elaboró defensoría del pueblo - indepaz.org.co°-010-16-a-ir-n... · urbana zona rural territorio...

Prevención y Protección Código: PP – P01- F07

Formato Nota de Seguimiento

Versión: 03

Vigente desde: 18/03/2016

Página: 1 de 23

Elaboró Defensoría del

Pueblo

NOTA DE SEGUIMIENTO N° 010-16 Primera al Informe de Riesgo N° 032-14A.I.

Emitido el 19 de noviembre de 2014 Fecha: agosto 25 de 2016

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento Municipio o

Distrito

Zona Urbana

Zona Rural Territorio Étnico

Cabecera, Localidad

o Zona Corregimiento Vereda Resguardo

Territorios Colectivos

Caldas

Riosucio

Cabecera municipal

Centro Poblado Pasmí, La Línea,

Veneros y Bermejal

Resguardo indígena de San Lorenzo

Rubí y Tres

Cruces

Resguardo de Nuestra

Señora Candelaria

de la Montaña

Bonafont Pirza Resguardo de

Escopetera-Pirza

Supía Cabecera municipal

Sipirra, Miraflores, Amolador, Pulgarín y la Rueda

Resguardo Indígena

Cañamomo Lomaprieta

Matecaña Asentamient

o La Trina

Murillo y

Murillito Asentamiento Cauromá

RESPUESTA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALERTAS TEMPRANAS - CIAT

IR/NS FECHA DE REUNIÓN DEL CIAT RESPUESTA

IR- 032-14 Alerta Temprana



Versión: 03


Página: 2 de 23


Pueblo



Versión: 03


Página: 3 de 23


Pueblo

ACTUALIZACIÓN DEL RIESGO

La Defensoría del Pueblo con base a la labor de seguimiento al Informe de Riesgo No 032-14 del 19 de noviembre de 2014 a través de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y al DIH Sistema de Alertas Tempranas –SAT-, identificó la persistencia de factores de amenaza para la población civil de los municipios de Riosucio y Supía, especialmente para las comunidades indígenas de los resguardos y asentamientos de estas localidades, impactadas por la reorganización de grupos armados ilegales en el Alto Occidente caldense, presencia armada que se desarrolla bajo nuevas lógicas de control social y territorial en la zona. En este contexto, se observa tanto la convergencia de grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC como Cordillera y/o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y/o Águilas Negras, que a pesar de los diversos nombres con los que se hacen reconocibles a la población, obedecen a una misma estructura armada que ha entrado a disputar el control territorial en la subregión, y que de acuerdo a la distribución de acciones y tareas ara su penetración y avance en los territorios en distintos períodos de tiempo, adoptan unas u otras denominaciones como grupo armado. De este modo, los Gaitanistas o Urabeños se hicieron visibles en el año 2012 realizando labores de reconcomiendo de los territorios para su asentamiento y acciones de control social a través de la actividad extorsiva, la instalación de retenes ilegales y restricciones a la libre movilidad. El grupo ilegal autodenominado La Cordillera se encarga de las redes sicariales, manejo de expendios y rutas de droga. El escenario de riesgo que se configura a partir de la confluencia de distintas organizaciones armadas ilegales se expresa tanto en las relaciones de coexistencia o alianza en algunos casos, así como de disputa en otros. En efecto, las dinámicas de rearme y recomposición de grupos armados que emergieron posterior a la desmovilización de las AUC en el departamento, se han caracterizado por procesos de reorganización, absorción o fusión de dichas estructuras, a partir del legado que dejaron antiguos mandos de los grupos de autodefensas y la retoma de las zonas donde anteriormente ejercieron dominio armado. En el año 2014, se recibió información sobre disputas entre integrantes del Cacique Pipintá, que no se desmovilizó y que estaba actuando en alianza con Oficina de Envigado, con las estructuras relacionadas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Cordillera por el control de las llamadas “ollas” y cobros extorsivos a mineros en los municipios de Supía y Marmato. Los grupos armados ilegales se disputan el dominio de las economías locales extractivas, el manejo de las rentas ilícitas y el expendio de estupefacientes, con el fin de fortalecer las finanzas de las respectivas organizaciones y las nuevas formas de reagrupación y movilidad,



