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Esta sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso de la República a las
22:40 horas del miércoles 28 de junio de 2017.
PERÍODO LEGISLATIVO 2016-2017
COMISIÓN PERMANENTE
12.ª A SESIÓN
(Vespertina)
(Texto Borrador)
MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017
PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES
SUMARIO
Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.—
—A las 17 horas y 15 minutos, bajo la Presidencia de la señora Luz Salgado Rubianes, el
Relator para lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1
,
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Señores congresistas, se va a pasar
lista para computar el quorum.
El RELATOR pasa lista.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, señores congresistas.
1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado
Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!
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Han contestado a la lista 21 congresistas, el quórum para la presente sesión es de 12.
Con el quórum de reglamento continua la sesión.
SUMILLA
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Quiero comunicarles que el informe
del Grupo de Trabajo presidido por el congresista Arana, como di cuenta en el Pleno, fue
ingresado a horas 2 y 30 de la tarde, inmediatamente pedí que se le comunicara al señor
Contralor, y me informa el Oficial Mayor, que se comunicó con el coordinador
parlamentario de la Contraloría General de la República que se encontraba aquí, en el
Congreso, y también se le ha enviado a la mano copia del informe. Porque el Contralor
había manifestado, según algunos me informaron, yo no lo escuche personalmente, que
él quería venir al Congreso a presentar sus descargos.
Pero eso no fue oficializado por si acaso, he buscado si había llegado a la Mesa
Directiva, a la Presidencia, o al Grupo de Trabajo, pero esta versión no fue oficializada.
Ahora cuando se ha comunicado el coordinador parlamentario le dijimos que si podía
venir a las 5 y 30, porque nosotros estábamos citados a la cinco, y me dicen que
comunica que él esta camino a Ica. Entones, esto se lo voy comunicando de antemano.
Se va a dar lectura a las conclusiones, recomendaciones y anexos contenidos en el
informe final por unanimidad, presentado por el Grupo de Trabajo encargado de la
elaborar un informe sobre los pedidos de remoción del Contralor General de la
República.
Señor relator, de lectura.
El RELATOR da lectura:
Conclusiones:
Por las consideraciones expuestas
El Grupo de Trabajo concluye lo siguiente:
1.— En el hecho relativo a si el señor Contralor Edgar Alarcón Tejada incurrió en falta
grave por el favorecimiento indebido de la contratación de la señora Marcela Emilia
Mejía Franco como asesora de gerencia del órgano de control institucional de la
Municipalidad Distrital de La Molina, el Grupo de Trabajo afirma que se ha trasgredido el
numeral 2) del artículo 8.° del Código de Ética de la Función Pública, y
consecuentemente el Grupo de Trabajo considera por unanimidad que estos son
elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave
establecido en el artículo 31.° de la Ley 27785. Por lo que se recomienda su remoción
del cargo de Contralor General de la República.
2.— En el hecho relativo a si el contralor Edgar Alarcón Tejada incurrió en falta grave en
la denuncia sobre el sometimiento del contralor Alarcón al auditor Walter Grados Aliaga,
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el Grupo de Trabajo afirma que se ha trasgredido el artículo 11.° y el numeral 2) del
artículo 6.° del Código de Ética de la Función Pública y el artículo 27.° de la Ley 27785,
Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República. Y, consecuentemente, el Grupo de Trabajo considera por unanimidad que
esos son elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta
grave establecida en el artículo 31.° de la Ley 27785, por lo que se recomienda su
remoción del cargo de Contralor General de la República.
3.— En el hecho relativo a si el señor contralor Edgar Alarcón Tejada incurrió en falta
grave en la denuncia sobre operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría
General de la República, el Grupo de Trabajo afirma que se ha transgredido el artículo
8.° y el numeral 2) del artículo 6.° del Código de Ética de la Función Pública, y
consecuentemente el Grupo de Trabajo considera por unanimidad que estos son
elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave
establecida en el artículo 31.° de la Ley 27785, por lo que se recomienda su remoción
del cargo de Contralor General de República.
4.— En el hecho relativo a si el señor contralor Edgar Alarcón Tejada incurrió en falta
grave al omitir la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, el Grupo de
Trabajo señala que a la fecha de presentación del informe existen elementos suficientes
para pronunciarse sobre la comisión de falta grave, al haberse incumplido con la
directiva 013-2015-CG/GPROD, sobre presentación de declaración jurada, y el numeral
2) del artículo 6.° del Código de Ética de la Función Pública; y, consecuentemente, señala
por unanimidad que existen elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha
incurrido en falta grave establecida en el artículo 31 de la Ley 27785, por lo que se
recomienda su remoción del cargo de Contralor General de la República.
Recomendaciones:
Los hechos evaluados por el Grupo de Trabajo con relación a la solvencia e idoneidad
del señor Edgar Alarcón, desafortunadamente también ha mellado la propia imagen de la
Contraloría.
El Grupo de Trabajo considera necesario proponer las siguientes recomendaciones
orientadas a fortalecer la institucionalidad de la Contraloría General de la República y el
Sistema Nacional de Control.
Al Poder Ejecutivo:
1. Fortalecer a la Contraloría General de la República dotándolos de los recursos
administrativos y financieros necesarios, condicionados al establecimiento de programas
de gestión por resultados y evaluación del desempeño de su personal.
Al Congreso de la República:
1. Conformar una Comisión de Evaluación para el fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República que comprenda desde el período 2001 a la fecha,
siendo que ha sido el período de mayor inacción en temas tan sensibles como el de la
participación de empresas brasileñas y peruanas en actos de corrupción que implican a
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autoridades políticas del gobierno nacional y gobiernos subnacionales, procediendo a
revisar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República cautelando su
autonomía, garantizando la meritocracia, la disponibilidad de un presupuesto adecuado,
la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y eficiencia de los
órganos de control institucional. El país requiere una Contraloría moderna, eficaz y
eficiente para garantizar la buena inversión pública y la lucha contra la corrupción.
2. Solicitar al Congreso de la República establezca mecanismos de rápido tratamiento de
las denuncias ciudadanas sobre corrupción, invocando diligencia y discernimiento para
evaluar la veracidad de las denuncias, teniéndose en cuenta que muchas de las
denuncias hechas por el auditor no se ajustan a la verdad y que la existencia de una
grabación ilegal hecha a su superior debería ser la Contraloría General de la República
la que tome las medidas pertinentes.
Anexo.
Sobre legitimidad del título profesional del contralor Edgar Alarcón.
No obstante que este hecho no forma parte del encargo de la Comisión Permanente, el
grupo de trabajo acordó tratar el tema en un apartado del informe, que no integra ni
hace parte de las conclusiones del informe.
Es de conocimiento público que la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)
conformó una comisión presidida por el decano de la facultad de Derecho, Javier
Lizárraga Lazo, para evaluar la legitimidad del título profesional de contador del contralor
general de la República Edgar Alarcón Tejada.
El diario "La República", en publicación del 22 de junio, detalla los resultados de la
verificación del expediente, reseñadas por el presidente de dicha comisión, quien
encuentra que Alarcón presentó su solicitud para graduarse como contador en marzo del
2000, con la modalidad de trabajo-informe, la que estipulaba una descripción de su
desempeño laboral y la exposición de actividades específicas. Para ello debía acreditar
tres años de experiencia profesional en una entidad pública o privada.
Citando a Lizárraga se explica que el contralor Alarcón presentó el Certificado de Trabajo
031-2000, expedido el 24 de marzo por la Contraloría General de la República. De
acuerdo al documento, empezó sus labores el 3 de diciembre de 1997. “Haciendo un
cálculo muy sencillo, los tres años vencían el 3 de diciembre del año 2000, sin embargo,
él presentó su solicitud en marzo (...) Es decir, no acreditaba los tres años de experiencia
laboral”, dijo. Las boletas de pago presentadas consignan los mismos datos.
El grupo de trabajo no cuenta con la información citada, no obstante haberla requerido a
la UNSA con reiteración, pero se ha informado que el Consejo Universitario formalmente
emitió un dictamen y una resolución correspondiente con relación a la legitimidad del
título del contralor Edgar Alarcón.
El día 27 de junio, el informe fue aprobado por el Consejo Universitario y, a la vez, se ha
nombrado una comisión especial con el mandato de analizar y determinar los aspectos
académicos, administrativos y legales, según recoge el diario "El Comercio".
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Este hecho solo confirmaría los problemas de falta de idoneidad y solvencia moral del
señor Edgar Alarcón que se presentan en las conclusiones del presente informe.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, señor relator.
Tiene la palabra el congresista Arana Zegarra, presidente del grupo de trabajo, para que
fundamente el informe final.
El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidenta; buenas tardes, colegas todos.
Voy a permitirme, presidenta, de tener una ayuda audiovisual para poder hacer la
sustentación correspondiente.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Que le habiliten una mesa y una silla
para..., con frente ahí.
Señores congresistas, vamos a escuchar al congresista Arana.
El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Voy hacer la presentación desde aquí, presidenta, por
el tema del audio.
Para presentar un resumen del informe, que además tiene en anexos la documentación
correspondiente que ha servido como valoración a todos los miembros del grupo de
trabajo, además a quienes, presidenta, deseo saludar y felicitar por el buen ánimo de
desempeñar su trabajo. Aún cuando el congresista Sheput estaba mal de salud, se ha
incorporado al grupo de trabajo, creo que es un tema que hay reconocer de manera
especial.
Y además, aparte de la información que requirió de manera oficial el grupo de trabajo,
también saludar el hecho de que congresistas, miembros del grupo, todos ellos de
manera particular, el congresista Vásquez, el congresista Becerril y otros, también han
indagado y acopiado información que han compartido con el grupo de trabajo, aparte
de la que se ha recabado de medios de comunicación o de la propia comisión, del
propio subgrupo de trabajo de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista
Beteta.
Y dar también gratitud a los miembros del Servicio Parlamentario y a la secretaría técnica,
que han colaborado con este informe, Presidenta.
El 7 de junio se decidió crear en la Comisión Permanente, a fin de debatir las solicitudes
de remoción del Contralor General de la República en base a las solicitudes que
presentaron el congresista Javier Velásquez Quesquén, la congresista Gloria Montenegro
y el congresista Carlos Bruce.
