Año 5 - N°71 -

Octubre 2015

Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

Editorial

Por María Luisa Lucas, ministra del STJ y presidenta del Tribunal Electoral del Chaco

CAPACITARON EN HONORARIOS PROFESIONALES Y PERITOS JUDICIALES

En el interior

PÁG. 2

PÁG. 3

PÁG. 4

Triunfó la institucionalización

Analizaron aspectos relevantes para el ejercicio diario de la tarea de abogados e integrantes de la justicia.

Finalizó el concursoChaco es el tercer nodo del país

Emilia Valle es la nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia

La jueza de Villa Ángela fue electa por unanimidad.

Crearon punto de acceso a la lectura de biblioteca digitalSe podrán consultar más de 49.100 libros en formato audio o documento de texto, completamente accesibles para personas con discapacidad.

La iniciativa se gestó mediante un proyecto en red de la Biblio-teca Jurídica “Dalmasio V. Sarsfield”.

PÁG. 4

PÁG. 6

Fallo Secretaría Contencioso AdministrativaTutela judicial efectiva: STJ ordenó reincorporar a agentes municipales cesanteados

Año VNúmero

Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del ChacoLópez y Planes 215Resistencia | Chaco

PresidenteAlberto Mario Modi Ministros María Luisa LucasIride Isabel María GrilloRolando Ignacio Toledo

Redacción, fotografía,diagramación y ediciónOficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia

Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación

Contacto Oficina de Prensa del Superior Tribunal de JusticiaTeléfono 0362-4452893prensa@justiciachaco.gov.ar71

Octubre de 2015

Dirección editorial

www.justiciachaco.gov.ar

Superior Tribunal de Justicia

Editorial2PÁG. Resistencia,

Octubrede 2015

TRIUNFÓ LA INSTITUCIONALIZACIÓN

Por María Luisa Lucas

El Tribunal Electoral provincial, que me tocó presidir este año, fue un ejemplo, a nivel na-cional, en tanto pudo demostrar – frente a los continuos pronósticos agoreros que hablaban

de posibles situaciones fraudulentas en las elecciones del pasado 20 de septiembre-, que el Chaco estaba en condiciones de tener una jornada cívica de absoluta cla-ridad institucional.

El Tribunal electoral organizó el procedimiento elec-toral que tuvo como principal finalidad garantizar la igualdad, la equidad y la tranquilidad, y eso ocurrió.

Los veedores, que fiscalizaron el proceso electoral, nos dejaron sólo palabras de alabanzas y halagos por la calidad institucional que pudieron observar.

EL VETO PREVIOVale recordar que, el 3 de junio pasado, la legislatu-

ra local sancionó la ley 7590 que prohibía “al Tribunal Electoral de la Provincia, incorporar y/o adecuar tec-nología informática (voto electrónico u otros mecanis-mos) para la emisión y escrutinio de votos, como expre-sa garantía del sistema electoral previsto y regulado en esta norma”.

Con fecha 16 de junio de este año el gobernador Jorge Capitanich, resolvía vetar esa ley, y corroborar lo actuado por el Tribunal Electoral, que mantuvo la disposición de recurrir a ese sistema (el de boleta voto electrónico) conforme a lo resuelto en Acuerdo No. 35 de fecha 16 de junio de 2015 por este cuerpo colegiado, tal como lo establece, el art.48º inc d) de la ley electoral provincial, que faculta al organismo a indicar “el siste-ma electoral aplicable” y que fuera solicitado su utili-zación con anterioridad por Resolución 1075/15 de la Intendencia de la Municipalidad de Resistencia convo-cando a elecciones municipales.

El sistema electoral utilizado en la provincia fue mixto: en la totalidad de las 804 mesas de Resistencia se utilizó la boleta única electrónica, como en 9 mesas de Presidencia Roque Sáenz Peña, 30 de Charata y 31 de Villa Ángela que representan el 28,82 por ciento del total. En las 2.159 mesas del resto de la provincia se uti-lizaron los tradicionales votos de papel.

Se dio cumplimiento a la ley 7217, única en el país, que establece la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a gobernador y diputados provinciales, emitidos por televisión y radio, con todo éxito y exce-lente recepción en la ciudadanía.

LOS VEEDORESPor primera vez se invitaron a veedores nacionales e

internacionales para observar las elecciones provincia-les del 20 de septiembre de 2015.

El director Nacional Electoral, Alejandro Tullio pon-

deró el trabajo de los veedores quienes según explicó a Télam se encontraron “desplegados desde la primera hora de la mañana tanto en el interior provincial como en la ciudad de Resistencia y su periferia”.

Entre ellos había representantes de Organizaciones de Nicaragua, Uruguay, Chile y del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de la Universidad Na-cional de La Plata, la ONG Transparencia Electoral, la Asociación de Abogados De Buenos Aires, la Defenso-ría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro Federal de Organismos Electorales de la Argentina. En-tre estos últimos se destaca la presencia de magistrados y funcionarios de tribunales electorales de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires.

Estos observadores destacaron la transparencia del acto electoral, aseguraron que no tuvieron objeciones y realizaron un balance “más que positivo”, al tiem-po que señalaron que “tanto la actuación del Tribunal Electoral como el comportamiento de la ciudadanía provincial nos muestra un camino normal y de calma”.

