especial: justiciaidl.org.pe/idlrev/revistas/171/justicia.pdf · la realidad es mucho más compleja...

��ideele Nº 171 / junio 2005

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�� Debemos hablar de siste-ma de justicia y no de reformajudicial, porque hay un conjuntode instituciones y operadoresincluidos en esto y el productojusticia no depende solo delPoder Judicial. Me refiero a unagama que va desde el MinisterioPúblico hasta las entidadespenitenciarias, desde las faculta-des de Derecho hasta la Policía.Claro está: este reconocimientono implica adjudicar igual res-ponsabilidad a cada institución.

2. No todo cambio es reforma.Cuando hablamos de reforma,estamos designando un momen-

to, un acuerdo entre diversosactores respecto de un planrefundador, y de una estrategiacompartida para llevarlo a cabo,que integra instituciones y unadiversidad de componentes,presididos por una orientacióndemocrática. Porque la reformabusca la realización del Estadode Derecho o no es tal. Si se usaeste concepto, ha habido menosreformas en América Latina delas que se presentan como tales.

3. No basta declaraciones devoluntad. Llevar a cabo la reformarequiere determinadas condicio-nes que, cuando no se dan,

niegan la posibilidad de unareforma. A veces se ha creído quebastaba con convencer al presi-dente de la corte o conseguirplata, e iniciar un proyecto. Larealidad es mucho más complejay, en ocasiones, requiere de untrabajo previo a la reforma misma,destinado a preparar las condicio-nes que necesita su gestación.

4. Las reformas del sistema dejusticia, en términos generales,no han logrado los resultadosesperados. Pese a ello, hayciertos logros que vale la penadestacar en la mayor parte deAmérica Latina:

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a. el concepto de reforma delsistema de justicia ha sidoaceptado y es política pública;

b. la crónica falta de recursospara atender el problema es,cada vez menos, una excusaválida para no efectuar reformas;

c. se selecciona jueces enconcursos públicos y se haempezado a vigilar socialmente elnombramiento de magistrados; y,

d. la independencia judicial se haempezado a abrir paso. Estoúltimo ocurre principalmente através del surgimiento de "juecesdisidentes", que dotan a sufunción de independencia, defi-niéndola como un serviciopúblico y distanciando su ejerci-cio de las necesidades del poder.

5. No obstante, los resultadosalcanzados han sido lentos,caros, parciales e insuficientes.Hay una desproporción entrelogros y expectativas que, enparte, se origina en la ligereza y elexceso en los que se incurrió alofrecer la reforma. Lo que estáocurriendo ahora en la docena depaíses que han adoptado lareforma procesal penal puedeilustrar la cuestión. Se prometióuna justicia enteramente distinta,imposible de alcanzar con lascondiciones y medios existentes.

6. Habría que pedir a la reformadel sistema de justicia aquelloque sí puede cambiar, para loque es indispensable saber conclaridad qué es lo que no está ensu ámbito y no depende de ella.Exclusión y pobreza, desigual-dad y corrupción, ignorancia ydesconfianza son característi-cas de nuestras sociedadescuyas raíces son profundas yllegan mucho más allá de lajusticia. La justicia no puede

remediar estos males. Corres-ponden a un marco social queimpone límites al funcionamien-to del sistema. Toca a laspolíticas estatales macro elencarar esos males arraigados.

7. Lo que debe pedírsele a lajusticia es una mejora clara en lacalidad del producto que elsistema ofrece. Sin embargo, lamayor parte de los indicadoresdisponibles, sobre el curso de lareforma de la justicia, no mide lacalidad del producto. Se hapreferido evaluar cambios en losdiseños institucionales o, másfrecuentemente, recoger la opi-nión del ciudadano, el experto oel usuario sobre la calidad; conlo cual se mide percepcionespero no se evalúa realidades.Dictámenes, acusaciones ysentencias han merecido pocoestudio o han sido evaluadossuperficialmente. Igual ocurrecon los medios alternativos deresolución de conflictos(MARC), que son propagandi-zados casi como milagrosossin que conozcamos seriamen-te sus resultados.

8. La principal escasez operati-va en la transformación delsistema de justicia no estáreferida a los recursos económi-cos sino a los recursoshumanos. Este es un factor queha sido puesto de manifiestogracias al incremento de recur-sos presupuestales ocurrido afavor del sector justicia, median-te mayores porciones de gastoestatal, donaciones externas ypréstamos internacionales.Cuando se cuenta con un planestratégico y se lo pone enmarcha, los viejos actoresdeben ser reemplazados, por-que no se puede esperar quejueces, fiscales y abogados

litigantes que han sido laspiezas clave del antiguo sistemase conviertan de pronto enprotagonistas del cambio.

9. Se ha demostrado queremediar tal mal medianteactividades de capacitación esun esfuerzo costoso e inútil.Quien no tiene una buenaformación como abogado, malpodrá adquirirla cuando se hallaen ejercicio del cargo. De ahíque los sistemas de nombra-miento sigan siendo una piezaclave de cualquier proceso dereforma. Pero, allí donde talessistemas funcionan aceptable-mente, tropiezan a menudo conla insuficiencia de candidatosbien formados y dispuestos aingresar en tareas de laadministración de justicia.

10. El punto anterior lleva al rolde la formación de abogados enuniversidades que siguen multi-plicándose para ofrecer unacalidad cada vez más devalua-da. Es este un tema usualmentedescuidado en las agendas dereforma del sistema de justicia.La formación de profesionalesmediocres que se encaminan aocupar cargos en aquello que sepresenta como un sistema dejusticia nuevo o reformadomantiene el bajo prestigio socialde trabajar en él.

11. La reforma de la justicia noes solo un proceso de cambioinstitucional sino también unode cambio cultural, que com-prende una reeducación ciuda-dana sustancial. Esto requiereun esfuerzo amplio, concertado,sobre la base de una alianza deactores importantes y unaestrategia en la que a través defases se lleve a cabo el plan quese concuerde. Es trabajar en el

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largo plazo, por etapas, y novolviendo a comenzar todo denuevo cada vez.

12. El rol de la sociedad civilsigue siendo crucial, porque lareforma no se hará solo desdedentro: ¡por algo no se ha hechoya! Pero en la sociedad civil hayque notar presencias y ausen-cias. Quienes están presentespueden tener, y tienen, unimpacto importante. Sin embar-go, el grueso de las organizacio-nes sociales sigue sin contarcon participación en el tema y,en consecuencia, la agendapública sobre justicia siguesiendo hecha por pequeñosgrupos, muchos de los cualesrealizan un trabajo técnica ysocialmente valioso. Debe te-nerse presente, sin embargo,que nadie es dueño del tema.

13. En defecto de las grandesorganizaciones civiles, las ONG,en ocasiones valiéndose dealianzas sociales que lastrascienden, se han convertidoen un agente vitalizador de losprocesos de reforma, queaportan elementos profesiona-les sobre el tema y alientan lapuesta en vigencia de mecanis-mos de vigilancia social sin loscuales la reforma quedaríaencerrada en las cuatro paredesde un inmueble incapaz detransformarse a sí mismo. Sinembargo, los procesos dereforma se mantienen a unadistancia considerable del cono-cimiento y el juicio ciudadanos.Y esto es una importanteinsuficiencia para un proceso decambio institucional que requie-re la demanda, la atención y elcuidado ciudadanos.

14. Es preciso distinguir entredos modalidades de participa-ción de la sociedad civil. Unaconsiste en ejercer vigilanciasocial sobre el funcionamientode las instituciones del sistemade justicia. Otra ha sido incrustarrepresentantes de organizacio-nes sociales en el aparatoestatal de la justicia. Diversasrazones, que el caso del ConsejoNacional de la Magistraturailustra bien en el Perú, sugierenmirar críticamente esta segundaopción. Este tema merece undebate importante y posiblemen-te una reconsideración.

