entre tierras- boletín sobre políticas migratorias y derechos humanos- octubre 2011
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La Mesa de Trabajo para las Migraciones Laborales de Ecuador, en la que participa ISCOD-Ecuador, ha editado el número de esta publicación correspondiente a octubre de 2011. El boletín se edita con la colaboración de ISCOD a través del Proyecto Migración Laboral y Gobernabilidad Migratoria, financiada por el Gobierno de Navarra, y cuenta con apoyo también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de la línea de migraciones del Convenio para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales 2008-2011TRANSCRIPT
entretierras
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B o l e t í n s o b r e P o l í t i c a s M i g r a t o r i a s y D e r e c h o s H u m a n o s
Editorialin duda alguna la división políti ca de los países del mundo responde a procesos históricos de carácter cultural, políti co, económico y social. No obstante, esta
división ha permiti do crear un sinfí n de fronteras entre las personas y los Estados que, en muchos casos, se han converti do en un obstáculo para la libre movilidad del ser humano, lo que no ha impedido la migración de incontables trabajadores de un país a otro, en busca de mejores condiciones de vida.
Estas trabas de ti po políti co han ocasionado que los derechos de muchos trabajadores/as migratorios/as se hayan visto vulnerados, no sólo al momento de atravesar las fronteras, sino en el intento de conseguir un trabajo estable lejos de su país de origen. La violación a los derechos de los/as trabajadores/as migratorios/as se produce cuando éstos/as no consiguen un trabajo decente; cuando no reciben un salario justo por las acti vidades que desempeñan; cuando no se respeta su jornada de trabajo; cuando no ti enen acceso a la seguridad social, a prestaciones sociales, a seguridad en el trabajo; cuando no pueden organizar, ni formar parte de un sindicato; cuando sus documentos de identi dad son retenidos; cuando la discriminación y la xenofobia de la población de desti no no permite la plena integración de estos/as trabajadores/as a la sociedad; entre otras formas de vulneración de sus derechos.
Frente a esta realidad, varios Estados y organismos internacionales han adoptado una serie de convenios y programas a favor de la migración laboral, pues muchos han logrado comprender que las migraciones permiten desarrollar una serie de dinámicas en benefi cio del país de origen y desti no de las mismas, dinámicas que no sólo se producen por la llegada de trabajadores/as migratorios/as jóvenes a países que poblacionalmente ti enen un alto porcentaje de adultos mayores, sino que han permiti do dinamizar la economía, la políti ca y la cultura, entre otras áreas de la sociedad.
Entre los convenios y programas más importantes a favor de los/as trabajadores/as migratorios/as se encuentra la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que no ha sido suscrita ni rati fi cada por los países de alto Índice de Desarrollo Humano (IDH). En el ámbito de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ha desarrollado el Marco Multi lateral para las Migraciones, que incluye varias recomendaciones a los Estados sobre buenas prácti cas migratorias; y, el Programa de Trabajo Decente de la OIT a favor del diálogo social triparti to, úti l en el contexto de la migración laboral, entre otros. Por su parte, en la Región Andina, es de suma importancia destacar la Decisión 545, la Decisión 548, la Decisión 583 y la Decisión 584, como parte del Derecho Comunitario Andino, que hacen referencia a la migración laboral, a la seguridad social y a la salud en el trabajo.
Todos estos convenios, acuerdos y decisiones internacionales a favor de las y los trabajadores/as migratorios/as y sus familias, no sólo deben ser rati fi cados por los países, sino que ti enen que ser respetados dentro de sus fronteras nacionales y puestos en prácti ca, lo cual se puede lograr a través de la voluntad políti co insti tucional de los Estados y los gobiernos, y mediante la formulación de políti cas públicas. En el marco de la adopción del Convenio No 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésti cos, Entre Tierras ha decidido dedicar su vigésimo segundo número a la Migración laboral y los derechos humanos, tema de refl exión que pretende contribuir a la formulación de políti cas públicas en la materia.
Esta edición cuenta con el aporte de una central sindical, la colaboración de varias organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, la vocería del Estado ecuatoriano y español, una sección de testi monio y una de avance, que anuncia su próximo número dedicado a las Trabajadoras migratorias en fronteras y derechos humanos.
S
Migración laboral y derechos humanos - Octubre/2011
CONSEJO CONSULTIVO / MTML
Waldo Albarracín SánchezEx Defensor del PuebloLa Paz, Bolivia
Francisco Carrión MenaMiembro del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresGinebra, Suiza
Galo Chiriboga ZambranoFiscal General del EstadoQuito, Ecuador
Nelsa CurbeloDirectora de la Corporación SER PAZGuayaquil, Ecuador
Clementina González EspinozaProfesora-Investigadora de la Universidad de CuencaCuenca, Ecuador
Francisco Obrador MoratinosDelegado Regional para África del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)Casablanca, Marruecos
Jorge Rojas RodríguezPresidente de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)Bogotá, Colombia
Ricardo Soberón GarridoDirector Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)Lima, Perú
Andrés VázquezDirector Ejecutivo de VersionBeta.orgAsunción, Paraguay
Pablo A. de la Vega M.Secretario Técnico Ad-Hoc de la MTMLCoordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
1 Editorial 2 Coyuntura 4 Reflexión 5 Género 6 Derechos 7 A Fondo11 Políticas12 Cooperación13 Testimonio14 Noticias15 Análisis16 Agenda/Recursos/Buzón/Avance
entretierras
Cuáles fueron los principales moti vos
que impulsaron a la CUT a tratar el
tema migratorio dentro de sus líneas
de trabajo?
La agresión del modelo políti co y del
económico ha obligado a que los trabajadores,
en diferentes expresiones, se organicen.
En la actualidad, se enti ende el hecho
migratorio sólo como la salida de un grupo de
trabajadores a otro país, pero en realidad la
migración también sucede de manera interna.
Este ti po de migración quizás fue la que
impulsó incluso la formación de los sindicatos.
En Colombia, hace muchos años, las grandes
empresas trasnacionales concentraban
grandes masas de trabajadores, lo que llevó
a la necesidad de conformar sindicatos para
luchar por los derechos más elementales de
éstos, como educación, salud, vivienda, un
salario justo, entre otras reivindicaciones. Más
tarde con la globalización, el neoliberalismo, la
agudización de la pobreza y las desigualdades
sociales (en Colombia existen más de 20
millones de pobres, 8 millones de indigentes,
un desempleo que está aproximadamente en
el 12%. Es el primer país en inequidad social
de América Lati na) muchos trabajadores,
hombres, mujeres, familias enteras han tenido
que buscar mejores expectati vas en otros
países. A ello hay que sumarle, en nuestro
país, la confrontación armada de grupos que
buscan imponer ciertos procesos, dando lugar
al surgimiento de innumerables refugiados.
Frente a esta realidad, es imposible que la
CUT no haya tomado en cuenta entre sus
líneas prioritarias el tema de la migración en el
proceso laboral.
En el marco del trabajo decente y de la
feminización de las migraciones, ¿cuáles
considera usted que son las principales
problemáti cas que deben afrontar las y los
trabajadores domésti cos?
El trabajo domésti co es un trabajo sumamente
maltratado, una labor que se realiza con una
concepción esclavista. Una persona que se
desempeña en el servicio domésti co debe
realizar una gran canti dad de ofi cios: lavar,
planchar, hacer el aseo, cuidar a la familia, entre
otras acti vidades. Todas ellas sin un horario
fi jo y sin días de descanso, muchos patrones
incluso todavía dejan con llave al/a trabajador/a
domésti co/a cuando salen de casa. El abuso
en las horas laborales e incluso las prácti cas
de trabajo forzoso, han ocasionado severos
daños fí sicos y, en algunos casos, emocionales
a las trabajadoras domésti cas, no se veía
compensado ni con un salario justo, menos
aún con todos los derechos de seguridad
social y seguridad en el trabajo, como mínimo.
Estas son algunas de las problemáti cas que
deben enfrentar las trabajadoras domésti cas,
un trabajo que en su mayoría es ejercido por
trabajadoras mujeres. En la actualidad, este
ti po de problemas están siendo tratados por
el movimiento sindical y ya se han logrado
grandes avances. Además, con el apoyo de
las centrales sindicales internacionales se ha
conseguido que la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) adopte el Convenio sobre
el trabajo decente para las trabajadoras y
trabajadores domésti cos.
Debido a la dinámica propia del trabajo
domésti co es compleja la organización social
de las trabajadoras migratorias domésti cas.
En este senti do, ¿cuáles son las acciones
que deben emprender las organizaciones
sindicales para apoyar o incenti var los
procesos organizati vos de las trabajadoras del
hogar?
Debido a la carga horaria y al ritmo de trabajo
que desempeñan las y los trabajadores
domésti cos es muy difí cil lograr su
organización. Para comprender esta difi cultad
hay que entender que muchas trabajadoras/es
domésti cas/os no han tenido la oportunidad
de acceder a una educación de calidad; por lo
tanto, para lograr su organización es necesario,
primero; educar a las/os trabajadoras/es
domésti cas/os sobre sus derechos y, segundo;
cómo la organización social les permite,
de forma mancomunada, defender sus
2
¿
Coyuntura
El Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésti cos: Avances y desafí os
Entrevista a Tarsicio MoraPresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)
3entretierras
Coyuntura
derechos humanos y laborales. Otra forma
de educar a estas trabajadoras es a través de
medios educati vos alternati vos que tomen en
cuenta sus costumbres y cultura; por ejemplo,
telenovelas que muestren la realidad que ti enen
que vivir las trabajadoras/es domésti cas/os,
ritmos musicales que transmitan mensajes
con sus derechos; y, mensajes radiofónicos que
permitan educar y enseñar derechos. Antes de
empezar con todo este proceso comunicati vo
sería perti nente censar a las/os trabajadoras/os
domésti cas/os para saber dónde están y de esta
manera hacer que las autoridades garanti cen sus
derechos. Por últi mo, apoyar como sindicatos
la organización no sólo de las trabajadoras
domésti cas, sino de la mujer trabajadora en
general.
La OIT fi rmó en julio pasado el Convenio sobre
el trabajo decente para las trabajadoras y
trabajadores domésti cos ¿qué pasos deben
seguir los Estados para ponerlo en prácti ca?