Se creó el grupo de trabajo encargado de elaborar el informe sobre los pedidos de
remoción. A partir además de pedidos que hizo la Comisión Permanente, que tuvieron
como origen las denuncias del auditor, Walter Grados, en el programa periodístico
Cuarto Poder, titulado "Contralor en problemas" y publicaciones en medios.
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A raíz de eso, Presidenta, el 7 de junio se procedió a conformar la comisión, integrada
por los congresistas Rolando Reátegui, César Segura, Héctor Becerril, Juan Sheput, César
Vásquez, Octavio Salazar y quien les habla.
Los antecedentes del trabajo, que se nos encargó, han tenido directamente que ver con el
oficio del 30 de mayo de 2017, presentado por el congresista Carlos Bruce, en que
solicita convocar a la sesión de Comisión Permanente para tratar la remoción del
Contralor General de la República.
Igualmente, ese mismo día el congresista, Javier Velásquez Quesquén, solicitó convocar a
sesión de Comisión Permanente para tratar el tema de la remoción del contralor.
Al día siguiente, el 31 de mayo, la congresista Gloria Montenegro solicitó convocar a la
sesión de la Comisión Permanente para debatir la remoción del Contralor General de la
República.
Y además se tuvo en cuenta la denuncia que había presentado el señor auditor Grados
Aliaga, presentada ante el Congreso de la República el año pasado, con fecha 26 de
agosto.
El grupo de trabajo aprobó su plan de trabajo, y además acordó delimitar los hechos
investigados, que no eran precisamente los que se presentaban en la denuncia del
auditor, sino poder organizarlos, consistenciarlos, evaluar, como diré, además, varios de
ellos tenían problemas.
Y en ese sentido, la delimitación de hechos investigados en la sesión, en la que además
también participó el congresista Javier Velásquez y respaldados por el congresista Bruce,
se tomaron cinco hechos:
La violación de prohibición de ejercer actividad lucrativa mientras se ostentaba el cargo
de vicecontralor.
La violación del Código de Ética de la función pública.
En tercer lugar, la violación de la obligación de los funcionarios públicos de declarar
todos sus bienes y rentas.
En cuarto lugar, evasión tributaria, y
En el quinto, un aparente desbalance patrimonial.
En cambio la solicitud que hacía la congresista, Gloria Montenegro, añadía unos
elementos adicionales, a los que ya se han mencionado, en los que coincidían las
solicitudes del congresista Velásquez y del congresista Bruce, y los elementos que eran
adicionales, acotados por la congresista Gloria Montenegro, apuntaban:
A la realización de actividades lucrativas, fruto de compra y venta de vehículos.
La presunta evasión tributaria, fruto de la actividad del comercio de vehículos.
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La presentación de una declaración jurada de bienes e ingresos con presuntas omisiones
cuando desempeñaba el cargo de vicecontralor.
El pago de liquidación de servicios, presuntamente no arreglada a ley, a la trabajadora
de la Contraloría General de la República, señora Marcela Emilia Mejía Franco, por más
de 280 000 soles, y que podría configurar el ilícito de peculado a favor de terceros.
La presunta coacción al auditor, Walter Grados Aliaga, para que retire la denuncia hecha
ante el Congreso de la República contra el señor contralor Edgar Alarcón.
Así como realizar operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría.
A partir de los elementos que se presentaron en estas denuncias, presidenta, en estas
solicitudes, se procedió en el Grupo de Trabajo a delimitar los hechos investigados y, a
partir de eso se planteó, además, tener una rigurosidad no solo en el tratamiento de la
información sino también el respeto del debido proceso.
Y en ese sentido, presidenta, se citó al auditor Grados para que pudiera hacer los
descargos y la presentación correspondiente, cosa que hizo, hubo un prolongado
interrogatorio además en el que se le requirió documentación adicional, alguna de la
cual entregó y otra no logró alcanzar.
Igualmente ocurrió con el señor contralor general de la República, que al día siguiente
también asistió al Grupo de Trabajo y allí él solicitó además de manera previa estar
acompañado de su abogado; cosa que también se le permitió, presidenta, que estuviera
presente su abogado.
El contralor ha hecho algunas declaraciones en el sentido de que no se le habría
permitido intervenir a su abogado. En honor a la verdad sí se le pidió al contralor que
pudiera conversar cuantas veces y consultar cuantas veces él quisiera con el abogado,
pero que el abogado no podía estar sentado en la mesa ni interrogar a miembros del
Grupo de Trabajo o a quienes estuvieran, cosa que se aclaró pero quiero dejar
constancia expresa, presidenta, porque se ha señalado que habríamos limitado la
presencia de su defensa, dado que eso no ocurrió.
Él podía consultar, lo que pasa es que su abogado no podía intervenir por el carácter
mismo del procedimiento que teníamos, esta no era una comisión investigadora y no era
tampoco un espacio de carácter jurisdiccional, judicial, era el Congreso de la República,
presidenta.
Entonces, se procedió en ese contexto a ponernos de acuerdo entre los miembros del
Grupo de Trabajo para delimitar los hechos materia de investigación.
Los elementos con los que ha contado el Grupo de Trabajo para su investigación son las
denuncias del señor Walter Grados; la denuncia del programa periodístico Cuarto Poder;
las declaraciones y descargos hechos por el contralor y auditor ante el Grupo de Trabajo
en las sesiones correspondientes.
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Las sesiones fueron públicas, éstas primeras, presidenta, y además consta transcripción de
las sesiones para que el proceso, además, gozara de la mayor transparencia posible.
La determinación de si el señor Alarcón cometió delitos de desbalance patrimonial o
evasión tributaria no es mandato del Grupo de Trabajo, sino la determinación de si el
contralor tiene o no idoneidad moral.
Esto ha sido un tema muy importante, presidenta, porque constituye el corazón mismo del
mandato recibido. Nosotros no teníamos competencia para establecer si había comisión
o no de delito, sino si se había incumplido en temas de idoneidad moral ajustada a Ley y
ajustada al Código de Ética del funcionario público.
En todo momento, incluso eso se le hizo saber al propio auditor y al propio contralor, y
eso ha guiado el trabajo de este Grupo de Trabajo.
En el presente informe las denuncias del auditor Grados sobre la comisión de delitos ha
sido tomada en cuenta y valorada conforme a la documentación indiciaria disponible,
como se da por ejemplo en los casos de denuncias de adquisición ilícita de bienes
muebles e inmuebles, vehículos, departamentos, terrenos, etc.
En cuanto a la delimitación de los hechos investigados, el Grupo de Trabajo acordó
delimitar la investigación a los siguientes hechos conforme al mandato que recibimos de
esta Comisión:
-Uno, actividades lucrativas, en relación a la compra y venta de vehículos.
-Omisión de presentación de declaración jurada de bienes y rentas.
-Tres, pago de liquidación de beneficios laborales no arreglada a Ley.
-Presunta coacción a auditor Walter Grados Aliaga, que como ser verá luego, más que
constituir una presunta coacción al auditor, terminó siendo más bien una sumisión del
contralor al auditor, cosa que se ha tenido en cuenta ya en el análisis de la información y
en las conclusiones.
-El tema de realización de operaciones comerciales con proveedor de la Contraloría
General de la República.
-Desbalance patrimonial y evasión tributaria.
Se adoptó de manera unánime, presidenta, y esto es algo que yo quisiera dejar
constancia también a la Comisión Permanente, que si bien es cierto como corresponde
ha habido intervenciones, ha habido incluso opiniones en algún momento contrarias y
diversas, en otros momentos incluso ha habido un manejo mediático para señalar
adelantamiento de opiniones o de lo que podía haber ocurrido en el Grupo de Trabajo,
yo quisiera dejar constancia que la estrategia de la investigación como la delimitación de
hechos, también fue aprobado y acordado de manera unánime.
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En ese sentido, en función de los hechos delimitados y estando las denuncias del señor
Walter Grados y la denuncia del programa periodístico Cuarto Poder, titulado “Contralor
en apuros”, se encargó que la Comisión Permanente tuviera como mandato imperativo
que los mismos sean tratados rigurosamente en el presente informe.
Quisiera pasar a como establecimos una línea de tiempo de las denuncias realizadas por
el auditor Walter Grados en términos cronológicos.
Porque uno de los temas presidenta, que se ha prestado a confusión, y también muchas
veces a una mala interpretación desde medios, ha tenido que ver con que se señalaba
que se querían establecer responsabilidades a cuando antes de que él va asumir el cargo
de ser vicecontralor o contralor. Y que por tanto, se le estarían imputando hechos que no
corresponden a la investidura del cargo que en ese momento él desempeñaba.
Para ello, de manera rigurosa lo que se hizo es establecer a partir de las denuncias que
circulaban tanto del señor auditor Grados, como la que había en medios de
comunicación, ¿cuáles son los temas que iban a tratarse?, y lo que se ha hecho es una
línea de tiempo.
Y se ha mostrado por ejemplo, que en el año 2008 hubo una presunta compra de
terrenos subvaluados que había estado impedido por la ley en la provincia de Camaná;
un segundo hecho, un presunto delito de lavado de activos en compra de acciones y
derechos inmuebles en Surco en el 2012; un hecho 3, una presunta adquisición de
vehículos de lujos no declarados en declaraciones juradas de bienes y rentas, de autos
comprados por valor de 182 mil dólares entre mayo del 2013 y junio del 2016; el hecho
4, incumplimiento con la obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas
de los ejercicios 2011 a 2015; el hecho 5, presunta declaración de información falsa en
su hoja de vida para postular al cargo del contralor en mayo del 2016; y el hecho 6,
inconducta moral por relaciones extramatrimoniales con subordinada a la que se favorece
con contrataciones a ella y a sus familiares, entre los años 2013-2015.
Se añadía además ahí, que habría una propiedad de su hijo valorizada en 1 millón 300
mil dólares, así como viajes al exterior realizados entre el 2005 y 2016 con su esposa e
hijo que no guardan relación con los ingresos declarados.
