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I. INTRODUCCIÓN

El seguro de defensa jurídica nace ligado aldesarrollo del automóvil, de la mano de laentidad de origen suizo C.A.P.1, en el año1934. Como recuerda CANO FERRÉ2, si bien esevidente que se trata de un seguro de losdenominados contra daños, a lo largo de suexpansión en el derecho español, se han pro-ducido notables discusiones en orden a si setrataba simplemente de un seguro de pago degastos o, en realidad, admitía también el ase-guramiento de la prestación de determinadosservicios por parte del asegurador.

La regulación legal, propiamente dicha, se pro-duce en 1990, por Ley 21/90, de 19 de diciem-bre, con motivo de adaptar a nuestro ordena-miento jurídico la Directiva 87/344 CEE, de 22de junio, reguladora del Seguro de DefensaJurídica. La citada Ley 21/90, modificó la Leyde Contrato de Seguro 50/80, en lo relativo ala regulación contractual, introduciendo unanueva Sección novena en el Título II reguladordel Seguro contra daños, sobre seguro dedefensa jurídica, arts. 76 a) a 76 g) —la Ley50/80 sobre Contrato de Seguro, nació sinhacer mención alguna a este contrato de

seguro—, y modificó también la Ley de Orde-nación del Seguro privado de 1984, en lo rela-tivo a las condiciones administrativas parapoder operar este específico ramo de seguro.

El citado autor nos hace un breve repaso de laevolución de esta figura jurídica en los siguien-tes términos:

Es la Orden del Ministerio de Hacienda de 19de enero de 1951, quien introduce en las póli-zas de seguro de automóviles, la denominadaActa o suplemento de Defensa Criminal, a tra-

Estudios

LA LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIONALEN EL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA

Estudio analítico y detallado de la regulación de la elección del profesional en el seguro de defensa jurídica con especial

detenimiento en el análisis de los arts. 74 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro

Javier López yGarcía de laSerranaAbogadoSecretario Gral. de la AsociaciónEspañola de AbogadosEspecializados enResponsabilidadCivil y Seguro

SUMARIO

I. Introducción. II. El seguro de defensa jurídica: arts. 76.a) a 76.g) de

la Ley de Contrato de Seguro.III. Defensa jurídica de la responsabilidad civil: art. 74

de la Ley de Contrato de Seguro.IV. La libre elección de profesionales

1. Reconocimiento legal2. El supuesto del art. 76.d) de la Ley de Contrato

de Seguro.3. Limitaciones de las aseguradoras.4. Legitimación activa del letrado para reclamar

los honorarios.V. Conclusión: arts. 74 y 76 A), ¿libre elección en

ambos casos?

1 Compañía de Asistencia y Protección Internacional.2 CANO FERRÉ, P. «Seguro de Protección Jurídica», ponencia realizada en el I Congreso Constituyente de laAsociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, celebrado en Granadalos días 15, 16 y 17 de noviembre de 2001.

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vés de la cual se otorgaba defensa jurídica, enaquellos casos en los que, además de defen-derse una responsabilidad civil, era preciso ladefensa criminal del autor material del hecho,en supuestos en los que se estaba jugando laimposición de sanciones penales.

La ampliación de la misma se produce porOrden Ministerial de 5 de octubre, extendién-dose la cobertura a la reclamación de dañosque se hubiesen ocasionado al asegurado. Lacarencia de mención inicial contenida en la Ley50/1980, sobre Contrato de Seguro, es supli-da por la resolución de la Dirección General deSeguros de 13 de abril de 1981, en la que seaprueba la póliza de Seguro de Automóvilesadaptada a la nueva Ley de Contrato de Segu-ro, conteniendo una Modalidad Cuarta, quefijaba las condiciones contractuales básicasque debía incorporar el Seguro de DefensaJurídica3.

La Orden Ministerial de 23 de octubre de 1982,introduce la regulación de la libre elección deLetrado, la independencia en la dirección técni-ca de los procedimientos, los límites cuantitati-vos de honorarios garantizados, el conflicto deintereses y la desavenencia de las partes encuanto a la viabilidad de los recursos.

Será el desarrollo de la Ley de Ordenación delSeguro Privado de 1984, llevado a cabo el 7 deseptiembre de 1987, la norma que recoja, por

primera vez, los ramos de seguro, apareciendocomo ramo número 17 el Seguro de DefensaJurídica. Finalmente, la incorporación de Espa-ña a la Comunidad Económica Europea, pro-voca, como ya apuntamos al inicio de la expo-sición, la transposición de la Directiva87/344/CEE reguladora del Seguro de DefensaJurídica, mediante la Ley 21/1990.

Hechas estas precisiones, pasamos a centrar-nos en el objeto de análisis de nuestro artícu-lo; «la libre elección de profesional en el segu-ro de defensa jurídica», el punto de arranque,dados los distintos derechos que se atribuyenal asegurado en uno y otro supuesto, debe serla distinción entre el seguro de defensa jurídi-ca, regulado en la Sección novena del Título IIde la Ley de Contrato de Seguro, arts. 76 a) yss.4, y la modalidad regulada en el art. 74 dela mencionada Ley, llamado «defensa jurídicade la responsabilidad civil».

La aplicación excluyente de los arts. 74 y 76 a)de la Ley de Contrato de Seguro, hace que, enaquellos casos en los que existe seguro de res-ponsabilidad civil, sea, a juicio de algunosautores entre los cuales me incluyo, la posiciónprocesal del asegurado la que determine si nosencontramos ante un supuesto u otro; así, nosubicaremos en el marco del art. 74 cuando elasegurado es demandado y, por el contrario,cuando sea demandante, estaremos ante unseguro de defensa jurídica del art. 76 a).

La determinación de una u otra norma, comoveremos, tiene consecuencias importantes res-pecto a la amplitud de derechos del asegura-do. De forma breve apuntaremos, que mien-tras que en la defensa jurídica de la responsa-bilidad civil establecida en el art. 74 de la Leyde Contrato de Seguro el asegurador asume ladefensa sin límite económico y sin derecho delasegurado a la libre elección de profesionales,salvo en caso de conflicto de intereses, en elseguro de defensa jurídico regulado en losarts. 76 a) y ss. de la Ley de Contrato de Segu-

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3 Garantizaba la defensa penal y constitución de fianzas en causa criminal y la reclamación de daños. Res-pecto a los procedimientos criminales seguidos contra el conductor, garantizaba su defensa personal por losAbogados y Procuradores designados por la entidad, y el pago de todos los gastos judiciales que, sin cons-tituir sanción personal, le fueren impuestos. Igualmente preveía que la reclamación de daños sería dirigidade forma exclusiva por la entidad, eligiendo igualmente la dirección letrada, así como el criterio de viabili-dad en las reclamaciones y la interposición de recursos.4 No son apartados, sino verdaderos artículos.

E s el desarrollo de la Ley de Ordenación del Seguro Privadode 1984, llevado a cabo el 7

de septiembre de 1987, la norma que recoja, por primera vez, los ramosde seguro, apareciendo como ramonúmero 17, el Seguro de DefensaJurídica


ro, el derecho fundamental del aseguradoviene establecido de forma imperativa en elart. 76 d), consistiendo precisamente en lalibre elección de que le representen y defien-dan sin estar sujetos a instrucciones5.

II. EL SEGURO DE DEFENSAJURÍDICA: ARTS. 76 A) A 76 G) DELA LEY DE CONTRATO DESEGURO

Regulado en el Título II regulador del Segurocontra daños, arts. 76 a) a 76 g), el seguro deDefensa Jurídica, es, como hemos visto, un con-trato joven, y relativamente complejo. Aunquea primera vista podría parecernos un contratopacífico en su aplicación, nada más lejos de larealidad; «la praxis aseguradora nos muestraque ocasiona dudas interpretativas esenciales yproblemas en su aplicación, sin que se hallen yano satisfactoriamente resueltos, cuánto menos,satisfactoriamente tratados»6.

La definición del Seguro de defensa jurídica laencontramos en el art. 76 a) en los siguientestérminos «por el seguro de defensa jurídica, elasegurador se obliga, dentro de los límitesestablecidos en la Ley y en el contrato, ahacerse cargo de los gastos en que puedaincurrir el asegurado como consecuencia de suintervención en un procedimiento administra-tivo, judicial o arbitral y a prestarle los serviciosde asistencia jurídica judicial y extrajudicialderivados de la cobertura del seguro».

TAPIA HERMIDA7, sintetiza los caracteres genera-les que presenta:

1. Referencia amplia al siniestro causante deldaño, que puede abarcar, según contrato,los procedimientos administrativos, judicia-les y extrajudiciales.

2. Definición del seguro por referencia aldoble compromiso que puede asumir elasegurador, de tipo indemnizatorio o deprestación en especie.