La fi rma de este importante Convenio se logró
gracias a la unión del movimiento sindical a nivel
internacional, donde es grato nombrar la labor
de la Confederación Sindical Internacional (CSI)
y la Confederación Sindical de las Américas
(CSA). Sin embargo, es necesario expresar que
la fi rma de este Convenio tuvo que superar
una serie de difi cultades, pues no todos los
gobiernos y empleadores están de acuerdo con
este logro alcanzado, ya que deben respetar
ciertos derechos laborales como el horario de
trabajo, días de descanso, implementos para
que realicen su trabajo y seguridad social, entre
otros derechos. Por su parte, los Estados deben
garanti zar que las y los empleadores respeten
estos derechos y, además, deben elaborar
toda una normati va consti tucional y legal de
los mismos y tecnifi car el servicio domésti co.
En este senti do, los Estados primero ti enen que
rati fi car este Convenio y hacer que la legislación
interna de cada uno de los países lo haga efecti vo,
para ello es necesario socializar este avance a
nivel mundial dentro de las fronteras nacionales,
dialogar con las y los trabajadores para conocer
sus problemáti cas reales y llegar a acuerdos.
Y, segundo, elaborar políti cas regionales que
visibilicen y dignifi quen la labor que hacen las/os
trabajadoras/es domésti cas/os.
Por últi mo, como CUT, ¿qué recomendarían
a los empleadores, a los Estados de la
Región Andina y a la sociedad, en general,
para evitar que las trabajadoras domésti cas
sean discriminadas o sean vulnerados sus
derechos?
A los Estados de la Región Andina les
recomendaría que, en conjunto con las
centrales sindicales, estudien la forma de
elaborar una normati va regional que evite los
abusos, la explotación y la discriminación hacia
las/os trabajadoras/es domésti cas/os. Que
pongan mayor empeño en hacer efecti vos los
Convenios que se encuentran vigentes en el
marco de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), para que todos los trabajadores
tengan las mismas oportunidades de acceso
al trabajo, por lo menos en los países que
conforman la CAN y no sean discriminados
por su etnia, religión, género y, menos aún,
por su lugar de procedencia. Que a las y los
trabajadores migratorios se les facilite el
traslado de sus pertenencias de un país a
otro, para que puedan retornar a su país de
origen con el patrimonio familiar que han
logrado levantar durante años de trabajo en
otro país. Que se brinde asesoría en materia
penal a las y los migrantes que se encuentran
en las cárceles. Que se construyan programas
y proyectos producti vos a nivel regional a
favor de las y los trabajadores migratorios
y sus familias, esto en el ámbito general. En
el ámbito parti cular del trabajo domésti co la
primera acción que deben realizar los países de
la Región Andina es rati fi car el Convenio 189
de la OIT referente al trabajo domésti co, que
concreti cen sus artí culos en políti cas públicas
y que hagan respetar los derechos de las/os
trabajadoras/es domésti cas/os. La segunda
acción sería organizar jornadas de tecnifi cación
y califi cación del trabajo domésti co, de esta
manera las/os trabajadoras/es domésti cas/os
podrán ofertar su trabajo con mayor facilidad
en diferentes lugares. La tercera acción debería
ir encaminada a educar a nivel regional,
sobre sus derechos, organizando campañas
de comunicación en la Región Andina que no
sólo las/os eduque a ellas/os, sino también a la
población en general, sobre la importancia
de la labor que realizan trabajadoras/es
domésticas/os y sobre los derechos que
poseen. A los empleadores les recomendaría
que conozcan los derechos de las/os
trabajadoras/es domésti cas/os, que les
doten de los utensilios indispensables para
evitar complicaciones en su salud, que
dignifi quen sus condiciones de vida, les
reconozcan un horario de trabajo justo, un
salario digno, horas de descanso y acceso
a la seguridad social. A los sindicatos
les recomendaría trabajar de forma
coordinada en la Región Andina, para
apoyar la lucha de las y los trabajadores
y colaborar en la construcción de políti cas
públicas, con énfasis en los derechos de
los/as trabajadores/as migratorios/as y
sus familias. A su vez, a la sociedad civil
le recomendaría conocer los derechos
de los/as trabajadores/as –para evitar
su vulneración– y, además, vigilar que
los Estados cumplan con sus deberes y
obligaciones.
4 entretierras
egún la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el diálogo
social comprende todo ti po de
negociaciones y consultas, incluso
el mero intercambio de información entre
representantes de los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores sobre temas
de interés común relati vos a las políti cas
económicas y sociales. Para que exista
diálogo social el Estado, aún cuando no
parti cipe directamente en el proceso, ti ene
la responsabilidad de crear un clima políti co
y cívico que permita a las organizaciones
de empleadores y de trabajadores actuar
libremente. Debe apoyar las iniciati vas de las
partes, ofreciendo, entre otros, los marcos
jurídicos e insti tucionales necesarios para que
éstas puedan actuar con efi cacia.
La principal meta del proceso de diálogo
social es impulsar el logro de consensos y
la parti cipación democráti ca de todos los
interlocutores presentes en el mundo del
trabajo. Su buen funcionamiento puede
contribuir a resolver importantes problemas
económicos y sociales, alentar las prácti cas de
buen gobierno, favorecer la paz y la estabilidad
en el plano social y laboral, e impulsar el
desarrollo económico.
En España el diálogo social triparti to es
determinante a través de la parti cipación de las
organizaciones sindicales más representati vas
(Unión General de Trabajadores y Comisiones
Obreras), de las organizaciones empresariales
y de los funcionarios gubernamentales
responsables de elaborar y aplicar las políti cas
migratorias. En este senti do, el diálogo social
triparti to se arti cula en torno a la Comisión
Laboral Triparti ta de Inmigración, que es
un órgano de interlocución permanente de
carácter consulti vo en materia de gesti ón de
fl ujos migratorios dependiente de la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Trabajo e Inmigración de España,
que reconoce la opinión de los agentes sociales
como una opinión califi cada para asesorar al
Estado en materia de empleo y en políti cas de
inmigración regular.
Sus acti vidades se enmarcan en informar, tras
el debate, el diálogo y la concertación sobre
los diferentes aspectos que atañen al hecho
migratorio; por ejemplo, en la gesti ón de los
fl ujos migratorios y los procedimientos de
contratación de extranjeros no comunitarios,
en la propuesta de conti ngente desarrollada
en base al Catálogo de Profesiones de Difí cil
Cobertura, en las propuestas de concesión de
autorizaciones de trabajo por cuenta ajena o
en la presentación de propuestas que mejoren
la integración social y laboral.
En base a estos principios generales y al
modelo parti cular ejecutado en España;
desde ISCOD y parti endo de nuestra condición
de pertenencia a uno de los sindicatos más
representati vos en España, la Unión General
de Trabajadores (UGT), que es parte en la
Comisión Laboral Triparti ta de Inmigración,
entendimos la conveniencia de proponer a
los diferentes actores sociales en Ecuador,
así como a su gobierno a escala provincial,
la posibilidad de aplicar este modelo con
sus correspondientes adaptaciones a la
realidad migratoria ecuatoriana. De esta
manera, en el marco del Proyecto Migración
Laboral y Gobernabilidad Migratoria,
fi nanciado por el Gobierno de la Comunidad
Foral de Navarra y la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), decidimos desarrollar, en tres años,
en las provincias de Chimborazo, Loja, Los
Ríos y Manabí, un proceso triparti to ampliado.
Este proceso inició con algunos eventos
abiertos a la sociedad de estas provincias
y fue incorporando a organizaciones de la
sociedad civil relacionadas con la migración,
junto a sindicatos, cámaras empresariales y
gobiernos provinciales. Como resultado se
están obteniendo una serie de conclusiones y
recomendaciones para la gesti ón políti ca del
hecho migratorio.
Este proceso fi nalizará este año con la
implementación de mesas de diálogo social
en las diferentes provincias implicadas, bajo
la modalidad triparti ta ampliada y el liderazgo
de los gobiernos provinciales. El compromiso
de ISCOD-UGT es insti tucionalizar estas
mesas a través del patrocinio de tres espacios
de confi guración, debate y consolidación,
para que se conviertan en una herramienta
consulti va que permita acometer políti cas
públicas en materia migratoria. La primera
experiencia desarrollada se llevó a cabo
en Riobamba (Chimborazo) con excelentes
resultados, pues la mesa está consolidando
su insti tucionalidad y ha realizado varias
reuniones sin el patrocinio de ISCOD-UGT.
El diálogo social es uno de los elementos clave
en el desarrollo económico y social de un país;
por lo tanto, las líneas de trabajo que ISCOD-
UGT planifi que a futuro en el Ecuador, sin
duda, tendrán al diálogo social como uno de
sus componentes más importantes.
Refl exión
S
Ángel González BascuñanaRepresentante Legal del Insti tuto de Cooperación Sindical al Desarrollo (ISCOD)
Buenas prácti cas de trabajo decente:Mesas triparti tas de diálogo social sobre migraciones
5entretierras
Migración internacional y división sexual del trabajo: Las mujeres y las migraciones
Género
a ineludible interrelación de los
derechos humanos con los procesos
migratorios y las relaciones
laborales que genera, obliga a ver
el tema no solamente desde un análisis
de las normas vigentes o de las políti cas
públicas implementadas por los Estados,
sino que también obliga a tomar en
cuenta un enfoque fi losófi co que permita
entender de qué manera esta interrelación
afecta a la dignidad de las personas (pues
la dignidad es el principal elemento
fi losófi co de los derechos humanos) y, en
especial, cómo es afectada la dignidad de
las mujeres inmigrantes al momento de
optar por uno u otro trabajo fuera de su
país de origen.
El proceso dignifi cador de los derechos
humanos aplicado a las relaciones del
trabajo, no debería ser un elemento
abstracto difí cil de ejemplifi car,
sino ser aplicable a todo proceso de
comprensión de cualquier derecho, a
fi n de ser debidamente implementado.