15. Para todo trabajo deplaneamiento del cambio delsistema de justicia sigue exis-tiendo un vacío conceptualtocante a cuáles deben ser lasresponsabilidades que corres-ponden al Estado en materia dejusticia. Al tiempo que no secuenta con esa definición,propuestas contenidas por ejem-plo bajo el criterio de oportuni-dad en la reforma procesal penalo provistas por los diversosMARC —incluida la justiciacomunitaria—, retiran de lacompetencia del Estado unaserie de casos y asuntos.Usualmente, se justifica estasfórmulas con base en lapreocupación por descargarcierto volumen de causas delaparato judicial, sin haberseestablecido qué porciones deconflictividad social deben serresueltas por el Estado, enrazón del interés público en quelas reglas para resolver talesproblemas sean comunes y,para asegurarlo, sean genera-das y aplicadas homogénea-mente en el país. También estees un tema que requiere dejarposturas ideológicas, trabajarcon evaluaciones serias y optarpor definiciones claras. �


�s acertado partir de la ideade que el "producto justicia" nodepende solo del Poder Judicialsino de todo un sistema dejusticia. Una realidad que sedescubre al menor contacto conel mundo de la justicia, y cuyacomplejidad se va percibiendoen la medida en que estecontacto se profundiza con elpaso de los años.

Los eslabones que forman lacadena de todo lo que incide enla administración de justicia sonmuchos, muy variados y cadavez más sofisticados. Veamostodo lo que abarca todo este(sub)mundo. En el Estado:Poder Judicial (ejerce la funciónjurisdiccional); Ministerio Públi-co (actúa pruebas, investiga,dictamina, etcétera); PoderEjecutivo-Ministerio de Justicia(procuradores, cárceles, aboga-dos de oficio, etcétera); PoderEjecutivo-Policía (detenciones,requisitorias, actuación de prue-bas, cárceles, etcétera); PoderLegislativo (marco constitucio-nal y legislativo, comisiones,investigaciones, sanciones);Consejo Nacional de la Magis-tratura-CNM (entrada y salida de

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jueces y fiscales); y así sepodría seguir precisando mu-chas funciones más relaciona-das con la justicia en el TribunalConstitucional, la Defensoría delPueblo, la Contraloría, lostribunales administrativos y has-ta el fuero militar (fácticamente).

Organigrama que se complicaaun más si incorporamos todo"lo internacional", algo relativa-mente nuevo pero que seentremezcla cada vez más conlo nacional: jurisdicción interna-cional y universal (el SistemaInteramericano de DerechosHumanos, para comenzar).

Y al interior de cada uno de loseslabones hay una serie deórganos, muchos de ellos casidesconocidos pero que juegansu propio partido respecto de lajusticia. Así, por ejemplo, en elPoder Judicial habría quediferenciar los plenos de la CorteSuprema y Cortes Superiorescomo órganos jurisdiccionales ode gobierno; a sus respectivospresidentes, que cuentan conatribuciones importantísimas(determinan la composición delas salas, por ejemplo); la

Oficina de Control de laMagistratura (control disciplina-rio); la Academia de la Magistra-tura; al casi clandestino Conse-jo Ejecutivo, la Gerencia, etcéte-ra, etcétera.

Pero lo que incide en la justiciano está solo en el Estado, sinotambién en la sociedad. Si no,pensemos en la importancia queen relación con ella tienen—como lo remarca Pásara—los abogados, las facultades deDerecho de las universidades olos colegios de abogados(sanción y elección de represen-tantes). Es preciso tomar encuenta, también, las presionesque ejercen sobre la justicia losmedios de comunicación, laprotesta social, los grandesestudios de abogados, losdiversos sectores empresaria-les y —por qué no mencionar-lo— la cooperación internacio-nal y las ONG; todas distintasentre sí, algunas para bien yotras para mal, pero todasinnegables.

O pongamos atención, por último,en toda aquella veta que proveeelementos culturales que tienen

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que ver con la cuota queaportamos todos para que lascosas estén como están. Algu-nos ejemplos: el incumplimiento,por principio, de normas yderechos, o la famosa mentalidadlitigiosa (ir a juicio por cualquiercosa o para ganar tiempo), sondos realidades que contribuyen aque la carga procesal se torneinmanejable. De la misma mane-ra, la facilidad con la que muchosrecurren a la 'coima'.

Saquemos las consecuenciasprácticas de esta mirada a lajusticia con lente gran angular:

– Cuando hablamos de cam-biar y mejorar la justicia,estamos diciendo que de loque se trata es de removertodo lo que está en esteinmenso y surrealista organi-grama. Hablamos, entonces,de una tarea pesada, comple-ja y de largo plazo. Y resultainevitable tomar en cuenta elconjunto, por lo intrincadoque está todo.

– El estado actual de la justiciaes "corresponsabilidad" demuchos; hay que descartar,por ende, aquella creenciatan generalizada según lacual los jueces son los únicosresponsables.

– Tampoco hay que ser unexperto para darse cuenta deque, en nuestro caso, hayproblemas serísimos en cadaeslabón de la cadena. ¿Porqué esperar que la justiciacamine mínimamente bien?Una vez más, estamosesperando un milagro.

Avances y retrocesoshacia un sistema dejusticia

Parte de lo positivo que haocurrido en los últimos años enel país es que se ha avanzado enesta dirección, se ha idoasumiendo un concepto desistema de justicia, una visiónmucho más amplia de lo queinfluye y hay que cambiar, por

tanto, en su administración. Yeste avance se ha traducido nosolo en buenos discursos sinotambién en medidas concretas.

Señalemos un ejemplo: lafamosa Comisión Especial parala Reforma Integral de laAdministración de Justicia (Ce-riajus) tuvo una composicióninédita, pues estuvo integradapor representantes de los trespoderes del Estado, los distin-tos órganos del sistema dejusticia y cinco representantesde la sociedad civil. Otro: lacomisión para la implementa-ción progresiva del nuevo CódigoProcesal Penal (CPP) estáintegrada por representantes delPoder Judicial, del MinisterioPúblico y de los ministerios deJusticia, Interior y Economía.

Sin embargo, luego de casicinco años de transición demo-crática, hay también peligros,tensiones y hasta retrocesosque opacan este avance:

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– Hay aún quienes, desde elPoder Judicial, utilizan lareferida "corresponsabilidad"para negar la propia (la culpaes de la Policía, del fiscal, delos empresarios corruptos,etcétera).

– Se está produciendo, tam-bién, una suerte de involu-ción, ya que se está volviendoa cuestionar el conceptomismo de sistema de justi-cia. Se afirma así, cualsofisma, que este concepto'licua' el carácter de "poderdel Estado" que solo tiene elPoder Judicial y no otrosórganos vinculados a lajusticia. Esta involución seexpresa asimismo de unamanera muy concreta: se hacumplido poco del Plan de laCeriajus, que es visto comouna "imposición externa".Además, la ya referida comi-sión de implementación delCPP no ha podido aún sacarel Plan, lo que revela que nohay trabajo conjunto.

– Hay muchas resistencias areconocerse mutuamentecomo operadores de unmismo sistema, el de justi-cia. No se quiso incluir a laPolicía en la Ceriajus, pese alas importantes atribucionesque le corresponden en laadministración de justicia. Lapropia Policía, a su vez, seresiste a aceptar y aplicar elnuevo CPP, porque no quieresometerse al control judicialque corresponde. El PoderJudicial no admite que elEjecutivo pueda tener iniciati-vas en el ámbito de la justicia,porque cree equivocadamen-te que siempre será unainjerencia política. El Ejecuti-vo, a su turno, no acepta que

se critiquen las decisionesdel Poder Judicial, pero hayque cumplirlas.

– La amplitud de visión sirvehoy, muchas veces, solo parajustificar el mal estado de lajusticia y la inacción. Hay quecomenzar a desconfiar dequienes plantean que esnecesaria, ante todo, una"reforma integral", porqueesta expresión ha comenza-do a convertirse en una suertede estrategia para no hacernada. La constatación de quetodo proceso de reforma es,per se, complejo, no puedeser utilizado como pretextopara no comenzar nunca; nosignifica, tampoco, que no sepueda priorizar determinadosaspectos capaces de lograrefectos generales (sistemade selección de jueces otransparencia, por ejemplo);ni supone, por último, que seaimposible ir consiguiendoresultados concretos, demenos a más.

¿Pacto a favor de lareforma? ¿O en contra?