Esto es importante presidenta, para decir que se han presentado un conjunto de
denuncias y de información en algunos casos con documentación, en otros no se ha
contado con la documentación, pero hemos querido valorar todos ellos presidenta, a fin
de que no se señalara que ha habido intencionalidad de orientar conclusiones o
recomendaciones que no valoraran toda la información.
Pero lo que se ha hecho es, luego proceder a una rigurosa evaluación de donde sí había
documentación o pertinencia para establecer conclusiones que puedan ser definitivas y
concluyentes.
En ese sentido, de toda la valoración luego de haber hecho un preinforme, y que en la
metodología presidenta, se optó porque para también tener mucha cautela con el debido
proceso, el preinforme y una redacción de preconclusiones ocurriera en espacios
reservados presidenta.
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Sé que eso generó algún malestar por fuera, porque se estaban señalando que ahí se iba
a cocinar las cosas, que faltaba transparencia. En honor a la verdad, esas 2 sesiones se
decidieron que fueran de manera reservada para poder hacer un balance y un
tratamiento adecuado de la información, con además todos los elementos que los
congresistas pudieran tener.
Fruto de eso presidenta, es que se elaboraron ya las conclusiones finales que es la que se
le alcanzado en el informe, y que quisiera para concluir, dar brevemente lectura.
En el hecho relativo, se valoraron en el preinforme presidenta como 8 hechos. Sin
embargo, hay 4 que sin duda tienen que ver con la conclusión del informe que tiene que
ver con haber cometido falta grave, y que sí según el grupo de trabajo lleva a que se
recomiende la remoción del cargo del contralor.
La primera conclusión, tiene que ver con el hecho relativo a de si el señor Edgar Alarcón
incurrió falta grave en el supuesto pago de beneficios laborales a la señora Marcela
Emilia Mejía Franco no arreglada a ley.
Allí lo que se ha hecho presidenta, porque inicialmente no se contaba con la información
de si había un acta de liquidación, etc. El hecho como tal fue descartado.
Sin embargo, lo que se encontró con documentación que obra en el expediente, es que
se direccionó un contrato para ubicar a esta señora en el Órgano de Control Interno de
la Municipalidad distrital de La Molina, y se ha podido establecer que luego de haber
recibido su liquidación por los servicios que habría prestado en la Contraloría y que esa
liquidación habría estado ajustada a ley, cosa que, en todo caso será la Fiscalía que
tendrá que determinar si no es así.
Sin embargo, lo que encontramos en el transcurso de la investigación sobre el particular,
es que se creó una plaza de asesor del Contralor del Órgano de Control Interno de la
Municipalidad distrital de La Molina, y allí lo que se encontró es que, para comenzar es el
contralor quien designa directamente al jefe de la OCI y en el concurso qué se hizo, que
podría ser un concurso completamente público, transparente. La señora que había
recibido su liquidación en el Contraloría, pasó a calificar sobre este concurso y entrar a la
OCI de la Municipalidad distrital de La Molina, con un sueldo, incluso mayor que el
propio alcalde, el alcalde gana siete mil doscientos, ella comenzó a ganar ocho mil soles.
Pero lo curioso es que, los términos de referencia señalaban que no había necesidad de
tener títulos académicos, ni grados académicos sino solamente estudios y entonces, se
hizo así esa contratación.
Pero lo más curioso aun, es que se ha logrado tener los términos de referencia del
contrato y en los términos de referencia del contrato se señala, que tenía que ser experta
en grafología, para comenzar no ajusta con lo que podría ser el rol de un asesor, y en
segundo lugar, la casualidad entre comillas, era que quien tenía el diploma en grafología
era precisamente la señora Marcela Emilia Mejía.
Entonces, frente a esos hechos, que de otro lado podrán ser materia de investigación del
Ministerio Público para el grupo de trabajo queda absolutamente claro, que se habría
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transgredido el numeral dos del artículo 8.°, del Código de Ética de la función pública y
consecuentemente el grupo de trabajo considera por unanimidad, que estos son
elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave
establecida en el artículo 31.°, de la Ley 27785 por lo que se recomienda su remoción
del cargo de Contralor General de la República.
Y la segunda conclusión, presidenta, en el hecho relativo a si el señor contralor Edgar
Alarcón Tejada incurrió en falta grave en la denuncia sobre presunta coacción al auditor
Walter Grados Aliaga. El grupo de trabajo afirma, que se ha transgredido el artículo 11.°,
de la Ley del Código de Ética de la función pública en numeral 2 del artículo 6.°, del
Código de Ética de la función pública y el artículo 27.°, de la Ley 27785 Ley Orgánica de
sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y
consecuentemente el grupo considera por unanimidad, que estos son elementos
suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave establecido en el
artículo 31.°, de la Ley 27785 por lo que se recomienda su remoción del cargo de
Contralor General de la República.
En este caso, presidenta el tema tiene ribetes incluso surrealistas, resulta que un auditor
de manera individual decide iniciar una investigación contra el Contralor, cosa que hasta
allí, digamos podría aceptarse, pero ocurre que hay una filtración de una grabación ilícita
entre el auditor y en este caso su superior que es el Contralor General de la República, en
la cual el contralor le dice que quiere conocer los términos de la denuncia que ha
elaborado y que va a ser de conocimiento del Congreso y que quisiera conocerlo para
hacer todos sus descargos correspondientes.
Bueno, el primer tema, presidenta si esta es la máxima autoridad de la institución que va
a controlar, cómo así sabe él que la ley, no impide que una institución o una autoridad
que está siendo investigada sea citada en el plano personal para discutir los términos de
esa investigación.
En segundo lugar, una investigación que estaba al margen de la ley, porque no era una
investigación ordenada.
Y en tercer lugar, en esa conversación resulta que la máxima autoridad de control del
país, señala, que esta dispuesto a someterse a los términos de esta conversación que
tenga lugar entre el auditor y el Contralor.
Consideramos, presidenta, que si la máxima autoridad de control de este país, puede
decir literalmente que está dispuesta a someterse a un funcionario de menor jerarquía en
una investigación que es ilícita, la verdad presidenta, consideramos que esa es una causal
que llevan a recomendar al grupo de trabajo su remoción.
En la tercera conclusión presidenta, en el hecho relativo de si el señor Contralor Edgar
Alarcón Tejada incurrió en falta grave en la denuncia sobre operaciones comerciales, con
un proveedor de la Contraloría General de la República, el grupo de trabajo afirma que
se han transgredido, el artículo 8, el numeral 2, artículo 6, del Código de Ética de la
función pública y consecuentemente el grupo de trabajo considera por unanimidad que
estos son elementos suficientes para que señalar que el señor Alarcón, ha incurrido en
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falta grave establecido en el artículo 31, de la Ley 27785, por lo que recomienda su
remoción al cargo de General de la República.
Este es un tema bastante preocupante presidenta, el grupo de trabajo no puede ir más
allá de la delimitación de si hay, si se ha faltado a la idoneidad moral, sin embargo, el
tema en principio resulta contraviniendo normas en las que el titular de esta importante
institución, hace relaciones comerciales nada menos que con el proveedor de su propia
institución.
Y en segundo lugar, se pudo establecer que eso no solo había ocurrido antes cuando él
había sido gerente y no vicecontralor, sino que ha ocurrido cuando él era ya Contralor y
se ha documentado el hecho de que efectivamente había una transacción en la que él no
puede aducir que no sabía que él iba a ser Contralor y por tanto no estaba obligado al
Código de Ética en esta materia, por contrario sí lo sabía y uno de los elementos en su
descargo fue señalar que ahí él había actuado como un ciudadano cualquiera en razón
no de una relación subordinada, sino en una relación de amistad.
Bueno, consideramos presidenta, que para un funcionario público, la amistad tiene
incompatibilidades cuando se trata de establecer relaciones comerciales, en todo caso
para otro tipo de actividades sociales, en fin puede encontrarse sin duda no restringido,
pero para establecer relaciones comerciales, el tema es sumamente delicado porque
además podría configurar presidenta, una situación en la que el proveedor podría verse
inmerso en el tema de estar pagando favores a través del tema de los contratos que
pudieran haber de provisión de servicios, ese tema en todo caso presidenta, no era
competencia del grupo de trabajo, pero será seguramente materia de investigación del
Ministerio Público.
Y por último, la última conclusión presidenta, es que en el hecho relativo a que el señor
Contralor Edgar Alarcón Tejada, incurrió en falta grave al omitir la presentación de
declaración jurada de bienes y rentas, el grupo de trabajo señala que a la fecha de
presentación del informe, existen suficientes para pronunciarse sobre la comisión de falta
grave al haber incumplido con la Directiva número 013-2015, sobre presentación de
declaración jurada y el numeral 2, del artículo 6, del Código de Ética de la función
pública y consecuentemente el grupo de trabajo señala por unanimidad que existen
elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón, ha incurrido en falta grave,
establecido en el artículo 31, de la Ley 27785, por lo que se recomienda su remoción al
cargo de Contralor General de la República.
El tema presidenta, es por lo demás delicado porque habría no solo ocurrido una omisión
genérica, una omisión que nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros en una
declaración, sino que aquí nada más y nada menos que se había omitido incluso declarar
que tenía dos hijos con una de las funcionarias que había trabajado en la Contraloría
General de la República y que luego de que se conoció y hubo una denuncia recién
procedió a regularizar su declaración jurada.
Además presidenta, de que se le pidió que pudiera ser alcanzar en qué consistía la
información adicional que él había considerado que debía entregar para rectificar su
declaración jurada, lamentablemente el grupo de trabajo, no ha recibido la información
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que el ofreció darla, sobre el tema de en qué consistió la rectificación, pero para efecto
de esta conclusión tampoco hacía falta presidenta, saber con detalle y precisión el qué
consistía esa rectificación habida cuenta que se había omitido un hecho tan grave como
el ocultar que tenía hijos, en una relación extramatrimonial con una funcionaria de menor
jerarquía de la Contraloría.
Y por último, presidenta, para terminar y esto, colegas, les pido y creo que es un mensaje
al país como lo que tenemos que hacer desde el Congreso no solo para mirar qué es lo
que ocurrió mal y cómo este Congreso puede estar dispuesto a fiscalizar y a ejercer
control político y tomar decisiones en algunos casos duras, sino que creo que es
importante, presidenta, que el país sepa que nosotros estamos preocupados, porque el
más importante órgano de control de la República, la Contraloría General de la
República, debe ser fortalecida, presidenta.