En esta línea, y desde la fi losofí a de los
derechos humanos, se debe asumir que
un trabajo digno es aquel que sati sface
a la persona en la esfera de lo moral y
en la esfera de lo material, es decir, este
trabajo debe sati sfacer económicamente
las necesidades de la persona (incluida
su familia) y, además, debe permiti r la
realización personal de quien lo ejecute.
En España la mayoría de las mujeres
inmigrantes bolivianas todavía se
encuentran obligadas a trabajar de
canguro (cuidadora de niños), en labores
de casa (limpieza, cocina, planchado,
entre otras acti vidades) o cuidando a
personas adultas mayores; todos estos
trabajos los realizan sin un límite de horas
establecidas. A esta realidad se suma
que, por necesidad, muchas mujeres han
incursionado en trabajos que antes sólo
estaban desti nados a los hombres, como
por ejemplo, el de paletas (albañiles).
Desde luego, el hecho de que las mujeres
incursionen en este ti po de laborales no
es negati vo, lo lamentable es que todas
estas acti vidades no son retribuidas con un
salario justo, que compense la magnitud
de su esfuerzo fí sico y/o mental, la carga
horaria de trabajo y el alto costo de vida.
Dicho en otros términos, el trabajo que
se ven “obligadas” a desempeñar las
mujeres inmigrantes rompe con la visión
fi losófi ca de un trabajo digno, no sólo
porque económicamente no es equitati vo,
sino porque se ven forzadas a desempeñar
cierto ti po de trabajos sólo por el hecho
de ser mujeres, trabajos en los cuales, de
forma consciente, aceptan ser explotadas
o abusadas laboralmente. Además, este
ti po de trabajos les exige asumir roles de
género impuestos por los empleadores o
les fuerza a recibir menores ingresos por
trabajos que, en su mayoría, son realizados
por hombres. Este escenario laboral dista
mucho de ser un escenario de trabajo
digno o de trabajo sati sfactorio, en su lugar,
se evidencia una realidad de explotación y
discriminación social en contra de la mujer
migrante.
El acceso de las mujeres inmigrantes
al mundo laboral internacional sin una
residencia legalmente establecida o en
situación de irregularidad, ha abierto la
posibilidad de una indigna división del
trabajo entre hombres y mujeres; pues
las labores que les son encomendadas a
ambos están diferenciadas de tal manera
que, por más calificada que sea la mano
de obra femenina, siempre estarán
relegadas a asumir papeles sociales
impuestos de forma discriminatoria.
En una lamentable realidad que viven
cerca de 400 mil bolivianos en España,
donde la mayoría no tiene una residencia
legalmente establecida, se genera un
entorno propicio para una serie de
abusos o mecanismos de explotación
laboral, los cuales desde luego se
intensifican en el caso de las mujeres.
Ellas encuentran una doble dificultad
para acceder a ciertos trabajos y,
además, se encuentran en una situación
de constante riesgo de ser violentadas;
por lo tanto, la “opción” de escoger
uno u otro trabajo se convierte en un
obligatorio camino sin retorno. Más que
una alternativa laboral esto, sin duda,
se traduce en una forma de exclusión
social, injusta e indigna para las mujeres
inmigrantes. Esta problemática social
exige que los gobiernos tomen cartas en
el asunto y tanto el país de origen de la
migración (en este caso Bolivia), como
el país de destino (en este caso España)
elaboren convenios a favor de las
trabajadoras migratorias y sus familias.
L
Rodrigo Gazauhi EspinozaRed de Profesionales Abogados en Derechos Humanos Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC)La Paz, Bolivia
6 entretierras
Artí culo 1
A los fi nes del presente Convenio:
a) la expresión trabajo domésti co designa
el trabajo realizado en un hogar u hogares o
para los mismos; b) la expresión trabajador
domésti co designa a toda persona, de
género femenino o género masculino, que
realiza un trabajo domésti co en el marco de
una relación de trabajo; c) una persona que
realice trabajo domésti co únicamente de
forma ocasional o esporádica, sin que este
trabajo sea una ocupación profesional, no se
considera trabajador domésti co; […]
Artí culo 3
2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que
respecta a los trabajadores domésti cos, las
medidas previstas en el presente Convenio
para respetar, promover y hacer realidad los
principios y derechos fundamentales en el
trabajo, a saber:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical
y el reconocimiento efecti vo del derecho de
negociación colecti va;
b) la eliminación de todas las formas de
trabajo forzoso u obligatorio;
c) la abolición efecti va del trabajo infanti l; y
d) la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación; […]
Artí culo 4
1. Todo Miembro deberá fi jar una edad
mínima para los trabajadores domésti cos
compati ble con las disposiciones del Convenio
sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infanti l, 1999 (núm. 182); […]
Artí culo 6
Todo Miembro deberá adoptar medidas
a fi n de asegurar que los trabajadores
domésti cos, como los demás trabajadores en
general, disfruten de condiciones de empleo
equitati vas y condiciones de trabajo decente,
así como, si residen en el hogar para el que
trabajan, de condiciones de vida decentes
que respeten su privacidad; […]
Artí culo 8
1. En la legislación nacional se deberá disponer
que los trabajadores domésti cos migrantes
que son contratados en un país para prestar
servicio domésti co en otro país reciban por
escrito una oferta de empleo o un contrato
de trabajo que sea ejecutorio en el país donde
los trabajadores prestarán servicio […], antes
de cruzar las fronteras nacionales con el fi n de
incorporarse al empleo domésti co al que se
refi ere la oferta o el contrato.
2. La disposición del párrafo que antecede
no regirá para los trabajadores que tengan
libertad de movimiento con fi nes de empleo
en virtud de acuerdos bilaterales, regionales o
multi laterales o en el marco de organizaciones
de integración económica regional.
3. Los Miembros deberán adoptar medidas
para cooperar entre sí a fi n de asegurar
la aplicación efecti va de las disposiciones
del presente Convenio a los trabajadores
domésti cos migrantes.
4. Todo Miembro deberá especifi car,
mediante la legislación u otras medidas, las
condiciones según las cuales los trabajadores
domésti cos migrantes ti enen derecho a la
repatriación tras la expiración o terminación
del contrato de trabajo en virtud del cual
fueron empleados.
Artí culo 9
Todo Miembro deberá adoptar medidas para
asegurar que los trabajadores domésti cos:
[…]; b) que residen en el hogar para el que
trabajan no estén obligados a permanecer en
el hogar o a acompañar a miembros del hogar
durante los períodos de descanso diarios y
semanales o durante las vacaciones anuales; y
c) tengan derecho a conservar sus documentos
de viaje y de identi dad.
Artí culo 10
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas
con miras a asegurar la igualdad de trato entre
los trabajadores domésti cos y los trabajadores
en general en relación a las horas normales
de trabajo, la compensación de las horas
extraordinarias, los períodos de descanso
diarios y semanales y las vacaciones anuales
pagadas, en conformidad con la legislación
nacional o con convenios colecti vos; […]
Artí culo 14
1. Todo Miembro, teniendo debidamente
en cuenta las característi cas específi cas del
trabajo domésti co y actuando en conformidad
con la legislación nacional, deberá adoptar
medidas apropiadas a fi n de asegurar que
los trabajadores domésti cos disfruten de
condiciones no menos favorables que las
condiciones aplicables a los trabajadores en
general con respecto a la protección de la
seguridad social, inclusive en lo relati vo a la
maternidad; […]
Artí culo 16
Todo Miembro deberá adoptar medidas, de
conformidad con la legislación y la prácti ca
nacionales, a fi n de asegurar que todos los
trabajadores domésti cos, ya sea en persona
o por medio de un representante, tengan
acceso efecti vo a los tribunales o a otros
mecanismos de resolución de confl ictos en
condiciones no menos favorables que las
condiciones previstas para los trabajadores en
general; […]
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésti cos1
Derechos
1 Separata del Convenio 189 de la OIT, adoptado el 16 de julio del 2011 en la Conferencia General de la OIT, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 de junio del 2011 en su centésima reunión. Véase: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singles.pl?query=012011189@ref&chspec=01
7entretierras
Adolfo Jiménez FernándezSecretario General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
La protección de los derechos sociales de los emigrantes: El Convenio Multi lateral Iberoamericano de Seguridad Social
mérica Lati na es una zona donde
las corrientes migratorias son
muy importantes. La tasa neta de
emigración se encuentra entre las
primeras del mundo. Según datos de la Comisión
Económica para América Lati na y el Caribe
(CEPAL), en 2005 se registraron 25 millones de
movimientos migratorios. Bien puede decirse que
Iberoamérica es una comunidad de emigrantes,
en donde la vida laboral de gran número de
ciudadanos, y por tanto sus carreras, de seguro,
transcurre generalmente entre varios países.
Los sistemas de seguridad social suelen
exigir, para tener derecho a las prestaciones
económicas contributi vas, tener cubiertos
períodos mínimos de coti zación. Estos periodos
de “carencia”, en el supuesto de la pensión de
vejez, son especialmente amplios en los países
iberoamericanos1, siendo para la población
migrante muy difí cil o imposible cumplir
plenamente con estos requisitos.
Esta circunstancia puede suponer, con frecuencia,
la pérdida de derechos de seguridad social a
pesar de haber coti zado durante toda la vida
profesional en todos y cada uno de los sistemas
contributi vos obligatorios. Para evitar esta
pérdida los países suscriben convenios bilaterales
que ti enen una limitación territorial de aplicación
a dos países. Pero en el mundo actual la migración
cada vez es más multi lateral, por lo que exige
instrumentos internacionales de seguridad social.
Por ello, la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS) en su Congreso
del 2004, planteó la idea de disponer de un
convenio multi lateral de seguridad social a
nivel iberoamericano. Un año después, a
propuesta de España, esta idea se plasmó
en una decisión políti ca, adoptada en la V
Conferencia Iberoamericana de Ministros y
Máximos Responsables de Seguridad Social
(Segovia),2 propuesta que contó con el apoyo
y la colaboración de la OISS y de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB). En el 2007, en
la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros
y Máximos Responsables de Seguridad Social
(Iquique), se llegó a un pleno acuerdo sobre su
contenido y, en el 2009, fue aprobado por todos
los parti cipantes. Para su aplicación efecti va es
necesario que los países fi rmen el Convenio,
lo rati fi quen, depositen el instrumento de
rati fi cación en la SEGIB y suscriban el Acuerdo de
Aplicación3.