Versión: 03


Página: 4 de 23


Pueblo

como también el control clandestino de algunas explotaciones mineras para desarrollar actividades de lavado de activos, tráfico de armas y narcotráfico. Estas organizaciones mantienen la movilidad por los corredores estratégicos hacia la zona montañosa de Riosucio, Supía, Marmato del departamento de Caldas y los municipios antioqueños de Caramanta y Támesis; también han incrementado la actividad extorsiva sobre la troncal de Occidente cerca a la Felisa, La Pintada vía Medellín. Algunos de los grupos armados, que realizan acciones ilegales en los último cuatro (4) años en estas localidades, han instalado sus estructuras en el área rural de los municipios de Supía (vereda El Obispo) y en Marmato (veredas La Cuchilla y la Miel), desde donde envían pequeños grupos de hombres para ejercer control de los lugares de mayor interés estratégico. De igual manera, se observa una dinámica subregional que abarca principalmente las localidades de Riosucio y Anserma, y municipios limítrofes del departamento de Risaralda como Quinchia y Guática, que incide en la expansión del dominio territorial de las estructuras armadas ilegales hacia el Alto Occidente caldense. Las autoridades del nivel nacional han manifestado en reuniones de seguimiento a la Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en dichos municipios se identifica la presencia de una fuerte estructura armada compuesta por integrantes de antiguos grupos paramilitares. En este sentido, la permanencia del riesgo de vulneraciones de los derechos humanos que se identifica en los territorios advertidos en el período comprendido entre noviembre del año 2014 hasta la fecha se fundamenta en los siguientes elementos: 1-. La reagrupación de las mencionadas facciones armadas post desmovilización de las AUC en alianza con grupos armados ilegales (Oficina de Envigado y Rastrojos), que fue informada a los pobladores como estrategia de ocupación de territorios, frente a las implicaciones regionales de los eventuales acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC y el posible retorno a las regiones de los antiguos exjefes de las extintas AUC que cumplieron sus condenas bajo la Ley de Justicia y Paz. En este contexto, la movilidad de las diferentes estructuras armadas ilegales que se hallan en la zona, y que a pesar de sus diferentes denominaciones y vinculaciones históricas a unas u otras organizaciones bélicas como el antiguo Bloque Central Bolívar, Bloque Calima y Cartel del Norte del Valle, que obedecieron a expresiones regionales diferentes del poder armado, ha sido anunciada como una estrategia de reorganización de los anteriores grupos de autodefensas para la custodia y control de los territorios de importante valor estratégico, ante las posibles transformaciones que se presente en un eventual acuerdo de fin del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.



Versión: 03


Página: 5 de 23


Pueblo

La presencia de grupos armados ilegales que se registró en la zona, especialmente, entre los meses de abril y agosto del año 2015, bajo diferentes denominaciones como Urabeños, Águilas Negras, e incluso Rastrojos, se enmarcó en un proceso de profundización y escalamiento del conflicto armado durante los comicios del mes de octubre de 2015, que se expresó en controles poblacionales como formas veladas de restricción de los espacios de participación política. En las comunidades de Sipirra, Miraflores y Pulgarín del resguardo Cañamomo-Lomaprieta se reportó en el mes de mayo del año 2015 la presencia constante de hombres y mujeres armados que se movilizaban en grupos de 8 y 10 personas, algunas veces vestidos de negro, encapuchados que se presentaron como Águilas Negras y en otros casos sin identificar claramente. Para las mismas fechas la comunidad observó grupos de cinco (5) hombres armados y vistiendo prendas de civil en las comunidades de Veneros, La Línea y Bermejal del resguardo de San Lorenzo, así como el tránsito de motos y vehículos desconocidos en horas de la noche en la comunidad de la Línea y en la vía que conduce del Centro Poblado de San Lorenzo hacia la comunidades altas del resguardo. En la última semana del mes de junio de 2015, hombres vestidos de negro, con pasamontañas, guantes y armas de largo alcance transitaron por las comunidades de Sipirra y Amolador del resguardo Cañamomo. En este período previo a los comicios del 2015, se identificó riesgo electoral por las amenazas contra los aspirantes a alcalde municipal. Los seguimientos e intimidaciones en contra del candidato indígena del resguardo Cañamomo-Lomaprieta Omairo Ayala para la alcaldía de Supía, y las amenazas contra la familia del candidato del Partido Centro Democrático para la alcaldía de Riosucio, se presentaron en el mes de noviembre del año 2014 a partir de la definición de dichas precandidaturas para las elecciones municipales del mes de octubre. En este escenario local, se continuó presentando situaciones de estigmatización y exposición al riesgo de dirigentes étnicos que llevan a cabo acciones de defensa del territorio y de la autonomía indígena en medio de proyectos extractivistas, que se han traducido en homicidios, como el del líder Fernando Salazar, ocurrido el 7 de abril del presente año y el desplazamiento forzado de Fabio de Jesús Moreno, ambos dirigentes de la Asociación de Mineros Indígenas del resguardo Cañamomo-Lomaprieta ASOMICAR. De igual modo, las intimidaciones en contra de Benjamín Taba, Gobernador suplente del resguardo de La Montaña, por el control territorial del cabildo indígena frente a la explotación minera ilegal en el sector Río Arriba límites con Mistrató. Desde el año 2012 hasta la fecha, autoridades indígenas de este último resguardo han ejercido acciones de inspección y control ambiental en la zona a través de operativos conjuntos entre Guardia Indígena y la Fuerza Pública, ejercicio de autonomía que ha



