En el Enredando las Mañanas del viernes 31 de julio de 2015, dialogamos con Gloria Silva, abogada de da Paola Salgado, una de las 13 activistas sociales detenidos-as el pasado 8 de julio, en principio acusados por ser aparentemente responsables de las explosiones contra la entidad Porvenir; luego por supuestas relaciones con la red urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y finalmente acusados de participar en disturbios en la Universidad Nacional. La jueza pidió la medida de aseguramiento para los 13 detenidos, que implica que permanezcan en prisión durante el proceso judicial; la defensa apeló la medida.

ELM: Un placer hablar con vos para poder hablar con vos para saber las novedades del proceso judicial de los 13 compañeros detenidos

Gloria: Buenos días para todos los oyentes de la RNMA. Antes que nada aclarar que la mayoría de ellos han sido imputados por los hechos que ocurrieron el 20 de Mayo, que no corresponde a atentados sino a una protesta estudiantil que se desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia, que es una Universidad pública. Los estudiantes estaban protestando por la imposición del plan nacional de desarrollo, que nosotros como organizaciones de derechos humanos también estimamos como bastante negativa para los intereses de la población colombiana.

ELM: ¿Cuáles son las irregularidades que ocurrieron en el proceso de privación de la libertad?

Gloria: Estos jóvenes son detenidos y todo el mundo se enteró de la situación a través de la policía, la fiscalía y el mismo presidente de la República, que de manera muy negativa, inciden imponiendo una presunción de culpabilidad de ellos y señalándolos de ser integrantes de una organización rebelde de Colombia como lo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta es la primera irregularidad grave que nosotros consideramos y vamos a seguir denunciando en los estados judiciales, porque consideramos que además de atentar contra la presunción de inocencia de las personas detenidas, incide de manera adversa en la independencia judicial. En Colombia ningún Juez se va a atrever a proferir la decisión que resulte favorable al derecho a la libertad de personas que han sido condenadas anticipadamente por el presidente de la República, el vice-fiscal y la policía. A ellos se los acusa a través de los medios de comunicación de ser los responsables de unos atentados, atribuidos al ELN, ocurridos en Bogotá el 2 de julio contra las instalaciones de Porvenir. Sin embargo en el transcurso de la actuación nos hemos dado cuenta que todo se reduce para la mayoría ellos a la protesta estudiantil que acabo de señalar. La legalización de la captura se produce por fuera de los términos, es decir

cuando ya existía una prolongación arbitraria de la privación de la libertad. Sin embargo el juez de control de garantías impartió legalidad a la misma. Esta es otra irregularidad que venimos denunciando y presentamos el recurso de apelación que todavía no ha sido tratado. Con posterioridad se desarrolla la audiencia de imputación que es el momento en que la fiscalía le informa a los detenidos y a la defensa cuáles son los delitos por los cuales serían llevados a juicio. Tres de ellos fueron imputados por los delitos de “rebelión y terrorismo” y los otros diez por ”tenencia y transporte de explosivos” y “violencia contra servidor público”. Estos últimos delitos resultan desproporcionados y pueden tener una pena de 22 a 30 años. Nosotros hemos señalados que es bastante irracional la forma en que fueron imputados si no había suficiente claridad respecto de cuáles eran los hechos concretos de los que se les atribuía responsabilidad a cada uno de ellos. La imputación fue genérica y no se hicieron las aclaraciones que la defensa solicitó. Luego se solicitó la medida de aseguramiento y de acuerdo con el criterio de la fiscalía estos jóvenes representan un peligro para la sociedad aduciendo que el delito que se les imputó es demasiado grave, la pena demasiado alta y que seguramente van a evadir la decisión de la justicia. Esto sorprendió no sólo a los jóvenes y la defensa sino a la opinión pública, en la medida en que la fiscalía manifiesta que ellos pueden fugarse e irse a un campamento del Ejército de Liberaciòn Nacional (ELN), lo cual no tiene ningún tipo de sustento fáctico. Previo a esto, la policía venía (a través de los medios de comunicación) filtrando información sobre presuntas amenazas hacia el fiscal general de la nación y testigos del proceso. La fiscalía considera que estas son maniobras que tienden a tergiversar o a influir negativamente a futuro en el proceso penal. A raíz de esto solicitó que los jóvenes fueran detenidos en una cárcel mientras se desarrollara el juicio en su contra. El 28 de julio la Juez de control de garantías adopta una decisión, señalando que en efecto ellos constituyen un riesgo para la comunidad, que ellos se salieron de la legalidad (generando ya una presunción de culpabilidad que no debería pronunciar la juez) y de manera bastante genérica y abstracta, manifiesta que por estas razones, deberían ir a la cárcel. Esta decisión fue apelada, por supuesto, por toda la bancada de la defensa que en su mayoría está compuesta por abogados defensores de derechos humanos, y que históricamente hemos defendido presos políticos. Respecto de la cual solicitamos la nulidad, por considerar a que no había debida sustentación o motivación de la decisión judicial , y que la adjudicatura no se había pronunciado sobre ninguno de los argumentos de fondo que había presentado la defensa, por cuanto considerábamos que no existía ninguna evidencia, que permitiera generar una inferencia razonable de probable responsabilidad o autoría de ellos en los delitos que fueron imputados. Ya terminada esta intervención de la defensa, el Ministerio Público solicita la segunda instancia, que es un juez del circuito que decrete esa nulidad, que había sido decretada por la defensa, por considerar en efecto que la sustentación o la motivación de parte de la juez de primera instancia había