¿Qué consecuencia tiene el que puedan acogerse
al Convenio los migrantes que hayan cotizado en
los países que vayan suscribiendo el Acuerdo de
Aplicación? El Convenio afecta a los trabajadores
dependientes o no dependientes que hayan
cotizado en los distintos países iberoamericanos,
así como a sus familiares y sobrevivientes. No
modifica ni sustituye las legislaciones nacionales,
pero sí las coordina de modo que queda
garantizado el derecho contributivo de los
trabajadores migrantes, estableciendo:
a) La igualdad de trato con independencia de la
nacionalidad.
b) La totalización de los períodos de cotización
acreditados en los distintos Estados, permitiendo
acumular todos los períodos acreditados para
determinar el cumplimiento de la carencia exigida.
c) La garantía de la conservación de los derechos
adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por
trasladarse a otro país.
d) La legislación aplicable a la que estará sujeto el
trabajador, rigiendo el principio de lex loci laboris
con algunas excepciones, clarificando la situación
de los trabajadores que prestan sus servicios o
realizan su actividad temporalmente fuera del
país de origen.
e) La aplicación de las disposiciones más
favorables al trabajador en el caso de que existan
otros convenios.
f) La colaboración administrativa y técnica entre
instituciones gestoras para facilitar la gestión a los
beneficiarios y entre instituciones gestoras.
El Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social constituye una experiencia
inédita, porque por primera vez se plantea lograr
una acuerdo en materia de seguridad social entre
países con modelos muy distintos, en un ámbito
en el que no existe una previa asociación política
que facilite el sustrato jurídico que podría darle
apoyo, razón por lo que ha exigido la participación
de todas y cada una de las partes y su ratificación,
o en su caso adhesión, precisa su incorporación
como legislación interna de cada uno de los
Estados parte a través de los procedimientos
constitucionales y legales que les sean propios.
El Convenio es directamente reclamable ante los
tribunales, constituyendo una respuesta desde la
seguridad social a algunos efectos no deseados de
la globalización.
A
A Fondo
1 Por ejemplo, Costa Rica exige 30 años de cotización para tener derecho a la pensión de jubilación, Uruguay 25, España 15 y Ecuador 30 ó 15, según se acceda con 60 ó 65 años. 2 En esta reunión se acordó por unanimidad “iniciar el proceso de elaboración de un Convenio Multilateral de Seguridad Social de la Comunidad Iberoamericana…que permita contar con un instrumento único de coordinación de las legislaciones nacionales en materia de pensiones que, con plena seguridad jurídica, garantice los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos”.3 En la actualidad el Convenio ha sido rubricado por 14 países, en once de ellos ya lo han ratificado sus órganos legislativos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela, de los cuales ocho ya han depositado el instrumento de ratificación, habiendo suscrito el Acuerdo de Aplicación: Bolivia, Brasil, Ecuador, España y Uruguay en donde ya está en vigor el Convenio. La previsión es que se vayan incorporando progresivamente el resto de los países de la Comunidad Iberoamericana.
8 entretierras
A Fondo
a libre movilidad del ser humano es un
derecho natural que, paradójicamente,
con los procesos de la globalización
y el verti ginoso avance de las
comunicaciones, se ha visto restringido en
disti ntos países1 que, sin tomar en cuenta las
consideraciones básicas que pueden llegar
a originar la necesidad de movilizarse de las
personas (por cuesti ones de sobrevivencia,
mejoras económicas o para precautelar la
vida), fomentan mecanismos de discriminación
en contra de las y los trabajadores migratorios.
Las difi cultades para el acceso profesional,
diferencias en cuanto a las condiciones
contractuales, pocos benefi cios como la
seguridad social, impedimentos de pertenecer
a alguna organización sindical, entre otros
aspectos, son algunas de las formas de
discriminación que ti enen que enfrentar las y
los trabajadores migratorios.
El Ecuador, mediante su Consti tución aprobada
en septi embre del 2008, garanti za derechos a
las y los migrantes y sus familias. En el capítulo
segundo de las ciudadanas y ciudadanos,
artí culo 9, determina: “Las personas
extranjeras que se encuentren en el territorio
ecuatoriano tendrán los mismos derechos y
deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con
la Consti tución”. Así mismo, en el capítulo
tercero, sección tercera, de movilidad humana,
artí culo 40, señala: “Se reconoce a las personas
el derecho de migrar. No se identi fi cará ni se
considerará a ningún ser humano como ilegal
por su condición migratoria”.
Con el de fi n de cumplir con este mandato
consti tucional y de atender a los disti ntos
sectores de la población con un criterio de
equidad social, el Gobierno ecuatoriano
elaboró el Plan Nacional para el Buen Vivir,
en el que se establecen importantes objeti vos
nacionales entre los que se encuentra el
objeti vo número 6 que hace referencia al
“trabajo estable, justo y digno en sus diferentes
formas”. Tomando en cuenta este objeti vo
y los lineamientos de la Políti ca No 6 de este
Plan2, el Ministerio de Relaciones Laborales
(MRL) realiza disti ntos programas y proyectos
a nivel nacional.
Entre estos programas y proyectos se
encuentra la iniciati va denominada Migración,
género y juventud, que el MRL junto a Naciones
Unidas y a otros organismos internacionales se
encuentran desarrollando. Esta iniciati va ti ene
como fundamentos básicos el apoyar acciones
que promuevan el desarrollo local, el empleo y
el fortalecimiento insti tucional.
Así mismo, el MRL trabaja de manera conjunta
con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración, el Ministerio del
Interior y otros organismos, en la aplicación del
Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano
- Peruano, cuyo objeti vo es la regularización
laboral y migratoria de los ciudadanos
peruanos, población que se encontraba en
condiciones de vulnerabilidad.
El MRL también lleva adelante el programa
Mi Primer Empleo. Esta iniciati va es una de
las experiencias más exitosas en términos
de empleo para la juventud, consiste en que
estudiantes universitarios de los últi mos años
realicen pasantí as en el sector público, como
su primera experiencia laboral. En retribución
a las acti vidades desarrolladas reciben una
prestación económica, la misma que es cubierta
con recursos del Estado. Este programa les
permite, a futuro, mejorar sus condiciones de
empleabilidad y sus conocimientos. En esta
misma línea, el MRL trabaja en la Red Socio-
Empleo, que facilita la inserción laboral de
las personas mediante procesos técnicos de
selección de recursos humanos, capacitación
y otros.
En suma, gesti onar con efi cacia las migraciones
laborales, de manera que benefi cien a las
y los trabajadores, especialmente a los
jóvenes en los países de origen y de desti no.
Garanti zar políti cas de empleo nacionales,
con miras a promover el pleno empleo
producti vo y libremente elegido, habida
cuenta de las importantes repercusiones
sociales y económicas de las migraciones,
precautelando que estas políti cas integren las
cuesti ones de género y aborden los problemas
de abusos específi cos a los que se enfrentan
a menudo los jóvenes y las mujeres en los
procesos de migración. Analizar las relaciones
migraciones-desarrollo y migraciones para el
desarrollo, comercio internacional, el proceso
de construcción de sociedades multi culturales
y poli-étnicas, el tráfi co de migrantes, los
derechos humanos, la modernización de las
administraciones migratorias y los mecanismos
multi laterales sobre el tema; consti tuyen
alternati vas válidas para ponerlas en vigencia.
L
La reducción de la migración juvenil:Protección integral a las y los jóvenes, alternati vas de empleo y políti cas públicasJorge León Albán Coordinador de la Unidad de Migración y ColocaciónLaboral del Ministerio de Relaciones Laborales
1 “El dogma de la soberanía, así como la vieja idea de la razón del Estado, no pueden ser considerados intocables, cuando hay en juego intereses superiores como la vida y la dignidad de las personas, que deben prevalecer”.2 La Política No 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir se refiere a: “Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos laborales”.
9entretierras
l Estatuto Migratorio Permanente
Ecuatoriano-Peruano suscrito el 25 de
octubre del 2008 y rati fi cado por la
Asamblea Nacional en octubre del 2010,
entró en vigencia el 3 de febrero del 2011. La libre
movilidad de personas se encuentra enmarcada
en este instrumento bilateral que contempla
también una movilidad en el ámbito laboral.
Para su adecuada implementación, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración,
diseñó tres fases: a) Jornadas de capacitación
a nivel nacional para los funcionarios públicos
encargados de la aplicación del mismo; b)
Difusión de los contenidos del Estatuto, sus
benefi cios y el conocimiento sobre sus derechos;
y, c) Aplicación prácti ca de las modalidades
contempladas en el propio convenio, como es la
regularización de las y los ciudadanos peruanos
en el Ecuador y lo referente al régimen laboral.
La difusión a nivel nacional se realizó mediante
jornadas coordinadas por las autoridades locales
de las diferentes provincias y la arti culación
interinsti tucional de la Cancillería, el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Relaciones
Laborales, la Secretaría Nacional del Migrante
(SENAMI), la Dirección Nacional de Migración
y el apoyo permanente de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) -mediante el
Proyecto MIGRANDINA- y el Insti tuto Sindical
de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), que se
consti tuyeron en un valioso soporte. Hay que
destacar también la sustanti va colaboración que
se recibió de parte de diferentes organismos
como la Mesa de Trabajo sobre Migraciones
Laborales (MTML), la Pastoral Social y CARITAS
del Ecuador, entre otros.
Mediante Acuerdo Ministerial número 00022,
de 15 de marzo del 2011, fi rmado por el
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
e Integración, se expidió el instructi vo para
la aplicación de la regularización mediante
la concesión de la visa 9-VII de carácter
permanente y sin costo para aquellas
ciudadanas y ciudadanos peruanos que
se encuentren en situación irregular en el
territorio ecuatoriano hasta el 3 de febrero del
2011 y cuyo proceso durará ciento ochenta
días.
En cuanto a la parte laboral, se contempla el
permiso para el desarrollo de acti vidades bajo
relación de dependencia o sin ella por 180 días
y los requisitos mínimos para la obtención de la
visa de trabajo a parti r de los 180 días y con un
costo simbólico de dos dólares.
