23 ESTADO DE MÉXICO

$28,888 17 $25,857 18 11 6 0.55 0.61 60 $430.94 361,972 7

GUANAJUATO $28,935 16 $28,935 14 8 6 0.75 0.75 415 $69.72 10,689 24 GUERRERO $88,051 2 $87,747 2 24 20 0.83 0.84 970 $90.46 367,110 6 HIDALGO $33,620 14 $31,446 12 19 14 0.74 0.79 1,607 $19.57 339,886 8 JALISCO $44,317 7 $44,317 7 15 9 0.60 0.60 16 $2,769.84 39,259 18 MICHOACÁN $33,806 12 $29,783 13 29 5 0.17 0.20 434 $68.62 121,849 12 MORELOS $22,818 22 $22,418 21 13 5 0.38 0.39 1,382 $16.22 30,896 21 NAYARIT $37,782 9 $36,411 9 16 8 0.50 0.52 0 0 37,206 19 OAXACA $82,701 3 $82,701 3 9 40 4.44 4.44 0 0 1,120,312 1 PUEBLA $29,807 15 $27,807 16 9 6 0.67 0.71 1,115 $24.94 565,509 4 QUERETARO $14,562 23 $14,562 23 11 3 0.27 0.27 66 $220.64 25,269 22 QUINTANA ROO

$33,897 11 $26,022 17 8 7 0.88 1.14 279 $93.27 173,592 10

SAN LUIS POTOSÍ

$28,501 18 $27,964 15 15 6 0.40 0.41 0 0 235,253 9

SINALOA $23,765 21 $23,742 19 13 5 0.38 0.38 1,231 $19.29 49,744 17 SONORA $13,880 24 $13,880 24 8 5 0.63 0.63 660 $21.03 55,027 16 TABASCO $33,736 13 $33,718 11 8 15 1.88 1.88 140 $240.85 62,027 15 VERACRUZ $47,740 6 $47,739 6 21 11 0.52 0.52 911 $52.40 633,372 3 YUCATÁN $26,233 19 $23,404 20 8 24 3.00 3.36 55 $425.53 549,532 5

COMPARATIVO DE METAS 2001-2002 REGISTRO CIVIL


78

78

CUADRO NO. 25 COMPARATIVO 2001/2002

2001

METAS PROGRA-

MADAS

PRESU- PUESTO ANUAL

MODIFICADO (PESOS)

COSTO PROME- DIO POR

META (HIPO-

TÉTICO) EN

PESOS

METAS LOGRADAS

EFICACIA

PRESUPUESTO REALMENTE EJERCIDO (PESOS)

EFICIENCIA


PESOS

DIFERENCIA ENTRE LO


PORCENTAJE

7 129 1 491 681.45

209.24 11 339 1.59 1 425 317.81

2.64 125.70 83.54 9.55%

2002

759

1 292

264.23

1702.5

8

252

0.33

1 043

443.21

0.41

4140.64

-2438.06

-243.19%

DIFERENCIA

194 417.2

1.26

381 874.6

2.23

NO COMPA-

RABLE PORQUE

CAMBIÓ LA UNIDAD DE

MEDIDA

13.03% NO COMPA-RABLE

PORQUE CAMBIÓ

LA UNIDAD

NO COMPA- RABLE

PORQUE CAMBIÓ LA UNIDAD DE

79.24% 26.79% 84.46%

NO COMPA-RABLE


NO COMPA-RABLE



79

79

DE MEDIDA

MEDIDA MEDIDA MEDIDA


80

80


El programa de apoyo al registro civil se ha desempeñado con apego a su manual de procedimientos y realiza una función altamente valorada por los indígenas aunque podría mejorar:

a) Es claro que no todos los promotores recibieron la capacitación mínima indispensable.

b) También lo es que la presencia en la comunidad es el medio más eficaz para estimular, promover, informar y realizar sus acciones. Esta presencia debe incrementarse.

c) Debe programar con un cierto margen de flexibilidad al programar contemplando todas las variables que pueden incidir en los rezagos.

d) Los reconocimientos a los promotores deben seguir proporcionándose toda vez que su trabajo es no remunerado.


81

81

4.2.1 ASUNTOS AGRARIOS 4.2.1.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Bajo el presente rubro englobamos una serie de requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, entre ellos:


b) las relaciones entre presupuesto y población indígena; c) costos por meta; y d) la derrama presupuestal promedio asignada a cada persona o

proyecto. El proyecto de asuntos agrarios está enfocado a brindar asesorías, gestiones y

servicios técnicos a las comunidades indígenas que así lo soliciten; así mismo presta el servicio de acompañamientos a las autoridades comunitarias del ramo para servir de interlocutores en casos de solicitudes, reclamos y procesos de litigios como reconocimientos, resoluciones y ejecuciones de edictos emitidos por las instancias del ramo. Su función ancla en el ámbito federal y, aunque específica, enfrenta el problema de la calidad diferente de cada servicio que se presta. La heterogeneidad de funciones debe ser tomada en cuenta para aproximarse a los comentarios y a las tablas vertidas a continuación.

El proyecto de asuntos agrarios acusa el mismo síntoma que el resto de los proyectos en términos numéricos: la centralización de funciones coloca al Distrito Federal a la cabeza por monto financiero autorizado, aún cuando su población indígena se encuentra en undécimo lugar; sin embargo, el monto de metas programado permite justificarlo relativamente; el segundo presupuesto corresponde a Chiapas, pero la distancia en cifras respecto al D.F., es abismal pese a que la distancia en metas no lo es. En las subsiguientes delegaciones se observa también el desfasamiento entre la población indígena y el monto.

A no dudar, los asuntos agrarios no se vinculan con las dimensiones de la población indígena, sino a factores generados históricamente como el rezago, el relativo abandono de los problemas indígenas por los organismos creados ex profeso para resolver los problemas del agro mexicano. Ante ello, el INI, a través de la DPPJ, se ha convertido en uno de los pocos interlocutores a quienes acuden los indígenas para hacer escuchar sus reclamos agrarios ante la secretaría del ramo y los tribunales encargados de resolver conforme a derecho las solicitudes, reclamos, asesorías, acompañamientos, etc.

Por ello, aunque la disposición del cuadro inmediato anterior pareciera fallido, nos presenta un panorama de contrastes de entre los que destaca el hecho que Asuntos Agrarios no programa conforme la población indígena aunque pareciera una variable a considerar.


82

82

CUADRO NO. 26 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/POBLACIÓN INDÍGENA

ESTADO


LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN PRESUPUESTO AUTORIZADO


2000

LUGAR SEGÚN


DISTRITO FEDERAL

$782,177.59 1 141,710 11

CHIAPAS $42,140.22 2 809,592 2 MICHOACÁN $40,326.30 3 121,849 12 OAXACA $38,567.58 4 1,120,312 1 SINALOA $29,990.85 5 49,744 17 GUERRERO $29,022.23 6 367,110 6 VERACRUZ $28,525.36 7 633,372 3 CHIHUAHUA $24,282.78 8 84,086 14 NAYARIT $23,689.30 9 37,206 19 HIDALGO $22,117.68 10 339,886 8 ESTADO DE MÉXICO

$21,693.64 11 361,972 7

SAN LUIS POTOSÍ

$21,098.07 12 235,253 9

BAJA CALIFORNIA

$20,330.16 13 36,685 20

CAMPECHE $19,052.04 14 93,765 13 JALISCO $18,563.06 15 39,259 18 MORELOS $18,449.94 16 30,896 21 DURANGO $17,947.25 17 24,934 23 QUERETARO $17,357.08 18 25,269 22 TABASCO $16,793.54 19 62,027 15 GUANAJUATO $16,675.41 20 10,689 24 YUCATÁN $16,503.61 21 549,532 5 QUINTANA ROO $16,492.27 22 173,592 10 PUEBLA $13,914.01 23 565,509 4 SONORA $8,310.85 24 55,027 16

Internamente, para efectos de comparación, resulta más lógico considerar la relación entre el total de metas y el presupuesto asignado. En ese tenor, es encomiable la labor de los responsables del proyecto para que las delegaciones que más metas programaron (Distrito Federal y Chiapas, en orden descendente) hayan a su vez recibido los montos superiores autorizados; sin embargo, las diferencias proporcionales persisten. En ese espectro, por razones internas,


83

83

encontramos algunos contrastes en la asignación presupuestal, como lo son Michoacán y Sinaloa con presupuestos que no guardan relación directa con las metas programadas; así mismo, destaca Yucatán por su alta cifra de metas con un bajo presupuesto.

CUADRO NO. 27 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/METAS PROGRAMADAS

ESTADO



METAS PROGRAMADAS

LUGAR SEGÚN

METAS PROGRAMADAS

DISTRITO FEDERAL

$782,177.59 1 86 1

CHIAPAS $42,140.22 2 70 2 MICHOACÁN $40,326.30 3 10 13 OAXACA $38,567.58 4 31 5 SINALOA $29,990.85 5 11 12 GUERRERO $29,022.23 6 35 4 VERACRUZ $28,525.36 7 19 9 CHIHUAHUA $24,282.78 8 15 10 NAYARIT $23,689.30 9 10 14 HIDALGO $22,117.68 10 3 22 ESTADO DE MÉXICO

$21,693.64 11 10 15

SAN LUIS POTOSÍ

$21,098.07 12 38 3

BAJA CALIFORNIA

$20,330.16 13 7 20

CAMPECHE $19,052.04 14 20 7 JALISCO $18,563.06 15 3 23 MORELOS $18,449.94 16 20 8 DURANGO $17,947.25 17 5 21 QUERETARO $17,357.08 18 10 16 TABASCO $16,793.54 19 2 24 GUANAJUATO $16,675.41 20 10 17 YUCATÁN $16,503.61 21 30 6 QUINTANA ROO $16,492.27 22 10 18 PUEBLA $13,914.01 23 14 11 SONORA $8,310.85 24 10 19


84

84

Empero, al modificar la perspectiva descriptiva, el panorama adquiere matices diferentes que no pueden omitirse. El Distrito Federal descuella por el encarecimiento en la meta programada, seguido por Tabasco e Hidalgo; en cambio, Chiapas, destacado por su número de metas, ofrece un fuerte contraste con el costo por meta puesto que se encuentra entre los más bajos. Tabasco resulta notable porque, además de que fue el que menos metas programó, es el segundo con costos elevados. A la vez, Yucatán y San Luis Potosí, con los costos menores se encuentran entre los que más metas programaron.

CUADRO NO. 28 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/COSTO POR META PROGRAMADA

ESTADO

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN PRESU-PUESTO AUTO-

RIZADO

METAS PROGRA-MADAS

LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN METAS

PROGRA-MADAS

COSTO PROGRA-

MADO POR META

LUGAR SEGÚN COSTO

DE META

DISTRITO FEDERAL

$782,177.59 1 86 1 $9,095.09 1

TABASCO $16,793.54 19 2 24 $8,396.77 2 HIDALGO $22,117.68 10 3 22 $7,372.56 3 JALISCO $18,563.06 15 3 23 $6,187.69 4 MICHOACÁN $40,326.30 3 10 13 $4,032.63 5 DURANGO $17,947.25 17 5 21 $3,589.45 6 BAJA CALIFORNIA

$20,330.16 13 7 20 $2,904.31 7

SINALOA $29,990.85 5 11 12 $2,726.44 8 NAYARIT $23,689.30 9 10 14 $2,368.93 9 ESTADO DE MEXICO

$21,693.64 11 10 15 $2,169.36 10

QUERETARO $17,357.08 18 10 16 $1,735.71 11 GUANAJUATO $16,675.41 20 10 17 $1,667.54 12 QUINTANA ROO

$16,492.27 22 10 18 $1,649.23 13

CHIHUAHUA $24,282.78 8 15 10 $1,618.85 14 VERACRUZ $28,525.36 7 19 9 $1,501.33 15 OAXACA $38,567.58 4 31 5 $1,244.12 16 PUEBLA $13,914.01 23 14 11 $993.86 17 CAMPECHE $19,052.04 14 20 7 $952.60 18 MORELOS $18,449.94 16 20 8 $922.50 19 SONORA $8,310.85 24 10 19 $831.09 20 GUERRERO $29,022.23 6 35 4 $829.21 21 CHIAPAS $42,140.22 2 70 2 $602.00 22


85

85

SAN LUIS POTOSÍ

$21,098.07 12 38 3 $555.21 23

YUCATÁN $16,503.61 21 30 6 $550.12 24 4.2.1.2 PRESUPUESTO EJERCIDO Y VARIABLES ASOCIADAS Bajo este rubro se comentan tanto el apego al presupuesto autorizado como los posible ahorros que significó para la institución, o lo que llamamos

a) disciplina presupuestal; b) ahorro al proyecto; c) eficacia. Durante el ejercicio presupuestal, sin atender a consignas externas, pero sí

optimizando los escasos recursos humanos y otras estrategias, la mayoría (37.5%) de las delegaciones redujeron el presupuesto autorizado, aunque algunas sólo de manera simbólica en términos monetarios. Destacan en términos absolutos las reducciones del Distrito Federal y Michoacán por las cifras absolutas y Baja California, Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Michoacán e Hidalgo en términos relativos. El Monto total de lo reducido, ascendió a $ 63 713.49 para un promedio porcentual de reducción del 4.14%.

Con el anterior espectro podemos observar de un lado cierta disciplina presupuestaria y, de otro, optimización de recursos si nos basamos en las cifras absolutas y relativas; empero, como lo muestran el resto de los proyectos, existe disparidad en relación con el tema de las metas, las unidades de medida.


ESTADO


ZADO


RIZADO

PRESU- PUESTO

EJERCIDO

LUGAR SEGÚN PRESU- PUESTO EJERCID

O

MONTO TOTAL REDU- CIDO

PORCE

N- TAJE

REDU- CIDO

LUGAR SEGÚN MONTO REDU- CIDO

BAJA CALIFORNIA

$20,330.16 13 $16,807.24 13 $ 3,522.92 17.32 % 1

QUINTANA ROO $16,492.27 22 $13,884.76 22 $ 2,607.51 15.81 % 2 ESTADO DE MÉXICO

$21,693.64 11 $18,474.03 11 $ 3,219.61 14.84 % 3

PUEBLA $13,914.01 23 $11,936.50 23 $ 1,977.51 14.21 % 4 MICHOACÁN $40,326.30 3 $34,922.58 3 $ 5,403.72 13.39% 5 HIDALGO $22,117.68 10 $19,443.00 10 $ 2,674.68 12.09 % 6 DISTRITO FEDERAL

$782,177.59 1 $740,054.41 1 $ 42,123.18 5.38% 7

SAN LUIS POTOSÍ

$21,098.07 12 $20,461.08 12 $ 636.99 3.01 % 8

NAYARIT $23,689.30 9 $23,391.46 9 $ 299.84 1.26 % 9


86

86

SINALOA $29,990.85 5 $29,714.70 5 $ 276.15 0.92 % 10 MORELOS $18,449.94 16 $17,683.24 16 $ 766.7 0.41 % 11 GUERRERO $29,022.23 6 $28,925.79 6 $ 96.44 0.33 % 12 VERACRUZ $28,525.36 7 $28,445.36 7 $ 80 0.28 % 13 TABASCO $16,793.54 19 $16,768.30 19 $ 25.24 0.15 % 14 DURANGO $17,947.25 17 $17,944.25 17 $ 3 0.01 % 15 CHIAPAS $42,140.22 2 $42,140.22 2 $ 0 0 % 16 OAXACA $38,567.58 4 $38,567.58 4 $ 0 0 % 17 CHIHUAHUA $24,282.78 8 $24,282.78 8 $ 0 0 % 18 CAMPECHE $19,052.04 14 $19,052.04 14 $ 0 0 % 19 JALISCO $18,563.06 15 $18,563.06 15 $ 0 0 % 20 QUERETARO $17,357.08 18 $17,357.08 18 $ 0 0 % 21 GUANAJUATO $16,675.41 20 $16,675.41 20 $ 0 0 % 22 YUCATÁN $16,503.61 21 $16,503.61 21 $ 0 0 % 23 SONORA $8,310.85 24 $8,310.85 24 $ 0 0 % 24

En materia de programación y logros, el grueso (79.16%) de las delegaciones los alcanzaron y en pocos casos no (20.83%). En contraste, una cuarta parte de ellas superó la cifra programada. 4.2.1.3 COSTO/BENEFICIO Bajo el rubro siguiente, conforme con los Términos de Referencia, referimos fundamentalmente al índice de eficiencia.

El contraste entre metas propuestas y metas logradas nos muestra también un significativo contraste, si se correlaciona con el presupuesto: los más altos índices no guardan relación directa con el monto presupuestal. Así, Durango, con la más alta eficacia y eficiencia, ocupa un 17° sitio en cuanto a monto presupuestal, en tanto que el más alto monto en el indicador eficiencia/eficacia, ocupa un cuarto sitio. Sin embargo, en términos generales se observa que la mayor parte (79.16%) las cumplió o las rebasó; el resto (20.83%), no. Es de notarse que un 54.16% las cumplió conforme lo programado y un 25% realizó más de las proyectadas, para un promedio general de eficacia de 1.16. La eficiencia mostró un comportamiento similar en términos de los que lograron la unidad o la rebasaron y los que se ubicaron por debajo de ella. Existen, empero, variaciones: el 33.33% logró el indicador unitario, el 20.83% estuvo por debajo y el resto (41.66%) lo rebasaron, para un promedio general de 1.22. Numéricamente, pues, el proyecto manifiesta tanto eficacia como eficiencia.