Versión: 03


Página: 6 de 23


Pueblo

generado situaciones de riesgo, ya que dicha explotación ha sido usufructuada por diferentes grupos armados ilegales en diferentes períodos. En relación con el reguardo Cañamomo, el homicidio de Fernando Salazar se presentó en el marco de las labores de control de la actividad aurífera que desarrolla dicho cabildo y la junta directiva de ASOMICAR (Asociación de Mineros del Resguardo Cañamomo-Lomaprieta), frente al cierre temporal de algunas explotaciones en el sector minero de Gavia durante el mes de marzo del año 2015 por incumplimiento de las disposiciones del Derecho Indígena estipuladas para el desarrollo de la actividad minera al interior de este territorio, acciones frente a las cuales Fernando Salazar y Fabio Moreno cumplían actividades precisas de inspección y manejo. Estas tensiones que enfrenta la Autoridad Indígena respecto a la ordenación de su territorio en el contexto Gavia, se constituye en un serio factor de riesgo, ya que incluso en algunos casos dichas autoridades han sido desafiadas por mineros armados que desconocen abiertamente la territorialidad indígena, como los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2016, cuando el Cabildo Indígena y dirigentes de ASOMICAR se disponían al cierre de algunas minas. Esta situación también ha tenido impactos sobre otras entidades de control como se evidenció en las amenazas en contra de la Inspectora de Trabajo de Riosucio en el mes de marzo de 2016, cuando realizaba actividades de verificación en salud ocupacional y seguridad laboral en el sector Gavia del citado resguardo. La presión que la actividad minera no regularizada ejerce sobre la territorialidad indígena y los diversos intereses en juego en torno a la actividad extractiva, tanto de grandes compañías como de foráneos informales, es observable en las ganancias que deja la comercialización del oro, solo en el municipio de Riosucio de vocación relativamente aurífera el total de ventas realizadas durante el año 2014 reportadas por solo una de las varias comercializadoras fue de $ 18.273.862.858 de pesos. Esta importante cifra evidencia no sólo el impacto que la minería del oro viene generando en las formas de vida de las comunidades, sino también la complejidad a la que se enfrenta la autoridad indígena frente a la regulación de actividades extractivas en sus territorios, especialmente en el sector de Gavia área que concentra la mayor actividad minera del municipio de Riosucio1, y frente a la cual, procesos de especulación de tierras y testaferrato han estado relacionados con la llegada de foráneos y apertura indiscriminada de socavones. A este importante flujo de capital se suma el control velado que integrantes de grupos armados ilegales vienen haciendo de ciertas minas o lugares de explotación aurífera, actividad informal que es combinada con circuitos de economías ilegales, además del control poblacional tácito que se ejerce desde estas zonas de producción minera.

1 Primera Fase del Censo Minero: TRABAJO DE CAMPO PARA LA CARACTERIZACION DEL CENSO MINERO DEL MUNCIPIO DE RIOSUCIO, el

cual se realizó mediante el convenio interadministrativo entre la Gobernación de Caldas y el Municipio de Riosucio No. 27122012-0834.



Versión: 03


Página: 7 de 23


Pueblo

En este sentido y con relación a la posible vulneración en contra de otros liderazgos, preocupa la situación de los gobernadores indígenas Norman David Bañol resguardo de San Lorenzo y Martha Luz Motato resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña por los pronunciamientos y disposiciones de Derecho Propio implementados por estos dirigentes con relación a la prohibición de nuevas actividades mineras en el territorio de San Lorenzo, y el control de la explotación ilegal de madera en La Montaña, expresiones organizativas frente a las cuales se presentan claros factores de amenaza con relación a las dinámicas territoriales y movilidad de grupos armados ilegales en la zona. A estos impactos contra las expresiones organizativas de las comunidades se suma el clima de polarización social en torno a los conflictos locales arraigados en el municipio de Riosucio, en temas como la regulación de escrituras públicas a través de la autonomía indígena al interior de los territorios de resguardo, las discusiones por la legalización de dichos territorios y su delimitación, especialmente en aquellos que abarcan perímetro urbano como Cañamomo-Lomaprieta y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, el manejo de censos y diseño del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, aspectos frente a los cuales se acusa a los dirigentes indígenas por parte de otros sectores poblacionales de pretender colectivizar el municipio atentando contra derechos de propiedad privada, supuesto manejo discriminatorio de los recursos del Sistema General de Participaciones, subsidios y servicios de salud. La anunciada reagrupación de grupos armados ilegales en la zona pretende justificarse como acciones de avanzada para la defensa y consolidación de territorios, frente a lo que se concibe como potenciales áreas o “territorios de paz” de la insurgencia en una localidad marcada por fuertes conflictos étnicos y estigmatización de la comunidad indígena como su base social. En este contexto también se ha expresado por parte de las autoridades tradicionales la preocupación sobre el riesgo de que se presenten atentados contra la dirigencia indígena y sobrevivientes de la masacre de la Herradura por las denuncias formuladas por las víctimas, en la eventualidad de que a algunos de los presuntos responsables de ese hecho se les conceda la libertad. Esta información se ha transmitido a través amenazas directas en las que se advierten agresiones contra Gersaín de Jesús Díaz exgobernador del resguardo Cañamomo-Lomaprieta. Asimismo y frente a la reclamación, reparación integral y restitución de los derechos territoriales que están adelantando los Cabildos de los resguardos de San Lorenzo y Cañamomo-Lomaprieta según lo estipulado en Decreto 4633 de 2011, se han presentado amenazas en contra de algunos Gestores Comunitarios que vienen trabajando en el marco de los procesos de caracterización integral de daños y afectaciones que se vienen desarrollando en dichos territorios étnicos a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras (art. 139 de la precitada norma).