Este Estatuto Permanente fi rmado entre
los dos países ti ene implicaciones positi vas
para la inserción laboral de los trabajadores,
habida cuenta, entre otros, de los benefi cios
de orden salarial y social que se contemplan.
En ese marco, la sola posibilidad de propiciar
una permanencia regular para ciudadanas y
ciudadanos peruanos que han permanecido
por muchos años en suelo ecuatoriano, que
han creado vínculos mediante el matrimonio
y la procreación de hijos, signifi ca brindarles
una seguridad no solamente migratoria, sino
personal, laboral, emocional, familiar y hasta
psicológica.
Otro benefi cio es que los trabajadores peruanos
reciban el mismo salario contemplado para
el trabajador ecuatoriano, esto evitará que
perciban remuneraciones inferiores a las
legalmente esti puladas. Todo lo anterior
incenti vará a que empleadores y cámaras de
comercio, industria y turismo, puedan contratar
trabajadores migratorios regulares y, de esta
manera, contar con la mano de obra requerida.
En el Ecuador el empleador ti ene la obligación
de afi liar al trabajador temporal o permanente
al sistema de seguridad social, de esta forma
los trabajadores migratorios pueden acceder
a benefi cios en materia de salud, atención,
medicinas y otras prestaciones importantes
para el desarrollo de sus condiciones de vida y
salubridad.
Los Gobiernos del Ecuador y del Perú, se
inspiraron y así consta en el preámbulo del
Estatuto bilateral, en las disposiciones del
Instrumento Andino de Migración Laboral
(Decisión 545) y el Instrumento Andino de
Seguridad Social (Decisión 583), que han
permiti do una inserción laboral plena del
trabajador migratorio.
El Ecuador ha dado vigencia prácti ca a los
principios de libre movilidad y ciudadanía
universal contemplados como preceptos en
la Consti tución de la República. El Estatuto
Migratorio Permanente Ecuatoriano- Peruano es
una muestra de que el concepto de integración
humana interconecta el conocimiento y la
relación entre nuestros pueblos y países,
brindando, de esta forma, vigencia real al libre
tránsito de seres humanos. Con ello, además,
se logran grandes avances respecto al principio
sudamericano de integración, para crear un
espacio regional de libre movilidad de personas.
El Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano y sus implicaciones en el proceso de inserción laboral de las y los trabajadores de Ecuador y Perú
E
A Fondo
Embajador Fernando Flores Macías Director de Migración y Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
10 entretierras
A Fondo
s la falta de perspecti vas de futuro
la que ocasiona que las personas se
desplacen a otros países en busca de
empleo; por lo tanto, el fenómeno de la
migración implica tanto a los países de origen
como a los de desti no y ti ene importantes
repercusiones en los sistemas de organización
socio-laboral y también en la convivencia diaria.
España ha pasado en poco ti empo, apenas
quince años, de ser un país de emigración a
converti rse en desti no destacado de los fl ujos
migratorios mundiales y además lo ha hecho
a un ritmo inusitado.1 En este escenario, el
Gobierno de España apostó en el año 2004
por una nueva políti ca de inmigración que
incorporaba dos elementos claves que hoy
conti núan plenamente vigentes. Por un lado,
el deseo de construir una políti ca global e
integral en la materia, que cuente con el
mayor consenso social y políti co posible. Por
otro, el reconocimiento de los benefi cios
de la inmigración para el país y la sociedad
receptores, no sólo como factor esencial de
desarrollo económico sino también como
fuente de riqueza socio-cultural en una
sociedad cada vez más diversa.
Con estas premisas, la estrategia del Gobierno
de España en materia de inmigración ha
descansado en el desarrollo de cuatro
elementos básicos: 1) El refuerzo de los
instrumentos de lucha contra la inmigración
clandesti na; 2) La vinculación de los fl ujos
migratorios a la realidad del mercado laboral,
dado que la inmigración que registra España
responde fundamentalmente a moti vos
económicos; 3) Una decidida apuesta por las
políti cas de integración de los inmigrantes
en la sociedad de acogida; y, 4) Un fi rme
compromiso con la cooperación al desarrollo
de los países de los que procede nuestra
inmigración.
Dentro de esta políti ca global de inmigración,
en el que se ha desarrollado la políti ca de
integración de la población inmigrante en
España, se destaca el Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI),
aprobado por el Consejo de Ministros en
febrero del 2007 y con una dotación económica
de 2.700 millones de dólares. El PECI se
estructuró en torno a doce áreas de actuación
en las que se defi nen objeti vos, programas y
medidas: acogida, educación, empleo, vivienda,
servicios sociales, salud, infancia y juventud,
igualdad de trato, mujer, parti cipación,
sensibilización y codesarrollo. Su evaluación,
que se está realizando en la actualidad, arroja
unos resultados altamente sati sfactorios en
cuanto a cumplimiento.2 Cabe señalar que
los ejes a los que se han dedicado mayores
recursos han sido educación, empleo y acogida.
En estos momentos el nuevo PECI 2011-2014
está siendo someti do a socialización y está
abierto a posibles aportes. En su elaboración
han intervenido insti tuciones, organizaciones
sociales, agentes sociales y expertos del mundo
académico.
Otro elemento fundamental para las políticas
migratorias en España ha sido la reforma de la
Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, así
como su Reglamento de desarrollo, aprobado
recientemente.
Para definir esta nueva Ley es oportuno recoger
las palabras de la ex - Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien
afirmaba que: “pasamos de una Ley de Extranjería
a una Ley de Inmigración”. Así podría resumirse
en pocas palabras el espíritu de una reforma que
respondía, en su origen, entre otros criterios, a
la voluntad política de ampliar el alcance de la
legislación precedente a otros ámbitos para dar
así sustento a la nueva política migratoria de los
años venideros.
La nueva reforma proporciona una amplia
protección y refuerza las garantías de los más
vulnerables, en particular los menores no
acompañados, las víctimas de malos tratos, las
víctimas de la trata de personas y las víctimas
de la explotación laboral. Mejora, además,
la institución de la reagrupación familiar
ampliándola a las parejas de hecho y facilitando el
derecho al trabajo de los familiares reagrupados
desde el mismo día de su llegada a España.
La reforma incluye también nuevos y destacados
instrumentos de política de integración, al
tiempo que reconoce derechos fundamentales
consagrados por el Tribunal Constitucional
como el derecho de asociación, sindicación,
manifestación, asistencia jurídica gratuita y el
derecho pleno a la educación hasta los 18 años.
Lograr una verdadera integración y convivencia a
través de la construcción de una sociedad plural
y diversa, integrada tanto por nacionales como
por extranjeros, en la cual los valores y principios
constitucionales de libertad, igualdad, respeto
a la ley y a los derechos de los demás aseguren
la convivencia, ha sido y es el objetivo de las
políticas y reformas legales en materia migratoria
desarrolladas por el Gobierno de España en los
últimos años.
E
La actual políti ca migratoria de España
Alberto de la Calle García Ministro ConsejeroEmbajada de España en Ecuador
1 Son más de 5 millones los extranjeros empadronados en España, lo que representa casi el 12% de la población del país.2 En conjunto se estima que se han cumplido cerca del 90% del total de objetivos del PECI, pudiendo hablarse de cumplimiento total en el 69% de sus apartados específicos.
11entretierras
o cabe duda que en las últi mas
décadas se han logrado importantes
avances en materia de protección
de los derechos de los trabajadores
migrantes. A nivel del marco normati vo
internacional se destaca la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (1990).1
En el marco de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) existen dos instrumentos
fundamentales en la materia, el Convenio sobre
los trabajadores migrantes de 1949 (núm. 97)2;
y, el Convenio sobre los trabajadores migrantes
de 1975 (núm. 143), los dos convenios con las
recomendaciones (86 y 151) correspondientes.
Sin embargo, estos instrumentos adolecen
de importantes limitaciones, cuando los
principales países receptores de trabajadores
migrantes, tanto de la región (Canadá y
Estados Unidos) como extrarregionales, no han
rati fi cado ninguno de los convenios.
De igual manera, dentro del Sistema
Interamericano, hay que destacar la existencia
del Programa Interamericano para la
Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los
Trabajadores Migratorios y sus Familias, cuyos
objeti vos son, entre otros, promover y proteger
los derechos humanos de los migrantes
mediante el desarrollo de acciones de
cooperación y mejores prácti cas. El Programa
establece cerca de 70 acti vidades que son
responsabilidad de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)
y otros actores del Programa. En este contexto,
el Programa Migración y Desarrollo (MiDE) ha
creado una base de datos que permite hacer
seguimiento de los avances en materia de
legislación y marcos normati vos migratorios
del hemisferio.3
En 1997 se estableció, en el marco de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la
Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios
y Miembros de sus Familias. Al igual que el
Programa, la creación de esta Relatoría surge
por la preocupación de la OEA de brindar una
adecuada atención a un grupo expuesto a
eventuales violaciones de sus derechos humanos.
Desafortunadamente la Relatoría y el Programa
son poco conocidos y por ende subuti lizados por
los Estados de la región.
En el ámbito del desarrollo de políticas públicas es a
nivel nacional donde, bajo el previo reconocimiento
del marco internacional mencionado, se han
logrando importantes avances en los últimos años,
entre los que merecen ser mencionados:
En materia de regulación de flujos. Los programas
de empleo temporal para trabajadores migrantes
y acuerdos de regulación de flujos, entre los
que cabe resaltar el Programa Canadiense de
Trabajadores Agrícolas por Estación (SAWP por sus
siglas en inglés).4
En materia de diálogo social. El Consejo Nacional
de Inmigración (CNIg) de Brasil integrado por
las entidades del gobierno que, de manera
transversal, están encargadas del tema, así como
de representaciones de sindicatos y organizaciones
de empleadores.
En materia de información y orientación
migratoria laboral y fortalecimiento institucional
de los Ministerios de Trabajo. La Dirección
de Migración Laboral del Perú, como órgano
encargado de la gestión migratoria laboral,
orientada a la promoción del empleo y tutela de
los derechos socio-laborales de los potenciales
migrantes. También sobresale el Servicio de
Información y Orientación al Migrante (Infomigra)
y el Sistema Virtual del Trabajador Migrante
Andino (SIVITMA).