En ese sentido, nos hemos permitido hacer tres recomendaciones:
La primera es que hay que fortalecer la Contraloría General de la República dotándoles
de los recursos administrativos y financieros necesarios condicionados al establecimiento
de programas de gestión por resultados y evaluación de desempeño de su personal. No
puede ser, presidenta, que fruto de esta situación que se ha presentado y que indigna al
país, resulte que se considerara que hay que debilitar la contraloría. La contraloría, sin
duda, por el desempeño o mal desempeño de uno de sus funcionarios puede haberse
visto mellada, pero el rol de este poder del Estado es fortalecer las instituciones y en ese
sentido creemos que es importante tomar en cuenta esa primera recomendación.
Una segunda, es pedir que la Comisión Permanente pudiera conformar una comisión de
evaluación para el fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República
que comprenda desde el período 2001 a la fecha, espacio de mayor inacción de la
contraloría en temas tan sensibles como el de la participación de empresas brasileñas y
peruanas en actos de corrupción. Todo el mundo se pregunta, presidenta, ¿y dónde
estaba la contraloría cuando avanzaba de esa manera la corrupción en el país?
Y por eso lo que planteamos es que eso implica que si esa corrupción llegó a estar como
está comprometiendo autoridades políticas, de gobierno nacional, de gobiernos
subnacionales, procede el Congreso, presidenta, a través del mecanismo que lo
considere más conveniente como puede ser una comisión de evaluación para el
fortalecimiento institucional de la contraloría a revisar la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República cautelando por cierto su autonomía, garantizando la
meritocracia, ahora sabemos que el Consejo Universitario de la UNSA el día de ayer ha
decidido anular su título profesional. La Comisión Permanente tiene el encargo de
designar al Contralor General de la República y deberíamos ser muy escrupulosos en la
evaluación de quiénes van a ocupar tan importante cargo.
Y, de otro lado, ver también, presidenta, que se disponga de un presupuesto adecuado.
No olvidemos que parte de la crisis política asociada a la contraloría ha tenido que ver
con una suerte de negociación entre el ministro de Economía y Finanzas y el presupuesto
de la contraloría para orientar los resultados e informes, así que eso también debería ser
parte de un tema de evaluación del fortalecimiento de la contraloría, así como también
14
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y eficiencia de los órganos de
control institucional.
A la contraloría, presidenta, no la controla nadie y, entonces, tenemos que encontrar un
mecanismo no para subsumirla, hay que respetar su autonomía, pero tenemos que
encontrar algún mecanismo, presidenta, y no solo puede ser fruto de un debate
acalorado cuando hay un escándalo. Aquí hay una responsabilidad de este poder del
Estado para resolver en la estructura institucional de la contraloría este tipo de problemas.
Por eso es que hemos señalado que el país requiere una contraloría moderna, eficaz y
eficiente para garantizar la buena inversión pública y la lucha contra la corrupción.
Y, por último, presidenta, habida cuenta de que en el informe que presentó el auditor han
habido un conjunto de inconsistencias, muchas de las cuales, incluso, podrían prestarse a
ser calificadas como una intencionalidad de dañar si no hay la aseveración o el acervo
documentario correspondiente, creemos que es importante que se solicite al Congreso de
la República establezca mecanismos de rápido tratamiento de las denuncias ciudadanas
sobre corrupción.
Fácilmente se ha dicho esto se presentó al Congreso y el Congreso no hizo nada, se
presentó a la PCM no hizo nada, etcétera. Que establezcamos mecanismos para que eso
no vuelva a ocurrir, está en juego la credibilidad y la legitimidad de este poder del
Estado, además que invoquemos diligencia y discernimiento para evaluar la veracidad de
las denuncias, teniéndose en cuenta que algunas de las denuncias hechas por el auditor
en este caso, no se ajustaron a la verdad y que la existencia de una grabación ilegal
hecha a su superior, debería significar que la Contraloría General de la República tome
las medidas pertinentes, presidenta.
Esto es cuanto tengo que informar, agradeciendo una vez más la confianza que ha
depositado esta comisión en todos los miembros del grupo de trabajo, y de manera
particular agradecer que hayan confiado que podía presidir este grupo de trabajo; y una
vez más a los compañeros del grupo de trabajo, que pese a que en algunos momentos
hemos tenido discrepancias, diferencias de cómo entrar a abordar los temas en una tan
alta responsabilidad, sin duda hay que agradecer y felicitarnos que se ha hecho un
trabajo consistente.
Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, colegas.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Muchas gracias, congresista Arana.
Antes de darles el uso de la palabra, quiero hacer presente que acaba de llegar un
documento, ya lo han fechado y le han puesto la hora, las 18:00 h.
Dice así:
Señora congresista
Luz Salgado Rubianes
Presidenta de la Comisión del Congreso y Comisión Permanente
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Excelente señora Presidenta del Congreso:
En mi condición de abogado defensor del contralor general de la República Edgar
Alarcón Tejada, y habiendo tomado conocimiento que fue entregado el informe del
Grupo de trabajo designado por la Comisión Permanente para evaluar los pedidos de
remoción, solicito que se me conceda el informe oral ante la Comisión Permanente por el
tiempo de ley, incluyendo el informe de hechos por parte de mi defendido.
Sin otro particular.
Atentamente
HUMBERTO ABANTO VERÁSTEGUI.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Yo mandé preguntar, porque acá no
decía si el señor se iba a presentar ahora, quería presentarse ahora si estaba ahí, y él dice
que en vista que el contralor no está, él podría venir ahora a la Comisión Permanente, o
bien el contralor estaría dispuesto para el día lunes.
Sobre esto, por favor, quiero dar el uso de la palabra.
Congresista Becerril.
El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidenta.
Respecto al documento que envía el abogado, no es posible que el abogado venga a
responder por el contralor. Una cosa es que el contralor venga con su abogado para
poder apoyarlo en sus descargos, una cosa muy diferente es que el abogado quiera venir
a responder por un caso que no le corresponde.
Quisiera hacer una acotación respecto a lo que ha manifestado el congresista Arana; y
hay que salvaguardar esto, porque parece que ha habido una equivocación a este
respecto.
De las declaraciones juradas que el contralor ha presentado se advierte que las
elaboradas el 25 de enero de 2013, el 13 de febrero de 2014 y el 27 de enero de 2015,
esas tres declaraciones juradas han sido rectificadas entre el 15 y el 16 de junio de 2017,
vale decir ya después de que ha habido la denuncia del señor Walter Grados, el auditor,
y también después ya de que han presentado los colegas Javier Velásquez y Gloria
Montenegro interpusieran una solicitud de remoción del cargo del contralor.
Pero acá el colega Marco Arana dice que lo que se ha rectificado es respecto a que no se
consignó sus hijos. Y eso no nos consta, presidenta, colegas, porque cuando viene a la
sesión, al grupo de trabajo al contralor se le pregunta, y el colega Velásquez le pregunta
qué rectificaciones ha hecho. Bueno, dice que ha hecho rectificaciones respecto a que ha
incluido luego a personas dependientes de él.
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Claro que nos causa una tremenda sorpresa de que no ponga a alguien dependiente de
él, y eso como una hipótesis podría de repente no haber puesto a sus hijos, pero eso no
nos consta, porque finalmente la declaración jurada no la tenemos.
Y ahí, presidenta, yo sí quisiera ser enfático, que a pesar que personalmente también le
he solicitado al contralor que nos haga llegar las declaraciones juradas que él ha
presentado, porque es importante esta parte, no nos ha hecho llegar, ha hecho llegar
otros documentos mas no este.
Por lo tanto, si hay esa rectificación después de las denuncias, mucho tiempo después
incluso, tres o cuatro años después, pero no sabemos cuál fue la rectificación. Y es muy
importante esto, porque hay una hipótesis en ese tema, así que sería importante cuando
lo citan, también manifestarle que ojalá ese día pueda traer las declaraciones juradas que
ha presentado desde que ha trabajado en la Contraloría, para hacer un análisis respecto
a ese tema, como digo, que va a ser muy relevante.
Me pide una interrupción el colega Segura, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista.
Congresista Segura.
El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Gracias, presidenta. Gracias, congresista Becerril.
Solo para acotar.
Nos hemos basado, si bien es cierto no se tiene las declaraciones juradas que en físico,
nos hemos basado en su propia declaración, en la misma comisión que estuvimos
atendiéndole al Contralor.
El mismo dijo a la pregunta del congresista Velásquez Quesquén, que la rectificación se
había tratado de sus pequeños hijos, o sea, quien se olvida de colocar a sus
dependientes. Esa fue la palabra que uso.
Dependientes, esa es la palabra que uso y está grabado. Entones, en base a eso, es que
nosotros se refiere el informe. Pero respectivamente es como dice el congresista Becerril.
Faltaría el tema en físico.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista.
Continúe, congresista Becerril.
El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— La verdad no sé qué cosa ha querido aclarar el
colega Segura.
Me ratifico en que en ningún momento el señor Contralor dijo que son sus hijos, la
rectificación, eso no lo dijo. Lo que dijo es que habría rectificación respecto a sus
dependientes, por tanto, no podemos nosotros corregir que sean los hijos.
17
A esa tesis, pero no es está claro, por lo tanto, presidenta, como repito, yo solicito de que
cuando venga el Contralor, nos haga llegar la declaración Jurada, y ahí podemos saber
qué es lo que él ha obviado, y es un punto muy importante.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Becerril.
Tiene uso de la palabra la congresista Karina Beteta.
La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidenta.
Solamente a modo de quizás corregirle y sugerir al congresista Arana, cuando al concluir
habría señalado que el Congreso de la República no ha había dado ningún tratamiento a
la denuncia contra el Contralor. En eso creo, eso no se ajusta a la verdad, ya que el
Congreso de la República justamente tiene esa comisión que usted la preside, que está
evaluando el pedido de remoción.