3. Delimitación del ámbito de aplicación de lanormativa específica respecto de prestacio-nes de defensa o asistencia en viaje, o lasderivadas de litigios marítimos.

4. Preocupación fundamental por establecermecanismos de prevención del nacimientode conflictos de intereses entre asegurador yasegurado y de solución de los conflictosque nazcan sin perjuicio de los intereses delasegurado.

Se configura como un seguro de reembolso;«hacerse cargo de los gastos...», que cubre laintervención del asegurado en los procedi-mientos anteriormente mencionados.

El art. 76 b) excluye de su cobertura «el pagode multas y la indemnización de cualquiergasto originado por sanciones impuestas alasegurado por las autoridades administrativaso judiciales».

El motivo de la exclusión, común en el Dere-cho comparado, es de orden público, vincu-lándose a la eficacia preventiva y represiva delas multas de carácter administrativo o judicialde nuestro Ordenamiento, así pues, de estar

ESTUDIOS Libre elección de profesional en el seguro de defensa jurídica 7

5 Son múltiples las Sentencias que se ocupan de la distinción entre ambas figuras; Sentencia de la Audien-cia Provincial de León 90/2006 (Sección 2.ª) de 5 de abril, JUR 2006/131723, Sentencia de la Audiencia Pro-vincial de Cáceres 488/2005 (Sección 1.ª) de 21 de diciembre, JUR 2006/27371 entre otras.6 DACHS, M. El seguro de defensa jurídica; cuestiones suscitadas en la praxis aseguradora en el ámbito delautomóvil.7 TAPIA HERMIDA, A. J.: Ley de Contrato de Seguro, Editorial Aranzadi, 2.ª edición.

P or el seguro de defensa jurídica,el asegurador se obliga, dentrode los límites establecidos

en la Ley y en el contrato, a hacersecargo de los gastos en que puedaincurrir el asegurado comoconsecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo,judicial o arbitral y a prestarle los servicios de asistencia judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro


cubiertas, podría producirse un incremento delas sanciones, incurriendo el asegurado enmayores riesgos.

Dos son los artículos que se ocupan de losaspectos formales del contrato de seguro dedefensa jurídica;

A. El art. 76 c)8 recoge dos opciones respec-to a la forma que tendrá que presentar elcontrato:

A.1) Contratación en póliza independiente: eneste supuesto, estaríamos ante una póliza sim-ple en la que la «naturaleza del riesgo cubier-to»9 es única y se centra en el contenido yaexpuesto del art. 76 a).

A.2) Contratación en póliza única con otrosriesgos: en esta segunda opción, más frecuen-te en la práctica, nos encontramos con póli-

zas complejas, en las que la descripción de la«naturaleza del riesgo cubierto» abarcará,además del riesgo definido en el art. 76 a) dela Ley de Contrato de Seguro, otro u otros.En este supuesto, la Ley de Contrato deSeguro exige la especificación del contenidode la defensa jurídica garantizada, insistien-do nuestros tribunales en la obligación dedicha delimitación; por otro lado, deberáindicarse igualmente de forma separada, laprima correspondiente a la defensa jurídicacubierta10.

B. El art. 76.f)11 recoge un deber de informa-ción que se impone al asegurador, anticipán-dolo incluso al momento de la entrega de lapóliza. Además del contenido que con carác-ter general se establece en el art. 8 de la de laLey de Contrato de Seguro12, la póliza deberárecoger los especiales derechos que confiere al

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8 Art. 76 c) de la Ley de Contrato de Seguro: «El seguro de defensa jurídica deberá ser objeto de un con-trato independiente. El contrato, no obstante, podrá incluirse en capítulo aparte dentro de una póliza única,en cuyo caso habrá de especificarse el contenido de la defensa jurídica garantizada y la prima que le corres-ponde».9 Art. 8.3 de la Ley de Contrato de Seguro: «La póliza del contrato debe contener como mínimo, las indi-caciones siguientes: 3. Naturaleza del riesgo cubierto».10 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 20 de abril 2000, entre otras, afirma: «Tanto en la Senten-cia de 1.ª como en la de 2.ª instancia, en cuanto entiende fundadamente la sentencia recurrida, que en lapóliza de “seguros de automóviles” suscrita por el actor don Lorenzo M. A. y la Aseguradora Universal, S.A.,de Seguros y Reaseguros, no está comprendido el “contrato de seguro de defensa jurídica”, pues hay quetener presente, que para que así ocurra, de acuerdo con el art. 76 c) “deberá ser objeto de un contrato inde-pendiente”, y aunque en el párrafo siguiente del mismo artículo prevé la posibilidad de incluirse en capítu-lo aparte en una póliza única, es preciso en este supuesto, se especifique el contenido de la defensa jurídi-ca garantizada, y la prima que le corresponde, supuestos que no se recogen en la póliza suscrita por el suso-dicho señor M. A. y la Sociedad demandada, como se observa de un examen de la misma, pues en el espa-cio de las “garantías comprendidas”, se señalan como comprendidas en la póliza, la de responsabilidad civilobligatoria, la responsabilidad civil ilimitada, y la defensa y fianza criminales, excluyendo todas las demásgarantías, sin ningún otro particular, de los que se deduce sin género de dudas, que en orden a la defensacriminal, la compañía aseguradora asume la defensa de asegurado siempre que se realice bajo la direcciónletrada de los abogados de la misma, y respecto a la responsabilidad civil el régimen es el establecido en elart. 74 de la LCS, que establece que el asegurador asume la dirección jurídica frente a la reclamación delperjudicado y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen, salvo en el supuesto que el quereclame, esté asegurado en la misma compañía, o exista algún otro posible conflicto de intereses, en cuyocaso el asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica del asegurador o confiar supropia defensa a otra persona, en cuyo último supuesto quedará obligado el asegurador a abonar los gas-tos de la dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza».11 Art. 76 f) de la Ley de Contrato de Seguro: «La póliza del contrato de seguro de defensa jurídica habráde recoger expresamente los derechos reconocidos al asegurado por los dos artículos anteriores. En caso deconflicto de intereses o de desavenencia sobre el modo de tratar una cuestión litigiosa, el asegurador debe-rá informar inmediatamente al asegurado de la facultad que le compete de ejercitar los derechos a que serefieren los dos artículos anteriores».12 Art. 8 de la Ley de Contrato de Seguro: «La póliza del contrato debe contener como mínimo, las indica-ciones siguientes:

1. Nombre y apellidos o denominación social de las partes contratantes y su domicilio, así como la desig-nación del asegurado y beneficiario, en su caso.2. El concepto en el cual se asegura.3. Naturaleza del riesgo cubierto.


asegurado los arts. 76, d) y e), de los que nosocupamos a continuación.

De los derechos antes aludidos, dos se reco-gen en el art. 76 d) «elegir libremente el pro-curador y abogado que hayan de representar-le y defenderle en cualquier clase de procedi-miento», y «libre elección de abogado y pro-curador en los casos en que se presente con-flicto de intereses entre las partes del contra-to», regulando el art. 76 e) el tercero «derechoa someter a arbitraje cualquier diferencia quepueda surgir entre él y el asegurador sobre elcontrato de seguro».

Centrándonos en este último, ya que los ante-riores serán objeto de estudio en un epígrafeaparte, apuntamos que la base de este precep-to, se encuentra en las diferencias de procedi-miento sobre la gestión de los siniestros quepuedan surgir entre el asegurado y el asegura-dor. La referencia general al arbitraje, abre laposibilidad de acudir a cualquiera de los tiposprevistos genéricamente en nuestro Dere-cho13. La finalidad de defensa del aseguradoque inspira al precepto, hace que no se admi-ta la designación de árbitros antes de quesurja la disputa14.

Tres son los casos excluidos del art. 76 g)15:

1. Exclusión de la defensa jurídica realizadapor el asegurador de la responsabilidadcivil.

2. Exclusión de la defensa jurídica realizadapor el asegurador de la asistencia en viaje.

3. Exclusión de la defensa jurídica en litigios oriesgos vinculados a buques o embarcacio-nes marítimas.

III. DEFENSA JURÍDICA DE LARESPONSABILIDAD CIVIL: ART. 74DE LA LEY DE CONTRATO DESEGURO

Ubicado dentro de la Sección octava, Segurode responsabilidad civil, del Título II de la Leyde Contrato de Seguro, el art. 74 dispone:«Salvo pacto en contrario, el asegurador asu-mirá la dirección jurídica frente a la reclama-ción de perjudicado, y serán de su cuenta losgastos de defensa que se ocasionen. El asegu-rado deberá prestar la colaboración necesariaen orden a la dirección jurídica asumida por elasegurador.