Sin demérito de los logros, es necesario
refl exionar sobre los desafí os a enfrentar en el
desarrollo de políti cas públicas que ati endan
la complejidad y multi dimensionalidad de
la gesti ón de la migración laboral actual.
Es necesario opti mizar la comunicación
y relacionamiento entre las enti dades
encargadas del tema migratorio, fomentar
un mayor compromiso de los actores del
mercado laboral en el tema y el interés
de sindicatos, gobiernos y grupos de
empresarios para abordar el fenómeno como
factor fundamental en la políti ca laboral
y, por lo tanto, como un tema de diálogo
social. Así mismo, se requiere mejorar la
arti culación de políti cas a nivel nacional y
regional, los marcos normati vos, las políti cas
educati vas orientadas a la creación de
capacidades técnicas que respondan a las
exigencias del mercado laboral internacional,
y presupuestos signifi cati vos para avanzar en
la materia.
En este senti do, la OEA se ha propuesto el
desarrollo de una Red Interamericana de
Cooperación sobre Migración (RICOMI) que
permita identi fi car, sistemati zar y difundir
programas y estrategias de gesti ón migratoria,
fomentar el intercambio de experiencias,
facilitar la comunicación entre las autoridades
migratorias y fortalecer las capacidades de los
encargados de la formulación y desarrollo de
políti cas públicas.
Araceli Azuara, CoordinadoraAna Maria Lara, Especialista en Migración LaboralPrograma Migración y Desarrollo (MiDE)Departamento de Desarrollo Social y Empleo (DDSE)
La migración laboral y las políti cas públicas en el hemisferio: Logros y desafí os
Políti cas
1 Ratificado por 13 Estados de las Américas y firmado por dos Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, y Uruguay. Firmada sin ratificación por Guyana y Paraguay. 2 Ratificado por 12 Estados, la mayoría con excepciones: Bahamas, Barbados, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, países que han ratificado pero han excluido las disposiciones de los anexos I-III; Belice, Brasil, Guatemala y Venezuela con ratificación plena. 3 Para mayor información consultar www.migracionoea.org/milex.4 En este programa participan Guatemala, México, y los países del Caribe. El MiDE ha creado el Mapa Interactivo de Programas de Empleo Temporal para Trabajadores Migrantes (www.migracionoea.org/minpet) donde se puede obtener mayor información sobre estas prácticas.
N
12 entretierras
n la últi ma década, América Lati na y el
Caribe se han converti do en una zona
cuya población es altamente propensa
a emigrar. Existen alrededor de 26,6
millones de personas nacidas en esta región
que viven fuera de sus respecti vos países.
Esta emigración de ciudadanos representa
aproximadamente el 15% de la emigración
internacional mundial.1 Al mismo ti empo, en la
actualidad casi todos los países de Lati noamérica
pueden ser catalogados simultáneamente
como países de origen, tránsito y desti no de la
migración, en diferentes grados.2
Países como Argenti na, Venezuela, Brasil,
Costa Rica, Ecuador y Chile encabezan los
10 países de desti no más importantes de la
emigración intrarregional, sin tomar en cuenta
aquella emigración de la región desti nada
hacia Estados Unidos, Canadá y varios países
europeos. Considerando esta nueva realidad
inmigratoria es que los nuevos países de
desti no de América Lati na y el Caribe deben
desarrollar sus capacidades para hacer frente
a la migración laboral. Los gobiernos ti enen la
obligación de proteger los derechos humanos
de los migrantes que habitan en sus territorios
en igualdad de condiciones que sus ciudadanos.
Si bien los temas de inmigración y emigración
pueden requerir de políti cas disti ntas, estas no
deberían estar desvinculadas. En este senti do,
el interés de los países de la región con respecto
a la migración laboral no debe solamente
limitarse a controlar la entrada y salida de
inmigrantes, sino a visibilizar los benefi cios de
una migración ordenada, planifi cada y segura
en benefi cio de los países de origen, países de
desti no, y de los trabajadores migrantes y sus
familias3.
Para lograr esto, se debe desarrollar una
políti ca integral de migración laboral que
tome en cuenta su coherencia con los planes
de desarrollo y las políti cas de planifi cación
laboral, demográfi ca y producti va de los
países; que garanti ce la protección de
trabajadoras y trabajadores migrantes4. Una
políti ca de migración laboral exitosa debe
estar en capacidad de proteger los derechos
de los trabajadores migrantes y opti mizar los
benefi cios de los fl ujos migratorios laborales.
Dicha gesti ón implica acuerdos de
colaboración conjunta entre diferentes
países de la región o acuerdos bilaterales
entre gobiernos que fomentan una migración
laboral ordenada, previniendo la migración
irregular y fomentando la protección de
los derechos humanos y laborales de los
migrantes.
Los acuerdos bilaterales de migración laboral
son los que han tenido mayor atención y
efecti vidad para opti mizar los benefi cios
de la migración y disminuir la migración
irregular. Un ejemplo de estos acuerdos, es el
Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano
-Peruano5, rati fi cado por ambos países y
vigente desde febrero del 2011.
Las Cancillerías de Ecuador y Perú ti enen
el compromiso de difundir este Estatuto,
que contempla tres procedimientos
administrati vos para la obtención del visado
de trabajo y de permanencia en el país. El
primero, ti ene que ver con el proceso de
regularización de ciudadanos de ambos
países que residan en el otro país de manera
irregular; el segundo, la permanencia menor
a 180 días, con o sin relación de dependencia;
y la tercera, la estabilidad de 180 días bajo
relación de dependencia.
La Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el Insti tuto
Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD),
se encuentran apoyando al Gobierno del
Ecuador en el proceso de difusión del Estatuto
Migratorio Permanente, a través de talleres con
funcionarios públicos de las insti tuciones que
implementan el Estatuto, la elaboración de una
carti lla informati va de los requisitos y benefi cios
para la población en general, la transmisión
de cuñas radiales; y, el acompañamiento en
talleres informati vos liderados por el embajador
Fernando Flores Macías, Director de Migración
y Extranjería del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración, dirigidos
a autoridades provinciales, asociaciones de
migrantes y público en general.
Se espera que un alto porcentaje de los cinco mil
ciudadanos peruanos, que se esti ma habitan en
el país, puedan acogerse al Estatuto con el fi n
de regularizar su calidad migratoria laboral
y mejorar sus condiciones de trabajo en el
Ecuador.
Cooperación
E
El Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano – Peruano: Un instrumento que defi ende los derechos humanos y laborales de los migrantes
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
1 OIM (2010). “Informe sobre las migraciones en el mundo 2010”, El Futuro de la Migración: Creación de capacidades para el cambio. Ginebra, p.27; 159.2 OIM (2010). Políticas públicas sobre migración laboral: herramientas y buenas prácticas. México, p .XVII.3 Ibid, p. 9.4 OSCE, IOM, ILO (2007). Handbook on establishing Effective labour Migration policies in Countries of Origin and Destination, p. 24.5 El Estatuto migratorio es “Un instrumento que tiene como objetivo el facilitar la regularización migratoria y la permanencia de las personas migrantes entre ambos países, con miras a eliminar la migración irregular sobre la base de principios de transparencia, coherencia, corresponsabilidad, la buena fe ciudadana y la defensa a los derechos humanos de las personas migrantes, bajo parámetros de trato justo y no discriminatorio”, OIM (2011). Cartilla Binacional para la Ejecución del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano* Documento no impreso todavía, OIM Lima.
13entretierras
Cuáles fueron los principales moti vos
que impulsaron la formación
de FAMIGRACH y qué objeti vos
acompañan su trabajo organizati vo?
El hecho de que nadie se preocupaba por
quienes salían de nuestro país, la incerti dumbre
en la que quedan sus familias (padres, hijos
y conyugue), el hecho de que sus hijos/as
permanezcan al cuidado de otras personas que
no son sus padres, las remesas uti lizadas en
gasto corriente sin ningún ti po de canalización
al ahorro o la inversión, fueron los principales
moti vos que impulsaron que familiares de
migrantes, migrantes (internos y externos) y
retornados formemos FAMIGRACH. Nuestra
organización ti ene como principales objeti vos:
arti cular el trabajo con diferentes actores
sociales, gubernamentales y privados, para
brindar servicios de consejería legal, psicológica
y capacitación producti va que permita el
desarrollo políti co, económico y social de los
refugiados, desplazados, retornados, migrantes y
sus familias. Sensibilizar a la comunidad sobre el
hecho migratorio. Incidir en la toma de decisiones
en lo políti co social y económico. Capacitar a
sus integrantes en el manejo de herramientas
de derechos humanos y procesos migratorios.
Desarrollar nuestras destrezas y capacidades a
través de la formación de empresas.
Según la experiencia de las y los miembros de
su organización ¿que problemáti cas deben
enfrentar las y los trabajadores migratorios y sus
familias?
El hecho de estar fuera de su Patria, lejos de su
familia es uno de los obstáculos más difí ciles
que ti enen que enfrentar. La discriminación,
xenofobia, falta de documentos, falta de
trabajo por el hecho de no estar regularizado,
explotación laboral (trabajan hasta 20 horas
diarias por un salario que no representa ni la
mitad de una jornada legal), entre otros, son los
problemas que ti enen que sobrellevar. A ellos se
suma el hecho de que sus seres queridos quedan
desamparados en el Ecuador con la esperanza
de mejorar su situación económica, realidad que
ocasiona otro sin número de problemas como es
la deserción escolar, madres adolescentes, niños
abandonados y familias destruidas.
En el marco de la crisis mundial se ha puesto
sobre el debate el tema de la migración
de retorno, ¿algún/os miembro/s de su
organización han vivido esta experiencia?, ¿qué
canales han uti lizado para retornar las y los
migrantes que lo han hecho?
De las y los compañeros que han retornado
de España, muy pocos que han acogido a los
programas de retorno voluntario que ofrece el
Gobierno español y la Secretaría Nacional del
Migrante (SENAMI). Los compañeros que han
decidido regresar, pues no todos lo han hecho,
han optado por hacerlo por sus propios medios.