Si usted se refería a la denuncia que había hecho el auditor, ante una denuncia
constitucional a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que quien habla,
preside esa comisión; nosotros también hemos dado el tratamiento que corresponde. Y
todos los colegas congresistas integrantes de esa Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, y que aquí también está presente el congresista Sheput, Gino Costa y
nosotros, colegas Becerril, Segura, Alcalá también Ushñahua, nosotros hemos decidido
declarar improcedente por la forma, porque cuando se le denuncia al señor Edgar
Alarcón, se le denuncia cuando él ostentaba otro cargo, mas no la de Contralor.
Y, por tanto, de acuerdo al artículo 99.° de la Constitución Política del Estado, él no tenía
un ante juicio político y no tenía una prerrogativa de la que hoy si como Contralor, puede
si así derivan cualquier denuncia constitucional podría procesarse, pero en ese momento,
nosotros nos fuimos por la forma, mas no al fondo del tema de la denuncia, porque
siendo abogado y conocedora de mis derechos constitucionales y del reglamento del
Congreso, no podríamos irnos más allá de lo que la norma nos prohíbe.
Solamente eso, para dejar constancia y decirles que, es más, ese informe fue aprobado
por unanimidad.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Beteta.
Tiene uso de la palabra el congresista Velásquez Quesquén.
El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidenta, yo solamente abonare algunas
cosas para ilustrar a la Comisión Permanente.
Saludo el trabajo que han hecho los miembros del grupo de trabajo.
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La designación del Contralor, de este Contralor el 14 de junio del año pasado, no fue
producto de un concurso meritocrático, no fue concurso de una evaluación que hicimos
sobre su trayectorias profesional, sobre su conducta moral.
La bancada Nacionalista con Perú Posible y algunas bancadas que están representadas
en este Congreso, impidieron algo que nosotros legítimamente exigimos, presidenta.
Si se hubiera permitido que cuando el señor Humala y la señora Nadine Heredia
proponen a su pariente, si hubieran permitido que nosotros lo evaluemos, no
estuviéramos en este inconveniente.
Y lo hicimos porque el año 2010, cuando yo presidía el Congreso, también hubo otra
persona, Inés Suárez, que falsificó un título y sorprendió a una comisión que evaluó en
ese entonces a esta señorita; y aun así sorprendió a la Comisión Permanente.
Y, ¿qué pasó? Ella fue elegida el 21 de enero. El 3 de febrero yo convoque al Congreso y
deje sin efecto ese nombramiento, e inmediatamente declaramos la vacancia.
¿Por qué digo esto, presidenta?, porque resumo que la designación de este señor fue una
designación de carácter político, estrictamente político, por un sentido de oportunidad
donde había una correlación de fuerzas, donde mayoritariamente impusieron esa
designación.
Con la bancada fujimorista no venimos a impedir que no se eligiera, sino que
respondiera a estas preocupaciones, porque ya había el antecedente que habíamos
evaluado a los candidatos a la Contraloría.
Lamentablemente hay un vacío en la Constitución, porque la Constitución no establece el
requisito de evaluación de ingreso, pero para sacarlo sí, constitucionalmente dice que
tenemos que acreditar falta grave, falta, no delito.
Y aquí me quiero referir a la preocupación del congresista Héctor Becerril, cuando se ha
dicho que el señor -él de propia versión- ha rectificado sus declaraciones juradas y ha
dicho que ha incorporado información, sus parientes, sus descendientes, lo que fuere, eso
es más que suficiente para constituir una falta grave, ¿sabe porqué, presidenta?, porque
esta autoridad es la máxima que tiene que supervisar desde el presidente hasta al último
funcionario, que realicen sus declaraciones juradas bajo el principio de veracidad,
oportunidad.
Entonces, lo que quiero significar, presidenta, es que el contralor ha desarrollado una
estrategia jurídica, porque la va a utilizar en la Subcomisión de Acusaciones, donde ahí sí
es un procedimiento jurisdiccional, ahí sí tiene que haber la evaluación de la prueba,
pueden los abogados intervenir tomándole el testimonio a los testigos.
Aquí de lo que se trata, es cuando la Constitución dice que se remueve al contralor por
falta grave, no por delito, por falta.
19
¿Cuál era el requisito más importante que establece el artículo 31° de la Ley del Sistema
Nacional de Control?, que el contralor tenga, dice, conducta intachable y reconocida
solvencia moral.
Este rosario de actos irregulares, por decir lo menos, lo descalifican para tener ese
requisito. Si en ese entonces se hubiera hecho esta evaluación, él no hubiera calificado,
presidenta.
Entonces, estamos cumpliendo con incorporar por primera vez el debido proceso, el
derecho a la defensa en un proceso político, porque fíjese, a un ministro que fue
grabado, solamente por decir palabras inconvenientes, no le hemos dado la confianza y
se ha ido a su casa, a un ministro de Estado.
La Ley del Sistema Nacional de Control dice, que el contralor tiene rango de ministro,
pero lamentablemente nosotros no lo podemos interpelar y no lo podemos censurar.
Entonces, estamos cumpliendo el requisito del debido proceso.
No nos angustiemos ni nos apresuremos, que sea citado el día lunes, presidenta, pero lo
que sí creo que hay que corregir es el procedimiento, el proceso.
El abogado dijo ayer en la televisión, dijo que él tenía que participar porque él hacía la
defensa técnica, acá no estamos, acá no estamos diciendo que esto es delito, esto no es
delito, acá lo que nosotros tenemos que evaluar es la idoneidad para el cargo, y de lejos
este señor no es idóneo para el cargo, esa es una valoración subjetiva, política, legítima y
constitucional, que el Tribunal Constitucional la ha -valga la reiterancia- la ha
constitucionalizado.
Es como a un ministro cuando lo censuramos se va al Poder Judicial a decir, sabes qué,
han violado mi debido proceso, mi derecho a la defensa y pido que me repongan.
Entonces, obviamente que están haciendo, están dilatando, están tratando de querer
decir, vamos a levantar todos los cargos.
Por eso es que cuidamos mucho cuando presentamos la remoción por falta grave, y me
alegro que el grupo de trabajo ya haya adecuado su conducta, solamente a decir, tales,
tales faltas.
Yo, por ejemplo estoy insatisfecho con el tema de los familiares. Le voy a demostrar,
presidenta, en los próximos días, que si hay una institución donde más se ha cometido
nepotismo es en la Contraloría, y ese día yo le pregunté al contralor, le pregunté sobre
ocho familiares directos, trabajan en la Contraloría, sí, sí pero han entrado por concurso
público. Eso no lo dice el informe, pero yo se lo pregunté, tales, tales nombres, en el
Banco de la Nación, en la propia Contraloría, tal, tal, tal. Dijo, sí son mis parientes, pero
por si acaso han entrado por concurso público.
¿Podrían aquí en el Congreso de la República, aunque sea por concurso público entrar
familiares de un congresista, familiares de un miembro de la Mesa?, no pues, presidenta,
pero en fin, eso se verá.
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Lo único que quiero, presidenta, es saludar y agradecer, cada vez que impulsamos este
tipo de procedimientos de control político es porque este Parlamento tiene que legitimar
la voluntad del pueblo expresada en nosotros.
No es verdad que no hay control sobre la Contraloría, hay una comisión que se llama de
Fiscalización y Contraloría, y la Ley del Sistema Nacional establece y obliga que el
contralor venga a rendir cuenta periódicamente ante la Comisión de Fiscalización, lo que
pasa es que nosotros a veces nos dejamos asustar. Usted se da cuenta, los contralores
vienen a pedir dinero y a más competencia, más atribuciones.
Hoy día la Contraloría, por nosotros, tiene una ley que permite que pueden procesar
administrativamente a todos los funcionarios del país.
Y como lo dije ese día, el año 2003 la Contraloría tenía 47 millones de presupuesto,
ahora tiene 542 millones de presupuesto, y los resultados los estamos viendo.
Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, Presidenta, mi sugerencia es que si
queremos evitar cualquier cuestionamiento que se pueda hacer en sede jurisdiccional,
que al señor se le pueda citar el día lunes o el día martes, el día que usted considere
conveniente, pero bajo apercibimiento de que si no se presenta, tenemos que tomar... es
una decisión política.
El abogado no puede intervenir cuestionando la información, porque lo que nosotros
vamos a hacer es una valoración de su idoneidad para el cargo. Y si consideramos que
no es competente para ese cargo porque no tiene conducta intachable y no tiene
reconocida solvencia moral, es evidente de que la asesoría técnica no tiene nada que ver
en este caso.
Pero no hay problema que se le de a la Comisión Permanente el derecho de que el señor
Alarcón pueda volver a levantar estos testimonios, pero no condicionarlo a que nos
entregue información.
Es más que suficiente que está comprobado que él ha rectificado sus declaraciones
juradas, eso es más que suficiente. Si son sus hijos, sus hermanos, eso no tiene nada que
ver, eso se verá en el ámbito penal o lo verá la Comisión de Fiscalización.
Nosotros no estamos investigando delitos, estamos investigando faltas, estamos
investigando faltas.
Entonces, no es una falta, sino son cuatro faltas. Yo considero que son más, pero son
más que suficientes para que esta persona sea removida, Presidenta. Yo espero que esta
Comisión Permanente se pronuncie.
Saludo este informe bien hecho. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo que ha
habido mucho compromiso de los miembros de este grupo de trabajo.
Y yo creo que nosotros estaremos en condiciones, después de escuchar al señor Alarcón,
de tomar una decisión en salvaguarda de los intereses del país y de una institución que
tiene que ser tutelar de la adecuada aplicación de los recursos del Estado, que es el
21
Sistema Nacional de Control, y la cabeza fundamental que es la Contraloría General de
la República.
Gracias, Presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Velásquez.
Congresista Vásquez y luego el congresista Sheput, y congresista Montenegro.
El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ (APP).— Gracias, congresista.
Tomando la palabra del colega Velásquez, yo creo que lo que mal inicia, mal termina.
Después de haber valorado los documentos, después de haber escuchado ampliamente
al señor contralor en la comisión, y después de haber seguido el debido proceso, no me
cabe ninguna duda de que este señor, de que este personaje, nunca debió llegar a ser
Contralor General de la República.