87

87

CUADRO NO. 30 EFICACIA, EFICIENCIA Y VARIABLES

ESTADO


ZADO

LU-GAR

PRESU-PUESTO

EJER- CIDO

LU- GAR

METAS PRO-GRA-

MADAS

LU- GAR

LO- GROS

LU- GAR

EFI- CACIA DEL

PRO- YECTO

LU- GAR

EFI- CIENCIA

DEL PRO-

YECTO

LU- GAR

DURANGO $17,947.25 17 $17,944.25 15 5 21 21 21 4.20 1 4.20 1 MICHOACÁN $40,326.30 3 $34,922.58 4 10 13 26 19 2.60 2 3.00 2 ESTADO DE MÉXICO

$21,693.64 11 $18,474.03 1|4 10 15 17 18 1.70 3 2.00 3

DISTRITO FEDERAL

$782,177.59 1 $740,054.41 1 86 1 95 1 1.10 4 1.17 4

MORELOS $18,449.94 16 $17,683.24 16 20 8 21 8 1.05 5 1.10 5 GUERRERO $29,022.23 6 $28,925.79 6 35 4 36 4 1.03 6 1.03 6 TABASCO $16,793.54 19 $16,768.30 19 2 24 2 24 1.00 7 1.00 7 HIDALGO $22,117.68 10 $19,443.00 11 3 22 3 22 1.00 8 1.14 8 JALISCO $18,563.06 15 $18,563.06 13 3 23 3 23 1.00 9 1.00 9 BAJA CALIFORNIA

$20,330.16 13 $16,807.24 18 7 20 7 20 1.00 10 1.21 10

NAYARIT $23,689.30 9 $23,391.46 9 10 14 10 14 1.00 11 1.01 11 QUERETARO $17,357.08 18 $17,357.08 17 10 16 10 15 1.00 12 1.00 12 GUANAJUATO $16,675.41 20 $16,675.41 20 10 17 10 16 1.00 13 1.00 13 QUINTANA ROO

$16,492.27 22 $13,884.76 22 10 18 10 17 1.00 14 1.19 14

CHIHUAHUA $24,282.78 8 $24,282.78 8 15 10 15 10 1.00 15 1.00 15 CAMPECHE $19,052.04 14 $19,052.04 12 20 7 20 7 1.00 16 1.00 16 OAXACA $38,567.58 4 $38,567.58 3 31 5 31 5 1.00 17 1.00 17 SAN LUIS POTOSÍ

$21,098.07 12 $20,461.08 10 38 3 38 3 1.00 18 1.03 18

CHIAPAS $42,140.22 2 $42,140.22 2 70 2 70 2 1.00 19 1.00 19 VERACRUZ $28,525.36 7 $28,445.36 7 19 9 18 9 0.95 20 0.95 20 SONORA $8,310.85 24 $8,310.85 24 10 19 8 13 0.80 21 0.80 21 YUCATÁN $16,503.61 21 $16,503.61 21 30 6 21 6 0.70 22 0.70 22 SINALOA $29,990.85 5 $29,714.70 5 11 12 7 12 0.64 23 0.64 23 PUEBLA $13,914.01 23 $11,936.50 23 14 11 4 11 0.29 24 0.33 24


88

88

Gráfica 1. Comparativo entre metas programadas y logros, 2002. Proyecto de Asuntos Agrarios

7

20

70

15

86

5

10

35

3 3

10 10

20

10

31

1410 10

38

11 10

2

19

30

7

20

70

15

95

21

10

36

3 3

17

26

21

10

31

4

10 10

38

7 8

2

1821

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BAJA C

ALIFORNIA

CAMPECHECHIAPAS

CHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGOGUANAJU

ATOGUERRERO

HIDALG

OJA

LISCO

ESTADO D

E MEXIC

OMIC

HOACANMORELO

SNAYA

RITOAXACAPUEBLA

QUERETAROQUINTA

NA ROO

SAN LUIS POTO

SISINALO

ASONORATA

BASCOVERACRUZ

YUCATAN



89

89

En términos de la valoración del impacto del presupuesto asignado, excepto en el caso del Distrito Federal, no existe correspondencia entre el presupuesto asignado y la población beneficiada. Así existen desfasamientos como el de Sonora que, con el segundo luigar en población beneficiada, recibió el menor presupuesto autorizado; otros casos notables son Guerrero, Chihuahua y Jalisco cuyos beneficios se derramaron sobre un considerable número de indígenas sin tener los más altos recursos financieros. Pero el monto de población beneficiada y la derrama por indígena tampoco tuvo cierta homogeneidad: Mientras que Sonora tuvo la menor derrama entre la población indígena ($3.91), Michoacán, por el contrario, por cada persona beneficiada hubo de invertir $415.75. 4.2.1.4 IMPACTO SOCIAL En el presente apartado, la pretensión es cuantificar y cualificar los siguientes rubros:

a) utilidad del proyecto en la comunidad: b) de los operadores al manual de procedimientos c) transparencia d) población objetivo y grado de prioridad e) comparativo 2001/2002 f) cumplimiento de metas Es evidente que el proyecto de atención legal se dirige a la población indígena,

como se desprende de las respuestas a la siguiente pregunta en el cuestionario: ¿Habla usted una lengua diferente del

castellano?

29 70.7 12 29.3 41 100.0

Si No Total

n %



90

90

¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de la comunidad ha mejorado conla aplicación del proyecto?

31 75.6 3 7.3 6 14.6

40 97.6 1 2.4

41 100.0

Si No No lo sé Total System Total

Frecuencia Porcentaje 77.5 85.0

100.0

Porcentaje acumulado

Las respuestas a la pregunta en el cuestionario: “por qué medio se enteraron del proyecto?, nos muestran que el programa permite la difusión, promoción y conocimiento de los derechos indígenas, en el marco de la pluralidad y diversidad cultural: ¿Por qué medio se enteraron del proyecto de asuntos agrarios? n % Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda 4 10.0 Los del INI informaron solo a las autoridades locales 8 20.0 Nos avisaron autoridades del municipio 6 15.0 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 12 30.0 Por otros medios 10 25.0 Total 40 100.0


CUADRO NO. 31 POBLACIÓN OBJETIVO Y GRADO DE MARGINACIÓN ESTADO MUNICIPIO ASUNTOS

AGRARIOS

MUY ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO

BAJO MUY BAJO

ZITÁCUARO X 17 MORELOS CUERNAVACA X 18 NAYARIT DEL NAYAR X HUAJICORI X ROSAMORADA X 20 OAXACA OAXACA X 21 PUEBLA PUEBLA X


91

91

22 QUERÉTERO

QUERÉTARO X

23 QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO P.

X

25 SINALOA AHOME X CHOIX X ESCUINAPA X EL FUERTE X 26 SONORA CABORCA X CAJEME X ETCHOJOA X HERMOSILLO X HUATABAMPO X 27 TABASCO NACAJUCA X TACOTALPA X 28 VERACRUZ

XALAPA X

31 YUCATÁN MÉRIDA X PORCENTAJE 11.6 20.9 23.25 2.3 4.6 37.2

La incidencia del proyecto en las comunidades donde opera se desprende de las repuestas a la pregunta: “?Para el desempeño de este proyecto, la respuesta que han tenido del INI ha sido?”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue:


14 34.1 22 53.7 5 12.2

41 100.0

Muy buena Buena Mala Total

n %


El proyecto de asuntos agrarios llegó a la localidad:

15 36.6 5 12.2

13 31.7 8 19.5

41 100.0

Solicitado por las autoridades locales Solicitado por un grupo de personas de la localidad Promovido por el INI No lo sé Total

n %


92

92

A la pregunta: “¿Qué tan útil considera Ud. a la labor que ha realizado el INI en la comunidad”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue, respuestas que nos muestran hasta qué grado los objetivos del proyecto fueron cumplidos.


16 39.0 21 51.2 3 7.3 1 2.4

41 100.0

Muy útil Útil Inútil No contesto Total

n %

La pregunta acerca del grado de satisfacción por parte de la población beneficiada por el proyecto fue contestada de manera muy directa. A la pregunta: “¿Cómo han sido los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto en la comunidad?”, las respuestas fueron como sigue:



6 14.6 24 58.5 8 19.5 2 4.9

40 97.6 1 2.4

41 100.0

Muy buenos Buenos Regulares Malos Total No contesto Total

n %



93

93


5 12.2 7 17.1 8 19.5

19 46.3 2 4.9

41 100.0

Una sola persona Un reducido número de personas Una gran cantidad de personas Toda la comunidad No contesto

Total

n %



37 90.2 4 9.8

41 100.0

Si No lo sé Total

n %

El proyecto de asuntos agrarios realizó un ajuste en su programación y optó por la reducción de metas en un 25.83% ante la inminente reducción del presupuesto del 16.59%; sin embargo, a pesar del ajuste y la reducción del costo de la meta programada en tanto que incrementó sus logros, en un 6.34%, no pudo mantener sus índices de eficacia y de eficiencia, al contrario, los redujo en 3.66% y 9.86% en relación con 2001

En términos generales, los beneficiados con el proyecto sienten que las respuesta del INI en materia agraria es de buena a muy buena (87.8%) y su labor es de útil a muy útil (90.2%) ante una minoría (7.2%) que considera inútil el proyecto. La aplicación del proyecto ha arrojado resultados de buenos a muy buenos en el 73.1% según la información obtenida, y es tal la confianza depositada en la institución que el 90.2% volvería a participar en otro proyecto si se los propusieran. Esta participación está relacionada de manera directa con los

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué si participaría? n % Porque el INI cumple lo que promete 5 10.6 Porque nuestros esfuerzos se ven compensados 2 4.3 Porque los resultados son benéficos para nosotros 29 61.7 Porque nos tratan muy bien 11 23.4 Total 47 100.0


94

94

resultados obtenidos (61.7%) y con el trato que reciben de parte de los operadores (23.4%). Un solo caso de disconformidad afirma que no recurriría al INI porque no recibió atención y, por ende, no se vislumbran resultados concretos. En materia de difusión e información del proyecto, nuevamente la presencia de los operadores en la localidad resultó más eficiente (30%), seguido de las redes informales de información (25%) y la información vertida a las autoridades locales (20%). El servicio fue solicitado por las autoridades locales o un grupo de individuos de la comunidad (48.8%), aunque también hubo inducción por el INI (31.7%). En la percepción que se tiene del servicio mucho ha tenido que ver la información de avances y logros (80.5%) de los procesos abanderados por la institución, aunque no deja de reconocerse que en algunos casos la información es escasa (29.3%), también juega un papel importante que el beneficio recibido es más de orden colectivo (82.9%) que individual (12.2%) y en esa medida ha mejorado su vida. Del total de los encuestados se desprende que los servicio más prestados por el proyecto son, en orden descendente, asesoría, gestoría, acompañamientos y defensoría, aunque también son relevantes los servicios técnico-topográficos; como consecuencia, y por el impacto que tiene el proyecto en un bien escaso y de vital importancia para las comunidades, la labor del proyecto es percibida como muy importante.

Cabe destacar que aunque la mayor parte de las acciones del proyecto se implementan a petición de los propios interesados, la intervención de la institución se ha realizado a iniciatriva de la misma o a solicitud de otra instancia en el 24.4% de los casos, aunque no siempre tiene la capacidad de respuesta plena; en efecto, sólo ha podido hacerlo en el 61% de los casos de un 75% de los solicitados. Por último es destacable que las acciones emprendidas por el INI tendientes a lograr reformas a las leyes agrarias o a programas del ramo, no son notificados a los indígenas en el 53.7% de los casos


95

95

CUADRO NO. 31 COMPARATIVO 2001/2002. ASUNTOS AGRARIOS

2001

METAS PROGRA-

MADAS

PRESUPUESTO ANUAL

MODIFICADO (PESOS)


META (HIPO-

TÉTICO) EN PESOS

METAS LOGRA-

DAS

EFICACIA


EFICIENCIA


PESOS

DIFERENCIA ENTRE LO

HIPOTÉTICO Y LO REAL EN PESOS

PORCENTAJE

638 1 562 155.04 2 448.51 700 1.09 1 562 155.04 1.22 2 184.75 236.76 10.78%

2002

473 1 304 020.82 2756.91 503 1.05 1 240 309.33 1.10 2465.82 291.09 10.56%

DIFERENCIA

-165 -258 134.2 + 308.4 -197 -0.04 -321 845.7 0.12 +281.07 +54.34 -25.83% -16.52% - 12.59% -28.14% -3.66% -20.60% -9.83% -12.96 +22.95


96

96

ESTADO

PRESU- PUESTO AUTO-

RIZADO

LU- GAR

PRESU- PUESTO

EJER- CIDO

LU- GAR

ME- TAS- PRO- GRA- MA- DAS

LU- GAR

LO-GROS

LU- GAR

EFI-CA-CIA DEL PRO- YEC- TO

LU- GAR

EFI-CIEN-CIA DEL PRO-YEC-TO

LU- GAR

PO-BLA-CIÓN BE-

NEFI-CIA-DA

LU- GAR

COS-TO POR

PER-SONA BE-

NEFI-CIA-DA

LU- GAR

POBLA-CIÓN INDÍ-GENA 2000

LU- GAR

SONORA $8,310.85 24 $8,310.85 24 10 13 8 18 0.80 21 0.80 21 2,127 2 $3.91 24 55,027 16 PUEBLA $13,914.01 23 $11,936.50 23 14 11 4 21 0.29 24 0.33 24 813 6 $14.68 23 565,509 4

GUERRERO $29,022.23 6 $28,925.79 6 35 4 36 4 1.03 6 1.03 9 1,851 3 $15.63 22 367,110 6 JALISCO $18,563.06 15 $18,563.06 15 3 23 3 23 1.00 18 1.00 18 1,021 5 $18.18 21 39,259 18

CHIHUAHUA $24,282.78 8 $24,282.78 8 15 10 15 13 1.00 11 1.00 15 1,195 4 $20.32 20 84,086 14 BAJA

CALIFORNIA $20,330.16 13 $16,807.24 13 7 20 7 20 1.00 16 1.21 4 424 10 $39.64 19 36,685 20

YUCATÁN $16,503.61 21 $16,503.61 21 30 6 21 7 0.70 22 0.70 22 403 13 $40.95 18 549,532 5 GUANAJUATO $16,675.41 20 $16,675.41 20 10 16 10 16 1.00 14 1.00 17 404 12 $41.28 17 10,689 24

DISTRITO FEDERAL $782,177.59 1 $740,054.41 1 86 1 95 1 1.10 4 1.17 6 16,654 1 $44.44 16 141,710 11

ESTADO DE MEXICO $21,693.64 11 $18,474.03 11 10 18 17 12 1.70 3 2.00 3 354 14 $52.19 15 361,972 7

VERACRUZ $28,525.36 7 $28,445.36 7 19 9 18 11 0.95 20 0.95 20 473 8 $60.14 14 633,372 3 CHIAPAS $42,140.22 2 $42,140.22 2 70 2 70 2 1.00 7 1.00 12 651 7 $64.73 13 809,592 2 SINALOA $29,990.85 5 $29,714.70 5 11 12 7 19 0.64 23 0.64 23 447 9 $66.48 12 49,744 17

MORELOS $18,449.94 16 $17,683.24 16 20 8 21 8 1.05 5 1.10 8 228 15 $77.56 11 30,896 21 OAXACA $38,567.58 4 $38,567.58 4 31 5 31 5 1.00 9 1.00 13 420 11 $91.83 10 1,120,312 1 HIDALGO $22,117.68 10 $19,443.00 10 3 22 3 22 1.00 17 1.14 7 171 17 $113.70 9 339,886 8

NAYARIT $23,689.30 9 $23,391.46 9 10 14 10 14 1.00 12 1.01 11 174 16 $134.43 8 37,206 19

QUINTANA ROO $16,492.27 22 $13,884.76 22 10 17 10 17 1.00 15 1.19 5 92 18 $150.92 7 173,592 10

CAMPECHE $19,052.04 14 $19,052.04 14 20 7 20 10 1.00 10 1.00 14 77 20 $247.43 6 93,765 13 QUERETARO $17,357.08 18 $17,357.08 18 10 15 10 15 1.00 13 1.00 16 63 22 $275.51 5 25,269 22

TABASCO $16,793.54 19 $16,768.30 19 2 24 2 24 1.00 19 1.00 19 60 23 $279.47 4 62,027 15 DURANGO $17,947.25 17 $17,944.25 17 5 21 21 9 4.20 1 4.20 1 64 21 $280.38 3 24,934 23 SAN LUIS POTOSÍ $21,098.07 12 $20,461.08 12 38 3 38 3 1.00 8 1.03 10 54 24 $378.91 2 235,253 9

MICHOACÁN $40,326.30 3 $34,922.58 3 10 19 26 6 2.60 2 3.00 2 84 19 $415.75 1 121,849 12


97

97


a) El presupuesto no se asigna con base en la población beneficiada. b) El presupuesto no se asigna con base en las metas programadas ni sus

costos. c) Si hemos de atender a las entrevistas con el personal operativo, se sigue

operando con dosis casuísticas. La disparidad en el número de metas se vincula directamente con la

carencia de criterios homogéneos para cuantificarlas, es decir, se necesita un manual de operación que establezca la forma de asignar presupuestos y de cuantificar metas tanto programadas como logradas.


98

98

4.2.2 FORMACIÓN JURÍDICA. 4.2.2.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Bajo el presente rubro englobamos una serie de requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, entre ellos:



proyecto. Las delegaciones estatales que más presupuesto recibieron fueron: D. F. (1°),

Chiapas (2°), Oaxaca (3°), Guerrero (4°), Michoacán (5°). Resaltando el D. F. que ocupa el 11° lugar en población indígena; Chiapas coincide con el 2° lugar en población indígena, mientras que Oaxaca con el 1er. lugar en población indígena ocupa el 3° en asignación de presupuesto y Michoacán tiene el 12° lugar. El orden en la asignación de presupuesto tomando en cuenta la población indígena debió haber sido el siguiente: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán, lo que nos indica que el proyecto no asigna presupuesto según la población en las jurisdicciones. Los estados que menor presupuesto recibieron fueron Sinaloa (24°), Querétaro (23°), Jalisco (22°), Yucatán (21°), Estado de México (20°), los cuales ocupan según la población indígena los siguientes lugares: 17°, 22°, 18°, 5° y 7°. Notamos el caso del Estado de México que ocupando el 7° lugar en población indígena obtuvo el 20° lugar en la asignación de presupuesto.

CUADRO NO. 33 RELACIÓN PRESUPUESTO ASIGNADO/POBLACIÓN INDÍGENA

ESTADO


LUGAR SEGÚN


BAJA CALIFORNIA $24,836 20 CAMPECHE $31,801 13 CHIAPAS $79,735 2 CHIHUAHUA $27,461 14 DISTRITO FEDERAL $207,059 11 DURANGO $22,488 23 ESTADO DE MEXICO $21,181 7 GUANAJUATO $22,156 24 GUERRERO $46,286 6


99

99

HIDALGO $30,217 8 JALISCO $19,277 18 MICHOACÁN $43,945 12 MORELOS $26,200 21 NAYARIT $41,010 19 OAXACA $62,337 1 PUEBLA $24,875 4 QUERETARO $19,104 22 QUINTANA ROO $34,081 10 SAN LUIS POTOSÍ $27,463 9 SINALOA $17,293 17 SONORA $25,219 16 TABASCO $21,904 15 VERACRUZ $39,999 3 YUCATÁN $19,366 5

En cuanto al criterio de la asignación del presupuesto en relación con las

metas programadas, los estados que ocuparon los primeros lugares fueron: San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz ocupando los siguientes lugares, respectivamente, en relación con el presupuesto asignado: 11°, 4°, 22°, 3°, 15° y 7°. Por lo tanto, se hace evidente que no existe una relación directa entre metas programadas y asignación de presupuesto, sobre todo en los casos de San Luis Potosí y Jalisco.


ESTADO


METAS

PROGRA- MADAS

LUGAR SEGÚN METAS

PROGRA- MADAS

BAJA CALIFORNIA $24,836 2 16 CAMPECHE $31,801 4 9 CHIAPAS $79,735 5 2 CHIHUAHUA $27,461 2 12 DISTRITO FEDERAL $207,059 1 1 DURANGO $22,488 1 17 ESTADO DE MÉXICO

$21,181 1 20

GUANAJUATO $22,156 3 18 GUERRERO $46,286 6 4


100

100

HIDALGO $30,217 3 10 JALISCO $19,277 6 22 MICHOACÁN $43,945 3 5 MORELOS $26,200 2 13 NAYARIT $41,010 4 6 OAXACA $62,337 6 3 PUEBLA $24,875 6 15 QUERETARO $19,104 2 23 QUINTANA ROO $34,081 5 8 SAN LUIS POTOSÍ $27,463 11 11 SINALOA $17,293 2 24 SONORA $25,219 1 14 TABASCO $21,904 1 19 VERACRUZ $39,999 6 7 YUCATÁN $19,366 4 21

Si el criterio de la asignación de presupuestos hubiera considerado la población beneficiada, se debió otorgar a los estados de: Yucatán, Baja California, Hidalgo, Veracruz y Quintana Roo. Sin embargo, los mayores presupuestos asignados correspondieron a: D. F., Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán quienes ocupan respectivamente los siguientes lugares en cuanto a población beneficiada: 15°, 6°, 23°, 8° y 21°. Ergo, estados con bajos recursos pudieron beneficiar a mayor población, de dónde se puede afirmar el criterio de población beneficiada tampoco fue tomado en cuenta en la asignación de presupuesto.

CUADRO NO. 35 RELACIÓN PRESUPUESTO/POBLACIÓN BENEFICIADA

ESTADO


PRESU- PUESTO

AUTORIZADO

LUGAR SEGÚN



ZADO BAJA CALIFORNIA 476 $24,836 2 16 CAMPECHE 20 $31,801 19 9 CHIAPAS 80 $79,735 6 2 CHIHUAHUA 60 $27,461 9 12 DISTRITO FEDERAL 40 $207,059 15 1 DURANGO 48 $22,488 13 17 ESTADO DE MEXICO 80 $21,181 7 20 GUANAJUATO 50 $22,156 12 18 GUERRERO 75 $46,286 8 4 HIDALGO 339 $30,217 3 10


101

101

JALISCO 54 $19,277 10 22 MICHOACÁN 11 $43,945 21 5 MORELOS 18 $26,200 20 13 NAYARIT 30 $41,010 16 6 OAXACA 0 $62,337 23 3 PUEBLA 48 $24,875 14 15 QUERETARO 53 $19,104 11 23 QUINTANA ROO 87 $34,081 5 8 SAN LUIS POTOSÍ 0 $27,463 22 11 SINALOA 20 $17,293 17 24 SONORA 20 $25,219 18 14 TABASCO 0 $21,904 24 19 VERACRUZ 93 $39,999 4 7 YUCATÁN 705 $19,366 1 21

En el análisis del costo programado por meta, según información

proporcionada por la DPPJ encontramos los siguientes estados con el costo más bajo programado por meta: San Luis Potosí, Jalisco y Puebla. Entre los estados con mayor costo programado por meta tenemos: D. F., Sonora, Durango y Tabasco. Esto no nos indica necesariamente el costo destinado por persona beneficiada, en dónde los menores costos los obtuvieron Yucatán y Baja California en contraste con los más altos costos por persona beneficiada en el D. F., Michoacán y Campeche.