Los representantes de la ONG Transparencia Electo-ral, por ejemplo, señalaron que “en Resistencia se votó con boleta única electrónica, lo cual generaba una in-novación, que determinaba algún tipo de dudas, como todo cuando hay alguna innovación, y lo único que ocurrió a las 8 es que muchos presidentes de mesa no se presentaron, pero había un plan de contingencia del

Tribunal que logró subsanar esto, y estábamos a las 8.15 u 8.20, con casi el 100 por ciento de las mesas abiertas, lo cual marca una calidad y una posibilidad de actuar rápidamente por parte del Tribunal Electoral”.

En el caso de los veedores internacionales, el Direc-tor de Asuntos Electorales del Consejo Supremo Elec-toral de Nicaragua, Adonai Jiménez indicó que “nos hemos encontrado con una jornada muy tranquila, en la que no hemos encontrado que se haya generado nin-gún tipo de eventualidades dado que el tribunal elec-toral ha garantizado todas las medidas pertinentes al proceso”.

LOS CUESTIONAMIENTOS Con motivo de algunos cuestionamientos en la con-

fección y fiscalización de los padrones utilizados en la elecciones de las PASO provinciales del 24 de mayo de 2015 y nacionales del 9 de agosto de 2015 y las provin-ciales del 20 de septiembre de 2015, el Tribunal tuvo que manifestar públicamente que utiliza los padrones confeccionados y enviados por la Comisión Nacional Electoral y sólo ordena su impresión y publicación, opi-nando sí que podría confeccionar sus propios padrones provinciales si se dictara una ley conforme el artículo 159 de la Ley Electoral provincial (4169) dice expre-samente que “hasta tanto se dicte una ley especial, el Tribunal Electoral utilizará el Padrón Nacional para las elecciones provinciales o municipales que se convo-quen, con las ampliaciones que corresponden respecto a estas para los extranjeros”.

Y el inciso 2 del art. 90 de la Constitución provincial, es muy claro al establecer que

“Son electores… inscriptos en el registro cívico de la nación y domiciliados en la provincia. Cuando el re-gistro cívico de la nación no se ajuste a los principios fundamentales de esta constitución para el ejercicio del sufragio, por ley (*) se dispondrá la formación de un registro cívico de la provincia bajo la dirección del tribunal electoral”. Atento a estas disposiciones cons-titucionales y legales en Acuerdo del 13 de octubre de 2015 resolvió solicitar a la Cámara de Diputados el dictado de una ley especial que ordene al Tribunal Electoral la confección del Registro de Electores de la Provincia.

Como conclusión de las jornadas electorales que estuvieron a cargo del Tribunal Electoral este año, podemos asegurar, como lo reconocieron los veedo-res, que el Chaco es un pueblo pacífico y democrático que demostró conducta en estas últimas elecciones, y el Tribunal Electoral (constituido por magistrados y funcionarios de la Justicia provincial), tomó decisiones estratégicas y consecuentes, en todo lo relativo al buen desarrollo del acto electoral y del posterior escrutinio.

(*) La negrita es nuestra.

3PÁG.Resistencia,

Octubrede 2015

En el marco de la presentación del libro homónimo

Amplia capacitación en honorarios profesionales y peritos judiciales

Las jornadas reunieron a casi 200 asistentes. Fueron analizados aspectos relevantes para el ejercicio diario de la tarea de abogados e integrantes de la justicia. Rotundo respaldo desde los colegios de profesionales a la realización de los encuentros.

Juan José Castelli y Sáenz Peña dieron cita unos 200 participantes que concurrieron a las jor-nadas de capacitación en honorarios profesionales y peritos judiciales que se realizó; en las que, ade-más, se presentó el libro homónimo.

La ministra Isabel Grillo realizó la apertura, mientras que Diego Derewicki y Adrián Farías (autores del libro) fueron los capacitadores.

Esta actividad se gestó en respuesta a los pedi-dos de los abogados de toda la provincia y se lle-varán a cabo en cada circunscripción (aún restan Resistencia, Villa Ángela, Charata y San Martín).

INFOJUS entrevistó Derewicki y Farías, auto-res de la publicación y responsables de la capa-citación.

¿Cuál es el objetivo de la charla?Trabajar en un marco de capacitación, com-

partir con abogados, auxiliares de la justicia, em-pleados, funcionarios y magistrados las mutuas inquietudes, experiencias, conocimientos, incon-venientes y opiniones que podamos tener en rela-ción a la regulación de honorarios profesionales en un proceso judicial.

La regulación de honorarios presenta una ten-sión interna que genera dificultades en su aplica-ción, porque enfrenta dos derechos. Por un lado el derecho a la retribución de los profesionales por su colaboración en la administración de justicia, y por otro el acceso a la justicia, ya que las retribu-ciones inciden en el costo del proceso.

Es por ello que el diálogo y el debate nos per-miten conocer los puntos de vistas de quienes, desde lugares distintos, nos enfrentamos a una misma situación. Eso nos da la oportunidad de construir soluciones que satisfagan los diversos intereses que cada uno pueda tener.

¿Cuáles son los ejes centrales de la diserta-ción, y sobre qué ítems en especial hacen hinca-pié en la capacitación?

Durante las charlas analizamos la regulación de honorarios de los abogados y la de los peri-tos judiciales. Se hace referencia particularmente a los antecedentes históricos relacionados con la ley de honorarios de los abogados, a las caracte-rísticas que presenta el sistema arancelario, a la cuestión del orden público y su derogación. Asi-mismo, se hace foco en los principios que se de-rivan del mismo y que sirven de orientación a la hora de resolver aquellos casos que no tienen una solución específica, en particular el principio de proporcionalidad; también se hace referencia a los parámetros y escalas que se utilizan para regular honorarios y otras cuestiones vinculadas a la pro-tección de los honorarios.