Estamos frente a una persona que no tiene la moral intachable, la solvencia moral que la
ley o nuestro ordenamiento jurídico así lo exige. Necesitamos un contralor con principios,
con una conducta digna de un funcionario de primer nivel, sobre todo para alguien que
va a velar por la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
La presencia del señor Edgar Alarcón le está haciendo mucho daño, ya creo, a la
institucionalidad de la Contraloría General de la República. Ya nadie cree hoy en la
Contraloría General de la República.
Cuando empecé el trabajo en el grupo, créame —porque me gusta ser sincero— tenía
mis reparos sobre el accionar de los integrantes en esta investigación. Pero luego de
debates fuertes, propios de este tipo de hechos, creo que demostraron que están a la
altura de las circunstancias, y yo quiero saludar finalmente el trabajo de cada uno de los
integrantes de esta comisión que firmaron y aprobaron por unanimidad este informe, que
acaba muy bien de detallar y sustentar el presidente del grupo, que es el colega Arana.
Señora Presidenta, el Perú entero, la ciudadanía espera nuestro pronunciamiento,
nuestras decisiones.
En los últimos días hemos visto el accionar del señor Alarcón con actitudes mediáticas,
con actitudes intimidatorias, queriéndose aferrar al cargo no importándole el país ni la
institución, a la que él pertenece, sino únicamente a sus intereses personales.
Hemos visto un funcionario disparando con todo aquel que lo cuestiona y hace poco
cuando salió a la luz el tema del cuestionamiento de su grado académico o de su título
profesional, viajó inmediatamente hasta Arequipa para amenazar con denunciar a los
directivos de la Universidad.
Creo que este Informe que ha sido muy bien evaluado y que ha sido aprobado por
unanimidad, tiene un resultado concreto que esta Comisión debe avalar.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Tiempo adicional.
22
El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ (APP).— Gracias.
Y creo también, presidenta, que debemos solucionar de una vez por todas éste hecho, es
más habiendo tenido todo el tiempo para poder defenderse y presentarse ante este Grupo
de Trabajo, yo creo que ya deberíamos someter a votación la aprobación de este Informe
y la remoción del contralor.
No se puede quejar de que no ha tenido oportunidad de defensa porque ha asistido y se
le ha escuchado largamente con su abogado.
Y todos los elementos que han sido cuestión de evaluación, de estudio en este mes de
trabajo han sido escuchados en su defensa, y creo que no debemos dilatar más tiempo
porque funcionarios como éste no deben estar un día más en una institución tan
importante como es la Contraloría General de la República.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista.
Tiene el uso de la palabra el congresista Sheput.
El señor SHEPUT MOORE (PPK).— Efectivamente, cuando el congresista Velásquez nos
ilustraba sobre el origen constitucional del cargo del contralor, señalaba que este era
político y casualmente porque es político nos exonera de la carga de la prueba que sí se
da en un antejuicio constitucional o en lo que podría significar un proceso judicial. Por
eso es que el Grupo de Trabajo ha enfatizado en los términos que tienen que ver con la
corrección moral y el carácter intachable del cargo.
Y en ese sentido, los cuatro elementos en los que ha concluido el Informe de la Comisión
Arana, señalan esos tópicos, la relación con una persona sentimental, con una persona
subordinada a él que ya de por sí sería elemento más que suficiente para descalificarlo; el
hecho de proceder a transacciones comerciales con un proveedor; el hecho de cambiar
las declaraciones juradas; y, lamentablemente, tener una actitud permanente de
confrontación con todo aquel que lo pretende descalificar.
Ese solo hecho, señora presidenta, que el contralor en estos momentos tenga una actitud
de no presentarse ante la Comisión, de enviar a su abogado, de tratar de dilatar la fecha
de la forma como se viene enfrentando al poder constituido en los medios de
comunicación, ya también debe ser motivo de una evaluación en lo que se refiere a la
trayectoria profesional de este individuo.
Y digo este individuo porque lamentablemente le está haciendo mucho daño al país y ni
siquiera es consciente del perjuicio que le está dando en estos momentos al sistema de
lucha contra la corrupción.
Por lo tanto, señora presidenta, y en función del trabajo que ha hecho la Comisión que
preside el congresista Arana y estando dentro del plazo, pues este trabajo culminaba la
próxima semana, si no me equivoco el día 7 de julio, yo creo que deberíamos proceder a
dos actitudes, señora presidenta.
23
En primer lugar, aprobar el Informe y, en segundo lugar, decirle al contralor que se
presente bajo apercibimiento a más tardar el día lunes, porque tampoco podemos darle
al contralor la posibilidad de decir que no está en estos momentos respetándose el
debido proceso y seguir enfrentando a las instituciones, con lo que eso significa de
perjuicio para el país.
Considero que se tienen que tomar en cuenta esas dos situaciones, aprobar este informe
que yo creo que está acotado en el término de lo intachable y lo correspondiente a la
moral, y por lo tanto está dentro de lo que es un componente político.
Y por otro lado, decirle al contralor muy bien, se ha ido a Ica sabiendo de que hoy se
presentaba, se reunía la Comisión Permanente, bueno lo necesitamos a más tardar el día
lunes, 9, 11, la hora que usted disponga, señora presidenta, y la fecha y, partir de la
premisa que hoy sí estamos en condiciones de aprobar el Informe para que de esa
manera no se abra un nuevo elemento de discusión que pueda dilatar el encargo que nos
dio la Comisión Permanente.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Sheput.
La congresista Montenegro tiene el uso de la palabra, y después la congresista Espinoza.
La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, presidenta.
Presidenta, amigos, colegas, solamente quiero recalcarles que cada día, cada hora que
esta persona tiene el título de contralor de la República le está haciendo daño al país y le
está haciendo daño a la institucionalidad de lo que implica el cuarto poder moral del
Estado.
Tenemos que tener presente que manejan un presupuesto de más de 500 millones de
soles, más que cualquier región.
Y que lamentablemente, no solamente no se ha sabido manejar, no se ha descentralizado
efectivamente, y que cada oficina de control interno que tenemos en el gobierno regional,
que tenemos en los gobiernos locales están al abandono, y depende de quienes pagan
sus sueldos.
Quiero retomar del informe del colega Arana, este informe de esta mesa de trabajo,
rescatar la importancia de los 4 puntos que han seleccionado y han especificado. Yo
tengo 17 puntos, pero voy a respetar este informe que amerita ser votado y ser
establecido ya como algo que implica sancionar y retirarle la confianza a este
funcionario.
Es fundamental, y también rescato del informe presentado por el colega Arana, rescato la
importancia y la responsabilidad que tiene el Congreso para revisar la Ley Orgánica de
Contraloría General de la República para establecer los términos de meritocracia, los
términos de independencia, los términos de rendición de cuenta y de descentralización del
control a nivel de nuestro país.
24
Y finalmente, yo quisiera decirles por favor que pensemos que en plena reconstrucción
con cambios, donde se van a mover más de 20 mil millones, necesitamos ya una
Contraloría nueva, organizada, sistemáticamente preparada para ejercer control durante
y después de estas obras.
Finalmente señora presidenta, finalmente queridos colegas, quiero decirles que estas
personas no actúan solas, se mueven redes de corrupción al interior de la institución. Por
lo tanto señora presidenta, yo quisiera pedir también que continúen las investigaciones,
porque al interior de la Contraloría una persona de esta calaña no se mueve sola, tiene
cómplices y tiene una red de corrupción…
Me pide una interrupción. Adelante, congresista Arce.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Arce.
El señor ARCE CÁCERES (FA).— Gracias, señora presidenta.
Algo muy breve, pero en realidad la preocupación que tengo es la exposición que se está
teniendo a la institucionalidad de la Contraloría con toda esta situación.
La percepción de la opinión pública es que el contralor está actuando en respuesta
inmediata a cualquier tipo de acusaciones, y va a desacreditar al desacreditador, en su
momento a ministros, está desacreditando la universidad, estoy seguro y discúlpenme la
percepción que tengo, él está haciendo un seguimiento a esta sesión, y su próximo
objetivo va ser el Congreso de la República.
Entonces eso me deja muy preocupado, porque evidentemente la institucionalidad de la
Contraloría es muy importante por la referencia que tiene frente a la población, es la
imagen institucional de la lucha contra la corrupción, uno de los principales problemas
que tiene el país, la corrupción ha llegado a extremos señora presidenta.
Y evidentemente, requerimos instituciones que tengan toda la solvencia y no tiene que
tener ningún atisbo de crítica o de cuestionamiento, como lo que viene sucediendo. En
consecuencia señora presidenta, habría que ver qué mecanismos también aplicamos para
evitar que la respuesta del contralor sea el descredito de la labor que viene realizando el
Congreso de la República.
En lo personal, yo hubiera esperado que el contralor ante la primera denuncia presente
su renuncia, porque eso hubiera sido lo más sano para nuestro país, y no se llegue a este
nivel de exposición que está teniendo en este momento.
Gracias.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Montenegro, para que
pueda terminar.
La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Para terminar presidenta, solamente
pedirles que las investigaciones continúan, estas personas no actúan solas, hay redes de
corrupción dentro de la Contraloría, hay que seguir con las investigaciones, y nos hace
25
muchísimo daño en el tema de descentralización, nos hace muchísimo daño en el tema
de inversiones y en el tema de control de obras a lo largo y ancho del país.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Montenegro.
Tiene el uso de la palara, congresista Espinoza.
La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Gracias, presidenta.
Presidenta, creo que durante 2 semanas fue el plazo que se le otorgo, saludar el informe
del congresista Arana. Pero señora presidenta, pedirle que ponga a votación el informe
del congresista Arana por el tema de la remoción.
Creo que el Congreso de la República no puede seguir dando largas a un asunto que
está a la vista de todos hace meses expuesto, y que seguimos ahora introduciendo un
tema que no está en la Constitución del debido proceso.
Efectivamente hubo el debido proceso, al señor ya se le dio la oportunidad en la comisión
para que haga los descargos correspondientes, citarlo para el lunes y seguir alargando
la agonía de una institución que tiene que ser el baluarte y la que está cuidando los
recursos públicos.
Señora presidenta, creo que por el bien del país, pedirle que ponga a votación y que se
apruebe la remoción del Contralor General de la República.
Gracias.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Espinoza.