CUADRO NO. 36 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/COSTOS POR META PROGRAMADA Y PERSONA BENEFICIADA

ESTADO

PRESU- PUESTO

AUTORIZADO

METAS

PROGRAMADAS

COSTO POR CADA META

COSTO POR

PERSONA BENEFICI-

ADA

LUGAR SEGÚN

PERSONA BENEFI- CIADA

BAJA CALIFORNIA

$24,836 2 $12,418.14 $40.18 10

CAMPECHE $31,801 4 $7,950.24 $1,590.05 16 CHIAPAS $79,735 5 $15,946.95 $996.68 6 CHIHUAHUA $27,461 2 $13,730.54 $457.68 8 DISTRITO FEDERAL

$207,059 1 $207,059.28 $4,758.85 1

DURANGO $22,488 1 $22,487.72 $464.07 3 ESTADO DE MÉXICO

$21,181 1 $21,181.26 $251.77 5


102

102

GUANAJUATO $22,156 3 $7,385.43 $443.13 18 GUERRERO $46,286 6 $7,714.33 $616.33 17 HIDALGO $30,217 3 $10,072.48 $88.84 13 JALISCO $19,277 6 $3,212.82 $356.98 23 MICHOACÁN $43,945 3 $14,648.30 $3,254.04 7 MORELOS $26,200 2 $13,100.22 $1,396.87 9 NAYARIT $41,010 4 $10,252.39 $1,314.00 12 OAXACA $62,337 6 $10,389.51 #¡DIV/0! 11 PUEBLA $24,875 6 $4,145.78 $507.48 22 QUERETARO $19,104 2 $9,552.11 $356.50 14 QUINTANA ROO $34,081 5 $6,816.23 $339.84 19 SAN LUIS POTOSÍ $27,463 11 $2,496.68 #¡DIV/0! 24 SINALOA $17,293 2 $8,646.29 $816.53 15 SONORA $25,219 1 $25,218.73 $1,254.95 2 TABASCO $21,904 1 $21,904.17 #¡DIV/0! 4 VERACRUZ $39,999 6 $6,666.48 $429.21 20 YUCATÁN $19,366 4 $4,841.49 $27.47 21 4.2.2.2 PRESUPUESTO EJERCIDO Y VARIABLES ASOCIADAS Bajo este rubro se comentan tanto el apego al presupuesto autorizado como los posible ahorros que significó para la institución, o lo que llamamos

a) disciplina presupuestal; b) ahorro al proyecto; c) eficacia. En la mayoría de los estados existen escasas diferencias entre el presupuesto

autorizado y el ejercido y solamente el estado de San Luis Potosí se sobregiró con una cantidad de $296.00. El 29% de las delegaciones se ajustaron exactamente el presupuesto mientras que el 66.6% tuvieron una reducción. El Distrito Federal sobresale con una reducción de $16,705 siendo el 8% del presupuesto autorizado.


ESTADO


MONTO PRESU- PUESTO

EJERCIDO

REDU- CCIÓN

%

REDUCIDO

BAJA CALIFORNIA $24,836 $19,126 $5,710 22.9 CAMPECHE $31,801 $31,801 0 0


103

103

CHIAPAS $79,735 $79,735 0 0 CHIHUAHUA $27,461 $27,461 0 0 DISTRITO FEDERAL $207,059 $190,354 $16,705 8 DURANGO $22,488 $22,275 $213 0 ESTADO DE MÉXICO $21,181 $20,142 $1,039 4 GUANAJUATO $22,156 $22,156 0 0 GUERRERO $46,286 $46,225 $61 0 HIDALGO $30,217 $30,115 $102 0 JALISCO $19,277 $19,277 0 0 MICHOACÁN $43,945 $35,794 $8,151 18 MORELOS $26,200 $25,144 $1,056 4 NAYARIT $41,010 $39,420 $1,590 3 OAXACA $62,337 $62,337 0 0 PUEBLA $24,875 $24,359 $516 2 QUERETARO $19,104 $18,895 $209 1 QUINTANA ROO $34,081 $29,566 $4,515 13 SAN LUIS POTOSÍ $27,463 $27,759 + $296 1 SINALOA $17,293 $16,331 $962 5 SONORA $25,219 $25,099 $120 0 TABASCO $21,904 $21,903 $1 0 VERACRUZ $39,999 $39,916 $83 0 YUCATÁN $19,366 $19,366 0 0

El 50% de los estados lograron ser eficaces en este proyecto, alcanzando el coeficiente 1, y el 29% lo rebasó, mientras que el 21% no logró la unidad al menos. Los estados que lograron eficacia y que también obtuvieron los primeros lugares en la asignación de presupuesto, fueron el D. F., Chiapas, Oaxaca, y Guerrero; sin embargo también destacan los estados de Baja California, Campeche, Sinaloa, Sonora y Tabasco quienes lograron ser con un menor monto presupuestal asignado y que respectivamente ocuparon los siguientes lugares: 16°, 9°, 24°, 14° y 19°. Esto es indicador de que no en todos los casos la eficacia está relacionada necesariamente con la asignación de presupuesto.

Entre los estados que lograron ser muy eficaces, o sea que rebasaron el coeficiente 1, encontramos a Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, Durango, Nayarit e Hidalgo, que ocuparon, según presupuesto asignado, los sitios 21°, 8°, 20°, 17°, 6°, 10°.

Los estados que no alcanzaron la eficacia, o sea que no llegaron al coeficiente de 1, fueron: Veracruz, Puebla, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí, quienes ocuparon los siguientes lugares, respectivamente, en asignación de presupuesto: 7°, 15°, 5°,13° y 11°.


104

104

4.2.2.3 COSTO/BENEFICIO Bajo el rubro siguiente, conforme con los Términos de Referencia, referimos fundamentalmente al índice de eficiencia.

Las delegaciones estatales que lograron ser eficientes fueron: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sonora y Tabasco, habiendo en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero mayores montos de presupuesto asignado; mientras que en los estados de Jalisco, Sonora y Tabasco los lugares que ocupan en cuanto a la asignación de presupuesto fueron los siguientes respectivamente: 22°, 14° y 19°. Lo que muestra no correspondencia entre mayor presupuesto y eficiencia lograda. Lo mismo ocurre con aquellos estados que lograron ser muy eficientes según este indicador y que superaron el coeficiente 1, como fueron los estados de Yucatán, Querétaro, y Estado de México que ocupan los siguientes lugares en cuanto a presupuesto asignado: 21°, 23° y 20°.

En relación con las delegaciones que no lograron la unidad sobresalen Michoacán y Veracruz quienes tienen el 5° y 7° lugar respectivamente en asignación de presupuesto. En el caso del estado de Hidalgo encontramos una correspondencia entre eficacia, eficiencia y población beneficiada, pero destaca aún más Yucatán quien tiene el mayor grado de eficacia y eficiencia, ocupando el primer lugar en población beneficiada.


ESTADO

PRESUPUSE- TO AUTO- RIZADO

LUGAR SEGÚN

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

PRESU- PUESTO EJERCIDO

LUGAR SEGÚN PRESU- PUESTO EJER- CIDO

METAS PRO- GRA-

MADAS

EFICACIA

EFICIENCIA

BAJA CALIFORNIA $24,836 16 $19,126 22 2 1.00 1.12 CAMPECHE $31,801 9 $31,801 8 4 1.84 1.99 CHIAPAS $79,735 2 $79,735 2 5 1.00 1.00 CHIHUAHUA $27,461 12 $27,461 12 2 1.17 1.18 DISTRITO FEDERAL $207,059 1 $190,354 1 1 1.47 2.35 DURANGO $22,488 17 $22,275 16 1 1.66 1.66 ESTADO DE MEXICO $21,181 20 $20,142 19 1 4.91 4.94 GUANAJUATO $22,156 18 $22,156 17 3 1.03 1.06 GUERRERO $46,286 4 $46,225 4 6 1.09 1.09 HIDALGO $30,217 10 $30,115 9 3 2.12 2.12 JALISCO $19,277 22 $19,277 21 6 0.84 0.85 MICHOACÁN $43,945 5 $35,794 7 3 1.00 1.01 MORELOS $26,200 13 $25,144 13 2 1.50 1.50 NAYARIT $41,010 6 $39,420 6 4 1.29 1.30 OAXACA $62,337 3 $62,337 3 6 1.00 1.02 PUEBLA $24,875 15 $24,359 15 6 1.01 1.01


105

105

QUERETARO $19,104 23 $18,895 23 2 0.72 0.72 QUINTANA ROO $34,081 8 $29,566 10 5 1.00 1.00 SAN LUIS POTOSÍ $27,463 11 $27,759 11 11 1.05 1.05 SINALOA $17,293 24 $16,331 24 2 1.00 1.01 SONORA $25,219 14 $25,099 14 1 1.00 1.00 TABASCO $21,904 19 $21,903 18 1 1.40 1.63 VERACRUZ $39,999 7 $39,916 5 6 1.05 1.07 YUCATÁN $19,366 21 $19,366 20 4 1.00 1.05


106

106

Gráfica 2. Comparativo entre metas programadas y logros, 2002. Proyecto de Formación Jurídica

2

45

21 1

3

6

3

6

1

32

4

6 6

2

5

11

21 1

6

4

2

45

21

23

6

4

6

2 21

6 65

3

11

32

1 1

5

24

0

5

10

15

20

25

30

BAJA CALIF

ORNIACAMPECHE

CHIAPASCHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGOGUANAJU

ATOGUERRERO

HIDALGO

JALIS

CO

ESTADO DE M

EXICOMIC

HOACANMORELO

SNAYA

RITOAXACAPUEBLA

QUERETAROQUINTA

NA ROO

SAN LUIS POTO

SISIN

ALOA

SONORATA

BASCOVERACRUZ

YUCATAN



107

107


a) utilidad del proyecto en la comunidad; b) de los operadores al manual de procedimientos; c) transparencia; d) población objetivo y su grado de prioridadcomparativo 2001/2002 e) cumplimiento de metas Es evidente que el proyecto de formación jurídica se dirige a la población

indígena, como se desprende de las respuestas a la siguiente pregunta en el cuestionario: ¿Habla usted una lengua diferente del

castellano?

25 75.8 8 24.2

33 100.0

Si No Total

n %

La incidencia del proyecto en la comunidad confirma la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de


29 87.9 2 6.1 2 6.1

33 100.0


n %

Se puede explicitar aún más los beneficios traídos a la comunidad por el proyecto de formación jurídica:

El curso de formación jurídica le ha servido paratraducción e interpretación en asuntos legales

15 45.5 Si n %


108

108

El curso de formación jurídica le ha servido para gestión en asuntos agrarios

11 33.3 Si n %

El curso de formación jurídica le ha servido para organización con otras comunidades

9 27.3 Si n %

El curso de formación jurídica le ha servido para defensa de miembros presos de la comunidad

10 30.3 Si n %

El curso de formación jurídica le ha servido para promoción de acciones del INI

8 24.2 Si n %

El curso de formación jurídica le ha servido para otras acciones

7 21.2 Si n %


¿Por qué medio se enteraron del proyecto del proyecto de formación jurídica? n % Por una radiodifusora 4 11.8 Nos avisaron autoridades del municipio 2 5.9 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 14 41.2 Los del INI escogieron a los que habrían de participar 2 5.9 Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda 3 8.8 Los del INI informaron solo a las autoridades locales 6 17.6


109

109

Por otros medios 3 8.8 Total 34 100.0


CUADRO NO. 39 POBLACIÓN OBJETIVO Y GRADO DE MARGINACIÓN ESTADO MUNICIPIO MUY

ALTO ALTO MEDIO MEDIO

BAJO BAJO MUY

BAJO 2. BAJA CALIFORNIA

ENSENADA X

4. CAMPECHE KALKINI X 7. CHIAPAS TUXTLA

GUTIÉRREZ X

8. CHIHUAHUA GUACHOCHI X 9.DISTRITO FEDERAL

CUAUHTÉMOC X

10. DURANGO MEZQUITAL X 11. GUANAJUATO

ALLENDE X

12. GUERRERO AYUTLA DE LOS LIBRES

X

14. JALISCO CUATITLÁN DE G. BARRAGÁN

X

MEZQUITIC X 15. ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA X

16. MICHOACÁN

ZITÁCUARO X

17. MORELOS CUERNAVACA X 18. NAYARIT HUAJICORI X TEPIC X 20. OAXACA OAXACA X 21. PUEBLA PUEBLA X 22.QUERÉTARO QUERÉTARO X 23. QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO P.

X

24. SAN LUIS POTOSÍ

CÁRDENAS X

27. TABASCO CENTRO X 30. VERACRUZ XALAPA X 31. YUCATÁN MÉRIDA X


110

110


de las repuestas a la pregunta: “¿Para el desempeño de este proyecto, la respuesta que han tenido del INI ha sido?”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue:


El proyecto de formación jurídica llegó a la localidad:

6 18.2 6 18.2 1 3.0

18 54.5 1 3.0 1 3.0

33 100.0

Solicitado por las autoridades locales Solicitado por un grupo de personas de la localidad Promovido por profesores, médicos u otros profesionistas Promovido por el INI No lo sé No contesto Total

n %

A la pregunta: “¿Qué tan útil considera Ud. a la labor que ha realizado el INI



10 30.3 22 66.7 1 3.0

33 100.0

Muy útil Útil Inútil Total

n %


9 27.3 24 72.7 33 100.0


n %


111

111


Los resultados que se han obtenido con la,


5 15.2 18 54.5 10 30.3 33 100.0

Muy bBuenoRegulares Total

n %



6 18.2 9 27.3

18 54.5 33 100.0

Un reducido número de personas Una gran cantidad de personas Toda la comunidad Total

n %

La cobertura social: A la pregunta: “Si el INI propusiera algún otro proyecto, ¿Cree Ud. que su comunidad participaría?”, las respuestas fueron como sigue:

Si el INI propusiera algún otro proyecto,

cree Ud.que su comunidad participaría?

30 90.9 3 9.1

33 100.0

Si No lo sé Total

n %



112

112

CUADRO NO. 40 CONCENTRACIÓN

ESTADO PRESUPU

ESTO AUTORIZADO



METAS PROGRAMADAS

EFICACIA EFICIENCIA

POBLACIÓN

BENEFICIADA

COSTO POR PERSONA

BENEFICIADA


LUGAR SEGÚN

POBLACIÓN

INDÍGENA

BAJA CALIFORNIA

$24,836 $19,126 22 2 1.00 1.12 476 $40.18 549,532 5 549,532 5

CAMPECHE $31,801 $31,801 8 4 1.84 1.99 20 $1,590.05 36,685 20 36,685 20 CHIAPAS $79,735 $79,735 2 5 1.00 1.00 80 $996.68 339,886 8 339,886 8 CHIHUAHUA $27,461 $27,461 12 2 1.17 1.18 60 $457.68 361,972 7 361,972 7 DISTRITO FEDERAL

$207,059 $190,354 1 1 1.47 2.35 40 $4,758.85 173,592 10 173,592 10

DURANGO $22,488 $22,275 16 1 1.66 1.66 48 $464.07 25,269 22 25,269 22 ESTADO DE MÉXICO

$21,181 $20,142 19 1 4.91 4.94 80 $251.77 39,259 18 39,259 18

GUANAJUATO $22,156 $22,156 17 3 1.03 1.06 50 $443.13 633,372 3 633,372 3 GUERRERO $46,286 $46,225 4 6 1.09 1.09 75 $616.33 10,689 24 10,689 24 HIDALGO $30,217 $30,115 9 3 2.12 2.12 339 $88.84 84,086 14 84,086 14 JALISCO $19,277 $19,277 21 6 0.84 0.85 54 $356.98 24,934 23 24,934 23 MICHOACÁN $43,945 $35,794 7 3 1.00 1.01 11 $3,254.04 565,509 4 565,509 4 MORELOS $26,200 $25,144 13 2 1.50 1.50 18 $1,396.87 367,110 6 367,110 6 NAYARIT $41,010 $39,420 6 4 1.29 1.30 30 $1,314.00 49,744 17 49,744 17 OAXACA $62,337 $62,337 3 6 1.00 1.02 0 #¡DIV/0! 809,592 2 809,592 2 PUEBLA $24,875 $24,359 15 6 1.01 1.01 48 $507.48 55,027 16 55,027 16 QUERETARO $19,104 $18,895 23 2 0.72 0.72 53 $356.50 37,206 19 37,206 19 QUINTANA ROO

$34,081 $29,566 10 5 1.00 1.00 87 $339.84 30,896 21 30,896 21

SAN LUIS POTOSÍ

$27,463 $27,759 11 11 1.05 1.05 0 #¡DIV/0! 93,765 13 93,765 13

SINALOA $17,293 $16,331 24 2 1.00 1.01 20 $816.53 121,849 12 121,849 12 SONORA $25,219 $25,099 14 1 1.00 1.00 20 $1,254.95 141,710 11 141,710 11 TABASCO $21,904 $21,903 18 1 1.40 1.63 0 #¡DIV/0! 1,120,312 1 1,120,31

2 1

VERACRUZ $39,999 $39,916 5 6 1.05 1.07 93 $429.21 235,253 9 235,253 9 YUCATÁN $19,366 $19,366 20 4 1.00 1.05 705 $27.47 62,027 15 62,027 15


113

113


La estadística nos muestra que: a) Coincide en buena medida la asignación de presupuesto con la población

indígena con la excepción del D. F. b) No existe relación directa entre metas programadas y asignación de

presupuesto c) No fue tomado en cuenta el criterio de población bebeficiada en la

asignación presupuestal. d) Existen grandes diferencias entre el costo programado por meta y el costo

por persona beneficiada e) Solamente en algunos casos coincide la eficacia con el presupuesto

asignado. f) No existe correspondencia entre la eficiencia y el presupuesto asignado. En aquellos estados que lograron mayor eficacia encontramos que tuvieron

menor presupuesto asignado.


114

114

4.3.1 PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 4.3.1.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Bajo el presente rubro englobamos una serie de requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, entre ellos: a) polación beneficiada Se incluyen, además, a) las relaciones entre presupuesto y población indígena; b) costos por meta; y c) la derrama presupuestal promedio asignada a cada persona o proyecto.

El proyecto de antropología jurídica acusa una marcada centralización del presupuesto en el Distrito Federal, una centralización no acorde con las dimensiones de la población indígena que en él reside. De hecho, en la asignación de presupuesto, sólo Chiapas muestra una correspondencia entre población y presupuesto, pero sólo en términos de sitios; la desproporción financiera que guarda, por ejemplo, con aquél, es abismal. De esto se sigue que el presupuesto asignado no tomó como base el criterio poblacional, aunque es uno de los más vinculados con esa variable en tanto que se vincula con derechos humanos y con la diferencia cultural.