¿Qué deben tener en cuenta los profesiona-les y peritos a la hora de establecer honorarios profesionales?

El eje temático de la charla contiene las cues-tiones que debe tenerse presente a la hora de esta-blecer los honorarios tanto de los abogados como la de los peritos, los principios y reglas que se aplican a uno y otro son semejantes, y eso de al-guna manera queda expuesto en la charla.

¿Cuál es el abordaje del libro de su autoría?Tanto en el primer libro “Honorarios para abo-

gados y procuradores de la provincia del Chaco”,

como en el segundo libro “Aranceles para peritos judiciales” se trató de presentar de manera siste-matizada las reglas que rigen la determinación del honorario profesional como así también la protec-ción del mismo, entre otras cuestiones.

Cabe señalar al respecto que algunas profe-siones tiene una ley que regula la cuestión de los aranceles, pero existen otras profesiones que no tiene regulación expresa.

El estudio pretende presentar de manera cohe-rente y ordenada todas estas reglas que conforman el sistema arancelario, exponiendo la interpreta-ción de los tribunales como así también de la doc-trina en relación a tales reglas, la solución que se presentan para llenar las lagunas o las contradic-ciones del sistema.

El objetivo es contribuir para que los profesio-nales sean remunerados adecuadamente por los servicios prestados y, de esta manera, dignificar la alta función que cumplen en la administración de justicia.

Por su parte el presidente del Colegio de Abogados del Norte, Gonzalo García Veritá, agradeció el “esfuerzo que realiza el Poder Ju-dicial para traer estas capacitaciones a un lu-gar tan distante de la capital provincial como lo es Castelli”.

“Para nosotros es vital formarnos en esta materia, era un pedido que hicimos en varias

ocasiones. También crecemos en experiencia al compartir instancias de formación junto a integrantes de la justicia”, sostuvo.

Además remarcó: “tenemos que ir embe-biéndonos de los conocimientos que traen ju-ristas e investigadores de la talla de Derewicki y Farías. Ahora nos toca llevar a la práctica sus propuestas académicas”.

El presidente del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, Edgardo Reguera, valoró la jor-nada de capacitación y señaló que “nos facili-tó la comprensión de los temas en cuestión”.

“Esto es más que importante para nosotros porque después de varias charlas con el STJ pudimos concretar un muy buen curso con ex-celentes profesionales que estuvieron a cargo de las disertaciones”, precisó.

Por otra parte agradeció “al Superior Tri-bunal y al Centro de Estudios Judiciales que escucharon el pedido que les hicimos desde el interior”. “La jornada nos deja muchas en-señanzas; no solo para los profesionales del foro, sino también para que los integrantes de la justicia puedan sentar criterios”, reflexionó.

Finalmente destacó que el curso “no solo informó sobre la ley de honorarios; sino tam-bién un mini curso de capacitación de esta temática en función del nuevo código civil y comercial”.

Las jorna-das reunie-ron a casi 200 asis-tentes.

La ministra Isabel Grillo realizó la apertura, mientras que Diego De-rewicki y Adrián Farías (autores del libro) fueron los capacitadores.

Reguera: “Nos facilitó la comprensión”

García Veritá: “Es vital formarnos en esta materia”

4PÁG. Resistencia,

Octubrede 2015

En forma unánime

Como corolario del concurso público de oposición y anteceden-tes Emilia María Valle fue elegida para integrar el Superior Tribunal de Justicia del Chaco junto a Alber-to Mario Modi, María Luisa Lucas, Isabel Grillo y Rolando Toledo.

La ex camarista de Villa Ángela tuvo el voto unánime de los siete integrantes del tribunal examina-dor del Consejo de la Magistratura: María Eugenia Sáez, Luis Meza, Rolando Toledo, Javier Oteo, Mar-tín Nievas, Carim Peche y Gabriela Tomljenovic.

TRAYECTORIAValle, que llegó al concurso pú-

blico de oposición y antecedentes como jueza de la Cámara en lo Cri-minal de Villa Ángela, se recibió de abogada en 1984, en la Universidad Católica de Santa Fe, donde obtuvo el mejor promedio de la colación.

Su ingreso a la Justicia se pro-dujo el 28 de septiembre de 1984 como escribiente en el juzgado Ci-vil y Comercial Nº 1 de Villa Án-gela. Desde entonces fue defensora oficial, agente fiscal, jueza de ins-trucción y jueza de garantías.

Desde 2006 fue delegada y ca-

pacitadora del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial.

Asimismo integró en dos opor-tunidades el Consejo de la Ma-gistratura. Primero, entre 2010 y 2012, como miembro suplente. En el bienio siguiente lo hizo como ti-tular, en el cargo de vicepresidenta.

Entre otros, en 1987, recibió el reconocimiento del procurador ge-neral por su labor como fiscal en el esclarecimiento del caso “Strum-berger”. En 2009 recibió lo propio del STJ con motivo de sus 25 años de servicio ininterrumpido en el Poder Judicial. Luego la reconoció el Consejo de la Magistratura, en 2014, por su aporte y desempeño como exconsejera.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Durante el concurso Emilia Valle propuso partir de las accio-nes de política institucional en las que ya viene trabajando el STJ. En tal sentido sugirió completar la implementación del Nuevo Diseño Organizacional en el interior, consolidar la oralidad en todos los fueros, incremen-tar la capacitación en el interior

Se podrán consultar más de 49.100 libros en formato audio o documento de texto, completamente accesibles para personas con discapacidad. La iniciativa se gestó mediante un pro-yecto en red de la Biblioteca Jurídica “Dalmasio V. Sarsfield”, realizado con la Mesa de Atención y Asesora-miento Permanente a la Víctima y a la Ciudadanía y con la contribución de la Asociación Civil sin fines de lucro Tiflonexos de la Provincia de Buenos Aires.