4. Designación de los objetos asegurados y de su situación.5. Suma asegurada o alcance de la cobertura.6. Importe de la prima, recargos e impuestos.7. Vencimiento de las primas, lugar y forma de pago.8. Duración del contrato, con expresión del día y la hora en que comienzan y terminan su efectos.9. Nombre del agente o agentes, en el caso de que intervengan en el contrato».

13 TAPIA HERMIDA, A. J. La Ley de Contrato de Seguro, Editorial Aranzadi, 2.ª edición, apunta como posiblesarbitrajes a utilizar los siguientes:El marco general establecido por el art. 61 de la Ley de Ordenación y Suspensión de los Seguros Privados.La sumisión de las diferencias del seguro de defensa jurídica al arbitraje de consumo del art. 31 de la LeyGeneral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.La sumisión de las diferencias del seguro de defensa jurídica al arbitraje genérico de la Ley 36/1988.14 Art. 76 e), párrafo II: «La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión dispu-tada».15 Art. 76 g): «Los preceptos contenidos en esta Sección no serán de aplicación:

1.º. A la defensa jurídica realizada por el asegurador de la responsabilidad civil, de conformidad con loprevisto en el art. 74.2.º. A la defensa jurídica realizada por el asegurador de la asistencia en viaje.En este caso, la no aplicación de las normas de esta Sección quedará subordinada a que la actividad dedefensa jurídica se ejerza en un Estado distinto del de la residencia habitual del asegurado; a que dichaactividad se halle contemplada en un contrato que tenga por objeto única y exclusivamente la asistenciaa personas que se encuentren en dificultades con motivo de desplazamientos o de ausencias de su lugarde residencia habitual y a que en el contrato se indique claramente que no se trata de un seguro dedefensa jurídica, sino de una cobertura accesoria a la de asistencia de viaje.3.º. A la defensa jurídica que tenga por objetos litigiosos o riesgos que surjan o tengan relación con eluso de buques o embarcaciones marítimas».


No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,cuando quien reclame esté también aseguradocon el mismo asegurador o exista algún otroposible conflicto de intereses, éste comunicaráinmediatamente al asegurado la existencia deesas circunstancias, sin perjuicio de realizaraquellas diligencias que por su carácter urgen-te sean necesarias para la defensa. El asegura-do podrá optar entre el mantenimiento de ladirección jurídica por el asegurador o confiar supropia defensa a otra persona. En este últimocaso, el asegurador quedará obligado a abonarlos gastos de tal dirección jurídica hasta el lími-te pactado en la póliza».

Se limita por tanto a regular los supuestos deintervención del asegurado en un procedi-miento ya iniciado por la reclamación de untercero perjudicado; cualquier otra interven-ción del asegurado, quedaría regida por lo dis-puesto en el apartado anterior, arts. 76 a) y ss.de la Ley de Contrato de Seguro. El funda-mento de este precepto está en el interés delasegurador en el resultado de la reclamaciónde los perjudicados, lo que hace que asuma la«dirección jurídica».

Igualmente «serán de su cuenta los gastos dedefensa que se ocasionen», incluyéndose en eltérmino «gastos de defensa», a juicio doctri-nal, tanto los ocasionados en el campo extra-judicial como en el judicial, y sin límite algunoen cuanto a la cuantía, excepto en los supues-tos en que la defensa se confíe a un tercero16,

en cuyo caso, respondería exclusivamentehasta la cuantía fijada en la póliza, salvo quepor pacto se hubiese establecido otra cosa.

El art. 74 de la Ley de Contrato de Seguro,impone al asegurado una serie de «deberes»que podemos resumir de la siguiente forma:

a. Deber de colaborar con carácter genérico:recogido al final del primer párrafo, tiene uncarácter genérico para el cumplimiento de losfines asignados al asegurador, compaginándo-se con el derecho que tiene el asegurador dellevar a cabo la gestión del siniestro. Los actosdel asegurador no podrían efectuarse sin unaconducta determinada del asegurado.

b. Deber de informar: el asegurado tiene laobligación de aportar cuantos datos tenga afin de lograr la mejor defensa posible contralas reclamaciones del tercero perjudicado.

c. Deber de colaborar en las actuaciones pro-cesales: incluye supuestos tan amplios como latransmisión al asegurador de las citaciones onotificaciones recibidas, otorgar poderes a losprocuradores o abogados previamente elegi-dos por el asegurador, seguir instrucciones deéstos… la infracción de este deber no sólo poresta causa, sino por otras, dará lugar a laindemnización de daños y perjuicios a cargodel asegurado.

d. Deber de no reconocer la propia responsa-bilidad: el fundamento de este deber loencontramos, una vez más, en la asunción porparte del asegurador de la dirección jurídicafrente a las reclamaciones del perjudicado.

e. Prohibición de transigir: este deber quedaenlazado con la dirección jurídica asignada alasegurador, y con el analizado anteriormente,la obligación de no reconocimiento de respon-sabilidad.

Se ocupa el precepto también de los casos enlos que existe un conflicto de intereses entre elasegurado y el asegurador, en el párrafosegundo17. Se trata de supuestos en los que

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16 Art. 74.2 in fine.17 Se ocupan de esta materia entre otras muchas sentencias, Sentencia de la Audiencia Provincial de Almeríade 17 de enero de 2001 (JUR 2001, 82039), Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 6 de febre-ro de 2001 (JUR 2001, 298089), Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 6 de noviembre de 2000 (AC2000, 5238), Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de octubre de 2000 (AC 2000, 1877).

G astos de defensa son tanto los ocasionados en el campoextrajudicial como en el judicial,

y sin límite alguno en cuanto a la cuantía, excepto en los supuestosen que la defensa se confíe a un tercero, en cuyo caso, responderíahasta la cuantía fijada en la póliza


surgen intereses contrarios a los de la defensadel asegurado por parte del asegurador frentea la reclamación del perjudicado. En este caso,la Ley exige la puesta en conocimiento del ase-gurado de esta circunstancia para que el asegu-rado pueda adoptar las medidas que estimemás convenientes a su situación.

Se tratan dos casos:

1. Supuestos en los que quien reclama estátambién asegurado con el mismo asegurador:es claro que en estos casos, la independenciadel asegurador está claramente debilitada, yello con independencia del tipo concreto decontrato suscrito entre el asegurador y el per-judicado. Aunque abarca un amplio númerode casos, en algunos, este conflicto sería máspatente, casos como por ejemplo, cuando elasegurador tiene derecho a la subrogacióncontra el causante del daño y esto no tengacubierta por completo su responsabilidad civilcon el contrato de seguro, o cuando tanto elcausante del daño como el perjudicado tienencubierta su responsabilidad civil con el mismoasegurador y se hayan causado daños recípro-cos…

2. En el segundo grupo, «otro posible conflic-to de intereses», queda redactado de formamás amplia, comprendiendo supuestos en losque se dan las circunstancias para que aparez-ca dicho conflicto, aunque aún no se hayandado.

Una vez acaecida alguna de estas posibilida-des, el asegurador debe abstenerse de la direc-ción jurídica, notificando al propio interesadopara que efectúe la opción a la que alude elart. 74, sin perjuicio de la obligación por partedel asegurador de realizar aquellas diligenciasque tengan carácter urgente. Si el aseguradoopta por encargar la defensa a un tercero, esclaro que los gastos que ocasione la defensa,correrán a cargo del asegurador hasta el límitepactado.

Por último mencionar, que la dirección jurídicadesempeñada por el asegurador, puede impli-

carle la obligación de responder de los daños yperjuicios sufridos en los siguientes casos:

a. Cuando, ante la legítima reclamación de untercero, y sin que exista pacto en contrario, noasume la dirección jurídica.

b. Cuando asume la defensa en casos en losque debió abstenerse según la ley.

c. Cuando ha causado daños al asegurado enlos supuestos en que le corresponde esa direc-ción jurídica. Se podrían incluir en este aparta-do, casos como el analizado en la Sentencia dela Audiencia Provincial de Madrid núm.421/200518, en la que se admite la reclama-ción del perjudicado por vía de la acción direc-ta contra el asegurador, en el caso de negli-gencia en la elección del despacho de aboga-dos para la defensa de los intereses jurídicosdel asegurado.

IV. LA LIBRE ELECCIÓN DEPROFESIONALES

1. Reconocimiento legal

Son varios los preceptos existentes en nuestroordenamiento en los que se consagra concarácter general el reconocimiento a la libreelección de abogado y procurador; así, el art.545.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,establece: «Salvo que la Ley disponga otracosa, las partes podrán designar libremente asus representantes y defensores entre los pro-curadores y abogados que reúnan los requisi-tos exigidos por las leyes» y en la misma dispo-sición legal, el art. 440 establece lo mismo. Enel mismo sentido, el Estatuto General de laAbogacía19, en su art. 7.1, dispone: «Los Cole-gios de Abogados velarán para que a ningunapersona se le niegue la asistencia de un Letra-do para la defensa de sus derechos e intereses,ya sea de su libre elección o bien de oficio cono sin reconocimiento del derecho de asistenciajurídica gratuita, conforme a los requisitosestablecidos al efectos».