Versión: 03


Página: 8 de 23


Pueblo

En relación con estos procesos de reclamación, el Juez de Restitución de Tierras otorgó Medida Cautelar mediante Auto Interlocutorio del 29 de febrero de 2016 a favor del resguardo indígena de San Lorenzo, como actuación preventiva respecto a procedimientos que implican entre otros, la verificación e identificación de fosas comunes a cargo de la Fiscalía General en coordinación de las autoridades indígenas; contexto frente al cual se advierte posibles situaciones de riesgo para el gobernador de este resguardo Norman David Bañol. b. Por otro lado, la guerrilla de las FARC conserva la estrategia orientada a la utilización del territorio como área de repliegue, apoyo y resguardo de combatientes heridos de los frentes 34 y Aurelio Rodríguez del Chocó, así como acciones reducidas de disputa por el manejo de rentas ilícitas como cultivos de marihuana ubicados en los resguardos de La Montaña y San Lorenzo en zonas limítrofes con Risaralda y Antioquia, señalados en el pasado Informe de Riesgo No 032-14., en el mes de abril del año 2015, se registró un desplazamiento forzado por constreñimiento y amenazas del grupo armado a un habitante del resguardo de La Montaña comunidad de La Candelaria. c. Con respecto a la recomposición de grupos armados ilegales en la subregión, también se informó sobre el posible rearme del EPL entre los límites del municipio de Quinchía Risaralda y Riosucio Caldas resguardo de Escopetera Pirza, reactivación armada que se ha evidenciado principalmente en las comunidades de Pirza, Moreta y Bonafont de dicho resguardo, con restricciones a la libre movilidad, retenciones a pobladores y advertencias sobre posibles represalias contra personas de las comunidades identificados como problemáticos; acciones de control social orientadas al afianzamiento territorial y búsqueda de legitimidad en las comunidades. También se denunció, en estas mismas localidades, amenazas de reclutamiento forzado de menores de edad en los meses de enero y julio de 2015, por parte de supuestos integrantes del EPL mediante ofrecimientos económicos entre las comunidades de Murillo y Murillito de la parcialidad de Cauromá municipio de Supía, y la comunidad de Pasmí resguardo de San Lorenzo entre los meses de mayo y julio del año 2015. En esas fechas, los pobladores de estas zonas también conocieron de restricciones a la libre movilidad a partir de las 7:00 pm, mediante anuncios que se hicieron a través de panfletos y advertencias a algunos pobladores. Si bien en este caso no se reconoce claramente la identidad del actor armado, no se descarta la relación del hecho con la movilidad del mencionado grupo en estas comunidades. Con base en lo anterior, se describen a continuación los siguientes hechos ocurridos con posterioridad al Informe de Riesgo No 032-14 que denotan el incremento de violaciones a los derechos humanos y a los derechos fundamentales especiales de la población descrita:



Versión: 03


Página: 9 de 23


Pueblo

Presencia de grupos armados ilegales y guerrilla para ejercer dominio territorial y poblacional en zonas estratégicas de la región. Resguardo Cañamomo-Lomaprieta: -El 12 de enero del 2015 fecha en la que se realizó la posesión del gobernador indígena de este resguardo, aparecieron pintas alusivas a las AUC en el centro cultural y en la casa de la Cabildante de la comunidad de Miraflores, lugar donde reside la familia del mencionado dirigente. En esta misma fecha en la comunidad de Cameguadua también se reportó la presencia de hombres armados. -A finales de este mismo mes se presentaron restricciones a la libre movilidad en las comunidades de Miraflores y La Rueda por parte de hombres armados vestidos de negro, quienes le pedían documentos de identidad a los transeúntes, además de intimidaciones a los pobladores para que no salieran de sus casa en horas de la noche. -El viernes 8 de mayo de 2015 en el sector Las Cruces de la comunidad de Sipirra aproximadamente a las 9:00 pm la comunidad advirtió la presencia de un grupo de 6 mujeres y hombres vestidos de negro, quienes portaban armas largas. -Dos días después en la misma comunidad, aproximadamente 20 hombres armados y vestidos de azul oscuro patrullaban a altas horas de la noche. -En las comunidades de Pulgarín y Miraflores también se registró el patrullaje de hombres armados, vestidos de negro y con brazaletes alusivos a las AUC, quienes se identificaron como Las Águilas Negras. -A través de la denuncia pública del 24 de junio del año 2015 las autoridades tradicionales de dicho resguardo, expresaron la preocupación por la presencia de hombres vestidos de negro, con pasamontañas y que portan armas de largo alcance, quienes en horas de la noche llegan en camionetas a la comunidad de Sipirra y luego de varias horas de recorrido por diferentes sectores son nuevamente recogidos por estos vehículos. La movilidad de estos sujetos también se ha identificado en la comunidad de Amolador. Si bien funcionarios locales manifestaron que la Fuerza Pública aclaró en algunas reuniones interinstitucionales, que se realizaron en el municipio para ese período, que estos hombres pertenecen al GAULA, preocupa la confusión que se presenta frente a estos hechos, ya que las comunidades expresan reiteradamente que esta presencia armada se hace sin portar insignias o brazaletes que los identifiquen como autoridad militar. Además, afirman que la utilización de pasamontañas es un procedimiento que resulta irregular. Al respecto se enfatiza sobre la debida aplicación de la Directiva 016 de del 2006 orientada a una clara política de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas y la cual dispone expresamente en su numeral 1:



Versión: 03


Página: 10 de 23


Pueblo

“Velar por la preservación de las comunidades indígenas y abstenerse de ejercer acciones que pongan en peligro su integridad, de conformidad con la política gubernamental de cero tolerancia con violaciones a los derechos humanos. Esto implica ejercer sus funciones debidamente identificados y en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos fijados por la Institución”. Así como la importancia de acatar la debida coordinación con las autoridades indígenas al momento de ingresar en sus territorios, de acuerdo a la expresa directriz contemplada en dicha directiva. - En el mes de febrero de 2016 se reportó la presencia de supuestos miembros de las Águilas Negras en la comunidad de Guamal. Así como la presencia de integrantes de Cordillera en el sector Gavia de la comunidad de Quiebralomo. - A través de denuncia pública del 16 de abril de 2016 las Autoridades Tradicionales dieron a conocer los siguientes hechos: Presencia de personas desconocidas en las comunidades de Tumbabarreto y Sipirra que prohíben el tránsito después de las 10:00 pm; al igual que en la vía que del centro poblado de San Lorenzo conduce a las comunidades de El Rodeo y Tabuyo, como también de encapuchados que prohíben el tránsito en horas de la noche. La movilidad de hombres desconocidos de tez morena en motos de alto cilindraje por las comunidades del Palal, Portachuelo, Panesso, Cameguadua y EL Brasil, quienes preguntaban por habitantes de la comunidad, en algunos sectores se cubrieron el rostro con pasamontañas, después de esto se desplazaron por la vía que de Supía conduce al Palo. El recorrido constante en horas de la noche de personas armadas, quienes visten de negro y portan pasamontañas en las comunidades de Cameguadua y El Brasil, en este contexto se presentó un atentado con arma de fuego contra el comunero Fredy Suarez en el mes de marzo, la víctima denunció que en este período dos hombres desconocidos se ubican a los alrededores de su residencia en la comunidad de Cameguadua en horas de la noche. Asimismo, le preocupó a la comunidad la presencia constante de dos hombres no identificados a tempranas horas de la mañana en la comunidad de Miraflores y el sector Ventanas de la comunidad de Sipirra, lugares de residencia del Gobernador indígena y el líder Hernando Hernández. Esta presencia armada se presentó de forma continua entre los meses de marzo y abril de 2016. Se señala igualmente en el texto de la denuncia el homicidio del joven Yhonny Alexander Alcalde Hernández, ocurrido el 28 de marzo de 2016, en su residencia en la comunidad de Sipirra.



Versión: 03


Página: 11 de 23


Pueblo

Respecto al hecho la comunidad percibe que se trata de un caso de la llamada “limpieza social”, ya que presuntamente venían circulando pasquines amenazantes. Resguardo de San Lorenzo: - En el mes de enero del año 2015 en la parte Alta de la comunidad de Bermejal se informó sobre la presencia de un grupo de hombres pertenecientes a las FARC, quienes de manera encubierta planeaban acciones de reclutamiento con el objeto de fortalecer el grupo armado. Durante el mes de mayo de la misma anualidad, habitantes de este resguardo expresaron su preocupación por la continua movilidad de sujetos extraños algunas veces armados, en motos y vehículos desconocidos en varias de las comunidades, esta presencia infunde temor ya que en esta zona también se ha informado sobre excavaciones y caletas en las que se guarda armamento. Por estas fechas la comunidad indígena informó sobre la movilidad de un grupo de aproximadamente de 5 personas armadas algunos con vestidos de civil y en otros casos con prendas camufladas sin identificación por las comunidades de Veneros, La Línea y Bermejal. -El 18 de mayo de 2015, dos (2) vehículos con hombres desconocidos ingresaron a la comunidad de San Jerónimo preguntando a varias personas por lugares concretos de la localidad de Bermejal. -El 21 de mayo de 2015, en la comunidad de Veneros una habitante del sector fue abordada por un desconocido que portaban arma de fuego y le pidió llevar unos mercados hacia el paraje denominado Montecristo, ubicado entre las comunidades Bermejal, La Línea y Veneros hacia la zona montañosa de este sector. Por estas fechas en la comunidad de La Línea y por la vía que del centro poblado de San Lorenzo conduce a dichas comunidades, transitaron camionetas y motos a altas horas de la noche. - El 23 de mayo de 2015 en el puente El Aguilero, parte alta de la comunidad de Bermejal, fue abordado un comunero por dos hombres vestidos de civil y armados, que le preguntaron si en la parte de abajo había Fuerza Pública. -En esta misma fecha en horas de la tarde, hombres desconocidos llegaron hasta la vivienda del comunicador social que presta sus servicios en la emisora local del resguardo en el municipio de Supía, le impidieron realizar su labor del día en la emisora, ya que le prohibieron salir de su vivienda y no utilizar el celular. -En la comunidad de San Jerónimo a comienzos del mes de julio de 2015, tres (3) hombres desconocidos vestidos de civil, con botas y morrales del mismo tipo pasaron por la