Tomando en cuenta la realidad parti cular que
vive el Ecuador ¿existen condiciones laborales
que permitan que las y los trabajadores
migratorios que retornan puedan reinsertarse
en el ámbito social, económico, cultural e
incluso familiar en el país?
Para quien retorna es muy difí cil conseguir
trabajo, muchas veces por su edad o por los
problemas de salud que le ocasionó el trabajo
forzoso. Las fuentes de trabajo son muy pocas
y la demanda amplia, seguimos padeciendo del
mismo mal que los obligó a salir de nuestra Patria,
la falta de oportunidades. Además, el hecho de
haber vivido en otros países nos hace adoptar
ciertos acentos, costumbres, formas de ser y de
pensar diferente, lo que hace muy complicado
adaptarse nuevamente a nuestro medio. En
cuanto a la familia los que parti eron con todos los
miembros de su hogar ti enen menos problemas
al retornar, pero si sólo salió el padre, la madre o
los dos, cuando regresan son vistos como visitas
o de lo contrario como “intrusos”, lo que afecta a
la relación familiar.
En este contexto ¿considera que las y los
trabajadores migratorios ecuatorianos le
deben apostar al retorno, como una solución
para escapar de la crisis económica mundial?
Muchos de los compatriotas que han regresado
han tenido sueños debido a la propaganda que
reciben de nuestro Gobierno en los países de
desti no, pero se dan cuenta que nada de esto es
cierto y hoy han pasado a ser un desempleado
más en su Patria. Hay compañeras y compañeros
que logran adquirir ti erras, construyeron su casa
y ahora son ellos los que están dando trabajo,
pero sino tuvieran estas pequeñas “inversiones”
no tuvieran en qué trabajar.
¿Qué políti cas deberían implementarse en el
Ecuador para lograr que las y los trabajadores
migratorios retornados se inserten en
el mercado laboral del país, sobre todo,
considerando las nuevas experiencias de
trabajo que traen consigo?
La educación es la base fundamental, pero debe
ir orientada a crear empresarios. El gobierno
también debe establecer programas para
capacitar a los retornados en emprendimientos
producti vos, facilitar el acceso a créditos,
asesorar para que las microempresas que se
instauren se fortalezcan, otorgar incenti vos
para que nuestros productos sean accesibles y
poder ser competi ti vos. Los ecuatorianos que
salieron del país son gente emprendedora en
busca de oportunidades, las mismas que antes
su país les negó. Es hora que el gobierno recoja
las experiencias que traen y los tome como un
puntal para mejorar la economía del Ecuador,
pues no se debe olvidar de los migrantes con
sus remesas fueron -y son- los que apuntalan
la dolarización y es hora que dejen de ser sólo
una estadísti ca más para ser llevados a foros,
conferencias, estudios en el que salen ganando
sólo los organizadores que reciben sus sueldos
en base a la tragedia que la migración produce.
Hoy vemos que se inauguran casas de migrantes
sin migrantes ni sus familias. Los involucrados
directos de la migración se encuentran sólo en
las estadísti cas y un porcentaje minúsculo se
ganó la lotería de la SENAMI.
¿
Entrevista a Susana Guevara Presidenta de la Asociación de Familiares deMigrantes y Retornados de Chimborazo (FAMIGRACH)
La inserción laboral de las y los migrantes en Chimborazo (Ecuador)
Testi monio
14 entretierras
Noti cias
MERCOSUR: Opinión consulti va ante la Corte Interamericana de DDHH
Durante el 92º período ordinario de sesiones
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, celebrado en Bogotá, Colombia,
entre el 22 de agosto y 2 de septi embre, fue
presentado en audiencia con el pleno de la
Corte, una solicitud de opinión consulti va
sobre la protección de derechos de los niños,
niñas y adolescentes migrantes por parte
de los representantes de los gobiernos de
Argenti na, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La solicitud de opinión consulti va, que surge
a instancias de la Comisión Permanente
Iniciati va Niñ@Sur, fue elaborada por el
Insti tuto de Políti cas Públicas de Derechos
Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y aprobada
en la XIX Reunión de Altas Autoridades
de Derechos Humanos y Cancillerías del
MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH),
celebrada en Asunción, en el mes de abril del
2011.
El proceso que se inicia con la presentación
signifi cará la oportunidad para la discusión
en profundidad de la situación de los
derechos de los menores migrantes por
parte de todos los Estados de la OEA, las
agencias internacionales, la academia y las
organizaciones no gubernamentales.
Fuente. htt p://www.observatoriomercosur.org.uy/
es/obsn212.php
FRONTEX: Migrantes expuestos a condiciones de abuso
El pasado 21 de septi embre, Human Rights
Watch (HRW) señaló que Frontex, la agencia
de vigilancia de las fronteras exteriores de
la Unión Europea (UE), está exponiendo
a los migrantes a condiciones inhumanas
y degradantes. Los migrantes capturados
a lo largo de la frontera terrestre greco-
turca son enviados a centros en Grecia con
un número de detenidos muy por encima
de su capacidad, dijo HRW en un informe
ti tulado “Las manos sucias de la UE: La
implicación de Frontex en el maltrato a
migrantes detenidos en Grecia”.
En diciembre del 2010, durante el
despliegue de los equipos de intervención
rápida en las fronteras (RABIT), HRW visitó
centros de detención en la región de Evros
y constató que las autoridades griegas
estaban reteniendo durante semanas
o meses a los migrantes, entre ellos
miembros de grupos vulnerables como
niños no acompañados, en condiciones
que consti tuían un trato inhumano o
degradante.
Las acti vidades de Frontex en Grecia
incumplen las normas esti puladas en la
Carta de Derechos Fundamentales de la
UE, obligatorias para Frontex, concluyó
HRW.
Fuente: htt p://www.hrw.org/es/
news/2011/09/21/ue-la-agencia-de-fronteras-
expone-los-migrantes-condiciones-de-abuso
ONU: Taller interregional sobre gesti ón de la migración internacional
Tuvo lugar durante los días 22 y 23 de
septi embre, en el Palais des Nati ons, en
Ginebra, Suiza, organizado conjuntamente
por la Comisión Económica para América
Lati na y el Caribe (CEPAL), la Comisión
Económica para Europa (CEE) y la
Comisión Económica para África (CEA), en
el marco del Proyecto de la Cuenta para el
Desarrollo sobre el “Fortalecimiento de las
capacidades nacionales para la gesti ón de
la migración internacional: maximizando
los benefi cios para el desarrollo y
minimizando los impactos negati vos”, que
se viene desarrollando desde 2009.
El objeti vo del taller fue contribuir
a incrementar las competencias y
capacidades de los responsables del diseño
de políti cas y programas en materia de
migración internacional, para la integración
de la temáti ca dentro de las estrategias
nacionales de desarrollo en una forma
prácti ca, aprovechando sus benefi cios y
minimizando los aspectos negati vos tanto
para los países como para las personas
migrantes. Invitado por la CEPAL parti cipó
en este taller el coordinador regional de
la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD) y secretario técnico Ad-Hoc de
la Mesa de Trabajo sobre Migraciones
Laborales (MTML), Pablo A. de la Vega M.
Fuente: htt p://www.eclac.org/celade/
SENAMI: Consejo Ciudadano Sectorial
El sábado 22 de octubre, la SENAMI realizó
la primera reunión del Consejo Ciudadano
Sectorial, que contó con la presencia de
sus 154 miembros, quienes conocieron a
detalle y de las principales autoridades, las
líneas estratégicas de acción y la agenda
programáti ca.
María Fernanda Maldonado, subsecretaria
general de la SENAMI, realizó una
exposición sobre los avances del trabajo
insti tucional en el marco de lo que
dispone la Consti tución de la República y
el Plan Nacional del Buen Vivir, que son
las herramientas legales esenciales para
su gesti ón. Anti cipó que próximamente
habrá una Ley de Movilidad Humana.
Para tal propósito, el Consejo Ciudadano
Sectorial aportará con sus propuestas a la
construcción de dicho marco legal.
Fuente: htt p://www.senami.gob.ec/noti cias-
consejo/1144-las-autoridades-exponen-ante-
los-miembros-del-consejo-.html
15entretierras
i bien la coyuntura histórica de crisis
y alarmismos no ha traído estrictas
novedades en el campo migratorio,
lo que se ha hecho más ostensible
es la inquietante paradoja de que mientras
más se debate y se visibiliza la migración,
más se problemati za a los migrantes y se
restringe la movilidad. Y la consecuencia
principal es la violación de derechos, puesta
a la orden del día en estos ti empos. Dicho de
otro modo, la desprotección y vulnerabilidad
generalizada de muchos migrantes que van al
mundo desarrollado, ya sea desde antes de su
parti da, durante sus travesías, en la llegada,
en la permanencia y hasta en la repatriación,
son uno de los signos más salientes de la
delicada situación que describe a la migración
contemporánea.
La movilidad humana sigue siendo necesaria
desde todo punto de vista y totalmente
legíti ma como opción para los seres
humanos, las comunidades, los países y las
sociedades, y hasta el propio capitalismo.
Además, el resguardo de los derechos de las
personas migrantes cuenta con un importante
sustento en el derecho internacional, en
acuerdos regionales y mundiales -así como
en iniciati vas nacionales-, y es acompañado
de una creciente e intensa movilización social
en muchos países de América Lati na. Todo lo
anterior no ha podido; sin embargo, encarar
la vulneración de derechos y aclarar la oscura
relación entre el ejercicio discrecional de
la soberanía de los Estados y las prácti cas
normati vas nacionales de resguardo de los
derechos. Todavía más, la migración es en
gran medida de carácter forzada, en tanto
no emana de una decisión voluntaria e
informada y se asocia a riesgos de desarraigo,
discriminación y altos costos personales.
La crisis económica mundial ha venido a
exacerbar estos problemas, a la vez que
plantea otras urgencias no abordadas. Se
observa una vez más que las situaciones
de retracción económica e incerti dumbre
general suelen traer más desventajas para
los trabajadores migrantes y sus familias.