18 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 421/2005 (Sección 21.ª) de 13 de septiembre, JUR2005/219840.19 Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 658/2001 de 22 de junio, Boletín Oficial delEstado de 10 julio de 2001.


También el Estatuto de los Procuradores de losTribunales de España20 hace alusión a estederecho en el art. 4.

En el ámbito europeo, el reconocimiento a lalibre elección podemos encontrarlo en el art.6.3.c) del Convenio Europeo para la Protecciónde los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales21, artículo que reconoce comoderecho de todo acusado «defenderse élmismo o a ser asistido por un defensor de suelección». La Directiva 87/344/CEE, de 22 dejunio de 1987, del Consejo sobre coordinaciónde las disposiciones legales, reglamentarias yadministrativas relativas al seguro de defensajurídica22, en su art. 4.1, dispone: «Todo con-trato de defensa jurídica reconocerá de formaexplícita que: a) cuando se recurra a un aboga-do o cualquier otra persona que posea las cua-lificaciones requeridas por la legislación nacio-nal para defender, representar o servir los inte-

reses del asegurado, en cualquier procedimien-to judicial o administrativo, el asegurado ten-drá la libertad de elección; b) el asegurado ten-drá libertad de elegir abogado o, si lo prefierey en la medida en que lo permita la legislaciónnacional, cualquier otra persona que posea lascualificaciones necesarias, para servir sus inte-reses cada vez que surja u conflicto de intere-ses».

Por su parte, SÁNCHEZ CALERO23 nos recuerdaque toda persona tiene derecho a la pro-tección judicial de los derechos, con tutelaefectiva de jueces y tribunales, recordandoque se trata éste, de un derecho fundamentalamparado por la Constitución.

2. El supuesto del art. 76 d) de la Ley deContrato de Seguro

El art. 76 d) de la Ley de Contrato de Segu-ro 24, reconoce el derecho a la libre elección deAbogado y Procurador en el Seguro de Defen-sa Jurídica, que es justificado por la doctrina,como un derecho que encuentra su base en elcarácter de confianza y en los vínculos que secrean entre defensor y defendido, existiendo,por tanto, un intuitu personae esencial en laelección y ejercicio de ambos oficios.

El artículo objeto de estudio, concede esederecho de elección al asegurado, cumpliendode esta forma con la regla general establecidaen el párr. 3.º del art. 7 de la propia Ley deContrato de Seguro25, habrá que acudir portanto a la póliza para determinar la personafísica o jurídica asegurada en cada caso. Noobstante, la jurisprudencia más reciente vienematizando esta afirmación, al entender que

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20 El Nuevo Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de España es aprobado por Real Decreto1281/2002, de 5 de diciembre, Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2002.21 Aprobado en Roma, el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por el Estado español, el 26 de septiembrede 1979, y publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 243 de 10 de octubre de 1979.22 DOL núm. 185 de 4 de julio.23 SÁNCHEZ CALERO, F. «Comentario al art. 74 de la Ley de Contrato de Seguro», en Comentarios a la Ley deContrato de Seguro, 3.ª edición, Pamplona 2005.24 Art. 76 d): «El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan derepresentarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento. El asegurado tendrá, asimismo, derecho ala libre elección de Abogado y Procurador en los casos en que se presente conflicto de intereses entre laspartes del contrato. El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningúncaso, a las instrucciones del asegurador».25 Art. 7.3 de la Ley de Contrato de Seguro: «Los derechos que derivan del contrato corresponderán al ase-gurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida».


«parece razonable que la mención al “asegu-rado” para libre elección de abogado y procu-rador para su defensa y representación, com-prenda a todas las personas las cuales tenganun interés económico sobre el bien objeto delseguro, es decir quienes puedan sufrir algúnquebranto económico con ocasión de la circu-lación de vehículos de motor»26.

TAPIA27, con la intención de determinar lossupuestos en los que el asegurado puede ejer-cer la facultad de libre elección, compara losarts. 76 d) de la Ley de Contrato de Seguro,con la Disposición Adicional Tercera de laLOSSP, distinguiendo tres casos:

1. Cuando el contrato haya previsto el derechodel asegurado a confiar la defensa de sus inte-reses a un abogado de su elección a partir delmomento en que tenga derecho a reclamar laintervención del asegurador; aunque no estáexpresamente previsto en la Ley de Contratode Seguro, se deduce de la Disposición Adicio-nal Tercera de la LOSSP, anticipándose en estecaso el ejercicio de tal derecho, pudiendoincluso reconocerse en hipótesis que la Ley deContrato de Seguro nunca lo admitiría28.

2. Cuando se produzca un conflicto de intere-ses con el asegurador; previsto en el segundopárrafo del art. 76 d), anticipa el derecho delibre elección, ya que lo concede aun cuando,sin llegar a un procedimiento surge el citadoconflicto de intereses. Resume el autor dicien-do que «las dos hipótesis que dan origen alderecho de libre elección de los profesionalespor el asegurado serán, por lo tanto, alternati-

vas en el tiempo y se integrarán recíprocamen-te porque, cuando nazca el conflicto de inte-reses, nacerá la facultad de libre elección deprofesionales, libre elección que será válidaaun cuando después del siniestro se concreteen forma de procedimiento».

3. Cuando el asegurado intervenga en un pro-cedimiento; la amplitud que se intuye delartículo, permite incluir en el mismo todo tipode procedimientos (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y cualquiera que sea laposición, activa o de demandante y pasiva o dedemandado, que pudiera ocupar el asegurado.

Quizás uno de los rasgos en los que encontra-mos diferencia entre el artículo estudiado y elart. 74 del mismo cuerpo legal, está en el ter-cer párrafo del art. 76 d), en el que se prohíbecualquier injerencia por parte del aseguradoren la actividad del abogado y procurador. Así,mientras en el seguro de responsabilidad civil,el asegurador tiene un interés legítimo en laabsolución del asegurado frente a la reclama-


26 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 27/2006 (Sección 2.ª), de 24 de enero, JUR 2006/89898,en el mismo sentido Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 128/2006 (Sección 5.ª) de 10 de abril,JUR 2006/131656, así esta última dispone: «al referirse al derecho de libre elección de Abogado y Procura-dor la cláusula 1.2 a), se alude literalmente al asegurado, ello no debe conducirnos a excluir de tal derechoa quienes estando amparado por el seguro de defensa jurídica no reúnan la condición de asegurado y ellopues tal exclusión no figura en ningún momento en el documento y además el derecho de libre elección deAbogado y Procurador para el asegurado se vincula en condicionado general al art. 74 de la Ley de Contra-to de Seguro, precepto que como es sabido establece que, salvo pacto en contrario, el asegurador en elseguro de responsabilidad civil asume la dirección jurídica frente al perjudicado, pero en el presente caso nose trata de la aplicación del citado art. 74 sino del 76, y como señala la sentencia citada por la parte ape-lante de la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial de fecha 19-02-2004, en un supuesto análogo al deautos: el clausulado transcrito para nada se refiere al “asegurado” sino a otros sujetos concretos a quienesextiende la cobertura del seguro de defensa jurídica contratado». 27 TAPIA HERMIDA, A. J. Ley del Contrato de Seguro. Editorial Aranzadi, 2.ª edición.28 Por ejemplo, en casos en que, sin existir conflicto de intereses con el asegurador, se resuelva el siniestroen una vía transaccional, amistosa o extrajudicial con intervención del abogado libremente designado por elasegurado.

E l art. 76 d) de la Ley de Contratode Seguro reconoce el derecho a la libre elección de Abogado

y Procurador en el Seguro de DefensaJurídica, al tratarse de un derecho que encuentra su base en el carácter de confianza y en los vínculos entre defensor y defendido


ción del tercer perjudicado, razón por la cual elart. 74 le concede la dirección jurídica «salvopacto en contrario», en el seguro de defensajurídica, la inexistencia de un interés legítimodel asegurador respecto al pronunciamientoabsolutorio o condenatorio del aseguradofrente al tercero, nos lleva a reconocer a dichoasegurado la libre dirección técnica.

Por tanto, una de las cuestiones centrales de lacuestión radica en la diferenciación de los arts.74 y 76 a) de la Ley de Contrato de Seguro; sibien es cierto que la jurisprudencia mayoritariase muestra bastante uniforme a la hora de fijarlos requisitos que distinguen a un precepto deotro, no faltan autores que comienzan a dis-crepar de la opinión de los tribunales.