Versión: 03


Página: 12 de 23


Pueblo

comunidad en horas del día y se dirigieron hacia el sector de Callo en la comunidad de Bermejal en límites con el resguardo de La Montaña y Antioquia. Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña: -En la primera semana de mayo del año 2015 las comunidades del Rubí, Palermo y Tres Cruces ha reportó la presencia de un grupo de personas entre hombres y mujeres con fenotipo afrodescendiente vestidos de negro y con morrales. -Las comunidades del Rosario y Palermo en límites con Mistrató informaron sobre la presencia de hombres armados vestidos de civil el 17 y 18 de mayo de este mismo año. -En el mes de agosto de 2015, en la comunidad de Tres Cruces, hombres armados que las comunidades identifican como ajenos a la región, custodian la extracción ilegal de maderas que son sacadas por las rutas que comunican hacia el municipio de Jardín Antioquia. - El 14 de febrero del año 2016 dos hombres desconocidos que se desplazaban en motos de alto cilindraje recorrieron la comunidad de Travesias del resguardo de La Montaña. Parcialidad de Cauromá: -En las comunidades de Murillo y Murillito de la parcialidad de Cauromá municipio de Supía en límites con Pasmí de San Lorenzo, se presentaron en el mes de mayo de 2015 restricciones a la libre movilidad a partir de las 7 pm, por parte de un grupo armado ilegal sin identificar. - A comienzos del mes de febrero de 2016 las comunidades de las veredas Caracolí, La Nevera y la comunidad de Alto Cabuyal de esta parcialidad, reportaron la presencia de personas armadas sin identificar, el tránsito constante de motos y carros que suben en horas de la noche y bajan en la madrugada, estas veredas quedan en límites con el municipio de Marmato sector el Boquerón, en donde la comunidad denuncia la presencia de Águilas Negras. Parcialidad de La Trina: -En el mes de mayo del año 2015 en la comunidad de Matecaña se denunció el paso de hombres vestidos de negro y encapuchados en grupos de a 3 o 4 personas, en horas de la madrugada. Esta situación generó temor en la comunidad que a tempranas horas de la madrugada se dirige a trabajar a las moliendas. -En las comunidades de la U y Palma Sola circularon panfletos a nombre de Las Águilas Negras, incluso en uno de ellos se exigió que un joven abandonara la comunidad. Estos hechos ocurrieron la última semana del mes de abril del año 2016.



Versión: 03


Página: 13 de 23


Pueblo

Afectaciones a la libertad, integridad física y desplazamiento forzado -Secuestro, tortura y desplazamiento forzado de un joven de la comunidad del Rodeo del resguardo Cañamomo-Lomaprieta. El 8 de enero del año 2015 aproximadamente a las 10:00 de la mañana en el sector Los Gaviones, presuntos integrantes de un grupo ilegal introdujeron a la fuerza a un joven en una camioneta, le taparon los ojos y lo condujeron a un lugar desconocido. Allí lo golpearon y amenazaron diciéndole que no lo querían volver a ver en la comunidad, luego regresaron en horas de la madrugada y lo dejaron cerca en Quiebralomo. Estas agresiones dieron lugar al desplazamiento forzado del menor de edad. Con posterioridad a este hecho la familia del joven continúo observando seguimientos de motocicletas y carros extraños cerca de su vivienda. En la semana del 12 de enero de ese mismo año la hermana del afectado fue abordada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta en la vía que del centro poblado de San Lorenzo conduce a la comunidad del Rodeo y le manifestaron que no podía salir de la casa después de las 6:00 pm, amenazándola con llevarse a sus hijos pequeños. -Un grupo familiar de la comunidad de Planadas de este mismo resguardo abandonó el territorio por amenazas de muerte y señalamientos de ser auxiliadores de la guerrilla, a través de mensajes directos y llamadas telefónicas, además de la presencia en horas de la noche de sujetos extraños vestidos de negro en sectores cercanos a la residencia familiar y al Centro Comunitario. Estos hechos ocurrieron a finales del mes de abril, presentándose el desplazamiento forzado el 01 de mayo del año 2015. - Desplazamiento forzado de una mujer cabeza de hogar habitante de la comunidad La Candelaria resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. El hecho se presentó el 12 de abril de 2015 cuando dos miembros de las FARC llegaron a su casa y la obligaron a guardar armas, le dijeron además que le llevarían unos heridos para su cuidado y como amenaza le tomaron fotos a ella y a su hijo menor. -Desplazamiento forzado de un trabajador de las carboneras de Roble Bonito; el hecho se presentó el 17 de febrero de 2016 cuando se dirigía en horas de la noche a un rancho cercano donde dormía y fue abordado por varios hombres armados con pantalón camuflado, quienes le ordenaron que debía irse del lugar. La víctima recientemente había llegado a la zona a trabajar en la extracción de carbón. Afectaciones a la vida e integridad personal de líderes indígenas: - Intimidaciones en contra de Omairo Ayala, entonces candidato indígena a la alcaldía de Supía, los hechos se presentaron a mediados del mes de noviembre del año 2014, un día de molienda a eso de las 3:00 de la mañana cuando se dirigía a trabajar en un trapiche cercano a su vivienda en la comunidad de Tizamar, y fue abordado por varios hombres extraños vestidos de negro y que portaban armas largas quienes con palabras soeces lo intimidaron.