Asumido entonces el conceptode reforma de la justiciaexpresado por Pásara (acuerdo,en un momento determinado,entre diversos actores, respectode un plan refundador y de unaestrategia compartida, presidi-dos por una orientación demo-crática), no nos queda más quepreguntarnos quiénes son opodrían ser, en nuestro caso,esos actores.

Cuando se inició la transicióndemocrática, parte de nuestrodiscurso era que había queaprovechar determinadas condi-ciones a favor de la reforma de lajusticia, entre las que mencioná-

bamos: voluntad política delGobierno y de los partidospolíticos; impulso desde dentrodel sistema de justicia; undiscurso desde diversos secto-res de la sociedad que apunta-ban en la misma dirección(medios de comunicación, gre-mios empresariales, etcétera);interés de la cooperacióninternacional, entre otras.

Claro que, al mismo tiempo,advertíamos que el aparenteconsenso a favor de la reformajudicial podía deberse a que era laposición "políticamente correcta"una vez que quedó totalmente aldescubierto lo ocurrido con lajusticia durante la década deFujimori y Montesinos: una"reforma judicial" exitosa (acuerdoentre actores para el uso y abusode la justicia a favor de los objetivosdel régimen), pero sin el sentidodemocrático que —como admitePásara— es parte del contenidoesencial del concepto de reforma.

Luego de casi cinco años dedemocracia, cabe preguntarnos:¿quiénes son los que handemostrado estar mínimamentecomprometidos con un acuerdode reforma en la direcciónplanteada por Pásara? ¿Quiénes,por ejemplo, en el Poder Judicial oel Ministerio Público? A estasalturas, ¿se puede creer que lasprincipales o algunas de las altasautoridades del Poder Judicial odel Ministerio Público estánliderando un proceso de cambio?Es obvio que, a este nivel, losimpulsos iniciales han disminuidohasta casi desaparecer, sin queesto signifique la negación deesfuerzos individuales, excepcio-nales y hasta heroicos.

¿Y en el caso del Gobierno y lospartidos políticos? Acá también

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el entusiasmo ha decaídonotoriamente, por razones queno constituyen ningún misterio:1) La fragilidad y precariedad delGobierno, y del régimen demo-crático en general, reduce lasposibilidades y las ganas deimpulsar reformas en general.2) El que la mayoría de lossectores políticos tengan "intere-ses propios" en la justicia (casosde corrupción o de violaciones dederechos humanos relacionadoscon ellos, por ejemplo) estambién un factor de inhibición.

A la vez, no podemos negar queen los últimos años se hademostrado la importancia deque haya en los distintospoderes del Estado quienesfomenten el cambio en elsistema de justicia. Algunosejemplos con nombre propio:1) La primera época de HugoSivina como presidente de la

Suprema. 2) La labor de losministros de Justicia FaustoAlvarado y Baldo Kresalja a favorde la Ceriajus. 3) Los esfuerzosque están haciendo hoy loscongresistas Chamorro y Alva-rado por establecer un régimencompleto de carrera judicial,sobre la base de lo aprobado porla Ceriajus. 4) El rol que hacumplido la Defensoría delPueblo para incorporar la justi-cia militar en la justicia ordinaria.5) ¿Lo será Vásquez Vejarano,actual presidente de la CorteSuprema, con su presupuesto?

Sin embargo, si hay algo que haquedado plenamente demostra-do en estos últimos años en elámbito de la justicia es queaquello de que "todos queremosque la justicia cambie y mejore"es una de las más grandesmentiras sociales. Ha quedadoclarísimo, más bien, que son

muchos los sectores quequieren que nada cambie,porque, de una u otra manera,viven, se benefician y hasta sehacen millonarios con el siste-ma de justicia actual (jueces,fiscales, abogados, colegiosprofesionales, facultades deDerecho, sectores empresaria-les); aparte, claro, de quienesestán abiertamente en el campode lo ilícito (corrupción, violacio-nes de derechos humanos,delincuencia, etcétera).

Por eso, hay que volver a hacerun recuento de los sectores que,desde el Estado y la sociedad,quieren impulsar un cambio, paracomenzar a desarrollar unaalianza contra quienes no loquieren. Una alianza que puedaapoyarse en un impulso vitalrealmente existente y que espeligroso seguir desatendiendo:la gran demanda social porjusticia. Porque es falso que lostemas de justicia no estén entrelas preocupaciones prioritarias dela gente; ocurre simplemente quese expresan para exigir ¡justicia!Esa es la línea que debe servirpara, al mismo tiempo, juntar yseparar: a un lado, quienes en elEstado y en la sociedad quierencambios; al frente, los que, enambos ámbitos, se oponenabierta o solapadamente, poracción u omisión.

Un acuerdo de este tipo, quecomprometa por lo menos anúcleos importantes del poderpolítico, poderes del Estado ydistintos sectores de la socie-dad civil, es una de esascondiciones básicas plantea-das por Pásara para que unareforma del sistema de justiciaprospere: la clásica y hastatrajinada, pero indispensable,voluntad política y social.

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Por ello, cabe reiterar una ideaque puede parecer hasta broma:en el Perú nunca se ha intentadouna reforma del sistema dejusticia. Y no es que queramosdecir que seamos un país virgenen cuanto al tema, pero sí que lareforma nunca se ha intentadobajo la premisa básica de unacuerdo entre determinadosactores estratégicos, con claraorientación democrática.

Los dos intentos de reforma quese suele mencionar (el deVelasco y el de Fujimori),aunque absolutamente diferen-tes por razones que saltan a lavista, tienen en común que sedieron bajo regímenes no demo-cráticos, contexto que condicio-nó objetivos, métodos y medi-das. Y aun cuando el actualintento de reforma tiene comomarco un contexto y un discursodemocráticos, es obvio que noha contado con esa alianzaentre actores en el Estado y lasociedad.

¿Qué pasaría si en el Perú seintentase una reforma sobre labase de ese mínimo consen-so? Estamos seguros de quese obtendrían resultados im-portantes.

Logros a pesar de todo

Es importante que, con elmismo énfasis con el que sedestaca que "las reformas delsistema de justicia, en términosgenerales, no han logrado losresultados esperados", se reco-nozca que "hay ciertos logrosque vale la pena destacar", pormás que sean "lentos, caros,parciales e insuficientes".

En el marco de los logrosreferidos por Pásara, y pensan-do específicamente en el Perú,habría que remarcar:

– Mayor independencia políticade la justicia: Hay quereconocer que, pese a todo,estamos muy lejos de lainjerencia política que huboen la época de Fujimori, ytambién de la que se ha dadodurante toda nuestra historia.

– Acceso a la justicia: Tan solounos años atrás, ni siquieraexistía esta expresión. En elcaso del Perú el tema haservido para potenciar meca-nismos como: justicia depaz, justicia comunal, rondascampesinas, defensorías co-munitarias, entre otros. Reali-dades diversas entre sí, peroque tienen en común el ser,justamente, mecanismos queestán mejorando efectiva-mente el acceso a la justicia.Reconocerlo no significa des-conocer las tensiones ypeligros que al mismo tiempoengendran.

– Participación de la sociedadcivil: Antes, la sola idea eraconsiderada una herejía.

– Derechos humanos: Véaseartículo sobre judicialización.

Excesos de laparticipación de lasociedad civil

Es cierto que hay sectoressociales que podrían jugar un rolmuy importante como impulsopara el cambio en el sistema dejusticia, pero que siguen siendoindiferentes y distantes. El másnotorio, tal como lo remarcóPásara, es el caso de losempresarios. Prueba de ello esque ni siquiera han participadoactivamente en el debate ni en lapuesta en práctica de losflamantes juzgados comercia-les, que manejarán una materia

que se calcula en más de 600millones de dólares al año.