La doctrina jurisprudencial establece la distin-ción del seguro de defensa jurídica con lacobertura de la defensa frente a la reclama-ción del perjudicado, en que el primero es unamodalidad de seguro que, con tal denomina-ción, se regula en la Sección Novena del Títu-

lo II, arts. 76. a) a 76. g), en la Ley 50/80 de 8de octubre del Contrato de Seguro, coberturaque, como establece el párrafo primero delart. 76. c), deberá ser objeto de un contratoindependiente o de inclusión en capítulo apar-te dentro de una póliza única, en cuyo casohabrán de especificarse separadamente elcontenido de la defensa jurídica garantizada yla prima que le corresponde; la defensa frentea la reclamación del perjudicado, en cambio,es una cobertura que necesariamente acom-paña al seguro de responsabilidad civil salvopacto en contrario, y ello, por disposición delart. 74 de la misma Ley de Contrato de Segu-ro, cobertura que, como claramente describeel precepto, únicamente ampara la defensadel asegurado frente a la reclamación de ter-ceros perjudicados29.

La Sentencia de la Audiencia Provincial deBadajoz 342/200530 lo expresa en los siguien-tes términos: «En consecuencia, para que lacobertura de defensa jurídica contratadapueda considerarse como un contrato inde-pendiente, se requiere que consten en lasCondiciones Particulares del Contrato, deforma expresa e inexcusable, los siguientesrequisitos: 1) El contenido de la defensa jurídi-ca garantizada. 2) La prima que le correspon-de. 3) Los derechos reconocidos al aseguradoen los arts. 76 d) y 76 e) de la Ley de Contra-to de Seguro; requisitos que, salvo el primero,no concurren en el presente caso porque notodos ellos constan en la póliza de seguro con-certada por la actora».

No obstante, parece discrepar de esta tesis laSentencia de la Audiencia Provincial de Cáce-res de 22 de octubre de 200231, que en unsupuesto de falta de acuerdo acerca de si sehabía concertado o no un auténtico seguro dedefensa jurídica, afirmaba «… que con unapóliza donde en las condiciones particularesfirmada y sellada por la Compañía de segurosse especifica “defensa jurídica hasta 500.000”,no podemos acoger que esa cobertura no

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29 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 488/2005 (Sección 1.ª) de 21 de diciembre, JUR2006/27371.30 Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 342/2005 (Sección 2.ª) de 30 de septiembre, JUR2006/11695.31 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 25//2002 (Sección 2.ª) de 22 de octubre, JUR2003/99459.


estaba pactada. Y ello a pesar de que no cons-te en un contrato independiente y con todoslos requisitos establecidos en el art. 76 des-pués de la modificación de 1990 que en elapartado a) dice en caso de que esa coberturano conste en un contrato aparte y si formaparte de la misma póliza ha de estar incluidoen un apartado aparte dentro de la pólizaúnica en cuyo caso habría de especificar elcontenido de la defensa jurídica garantizada yla prima que le corresponde, y como estosrequisitos no concurren en el presente supues-to debe entenderse por no constituida esapóliza (…) figura el concepto específico, y lacuantía máxima de reclamación, y aunque nose ha acreditado que la Cía. de Seguros hayaprocedido a desglosar independientementequé cuantía del total de la prima corresponde-ría a esa cobertura, no por ello puede quedarsin obtener el asegurado, o en su caso el per-judicado, el resultado de parte de ese contra-to de seguro».

Resalta la sentencia que el contrato de seguroes un contrato de adhesión, por lo que, quiendebe procurar cumplir las pautas legales deforma en ese negocio, es la Compañía deseguros, que es quien los redacta, si conciertauna determinada cobertura expresamente nopuede posteriormente y porque la propiaCompañía no haya cumplido con esos requisi-tos hace pensar al particular que ofreció elvisto bueno a esa cobertura con esa falta deformalidad, pronunciándose a continuaciónen los siguientes términos: «… a igual conclu-sión debe llegarse con la falta de fijar en losrecibos de la prima qué cantidad se pagabapor esa cobertura ya que como se ha expues-to, ese cálculo le corresponde a la Cía. deSeguros y, por lo tanto, si no lo ha hecho nopuede repercutirle la consecuencia negativade ello al asegurado, al que la Cía. le tiene fir-

mada y reconocida una determinada cobertu-ra, entre ellas y en este caso específico ladefensa jurídica hasta 500.000 ptas. (…). Sol-ventadas todas las cuestiones suscitadas debededucirse la existencia de la cobertura dedefensa jurídica y por lo tanto habiéndose lle-vado a cabo esa defensa, los gastos derivadosde la misma deben imponerse a la Compañíademandada dado el contrato de seguros exis-tente»32.

Entendemos que no puede beneficiar a la ase-guradora el incumplimiento de su obligaciónde precisar qué parte de la prima que cobrapor diversos conceptos, entre ellos el dedefensa jurídica, corresponde a este contratoespecial, es decir, si en las pólizas se recogecon carácter genérico la cobertura de la defen-sa jurídica, el hecho de que la Compañía noespecifique qué cuantía concreta de la primase asigna a la misma, no puede perjudicar alasegurado, ya que, en este caso, se produciríauna vulneración de sus derechos básicos comoconsumidor33; nos recuerdan, entre otrasmuchas, las sentencias de la Audiencia Provin-cial de Córdoba, en sentencia de 4 de noviem-bre de 1999, de Salamanca, en sentencia de13 de marzo de 2002 y de Huelva, en senten-cia de 17 de abril de 2002, que la oscuridad delos contratos no pueden favorecer a la partemás fuerte en la contratación, que es la queredacta los documentos y a la que se adhiereel asegurado.

3. Limitaciones de las aseguradoras

Quizás la limitación más significativa sea la dela elección propiamente dicha del profesionalque el asegurado considere más adecuado enlos supuestos del art. 74 de la Ley de Contra-to de Seguro del cual ya nos hemos ocupado;así, «salvo pacto en contrario», será el asegu-


32 En términos similares, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 331/2003 (Sección 1.ª), de 11 denoviembre, JUR 2004/76492, y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia núm. 173/2004 (Sección1.ª), de 31 de mayo, JUR 2004/290357.33 Art. 2 Ley General para la Defensa los Consumidores y Usuarios: «1. Son derechos básicos de los consu-midores y usuarios: b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláu-sulas abusivas en los contratos.2. Los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente cuando guarden relacióndirecta con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado».Art. 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: «En caso de duda sobre el sen-tido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor».


rador quien asuma la dirección jurídica, inclu-yendo la designación del Abogado y Procura-dor34.

A) Límite cuantitativo

El profesor TIRADO35, se ocupa de forma magis-tral de esta materia en lo que él denomina«Las cortapisas de los aseguradores a la libreelección»; comienza apuntando como la limi-tación más frecuente de las aseguradoras eneste tema, una de tipo económico; el estable-cimiento de una cantidad prefijada en las con-diciones particulares de la póliza, que actual-mente se cifra, en algunas pólizas, en 3.000euros, lo que le lleva a preguntarse como pri-mera cuestión, si se trata de una delimitacióndel riesgo o de una cláusula limitativa de dere-chos, o abusiva, en el supuesto de que la sumaasegurada fuera ridícula, citando como ejem-plo 600 euros.

Entre la jurisprudencia menor se mantienendistintas posiciones; así la Sentencia de laAudiencia Provincial de Cantabria, de 26 deoctubre 2005, defiende el límite de la sumaasegurada, mientras que la Sentencia de laAudiencia Provincial de Zaragoza de 27 demarzo 200636 considera la suma aseguradacomo limitativa y solamente eficaz en elsupuesto de que haya sido aceptada por elasegurado de forma expresa: «El argumentoque sin duda es atractivo y encuentra innega-ble fundamento en los preceptos transcritos,pero no ha de ser aceptado por el Tribunal queresuelve el recurso, pues, aun volviendo a latan reiterada como certera dificultad implícitaen todo intento de distinguir las cláusulas limi-tativas de derechos y las definitorias del riesgo,partiendo del hecho cierto que toda precisiónañadida al riesgo primeramente definido ter-mina siendo por lo general cláusula limitativa

de derechos, el pacto por el que en el casopresente se permitía al asegurado la libredesignación de letrado apartándose así delrégimen general autorizado en aquellos pre-ceptos, no es más que pacto, condición o cláu-sula que consiente la aplicación del supuestoexcepcional, pero que no supone necesaria-mente el establecimiento de un límite cuanti-tativo sólo hasta el cual la compañía de segu-ros se comprometa a satisfacer unos honora-rios, y fuera de los cuales quede libre de todopago, que es limitación añadida al pacto pri-mero que consiente el caso especial, y quecomo tal debe ser objeto de la aceptaciónexpresa impuesta en aquel artículo 3.º de laLey, por lo que, no habiendo sido cumplidodicho requisito en el caso presente, la limita-ción incluida en las condiciones generales nopuede surtir efectos frente al asegurado»37.