“Este nodo es una biblioteca acce-sible con distintos materiales para la lectura, Chaco es la tercera provincia en sumarse y así se garantiza un de-recho”, señaló Matías Ferreyra de la biblioteca Tiflolibros.

Mientras que su par Gonzalo Ro-mán destacó el trabajo cooperativo que realizaron con la Biblioteca Ju-rídica lo cual permite “visualizar la temática” y da la posibilidad de com-partir contenidos mediante una plata-forma virtual.

Durante la presentación que se realizó el 16 de octubre en el Salón

Emilia Valle fue electa ministra del Superior Tribunal de Justicia

El plan de gobierno de Valle fue resaltado por los integrantes del tribunal examinador.

a través de videoconferencias, campus virtual, etc. Establecer una cultura de la comunicación; aumentar la cantidad de talleres de prensa y justicia como los que se vienen realizando; disponer de observatorios de malas prácticas y fortalecer el uso de medios alterna-

tivos de resolución de conflictos, sobre todo en algunas circunscrip-ciones del interior.

Entre los lineamientos estraté-gicos propuso siete ejes: fortalecer la ética y la independencia judicial; brindar servicios de excelencia; garantizar y ampliar aún más las

vías de acceso a la justicia; gestión y desempeño de los recursos huma-nos; gestión de la comunicación y acceso a la información; fortalecer relaciones externas e internas; y otras acciones estratégicas en pun-to a necesidades jurisdiccionales y edilicias.

Es el tercer nodo del paísCrearon centro de acceso a la lectura de la biblioteca digital

audiolibros de la Biblioteca Jurídica del Poder Judicial del Chaco.

Robledo dijo que la iniciativa buscan incrementar el fondo biblio-gráfico con otros formatos, como audio, propiciando la producción de documentos multimediales y de este modo facilitar el acceso a la lectura.

Según indicó el principal motor de la propuesta que -se realizó con per-sonas no videntes que trabajan en el Poder Judicial- surgió porque existe una gran cantidad de personas que, por su situación, se ven impedidas de acceder a la lectura efectiva de tex-tos impresos.

Al tiempo que informó que esta es una idea que se gestó en red y bajo marcos legales como la ley nacional 27061 que justamente busca facilitar el acceso a textos impresos.

El titular de la Biblioteca Jurídica anticipó que continuarán trabajando en la legislatura provincial con el proyecto de ley para crear un registro de voluntariado para la elaboración de audiolibros.

Presentaron el proyecto au-diolibros de la Biblioteca Jurí-dica y el centro de acceso a la lectura.

de Usos Múltiples del Superior Tri-bunal de Justicia se dieron a conocer detalles del trabajo conjunto que bus-ca promocionar el libro y la lectura a todos y especialmente a personas con discapacidad visual.

Estuvieron presentes también la

ministra del STJ María Luisa Lucas, el jefe de la Biblioteca Hugo Ro-bledo e integrantes de la misma, así como del Poder Judicial del Chaco. Y representantes del Instituto Provin-cial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco y del

Instituto Nacional contra la Discrimi-nación, la Xenofobia y el Racismo.

PROYECTO AUDIOLIBROS

Asimismo, en la oportunidad, se explicó en qué consiste el proyecto

5PÁG.Resistencia,

Octubrede 2015

Dictada en Charata entre julio y octubre

Con las exposiciones del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo y Gustavo Orgaz concluyó la capacitación en torno a la reforma del código civil y comercial, a la que asistieron aproximadamente cien personas, incluyendo magistrados, funcionarios y abogados. Este fue el séptimo encuentro desde que comenzó el dictado el 31 de julio de este año.

El primero en exponer fue Gustavo Orgaz quien se refirió al tema “contratos”. Luego Toledo abordó la responsabilidad del Estado y de los funcionarios por la actividad extracontractual de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADESA lo largo de las clases hubo un importante número de destacados expositores

con variada temática: Rolando Toledo, Mariano Lino Churruarin (estructura de la reforma), Carlos Depetris (aplicación temporal y persona humana, capacidad, hecho y acto jurídico), Miguel Piedecasas (régimen de responsabilidad), Francisco Magin (materia sucesoria), Carlos Rolando (derecho de familia, Carlos Silvero Fernández (personas jurídicas), Luis Daguerre y Carlos Sureda (ambos sobre de-recho real), Jose Márquez (obligaciones dinerarias y de valor), Carlos Depetris (persona humana, capacidad, hecho y acto jurídico).

El personal del Juzgado de Paz de Charata juntamente con el Centro de Estudio judiciales estuvo a cargo de la organización.

Álvaro Llaneza, juez de paz de Charata reiteró el agradecimiento al STJ y el CEJ. También a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el Cole-gio de Abogados de la cuarta circunscripción, Oscar Biain y Rafael Saucedo por su colaboración y al personal del juzgado de paz por su trabajo en la organización, a todos los participantes por haber confiado en la excelencia del evento.

Las actividades fueron coorganizadas entre el Poder Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco, con el auspicio del Colegio de Abogados de la cuarta circunscripción judicial.

Culminó intensa capacitación en código Civil y Comercial

Toledo disertó en la jornada de clausura de la capacitación.

La asistencia fue numerosa y colmó las instalaciones del hotel Mocoví.