Por otra parte, reiteramos que,sobre la base de varios años deexperiencia, corresponde ahorarepensar la participación derepresentantes de la sociedadcivil en determinados órganos oinstancias vinculadas a lajusticia, por realidades delsiguiente tipo:

En el caso del CNM, de sussiete representantes, cinco sonde la sociedad civil. / Los dosrepresentantes que salieronelegidos por la sociedad civilante la OCMA son personas queevidentemente no reúnen losrequisitos mínimos. / No hayningún seguimiento o rendi-miento de cuentas del represen-tante de los abogados ante elConsejo Ejecutivo. / La elecciónpor la Asamblea Nacional deRectores de sus dos represen-tantes ante el CNM ha sido unavergüenza, por falta de reglasclaras y de transparencia. / Elactual proceso de elección delos representantes de loscolegios profesionales ante elCNM está lleno de problemas, alpunto que el propio Colegio deAbogados ha pedido la suspen-sión de las elecciones.

Acá, nada de "espíritu decuerpo": se tiene que ser igualde drástico que cuando secritica al Estado. Pero, a la vez,no por determinadas malasexperiencias, hay que descartareste tipo de participación. Hay,sí, que evaluarla y replantearlaen términos de: 1) Composición.2) Sistema de elección. 3)Mecanismos de transparencia,fiscalización y rendimiento decuentas.�

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' más de uno le puede sonar arefrito leer —nuevamente— unartículo que dé cuenta de lasnecesidades económicas insatis-fechas del Poder Judicial, o que semencione que su actual presu-puesto de 635 millones de nuevossoles es insuficiente, a pesar deque esta misma asignación está

creciendo de manera constanteaño a año (al igual que elpresupuesto de la Corte Supre-ma), o de que las condiciones enlas que trabaja buena parte de losjueces son precarias.

Pues bien, estimado lector:habiéndolo librado en un párrafo

de estas verdades, vayamos alfondo de una cuestión cuyadiscusión cobra importancia enla actual coyuntura.

Preguntas preliminares

El hecho es que este año elPoder Judicial ha puesto enmarcha una iniciativa distinta

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Wálter Vásquez Vejarano, presidente de la Corte Suprema, enfrenta un gran desafío: un presupuestocoherente, transparente y orientado a la reforma.

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para elaborar su presupuesto, laque está próxima a finalizar

(primeras semanas de junio).

¿Cuál es la razón para que seformule ahora esta iniciativa? En

realidad, no hubo motivo para no

plantearla con anterioridad, pero

esto sucede como respuesta al

fallo del Tribunal Constitucional

en el que este afirma que escompetencia del Poder Judicial

presentar su proyecto de presu-

puesto al Poder Ejecutivo, sin

que este lo modifique, para su

posterior sustentación ante el

Congreso.

¿Y qué nos parece interesante

de esta iniciativa? Que se haya

convocado a un equipo técnicode reconocido nivel para plan-

tearla y desarrollarla, lo cual, de

paso, sienta un precedente

técnico para armar el presu-

puesto judicial de ahora enadelante. Además, la iniciativa

está diseñada para elaborar el

presupuesto judicial en función

de tres principios básicos:

equilibrio, participación y des-

centralización.

¿Nos debe preocupar algo de

esta iniciativa? Sí: dos aspec-

tos. El primero es que no sehaya cumplido cabalmente con

la aplicación de los principios de

equilibrio y participación de la

citada iniciativa. El segundo,

que, en general, su racionalidad

no haya sido tal, pues, según lainformación que se maneja, la

propuesta de presupuesto que

el Poder Judicial presentaría al

Ministerio de Economía y

Finanzas guarda escasa vincu-

lación con la incorporación demedidas de reforma de la

justicia.

¿Cheque en blanco?

Alguien puede preguntarse,entonces, si es que acaso laspreocupaciones anteriores sonla consecuencia previsible delfallo del Tribunal Constitucional.Por supuesto que no. Dichasentencia dejó bien en claro quela competencia del PoderJudicial para elaborar su presu-puesto debe ser acompañadapor otros dos requisitos para,precisamente, evitar el caso delcheque en blanco.

El primer requisito fue dirigido alPoder Judicial, que debe elabo-rar una política judicial que guíela actuación de la administra-ción de justicia en el corto,mediano y largo plazo, y que,además, sirva de sustentotécnico para la aprobación de supresupuesto en el Congreso dela República cada año.

El segundo requisito es unllamado al Congreso a que dicte

una ley que norme la coordina-ción entre el Ejecutivo y elJudicial en materia de laelaboración del presupuesto deeste último.

Problemas del eje"participación"

La iniciativa llevada a cabo por elPoder Judicial ideó el eje"participación" como la realiza-ción de talleres macrorregiona-les en cinco ciudades del paíscon el fin de recoger requeri-mientos, inquietudes y propues-tas tanto del Estado cuanto de lasociedad civil.

No obstante, como señalára-mos en un inicio, este esfuerzose deslució por el poco espaciopara la discusión e interacción yla no sistematización de laspropuestas vertidas en lasreuniones abiertas (en las queparticipó la sociedad civil) ni enlas cerradas (solo para presi-

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dentes de Corte, el presidentedel Poder Judicial y personal dela Gerencia General).

Problemas del eje"equilibrio"

La concepción teórica de laelaboración del presupuestopara el 2006 incluyó la noción deno exagerar el pedido derecursos de modo tal que estepueda ser cumplido. Pero, comoadelantáramos, este principioha sido desenfocado.

El doctor Vásquez Vejarano,presidente del Poder Judicial,indicó que el presupuesto para el2006 sería aproximadamente de1.000 millones de nuevos soles.Unas semanas después, apuntóa que la asignación no seríamayor de 1.200 millones. Siconsideramos que el presupues-to del Poder Judicial para esteaño es de 635 millones de nuevos

soles, caeremos fácilmente en lacuenta de lo significativo del

aumento esperado.

No queremos ser aves de mal

agüero, pero hay que contar con

un nivel técnico elevado para

poder ejecutar, de la noche a la

mañana, el doble de lo que

usualmente se administra. Ha-

cemos hincapié en ello, pues

hace un par de años el Poder

Judicial tuvo problemas con la

ejecución de casi 30 millones de

nuevos soles.

¿Qué es lo que pide elPoder Judicial?

Lo fundamental alrededor del

tema del presupuesto judicial es

hacia dónde van los recursos. El

contar con una propuesta de

presupuesto adecuada en lo

técnico es solo un medio para

lograrlo. Por tanto, es indis-

pensable revisar dónde planea elPoder Judicial invertir los recur-sos por solicitar para el 2006.

Según la última edición deCaretas (2 de junio), el presiden-te del Poder Judicial señaló queel adicional de presupuesto parael 2006 (cerca de 400 millonesde nuevos soles) se repartiríaprincipalmente en: (i) 204millones de nuevos soles parapagar salarios, gratificaciones yCTS; (ii) 128 millones de nuevossoles para crear 253 órganosjurisdiccionales; (iii) 100 millo-nes para informatización; y, (iv) 4millones de nuevos soles y partedel préstamo de la UniónEuropea (15 millones de dólares)para capacitar magistrados.

La reforma debe ser el eje

Sin negar la cierta necesidad delos gastos señalados en elpárrafo anterior, no podemosdejar de listar una serie depreguntas con un cuestiona-miento de fondo.

¿Es que acaso tales gastosconstituyen la prioridad númerouno de la justicia? ¿Dónde estánlos cambios estructurales? ¿Dón-de queda el fortalecimiento de lalucha anticorrupción, el apoyoeconómico y logístico a lajusticia de paz, la designación deintérpretes y empleo de peritajecultural, la redefinición del rol dela Corte Suprema, etcétera? Y amanera de preocupación gene-ral, ¿dónde queda el Plan deReforma de la Ceriajus?

Esperamos que no en el olvido,sino en el presupuesto 2006.Aún hay tiempo y medios paracorregir este curso de colisiónentre los intereses ciudadanos ylos de la magistratura. �

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ESPECIAL: JUSTICIA

�n el Congreso, la comisiónordinaria más dinámica enesta materia ha sido la deDefensa, presidida por LuisIberico. En febrero de este añoel despacho de este congresis-ta organizó un seminario sobrejusticia militar; posteriormente,

a mediados de marzo, constitu-yó un grupo de trabajo confor-mado por asesores de diversasinstituciones públicas paraelaborar una propuesta depredictamen de Ley Orgánicade Justicia Militar y de Códigode Justicia Militar.1

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Área de Defensa y ReformaMilitar del IDL

1 Grupo de Trabajo constituido porrepresentantes del Ministerio de

Lo más apropiado, entonces,

hubiera sido que se instalara

una subcomisión de trabajo

parlamentaria, en la cual los

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Defensa, Ministerio del Interior,Poder Judicial, Ministerio Público,Consejo Supremo de Justicia Mili-tar, Tribunal Constitucional, Centrode Altos Estudios Nacionales yDefensoría del Pueblo, la cual fueinvitada tardíamente.