Versión: 03


Página: 14 de 23


Pueblo

-Intimidaciones contra Martha Inés Jaramillo Acevedo, cabildante de la comunidad de La Pradera, por la denuncia que en el año 2014 hizo contra un expendio de droga que afectaba la tranquilidad de los jóvenes de la comunidad. Debido a estos hechos la amenazaron de muerte el 16 de enero de 2015. Posteriormente el 6 de agosto de 2015, en el marco de la candidatura al concejo de Riosucio por el movimiento MAIS, fue objeto de seguimiento por parte de un hombre encapuchado. -A mediados del mes de enero Benjamín Taba Gobernador Suplente del resguardo de La Montaña fue avisado sobre un plan para asesinarlo por un comunero del sector Río Arriba de dicho resguardo, también recibió amenazas a través de llamadas telefónicas en las que lo relacionaban con los operativos de quema de dragas realizados por la Fiscalía en el mes de noviembre del año pasado. -Asesinato del líder indígena Fernando Salazar Presidente de la junta local de Mineros de la comunidad de La Unión y Vocal de la Asociación de Mineros Artesanales de dicho resguardo, ocurrido el 7 de abril de 2015. Si bien hasta el momento no se ha esclarecido la autoría de dicho homicidio, este hecho se reconoce como una clara afectación en contra del liderazgo indígena. -El líder Fabio de Jesús Moreno presidente de la Asociación de Mineros del resguardo –ASOMICAR- fue víctima de desplazamiento forzado por amenazas de muerte y continuos seguimientos por hombres desconocidos en su lugar de residencia en la comunidad de Guamal municipio de Supía, hechos ocurridos con posterioridad a la muerte de su compañero Fernando Salazar (abril de 2015). -En la semana del 11 al 15 de mayo de 2015 dos hombres desconocidos que se movilizaban en una motocicleta en horas de la noche se acercaron de manera sospechosa a la casa de un familiar cercano de Héctor Jaime Vinasco, en el barrio El Espino del municipio de Riosucio, tocaron la puerta y preguntaron por él. Vinasco es exgobernador del resguardo Cañamomo-Lomaprieta y líder representativo de la organización indígenas frente al tema minero y al control que viene realizando dicho Cabildo en el sector minero de Gavia. - En los meses de febrero y marzo de 2016, el señor Carlos Eduardo Gómez, Gobernador del Resguardo Cañamomo-Lomaprieta, en el marco del gobierno propio y frente al control de las actividades extractivas realizadas en el territorio, ha sido víctima de intimidaciones y amenazas. - En septiembre de 2015, amenazas de muerte contra la gobernadora indígena del resguardo de La Montaña Martha Luz Motato y el gobernador suplente Benjamín Taba, a través de llamada telefónica que recibió un integrante del cabildo. En enero de 2016 el señor Benjamín Taba fue nuevamente intimidado, cuando se encontraba en la posesión de la gobernadora del resguardo de Escopetera Pirza, allí fue abordado por un minero del resguardo de Cañamomo, quien le dijo: “que le habían contado que no se relacionara con Benjamín Taba porque lo iban a pelar”.



Versión: 03


Página: 15 de 23


Pueblo

Amenazas y desplazamiento forzado de jóvenes gestores comunitarios participantes en los equipos de la Unidad de Restitución de Tierras: -Un joven de la comunidad de Portachuelo, líder musical e integrante del equipo de caracterización integral de daños y afectaciones de la URT para el resguardo Cañamomo-Lomaprieta, recibió amenazas a través de varias llamadas telefónicas en diciembre de 2015, a quienes acusaron de “sapo” por entregar información y le conminaron a salir de la región. Días después, un hombre armado que se movilizaba en una motocicleta con pasamontañas debajo del casco, tocó a la puerta de la casa donde se estaba alojando en la comunidad de Sipirra. Este hecho provocó su desplazamiento forzado el 22 de enero de 2016. -Otro joven de la comunidad de Honduras del resguardo de San Lorenzo, integrante del equipo de caracterización de afectaciones territoriales de la URT, a partir de las actividades de verificación de la existencia de fosas comunes a finales del mes de enero de 2016, fue abordado por diferentes personas del resguardo, quienes le recomendaban irse por unos días del territorio, algunos de ellos exintegrantes del EPL. Posteriormente, le indagaban por caletas en el sector Polcas. El 13 de marzo de 2016, recibió una llamada telefónica en la que le advierten sobre dejar quieto esos temas bajo amenaza de muerte. - El 9 de mayo de 2015, fueron asesinados el médico tradicional Gustavo Bañol y su hijo aprendiz Edwin Bañol, padre y hermano del gobernador indígena del resguardo de San Lorenzo, cuando se desplazaban en una motocicleta por la vereda El Carmelo del municipio de Anserma (Caldas), lugar en el cual se encontraban desempeñando sus oficios como médicos tradicionales. Una semana antes de estos homicidios, un grupo de hombres y mujeres afrocolombianos, se habían movilizado por la vía que del centro poblado de San Lorenzo conduce a Riosucio, ruta que era habitualmente transitada por la familia Bañol, según el relato de los pobladores de la zona. En otra época, este tipo de hechos de violencia estaban antecedidos por labores reconocimiento territorial por parte de sujetos desconocidos que transitaban por el territorio. Personas con las mismas características también fueron vistas cerca a la casa de Fabio de Jesús Moreno presidente de ASOMICAR, posterior al homicidio del vocal de esta organización. Si bien estas muertes ocurren en un municipio cercano a Riosucio, y existen versiones contradictorias y poco claras sobre sus posibles autores, no se descarta su relación con el control que vienen ejerciendo grupos post desmovilización de las AUC en el Alto Occidente de Caldas. El hecho ocurre en una zona donde se ha reportado activa presencia y control armado por parte de estructuras en proceso de reorganización. El 30 de abril de 2015, sucedió el asesinato de cuatro (4) hombres que se trasladaban en una camioneta blindada de alta gama entre las veredas Opiramá del municipio de Quinchía y el municipio de Anserma Caldas. Estos hombres que eran desmovilizados del Bloque Central Bolívar y que hacían presencia en la zona en apoyo a un grupo de hombres en proceso de rearme, fueron