Fueron siete encuentros que reunieron a una nutrida concurrencia en cada uno de ellos. El ministro Toledo disertó en la jornada de cierre realizada el 5 de octubre.

19 y 20 de noviembreResistencia sede de las 4ª jornadas nacionales de la

defensa pública oficialLas cuartas jornadas nacionales de la defensa pública oficial se realizarán

entre el 19 y 20 de noviembre en Resistencia en el Hotel Amerian. Se anun-ció la participación de destacados referentes nacionales e internacionales: Jean-Michel Arrighi (secretario de asuntos jurídicos de la Organización de Estados Americanos), Stella Maris Martínez (defensora general de la Na-ción) y Noemí Yore Ismael (defensora general del Paraguay).

TEMARIO

Durante el encuentro, que cuenta con el auspicio del Centro de Estu-dios Judiciales (CEJ) del Poder Judicial, se analizarán temas como: sistema acusatorio, leyes orgánicas de la defensa pública (autonomía funcional y financiera), buenas prácticas, refugiados, migrantes, estado de los procesos de autonomía, desafíos con relación al nuevo código civil, problemáticas de implementación en torno a capacidad y salud mental, adopción (nuevas técnicas de fertilización), violencia de género, problemas prácticos en la implementación de reformas legales y sistema interamericano de derechos humanos

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Los interesados pueden obtener mayores informes en el Centro de Estu-dios Judiciales (Juan B. Justo 42), llamando al 0362-4443083 o escribiendo a centrodeestudios@justiciachaco.gov.ar.

Hasta el 10 de noviembre la inscripción cuesta $750. En tanto que a partir del día siguiente el arancel serán $900. La única forma de pago es mediante depósito en la caja de ahorro número 1624402. Luego deberá remitirse el comprobante por correo electrónico al CEJ.

6PÁG. Resistencia,

Octubrede 2015

Fallo destacado – Secretaría Contencioso Administrativa

Se garantizó el acceso a la tutela judicial efectiva. Sus designaciones como personal de planta habían sido anuladas con el cambio de autoridades “La razonabilidad exige que la actividad estatal se cumpla dentro de un cierto orden, de una cierta justicia”, afirmó.

Tutela judicial efectiva: STJ ordenó reincorporar a agentes

municipales cesanteados

En un caso en que adoptó competencia po-sitiva, el Superior Tribunal de Justicia ordenó restituir como empleados de la municipalidad de La Verde, cuyas designaciones de planta ha-bían sido anuladas con el cambio de autorida-des locales en diciembre de 2007.

Así quedó plasmada la decisión en la sen-tencia 111/15 de la secretaría contencioso administrativa 1 de la sala única del STJ que declaró inconstitucional la sentencia 122/12 de la sala segunda de la Cámara Contencioso Administrativa. A través de la misma el alto cuerpo en pleno ordenó, además, que se pa-guen las remuneraciones pendientes desde que fueron reincorporados el 21 de mayo de 2010, junto con los adicionales e inscripción en el organismo previsional que por ley correspon-da. El fallo ordena efectivizar las astreintes y el apercibimiento de dar intervención al fiscal.

De esta manera garantizó el acceso a la tu-tela judicial efectiva. Derecho contemplado tanto en la Constitución Nacional, como en numerosos pactos y tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino.

RELATO DEL CASOLa situación se remonta a fines de 2007,

cuando los demandantes fueron pasados a planta como personal del municipio mediante las ordenanzas 219, 220 y la resolución 173/07.

Después de asumir, el nuevo intendente de-cide anular tales designaciones a través de la resolución 196/07. Esto motiva el planteo de una acción de amparo de los damnificados, mediante la cual solicitan su reincorporación, la cual es rechazada en primera instancia.

Una vez apelada la decisión, la sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativa, a través de la sentencia 107/08, hace lugar al pedido, revoca la sentencia previa, declara la nulidad de la resolución 196/07 (por “incompetencia”, dado que en virtud de la ley 1140 el jefe co-munal no podía anular el acto en sede admi-nistrativa y debía recurrir a la sede judicial a través de una acción de lesividad) y ordena la inmediata restitución de los demandantes.

Posteriormente, el 15 de abril de 2010, el STJ confirma el pronunciamiento de la Alzada y, el 14 de julio de ese año, rechaza el recurso extraordinario federal interpuesto.

Ante el incumplimiento por parte de la comuna se plantea una acción de ejecución de sentencia ante el juez de ejecución penal; quien ordena reincorporar a los agentes en for-

ma provisoria. En virtud de esto, el 21 de mayo de 2010, se suscribe un acta entre el municipio y los actores que no les asignaba funciones ni remuneraciones, pese a exigirles la asistencia al lugar de trabajo.

Se genera una denuncia por incumplimien-to judicial y la parte demandada aduce que fueron incorporados a la categoría 0 con ca-tegorías pasivas por esas personas no poseían seguro contra riesgos del trabajo, y porque la municipalidad no contaba con el presupuesto para hacer frente a los salarios.

En este punto el juez de ejecución penal de-clara que la cuestión es ajena a sus facultades y que debe tramitarse por la vía correspondiente. Entonces los demandantes apelan nuevamente ante la Cámara Contencioso Administrativa, que desestima la acción por considerar que se intentaba “reeditar una cuestión debatida”.

Así llega a la instancia del STJ, quien se pronuncia a favor de los demandantes con los siguientes argumentos.

“EXCESO DE RIGOR”En su pronunciamiento, los jueces Rolan-

do Toledo, María Luisa Lucas, Alberto Mario Modi e Isabel Grillo advirtieron que los cama-

ristas “han incurrido en exceso de rigor formal en la aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen el instituto y han efectua-do una errónea ponderación de los hechos y constancias de la causa”.