2 La Comisión sugerida estaría inte-grada por tres congresistas, unode la Comisión de Defensa Nacio-nal, uno de la Comisión de Justicia yuno de la Comisión de Constitución,tres representantes del Poder Eje-cutivo, uno del Ministerio de Defen-sa, uno del Ministerio del Interior yuno del Consejo Supremo deJusticia Militar y un representantedel Poder Judicial, un representantedel Ministerio Público y un represen-tante del Colegio de Abogados deLima. Dicho proyecto de ley cuentacon dictamen de ley aprobado en laComisión de Defensa. (Cursivas delas autoras.)

3 El proyecto en cuestión contemplaen su artículo 3º la conformaciónde una comisión integrada por trescongresistas, tres representantesdel Poder Ejecutivo, un represen-tante del Poder Judicial, un repre-sentante del Ministerio Público y unrepresentante del Colegio de Abo-gados de Lima.

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miembros de la Comisión de

Defensa y sus asesores asu-

mieran el encargo del Tribunal

Constitucional. Sin embargo,

los señores miembros de la

Comisión de Defensa acataron

la iniciativa de la conformación

de este grupo de trabajo de

asesores sin cuestionamiento

alguno.

En estas circunstancias, elpasado 12 de mayo el congre-sista Luis Iberico presentó elproyecto de ley 12971/2004-CR, para delegar facultades alPoder Ejecutivo con el fin deque dictase, mediante decretolegislativo, el Código PenalMilitar-Policial en un plazo denoventa días calendario. Endicho proyecto se argumentaque "la elaboración del Códigode Justicia Militar requiere nosolo de criterios técnico-jurídicos muy avanzados dadasu alta especialización, sinoque además tiene que desarro-llarse dentro de un ámbito deconsenso, de acuerdo a losciudadanos con uniforme a loscuales va a regir penalmente,debiendo tenerse en cuentaademás que este Código es uncuerpo normativo sui génerispuesto que contiene normassustantivas, procesales e in-cluso de ejecución penal por loque dado su especial confor-mación, y teniendo en cuentala proximidad del plazo otorga-do por el Tribunal Constitucio-nal se requiere otorgar ladelegación de facultades alPoder Ejecutivo para su elabo-ración, revisión y promulga-ción".2 Mientras tanto, segúninformación proporcionada porla propia Comisión de Defensa,el grupo de trabajo antes

mencionado estaría por con-cluir un predictamen de LeyOrgánica de Justicia Militar ainicios de junio del presenteaño, a efecto de que seaasumido por la Comisión deDefensa.

Hasta la fecha, la dinámica de

trabajo adoptada por la Comi-sión de Defensa evidencia dos

cosas. Primero, el interés en

asegurar la pronta aprobación

de una Ley Orgánica de la

Justicia Militar que apuntale la

continuidad del aparato organi-zacional de la justicia militar; y,

segundo, enmarcar el debate de

un texto de Código de Justicia

Militar Policial en la próxima

legislatura, sobre la base de un

texto elaborado por una comi-sión ad hoc.3

manos de una comisión laelaboración de un texto de esta

envergadura? Además, ¿cuál es

el sentido de trabajar en una

propuesta de Ley Orgánica de

Justicia Militar sin antes haber

planteado una propuesta de leysustantiva? En un proceso de

redefinición del modelo de

justicia militar sustantivo, el

proceso lógico implica contar, en

primer lugar, con una propuesta

sustantiva sobre la justiciamilitar, que sirva de sustento

para el diseño del correspondien-

te modelo de justicia militar

orgánico orientado a fortalecer el

Estado de Derecho, y no al revés.

Por su parte, la congresista

Rosa Yanarico Huanca, miem-

bro de la Comisión de Defensa,

Entonces, ¿de qué proceso de

redefinición de la justicia militarestaríamos hablando, si el

Congreso autoriza esta delega-

ción de facultades y abdica de

su responsabilidad para dejar en


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Los n˙cleos duros de la justicia militar: Cara a cara

Reformade la justicia militar

La justicia militar tiene que responder al actual contexto histórico, ala realidad social que impera y a la salvaguarda del interés nacionalpor consolidar un Estado de Derecho democrático.

La disciplina, el orden y la jerarquía de las FF.AA. y la PNPdeberán ser protegidos por un derecho administrativo disciplinario.

La justicia es única; por ello, la justicia militar debe ser entendidacomo una competencia especializada de aquella.

El Tribunal Constitucional ha definido que el agraviado en el delitode función son las FF.AA. y la PNP, ya que con la infracción deldeber militar se compromete las funciones constitucionales ylegales asignadas a las citadas instituciones.

La especialidad en Derecho Penal Militar requiere la formaciónjurídica de jueces y fiscales en esta materia.

La justicia militar tiene que estar organizada según lo determine elPoder Judicial.

La justicia militar tiene una naturaleza preventiva y represiva, yaque es un mecanismo de control judicial estatal para sancionar a losmilitares o policías que incumplen con sus deberes militares.

Continuidad de los n˙cleos duros del modelode justicia militar

La justicia militar responde a los antecedentes históricos y a larealidad social y salvaguarda los intereses nacionales.

El derecho penal militar tiene que proteger la disciplina, el orden yla jerarquía de las FF.AA. y la PNP.

La justicia militar tiene que ser reconocida como una jurisdicciónespecializada.

En el delito de función se tiene que definir quién sería el agraviado.

Los jueces y fiscales, inexorablemente, tienen que tener formaciónjurídico-militar.

La justicia militar tiene que estar organizada según la distribución delos efectivos militares.

La justicia militar fortalecida significa que los militares y policíastendrán convicción necesaria para cumplir sus funciones.

hasta hace poco portavoz dePerú Posible, a quien nuncaantes se le conoció interésparticular sobre temas vincula-dos a la justicia militar, auspicióel 4 de mayo pasado unseminario sobre justicia militaren el Hemiciclo Porras Barrene-chea del Congreso en coordina-

de un nuevo Código de Justicia

Militar y Policial.

Ámbito de poder y fuentede identidad

Más allá de las disquisiciones

jurídicas sobre el proceso de

acomodación del ámbito de la

suyos; por ello, afirman conabsoluta convicción que "ladeterminación de la especiali-dad en lo militar es la vivenciacomo militar y que ningunacapacitación jurídica puedereemplazar la vivencia". En elfondo, la preocupación yace enasegurar el mantenimiento de

justicia militar al sistemaordinario de administración dejusticia, se aprecian con másnitidez los nudos críticos queestán en juego en este procesode redefinición para la corpora-ción militar.

Para el imaginario militarresulta un hueso durísimo deroer que quien administrejusticia no sea uno de los

ción con el Consejo Supremo deJusticia Militar. Posteriormente,

el 19 de mayo la congresista

Yanarico presentó el proyecto de

ley 13035/2004-CR para crear

una comisión multisectorial en-

cargada de proponer al Congreso

un proyecto de reforma constitu-

cional sobre un nuevo sistema de

justicia en el ámbito militar y

policial, así como una propuesta

un aparato organizacional en elcual quien administra justicia"sea uno de los suyos", y no unjuez civil considerado un extraño.

Resulta por ello interesante laautopercepción del actual pre-sidente del Consejo Supremode Justicia Militar, el general deBrigada Juan Pablo RamosEspinoza, oficial asimilado alcuerpo jurídico del Ejército,

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sobre lo que constituye elcarácter irreemplazable de la

vivencia militar: "[...] el entrena-

miento físico a las cinco de la

mañana, los cantos y oracio-

nes invocados por la Patria, las

labores realizadas en las zonasbajo estado de emergencia

durante el conflicto armado

interno", etcétera, borrandotoda referencia a su papelconcreto como juez militar a lolargo de su carrera. A nuestroparecer lo que se desprende esla percepción central de unaidentidad cimentada sobre co-tos o ámbitos que temenperderse, pues el proceso dereacomodación ordenado por elTribunal Constitucional desvir-túa sentidos comunes centra-les sobre las competencias dela justicia militar y la existenciade los jueces militares comojueces naturales, etcétera.