Congresista Gino Costa.
El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Gracias, presidenta.
Nosotros, también quisiéramos saludar el esfuerzo hecho por el grupo de trabajo y el
informe que presenta ante la Comisión Permanente esta tarde, y estamos de acuerdo con
los términos, además de las conclusiones del informe que establecen que el contralor ha
incurrido en cuatro faltas graves, que ameritarían su remoción.
He escuchado al abogado del contralor decir, que esas faltas graves tendrían que haber
sido cometidas en el ejercicio de la función de contralor y no como vice contralor o como
gerente general, y me alegra saber, que dos de las cuatro faltas graves han sido
incurridas cuando el contralor ya estaba en el ejercicio del cargo y son esas, la tercera
referida a operaciones comerciales con proveedor de la Contraloría y la otra, la referida
a la presión sobre el auditor.
Ambas faltas graves fueron cometidas cuando ya él era contralor, aún si no fuera el caso,
señora presidenta, es bueno repasar la base legal que tenemos, el artículo 82.°, de la
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Constitución establece la falta grave, como razón para remoción del contralor y la Ley
Orgánica establece, en qué casos estamos ante una falta grave.
Y quisiera brevemente referirme a eso porque el artículo 31.°, de la Ley Orgánica de la
contraloría dice que constituyen faltas graves: C) “la infracción de las prohibiciones e
incompatibilidades que la ley señala” y esas prohibiciones están en el artículo 28.° y el
artículo 28.°, señala que es necesario que el contralor tenga conducta intachable y
reconocida solvencia e idoneidad moral.
Y los cuatro casos, las cuatro faltas graves, aunque ellas no hayan sido cometidas
mientras el señor ejercía el cargo de contralor, sí dan cuenta de una ausencia de
conducta intachable, solvencia e idoneidad moral.
De manera que, yo creo que el trabajo del grupo ha permitido identificar bien las
conductas que califican como falta grave y eso calza bien con lo señalado por la
Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría para proceder a la vacancia del
contralor. Si por favor.
Una interrupción me pide, el congresista Vásquez.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Tiene una interrupción, el congresista
Vásquez.
El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ (APP).— Gracias, presidenta.
Solo que revisando bien el informe con mi colega, hacemos una aclaración al punto
número uno de las conclusiones.
En este punto, si le damos lectura, dice en el hecho relativo hacia el señor Contralor
Edgar Alarcón Tejada, incurrió en falta grave por el florecimiento indebido en la
contratación de la señora Marcela Emilia Mejía Franco. Allí quisiéramos agregar algo que
sí se ha sometido a votación y evaluación en el grupo y que no se ha puesto aquí, creo
por error de redacción, que esta señora Emilia Mejía Franco que ha sido favorecida
indebidamente como ya se expuso, además mantenía una relación sentimental
extramatrimonial con el contralor, porque ella era además su subordinada, esto hacia
que éticamente, obviamente sea la falta mucho más grave y por si, ya sea una razón
clara para pedir la remoción. Que se incluya esa aclaración en mi pedido.
Gracias, congresista Gino Costa.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Continúe, congresista Gino Costa.
El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Presidenta, otro requisito para ejercer el cargo, es
tener título profesional y estar habilitado por el Colegio profesional correspondiente, y
como es de conocimiento público la Universidad San Agustín de Arequipa ha señalado
que no cumplía el contralor con los requisitos para que se le otorgara el título
universitario con lo cual ha dado a conocer públicamente que digamos el título
profesional que ha obtenido el Contralor lo obtuvo de manera fraudulenta. Otra razón
adicional para remover al Contralor, no me queda claro porque el grupo de trabajo, no
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hizo pública esa información no cierto que ha circulado por los medios para incluirla en
el informe considerando que también es un requisito para ejercer el cargo de Contralor y
el Contralor no tiene un título, legalmente título universitario legalmente obtenido.
Me gustaría que el congresista Arana pudiera aclarar esto después, pero para terminar
presidenta, entonces además de saludar el informe y expresar nuestra satisfacción con el
trabajo realizado y referir a la base legal que sustenta las conclusiones del grupo de
trabajo, yo quisiera invocar a la Comisión Permanente a que tomemos una decisión esta
misma tarde, considerando presidenta, que el Contralor ya ha sido escuchado, por el
grupo de trabajo.
El debido proceso exige que el Contralor sea escuchado pero no necesariamente por el
grupo de trabajo, por la Comisión Permanente, nosotros hemos encomendado al grupo
de trabajo la responsabilidad de escuchar al Contralor, el Contralor ha estado presente
ante el grupo de trabajo, ha hecho sus descargos, ha estado presente con su abogado,
no vemos que haya ninguna razón y necesidad para volver a escucharlo, creemos
suficiente los descargos que hizo ante el grupo de trabajo y consideramos que su
permanencia en el cargo, es un peligro para la institucionalidad del país y por eso
consideramos que la comisión permanente debería obrar de inmediato y proceder a
tomar una decisión que no podría ser otra que la remoción del Contralor de su cargo.
Muchas gracias presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias congresista Gino Costa. Ha
pedido el uso de la palabra, el congresista Rolando Reátegui.
El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Sí, gracias presidenta.
En realidad la Comisión Permanente ha actuado de acuerdo a un pedido del congresista
Velásquez Quesquén y otros, del congresista Carlos Bruce.
Sin embargo nos hemos ceñido estrictamente al debido proceso y la primera instancia fue
que se presentó el Contralor en el grupo de trabajo, donde bajo las acusaciones que hizo
el auditor, pueda contestar uno por uno, sin embargo, nosotros tenemos que ser
respetuosos de la democracia y el debido proceso.
Se ha seguido este proceso porque ya hay, existe un antecedente en el caso de la ex
Contralora General Carmen Higaonna. La señora Carmen Higaonna, vino acá como
última instancia hacer su defensa en la Comisión Permanente, no todos lo han escuchado
al Contralor, entonces pocas personas las que estamos en el equipo, en el grupo de
trabajo, escuchó al Contralor, pero acá no lo escuchó el congresista Galarreta, otros y
por lo tanto debemos dar la oportunidad a que él se defienda, de lo contrario pueda
aparece un abuso tremendo no dar una oportunidad.
Yo creo que esta es la oportunidad que este es el fórum en la cual en el Contralor tiene
que hacer también sus descargos y su defensa, porque incluso, con la señora Carmen
Higaonna, el propios Tribunal Constitucional, rectificó lo que hizo la Comisión
Permanente y si no le damos la oportunidad para él pueda venir acá, esto de Iuris
Nullum, así que por eso que tenemos que ser respetuosos de esto.
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Me pide interrupción el congresista Velásquez Quesquén.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Velásquez, tiene la
interrupción.
El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Suscribo lo que ha dicho Rolando Reátegui
presidenta, no pequemos de impaciencia.
Por qué, porque la remoción, la Constitución y el Reglamento se le encargan a la
Comisión Permanente, entonces si estamos invocando ya incorporando como yo si creo
que me parece bien en un estado liberal, el principio al debido proceso, tiene que haber
el principio de la intermediación, aquél que va juzgar tiene que escuchar, como varios
Parlamentarios que no han participado en el grupo pueden votar por encargo, acá lo que
hemos hecho es que ellos, impulsen un proceso y nosotros ya tenemos las cosas muy
concretas y que nos cuesta, el lunes, el día que usted decide, lo escuchamos y
procedemos a votar. Lo que no hay que permitir, presidente, son leguleyadas de decir
defensa plena, esas con cosas para otros procesos. Solamente como dice Rolando hay
que escucharlo, hay que escuchar su descargo y luego procederemos a tomar la decisión
correspondiente.
Gracias, Rolando.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— El congresista Gino Costa le pide otra
interrupción.
El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Sí, por favor Gino.
El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Gracias, presidenta; gracias, colega.
En efecto, creo que tenemos que tomar como referencia y lo hemos dicho desde el primer
momento el antecedente de la señora Higaonna y ahí lo interesante es que, en efecto, la
señora Higaonna hizo sus descargos ante la Comisión Permanente, pero los hizo una sola
vez. Nosotros acá hemos invertido el proceso, hemos creado una subcomisión para que
investigue y reciban los descargos del contralor y los ha recibido ante la presencia de
nueve miembros de esta Comisión Permanente y nada ha impedido que nosotros
vayamos.
El hecho de que ya lo escuchó la subcomisión nos evita tener que volver a escucharlo,
porque ya ha sido, digamos, escuchado por la instancia que esta comisión decidió que lo
escuchara. Si vale el principio que está refiriendo el colega Reátegui, nosotros tendríamos
que volver a actuar todas las pruebas, tendríamos que llamar al auditor, entonces, no es
necesario. No estoy diciendo que hagamos eso, lo que estoy diciendo es que esta
comisión le delegó a una subcomisión la tarea de escucharlo. Lo ha escuchado, la
comisión trae un informe y si nosotros hacemos confianza y consideramos que el informe
está bien fundamentado, no creo yo que habría razón para volver a escuchar al contralor,
señora presidenta.
Gracias.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias.
Puede continuar, congresista Rolando Reátegui.
El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— No, yo creo que acá es clarísimo. El grupo de trabajo
fue para investigar y sacar una conclusión. Las conclusiones están dadas, pero por eso
nosotros no vamos a cometer el error de decirle no por apuro mediático no sé, cuál es el
apuro para decir ok tenemos que tomar una decisión acá. En todo caso, esa fue la
primera instancia, esta es la segunda instancia y esto es realmente lo que representa,
entonces, tenemos que dar la oportunidad a alguien para que después no vaya a darle
ventaja a un contralor. Si le damos ventaja con aprobar ahora, estamos dando ventaja en
cualquier judicatura puede él revertir esta situación.
Entonces, yo creo que por eso es importante que el contralor venga, hay que esperar un
poquito. Yo creo que nadie nos apura esto, pero creo que la decisión está tomada desde
mi punto de vista, no vamos a cambiar el informe, el fondo del informe, porque ha sido
debidamente hecho y debatido y llegado a un acuerdo, pero eso no significa que no la
tenemos que dar la oportunidad para que se pueda venir a defender. Se tiene que venir a
defender, ahí una vez que él habla nosotros votamos el informe.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista.