2000

LUGAR SEGÚN


DISTRITO FEDERAL

$955,481.00 1 141,710 11

CHIAPAS $129,742.53 2 809,592 2 MICHOACÁN $96,818.46 3 121,849 12 GUERRERO $95,649.95 4 367,110 6 OAXACA $93,304.47 5 1,120,312 1 VERACRUZ $74,043.31 6 633,372 3 JALISCO $65,568.73 7 39,259 18 NAYARIT $57,866.95 8 37,206 19 SAN LUIS POTOSÍ

$55,258.16 9 235,253 9

MORELOS $47,931.21 10 30,896 21 SINALOA $45,851.40 11 49,744 17 CHIHUAHUA $44,220.09 12 84,086 14 QUERETARO $41,658.03 13 25,269 22 YUCATÁN $40,016.72 14 549,532 5


115

115

ESTADO DE MÉXICO

$38,863.61 15 361,972 7

DURANGO $37,417.40 16 24,934 23 BAJA CALIFORNIA

$35,831.50 17 36,685 20

TABASCO $31,056.34 18 62,027 15 QUINTANA ROO $30,826.34 19 173,592 10 CAMPECHE $30,440.74 20 93,765 13 GUANAJUATO $30,385.02 21 10,689 24 HIDALGO $29,557.23 22 339,886 8 PUEBLA $26,322.54 23 565,509 4 SONORA $11,920.49 24 55,027 16

De hecho, la asignación presupuestal está más vinculada con las metas programadas, pero no de manera directa. En efecto, la siguiente tablas nos evidencia que, excepto en el caso de Chiapas y Nayarit no existe correspondencia directa entre las dos variables, presentándose la constante “No ocurre que las entidades con mayor presupuesto correspondan con las de mayor número de metas, incluso, pueden encontrarse severos contrastes como el que ofrece Michoacán que, con el tercer monto presupuestal ocupa el 7° sitio en metas programadas; así mismo, Jalisco y San Luis Potosí, con el 7° y 9° montos presupuestales, ocupan el 14° y 15° en metas programadas respectivamente; y por situarnos en el extremos opuesto, Querétaro, con el 13° sitio en presupuesto asignado, ocupa el último lugar en metas programadas.


ESTADO



METAS

PROGRAMADAS

LUGAR SEGÚN METAS

PROGRAMADAS

OAXACA $93,304.47 5 40 1 CHIAPAS $129,742.53 2 15 2 GUERRERO $95,649.95 4 14 3 DISTRITO FEDERAL

$955,481.00 1 12 4

VERACRUZ $74,043.31 6 10 5 NAYARIT $57,866.95 8 8 6 MICHOACÁN $96,818.46 3 7 7 DURANGO $37,417.40 16 7 8 TABASCO $31,056.34 18 7 9 QUINTANA ROO $30,826.34 19 7 10 CAMPECHE $30,440.74 20 7 11


116

116

HIDALGO $29,557.23 22 7 12 PUEBLA $26,322.54 23 7 13 JALISCO $65,568.73 7 6 14 SAN LUIS POTOSÍ

$55,258.16 9 6 15

CHIHUAHUA $44,220.09 12 6 16 ESTADO DE MÉXICO

$38,863.61 15 6 17

GUANAJUATO $30,385.02 21 6 18 MORELOS $47,931.21 10 5 19 SINALOA $45,851.40 11 5 20 YUCATÁN $40,016.72 14 5 21 BAJA CALIFORNIA

$35,831.50 17 5 22

SONORA $11,920.49 24 5 23 QUERETARO $41,658.03 13 3 24

El costo programado por meta fue de los más variopinto, lo que nos indica que no existen criterios para la cuantificación de las mismas en términos de tiempos y operación. Así encontramos costos promedio por meta muy bajos como los que logró el Distrito Federal ($910.42 c/u) frente a costos de $9,189.04 en Sonora. Esto indica que, al no evaluarse el tipo de meta, se cuantifique igual un acompañamiento que la elaboración de un reglamento de santuarios o reservas, por citar un caso. Además, el total de metas y el costo no se relaciona directamente con la población indígena, como puede observarse en los casos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, por citar solo algunos.

CUADRO NO. 43 RELACIÓN PRESUPUESTO/ METAS

ESTADO PRESU-PUESTO

AUTORIZADO

LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN PRESU-PUESTO AUTO-

RIZADO

METAS PROGRA- MADAS

LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN METAS

PROGRA-MADAS

COSTO PROGRA-

MADO POR META

LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN

COSTO DE META

SONORA $13,880 24 8 24 $1,735.02 21 QUERETARO $14,562 23 11 14 $1,323.82 22 MORELOS $22,818 22 13 11 $1,755.19 20 SINALOA $23,765 21 13 10 $1,828.08 18 BAJA $24,315 20 10 16 $2,431.50 13


117

117

CALIFORNIA YUCATÁN $26,233 19 8 23 $3,279.14 10 SAN LUIS POTOSÍ

$28,501 18 15 9 $1,900.08 17

ESTADO DE MÉXICO

$28,888 17 11 13 $2,626.19 12

GUANAJUATO $28,935 16 8 22 $3,616.85 7 PUEBLA $29,807 15 9 18 $3,311.86 9 HIDALGO $33,620 14 19 6 $1,769.48 19 TABASCO $33,736 13 8 21 $4,216.94 5 MICHOACÁN $33,806 12 29 3 $1,165.71 23 QUINTANA ROO

$33,897 11 8 20 $4,237.08 4

CHIHUAHUA $33,965 10 10 15 $3,396.49 8 NAYARIT $37,782 9 16 7 $2,361.38 14 CAMPECHE $38,478 8 8 19 $4,809.73 3 JALISCO $44,317 7 15 8 $2,954.49 11 VERACRUZ $47,740 6 21 5 $2,273.33 15 DURANGO $53,815 5 11 12 $4,892.26 2 CHIAPAS $78,070 4 35 2 $2,230.57 16 OAXACA $82,701 3 9 17 $9,189.04 1 GUERRERO $88,051 2 24 4 $3,668.79 6 DISTRITO FEDERAL

$400,583 1 440 1 $910.42 24


a) disciplina presupuestal; b) ahorro al proyecto; c) eficacia. En el manejo del presupuesto se evidente que existe gran disciplina toda vez

que ninguna delegación se sobregiró: igualaron a ceros un 25%; un 37.5% redujo de manera casi simbólica y lo manejó de manera notable el Distrito Federal con el mayor monto de reducción tanto en términos absolutos ($206,299.00) como en términos porcentuales (51.49%), Seguido de Quintara Roo ($7,875.00, para un 23.23%) y Baja California ($7,852.00, para un 32.29%), justo en zonas de vida cara. Por último, es destacable que el Distrito Federal y Baja California, lograron considerables reducciones relacionadas con el monto presupuestal ejercido, manifestando un eficiente manejo de los recursos financieros a su cargo/partida.


118

118

CUADRO NO. 44 MONTOS Y PORCENTAJES DE REDUCCIÓN SEGÚN PRESUPUESTO.

ESTADO

PRESU- PUESTO

AUTORIZADO


RIZADO

PRESU- PUESTO

EJER- CIDO

LUGAR SEGÚN PRESU- PUESTO EJER- CIDO

MONTO TOTAL REDU- CIDO

PORCEN- TAJE

REDUCIDO

LUGAR SEGÚN MONTO REDU- CIDO

DISTRITO FEDERAL

$400,583 5 $194,284 1 $206,299 51.49% 1

QUINTANA ROO $33,897 18 $26,022 11 $7,875 23.23% 3 BAJA CALIFORNIA

$24,315 1 $16,463 20 $7,852 32.29% 2

MICHOACÁN $33,806 12 $29,783 12 $4,023 11.9% 4 ESTADO DE MÉXICO

$28,888 7 $25,857 17 $3,031 10.49% 6

YUCATÁN $26,233 24 $23,404 19 $2,829 10.78% 5 HIDALGO $33,620 10 $31,446 14 $2,174 6.46% 8 PUEBLA $29,807 16 $27,807 15 $2,000 6.70% 7 NAYARIT $37,782 14 $36,411 9 $1,371 3.62% 9 SAN LUIS POTOSÍ

$28,501 19 $27,964 18 $537 1.88% 10

MORELOS $22,818 13 $22,418 22 $400 1.75% 11 GUERRERO $88,051 9 $87,747 2 $337 0.38% 12 CAMPECHE $38,478 2 $38,437 8 $41 0.10% 13 CHIAPAS $78,070 3 $78,030 4 $40 0.05% 15 SINALOA $23,765 20 $23,742 21 $23 0.09% 14 TABASCO $33,736 22 $33,718 13 $18 0.05% 16 DURANGO $53,815 6 $53,810 5 $5 0.009% 17 VERACRUZ $47,740 23 $47,739 6 $1 0.002% 18 OAXACA $82,701 15 $82,701 3 0 0 19 JALISCO $44,317 11 $44,317 7 0 0 20 CHIHUAHUA $33,965 4 $33,965 10 $0 0 21 GUANAJUATO $28,935 8 $28,935 16 0 0 22 QUERETARO $14,562 17 $14,562 23 0 0 23 SONORA $13,880 21 $13,880 24 0 0 24

En consecuencia, el Distrito Federal, con el mayor monto presupuestal, logró los mayores índices de eficiencia y eficacia. En este rubro es pertinente destacar que sólo Oaxaca presentó un bajo indicador de eficacia y eficiencia. El resto 95.83% se mostró eficiente y eficaz al lograr más metas de las programadas (excepto Sonora, que logró la unidad) y al manejar eficientemente el presupuesto toda vez que disminuyeron sus costos al aumentar, con el mismo presupuesto, el número de metas. 4.3.1.3 COSTO/BENEFICIO


119

119

Bajo el rubro siguiente, conforme con los Términos de Referencia, referimos fundamentalmente al índice de eficiencia. Los índices promedio nos dicen que la eficacia del proyecto quedó en 3.26 y en eficiencia se aumentó a 3.47. Ahora bien, esto llama poderosamente la atención toda vez que, en los números, se está programando más allá de lo necesario y con las precauciones que impone la centralización del proyecto y los recursos financieros. Sin embargo, no debemos olvidar que tal proceso inflacionario está indexado con la disparidad de criterios para cuantificar metas y, a no dudar, a la optimización que las delegaciones estatales han realizado estebleciendo acuerdos de colaboración con otras instituciones como la CND.


120

120


ESTADO PRESU- PUESTO AUTO-

RIZADO

LUGAR PRESU-PUESTO

EJERCIDO

LUGAR METAS PRO- GRA-MADA

S

LUGAR LO- GROS

LUGAR EFI- CACIA DEL PRO-

YECTO

LUGAR EFI- CIENCIA

DEL PRO-

YECTO

LUGAR

DISTRITO FEDERAL $955,481.00 1 $870,666.42 1 12 4 354 1 29.50 1 32.37 1 YUCATÁN $40,016.72 14 $40,016.72 14 5 21 27 4 5.40 2 5.40 2 CHIAPAS $129,742.53 2 $129,736.02 2 15 2 52 2 3.47 3 3.47 3 PUEBLA $26,322.54 23 $26,245.25 23 7 13 23 5 3.29 4 3.30 4 SAN LUIS POTOSÍ $55,258.16 9 $47,883.51 9 6 15 19 9 3.17 5 3.65 5 QUINTANA ROO $30,826.34 19 $29,926.34 21 7 11 19 7 2.71 6 2.80 6 HIDALGO $29,557.23 22 $28,123.55 22 7 12 19 8 2.71 7 2.85 7 SINALOA $45,851.40 11 $45,279.40 11 5 20 13 13 2.60 8 2.63 8 GUERRERO $95,649.95 4 $93,820.52 3 14 3 33 3 2.36 9 2.40 9 MICHOACÁN $96,818.46 3 $88,229.89 5 7 7 16 11 2.29 10 2.51 10 VERACRUZ $74,043.31 6 $74,043.31 6 10 5 22 6 2.20 11 2.20 11 ESTADO DE MEXICO $38,863.61 15 $30,699.07 18 6 17 13 12 2.17 12 2.74 12 NAYARIT $57,866.95 8 $55,232.95 8 8 6 16 10 2.00 13 2.10 13 BAJA CALIFORNIA $35,831.50 17 $30,831.50 17 5 22 10 17 2.00 14 2.32 14 CHIHUAHUA $44,220.09 12 $44,220.09 12 6 16 10 16 1.67 15 1.67 15 QUERETARO $41,658.03 13 $41,550.78 13 3 24 5 24 1.67 16 1.67 16 MORELOS $47,931.21 10 $46,837.96 10 5 19 8 21 1.60 17 1.64 17 DURANGO $37,417.40 16 $36,938.47 15 7 8 11 14 1.57 18 1.59 18 GUANAJUATO $30,385.02 21 $30,385.02 20 6 18 8 20 1.33 19 1.33 19 JALISCO

$65,568.73 7 $65,568.73 7 6 14 7 22 1.17 20 1.17 20

TABASCO $31,056.34 18 $31,055.01 16 7 9 8 18 1.14 21 1.14 21 CAMPECHE $30,440.74 20 $30,440.74 19 7 10 8 19 1.14 22 1.14 22 SONORA $11,920.49 24 $11,919.49 24 5 23 5 23 1.00 23 1.00 23 OAXACA $93,304.47 5 $93,304.47 4 40 1 10 15 0.25 24 0.25 24


121

121

Gráfica 6. Comparativo entre metas programadas y logros, 2002. Proyecto de Antropología Jurídica

5 715

6 12 7 614 7 6 6 7 5 8

40

7 3 7 6 5 5 7 10 510 8

52

10

354

11 8

3319

7 13 16 8 16 1023

519 19 13 5 8

22 27

0

50

100

150

200

250

300

350

400

BAJA CALIF

ORNIACAMPECHE

CHIAPASCHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGOGUANAJU

ATOGUERRERO

HIDALGO

JALIS

CO

ESTADO DE M

EXICOMIC

HOACANMORELO

SNAYA

RITOAXACAPUEBLA

QUERETAROQUINTA

NA ROO

SAN LUIS POTO

SISIN

ALOA

SONORATA

BASCOVERACRUZ

YUCATAN



122

122


a) utilidad del proyecto en la comunidad: b) de los operadores al manual de procedimientos; c) transparencia d) población objetivo y su grado de prioridad e) comparativo 2001/2002 f) cumplimiento de metas Es evidente que el proyecto de atención legal se dirige a la población indígena,

como se desprende de las respuestas a la siguiente pregunta en el cuestionario: ¿Habla usted una lengua diferente del

castellano?

16 84.2 3 15.8

19 100.0

Si No Total

n %

Las respuestas a la pregunta en el cuestionario: “¿Por qué medio se

enteraron del proyecto?, nos muestran que el programa permite la difusión, promoción y conocimiento de los derechos indígenas, en el marco de la pluralidad y diversidad cultural: ¿Por qué medio se enteraron del proyecto de antropología jurídica? N % Por una radiodifusora 3 15.0 Los del INI informaron solo a las autoridades locales 3 15.0 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 7 35.0 Los del INI escogieron a los que habrían de participar 1 5.0 Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda 1 5.0 Por otros medios 4 20.0 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 1 5.0 Total 20 100.0



123

123

CUADRO NO. 46 POBLACIÓN OBJETIVO Y GRADO DE MARGINACIÓN

ESTADO MUNICIPIO MUY ALTO

ALTO MEDIO ALTO

MEDIO MEDIO BAJO

BAJO MUY BAJO

2. BAJA CALIFORNIA

ENSENADA X

4. CAMPECHE KALKINI X 7. CHIAPAS TUXTLA

GUTIÉRREZ X

8. CHIHUAHUA CHIHUAHUA X 9. DISTRITO FEDERAL

CUAUHTÉMOC X

10. DURANGO DURANGO X 11.GUANAJUATO ALLENDE X 12. GUERRERO ACATEPEC X ATLAMAJALCINGO

DEL MONTE X

CHILAPA DE ÁLVAREZ

X

MALINALTEPEC X MÁRTIR DE

CUILAPAN X

METLATONOC X SAN LUIS

ACATLÁN X

TEPECOACUILCO DE TRUJANO

X

TLAPA DE COMONFORT

X

13.HIDALGO CARDONAL X 14.JALISCO CUAUTITLÁN DE

G. BARRAGÁN X

MEZQUITIC X TUXPAN X 15. ESTADO DE MÉXICO

ACAMBAY X

TOLUCA X XONACATLÁN X 16.MICHOACÁN AQUILIA X

CHERÁN X X

PÁTZCUARO X 17. MORELOS CUERNAVACA X 18. NAYARIT ACAPONETA X TEPIC X 20. OAXACA OAXACA X 21. PUEBLA PUEBLA X 22. QUERÉTARO QUERÉTARO X 23.QUINTANA ROO

FELIPE CARRILO P.

X

24. SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ X


124

124

25. SINALOA EL FUERTE X 26. ETCHOJOA X 27. TABASCO CENTRO X NACAJUCA X TACOTALPA X 28. VERACRUZ XALAPA X 31. YUCATÁN MÉRIDA X PORCENTAJE 19 11.9 4.76 11.9 2.3 9.5 40.7

La incidencia del proyecto en las comunidades donde opera se desprende de las repuestas a la siguiente pregunta: ¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de


17 89.5 1 5.3 1 5.3

19 100.0

Si No lo sé No contesto Total

n %


El proyecto de antropología jurídica llegó a la localidad:

4 21.1 6 31.6 1 5.3 6 31.6 1 5.3 1 5.3

19 100.0

Solicitado por las autoridades locales Solicitado por un grupo de personas de la localidad Promovido por profesores, médicos u otros profesionistas Promovido por el INI No lo sé No contesto Total

n %

A la pregunta: “¿Qué tan útil considera Ud. a la labor que ha realizado el INI



125

125


11 57.9 7 36.8 1 5.3

19 100.0

Muy útil Útil No contesto Total

n %

La pregunta acerca del grado de satisfacción por parte de la población

beneficiada por el proyecto fue contestada de manera muy directa. A la pregunta: “?Cómo han sido los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto en la comunidad?”, las respuestas fueron como sigue:



9 47.4 7 36.8 2 10.5 1 5.3

19 100.0

Muy buenos Buenos Regulares No contesto Total

n %



3 15.8 10 52.6 5 26.3 1 5.3

19 100.0

Un reducido número de personas Una gran cantidad de personas Toda la comunidad No contesto Total

n %


Si el INI propusiera algún otro proyecto, cree Ud. que su comunidad participaría?

19 100.0 Si n %


126

126

Las encuestas aplicadas a las comunidades revelan que el proyecto de antropología jurídica realiza una labor que va de útil a muy útil en el 94.7% de los casos, y sus resultados van de buenos a muy buenos en el 84.2% de ellos, al extremo que todas las autoridades que se han visto involucradas en procesos, participarían en otros a propuesta de la institución. Esto, debido a que las expectativas depositadas en él y los resultados obtenidos son satisfactorios en el 87.5% de los encuestados; en esta ocasión, el trato brindado a las autoridades no jugó un papel relevante para sólo un 12.5%. Los mecanismos por medio de los que los indígenas se han enterado de los beneficios de los proyectos siguen siendo los de la comunicación directa por parte de los operadores del INI (50%), fuera esta en asambleas o por vía de las autoridades locales. Los medios informales juegan un papel relevante (20%) y la difusión a través de las radiodifusoras (15%) y la propaganda escrita (5.0) juegan un papel de ínfima importancia. Conforme con los criterios de elegibilidad, las solicitudes del servicio provinieron en su mayor parte de las comunidades impulsadas por autoridades (21.1%) o por grupos de interesados (31.6%) para un 52.7%; sin embargo, la promoción directa de los operadores (31.6%) juega un papel importante para estimular a los indígenas. El rubro de información a las localidades de los logros de los proyectos no se ha cubierto sino en 84.2% y coincide casi plenamente con la intensidad de las visitas que realizan los operadores para informarles sobre asuntos religiosos y derechos humanos, tarea sustantiva del proyecto. Empero, la percepción que se tiene de los beneficios del proyecto no es tan clara como debiera; en efecto, sólo un 47.4% considera benéficos los resultados del mismo, aunque los que valoran los resultados afirman que el impacto es colectivo (77.9%) y ha mejorado la forma de vida de las comunidades. En materia de asuntos religiosos, dados los pocos conflictos en que el INI ha intervenido (10.5%) en las localidades que han tenido conflictos (15.8%), ha tenido escaso impacto. En efecto, en sólo el 52.6% de las localidades encuestadas el INI ha impartido charlas sobre cuestiones religiosas y sólo un 26.3% afirma que han sido de utilidad las mismas.