Las resistencias de fondo seracionalizan en un discursoque destaca la centralidad dela justicia militar para resguar-dar el orden, la moralidad y ladisciplina de la Fuerza Arma-da, y en último orden laseguridad nacional de lanación, así como la necesidadde garantizar a los procesadosque sean juzgados por sumagistrado natural. Estos ar-gumentos han sido convenien-te y suficientemente aclaradospor el propio Tribunal Constitu-cional, al haber distinguido conclaridad entre las funciones yámbitos de lo jurisdiccionalfrente a lo administrativo, asícomo la reafirmación delprincipio de igualdad ante la leybajo el criterio de unidadjurisdiccional.

Lo que está en juego es unabatalla por conservar y minimi-

zar el impacto de los nuevosparámetros señalados por el

Tribunal Constitucional sobreeste ámbito de prerrogativaclásica de la Fuerza Armada.Participamos por ello de unproceso político por definición.Nuestros representantes con-gresales y la dirigencia política—con excepciones, por su-puesto— parecen no estarmuy dispuestas a redefiniresta vieja prerrogativa. Muchomás cómodo es dejar lascosas como están. Los ciuda-danos y ciudadanas interesa-dos en fortalecer un sistema deadministración de justicia efi-ciente para todos los peruanosy las peruanas consideramosque la administración dejusticia conforma una unidad, yno puede continuar conviviendocon ámbitos de justicia concolores particulares.

El congresista Luis Iberico (al centro) presentó un paquete de ley que delega facultades al Ejecutivo para que, en un plazode 90 días, dicte el Código Penal Militar-Policial. ¿En qué queda la redefinición de la justicia militar por parte del Congreso?

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�� Coordinador del Área Legal del IDL

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+a historia de las dos últimasdécadas da cuenta de laimposibilidad de las víctimas delas violaciones de sus derechoshumanos de alcanzar justicia,pues existen diversos mecanis-mos de impunidad que compro-meten precisamente a las institu-ciones llamadas a protegerlos.

No en vano el Informe final dela Comisión de la Verdad y

Reconciliación (CVR) señalóque la abdicación de laautoridad democrática duranteel conflicto comprometió inclu-so las funciones propias de laadministración de justicia.

Sin duda, el proceso detransición democrática y eltrabajo de la CVR han abiertouna etapa de cambio en el rol dela justicia en materia dederechos humanos; por ello, a

pesar de que el transcurso deltiempo pareciera diluir eseimpulso político, hoy se puedeafirmar que existe un proceso dejudicialización de los crímenescontra los derechos humanoscometidos en el pasado.

Creación del subsistemapenal

La complejidad y la naturalezaespecial de los crímenes contra

ESPECIAL: JUSTICIA

El Frontón, 18 y 19 de junio de 1986.

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los derechos humanos, pero,sobre todo, el hecho de que elsistema de justicia penal no estépensado ni organizado parainvestigar y sancionar crímenescometidos desde el poder—como lo son las violaciones dederechos humanos—, han im-puesto la necesidad de contarcon instancias judiciales espe-cializadas en este tipo de delitos.

De hecho, la creación, en abrildel 2002, de la FiscalíaProvincial Especializada enDesapariciones Forzadas, Eje-cuciones Extrajudiciales y Ex-humación de Fosas Clandesti-nas como consecuencia de unacuerdo entre el Estado peruanoy la Comisión Interamericana deDerechos Humanos, apuntabaprecisamente en esa dirección.

Este fue el principal fundamentopara que primero, en el 2003, laCVR, y luego, en el 2004, laCeriajus, propusieran la crea-ción de un subsistema penal dederechos humanos.

Así, en setiembre del 2004 elConsejo Ejecutivo del PoderJudicial emitió la resoluciónadministrativa 170-2004, pormedio de la cual no solo secambiaba el nombre de la SalaNacional de Terrorismo por el deSala Penal Nacional, sino que, yprincipalmente, se otorgaba aesta instancia judicial compe-tencia para conocer los delitoscontra la humanidad y delitos

comunes que hayan constituido

casos de violaciones de los

derechos humanos. De la

misma manera, esta resolución

dispuso que los juzgados

penales de terrorismo se conver-

tían en juzgados penales supra-

provinciales y tendrían compe-

tencia sobre los mismos delitos.

La citada disposición estable-

ció, asimismo, la instalación deestos juzgados en las cortes dejusticia de Lima y Ayacucho.

Casi dos meses después, el 25de noviembre del 2004, la Fiscalíade la Nación dictó la resolución

1645-2005, que dispuso tambiénla conversión de las fiscalíasespecializadas en delitos deterrorismo en Fiscalía SuperiorNacional y fiscalías penalessupraprovinciales; además, am-plió la competencia de estas paraconocer casos de violacionescontra los derechos humanos.

Si bien las fiscalías y juzgadossupraprovinciales solo han sidocreados en Lima y Ayacucho—dos de los departamentos conmayor incidencia en casos deviolaciones de derechos huma-nos—, se ha constituido, enrigor, un subsistema penal dederechos humanos.

Dificultades ylimitaciones

El sometimiento de los violado-res de derechos humanos a lajusticia ha generado en diferen-tes países de América Latinasituaciones de conflicto ytensión política, pues tal deci-sión compromete la posibilidadde determinar responsabilida-

FISCALÕA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS,DESAPARICIONES FORZOSAS, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y

EXHUMACI”N DE FOSAS CLANDESTINAS

Ayacucho

HUANCAVELICA

Primera FiscalÌa Provincial Penal de Huancavelica

JUNÕN - HUANCAYO

Cuarta FiscalÌa Provincial Penal de Huancayo

FISCALÕA PROVINCIAL ESPECIALIZADA PARA

DESAPARICIONES FORZOSAS, EJECUCIONES

EXTRAJUDICIALES Y EXHUMACI”N DE FOSAS CLANDESTINAS

Resolución 631-2002-MP-FN

UCAYALI - CORONEL PORTILLO

Tercera FiscalÌa Provincial Mixta de Coronel Portillo

SUBSISTEMA PENAL DE DERECHOS HUMANOS

FISCALÕA SUPERIOR PENAL

NACIONAL

Resolución 1645-2004-MP-FN

SALA PENAL NACIONAL

Resolución 170-2004-CE-PJ

FISCALÕAS PENALES

SUPRAPROVINCIALES

LIMA

JUZGADOS PENALES

SUPRAPROVINCIALES

LIMA

JUZGADO PENAL

SUPRAPROVINCIAL

AYACUCHO

Segundo Juzgado Penal deHuamanga

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des penales y sanciones sobremandos militares en actividad y

personajes políticos integrantesde los círculos del poder.Asimismo, tal sometimiento poneen evidencia la organizacióndesde el Estado, y de maneraparticular desde las FuerzasArmadas, de planes destinados acometer y ocultar crímenescontra la humanidad. El casoperuano no será la excepción.

De hecho, la queja interpuesta

contra Cristina Olazábal, fiscal

de Ayacucho, y el intento de

destituirla por haber comprendi-

do en la denuncia de las

matanzas de Accomarca yCayara a ex altos mandos del

Ejército y al ex presidente de la

República Alan García Pérez, es

un ejemplo de lo que afirmamos.

Otra dificultad es que no se ha

designado aún a los fiscales y

jueces supraprovinciales en Junín,

Huánuco, Huancavelica o Ucaya-

li, departamentos en los queexiste una importante cantidad de

casos de violaciones de derechos

humanos en juzgados y fiscalías

ordinarias, razón por la cual no

están siendo investigados. En

este tipo de delitos, el retraso enlas indagaciones suele afectar las

posibilidades de recopilar las

pruebas.