Por su parte, LASO38, afirma que serán restricti-vas de la libertad de elección de abogado yprocurador aquellas cláusulas que, sea cualsea la fórmula empleada, contengan límite decuantía económica distinto entre grupos deprofesionales, como suele ocurrir entre losprofesionales, llamados en las aseguradoras«de libre designación» y los profesionales per-tenecientes a la red jurídica de la aseguradora,condicionando de este modo la elección deprofesional, vulnerando así el art. 76 d), incu-rriendo por tanto en causa de nulidad confor-me al citado art. 6.3 del Código Civil.

La «suma asegurada», en función de su esti-pulación contractual, puede ser ilimitada, limi-tada e incluso contener una fórmula «mixta»,es decir, limitada en libre elección e ilimitadaen prestación de servicios, así la Sentencia dela Audiencia Provincial de Navarra de 24 deoctubre de 200339 declara la validez de la fór-mula «suma asegurada en libre designa e ilimi-

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34 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora 342/2005 (Sección 1.ª) de 15 de diciembre, AC2005/2303, entre otras.35 TIRADO SUÁREZ, F. J. «La libre elección de profesionales en el seguro de defensa jurídica», XXII Congreso dederecho de la Circulación, celebrado en Madrid los días 24 y 25 de abril de 2006.36 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 172/2006 (Sección 5.ª) de 27 de marzo, JUR2006/131893.37 En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997, 10 de febrero de 1998,18 de septiembre de 1999, 16 de octubre de 2000, 17 de abril de 2001, entre otras.38 LASO PENA, J. M.: «El incomprendido seguro de defensa jurídica», en Revista de Tráfico, marzo-abril 2006, n.º 5.39 Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 252/2003 (Sección 1.ª) de 24 de octubre, JUR2003/271868.


tada en prestación de servicios», sin perjuiciode su carácter limitativo.

La cláusula de límite cuantitativo plantea en lapráctica dualidad en las interpretaciones acer-ca de si dicha cláusula constituye una delimita-ción de cobertura o una limitación de derechodel asegurado a la tutela jurídica. Si optamospor la segunda interpretación, sería necesariala aceptación expresa por escrito del asegura-do (art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro),son muchas las sentencias que exigen esterequisito de aceptación expresa, así la Senten-cia de la Audiencia Provincial de Jaén de 26 dejunio de 200340 declara «… combate la Sen-tencia únicamente en este particular la asegu-radora denunciando infracción del art. 3 de laLey de Contrato de Seguro por entender, contoda razón, que el límite económico degarantía constituye cláusula definidora y deli-mitadora del riesgo y no mera cláusula restric-tiva de los derechos objeto de Sala y en elmismo sentido se ha resuelto por la jurispru-dencia que las cláusulas que constituyen límitecuantitativo de la garantía asegurada pertene-cen a las llamadas cláusulas que delimitan elobjeto y el ámbito del seguro, entre las queestán, en palabras de la Sentencia del TribunalSupremo de 2 de febrero de 2001, y todas lasque cita, en respuesta a un supuesto parecido,las que definen el riesgo y las que determinan,como aquí ocurre, el alcance económico»41.

En este extremo, OLMOS PILDÁIN42 sostiene quela cantidad máxima contratada, constituyeuna delimitación de cobertura, y no puedeconfundirse con limitación de derecho. Unaaceptación económica y de necesidad de equi-librio de prestaciones del contrato, en relacióna la prima, abogaría también a favor de dichatesis. A su vez, el principio sobre el que des-cansa el ejercicio de la abogacía de libertad delabogado en la fijación de sus honorarios,queda respetado. La limitación de coberturaeconómica, no incide en los honorarios delabogado, cuyo profesional ajeno a la relacióncontractual del seguro, frente a su cliente/ase-

gurado, le asiste el derecho a cobro de la tota-lidad de los honorarios pactados. La fórmulamixta le ofrece mayor duda. La autora reseña-da, a diferencia del supuesto anterior, mantie-ne que ello puede constituir una limitaciónencubierta al derecho de libre elección del ase-gurado. Debemos pues preguntarnos si endefinitiva representa una restricción contralegem, al prever la ley en plano de igualdad lasdos opciones (gastos/prestación de servicios)de la prestación.

B) Límite cualitativo

Otra cortapisa es tratar de limitar los honora-rios del Letrado en función de las cantidadesconseguidas al asegurado, de forma que si nose ha conseguido nada, el asegurador quedalibre de responsabilidad. Destaca TIRADO cómoen la jurisprudencia menor existe una ampliadiscusión sobre esta materia, anotándosecomo favorables a la cuantía del procedimien-to y no al resultado del mismo, las sentenciasde la Audiencia Provincial de Murcia de 13 demarzo de 2002, así como la Sentencia de laAudiencia Provincial de Asturias de 16 de juliode 200443, afirmando esta última que «… con-secuencia de lo antes indicado es que el Abo-gado elegido tiene plena libertad para decidirla estrategia a seguir y, dentro de ella, la can-tidad que procedía reclamar al tercero respon-sable. No puede, por ello, pretenderse que sushonorarios son excesivos ni que deben rebajar-se en función de la cantidad conseguida. Deacuerdo con reiterada Jurisprudencia (Senten-cias de 27-07-92, 24-06-93,18-11-93, 25-11-93, entre otras), las minutas de éstos se fijarán


40 Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén 187/2003 (Sección 2.ª) de 26 de junio, JUR 2003/191280.41 En el mismo sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 14 de enero de 2002, Sentencia dela Audiencia Provincial de Zaragoza de 27 de marzo de 2006, entre otras.42 OLMOS PILDÁIN, A. El seguro de defensa jurídica, Editorial Aranzadi, 1997.43 Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 16 julio de 2004.

L a «suma asegurada» puede serilimitada, limitada e inclusocontener una fórmula mixta,

limitada en libre elección e ilimitada en prestación de servicios


en función de cuál haya sido la cuantía delprocedimiento y no en razón del resultado delproceso. Se aplicarán además, las tarifas com-prendidas en esas normas a falta de pactoexpreso. En consecuencia, una vez que sedetermine que los honorarios de Abogado nohan de limitarse a la cantidad obtenida sino ala reclamada, y acreditado su importe, resulta-ba obligado su pago por la aseguradora».

Por otro lado, la Sentencia de la Audiencia Pro-vincial de Asturias de 28 de julio de 200544, seocupa del supuesto de condena en costas alasegurado, planteando éste la cobertura de lasmismas dentro de lo que la póliza incluyecomo «defensa jurídica»; la Sala resuelve enlos siguientes términos «… se vinculan “losgastos” no a los que se ocasionen en el proce-dimiento, sino a los que se originen para ladefensa del asegurado, y razón por la que seestima el recurso en el sentido de excluir de lacondena la partida relativa a las costas proce-sales, manteniendo la referida a gastos derepresentación y defensa…».

Incluimos también en este apartado la cláusu-la de inviabilidad de la reclamación: se trata deotro tipo de cláusula limitativa, y consiste en la

prestación de cobertura únicamente para elcaso de prosperar la demanda. La dificultad deestablecer con carácter previo la viabilidad dela demanda, hace complicada su operatividady su posible discusión respecto a la licitud de lamisma.

C) Límite por no ser preceptivo el uso del pro-fesional

Podríamos incluir de igual forma en este apar-tado, la limitación de la actuación del procura-dor a los supuestos legalmente preceptivos.Así, en aquellos casos en los que la asegurado-ra obvia los honorarios del procurador por suparticipación en un juicio de faltas, al no exi-girse su intervención, la jurisprudencia menorno es unánime. Por un lado, la Sentencia de laAudiencia Provincial de Murcia de 28 de enerode 200345, se ha pronunciado en el sentido deentender que el seguro de defensa jurídicaconcede al asegurado el derecho a elegir libre-mente el Procurador y Abogado que hayan derepresentarle y defenderle en cualquier clasede procedimiento, sin que en ningún casoqueden sujetos a las instrucciones del asegura-dor, aunque precisa que ello no implica que«deba entenderse cubierto el derecho a elegirlibremente Abogado y Procurador para sudefensa en cualquier procedimiento judicial oarbitral en que aparezca como causante o per-judicada. Antes bien, para ello habrá que estaral contenido concreto de las coberturas y lími-tes o exclusiones incluidas en las Condicionesgenerales, en tanto en cuanto, como apuntael art. 76.a) de la Ley de Contrato de Seguro,el asegurador se obliga dentro de los límitesestablecidos en la Ley y en el contrato»46.