Si hasta mediados del 2011 la recesión no
parece haber terminado, todavía con mayor
fuerza cobran relieve sus nefastos impactos
sobre las personas migrantes que, además,
pueden durar muchos años más allá de
la recuperación económica. Las pérdidas
salariales y de empleos, aunadas a la menor
oferta de servicios públicos, han conllevado
dolorosas pérdidas de patrimonios y acti vos,
endeudamientos y difi cultades para una
persona migrante. Pero más allá en el ti empo,
cabe esperar que los trabajos se puedan
recuperar, por lo que la pregunta que vuelve
al ruedo es ¿qué pasará con los derechos?
En general, la recesión afectó al conjunto de la
fuerza laboral; sin embargo, los trabajadores
migrantes fueron golpeados con más agudeza
en los países desarrollados, principalmente
por el desempleo y la disminución de
los salarios, que se concentraron en los
sectores en que se emplean en su mayoría
(por ejemplo, en países como los Estados
Unidos). Hoy se sabe que el aumento de
los despidos directos de inmigrantes fue
proporcionalmente mayor que el de los
nacionales. En el 2011, la tasa de desempleo
entre los extranjeros en España ha superado
el 30%, frente al 18% para el total de los
españoles, persistentemente las más altas
tasas de la Unión Europea. En los Estados
Unidos la pérdida de empleos también fue
más severa para los inmigrantes que para
los nati vos desde el últi mo trimestre del
2007 y a la fecha supera el 11% entre los
lati noamericanos. Además, se ha hecho
notar que los recortes presupuestarios a los
servicios públicos y a los fondos de integración
de inmigrantes, implementados como
consecuencia de la crisis fi scal, harán que la
recuperación sea en extremo desafi ante.
Alejada la posibilidad del retorno, como
resulta imperati vo mantener o buscar
un empleo, los migrantes son personas
suscepti bles de sufrir el menoscabo de sus
derechos laborales. Ante ello, se aceptan
peores condiciones de trabajo, incluyendo
recortes salariales para mantener sus puestos.
Y para los que buscan empleo, el paso del
ti empo puede presionarlos a consenti r, de
igual modo, condiciones de trabajo peligrosas
o informales. Por otra parte, es muy sabido
que los migrantes manifi estan una gran
adaptabilidad a las condiciones cambiantes
del mercado de trabajo y los servicios
sociales, mostrando una mayor disposición
que los trabajadores nati vos a cambiar sus
sectores laborales o de residencia.
Es claro: la crisis ha venido a plantear
la necesidad de reforzar la atención
sobre la vulnerabilidad de los migrantes
lati noamericanos y garanti zar sus derechos en
una etapa de recuperación económica, para
que no se agraven aún más las condiciones de
por sí precarias en las que normalmente vive
una parte importante de esta población.
Los derechos de las personas migrantes ante la crisis económica mundial
Análisis
Jorge Martínez Pizarro Asistente de Investigación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE-CEPAL)
S
entretierras16
Coordinación General: Secretaría Técnica Ad-Hoc de la MTML Co-Edición: Lidia García y Susana Peñafi el A. Fotografía: COFAMIDE, CSA, El Hoy, El Liberal, El Tiempo, INATEC, ISCOD, Ivonne Dujmovic, La Hora, La Otra Opinión, la Voz, Marcos Vega, OISS, Radio Nederland Latinoamérica y SIPSE Diseño y Diagramación: Quinta Dimensión, [email protected] Impresión: Gráfi cas Iberia Versión digital: http://www.sedi.oas.org/ddse/espanol/cpo_MIDE_03.asp
Comentarios y sugerencias: [email protected] / Casilla Postal: 17-08-8069 / Quito - Ecuador
Con el aporte del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
CONSEJO EDITORIAL: Felipe Adolf, Patricia Álvarez Navarrete, Rogelio Bernal, Claudia Detsch, Hernán Holguín, Carlos López Damm, Cornelio Marchán C., Silvia Irene Palma C., Jorge Parra, Karina Sarmiento, Julia Serrano Fernández y Luis Varese.
Los criterios vertidos en los artículos son de estricta responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de este boletín.
Avance
A lo largo de la historia de la humanidad los procesos migratorios se han visto esti mulados por varios moti vos: por mejorar las condiciones de vida, por estudio, por aventurarse a conocer nuevos lugares, por confl ictos armados que obligan a poblaciones enteras a abandonar sus hogares, por el cambio climáti co, por mega proyectos extracti vos o por el acaparamiento de la ti erra, entre otros moti vos. Todos estos factores ocasionan que hombres, mujeres -familias enteras-, no sólo se desplacen de un lugar a otro dentro de su territorio, sino que se trasladen a diferentes países de la región, en la que viven, y del mundo entero.
Inmersas en este movimiento migratorio, a nivel mundial, se encuentran las mujeres, quienes pese a la invisibilidad con la que todavía son tratadas, por el ti po de trabajo que muchas de ellas desempeñan, o por la condición migratoria que poseen (incontables trabajadoras migratorias son irregulares); hoy consti tuyen la mitad de la población migrante del mundo.
La labor que desempeñan las trabajadoras migratorias, en su mayoría, forma parte de la división sexual del trabajo y pese a los grandes avances en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, incluso de los derechos colecti vos, todavía se visibilizan prácti cas de discriminación vinculadas al “ser mujer”. Muchas trabajadoras migratorias se ven obligadas a reproducir ciertos roles de género, pues los nichos de trabajo que encuentran en el país de desti no se concentran en el ámbito del cuidado (servicio domésti co, cuidado de niños y personas de la tercera edad, labores ligadas a la cocina –servicio de restaurantes–, algunas incluso han tenido que incursionar en el trabajo sexual, mientras que otras son vícti mas de trata de personas). No todas las migrantes logran encontrar trabajos vinculados a su nivel de preparación, por ejemplo, o acti vidades donde no reproduzcan la división sexual del trabajo.
En este escenario, un gran número de trabajadoras migratorias transfronterizas deben realizar acti vidades que históricamente han sido vinculadas a las tareas que les corresponden ejecutar a las mujeres, con lo cual, lejos de que los roles de género cambien, la migración femenina ha permiti do que unas mujeres puedan incursionar en diversos mercados de trabajo, gracias a que otras, con un salario establecido, conti núan reproduciendo ciertas prácti cas relacionadas a lo femenino.
A esta reproducción de los roles de género hay que sumar que el trabajo del cuidado (en el que se desempeñan un gran número de trabajadoras migratorias) está intrínsecamente enlazado a lo privado, al trabajo dentro del hogar. Por lo tanto, las trabajadoras migratorias transfronterizas son más proclives a ser maltratadas fí sica y psicológicamente, y a ser explotadas no sólo en lo laboral (extensas jornadas de trabajo, sin un salario justo, sin seguro social ni prestaciones, sin días de descanso, realizando labores forzadas, con una vivienda en malas condiciones y mala alimentación, por ejemplo) sino también en lo sexual.
Pese a estas condiciones de vida que ti enen que enfrentar varias trabajadoras migratorias transfronterizas también es importante señalar que la migración femenina ti ene importantes aspectos positi vos que deben ser analizados. Las nuevas relaciones de la familia trasnacional, el envío de remesas más constante, la prioridad que empieza a tener el ahorro familiar, el incenti vo de proyectos familiares, la dinamización de la economía en el país de origen y de desti no de la migración, la recuperación de muchos sistemas de seguridad social en varios países de desti no, el fl uido intercambio cultural y la mayor independencia que muchas han logrado al reivindicar las labores que realizan, entre otros aspectos positi vos.
Frente a la realidad que afrontan las trabajadoras migratorias transfronterizas, es importante que los gobiernos en el ámbito nacional y regional elaboren políti cas públicas, con el propósito de visibilizar y valorar la labor de las mujeres migrantes y con el objeti vo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todas las mujeres, sin importar su lugar de procedencia.
Jornadas de la Sociedad Civil del V Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, FMMD (Ginebra, noviembre 29 y 30 del 2011)Informes: www.gfmdcivilsociety.org
VI Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos (Ginebra, noviembre 29 a diciembre 2 del 2011)Informes: htt p://migrantwatch.org/pga2011/
Encuentro Internacional sobre Migración Laboral, Trabajo Decente y Derechos Humanos (Quito, diciembre 15 y 16 del 2011)Informes: [email protected] y [email protected]
La 100ª Conferencia de la OIT adoptó normas laborales para proteger a entre 53 y 100 millones de trabajadores domésti cos en el mundohttp://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/press-releases/WCMS_157892/lang--es/index.htm
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor)htt p://www.oitcinterfor.org/
Derechos del Ciudadano Andino: Turismo, Migración y Trabajohtt p://www.comunidadandina.org/public/libro_133.htm
La crisis económica y la discriminación contra los trabajadores migranteshtt p://www.ilo.org/global/publicati ons/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/arti cles/WCMS_165353/lang--es/index.htm
Protección social de migrantes en Lati noamérica y Europahtt p://eurosocialsalud.eu/fi les/docs/00598.pdf
Hacia un fortalecimiento de derechos laborales en el trabajo del hogar: algunas experiencias de América Lati nahttp://www.fes-ecuador.org/media/pdf/Hacia%20un%20fortaleciemto_DocumentoTrabajoDom%C3%A9sti co.pdf
Luchar contra la discriminación en el trabajo. Riesgo de avancehttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publicati on/wcms_165642.pdf
Migración y trabajo infanti l: Explorar las vulnerabilidades de los niños migrantes y de aquellos que se han dejado atrás htt p://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=15576
Internati onal Migrati on in the Americashtt p://www.oecd.org/dataoecd/50/36/48423814.pdf
La Secretaría Técnica Ad-Hoc de la MTML agradece a las siguientes entidades, entre otras, sus comunicaciones y reconocimientos institucionales a Entre Tierras: Representante de ONU Mujeres en Ecuador y Colombia, Secretario de Estado sin Cartera (Presidencia de la República Dominicana), Director Nacional de Migración de la Policía Nacional del Ecuador, Subsecretaría de Organismos Internacionales Supraregionales de la Cancillería ecuatoriana, Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Dirección de Capacitación de la Escuela de Fiscales y Funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y Subsecretaría de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior.
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Nuestro agradecimiento a:
Trabajadoras migratorias en fronterasy derechos humanos
Lidia García Díaz Centro de Documentación en DerechosHumanos “Segundo Montes Mozo S.J”