De igual manera, si bien

inicialmente una disposición

administrativa otorgó competen-

cia nacional a los juzgados

supraprovinciales para que pu-

diesen investigar crímenes con-tra los derechos humanos

cometidos en cualquier lugar del

Perú, luego se restringió esta

atribución a los juzgados supra-

provinciales de Lima, y más

tarde se estableció, a través deuna tercera disposición admi-nistrativa, que todos los juzga-dos penales de los diversosdistritos judiciales del Perú quereciban denuncias penales porcasos de violaciones contra los

derechos humanos deben remi-tirlas a los juzgados suprapro-vinciales de Lima para que estoslleven a cabo los procesos.

Así, por ejemplo, el caso Cayaraserá investigado por un juez de

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Lima, lo que, evidentemente,acarreará a los agraviados

serios y graves problemas de

acceso a la justicia, vulneración

de normas elementales del

debido proceso y notoriasdificultades en el esclarecimien-

to de los hechos.

A estos problemas debemos

sumar la existencia de lasFiscalías Provinciales Especia-

lizadas en Desapariciones For-

zadas, Ejecuciones Extrajudi-

ciales y Exhumación de Fosas

Clandestinas designadas en

Lima, Ayacucho y CoronelPortillo, las que no son parte del

subsistema de derechos huma-

nos y, por lo tanto, actúan de

manera autónoma y hasta

descoordinada en relación con

las fiscalías del subsistema. Dehecho, el caso más evidente es

el de la Fiscalía Provincial

Especial de Lima, cuyo titular

pareciera que tiene como

"misión fundamental" evitar la

denuncia de los altos oficialesde la Marina y del ex presidente

García en el caso El Frontón.

Como si esto fuera poco, casitodos los jueces y fiscales

encargados de la investigación de

estos casos son provisionales.

Asimismo, en el curso de losprocesos y de las propias

investigaciones fiscales se es-

tán observando y presentando

algunos problemas que atentan

contra su eficacia, razón por la

cual es importante prestarlesespecial atención.

El primero es que, a excepciónde los integrantes del grupoparamilitar Colina, cuando se hadictado mandato de detenciónesta no se ha hecho efectiva. Enmuchos casos han sido miem-bros de las Fuerzas Armadaslos que se han resistido acumplir estas órdenes, y enotros se ha constatado unasospechosa desidia policial.

Respecto de este mismo tema, eljuez provisional de Ucayali, VíctorOrtiz, ha ordenado, de manerailegal, la libertad de dos oficialesde la Armada comprometidos enviolaciones contra los derechos

humanos que estaban recluidosen un penal militar por mandato dela justicia de ese fuero, pero quejamás fueron puestos a disposi-ción de su juzgado.

Un segundo problema es laresistencia del Ministerio deDefensa y de las propiasFuerzas Armadas a proporcio-nar información sobre losmilitares investigados o proce-sados por estos delitos.

En tercer lugar, muchos jueces yfiscales se han resistido a aplicarlas normas establecidas porconvenciones y pactos interna-cionales de protección de losderechos humanos que tienencarácter de mandato constitucio-nal, lo que ha dificultado lapersecución penal de los involu-crados en este tipo de crímenes.

A pesar de todo, y a la luz de lasRecomendaciones de la CVR,este es uno de los temas en losque más se ha avanzado y en elque aún es posible decir queexisten las condiciones paraconocer la verdad y alcanzarjusticia.


��Paz y Esperanza

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Cuartel Los Cabitos, Ayacucho, escenariode violaciones de los derechos humanosen el pasado.

Escena 1: Varios de losprincipales líderes del PartidoAprista acusan a la fiscalespecial de Derechos Huma-nos, Cristina Olazábal, de seruna terruca. La evidencia másclara: haberse atrevido a investi-gar y denunciar penalmente porcrímenes de lesa humanidad aAlan García Pérez. Pocos seinmutaron: una patadita másqué importa.

Escena 2: El general ensituación de retiro EduardoFournier, ex director de Contra-subversión de Vladimiro Mon-tesinos y dirigente nacional de laagrupación fuimorista Sí Cum-ple, es recibido con honores enel cuartel Los Cabitos deAyacucho, donde se realiza unaimportante reunión nacional delos Comités de Autodefensa, yen la que Fournier es el principal

orador. En ese mismo lugar laFiscalía realizó, hace dosmeses, una diligencia de cateoy exhumación de fosas que diocomo resultado el hallazgo derestos humanos presumible-mente asesinados cuando elgeneral Noel era la máximaautoridad en ese cuartel y enAyacucho. La fiscal, peritosforenses y abogados que partici-paron en aquella diligencia notuvieron la suerte de serrecibidos como Fournier.

Escena 3: El coordinadorgeneral de los Comités deAutodefensa a escala nacional,Esteban Quispe Campo, pide unminuto de silencio en memoriadel general Clemente Noel yMoral en la ceremonia previa aldesfile dominical que se realizaen la Plaza Mayor de Ayacucho,en presencia de las autoridades

y ante un importante número deespectadores. Hay sorpresa enalgunos rostros; la gente en latribuna principal calla; más allá,también silencio; los murmullosllegan tarde.

Escena 4: En unas paredes deAyacucho aparecen pintas sub-versivas, "con firma y sello" delPCP Sendero Luminoso, quedicen "Viva Olazábal", enreferencia a la fiscal deDerechos Humanos. Quizá seala prueba que necesitaban ciertosdirigentes políticos y algunosmilitares sujetos a investigaciónpor crímenes contra los derechoshumanos. Queda claro: Olazábalno es imparcial; o, como diríaGarcía, es mala, corrupta yprevaricadora.

Todo esto, que parece parte deuna tragicomedia escrita a dúo

ESPECIAL: JUSTICIA

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por Vladimiro Montesinos yAgustín Mantilla, acontecióhace muy poco, en tiempospost-CVR y cuando, aunqueusted no lo crea, son cada vezmás los que empiezan a creerque es posible lograr lareparación y justicia anheladapor las víctimas del conflictoarmado interno.

Porque siendo preocupante lorevelado, soy de los que piensan(acaso un iluso más) que elescenario en general ha cambia-do. Así, por ejemplo, y parareferirme a la primera escena, porgraves que sean los insultos yacusaciones proferidos por losmáximos líderes del APRAcontra la fiscal Olazábal, salvouno que otro desprevenidociudadano con carné de esepartido, nadie los cree. Por si noles han contado a García, DelCastillo y otros líderes apristas,cada vez que escupen susinsultos contra la fiscal deDerechos Humanos, más seacrecienta el respaldo que estavaliente funcionaria recibe delpueblo y las instituciones deAyacucho.

No estamos pues, señores, enlos tiempos de masacres comolas de Accomarca y Cayara,cuando el solo hecho de atribuira personas —sean estas muje-res, hombres o niños— haberparticipado o colaborado enacciones de Sendero Luminosoo, como dirían de la fiscal, serterruca, acarreaba, sin mediarinvestigación alguna, la elimina-ción de tales personas.

La masacre de Cayara, aquelinfausto episodio ocurrido haceya diecisiete años, fue unademostración palmaria de hastadónde se puede llegar cuando seactúa o responde con insensateze irresponsabilidad. Pero esetiempo ya pasó. Queda lamemoria y esa exigencia quesentimos como si rasguñasen

las piedras. Debe de ser la voz dela sangre de los caídos que sigueclamando justicia desde la tierra,y que perturba a quienes tienen laobligación, porque los tiemposson otros, de rendir cuentas hoy.

En lo que atañe a la segundaescena, no cabe duda de que losmilitares, como cualquier otrapersona en el país, tienen elderecho de recibir en sus casasa quien les dé la gana. Pero loscuarteles no son de su propie-dad: se les ha encargadoadministrarlos y deben serutilizados para el cumplimientode su misión institucional, queno es hacer proselitismo parti-dista, ni apología disimulada delprófugo ex Presidente.