El proyecto de Antropología Jurídica es uno de los puntos rojos de la DPPJ-INI, juntamente con el programa de registro civil. Esta dura afirmación se vincula directamente con el comparativo con 2001. En efecto, procedieron a disminuir el número de metas en un 76.87% y a incrementar el costo promedio de meta en

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué si participaría? n % Porque el INI cumple lo que promete 4 16.67 Porque nuestros esfuerzos se ven compensados 5 20.83 Porque los resultados son benéficos para nosotros

12 50.00

Por que nos tratan muy bien 3 12.50 Total 24 100.00


127

127

299.98%, cuando la reducción presupuestal fue del 7.52%. En este marco, si bien es cierto que disminuyeron el costo hipotético del mismo 2002 en un 72.78%, y lograron una eficiencia y una eficacia muy altas (3.69 y 3.48 respectivamente), también lo es que el costo de meta se incrementó en 14.96%.


128

128

CUADRO NO. 47 COMPARATIVO 2001/2002 ANTROPOLOGÍA JURÍDICA

2001

METAS PROGRA- MADAS

PRESUPUESTO ANUAL

MODIFICADO (PESOS)


META (HIPOTÉTICO)

EN PESOS

METAS LOGRADAS

EFICIENCIA


EFICACIA


PESOS

DIFERENCIA ENTRE LO


PORCENTAJE

891 2 320 618.99

2 604.51 895 1.00 2 218 114.10

0.95 2 478.33 126.18

2002 206 2 146

033.22 10 417.63 716 3.48 2 029

955.21 3.69 2 835.13 - 7582.49 - 72.78%

DIFERENCIA

+685 1 74585.77 + 7 813.12 -179 + 2.48 -188 158.9 + 2.74 + 356.8 76.87 7.52% + 299.98% -20% 248% -8.48% 288.42

% + 14.96%


129

129

ESTADO PRESU-PUESTO AUTO-

RIZADO

LUGAR PRESU- PUESTO

EJERCIDO

LUGAR METAS PRO- GRA-

MADAS

LUGAR LO- GROS

LUGAR EFICA- CIA DEL PRO-

YECTO

LUGAR EFICIEN- CIA

DEL PRO-

YECTO

LUGAR POBLA- CIÓN

BENEFI- CIADA

LUGAR COSTO POR

PERSONA

BENEFI- CIADA

LUGAR POBLA- CIÓN

INDÍGE- NA

2000

LUGAR

MORELOS $47,931.21 10 $46,837.96 10 5 19 8 21 1.60 17 1.64 17 7 21 $6,691.14 1 30,896 21 TABASCO $31,056.34 18 $31,055.01 16 7 9 8 18 1.14 21 1.14 21 5 22 $6,211.00 2 62,027 15 MICHOACÁN $96,818.46 3 $88,229.89 5 7 7 16 11 2.29 10 2.51 10 18 18 $4,901.66 3 121,849 12 NAYARIT $57,866.95 8 $55,232.95 8 8 6 16 10 2.00 13 2.10 14 15 19 $3,682.20 4 37,206 19 CAMPECHE $30,440.74 20 $30,440.74 19 7 10 8 19 1.14 22 1.14 22 9 20 $3,382.30 5 93,765 13 YUCATÁN $40,016.72 14 $40,016.72 14 5 21 27 4 5.40 2 5.40 2 27 17 $1,482.10 6 549,532 5 CHIHUAHUA $44,220.09 12 $44,220.09 12 6 16 10 16 1.67 15 1.67 15 32 16 $1,381.88 7 84,086 14 JALISCO $65,568.73 7 $65,568.73 7 6 14 7 22 1.17 20 1.17 20 70 12 $936.70 8 39,259 18 QUERETARO $41,658.03 13 $41,550.78 13 3 24 5 24 1.67 16 1.67 16 51 14 $814.72 9 25,269 22 GUANAJUATO $30,385.02 21 $30,385.02 20 6 18 8 20 1.33 19 1.33 19 40 15 $759.63 10 10,689 24 VERACRUZ $74,043.31 6 $74,043.31 6 10 5 22 6 2.20 11 2.20 13 115 11 $643.85 11 633,372 3 QUINTANA ROO

$30,826.34 19 $29,926.34 21 7 11 19 7 2.71 6 2.80 7 53 13 $564.65 12 173,592 10

CHIAPAS $129,742.53 2 $129,736.02 2 15 2 52 2 3.47 3 3.47 4 350 7 $370.67 13 809,592 2 DURANGO $37,417.40 16 $36,938.47 15 7 8 11 14 1.57 18 1.59 18 139 10 $265.74 14 24,934 23 ESTADO DE MEXICO

$38,863.61 15 $30,699.07 18 6 17 13 12 2.17 12 2.74 8 185 9 $165.94 15 361,972 7

DISTRITO FEDERAL

$955,481.00 1 $870,666.42 1 12 4 354 1 29.50 1 32.37 1 5,461 1 $159.43 16 141,710 11

GUERRERO $95,649.95 4 $93,820.52 3 14 3 33 3 2.36 9 2.40 11 832 3 $112.77 17 367,110 6 PUEBLA $26,322.54 23 $26,245.25 23 7 13 23 5 3.29 4 3.30 5 291 8 $90.19 18 565,509 4 BAJA CALIFORNIA

$35,831.50 17 $30,831.50 17 5 22 10 17 2.00 14 2.32 12 426 6 $72.37 19 36,685 20

HIDALGO $29,557.23 22 $28,123.55 22 7 12 19 8 2.71 7 2.85 6 575 4 $48.91 20 339,886 8 SONORA $11,920.49 24 $11,919.49 24 5 23 5 23 1.00 23 1.00 23 547 5 $21.79 21 55,027 16 SINALOA $45,851.40 11 $45,279.40 11 5 20 13 13 2.60 8 2.63 9 4,168 2 $10.86 22 49,744 17 OAXACA $93,304.47 5 $93,304.47 4 40 1 10 15 0.25 24 0.25 24 0 24 #¡DIV/0! 24 1,120,312 1 SAN LUIS POTOSÍ

$55,258.16 9 $47,883.51 9 6 15 19 9 3.17 5 3.65 3 0 23 #¡DIV/0! 23 235,253 9


130

130


El proyecto en sí es un foco rojo y no por las tareas sustantivas que le son inherentes, sino por el impacto que tiene en las comunidades indígenas y por la percepción que del mismo se tiene. Las entrevistas revelaron lo que las propias encuestas han mostrado:

a) Se tiene escasa información en las comunidades acerca de él y las referencias obtenidas no son halagüeñas. Baste saber que donde se tiene noticia del mismo porque se ha impartido un curso sobre derechos humanos, asuntos religiosos, conflictos interétnicos etc., que son un poco más de la mitad de los encuestados, se han impartido charlas sobre asuntos religiosos y derechos humanos y escasamente se valora su utilidad. Así mismo, aunque de manera menos preocupante, el rubro de información acusa algunas deficiencias. Pero la alerta, como se mostró en el comparativo 2001-2002, también se vincula con algo evidente:

b) La programación y los resultados nos hablan de un encarecimiento del costo de metas en contraste con la eficiencia y la efectividad que se elevaron desproporcionadamente. Al parecer, se siguió la estrategia de programar bajas metas esperando lograr muchas más de las propuestas inicialmente, pero eso terminó repercutiendo en costos. Esto evidencia que no se hace una justipreciación de metas para programar, y acentúa la posibilidad del manejo casuístico del presupuesto con probabilidades no medidas desde el inicio.

Por último, queremos destacar lo referente a costos. En este rubro observamos una enorme disparidad no tan solo en costos por meta, sino en la derrama que promedialmente se dirige a la población. En ese espectro de asimetrías, y considerando la población beneficiada salta a la vista la enorme derrama del Estado de Morelos, Tabasco, Michoacán, Nayarit y Campeche frente a los bajos costos Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Baja California y Puebla quienes con poco presupuesto, relativamente, beneficiaron a un mayor número de personas, sin considerar el caso particular del Distrito Federal que benefició al mayor número de indígenas con un bajo costo promedio. Lo anterior evidencia que el proyecto no contempla el impacto social en la asignación presupuestal, pero tampoco contempla la población indígena residente en la circunscripción delegacional. Por último, es de lamentarse la incompletud de la información oportuna al momento de iniciar la evaluación presente.


131

131

4.3..2 PROYECTO DE CONCERTACIÓN DE CONVENIOS 4.3.2.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Bajo el presente rubro englobamos una serie de requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, entre ellos:



proyecto. El proyecto de concertación de convenios asignó presupuestos sin considerar

la población indígena potencialmente atendida por delegación, aunque las partidas de los tres estados con mayor población coinciden. Oaxaca y Chiapas, aunque en orden inverso entre si, y Veracruz en su lugar, sí recibieron los más altos montos conforme ese criterio, pero a partir de allí, no se siguió la misma política, como lo demuestra que el Distrito Federal, ocupando el 11° lugar en población indígena tenga el tercer sitio en monto asignado y ejercido; así mismo, Morelos, por ejemplo, con el 21° escaño en población, se encuentra en noveno según el monto presupuestal, como lo evidencia la siguiente tabla:


ESTADO


LUGAR SEGÚN


OAXACA $2,393,818 1

CHIAPAS $2,668,471 2 VERACRUZ $1,186,000 3 PUEBLA $478,332 4 GUERRERO $936,500 6 DISTRITO FEDERAL $2,030,646 11 MICHOACÁN $520,500 12 CAMPECHE $570,000 13 JALISCO $451,500 18


132

132

MORELOS $454,500 21 En orden inverso, es entendible que entre los cinco estados con menor población indígena se encuentren Durango (23°) y Querétaro (22°) entre los cinco montos menores; pero no ocurre así, por ejemplo con Tabasco que, ocupando el tercer lugar en población indígena ocupa el sexto sitio en monto presupuestal ordenado de menor a mayor.

CUADRO NO. 50 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/ POBLACIÓN INDÍGENA



DURANGO $78,000 23 NAYARIT $95,500 19 SINALOA $116,500 17 QUERETARO $119,500 22 SONORA $162,690 16 TABASCO $232,500 3 SAN LUIS POTOSÍ $242,490 9 CHIHUAHUA $286,000 14 YUCATÁN $298,250 5 ESTADO DE MEXICO $327,000 7

Lo anterior nos muestra que el criterio de población indígena no es siempre el factor que determina la asignación presupuestal y, como se mostrará más adelante, tampoco es determinante el grado de marginación para la adjudicación financiera para proyectos. Si atendiésemos el criterio de metas programadas, el presupuesto debió considerar a los estados en el siguiente orden: Nayarit, Querétaro, Jalisco, Oaxaca y Chihuahua como los cinco prioritarios para asignación de los montos; sin embargo, estos ocupan respectivamente los lugares 22°, 20°, 10°, 2° Y 16°, es decir, conforme con este criterio, sólo Oaxaca podría encontrarse en un rango aceptable, como puede verse en el siguiente cuadro:


133

133


ESTADO PRESUPUESTO

AUTORIZADO METAS

PROGRAMADAS LUGAR SEGÚN PRESUPUESTO

NAYARIT $95,500 49 22 JALISCO $451,500 35 10 QUERETARO $119,500 17 20 OAXACA $2,393,818 17 2 CHIHUAHUA $286,000 13 16 HIDALGO $348,500 10 13 MORELOS $454,500 9 9 BAJA CALIFORNIA $372,370 8 12 ESTADO DE MEXICO $327,000 7 14 CAMPECHE $570,000 6 6

En el mismo orden de ideas, los que menos presupuesto debieron recibir, serían: San Luis Potosí, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Guerrero y sin embargo, como vimos, ocupan conforme el criterio presupuestal 17°, 11°, 19°, 4° y 5. Llama la atención que delegaciones estatales con escasas metas como EL Distrito Federal y Veracruz hayan recibido, relativamente, altos montos para el escaso número de metas que pretendían lograr.


ESTADO PRESUPUESTO ASIGNADO

METAS PROGRAMADAS

LUGAR SEGÚN METAS

PROGRAMADAS


SAN LUIS POTOSÍ

$242,490 0 24 17

QUINTANA ROO $393,000 1 23 11 SONORA $162,690 1 22 19 VERACRUZ $1,186,000 2 21 4 GUERRERO $936,500 2 20 5 PUEBLA $478,332 2 19 8 DISTRITO FEDERAL

$2,030,646 3 18 3

GUANAJUATO $0 3 17 0 CHIAPAS $2,668,471 4 16 1 SINALOA $116,500 4 15 21


134

134

Por otro lado, si el criterio de la asignación de presupuestos hubiera considerado la población beneficiada, la prioridad debió otorgarse a Baja California, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal y Veracruz, considerando sólo a los seis primeros; este criterio, confrontado con el monto presupuestal nos indica que estados con escaso presupuesto pudieron beneficiar a más población, como ocurrió de manera evidente en Baja California e Hidalgo.

CUADRO NO. 53 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/POBLACIÓN BENEFICIADA

ESTADO POBLACIÓN BENEFICIADA


LUGAR QUE OCUPA SEGÚN


LUGAR QUE

OCUPA SEGÚN PRESU- PUESTO

BAJA CALIFORNIA 4,612 $372,370 1 12 HIDALGO 4,516 $348,500 2 13 PUEBLA 2,187 $478,332 3 8 OAXACA 728 $2,393,818 4 2 DISTRITO FEDERAL 638 $2,030,646 5 3 VERACRUZ 638 $1,186,000 6 4 MICHOACÁN 340 $520,500 7 7 MORELOS 275 $454,500 8 9 JALISCO 263 $451,500 9 10 SAN LUIS POTOSÍ 225 $242,490 10 17 En el sentido inverso sí existe coincidencia entre los estados con menores presupuestos y menor población atendida, como lo demuestra el siguiente cuado, en el que es atípica la situación de Guerrero y Nayarit por un problema de registro estadístico.

CUADRO NO. 54 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/POBLACIÓN BENEFICIADA

ESTADO POBLACIÓN BENEFICIADA


LUGAR QUE OCUPA SE- GÚN


LUGAR QUE OCUPA SEGÚN PRESUPUESTO

GUANAJUATO 0 $0 24 24


135

135

GUERRERO 0 $936,500 23 5 NAYARIT 0 $95,500 22 22 DURANGO 38 $78,000 21 23 QUERETARO 76 $119,500 20 20 SONORA 76 $162,690 19 19 TABASCO 113 $232,500 18 18 SINALOA 130 $116,500 17 21 CHIHUAHUA 150 $286,000 16 16 YUCATÁN 175 $298,250 15 15

Un tercer momento en el análisis del presupuesto relacionado con otras variables es el del costo programado por meta. Al respecto, la información interna de la DPPJ nos indica que las delegaciones con los costos más bajos por meta fueron San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas y Morelos, por citar sólo a los cinco indicadores más bajos; contrariamente, los más altos los concentraron Baja California, Distrito Federal y Campeche de manera notoria. Lo anterior no indica necesariamente el costo destinado a cada persona beneficiada; así, es de destacarse tanto el bajo monto de derrama por persona que realizaron Baja California e Hidalgo, que contrasta con el altísimo monto reportado por Chiapas, seguido de Oaxaca, Campeche y el Distrito Federal. Nayarit, y Guerrero resultaron una incógnita por falta de datos y es de destacarse la ausencia de Guanajuato en la estadística. El siguiente cuadro es un excelente indicador de las afirmaciones.

CUADRO NO. 55 RELACIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO/COSTOS POR META Y PERSONA BENEFICIADA

ESTADO PRESUPUESTO

AUTORIZADO METAS

PROGRAMADAS COSTO

PROGRAMADO DE CADA META

COSTO POR PERSONA

BENEFICIADA

LUGAR SEGÚN COSTO

PROGRAMADO SAN LUIS POTOSÍ $242,490 6 $40,414.95 $892.45 24 MICHOACÁN $520,500 10 $52,050.00 $1,422.84 23 PUEBLA $478,332 9 $53,147.97 $208.43 22 CHIAPAS $2,668,471 49 $54,458.59 $14,824.84 21 MORELOS $454,500 8 $56,812.50 $1,650.63 20 SINALOA $116,500 2 $58,250.00 $888.65 19 QUERETARO $119,500 2 $59,750.00 $1,546.05 18 JALISCO $451,500 7 $64,500.00 $1,716.73 17 ESTADO DE MÉXICO

$327,000 5 $65,400.00 $1,670.11 16

OAXACA $2,393,818 35 $68,394.80 $3,288.21 15 HIDALGO $348,500 5 $69,700.00 $75.74 14 VERACRUZ $1,186,000 17 $69,764.71 $1,858.93 13 CHIHUAHUA $286,000 4 $71,500.00 $1,906.67 12 GUERRERO $936,500 13 $72,038.46 #¡DIV/0! 11


136

136

YUCATÁN $298,250 4 $74,562.50 $1,704.29 10 TABASCO $232,500 3 $77,500.00 $2,057.52 9 DURANGO $78,000 1 $78,000.00 $1,978.16 8 QUINTANA ROO $393,000 5 $78,600.00 $2,055.41 7 SONORA $162,690 2 $81,344.88 $2,118.42 6 NAYARIT $95,500 1 $95,500.00 #¡DIV/0! 5 CAMPECHE $570,000 5 $114,000.00 $3,031.91 4 DISTRITO FEDERAL $2,030,646 17 $119,449.74 $2,906.13 3 BAJA CALIFORNIA $372,370 3 $124,123.33 $80.74 2 GUANAJUATO $0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1


a) disciplina presupuestal; b) ahorro al proyecto; c) eficacia. Aunque existen escasas diferencias entre el presupuesto autorizado y el

presupuesto ejercido, cabe destacar que ninguna delegación estatal se sobregiró en gastos. De hecho, un 50% de las delegaciones se ajustó al presupuesto y eentre el resto destacó en números absolutos el Distrito Federal, aunque en términos porcentuales lo hizo San Luis Potosí, como lo muestra el siguiente cuadro.


ESTADO



MONTO TOTAL

REDUCIDO

PORCENTAJE DE

REDUCCIÓN BAJA CALIFORNIA $372,370 $372,370 $0 0 CAMPECHE $570,000 $570,000 $0 0 CHIAPAS $2,668,471 $2,668,471 $0 0 CHIHUAHUA $286,000 $286,000 $0 0 GUANAJUATO $0 $0 $0 0 JALISCO $451,500 $451,500 $0 0 OAXACA $2,393,818 $2,393,818 $0 0 TABASCO $232,500 $232,500 $0 0 VERACRUZ $1,186,000 $1,186,000 $0 0


137

137

YUCATÁN $298,250 $298,250 $0 0 GUERRERO $936,500 $936,472 $28 0.002 MORELOS $454,500 $453,924 $576 0.12 SINALOA $116,500 $115,524 $976 0.83 SONORA $162,690 $161,000 $1,690 1.03 QUERETARO $119,500 $117,500 $2,000 1.67 DURANGO $78,000 $75,170 $2,830 3.62 NAYARIT $95,500 $91,985 $3,515 3.68 HIDALGO $348,500 $342,055 $6,445 1.84 QUINTANA ROO $393,000 $386,416 $6,584 1.7 ESTADO DE MEXICO $327,000 $313,980 $13,020 0.39 PUEBLA $478,332 $455,832 $22,500 4.7 MICHOACÁN $520,500 $483,765 $36,735 7.05 SAN LUIS POTOSÍ $242,490 $200,800 $41,690 17.19 DISTRITO FEDERAL $2,030,646 $1,854,109 $176,537 8.69

Como se establecía en los términos de referencia, dos de los indicadores fundamentales a obtener, deben ser los coeficientes de eficacia y eficiencia. El primero obtenido mediante la relación de las metas logradas sobre las metas programadas. Con base en estos indicadores, es claro que solo el 34.78% no alcanzaron la unidad y el resto (65.22%) logró las metas propuestas.21 En términos de eficiencia, es decir, al vincular la eficacia y el costo programado para contrastar con el costo real, existe un desfasamiento natural: sólo el 30.44% estuvo por debajo de la relación destacándose Yucatán, Morelos y Veracruz con los indicadores más bajos; en cambio, un 17.39% lograron el equilibrio y el resto (30.44%) se mostraron por encima del resto, destacándose San Luis Potosí y el Distrito Federal. Por otro lado, al vincular el monto presupuestal con el índice de eficacia encontramos que los más altos presupuestos y ese indicador no corresponden necesariamente; en efecto, los más bajos índices deben buscarse de la “media tabla” hacia arriba como ocurre en los casos de Yucatán y el de Veracruz que, con el segundo presupuesto más alto obtuvo la segunda eficacia más baja. 4.3.2.3 COSTO/BENEFICIO Bajo el rubro siguiente, conforme con los Términos de Referencia, referimos fundamentalmente al índice de eficiencia.