Al mismo tiempo añaden que aceptan el caso porque, al producirse un “menoscabo del derecho de defensa en juicio y del debido pro-ceso, lo resuelto se aparta de las constancias de la causa y del derecho aplicable, vulnerando el principio de tutela judicial efectiva y causando agravios de imposible reparación ulterior”.

Sobre este punto, los ministros coincidieron al definir como un derecho “muy amplio” por-que sus efectos alcanzan a “tres momentos dis-tintos: primero, al acceder a la justicia; segun-do, durante el desarrollo del proceso; y final-mente, al tiempo de ejecutarse la sentencia”.

En ese sentido recordaron que artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Huma-nos establece que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales na-cionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.

Al tiempo que el artículo 18 de la Declara-ción Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre afirma: “toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo am-pare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fun-damentales consagrados constitucionalmente”.

“DEBEN DESPEJARSE LOS OBSTÁCULOS”

Más adelante hicieron propio lo dicho por Elena Highton de Nolasco y Beatríz Areán res-pecto a que “la alusión constante a la efectivi-dad que debe presentar la tutela judicial exige que se despejen los obstáculos que puedan verificarse para la ejecución de las decisiones judiciales”. Porque “de nada sirve el esfuer-zo colectivo de establecer un sistema judicial si no se dota a los magistrados de los meca-nismos para hacer cumplir las decisiones que adopten en los procesos. La adecuada ejecu-ción de ellas perfecciona, entonces, la vigencia de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva”.

Además indicaron que “el actuar de la ad-ministración transgrede no sólo los aspectos objetivos de la razonabilidad, sino además los subjetivos. Los primeros se refieren a la armo-nía entre la norma y el hecho, y los segundos aluden a los juicios valorativos que efectúa el juzgador sobre la base de los principios axioló-gicos que conforman su conciencia jurídica y las circunstancias particulares del caso”.

Y fueron categóricos al señalar que “ni si-quiera la invocación de la satisfacción del inte-rés público puede legitimar actuaciones ilógi-cas, arbitrarias y abusivas”.

“Hay una conducta razonable para cada tipo de actividad administrativa. El ejercicio de la discrecionalidad, la ponderación de intereses conforme a la oportunidad y conveniencia, la libertad de elegir entre varias alternativas, es posible siempre que entre otras limitaciones la resolución administrativa no sea arbitraria e irrazonable”, recordaron en base a doctrina del propio STJ.

Por último concluyeron con que “la razona-bilidad exige que la actividad estatal se cumpla dentro de un cierto orden, de una cierta justi-cia. Es un patrón o un standard que permite de-terminar, dentro del arbitrio más o menos am-plio, ordinario o extraordinario de que gozan los órganos del Estado, aquello que es axioló-gicamente válido”.

7PÁG.Resistencia,

Octubrede 2015

Diversos especialistas analizaron el tema

Intensa capacitación sobre Responsabilidad del Estado

El Poder Judicial del Chaco fue una de las únicas instituciones públicas participantes del congreso argentino de recursos humanos al cual se dieron cita los máximos referentes nacionales en la materia. La actividad se desarrolló en el Sheraton Convention Center de Bue-nos Aires. El responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Pa-blo Maciel, explicó que durante el mis-

mo “se analizan, debaten y se estable-cen estrategias proyectivas de gestión del factor humano en aspectos como motivación, liderazgo, clima laboral y organizacional, cultura organizacional, desempeño y valores organizacionales, creatividad e innovación”. Lo cual tie-ne como fin “establecer escenarios de versatilidad a las continuas demandas y exigencias propias de una sociedad

cada vez mas demandante en calidad de servicios”. Asimismo señaló “nos enfrentamos a grandes obstáculos por los cambios que se van produciendo en el contexto y sus repercusiones en los procesos internos y externos de la organización. Esto conlleva a que debe preverse el desarrollo de las organiza-ciones y las satisfacciones de intereses y aspiraciones de las personas que las

integran, donde debe establecerse un adecuado marco de equilibrio”.

Finalmente precisó que las temá-ticas analizadas “son las que nuestra organización permanentemente enfati-za como parte de una gestión integral desde el Superior Tribunal de Justicia; lo que destaca un rol preponderante en la visión de un continuo desarrollo y posicionamiento institucional”.

La justicia chaqueña presente en congreso argentino de recursos humanos

Abogados, magistrados y funcio-narios del Poder Judicial, además de estudiantes de Derecho, asistieron a la jornada sobre “Responsabilidad del Estado” que, con la disertación de es-pecialistas en el tema, se llevó a cabo el 16 de octubre en el salón de la Federa-ción Médica. Durante el desarrollo de la primera parte de la actividad Estela Sacristán se refirió a “Fundamentos de la responsabilidad del Estado”, luego, Lisandro Yolis, habló sobre “La exclu-sión de la responsabilidad del Estado en el Código Civil y Comercial” y Mi-riam Ivanega a “La responsabilidad por omisión en la ley Nº 26944”.

En un segundo tramo de la jorna-da, Mirta Sotelo se ocupó de “La Ley 26944 y la competencia legislativa de las provincias para regular la responsa-bilidad del Estado provincial” y Jimena Vega Olmos se refirió a “Responsabi-lidad del Estado por actividad lícita y compensación del lucro cesante. La ex-clusión prevista en la ley 26944”.

TOLEDOEl cierre de la jornada le correspon-

dió al ministro del STJ, Rolando Tole-do, quien habló sobre “la responsabili-dad del Estado por su actividad judicial en la provincia del Chaco”.