De este modo, la referida sentencia refrenda laexclusión de los derechos del Procurador a tenorde lo establecido en las Condiciones Generalesde la póliza, pero no dice lo mismo en cuanto ala decisión de excluir la minuta del Abogado porla acción civil ejercitada en el Juicio de Faltascontra la ahora apelante: «pues tal acción fueejercitada acumulada a la penal que también se

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44 Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 291/2005, de 28 de julio, JUR 2005/188344.45 Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 33/2003 de 28 de enero 2003, JUR 2003/196174, entreotras.46 En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia 316/2005, de 7 de diciembre, AC2005/2372.


ejercitó contra aquélla en el referido Juicio, porlo que sería muy difícil distinguir la defensa de suresponsabilidad penal y la de su responsabilidadcivil, siendo obvio que, en supuestos como elque nos ocupa, en toda defensa penal va implí-cita la de la responsabilidad civil del hecho puni-tivo a que aquélla se refiere».

Ahora bien, como hemos dicho no existe una-nimidad jurisprudencial en esta materia, ypodemos encontrar opiniones admitiendo laintervención del procurador y por tanto la obli-gación de pago de sus honorarios por parte decompañías que tengan fijado un seguro dedefensa jurídica, incluso en casos en los que noexiste esta obligación legal de intervención. Así,la Sentencia de la Audiencia Provincial de Astu-rias de 17 de diciembre de 200447 se ocupa deeste supuesto; en la misma, la parte actorareclama los honorarios del procurador cuyaintervención había sido notificada previamentea la Compañía, sin que esta hubiese formuladoninguna objeción o reserva en el momento dela comunicación. Sólo extemporáneamente,cuando se le exige el reintegro de los derechos,se deniega su pago por no ser preceptiva laintervención del mismo en los juicios de faltas,a lo cual la Audiencia admite la licitud de estepago basándose en dos razones; «… tanto por-que no se formuló al contestar la demanda esaoposición, como porque la intervención dedicho profesional, aunque no sea procesalmen-te necesaria, si resulta notoriamente convenien-te para mantener, tanto al perjudicado como asu Abogado, informados del curso de los autosy formular, en su caso, las pretensiones perti-nentes; por lo que no cabe considerar que lareclamación de sus derechos resulte abusiva oexcluida de la cobertura»48.

D) Límite por razón de la materia

La jurisprudencia menor ha considerado abusi-va y, en consecuencia nula, la cláusula deexclusión de un seguro de defensa jurídica del

recurso contencioso-administrativo referido alas multas de tráfico, así la Sentencia de laAudiencia Provincial de Navarra de 11 demayo de 200449 dice que «si el actor concertócon la entidad de seguros demandada LibertySeguros, dentro de las condiciones particula-res del ramo “Autos Master Plus”, la cobertu-ra de la “defensa”, en cuyo apartado 6.º(garantía de defensa), tan sólo se establececomo límite, para el supuesto de que el asegu-rado opte por el ejercicio del derecho de libredesignación, un importe “cuantitativo” (de unmillón de pesetas), necesariamente debe con-cluirse que incluida dentro de la misma está ladefensa jurídica cuyos honorarios ahora sereclaman, ya que no exceden del límite antesindicado, ni cualitativamente es un riesgoexcluido. Ello lo decimos porque el reintegrode honorarios que se pretende tiene su origenen una asistencia letrada originada en la juris-dicción contenciosa administrativa, contra unasanción administrativa de tráfico, con ocasiónde la conducción del vehículo asegurado porla póliza. Si ello es así, y en las condiciones par-ticulares ninguna exclusión aceptada se plan-tea de la defensa jurídica que tenga lugar enla indicada jurisdicción o en relación con lasmultas impuestas por una circulación antirre-glamentaria, necesariamente de conformidadcon lo establecido en el art. 76 a) de la Ley deContrato de Seguro debemos concluir queobligada se encuentra la asegurada a hacersecargo de los gastos devengados en dicho pro-cedimiento judicial, por derivarse del propioaseguramiento, y ser por ende un riesgocubierto por la póliza»50.

En este tema es curioso comprobar que apesar de que hay innumerables procedimien-tos contencioso-administrativos derivados desanciones por infracciones de tráfico, y másque van a ver a partir de la entrada en vigordel «permiso por puntos», sin embargo, enmuy pocos casos, se pasa la minuta de hono-


47 Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 514/2004 (Sección 4.ª) de 17 de diciembre, JUR2005/28938.48 En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 240/2004 (Sección 9.ª) de 29 deabril, en la que se admite el pago de los honorarios del procurador, por entender que la compañía habíaadmitido tácitamente su intervención, sin alegar nada en contra en el momento en que debió hacerlo.49 Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 85/2004 de 11 de mayo, JUR 2004/181186.50 En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz 2 enero 2004, AC 2004/613, Sen-tencia de la Audiencia Provincial de Navarra 148/2005 (Sección 3.ª) de 27 julio, JUR 2005/269279.


rarios profesionales correspondiente a estosprocedimientos a la compañía de seguros res-pectiva, a pesar de que como ha quedadopatente este extremo estaría perfectamenteincluido en el seguro de defensa jurídica.

4. Legitimación activa del letrado parareclamar los honorarios

Debemos hacer alusión a un tema que ha sidoobjeto de conflictos dentro de la jurispruden-cia menor; la legitimación del abogado parareclamar directamente del asegurador loshonorarios dimanantes de su intervención.

Para empezar, diremos que la sentencia del TSde 20 de abril de 200051, de la que tanto se hahablado, no estimó la casación y por tanto lademanda interpuesta por el Letrado encarga-do de la defensa del asegurado; no obstante,para llegar a tal conclusión, entró a juzgar elfondo del asunto, sin cuestionar la legitima-ción activa del actuante.

A favor del reconocimiento del letrado parareclamar directamente, encontramos la Senten-cia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 22de octubre de 200352; en la misma, la compa-ñía codemandada alegaba la inexistencia delegitimación del profesional, debido a la falta devinculación con ella, por no existir relación nicontractual ni de ningún otro tipo y por tantocarecer de acción frente a la misma. Frente aesto, la Audiencia concluye que «si la Compañíafue llevaba al proceso en virtud de un contratode seguro que la parte actora entiende queentre su cobertura está aquella actividad que aella le ha ocasionado un débito que debe rein-tegrar, bien el asegurado o bien la Compañía deSeguros de una forma solidaria si se demanda aambos, la parte actora está legitimada en tanto

en cuanto como el Juez “a quo” le reseña exis-te la acción directa del que se siente perjudica-do por una actividad que cree cubierta por elcontrato de seguro»53.

En el mismo sentido la Sentencia de la Audien-cia Provincial Cáceres de 9 de febrero de200454 que considera que no debió estimarsela falta de legitimación activa del apelante, yaque entiende que el letrado «aceptó el caso enla confianza de que existía un contrato dedefensa jurídica que se iba a hacer cargo desus honorarios profesionales según la pólizaconcertada. Por tanto el Letrado se encuentralegitimado para plantear su reclamación, ennombre propio y no en la de su cliente».

Afirma el profesor TIRADO55 que la regla delreconocimiento de la legitimación es lógica,dada la inexistencia de pago de los honorariospor parte del cliente, no existiendo normal-mente obstáculos por el asegurador a estapráctica, que da mayor transparencia al segu-ro y permite los pactos de doble cobro, a cargodel asegurado, y a cargo del asegurador, quepueden justificarse en función del trabajodesarrollado en los litigios de escasa cuantía.

Por su parte, el argumento de falta de legiti-mación del profesional para reclamar honora-rios lo encontramos, entre otras, en la Senten-cia de la Audiencia Provincial de La Rioja56

«Indudablemente, no se da la relación con-tractual de arrendamiento de servicios quehabría permitido reclamar al letrado y a la pro-curadora actora a la compañía de segurosdemandante, de modo que por este motivodifícilmente puede prosperar dicha pretensión,ya que los actores no gozan de legitimaciónprecisa para ello, pues no son sujetos de larelación jurídica procesal. En este sentido tiene

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51 Sentencia del Tribunal Supremo 437/2000 de 20 de abril.52 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 258/2002 de 22 de octubre, JUR 2003/99459.53 En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 27 de junio 1996, Sentencia dela Audiencia Provincial de Málaga de 23 de abril de 2002 (JUR 2002/2356971); esta última dispone «… cier-tamente el seguro de defensa jurídica se contrata entre asegurador y asegurado, no interviniendo el even-tual Letrado, pero sí se previene una disposición de pago de sus honorarios, cual de si estipulación a favorde tercero se tratara (art. 1257.2 del Código Civil)…» sirviendo esta afirmación al juzgador para reconocerla procedencia de la reclamación realizada por el letrado a la Compañía en pago de sus honorarios.54 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 17/2004 (Sección 2.ª) de 9 de febrero, JUR 2004/82150.55 TIRADO SUÁREZ, F. J. «La libre elección de profesionales en el seguro de defensa jurídica», XXII Congreso dederecho de la Circulación, celebrado en Madrid los días 24 y 25 de abril de 2006.56 Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja 360/2002, 19 de septiembre, AC 2002/2333.


que indicarse que, a tenor de lo dispuesto enlos arts. 421 y ss. de la LEC derogada (se sigueun procedimiento de menor cuantía), los pro-fesionales no son los beneficiarios de las cos-tas, de modo que su cita en la tasación esmeramente instrumental (SSTS 16-7-1990,24-3-1992 y 9-7-1992). Conforme a la senten-cia de 31-5-1984 el letrado no es parte, sinoque es un profesional cuya actuación le vienenecesaria para la adecuada satisfacción de laparte que requiere sus servicios»57.