21 Se excluye de la relativización a Guanajuato porque no estableció convenios.


138

138

En el terreno de la eficiencia ocurre un fenómeno similar. Los estados con más bajos índices, excepto en el caso del Distrito Federal, se localizan en su mayoría en aquellos con mayor presupuesto asignado y ejercido, destacando particularmente el caso de Veracruz, como puede observarse en la siguiente tabla. Este indicador tampoco se relaciona de manera directa con la población beneficiada aunque sí existe una considerable concentración de estados con baja eficiencia y altas cifras de población atendida, como son los casos de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Morelos; por el contrario, entre los que menos población atendida, se tiende a la unidad o a rebasarla como en Durango, Querétaro, Sonora, Tabasco y Sinaloa.


ESTADO


ZADO

LUGAR SEGÚN PRESU-PUESTO AUTORI-

ZADO

PRESU-PUESTO

EJER- CIDO

LUGAR SEGÚN PRESU-PUESTO

EJER- CIDO

METAS PROGRA-MADAS

LOGROS

EFICA-

CIA DEL PRO-

YECTO

EFI-

CIENCIA DEL PRO-

YECTO

GUANAJUATO

$0 0 $0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DURANGO $78,000 1 $75,170 1 1 1 1.00 1.04 NAYARIT $95,500 2 $91,985 2 1 1 1.00 1.04 SINALOA $116,500 3 $115,524 3 2 2 1.00 1.01 QUERETARO

$119,500 4 $117,500 4 2 2 1.00 1.02

SONORA $162,690 5 $161,000 5 2 2 1.00 1.01 TABASCO $232,500 6 $232,500 6 3 3 1.00 1.00 SAN LUIS POTOSÍ

$242,490 7 $200,800 7 6 6 1.00 1.21

CHIHUAHUA $286,000 8 $286,000 8 4 4 1.00 1.00 YUCATÁN $298,250 9 $298,250 9 4 3 0.75 0.75 ESTADO DE MEXICO

$327,000 10 $313,980 10 5 5 1.00 1.04

HIDALGO $348,500 11 $342,055 11 5 5 1.00 1.02 BAJA CALIFORNIA

$372,370 11 $372,370 12 3 3 1.00 1.00

QUINTANA ROO

$393,000 13 $386,416 13 5 5 1.00 1.02

JALISCO $451,500 14 $451,500 14 7 7 1.00 1.00 MORELOS $454,500 15 $453,924 15 8 7 0.88 0.88 PUEBLA $478,332 16 $455,832 16 9 8 0.89 0.93 MICHOACÁN

$520,500 17 $483,765 17 10 9 0.90 0.97

CAMPECHE $570,000 18 $570,000 18 5 5 1.00 1.00 GUERRERO $936,500 19 $936,472 19 13 12 0.92 0.92 VERACRUZ $1,186,000 20 $1,186,00

0 20 17 15 0.88 0.88


139

139

DISTRITO FEDERAL

$2,030,646 21 $1,854,109

21 17 17 1.00 1.10

OAXACA $2,393,818 22 $2,393,818

22 35 34 0.97 0.97

CHIAPAS $2,668,471 23 $2,668,471

23 49 49 1.00 1.00


a) utilidad del proyecto en la comunidad; b) de los operadores al manual de procedimientos; c) transparencia d) población objetivo y su grado de prioridad e) comparativo 2001/2002 f) cumplimiento de metas Es evidente que el proyecto de convenios de concertación se dirige a la

población indígena, como se desprende de las respuestas a la siguiente pregunta en el cuestionario:

La incidencia del proyecto en la comunidad confirma la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cree Ud. que la forma de vida del individuo y/o de


19 86.4 1 4.5 2 9.1

22 100.0


n %

Las respuestas a la pregunta en el cuestionario: “por qué medio se enteraron del proyecto?, nos muestran que el programa permite la difusión,

¿Habla usted una lengua diferente del castellano?

17 77.3 4 18.2 1 4.5

22 100.0

Si No No contesto Total

n %


140

140

promoción y conocimiento de los derechos indígenas, en el marco de la pluralidad y diversidad cultural: ¿Por qué medio se enteraron del proyecto del proyecto de convenios? n % Por una radiodifusora 6 20.0 Vinieron los del INI a traernos carteles y propaganda 10 33.3 Nos avisaron autoridades del municipio 4 13.3 Se hizo una junta en la que informaron los del INI 8 26.7 Por otros medios 2 6.7 Total 30 100.0


de las repuestas a la pregunta: “?Para el desempeño de este proyecto, la respuesta que han tenido del INI ha sido?”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue:


El proyecto de promoción de covenios llegó a la localidad:

8 36.4 5 22.7 3 13.6 6 27.3

22 100.0

Solicitado por las autoridades locales Solicitado por un grupo de personas de la localidad Promovido por profesores, médicos u otros profesionistas Promovido por el INI Total

n %

A la pregunta: “?Qué tan útil considera Ud. a la labor que ha realizado el INI en la comunidad”, las respuestas en los diferentes proyectos fueron como sigue,


7 31.8 15 68.2 22 100.0


n %


141

141

respuestas que nos muestran hasta qué grado los objetivos del proyecto fueron cumplidos.


8 36.4 14 63.6 22 100.0


n %




6 27.3 10 45.5 6 27.3

22 100.0

Muy buenos BuenoRegulares Total

n %



1 4.5 8 36.4

4 18.2 9 40.9

22 100.0


n %


142

142



19 86.4 1 4.5 2 9.1

22 100.0


n %


El proyecto, aunque con disciplina presupuestal, también se vio afectado por la reducción del presupuesto asignado. Redujo sus metas en el mismo porcentaje que disminuyó la partida para operar, pero no así el monto para cada meta, ya que lo elevó en 5.76 en relación con 2001. Con esta estretegia logró conservar el índice de eficacia y elevó el de eficiencia en 0.03%, para una reducción del 3.12%. La opinión que le merecen los beneficiados por los convenios concertados y los resultados mediante ellos logrados, es buena en términos generales, la labor útil y estimulante para participar en otros proyectos del INI. La razón principal se finca en los beneficios que acarrearon los proyectos. Al respecto, la información que los operadores virtieron en las comunidades, fue determinante en un 73.3% fuera porque realizaran una asamblea informativa, acudieran personalmente a proveer de propaganda escrita o se sirvieran de las autoridades municipales y locales; el efecto informativo de las radiodifusoras se redujo a un 20%. La mayor parte de las solicitudes provinieron de los indígenas aglutinados en pequeños grupos (22.7%), profesionistas radicados en las localidades (13.6%) o por autoridades locales (36.4%); empero, la promoción directa del INI jugó un papel importante con el 27.3%. Al parecer, los convenios tienden a beneficiar no a individuos aislados, sino a colectivos, toda vez que las personas aisladas que resultaron beneficiadas sólo alcanzaron el 4.5%. Por ende, el 86.4% de los beneficiados considera que la vida del individuo y de la comunidad se ha mejorado . Un talón de Aquiles localizado en las encuestas, aunque no es muy significativo, sí es compartido con el resto de los proyectos: la información; en efecto, un 18.2% de las autoridades encuestadas desconoce los logros del proyecto a pesar de que reconocen su utilidad. Las convocatorias que emitió el INI


143

143

fueron conocidas antes de julio del 2002 y sólo unos cuantos encuestados (4.5) remitieron haberse enterado a escasos días de agotarse los polazos establecidos en la convocatoria. Pese a que la divulgación de la convocatoria fue divulgada por medios impresos y radiofónicos, el contacto directo de los operadores con los indígenas fue más determinante en un 76.3% de los casos. Sin embargo, este contacto no se tradujo en cursos de administración contable y capacitación para el manejo administrativo y operacional de los proyectos apoyados; así, un 45.5% afirmaron no haber recibido orientación. Los que asistieron al curso de capacitación acudieron con recursos propios en un 59.1% y un 31.8% recibió apoyo económico de la institución. Como consecuencia, las entregas oportunas de los informes de actividades y los informes financieros sólo se lograron en el 86.4% de los casos. Los problemas que de ello se derivaron en un 22.7% de dificultades en la recepción de los informes respectivos, destacando entre ellos errores contables, problemas de organización de la información presentada, errores de remisión y documentación incompleta entre otros. El seguimiento de los proyectos por convenios se realiza en el 86.4% y sólo un 9.1% de los casos declara no haber recibido la visita del ini para tasar los beneficios que el proyecto acarreó a la comunidad.

En términos generales, desde la perspectiva de las comunidades indígenas, el proyecto de concertación de convenios, es muy bueno; sin embargo, existen algunas cifras preocupantes que se vinculan con la capacitación proporcionada a los responsables de proyectos, porque, ante la no cobertura del cien por ciento de los casos, sobrevinieron dificultades de orden administrativo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los beneficiados que, habría que aclararlo, no tienen un tinte dramático.


144

144

CUADRO NO. 58 COMPARATIVO 2001/2002. CONCERTACIÓN DE CONVENIOS

2001

METAS PROGRA-

MADAS

PRESUPUESTO ANUAL

MODIFICADO (MILES DE

PESOS)

COSTO

PROMEDIO POR

META (HIPOTÉTICO)

METAS LOGRA-

DAS

EFI-CACIA

PRESUPUEST

O REALMENTE EJERCIDO (MILES DE

PESOS)

EFI- CIENCI

A

COSTO PROMEDIO POR META

(REAL)

DIFE-RENCIA ENTRE

LO HIPOTÉ-TICO Y

LO REAL

PORCEN-TAJE

273 17 851 180.00 65 388.93 267 0..97 17 603 195.4 0.96 65 929.56 - 529.63 0.80%

2002 192 13 278 315.75 69 157.89 187 0.97 12 963 192.16 0.99 69 321.88 + 163.99 + 0.23%

DIFERENCIA -81 4 572 864.25 -3 768.96 -80 0.0 -4 640 003.24 +0.03 - 3 993.32

- 29.67 - 25.61% -5.76 -29.96% 0.0 -26.35 -3.12% - 5.14%


145

145

Gráfica 7. Comparativo entre metas programadas y logros, 2002. Proyecto de Concertación de Convenios

35

49

4

17

1 0

13

57

5

108

1

35

9

2

5 6

2 2 3

17

435

49

4

17

1 0

12

57

5

97

1

34

8

2

5 6

2 2 3

15

3

0

10

20

30

40

50

60

BAJA CALIF

ORNIACAMPECHE

CHIAPASCHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGOGUANAJU

ATOGUERRERO

HIDALGO

JALIS

CO

ESTADO DE M

EXICOMIC

HOACANMORELO

SNAYA

RITOAXACAPUEBLA

QUERETAROQUINTA

NA ROO

SAN LUIS POTO

SISIN

ALOA

SONORATA

BASCOVERACRUZ

YUCATAN



146

146

CUADRO NO. 59 CONCENTRACIÓN

ESTADO PRESU-PUESTO AUTO-

RIZADO

PRESU- PUESTO

EJERCIDO


EJERCIDO

METAS PROGRA-MADAS

LOGROS EFICACIA DEL

PROYECTO

EFICIENCIA DEL

PROYECTO

POBLA- CIÓN BENE-

FICIADA

COSTO POR

PERSONA BENEFI- CIADA


2000

LUGAR SEGÚN


GUANAJUATO $0 $0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 10,689 24 DURANGO $78,000 $75,170 1 1 1 1.00 1.04 38 $1,978.16 24,934 23 NAYARIT $95,500 $91,985 2 1 1 1.00 1.04 0 #¡DIV/0! 37,206 19 SINALOA $116,500 $115,524 3 2 2 1.00 1.01 130 $888.65 49,744 17 QUERETARO $119,500 $117,500 4 2 2 1.00 1.02 76 $1,546.05 25,269 22 SONORA $162,690 $161,000 5 2 2 1.00 1.01 76 $2,118.42 55,027 16 TABASCO $232,500 $232,500 6 3 3 1.00 1.00 113 $2,057.52 62,027 15 SAN LUIS POTOSÍ

$242,490 $200,800 7 6 6 1.00 1.21 225 $892.45 235,253 9

CHIHUAHUA $286,000 $286,000 8 4 4 1.00 1.00 150 $1,906.67 84,086 14 YUCATÁN $298,250 $298,250 9 4 3 0.75 0.75 175 $1,704.29 549,532 5 ESTADO DE MEXICO

$327,000 $313,980 10 5 5 1.00 1.04 188 $1,670.11 361,972 7

HIDALGO $348,500 $342,055 11 5 5 1.00 1.02 4,516 $75.74 339,886 8 BAJA CALIFORNIA

$372,370 $372,370 12 3 3 1.00 1.00 4,612 $80.74 36,685 20

QUINTANA ROO

$393,000 $386,416 13 5 5 1.00 1.02 188 $2,055.41 173,592 10

JALISCO $451,500 $451,500 14 7 7 1.00 1.00 263 $1,716.73 39,259 18 MORELOS $454,500 $453,924 15 8 7 0.88 0.88 275 $1,650.63 30,896 21 PUEBLA $478,332 $455,832 16 9 8 0.89 0.93 2,187 $208.43 565,509 4 MICHOACÁN $520,500 $483,765 17 10 9 0.90 0.97 340 $1,422.84 121,849 12 CAMPECHE $570,000 $570,000 18 5 5 1.00 1.00 188 $3,031.91 93,765 13 GUERRERO $936,500 $936,472 19 13 12 0.92 0.92 0 #¡DIV/0! 367,110 6 VERACRUZ $1,186,000 $1,186,000 20 17 15 0.88 0.88 638 $1,858.93 633,372 3 DISTRITO FEDERAL

$2,030,646 $1,854,109 21 17 17 1.00 1.10 638 $2,906.13 141,710 11

OAXACA $2,393,818 $2,393,818 22 35 34 0.97 0.97 728 $3,288.21 1,120,312 1 CHIAPAS $2,668,471 $2,668,471 23 49 49 1.00 1.00 180 $14,824.84 809,592 2


147

147



El proyecto en términos generales ha funcionado de manera eficaz y eficiente, pero se observa que:

a) No existe relación directa entre la población indígena en la circunscripción de las delegaciones y los montos a cada una de ellas asignado.

b) No existe relación directa entre los montos asignados a las delegaciones y la población directamente beneficiada.

c) Derivado de lo anterior, los montos destinados, una vez que se cuantifican los indígenas beneficiados -como individuos- tienden a atomizarse, impactando, lo que permite afirmar que el impacto se reduce en la medida que aumenta la población toda vez que los montos no se asignan considerándola.

d) Los costos por meta y por indígenas beneficiados por circunscripción no guardan una relación directamente proporcional con los montos asignados a cada una de ellas.

e) La población atendida guarda una distancia enorme en relación con la población indígena existente.

f) Los índices de eficacia y eficiencia tienden a ser óptimos en la medida en que se reduce la población.

g) De la investigación cualitativamente obtenida podemos afirmar que no existe un diagnóstico previo de las necesidades y los intereses de las comunidades. Esto se debe en buena medida al perfil de los profesionales encargados de los proyectos en cada circunscripción. Como abogados, aunque conocen muchos de ellos muy bien su jurisdicción y profesión, carecen de los elementos de antropología/etnología/antropología jurídica para poder realizarlos.

h) Derivado de lo anterior, el presupuesto se asigna casuísticamente y no derivado de una real difusión, información y capacitación de los indígenas.


149

149

5 EL PROGRAMA

La DPPJ-INI tiene actualmente 531 proyectos que guardan cierta correspondencia entre el número de ellos y la población indígena atendible en las delegaciones estatales; existe, además, una correspondencia en los grados de marginación establecidos por el PNUD, lo que nos muestra la congruencia del espíritu del programa con las acciones. Sin embargo, el hecho de que el total de los proyectos se concentre en una limitada cantidad de municipios nos permite observar las limitaciones que en materia de promoción y procuración de justicia existen hasta el momento. Ante este panorama, afirmar que se requiere ampliar la cobertura es una perogrullada.

CUADRO NO. 60 COBERTURA, ESTADOS/PROYECTOS

ESTADO ATEN.

LEG.

ASUNT.

AGR.

REG.

CIVIL

ANTR.

JUR.

FORM.

JUR.

EXCARCEL.

CONVENIOS

TOTAL

02 BAJA CALIFORNIA

1 1 1 1 1 1 7 13

04 CAMPECHE 1 4 3 1 1 1 4 15 07 CHIAPAS 1 1 1 1 1 1 56 62 08 CHIHUAHUA 1 1 1 1 1 1 5 11 09 MÉXICO D.F. 1 1 1 1 1 1 33 39 10 DURANGO 2 2 2 2 2 2 0 12 11 GUANAJUATO

1 1 1 1 1 1 0 6

12 GUERRERO 1 5 3 10 1 1 23 44 13 HIDALGO 1 2 2 1 1 1 2 10 14 JALISCO 1 1 4 3 2 1 2 14 15 ESTADO DE MÉXICO

1 1 1 3 1 1 5 13

16 MICHOACÁN 5 3 1 3 1 5 12 30 17 MORELOS 1 1 1 1 1 1 3 9 18 NAYARIT 8 3 1 2 2 1 5 22 20 OAXACA 1 1 1 1 1 1 82 88 21 PUEBLA 1 1 1 1 1 1 15 21 22 QURÉTARO 1 1 2 1 1 1 2 9 23 QUINTANA ROO

1 1 1 1 1 1 4 10

24 SAN LUIS POTOSÍ

1 1 1 1 1 1 14 20

25 SINALOA 1 4 1 1 1 1 6 15 26 SONORA 1 5 1 1 0 1 0 9 27 TABASCO 1 3 2 3 2 1 1 13 30 VERACRUZ 1 1 1 1 1 1 27 33 31 YUCATÁN 1 1 1 1 1 1 7 13 36 46 35 43 27 29 315 531


150

150

Descuella la promoción de convenios en cuanto a número y a montos

financieros pero también por cuanto que la población objetivo a quienes se dirige esta parte del programa contempla su grado de marginación como lo muestra el siguiente cuadro.

CUADRO NO. 61 MARGINACIÓN/CONVENIOS GRADO DE MARGINACIÓN NÚMERO DE

CONVENIOS PORCENTAJE

Muy alto 112 35.56% Alto 123 39.05% Medio 42 13.33% Bajo 23 7.30% Muy bajo 15 4.76%

Pese a las limitaciones con las que opera, en términos de personal y presupuestales, como ya se había perfilado desde el análisis de los proyectos, el programa funciona con buenos niveles de eficiencia y eficacia. Aquí, para fundamentar esta afirmación, hemos desagregado los niveles de eficacia y eficiencia por proyectos y delegaciones estatales que, por supuesto, corroboran las afirmaciones hechas ya en el espacio de los proyectos. Pero al referirnos a ello también es menester hacer hincapié en las delegaciones que han descollado en los indicadores: Nayarit, en atención legal; Durango en asuntos agrarios; Distrito Federal en Antropología Jurídica; Oaxaca en registro civil; Yucatán en formación jurídica; Sinaloa en excarcelación de presos y convenios; es de notarse que el índice de eficacia guarda una estrecha correspondencia con el de eficiencia.