Tiene el uso de la palabra el congresista Lapa.
El señor LAPA INGA (FA).— Sí, una interrupción me pide el congresista Velásquez.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Velásquez, para una
interrupción.
El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Quiero hacer una referencia para ilustrar a
toda la Comisión Permanente. En el caso Carmen Higaonna la señora Carmen Higaonna
fue hasta el tribunal, porque consideró que se le había violado el derecho al debido
proceso especialmente el derecho a la defensa. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en
su sentencia? Dijo, si bien es cierto en el caso de remoción del contralor el Reglamento
del Congreso no tiene un procedimiento. Lo que sí queda claro es que la Comisión
Permanente la escuchó y ella fue y se defendió con su abogado. Ese hecho
constitucionaliza el procedimiento, entonces, por eso es que el Tribunal Constitucional se
pronunció en el sentido de decir que había sido constitucionalmente removida la señora
Carmen Higaonna. Hay que leer la sentencia y yo ratifico y rubrico todo lo que ha
planteado Rolando Reátegui, presidenta. Todos tenemos que escuchar al señor que se
defienda y luego procederemos a tomar una decisión.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias.
Congresista Lapa.
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El señor LAPA INGA (FA).— Presidenta, solamente para corroborar a lo señalado. El
grupo de trabajo ha hecho un informe encomendado por esta comisión. Esta comisión es
lo que va a remover, entonces, en ese sentido la Constitución señala que toda persona
tiene derecho a la defensa y aún más. Hay varios pronunciamientos al respecto y ya lo ha
dicho el congresista Velásquez, en caso de la señora Carmen Higaonna ha habido un
Tribunal Constitucional.
Entonces sería, creo que la mayoría ha intervenido, darle ese espacio a fin de que esta
comisión escuche su defensa en cumplimiento de la Constitución, que también señala el
debido proceso.
Consecuentemente, se pronuncie esta comisión.
Nada más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista, ha sido un
amplio debate.
Tiene el uso de la palabra el congresista Arana.
El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidenta, el propósito que se nos ha encomendado
es un propósito de la mayor responsabilidad, no solo frente al Congreso sino al país. Y
así lo hemos asumido, y por eso hemos querido que por un lado se garantizara el debido
proceso y se valoraran todos los elementos disponibles.
Y allí donde incluso ha habido hechos graves señalados, donde no se podía establecer
una conclusión firme por lo menos en el mandato recibido, nosotros decidimos apartarlo,
no porque quisiéramos dejar de lado los elementos que se empleaban sino que las
conclusiones a las que se llegara fueran incontrovertibles.
Para responder al congresista Gino Costa, presidenta, por ejemplo, sobre el tema del
título. Inmediatamente que conocimos de que el título podría haber sido obtenido de una
manera controvertida oficiamos al rector de la UNSA.
Me acaba de llegar un documento a las tres de la tarde de hoy del rector de la
universidad, y el rector de la universidad señala en el último párrafo que han acordado en
su sesión del día 27 de junio, lo siguiente: "Nombrar una comisión especial integrada por
los señores decanos Hugo Rojas Flores, presidente, Henry Polanco Cornejo y Luis cuadros
Paz, a quienes se les ha encargado analizar y determinar los aspectos académicos,
administrativos y legales en relación a dicho informe, otorgándoles un plazo de 30 días",
y se adjunta la certificación del acuerdo.
Entonces si la propia universidad, el Consejo Universitario todavía no ha establecido de
manera fehaciente sino que está creando una comisión para que dentro de 30 días lo
haga, mal habríamos hecho de colocar el tema, sabiendo que era un tema que genera
preocupación. Pero ¿qué pasaba si este informe por alguna razón exculpa del cargo que
se había hecho?, nosotros podríamos ser acusados de cometer una arbitrariedad.
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Esa es la razón, ha tenido que ver con rigurosidad y objetividad, presidenta, no con
descuido del grupo de trabajo.
Y en ese sentido, presidenta, aunque el mandato que recibimos para hacer este informe
culminaba recién el 7 de julio, debido a la responsabilidad que hemos tenido hemos
terminado el informe del día de hoy.
En lo personal, presidenta, me gustaría y creo que además es sentir de los miembros de
mi bancada que hubiéramos podido tomar hoy día mismo una decisión, dado que hemos
tenido el tema del debido proceso y además la calificación objetiva y rigurosa de los
hechos como un tema importante.
Presidenta, en todo caso pido que esta comisión pueda para el día lunes 3, a las 09:30 o
10:00 h, si lo tiene a bien usted, convocar bajo apercibimiento, porque uno de los temas
que nos preocupa es que efectivamente, pudiera prolongarse algo que no debe
prolongarse, está absolutamente claro y la voluntad expresa del grupo de trabajo es que
no se prolongue.
Tan es así que hemos hecho todos los esfuerzos para que se terminara y se concluyera
con la mayor antelación posible, pero sin dejar por ello de valorar todos los elementos sin
dejar el rigor, y por otro lado de violentar el debido proceso.
En ese sentido, presidenta, siendo mi voluntad personal y de los miembros de mi bancada
que pudiéramos tomar la decisión hoy, pero guardando coherencia con el espíritu de este
grupo de trabajo, presidenta…
Me pide una interrupción el congresista Sheput.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Sheput, tiene la
interrupción-
El señor SHEPUT MOORE (PPK).— Gracias, presidenta; gracias, congresista Arana.
Solamente quería precisar algo, señora presidenta, y complementar lo que dice el
congresista Arana.
Para que esta Comisión Permanente tome una decisión se necesita solo una falta que
atente contra lo que es el criterio de intachable, e inclusive, señora presidenta, aparte del
informe que está presentando el congresista Marco Arana, esta asamblea desde el
momento que representa al Pleno proporcionalmente, está en condiciones de evaluar
también el título universitario que hoy día que ha quedado demostrado que ha sido
fraudulento.
Por lo tanto, existen las condiciones desde ya para poder tomar una función del debido
proceso. Se le está concediendo que venga el día lunes como mandato imperativo, pero
basta una, y solo una prueba que demuestre el carácter de que le está faltando a la
moral, a la ética y al criterio de intachable, para que el señor Contralor sea
absolutamente sancionado y separado de su cargo.
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Gracias, presidenta; y gracias, congresista.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Arana.
La segunda interrupción, congresista Becerril.
El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidenta. Gracias, colega Arana.
Yo entiendo que algunos colegas quieran pues que el tema se resuelva hoy día, y es el
sentir de todos, o sea, todos quisiéramos que el tema se resuelva hoy día, por eso
justamente hemos tratado de acelerar el tiempo, incluso, estamos ni siquiera tomando el
tiempo que nos han dado, estamos acortando ello.
Pero, qué pasa, creo que hay que actuar con transparencia, hay que actuar con el debido
proceso, y no por apurar un par de días las cosas, vamos a hacer las cosas digamos mal,
y que haya motivos de descalificar a un informe.
Yo, presidenta, colegas, quiero llamar a la reflexión a aquellos colegas que están
queriendo que hoy día se resuelva el tema.
Obviamente hay medios que están llamando, que hoy día tienen que resolver, entonces,
al ponerlos en esta disyuntiva, o sea, acá entonces hay unos congresistas que si están a
favor de que las cosas se hagan como supuestamente quiere la prensa y otros no.
Acá somos claros, el informe que se ha presentado, presidenta, colegas, es un informe
por unanimidad, o sea, no hay un informe acá que un tema estamos discrepando. Lo
único que acá es, respeto a seguir el debido proceso.
Entonces, por lo tanto, no nos queramos pues y disculpa, presidente, a de repente poner
en un plan, para que el periodismo me alabe, y diga que bien están en contra y que hoy
día mismo se resuelva, deje mal al Congreso.
Acá hay que ser coherente, creo que todos de la comisión estamos pidiendo en base a
ese trabajo que hemos realizado, de que se espere que el día lunes se le cite, se escuche
y se tome la decisión. Hagamos las cosas bien, creo que hay que hacer las cosas
pensando en el Congreso, y no pensando en réditos personal, presidenta.
Gracias, congresista Arana.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Arana.
El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidenta, antes de culminar mi intervención, en el
informe que ha enviado la UNSA, y que voy a pedir a Oficialía a través suyo, presidenta,
que pueda repartirlo a todos los congresistas.
Yo leí la primera página, pero en la última página ya de conclusiones, quisiera leer
presidenta, la conclusión una, del consejo universitario, en realidad ya ha concluido que
el título dice lo siguiente:
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1.- Por todo lo que la comisión por unanimidad concluye, que el título profesional de
contador público del señor Edgar Alarcón Tejada, fue obtenido sin cumplirse
escrupulosamente los requisitos legales, puesto que no acreditó experiencia profesional
de tres años como lo estipula el Reglamento.
O sea, el informe ya está terminado, lo de la comisión es para finiquitar algunos temas
de carácter administrativo. Entonces, si efectivamente constituye ya un elemento de
prueba.
Presidenta, dado que la comisión que tenía un plazo de vencimiento para el 7 de julio, y
dejo constancia de que la preocupación de todos los miembros, de todas las bancadas, y
de su propia presidencia ha sido que sin abandonar la rigurosidad del trabajo, se
avanzara lo más pronto posible.
Creo que en ese mismo espíritu, y sin violentar el debido proceso, de una vez se tome la
decisión de convocar al Contralor para poder hacer su descargo correspondiente ante la
Comisión, bajo apercibimiento, y que el día lunes a las 10 de la mañana, pueda citarse
esta Comisión Permanente, presidenta.
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Arana.
De conformidad con las expresiones que han sido vertidas en el transcurso del debate, y
con el pedido del presidente del Grupo de Trabajo que ha sido designado por esta
comisión, al cual le agradecemos porque sabemos que han hecho todo el esfuerzo para
no esperar hasta el día 7 de julio, sino entregarlo el día de hoy, se va a proceder a citar
para el día lunes a las 9 y 30 de la mañana, al Contralor general de República; y esta
sesión continuará en esa fecha.
Y por tanto, se suspende la sesión, siendo cinco para las siete de la tarde.
Muchas gracias.
—A las 18 horas y 55 minutos, se suspende la sesión.