Señaló que “…cuando se trate en el parlamento la situación normativa de la provincia respecto de la responsabili-dad del Estado no va a poder ser igual a la de la Nación, porque va a tener que tener en cuenta el marco constitucional provincial”, y, al respecto comentó que los diputados enviaron una consulta al STJ “respecto de la posibilidad de que la provincia del Chaco se adhiera lisa y llanamente a la ley nacional; (y que) estamos preparando la respuesta para hacerlo de la mejor manera”.

Luego de preguntarse sobre la situa-ción de las provincias argentinas luego

El cierre de la jornada estuvo a cargo del ministro del STJ Rolando Toledo.

Cuenta con un espacio semanal en el canal de la provincia

Desde comienzos de año la defen-sa pública del Poder Judicial del Cha-co posee un segmento semanal dentro del programa “Cotidiano” que se emite por la señal provincial Chaco TV. Cada martes, cerca de las 16, sus integrantes dialogan en forma breve y concisa con el objetivo de visibilizar la tarea que realizan defensores y asesores en toda la provincia.

Tal lo explica Gabriela Colef, ase-sora del Menor Nº 5 de Resistencia, la finalidad de estas participaciones es que “el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad sea posible como una realidad y no solo un enunciado jurídico”. “Damos a cono-cer la estructura de la defensa pública, su competencia y la manera de que la ciudadanía pueda recurrir a nosotros”, indica.

En ese sentido recuerda que “la Cor-te Interamericana de Justicia entiende

que el acceso a la justicia a todos los sectores solo es posible a través de la defensa pública, la que hoy se consi-dera un derecho humano fundamental. Este es el camino que estamos transi-tando”.

PARTICIPACIÓN DIVERSAEl primero en participar fue el pro-

curador general Jorge Canteros, quien se refirió a la jurisprudencia que tiene el país en la materia.

Luego participó la defensora oficial Penal N° 11 Lorena Padovan. Ella ex-plicó qué es la defensa pública, su es-tructura; así como el trabajo realizado para conseguir independizarla del mi-nisterio público fiscal, que culminó con la sanción de ley que creó el ministe-rio público de la defensa y el posterior proceso de concurso de selección de defensor general, que se encuentra en marcha.

Por su parte las defensoras civiles Sanchez, Locket, y Rosello asesoran a la ciudadanía sobre las reformas del nuevo código civil y comercial y su im-plicancia en las relaciones familiares.

Mientras que las asesoras de Me-nores de Edad (tanto del fuero penal como Civil y de Familia) Vilma Almi-rón y Gabriela Colef, analizaron temas relacionados con niños, niñas y adoles-centes en conflicto con la ley penal y víctimas de delitos. Además de casos en los que sus intereses se encuentran involucrados.

Para los siguientes programas la consigna es tratar temas vinculados a garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabili-dad. Además de una posible entrevista con defensores y asesores del interior de la provincia “que llevan a cabo una labor destacada y con gran compromi-so”, enfatiza Colef.

Interesante experiencia de la defensa pública en la TV abierta

Colef durante una de las participaciones en la TV abierta.

de la implementación del nuevo Código Civil y Comercial y la ley 26944, sostu-vo que “estamos como en la época del viejo código porque lo que rige en for-ma directa es la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica”.

También consideró que “todo lo que sea reparación de daño tiene que ser in-terpretado de la manera más amplia, en favor del perjudicado…”, que “se han superado etapas en que todo se mira-ba del lado del Estado”. En cuanto a la responsabilidad del Estado, específi-camente en el ámbito judicial, señaló: “Entiendo que, en los casos en que el particular se sienta dañado, por alguna actividad que puede ser lícita, tanto de los magistrados, funcionarios, emplea-dos, peritos, que le causen un daño, la reparación se impone por imperio de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica”. La actividad estuvo organizada por el Instituto de Derecho Constitucional y Administra-tivo, con el auspicio de la Asociación de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo; RADHEM, Centro de estudios sobre Gestión Pública y Res-ponsabilidad y librería Contexto.

8PÁG. Resistencia,

Octubrede 2015

150 asistentes en el encuentro de Sáenz Peña

La actividad contó con la participación de integrantes de la justicia provincial, nacional, abogados y público en general. Amplia recepción de los planteos y necesidades reflejadas.

Gran repercusión de la jornada sobre derechos de las mujeres indígenas

El encuentro relativo a mujeres indígenas, su participación en espacios públicos y la protección de sus derechos se realizó en Sáenz Peña ante más de 150 personas que colmaron las instalaciones del salón de usos múltiples del juzgado de Paz local.

La actividad se realizó en virtud del plan de trabajo acordado por el directorio del Centro de Estudios Judiciales y la cátedra libre de derecho constitucional indígena de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste.

Además fue transmitida por videoconferencia a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En representación de dicha oficina del máximo tribunal nacional participó Sofía Sagues, dada la relevancia por otras activi-dades de la misma temática que tuvieron lugar en la provincia y que despertaron el interés para ser compartidas con el resto de las jurisdicciones del país.

DISERTANTESLa apertura estuvo a cargo de la ministra del

Superior Tribunal de Justicia Isabel Grillo y fue-ron expositores Martha Altabe (“acceso a Justicia de la mujer indígena”), Elizabet González (“situa-ción y expectativas a futuro de las mujeres indíge-nas frente a los conflictos y el tratamiento judicial de los mismos”), Viyen Leiva (“la mujer en los medios de comunicación y su participación en los espacios políticos”), Bashe Charole (“procesos de comunicación indígenas”), Maria Belén Alemis Donato (“caso internacional LNP: otro modo de acceder a la Justicia en Argentina” y Julio García (“Madre Tierra. La tierra sin mal. Pachamama. Mapu”).