CUADRO NO. 62 RELACIÓN ESTADOS/EFICACIA-EFICIENCIA

ESTADO ATE

N-CIÓN LEGAL

EFI- CACI

A

ANTEN-

CIÓN LEGAL

EFI- CIENC

IA

ASUN- TOS A- GRA- RIOS EFI- CACIA

ASUN-TOS A- GRA- RIOS EFI- CIENCIA

ANTRO-

POLO-

GÍA JURÍ- DICA EFI- CACI

A

ANTRO-

POLO- GÍA

JURÍ- DICA EFI-

CIENCIA

RE- GIS- TRO CI- VIL EFI- CACI

A

RE- GIS- TRO CI- VIL EFI-

CIENCIA

FOR- MA- CIÓN

JURÍ-

DICA EFI- CACI

A

FOR- MA-

CIÓN JURÍ- DICA EFI-

CIENCIA

EX CAR- CELA-

CIÓN

EFI- CACI

A

EX CAR- CELA- CIÓN EFI-

CIENCIA

CON- VE-

NIOS EFI- CACI

A

CON- VE-

NIOS EFI-

CIENCIA

SINALOA 1.17 1.18 0.64 0.64 2.60 2.63 0.38 0.38 1.00 1.06 12.25

12.44 1.00 1.01

DURANGO 2.12 2.12 4.20 4.20 1.57 1.59 2.00 2.00 2.00 2.02 8.60 8.78 1.00 1.04 NAYARIT 4.91 4.94 1.00 1.01 2.00 2.10 0.50 0.52 1.50 1.56 8.00 8.12 1.00 1.04 CAMPECHE

1.00 1.00 1.00 1.00 1.14 1.14 0.88 0.88 1.00 1.00 6.00 6.00 1.00 1.00

SONORA 0.72 0.72 0.80 0.80 1.00 1.00 0.63 0.63 1.00 1.00 4.50 4.50 1.00 1.01 TABASCO 1.00 1.01 1.00 1.00 1.14 1.14 1.88 1.88 1.00 1.00 3.40 3.40 1.00 1.00 CHIAPAS 1.00 1.00 1.00 1.00 3.47 3.47 0.43 0.43 1.00 1.00 3.38 3.38 1.00 1.00 CHIHUAHUA

1.01 1.01 1.00 1.00 1.67 1.67 0.60 0.60 1.00 1.00 3.18 3.23 1.00 1.00

QUINTANA ROO

1.05 1.05 1.00 1.19 2.71 2.80 0.88 1.14 2.20 2.54 3.17 5.51 1.00 1.02

ESTADO DE MÉXICO

1.40 1.63 1.70 2.00 2.17 2.74 0.55 0.61 2.00 2.10 2.70 2.73 1.00 1.04

QUERETARO

1.09 1.09 1.00 1.00 1.67 1.67 0.27 0.27 1.50 1.52 2.20 2.20 1.00 1.02

HIDALGO 1.00 1.05 1.00 1.14 2.71 2.85 0.74 0.79 1.33 1.34 2.17 2.21 1.00 1.02 JALISCO 1.50 1.50 1.00 1.00 1.17 1.17 0.60 0.60 1.00 1.00 1.67 1.85 1.00 1.00


152

152

SAN LUIS POTOSÍ

1.05 1.07 1.00 1.03 3.17 3.65 0.40 0.41 0.27 0.27 1.43 2.04 1.00 1.21

BAJA CALIFORNIA

1.00 1.12 1.00 1.21 2.00 2.32 0.50 0.74 1.00 1.30 0.90 0.99 1.00 1.00

DISTRITO FEDERAL

1.47 2.35 1.10 1.17 29.50 32.37 0.01 0.01 1.00 1.09 0.02 0.03 1.00 1.10

OAXACA 1.29 1.30 1.00 1.00 0.25 0.25 4.44 4.44 1.00 1.00 2.31 2.31 0.97 0.97 GUERRERO

1.03 1.06 1.03 1.03 2.36 2.40 0.83 0.84 1.00 1.00 0.36 0.40 0.92 0.92

MICHOACÁN

0.84 0.85 2.60 3.00 2.29 2.51 0.17 0.20 0.67 0.82 6.78 11.72 0.90 0.97

PUEBLA 1.84 1.99 0.29 0.33 3.29 3.30 0.67 0.71 0.83 0.85 4.08 4.13 0.89 0.93 VERACRUZ

1.00 1.02 0.95 0.95 2.20 2.20 0.52 0.52 0.83 0.84 1.73 2.90 0.88 0.88

MORELOS 1.00 1.01 1.05 1.10 1.60 1.64 0.38 0.39 0.50 0.52 1.33 1.37 0.88 0.88 YUCATÁN 1.66 1.66 0.70 0.70 5.40 5.40 3.00 3.36 6.00 6.00 2.83 3.30 0.75 0.75 GUANAJUATO

1.00 1.00 1.00 1.00 1.33 1.33 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.38 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!


En el ejercicio presupuestal al que previamente aludimos en términos de “disciplina”, los estados tuvieron un comportamiento heterogéneo en cuanto al costo unitario por meta. En efecto, en su momento comentamos que contrastaban sumas por meta como las establecidas por el Estado de México e Hidalgo entre las más caras en el proyecto de atención legal frente a las de Baja California y Nayarit en el extremo opuesto; el mismo Estado de México colocó las metas más costosas para gestiones de asuntos agrarios al contrario que Quintana Roo; Michoacán y Veracruz en antropología jurídica en contraste con Durango y Chihuahua. En el programa del registro civil, el Distrito Federal mostró las metas unitarias más onerosas en tanto que Hidalgo las de menor costo. La formación jurídica fue también más costosa en el D. F. y los menores montos los reportó Hidalgo; el proyecto de excarcelación consumió más recursos financieros por meta en Querétaro y el D. F., en tanto que puebla consumía las menores proporciones. Para finalizar, habría que consignar los altos costos unitarios por meta de Baja California, Puebla y el D. F., ante los bajos costos de Quintana Roo.

A sobrevuelo, volvemos a confirmar la centralización a que es forzado el Distrito Federal porque, ante la carencia de delegaciones INI en todos los estados de la república, debe absorber los casos y proyectos en diversas regiones del país a fin de cubrir esta deficiencia. Ante esto, repensar en la reestructuración de las delegaciones para que más que estatales se transformen en delegaciones etnorregionales.

CUADRO NO. 63 COSTO UNITARIO DE META/PROYECTO/ESTADO

ESTADO ATENCIÓ

N LEGAL ASUNTOS AGRARIO

S

ANTROPO-LOGÍA

JURÍDICA

REGISTRO CIVIL

FORMACIÓN

JURÍDICA

EXCARCELACIÓN

CONVENIOS

BAJA CALIFORNIA $53.17 $2,401.03 $3,083.15 $3,292.53 $9,563.15 $2,954.58 $124,123.33 PUEBLA $150.15 $952.60 $3,805.09 $5,491.03 $7,950.24 $1,151.92 $114,000.00 DISTRITO FEDERAL

$159.62 $7,790.05 $2,459.51 $64,761.41 $190,353.81

$20,462.98 $109,065.24

HIDALGO $1,189.63 $785.89 $1,482.10 $975.17 $806.91 $3,249.35 $99,416.67 OAXACA $148.13 $2,339.15 $3,452.06 $4,551.43 $6,570.00 $1,560.54 $91,985.46 CAMPECHE $297.10 $1,038.86 $2,383.90 $2,776.03 $25,099.03 $1,999.70 $80,500.01 SAN LUIS POTOSÍ $281.15 $1,580.30 $3,365.61 $4,339.91 $7,983.21 $4,410.90 $79,066.67 QUERETARO $274.58 $803.49 $2,843.05 $4,387.37 $7,704.18 $41,226.28 $78,039.33 ESTADO DE MEXICO

$1,513.18 $8,384.15 $3,881.88 $2,247.89 $21,903.30 $2,486.99 $77,499.90

GUANAJUATO $307.06 $1,388.48 $1,575.07 $3,717.47 $2,687.83 $1,509.09 $77,283.27 YUCATÁN $184.73 $854.49 $3,358.04 $2,445.90 $11,137.70 $1,422.77 $75,169.95 SINALOA $145.70 $1,618.85 $4,422.01 $5,660.82 $13,730.54 $5,513.62 $71,500.00 VERACRUZ $295.90 $1,244.12 $9,330.45 $2,067.53 $10,389.51 $3,613.33 $70,406.41 DURANGO $190.63 $6,481.00 $1,480.19 $2,246.11 $7,528.86 $6,941.49 $68,411.03 JALISCO $636.39 $842.06 $5,854.75 $4,483.52 $25,143.62 $5,146.50 $64,846.33 MICHOACÁN $416.53 $6,187.69 $9,366.96 $4,924.16 $3,212.82 $6,857.22 $64,500.00


154

154

NAYARIT $71.98 $1,086.71 $2,361.47 $4,309.44 $10,070.86 $6,998.05 $62,796.00 SONORA $280.17 $1,735.71 $8,310.16 $4,854.00 $6,298.18 $2,240.19 $58,750.00 TABASCO $313.39 $4,244.96 $3,483.03 $4,748.40 $8,165.29 $2,343.54 $57,762.08 CHIHUAHUA $298.23 $2,984.13 $1,141.10 $4,634.46 $4,871.79 $8,000.83 $56,978.97 CHIAPAS $303.36 $602.00 $2,494.92 $5,202.01 $15,946.95 $3,685.63 $54,458.59 MORELOS $291.07 $1,343.18 $5,514.37 $5,956.57 $17,897.25 $1,842.69 $53,751.66 QUINTANA ROO $325.23 $538.45 $2,520.18 $4,660.75 $9,252.87 $4,590.73 $33,466.72 GUERRERO $329.02 $1,667.54 $3,798.13 $4,822.47 $7,385.43 $5,392.33 #¡DIV/0!

Un último rubro al que queremos hacer mención es a la derrama financiera realizada para atender a la población; más específicamente, si nos propusiéramos plantear hipotéticamente un reparto homogéneo del presupuesto, podríamos decir que la mayor derrama por persona en el proyecto de atención legal la realizó Durango, seguido de Quintana Roo, en tanto que las menores las hicieron Baja California y Chihuahua; en asuntos agrarios los extremos fueron Morelos (alto) y Campeche (bajo); en antropología Jurídica, Jalisco y el Estado de México contrastaron con Tabasco y Campeche con la menor derrama; en el programa de apoyo al registro civil, las oposiciones las establecieron Puebla y Jalisco; en formación Jurídica, el Distrito Federal e Hidalgo; en excarcelación el Distrito Federal y Baja California, en tanto que los convenios por persona fueron más onerosos en Chiapas y los menos se localizaron en Oaxaca. Pero lo destacable en este apartado no son tanto los contrastes, sino las dimensiones de los mismos, como puede observarse en el siguiente cuadro.

CUADRO NO. 64 COSTO POR PERSONA BENEFICIADA

ESTADO ATENCIÓN

LEGAL ASUNTOS AGRARIOS

ANTROPO- LOGÍA

JURÍDICA

REGISTRO CIVIL

FORMACIÓN JURÍDICA

EXCARCE-LACIÓN

CONVENIOS

QUINTANA ROO

$1,075.00 $378.91 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! $892.45

TABASCO $139.36 $66.48 $10.86 $19.29 $816.53 $2,609.85 $888.65 BAJA CALIFORNIA

$54.60 $39.64 $72.37 $391.97 $40.18 $3,072.77 $80.74

DURANGO $1,156.58 $113.70 $48.91 $19.57 $88.84 $7,519.94 $75.74 VERACRUZ $259.04 $91.83 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! $43,058.89 $3,288.21 PUEBLA $351.74 $247.43 $3,382.30 $12,812.41 $1,590.05 $6,911.52 $3,031.91 CHIHUAHUA $58.03 $14.68 $90.19 $24.94 $507.48 $8,522.63 $208.43 DISTRITO FEDERAL

$159.62 $44.44 $159.43 $643.33 $4,758.85 $16,626.17 $2,906.13

CAMPECHE $299.72 $3.91 $21.79 $21.03 $1,254.95 $3,374.50 $2,118.42 ESTADO DE MÉXICO

$336.97 $279.47 $6,211.00 $240.85 #¡DIV/0! $2,348.82 $2,057.52

GUANAJUATO $325.23 $150.92 $564.65 $93.27 $339.84 $1,592.93 $2,055.41 CHIAPAS $110.47 $64.73 $370.67 $44.87 $996.68 $3,685.63 $14,824.84 YUCATÁN $200.08 $280.38 $265.74 $2,445.90 $464.07 $1,422.77 $1,978.16 SINALOA $298.23 $20.32 $1,381.88 $67.93 $457.68 $5,675.78 $1,906.67 SAN LUIS POTOSÍ

$295.90 $60.14 $643.85 $52.40 $429.21 $4,778.48 $1,858.93

MICHOACÁN $252.31 $18.18 $936.70 $2,769.84 $356.98 $6,857.22 $1,716.73 HIDALGO $164.52 $40.95 $1,482.10 $425.53 $27.47 $2,510.86 $1,704.29


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NAYARIT $453.95 $52.19 $165.94 $430.94 $251.77 $5,248.54 $1,670.11 JALISCO $222.94 $77.56 $6,691.14 $16.22 $1,396.87 $3,431.00 $1,650.63 SONORA $190.58 $275.51 $814.72 $220.64 $356.50 $1,369.01 $1,546.05 MORELOS $210.43 $415.75 $4,901.66 $68.62 $3,254.04 $1,629.04 $1,422.84 OAXACA $173.74 $134.43 $3,682.20 #¡DIV/0! $1,314.00 $15,605.36 #¡DIV/0! QUERETARO $179.93 $15.63 $112.77 $90.46 $616.33 $9,700.30 #¡DIV/0! GUERRERO $307.06 $41.28 $759.63 $69.72 $443.13 $5,392.33 #¡DIV/0!

5.1 LA OPINIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN

Como ya se expresó en su momento, la opinión que los encuestados virtieron en torno del desempeño de la institución, le fue sumamente favorable, como puede notarse en el siguiente cuadro, que corresponde enteramente con las opiniones que se pudieron recabar mediante entrevistas.

CUADRO NO. 65 OPINIÓN SOBRE ELDESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Proyecto Muy buena Buena Mala No contestó Total Atención legal 36.8% 63.2% 0.0% 0.0% 100.0% Excarcelación 48.6% 48.6% 0.0% 2.7% 100.0% Registro Civil B.

31.1% 68.9% 0.0% 0.0% 100.0%

Registro Civil P.

13.0% 87.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Asuntos agrarios

34.1% 53.75 12.2% 0.0% 100.0%

Formación Jur. 27.3% 72.7% 0.0% 0.0% 100.0% Convenios 31.8% 68.2% 0.0% 0.0% 100.0% Capacitación 14.3% 85.7% 0.0% 0.0% 100.0% Promedio 29.63% 68.51% 1.53% 0.34%

Esta se complementa con la percepción de la utilidad de los proyectos, que se concentra y desagrega de la siguiente manera:

CUADRO NO. 66 PERCEPCIÓN DE LA UTILIDAD DEL PROGRAMA

Proyecto Muy útil Útil Inútil No

contestó Total

Atención legal 44.7% 55.3% 0.0% 0.0% 100.0%


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Excarcelación 54.1% 43.2% 0.0% 2.7% 100.0% Registro civil Benefic. 37.8% 60.0% 2,2% 0.0% 100.0% Registro civil Promot. 39.1% 60.9% 0.0% 0.0% 100.0% Asuntos agrarios 39.0% 51.2% 0.0% 2.4% 100.0% Formación jurídica 30.3% 66.7% 3.0% 0.0% 100.0% ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 57.9% 36.8% 0.0% 5.3% 100.0% Convenios 36.4% 63.6% 0.0% 0.0% 100.0% Capacitación 42.9% 36.8% 0.0% 14.3% 100.0%

Promedio 38.02% 52.72% 0.58% 2.74%

Y lo anterior establece una estrecha correspondencia con los resultados que los indígenas han obtenido con la implementación de los proyectos:

CUADRO NO. 67 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS

Proyecto Muy

buenos Buenos Regulares Malos No

contestó Total

Atención legal 28.9% 60.55 10.5% 0.0% 0.0% 100.0% Excarcelación 45.95 37.8% 13.5% 2.7% 100.0% Registro civil Benefic.

28.9% 57.8% 13.3% 0.0% 0.0% 100.0%

Registro civil Promot.

8.7% 73.9% 13.0% 4.3% 0.0% 100.0%

Asuntos agrarios

14.6% 58.5% 19.5% 14.9% 2.4% 100.0%

Formación jurídica

15.2% 54.5% 30.3% 0.0% 0.0% 100.0%

Antropología jurídica

47.4% 36.8% 10.5% 0.0% 5.3% 100.0%

Convenios 27.3% 45.5% 27.3% 0.0% 0.0% 100.0% Capacitación 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 100.0%

Promedio 32.04% 47.26% 15.32% 2.13% 4.33%

Y es tal el impacto que los proyectos han logrado, que en términos generales, la población indígena manifiesta su anuencia a participar, lo que refuerza la utilidad, la valoración de los beneficios que en materia de derechos indígenas y apoyos diversos presta la institución a su población objetivo.


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CUADRO NO. 68 DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA A PARTICIPAR EN PROYECTOS DEL PROGRAMA

Proyecto Si No No lo sé Total

Atención legal 97.4% 0.0% 2.6% 100.0% Excarcelación 81.1% 0.0% 18.9% 100.0% Registro civil B. 88.9% 0.0% 11.1% 100.0% Registro civil P. 91.3% 0.0% 8.7% 100.0% Asuntos agrarios

90.2% 0.0% 9.8% 100.0%

Formación jurídica

90.9% 0.0% 9.1% 100.0%

Antropología jurídica

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Convenios 86.4% 4.5% 9.1% 100.0% Capacitación 71.4% 0.0% 0.0% 100.0%

Promedio 80.4% 0.5% 7.7%

Sobre esta base, podemos afirmar que, independientemente de los problemas internos de funcionamiento del programa, con sus carencias ya mencionadas, los servicios que presta la dependencia en materia de procuración y promoción de justicia para los indígenas, devienen indispensables para la población objetivo. Esta afirmación se complementa con lo que los propios indígenas entrevistados comentaron a diversos miembros del equipo encuestador/entrevistador: El INI, y particularmente el programa, es el único interlocutor al que pueden recurrir. Ergo, su permanencia es obvia, claro, bajo las observaciones que se mencionan en el siguiente apartado.


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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente apartado tenemos el propósito de organizar la información presentada acerca de los proyectos, de manera tal que diferirá de la anterior presentación en dos sentidos. En primer lugar, la información se presenta en un marco comparativo, sobre la base de la anterior presentación monográfica, proyecto por proyecto, de manera que nos permita comparar el rendimiento de los diferentes proyectos y colocarlos en una totalidad, en el marco de la DPPJ-INI de la cual forman parte y de la cual conforman el contenido. En segundo lugar, pretendemos organizar la información estrictamente de acuerdo a las preguntas que se formularon en los Términos de Referencia que guían la presente evaluación.

El marco legal dentro del cual funciona la Dirección de Promoción y

Procuración de Justicia del INI es altamente insatisfactorio y no fomenta de ninguna manera un trabajo eficaz, eficiente y efectivo, muy al contrario: los indígenas no tienen buenas condiciones para conocer sus derechos, obligaciones y prerrogativas; los operadores del INI tampoco las tienen, y la oscilación de la legislación a nivel federal y estatal (así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia) dejan a la Dirección en una posición sumamente difícil para definir un curso de acción.