sido una motivación aparente, que no se había pronunciado sobre todos y cada de uno de ellos sobre cómo era que se concertaba esa inferencia razonable que exige la ley. Más allá de las manifestación de la procuraduría, la defensa también había hecho otros planteos relativos a que no resulta necesaria la imposición de la medida de aseguramiento, por cuanto estos jóvenes tienen un arraigo social, familiar, que no representan ningún peligro para la comunidad; exhibimos como evidencia todas las certificaciones de sus trabajos, sus universidades, de sus espacios familiares que denotan que no son personas que vayan a evadir la acción de la justicia, muchísimo menos cuando estamos hablando acá de hechos que a nuestro criterio no revisten de una gravedad, un impacto social, y que por el contrario la protesta social en Colombia lo que hace es fortalecer la democracia.

ELM: ¿Actualmente están esperando que los jueces den la nulidad de la medida de aseguramiento?

Gloria: La segunda instancia tendrá que analizar las argumentaciones tanto de la defensa como del Ministerio Público para adoptar una decisión.

ELM: ¿Hasta que eso suceda los 13 compañeros y compañeras permanecerán privados de su libertad?

Gloria: Sí, aunque a nuestro criterio ya se ha configurado una prolongación ilegal de la misma.

ELM: Gloria, ¿quién es esta jueza? ¿Tiene antecedentes de criminalizar la protesta social?

Gloria: Nosotros tenemos conocimiento de que es una persona nueva como jueza de control de garantías. Sin embargo lo que hemos estado planteando y denunciando es que ha habido una injerencia negativa de parte del Ejecutivo, de la misma fiscalía y la policía en las decisiones de los jueces. Como ya señalé anteriormente, los jueces son temerosos de proferir decisiones que favorezcan el derecho a la libertad, habiendo una condena anticipada en los medios de comunicación. En este caso se ha generado todo un juicio paralelo, con todo un despliegue publicitario, y se ha generado toda una sensación de inseguridad por parte de la policía principalmente, atentando incluso contra el ejercicio de la abogacía. Una de las intervenciones de la policía en este caso, la del General Palomino (un alto mando de la policía en Colombia), ha dicho que a él le parece muy sospechoso que hayan tantos abogados en el ejercicio de la defensa de estas personas y que eso para él le confirma quiénes son las persas que han sido capturadas. No solamente esta intervención, sino otras tantas, que en nuestro criterio inciden muy negativamente en la decisión de la juez. Pero adicionalmente nosotros hemos tenido conocimiento de posibles reuniones que haya tenido la policía con la juez, lo cual nosotros consideramos muy preocupante, no tenemos por supuesto una prueba que lo sustente

porque han sido reuniones privadas, pero lo que sí es cierto es que lo que públicamente se ha manifestado ha sido muy negativo para la independencia del poder judicial.

ELM: ¿Cómo están los detenidos y las detenidas?

Gloria: Pese a que han asumido con mucha valentía y entereza la situación de privación de la libertad, lamentablemente ña restricción de este derecho afecta psicológicamente e impacta muy fuerte, no solo a los detenidos sino a los familiares y amigos que han estado muy atentos a exigir y reclamar su libertad y el respeto de sus garantías judiciales.

ELM: Siempre que hablamos de este caso destacamos la impunidad con la que se mueven distintos sectores tanto del gobierno como de las fuerzas policiales y políticas que vos denunciabas. ¿Esta segunda instancia se desarrollará la semana que viene?

Gloria: No sabríamos el momento en que se va a resolver este recurso, pero estaremos atentos a informar a ustedes lo que está ocurriendo. Agradecemos muchísimo el interés de parte de ustedes y de toda la prensa alternativa, de informar de manera debida todo lo que está ocurriendo en Colombia. Este caso merece un seguimiento de parte de la sociedad en general porque constituye una afrenta al derecho legítimo de protestar en Colombia.

ELM: Muchas gracias a vos. Estaremos comunicados para seguir informando lo que sucede

Gloria: Muchas gracias!