Entre los asistentes estaban los presidentes de los colegios de abogados de Sáenz Peña, Edgardo Reguera; del Norte, Gonzalo García Veritá, y de Charata, Jorge Turk.

La delegada del CEJ en Sáenz Peña, Nilfa Pisarello (que además es jueza de la cámara de apelaciones civil, comercial y laboral) remarcó: “capacitaciones como éstas colaboran para entre-narnos en la práctica de la tolerancia, que implica el reconocimiento y respeto para el otro, y que no es más que la reafirmación del sistema democrá-tico”.

GARCÍA VERITÁ: “VISUALIZAR LOS DERECHOS”

En diálogo con INFOJUS, Gonzalo García Ve-ritá, presidente del Colegio de Abogados del Nor-te, remarcó que las jornadas de este tipo “implican una forma de visualización del derecho de los de-rechos humanos, sumamente importante”. En ese sentido explicó que ayudan “en la construcción, promoción y protección de la tutela de un seg-mento del mismo muchas veces olvidado, como los derechos humanos de las mujeres indígenas”.

“La presencia de los colegios de abogados, así como de profesionales del derecho, fue destaca-ble. Se generó un espacio propicio para el apren-dizaje y la formación en temas tan complejos e importantes”, agregó.

Además reconoció “la organización y el es-fuerzo que se realiza desde el Poder Judicial y los colegios de abogados, en forma conjunta con la cátedra libre de derechos indígenas de la UNNE

para promover estas instancias de articulación y formación”.

“No tengo duda que se van a traducir en mayor humanización de los conflictos a resolver en los estrados, con el consecuente fortalecimiento a la democracia”, concluyó.

“UN ESPACIO DE REFLEXIÓN”, DIJO PISARELLO

Por su parte Pisarello valoró que se genere: “un

espacio de reflexión y aprendizaje” y evaluó como “muy positivo” al encuentro.

La amplitud de la convocatoria (estuvieron presentes magistrados, funcionarios, empleados judiciales, docentes, personal de seguridad y pú-blico en general) permitió a su criterio “lograr mejor comprensión y actuación no sólo en la te-mática aborigen, sino también, de los derechos humanos de todos los sectores vulnerables”.

Hubo “coincidencia de los asistentes en cuanto a que capacitaciones como estas colaboran para

entrenarnos en la práctica de la tolerancia, que implica el reconocimiento y respeto hacia el otro. Que no es más que la reafirmación del sistema de-mocrático”.

“En lo especifico del Poder Judicial, nos ca-pacitamos cada día más para lograr la respuesta social adecuada que nos impone el servicio de Justicia”, concluyó.

“SE PLANTEARON MUCHAS INQUIETUDES”, AFIRMÓ ALTABE

En tanto que Martha Altabe reconoció que du-rante el encuentro “se plantearon muchas inquie-tudes”, principalmente referidas a la cuestión del idioma (“que se constituye en una valla infran-queable, dijo), la defensa y el trato que reciben los indígenas cuando concurren a los hospitales o comisarías.

“Analizamos sobre todo la relación de los pueblos indígenas con el Poder Judicial y como garantizar el acceso a y a la justicia de aquellos”, destacó. En ese sentido definió como “fundamen-tal” la participación de “intérpretes culturales que tengan lazos afectivos o familiares con quienes deben atravesar el sistema judicial”.

Luego destacó la “amplia recepción que tuvie-ron en la sociedad los temas tratados; lo que se tradujo en la gran concurrencia conseguida”.

Finalmente pidió recordar que la intercultura-lidad se sostiene en tres ejes: la reafirmación de lo propio, entender lo distinto e interactuar.

REGUERA: “AYUDA A LA COMPRENSIÓN”

El presidente del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, Edgardo Regera, valoró la “la gran convocatoria” de las jornadas que “contaron in-cluso con referentes de la justicia federal”.

“Estos encuentros nos permiten abordar cues-tiones distintas a las que estamos acostumbrados a ver”, precisó. Luego agregó: “nos ayudan a te-ner una mejor mayor comprensión de los planteos relacionados con derechos de las mujeres indíge-nas”.

TURK VALORÓ EL TEMARIOY LOS EXPOSITORES

El presidente del Colegio de Abogados de Charata, Jorge Turk, aseguró estar “gratamen-te asombrado tanto por la importancia del temario, como por la claridad de los disertantes”. “Se nota el progreso de nuestra provincia en la temática y la docencia que se implementa con este método de encuentros”, detalló.

Asimismo anticipó que, a raíz de ello, está ges-tionando con su par García Verita unas jornadas sobre derechos humanos y derecho indígena en la cuarta circunscripción judicial. “La propuesta fue tratada en la reunión del Colegio y entusiasmó a toda la comisión directiva”, amplió.

“Nos encaminamos a hacer más visible la necesidad de apuntalar los derechos y la igual-dad entre todos los habitantes de nuestra Patria”, evaluó y dijo comprender que aquella “llegará el día que sepamos comprender la realidad aborigen como ellos la consideran y no como nosotros la consideramos”. Son “cuestiones que despertaron para no dormirse jamás”, reconoció.

Las exposiciones fueron diversas y amplias y resultaron muy útiles para los asistentes.

Unas 150 personas colmaron las instalaciones del salón de usos múltiples del juzgado de paz local.