El financiamiento de las actividades de promoción y procuración de justicia es tan precario que inevitablemente se refleja en las condiciones de trabajo, las que en su momento tienen sus repercusiones, también inevitables, en la eficacia, eficiencia y efectividad de la labor. Las entrevistas y un breve vistazo a las nóminas han revelado que los salarios de los ejecutores de los proyectos en los CCI son sumamente bajos, y al hacer esta afirmación no consideramos exclusivamente las percepciones, sino las cargas de trabajo que tienen que llevar a cuestas. En efecto, si consideramos que en cada CCI un solo abogado es el responsable de ejecutar todos y cada uno de los proyectos que implementa la DPPJ-INI, y a ello agregamos que los mismos no se desarrollan en una sola localidad sino en diversas, no podemos menos que reconocer su encomiable labor para cumplir con las metas y hacerlo eficazmente. Pero a ello se suma otra adversidad: salvo en circunscripciones como la Meseta Purépecha en Michoacán y en los Valles del Mayo y del Fuerte entre otras pocas, el resto, es decir, la gran mayoría de las comunidades indígenas se encuentran en localidades de difícil y riesgoso acceso, lo que dificulta el acceso expedito y el desempeño eficiente de los proyectos emprendidos.

Los anteriores factores adversos, cuya atenuación no corresponde a la DPPJ sino mínimamente, por cuanto son de carácter estructural, permiten explicar parcialmente el desempeño casuístico de los CCI en el momento de la elegibilidad de los beneficiados. No es extraño, así, que los indígenas accedan a los beneficios del programa en condiciones ventajosas en tanto radican en localidades más próximas a los CCI. No es extraño tampoco que las comunicaciones y el transporte jueguen un papel importante en el momento de entablarse la relación


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indígena/INI; tampoco lo es que la disponibilidad de gastos de operación incidan también en la comunicación y el allegamiento de proyectos a las comunidades indígenas, sin que la variable de alta marginación juegue el papel más importante para la elegibilidad, toda vez que, además, la puesta en marcha de los proyectos no parte de un diagnóstico previo de las necesidades hecho por los CCI’s, sino del acercamiento de los individuos y las comunidades a esas instancias del INI.

Habría que agregar que al revisar los perfiles de los profesionistas responsables de la adjudicación y el seguimiento de los proyectos, salta a la vista que aquellos son bajos: abundan los pasantes. En este tenor, el personal operativo de los proyectos en la DPPJ-INI es de especialistas altamente calificados por la vía de la experiencia, pero en muchos casos de un carácter de especialistas descalzos, que representan un acervo notable de recursos humanos, pero cuyo desarrollo iunstitucionalmente, ni se valora ni se cuida. Al contrario, con los bajos salarios proporcionados, la inseguridad en el empleo por el estatuto laboral a que se encuentran sujetos (empleados de confianza en su mayoría), la carencia de estímulos para superarse profesionalmente, la experiencia profesional se desecha con bastante frecuencia y facilidad; no existen mecanismos para garantizar o estimular su profesionalización, su superación académica y garantizar su mejor eficiencia desde dentro de la institución, y al no existir, cotidianamente la DPPJ pierde un acervo valioso que no recupera más.

Los proyectos, aunque pletóricos de buenas intenciones, denuncian que los responsables de elaborarlos carecen de conocimientos para la planeación, por objetivos, por ejemplo. Una revisión a todos nos deja claro que se desconoce la distancia e importancia de establecer objetivos generales, particulares y específicos que podrían ser la clave para la cualificación y cuantificación de las metas; para proponer pisos presupuestales; para tener soportes homogéneos en el momento de elegir proyectos o de implementar cursos de difusión o capacitación; para evitar la dispersión de criterios para cuantificar metas, etc.

En el mismo tenor de ideas, la evaluación rebeló un cierto caos en la administración y la implementación de proyectos. Esto se debe en buena medida a que no existen lineamientos específicamente diseñados para la planeación, organización, implementación y evaluación de las acciones encaminadas a procurar y promover justicia a los indígenas; en términos estadístico. La revisión de los proyectos lo dice y salvo el caso del Programa del Registro Civil, que sí cuenta con un instrumento rector preciso y puntual, el resto parte de objetivos carentes de taxonomía; en el caso de antropología, como caso opuesto, hace crisis. El resultado de esto es que en el momento de registrar metas y logros, de establecer montos presupuestales por meta, de medir el impacto social, entre otros, tengan el mismo valor (numéricamente hablando), acciones tan diversas como una asesoría que consume escasos minutos, una gestoría, un acompañamiento, un núcleo poblacional atendido, un peritaje, etc. Es claro que no se ha encontrado la fórmula mediante la cual tasar unidades homogéneamente dentro de la heterogeneidad. Precisamente por ello, a pesar de que todos los proyectos se manejan con altos índices de efectividad y eficacia, la acción dispar,


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cuando se registra como número, se traduce en una meta lograda cuya justicia frente a otras acciones, resulta dudosa.

Otro aspecto positivo a destacar es la enorme disciplina presupuestal con la que se manejan los proyectos, toda vez que ninguno de ellos rebasó el techo financiero autorizado. Por el contrario, los esfuerzos realizados por optimizar recursos autorizados se presentan como un subejercicio y/o como impericia en la programación.

Otro aspecto positivo encontrado en el funcionamiento es que se ha creado un sistema de vasos comunicantes interno que canaliza solicitudes de apoyo y hace posible el relevo de funciones en el propio interior de la DPPJ, lo que revela un grado óptimo de la apropiación de la fuente de trabajo. El problema es que ni se reconoce ni se institucionaliza y sus acciones quedan como acuerdos internos, como formas soterradas de cooperación intrainstitucional.

Los proyectos se desempeñan en lo general casuísticamente pero sin faltar a los criterios de elegibilidad, de lo que no se sigue que la población objetivo sea siempre la más idónea considerando su marginalidad y esto está vinculado con la carencia de instrumentos de soporte para la toma de decisiones, excepto, quizá en el proyecto de excarcelación de presos indígenas que se desarrolla apoyándose en –pero no sobre la base exclusiva de- censos/diagnóstico y el programa de apoyo al registro civil, que trabaja sobre la base de diagnósticos; pero habría que aclarar que éste, si bien elabora estos instrumentos, no los toma como punto de partida para la planeación sino para la toma de decisiones. Por ejemplo, la correlación entre presupuestos y población indígena potencialmente atendible, no es directa, pero tampoco lo es la que guardan los presupuestos con los índices de marginación, por citar unos casos.

La DPPJ en todas sus subdirecciones y proyectos acusa una marcada centralización. Esto se observa tanto en la programación de metas como en la asignación presupuestal para el Distrito Federal que, paradójicamente, carece de delegación y atiende desde las oficinas centrales. Esta concentración presupuestal y de funciones corre en detrimento de la eficacia y la eficiencia, indicadores que en algunos proyectos fue muy baja.

Un aspecto que brota de las evaluación cuantitativa es que los presupuestos no guardan una proporción directa con la población a beneficiar y la beneficiada. Si a esto se anexan las ausencias consideradas previamente, el balance no es muy positivo.

El contacto con la población indígena en las comunidades indígenas es problemático y se manifiesta como una solución imperfecta a un dilema que no permite una solución perfecta: si se utilizan operadores que provienen de fuera de las comunidades indígenas, se asegura un alto grado de objetividad, pero se carece de contactos inmediatamente por lo que se tiene que establecer una red de contactos; esta red de contactos lleva muy fácilmente a la atención solamente de


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una muy pequeña facción de miembros de las comunidades indígenas; si se hace uso de operadores que provienen de dentro de las comunidades indígenas, que conocen los valores culturales, es casi inevitablemente llegar a atender solamente a un pequeño grupo de parientes y allegados de los operadores. Que sepamos, no se ha encontrado en ninguna parte del mundo una solución perfecta a este dilema, pero se podría vislumbrar un camino a través de una educación superior para la población indígena.

Falta un instrumento y mecanismos de operación de información sistematizada que permita la planeación de las actividades de la Dirección, una deficiencia que requiere cooperación con la Dirección de Investigación del mismo INI, así como cooperación con instituciones de investigación.

Falta un desarrollo efectivo de la comunicación en la misma institución (INI). A pesar de que existe lo que llamamos sistema de vasos comunicantes, la información fluye más por las redes de afinidad establecidas por los operadores que como parte de una estrategia institucional.

Los proyectos son de carácter muy desigual, desde el Proyecto de Registro Civil que es netamente un proyecto administrativo que busca resolver problemas que tienen su origen en el mundo no indígena (ocasionalmente anti-indígena), hasta el proyecto de antropología jurídica que busca resolver problemas que nacen dentro del mundo indígena y tiene que responder a valores propiamente indígenas.

La efectividad de los proyectos no se puede medir de manera inmediata y numérica, pero tendremos dos medidas algo complicadas que nos revelan la efectividad/costo-beneficio: por un lado, la calidad de vida y, por otro lado, la gobernabilidad (sería inecesario invocar el alto costo de la Revolución Zapatista como argumento).

6.1 RECOMENDACIONES GENERALES A LA DPPJ Y A LOS PROYECTOS 6.1.1DESDE EL EXTERIOR Y HACIA EL EXTERIOR La DPPJ tiene como tarea ineludible generar las condiciones por medio de las cuales se haga posible modificar el marco legal mediante el cual los indígenas sean considerados, conforme el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sujetos de derecho, personas jurídicas conforme sus propios sistemas jurídicos comunitarios dentro del marco legislativo positivo mexicano para que los pueblos indios hagan valer su propio derecho y a la vez conozcan sus propios derechos, sus obligaciones y prerrogativas.


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La DPPJ-INI debe gestionar ante el propio Instituto mejores condiciones de financiamiento y la asignación de las partidas presupuestales en tiempo y forma para garantizar un eficaz y eficiente desempeño de sus operadores de los proyectos. Lo mismo vale para todo el rubro de gastos de operación e insumos suficientes y expeditos. Vinculado con lo anterior, debe repensar el estatuto laboral de su personal como un ejercicio previo para proporcionar salarios dignos a los mismos considerando las cargas de trabajo y la eficiencia/eficacia con que se han desempeñado hasta el momento. Los recortes presupuestales, cuando se traducen en despidos o propuestas de reducción de salarios, lejos de estimular un mejor desempeño laboral, terminan afectándolo negativamente; el temor ante la inseguridad no prohija mejores frutos. La consecuencia, a su vez, se revierte en la calidad de la atención a las comunidades indígenas. Esta recomendación, ya realizada en la evaluación externa 2001 realizada por la UAM, sigue tan vigente como inatendida; por ello, queremos, aquí, retomarla. Si en el apartado de las conclusiones hicimos referencia a la enorme cantidad de cargas de trabajo que pesa sobre el personal de la DPPJ en los CCI’s, y se relacionó con los bajos salarios, es recomendable, como se hizo en la evaluación 2001, la sugerencia de fortalecer las circunscripciones aludidas con más personal y con mejores salarios. No se trata de reducirles las cargas de trabajo, sino de integrar equipos que logren mayor y mejor cobertura en la atención a los indígenas. 6.1.2 MIRANDO HACIA EL INTERIOR Los abogados que implementan los proyectos, siendo en su mayor parte pasantes y expertos por la vía de la experiencia, podrían ser estimulados si la propia institución fomentara y les posibilitara su profesionalización vía titulación, a manera de prestación laboral. Esto, por supuesto implicaría descargas parciales de trabajo que la propia institución debería absorber relevándolos con apoyo de personal; otra estrategia posible y simultánea sería la asignación de becas de titulación contra productos concretos, como el título de licenciatura. En términos de profesionalización, también es recomendable potenciar la experiencia mediante seminarios o diplomados internos o interinstitucionales encaminados al conocimiento de la propia institución y al mejoramiento de su propia materia de trabajo articulando la antropología y el derecho; para ello, instituciones como el INAH, la UAM y la UA-Chapingo, ya cuentan con propuestas académicas remediales. Esta recomendación no parte del equipo de evaluación: La antropología jurídica es una necesidad ingente y reclamada (durante las entrevistas) por los propios abogados quienes reconocen deficiencias en ese rubro. Los diferentes proyectos de la DPPJ-INI deben articularse orgánicamente. Una de las formas de lograrlo es programando con criterios homogéneos. Para ello se recomienda un curso de capacitación encaminado a proporcionar la


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formación e información suficiente para programar partiendo de los objetivos a que atiende la propia DPPJ y las especificidades de las propias subdirecciones y proyectos. Anexo a ello, para funcionamiento interno, se requiere de un manual de operación institucional del cual se desprendan manuales de operación específicos de las subdirecciones y proyectos. Además, si ha de continuarse con las evaluaciones externas, es conveniente establecer criterios encaminados a lograr unidades de medida más o menos homogéneas midiendo la inversión de tiempo/persona para cada acción significativa; con este logro, incluso podrían facilitarse los procesos de autoevaluación y las evaluaciones con parámetros menos difusos, confusos, inasibles e incontrolables en ocasiones. Es claro que con la anterior recomendación nos aproximamos a otra, la reestructuración total de la DPPJ que implicaría partir de la redefinición de la propia materia de trabajo, de sus objetivos, de tácticas y estrategias para lograrlos; del establecimiento de planes y proyectos acordes a su nuevo organigrama y manuales de procedimientos funcionales; de aprovechar la enorme experiencia acumulada por los responsables y los operadores de los proyectos para comunicarse, relevarse funciones, establecer convenios de colaboración, optimizar recursos financieros, relacionarse con las comunidades indígenas, etc. No se trata, en definitiva, de eliminar el espíritu que anima a los proyectos, cuya trascendencia es incuestionable, sino de potenciarlo. 6.1.3 EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS Los proyectos evaluados deben implementar mecanismos internos para conformar una base de datos sobre marginalidad, prioridades de la población indígena, rezagos históricos, derechos indígenas, censos diagnóstico, y otros que les posibiliten la planeación a corto, mediano y largo plazo. Con esta medida, las poblaciones objetivo, al aplicar los criterios de elegibilidad, podrán seleccionar aquellos indígenas, núcleos agrarios y núcleos poblacionales de mayor prioridad.

El equipo de evaluación no desconoce la heterogeneidad de funciones que se presentan entre los distintos proyectos que parece casi imposible establecer una unidad de medida universal para todos los proyectos, sin embargo lo que sí parece viable es cualificar y cuantificar para establecer unidades de medida homologables para acciones y productos como se hace en instituciones de enseñanza superior para el otorgamiento de estímulos (cuya base es una estimación del tiempo de trabajo y la calidad de los aspectos evaluables); sobre esa base la asignación de recursos financieros a las delegaciones e incluso a cada proyecto, sería más equitativa y los procesos de evaluación (autoevaluación, incluso) serían menos especulativos.

Un ejercicio interesante recomendable a todos los proyectos y a la DPPJ en su conjunto es establecer reuniones anuales o semestrales con los operadores de los proyectos para socializar experiencias como la de reducción de costos por metas y otros que han permitido la optimización de recursos financieros; las


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mismas bien podrían, mediante evaluaciones parciales y por ejercicio presupuestal, la asequilibidad a las experiencias de las diferentes delegaciones estatales y los CCI’s para efectos de planeación y desempeño.

Dada la concentración de población indígena en el Distrito Federal acrecentada vía procesos migratorios, se recomienda que se forme una delegación que preste los servicios correspondientes a esta no contemplada población objetivo. Esto podría desconcentrar presupuesto en oficinas centrales y el personal de las subdirecciones en el D.F. podría desempeñar más eficientemente sus funciones. Mismas que deberían redefinirse en un ejercicio de reestructuración de la DPPJ.

Para efectos de asignación del presupuesto a las delegaciones, además de los indicadores anotados previamente, habría que anexar otro más: la población beneficiada con las acciones del proyecto en cuestión. Esto aportará una equidad en la distribución de recursos y mejorará el impacto social de cada proyecto. En el apartado de las conclusiones asentamos que existe un problema entre la relación de los operadores y las comunidades: si son de fuera, se carece de contactos y si estos los realizan para poder funcionar, corren el riesgo de cerrar los círculos de beneficiarios. Por el contrario, si son de dentro, atenderán a la población conforme con sus normatividades que privilegian las redes de parentesco, de afinidad, y el resultado es el mismo: círculos pequeños de población atendida. Esto, que en las entrevistas apareció con tintes de clientelismo, nos permite vislumbrar una salida que expresamos como recomendación: optar por los operadores con ascendencia indígena, profesionalizándolos a través del propio Instituto; en caso de ser de fuera, se impone la revisión escrupulosa de los beneficiarios para garantizar su diversificación. 6.1.4 LAS RECOMENDACIONES DEL PASADO Y DEL PRESENTE Además ede las ya señaladas, queremos agregar las siguientes, muchas de las cuales manaron de las propias entrevistas con el personal de promoción y procuración de justicia de los CCI´s:

PRIMERA. Es necesario que las delegaciones estatales participen en la programación de metas y la asignación de recursos previos diagnósticos de necesidades.

SEGUNDA: El Proyecto de concertación de convenios requiere negociar con las áreas correspondientes el manejo de traspaso de recursos financieros a los proyectos para que se lleven a cabo a principios del año fiscal y poder cumplir en tiempo y forma con las acciones del proyecto. Este, que es un reclamo añejo, aún está pendiente de solución.


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TERCERA. Se hace indispensable negociar con las áreas correspondientes que a los proyectos se le autoricen recursos suficientes para gastos de operación, lo que, al parecer es difícil en circunstancias de recortes presupuestales.

CUARTA. Que sobre la base de diagnósticos de necesidades, en los estados donde tenga mayor presencia de organizaciones e indígenas, se contrate personal especializado para el manejo del proyecto, lo que se antoja difícil lograrlo toda vez que los mismos operadores coinciden en que el recorte de personal está a la orden del día.

QUINTA. Se hace indispensable una pronta y expedita capacitación tanto del personal que labora en informática como de los operadores en general para integrar bases de datos, diagnósticos, registrar avances, realizar autoevaluaciones, etc.

SEXTA. Ampliar los convenios con instituciones promotoras de justicia y defensoras de los derechos humanos e indígenas en particular. Así mismo, se requiere ampliar los convenios con otras instituciones gubernamentales, paraestatales y particulares a fin de garantizar la provisión de recursos financieros y de otro tipo a la DPPJ-INI.

SÉPTIMA. Que INI, SEDESOL, CCI, SHCP se autodiagnostiquen administrativamente para conocer dónde está la falla de ministración de recursos.

OCTAVA. Es necesario que los delegados estatales revisen si técnica y metodológicamente cuentan con lo necesario para obtener información de la población indígena que requiera servicios del INI para efectos de planeación.

NOVENA. Se requiere actualizar los instrumentos por medio de los cuales se da seguimiento a los proyectos y se sistematiza información.

DÉCIMA. Deben realizarse materiales jurídicos complementarios a los existentes, como publicación de carteles, trípticos, videos, programas de radio, folletos para difusión continua y actualizada de los derechos indígenas. Publicación de carteles informativos sobre los servicios de la DPPJ y no olvidar que la presencia de los operadores en las comunidades es el mejor mecanismo para lograr los objetivos del programa.

UNDÉCIMA. Se requiere la creación de áreas de investigación y de vinculación social con la población indígena.

DUODÉCIMA . Elaborar un manual de procedimientos preciso para todo el programa y manuales derivados de él donde se establezcan tácticas y estrategias de acción para implementar los proyectos.

DECIMO TERCERA. Lo peritos e intérpretes son un reclamo bastante sentido en el programa y particularmente en los CCI´s.


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7 ESCENARIO PROSPECTIVO A fuerza de ser reiterativos, es claro que el programa debe continuar. Es de hecho, una de las pocas instituciones realmente creadas para el servicio de los indígenas y, particularmente, en materia de promoción y procuración de justicia.

Existen dentro de la presente evaluación algunas ideas para elevar a la DPPJ-INI en la calidad del servicio que presta y para ampliar su cobertura. No son las únicas y quizá ni las mejores; sin embargo, la propia institución puede recurrir a la experiencia de su propio personal para lograrlo. Si esto es posible, el rezago y el relativo olvido en que se ha mantenido a los indígenas, podría gradualmente pasar a ser un recuerdo poco agradable en su memoria.

evaluaciÓn externa del programa de promociÓn y procuraciÓn de … · 2014-12-15 · evaluaciÓn...

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