Tampoco están allí para estorbarlas investigaciones de las autori-dades jurisdiccionales. Nadie lespide que aplaudan el paso defiscales o jueces encargados dela investigación de crímenescontra los derechos humanos;se les demanda, sí, que sesubordinen al poder constitucio-nal, lo que implica guardarrespeto escrupuloso al juez ofiscal que cumple su función, y,para citar solo una forma,atención a los requerimientos deinformación que a cada rato seles cursan. Ha pasado el tiempoen el que podían sentirse y actuarcomo los dueños y autoridadsuprema de las zonas declara-das en emergencia, cuandoincluso parecía estarles permiti-do disponer de la vida y suerte delas personas.

Y, ¿por qué sorprenderse con latercera escena? Porque, hastadonde se ha podido averiguar,ninguna autoridad militar opolítica, ningún dirigente ronde-ro, pidió antes, en esa mismaplaza, siquiera un segundo desilencio por los cientos o milesde personas por cuya muerte odesaparición se responsabilizóal general Noel. Para la mayoría

del pueblo ayacuchano, Noel fueun asesino; y aunque losfamiliares y amigos de esedifunto general pueden rendirleel homenaje que les parezca, notienen derecho de hacerlo en laplaza y en la tierra de susvíctimas. Salvo que se quieraprovocar, o se pretenda que elpaso del tiempo ha hecho olvidarlo ocurrido.

Finalmente, la escena 4, franca-mente grotesca, grafica la faltade ideas y recursos, perotambién la ignorancia y mala fede algunos. Es ridículo imaginara Sendero Luminoso exaltandoa la fiscal que ha denunciadopenalmente a Abimael Guzmány a otros individuos de la cúpulasenderista. Si la pretensión eraconfundir, nada más desafortu-nado. La policía antiterroristainmediatamente descartó quelos autores de esas pintasfueran militantes de Sendero, ypara el común de la gentequienes las hicieron fueronapristas. Es que los tiemposson otros, y, felizmente, haycosas que están cambiando.

Si he de ser franco, tengo queadmitir que no hemos cambiadolo suficiente: hay todavía en elpaís mucha gente que no sienteni asume como propias trage-dias como las de Cayara,Ccano, Lucanamarca, y mu-chas otras; gente cuya coartadapara evadir responsabilidadeses que el recuerdo e investiga-ción de estos crímenes solopersigue represalia y venganza.

El tiempo transcurrido quizá noha sido suficiente para entenderque procurar una adecuadainvestigación de los crímenesocurridos en nuestro país servirápara reivindicar la dignidad denuestros compatriotas victima-dos, pero también para reivindi-car, corrigiendo errores y supe-rando la indiferencia y cobardíade otros tiempos, nuestra propiadignidad.�

"�ideele Nº 171 / junio 2005

ESPECIAL: JUSTICIA

�or tercera vez en los últimosquince meses, quienes tieneninterés en que no testifique másen las investigaciones por loscrímenes de lesa humanidadcometidos en el cuartel 9 deDiciembre, de Huancayo, inten-taron matar a Luis AlbertoRamírez Hinostroza.

Ocurrió el 1 de junio, aproxima-damente a las 6 y 30 de la tarde,poco después de que saliera dellocal de IDL, hasta donde habíaacudido a ver los asuntos de ladenuncia penal que ha empren-dido contra el general (r) LuisPérez Documet por delito desecuestro en agravio suyo.

Cuando terminaba de cruzar elparque Mariscal Castilla, enLince, muy cerca de la avenidaHipólito Unanue, apareció porella un vehículo motorizadodesde el cual salieron variosdisparos. El suboficial José

Salinas Rojas, encargado de sucustodia, actuó decididamenteal cubrirlo con su cuerpo yresponder el fuego, con lo que lesalvó la vida.

El drama de Ramírez empezó el22 de febrero de 1991, cuandofue detenido en el mencionadocuartel. Allí permaneció dossemanas sin que sus familiaressupieran de su paradero.Debido a ello la ComisiónInteramericana de DerechosHumanos (CIDH) lo consideróun desaparecido.

En el tiempo en que estuvo enesa instalación castrense fuesometido a torturas y fue testigode la presencia de numerososjóvenes, igualmente detenidos ytorturados, que nunca másaparecieron. Se trataba proba-blemente de algunos de los 150estudiantes de la Universidaddel Centro que desaparecieron

entre 1991 y 1993 luego de serrecluidos en aquel estableci-miento militar.

Precisamente este último casofue adoptado por la Comisión dela Verdad y Reconciliacióncomo un caso patrón cuyajudicialización recomendó. Ac-tualmente se encuentra eninvestigación en el MinisterioPúblico.

En 1991 el jefe del ComandoPolítico Militar del Mantaro era elgeneral Luis Pérez Documet.Dada su posición de mando ydominio en la zona, que lepermitía saber lo que ocurría alinterior de los cuarteles y basesmilitares del valle del Mantaro, el10 de marzo del año pasado elcuarto juzgado penal de Huan-cayo abrió instrucción contra élpor el delito de secuestro enagravio de Ramírez. A partir deentonces este último ha sido

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objeto de múltiples amenazas yde otros dos atentados contrasu vida.

Lo ocurrido el 1 de junio resultaindignante y asombroso. Indig-na la libertad e impunidad con laque se han movido hasta ahoralos sicarios encargados deatacarlo múltiples veces. Hastael momento no hay una solapersona detenida por ello. Aestas alturas cabría inclusopreguntarse si es que hayalguna investigación abierta alrespecto. ¿Acaso no existe

casualidad no conduce a lasautoridades a plantearse algunahipótesis para la respectivainvestigación?

Y lo que resulta asombroso esque todo esto pase durante unrégimen constitucional, declara-damente democrático, en el quese afirma respetar el Estado deDerecho. Esto sucede duranteun Gobierno que no es unadictadura y que ha ofrecidoapoyar las recomendaciones dela CVR, que ha declarado que nohabrá impunidad para quienes

Estado —desde el Ministerio delInterior— resulta insuficiente.

A su vez, el Ministerio deDefensa debería explicar porqué se ha negado a informar a laautoridad judicial de Huancayosobre la identidad del personalmilitar que trabajó en el cuartel 9de Diciembre en 1991. Igual-mente, debería informar sobre laidentidad del sujeto que, el 8 desetiembre del 2004, fue identifi-cado como integrante delServicio de Inteligencia, luegode ser detenido en la comisaríade La Molina debido a queemprendió una persecucióncontra Ramírez, a quien filmó ysiguió hasta su casa. Y, porsupuesto, no caben de esadependencia respuestas increí-bles tales como la que diorespecto de las motivacionesdel soldado que tomó fotografíasno autorizadas del agraviado ysu abogado durante la inspec-ción judicial del cuartel huancaí-no, el 3 de mayo: que lo hizo porinterés personal.

La recurrencia de amenazas yatentados contra Ramírez reve-la la existencia de un complotcriminal que pretende impedirque actúe como testigo en unimportante caso de violacionesmasivas de los derechoshumanos en el que, además,resultan involucrados altos je-fes militares.

La CIDH, en comunicacióndirigida al Ministerio de Relacio-nes Exteriores, ha expresado suprofunda preocupación al Esta-do peruano frente a este nuevoatentado y le ha solicitado querefuerce la protección policial aRamírez y le ofrezca medios detransporte adecuados. �

pista alguna? ¿Las autoridadesno tienen ninguna sospechasobre la autoría —intelectual ymaterial— de estos actoscriminales?

Los atentados comenzaron el17 de marzo del 2004, unasemana después de la aperturade la instrucción penal contraPérez Documet. El último se haproducido a pocos días del iniciodel respectivo juicio oral. Ade-más, está próxima la denunciafiscal por las desapariciones deestudiantes en Huancayo. ¿Noes mucha coincidencia? ¿Tanta

cometieron violaciones de losderechos humanos.

Sin embargo, ese mismo régi-men no ofrece la debidaprotección a los testigos deviolaciones de los derechoshumanos, ni a las víctimas deestos. La asignación de unaescolta para Ramírez se produjoapenas luego del segundoatentado contra su vida, perpe-trado el 30 de agosto del 2004,que lo dejó herido de bala en elabdomen. Sin embargo, todoindica que el nivel de seguridadque hasta ahora le ha brindado el

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especial: justiciaidl.org.pe/idlrev/revistas/171/justicia.pdf · la realidad es mucho más compleja...

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