El argumento fundamental utilizado tanto poresta como por otras sentencias que se pronun-cian en análogo sentido, es la inexistencia devínculo jurídico contractual entre el letrado y elasegurador; de forma clara, lo recoge la Sen-tencia de la Audiencia Provincial de Alicante de4 de febrero de 200058 cuando dispone: «… esaplicable el principio general del art. 1257 CC,según el cual los contratos sólo producen efec-to entre las partes que los otorgan y sus here-deros, de manera que habiendo sido contrata-dos los servicios profesionales del demandadode manera absolutamente unilateral por el ase-gurado, será éste quien deba abonarle el preciode dichos servicios, y quien podrá, en su caso,dirigirse contra la aseguradora para hacer valerlos pactos concertados entre ellos que supues-tamente facultan para incluir tales honorariosen la cobertura del seguro...».

A continuación, la misma sentencia, rechaza lalegitimación basándose en la inexistencia deacción directa en estos supuestos «… los arts.1597 del Código Civil, 76 de la Ley de Contra-to de Seguro y demás que puedan citarsecomo ejemplo de la llamada acción directa,relacionada objetivamente con un contratopero concedida a sujetos que no fueron parteen él, lo que vienen a demostrar es precisa-mente que cuando la Ley quiere otorgar estaacción lo hace mediante un precepto expresoy terminante, que no puede sustituirse porinferencias más o menos seguras o interpreta-

ciones derivadas de principios generales dejusticia o equidad, mientras que comparandodichos preceptos con la regulación del segurode defensa jurídica en los arts. 76 a) y ss. de laLey de Contrato de Seguro se hace patente lainexistencia de norma semejante».

No obstante lo expuesto, y a modo de conclu-sión de este apartado, comparto la opinión delprofesor TIRADO cuando dice que «resulta claroque el procurador representa al asegurado y elLetrado ha realizado la asistencia jurídica delmismo, y el pago del asegurador va a respon-der al esfuerzo realizado, por lo que se debereconocer, como ha realizado el TribunalSupremo en la sentencia de 20 de abril de2000, la legitimación del Letrado».

V. CONCLUSIÓN: ARTS. 74 Y 76A), ¿LIBRE ELECCIÓN EN AMBOSCASOS?

Cada vez son más los autores que reconocenel derecho a la libre elección no sólo en el casodel art. 76 a), sino en los supuestos del art. 74de la Ley de Contrato de Seguro. Así TIRADO59,destaca la relevancia del derecho a la tutelajudicial efectiva de jueces y Tribunales ampara-do en la Constitución, para afirmar que el ase-gurado tiene libertad de elección del Abogadoy Procurador que defienda sus intereses en elmarco de un seguro de responsabilidad civil, sibien puede dar su consentimiento para que ladefensa sea articulada por profesionales desig-nados por el asegurador. Y, concluye, afirman-do, que «la libre elección de profesionalesdebe existir no solamente en el seguro dedefensa jurídica en sentido estricto, lo que nose discute, sino también en el caso de segurode responsabilidad civil, puesto que existe enla mayor parte de los casos un conflicto deintereses propiciado por la existencia de fran-quicias o sublímites, así como también por ladiferente consideración sobre el deber o no deindemnizar al tercero».


57 En el mismo sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real 460/2000 (Sección 1.ª) 19diciembre, JUR 2001/66507, Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 294/2004 (Sección 1.ª) de 19 octubre, JUR 2005/72846, Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 91/2000 (Sección 4.ª) de 4de febrero, AC 2000/806, entre otras.58 Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 91/2000 (Sección 4.ª) de 4 de febrero, AC 2000/806.59 TIRADO SUÁREZ, F. J. «La libre elección de profesionales en el seguro de defensa jurídica», XXII Congreso dederecho de la Circulación, celebrado en Madrid los días 24 y 25 de abril de 2006.


Mi opinión al respecto es que la libre designa-ción de profesionales, no debería ser un puntode confrontación entre abogados y compañíasde seguros, puesto que a estas últimas siempreles va a beneficiar tener una buena relacióncon el letrado del asegurado y no adoptar pos-turas de fuerza que minen esta relación. Es lla-mativo ver la ingente cantidad de recursos quese usan por muchas aseguradoras, en campa-ñas televisivas que pongan de manifiesto subuen hacer y la amplitud de sus servicios, cuan-do la mejor publicidad siempre ha sido el bocaa boca y en eso los letrados jugamos un papelimportante con nuestros clientes/asegurados.Al igual que no se limita la elección del taller dereparación, no deberían ponerse trabas a lalibre elección de letrado dentro del seguro dedefensa jurídica, ni siquiera mediante cláusulasque limitan la cobertura del mismo hasta talpunto que hacen irrisorio dicho derecho; lasaseguradoras deberían entender que se consi-gue más con miel que con hiel. Por su parte,los letrados de los asegurados deben tenersiempre presente que no defienden los intere-ses de la aseguradora, que para eso éstas tie-nen sus letrados, sino los de sus clientes, por loque a mi parecer, el derecho a la libre elecciónde letrado es claro en el caso del art. 76 a),pero no así en los supuestos del art. 74 de laLey de Contrato de Seguro, en los que sólo sedaría este derecho cuando exista un conflictode intereses con la aseguradora.

En conclusión y expresándolo de la forma másclara posible, entiendo que cuando el asegura-do es el denunciante/demandante, éste tienetodo su derecho a la libre designación de profe-sionales que defiendan sus intereses, en el casode tener incluida la defensa jurídica en su segu-ro, teniendo presente que los límites a dichoderecho son cláusulas limitativas que deben deestar perfectamente aceptadas por el cliente, oen caso contrario deberán tenerse por no pues-tas; por el contrario, cuando el cliente es eldenunciado/demandado, entiendo que éstesólo tiene derecho a designar profesionales quedefiendan sus intereses —llamemos «pena-les»— en su condición de denunciado y que suletrado sólo podría defender sus intereses —lla-memos «civiles»— en aquellos casos en queéstos no sean correctamente defendidos por suaseguradora, que es a quien en principio le

corresponde, y esto sólo ocurre cuando haya unconflicto de intereses con la misma, siendo elmás habitual que ésta sea también la asegura-dora de la parte contraria.

De esta manera, no se deja indefenso al clien-te, pero tampoco se intenta prestar servicios aquien no nos ha contratado para ello. Actuan-do de esta forma, lógica por otra parte y res-petuosa con los compañeros que defiendenlos intereses de las aseguradoras, no deberíahaber mayores problemas y cuando los hubie-ra, la Justicia debería solucionarlos usando elsentido común, que como alguien dijo es elmenos común de los sentidos, pero es el quesus señorías deberían usar siempre.

BIBLIOGRAFÍA

1. BATALLER GRAU, J. y otros: El contrato deseguro jurídico en la jurisprudencia del Tribu-nal Supremo, Editorial Tirant lo Blanch, 1999.

2. CANO FERRÉ, P. «Seguro de Protección Jurídi-ca», ponencia realizada en el I Congreso Cons-tituyente de la Asociación Española de Aboga-dos Especializados en Responsabilidad Civil ySeguro, celebrado en Granada los días 15, 16 y17 de noviembre de 2001.

3. DACHS, M. El seguro de defensa jurídica; cues-tiones suscitadas en la praxis aseguradora en elámbito del automóvil.

4. LASO PENA, J. M.: «El incomprendido seguro dedefensa jurídica», en Revista de Tráfico, marzo-abril 2006, n.º 5.

5. OLMOS PILDÁIN, A. El seguro de defensa jurídi-ca, Editorial Aranzadi, 1997.

6. SÁNCHEZ CALERO, F. «Comentario al artículo 74LCS», en Comentarios a la Ley de Contrato deSeguro, 3.ª edición, Pamplona 2005.

7. TAPIA HERMIDA, A. J.: Ley de Contrato de Segu-ro, Editorial Aranzadi, 2.ª edición.

8. TIRADO SUÁREZ, F. J. «La libre elección de pro-fesionales en el seguro de defensa jurídica»,XXII Congreso de derecho de la Circulación,celebrado en Madrid los días 24 y 25 de abrilde 2006.

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