Versión: 03


Página: 16 de 23


Pueblo

asesinados con armas de largo alcance, al parecer, por disputa con otros grupos ilegales que tienen injerencia en al área. Amenazas contra servidores públicos y dirigentes políticos no indígenas: -El Coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras del Eje Cafetero, denunció amenazas por este caso a través de llamadas telefónicas en el mes de diciembre del año 2014. Las intimidaciones se originaron por una solicitud de protección a favor de las personas desplazadas en el sector Rio Arriba del resguardo de La Montaña en límites con Mistrató. -Posterior a la definición de la precandidatura del señor Álvaro Fernando Trejos aspirante a la alcaldía de Riosucio por el partido Centro Democrático, a finales del mes de noviembre del año 2014, integrantes de su familia reciben amenazas a través de llamadas telefónicas en contra de todos sus miembros. -Amenazas contra la Inspectora del Trabajo del municipio de Riosucio, en el marco de las labores de verificación en las minas del sector Gavia del resguardo Cañamomo-Lomaprieta, para realizar jornadas de capacitación y constatar el cumplimiento de los requisitos en salud ocupacional y seguridad laboral. El 14 de marzo de 2016, en horas de la noche, por la Avenida Fundadores del municipio, la mencionada inspectora fue abordada por un hombre desconocido, quien le advirtió sobre la molestia de los mineros por las actividades de inspección que venía realizando con la tecnóloga del resguardo, ya que el cumplimiento de estos requisitos les implicaba fuertes sumas de dinero, le insistió que no la querían volver a ver en la zona porque era peligroso mencionándole el asesinato de una persona el año pasado que venía realizando este tipo de actividades (alusión hecha a Fernando Salazar). Reclutamiento Forzado y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales: Resguardo Escopetera Pirza - En el mes de enero de 2015, se denunció un supuesto reclutamiento forzado y las amenazas por parte del EPL en contra de dos adolescentes dee 12 y 14 años residentes de la comunidad de Pirza. Entre los meses de julio-agosto del año 2014, los adolescentes comenzaron a presentar comportamientos extraños y no quisieron volver al colegio (ubicado en el corregimiento de Bonafont). Los familiares indagaron por la situación con otros estudiantes e integrantes de la comunidad educativa, quienes les manifestaron que circulaba la versión que un grupo armado había entrado en contacto con los menores de edad para reclutarlos y enseñarles a manejar fusiles. Por estos hechos los adolescentes fueron enviados a otra ciudad durante el mes de diciembre, fechas en las que los hombres desconocidos se acercaron a su casa en la comunidad de Pirza a preguntar por ellos. A raíz



Versión: 03


Página: 17 de 23


Pueblo

de estas presiones, ellos se desplazaron con su madre a otra ciudad el día 18 de enero del presente año. Presuntos integrantes del EPL han abordado a niños y jóvenes del corregimiento y veredas aledañas ofreciéndoles dinero para su incorporación al grupo. En inmediaciones del Colegio Mixto Bonafont algunos adolescentes recibieron esta advertencia del grupo ilegal: “que como nadie quería colaborar, ahora va tocar por las malas”, amenazando con reclutar jóvenes vereda por vereda. Cabe aclarar que si bien se expusieron dudas frente al caso por parte de la Fuerza Pública y las autoridades tradicionales en el Comité INTER realizado el 5 de febrero de 2015, ya que se consideró la relación del hecho con situaciones de violencia juvenil y el vínculo de los adolescentes con una banda de jóvenes de la comunidad, las condiciones de vulnerabilidad y la relación que sostenían con jóvenes del sector presuntamente involucrados en acciones delincuenciales, constituyen elementos que evidencian su situación de riesgo y de exposición al accionar de estructuras armadas ilegales. En ese mismo período, los pobladores de la zona informaron sobre acciones de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales a través del ofrecimiento de dadivas. Los días 7, 9 y 13 de julio de 2015, cuatro (4) niños y niñas estudiantes de la Institución Educativa Bonafont y habitantes de la comunidad de Pirza, fueron abordados después de la salida del colegio en horas de la tarde en la carretera que conduce del corregimiento de Bonafont a la comunidad de Pirza por hombres encapuchados que portaban armas blancas y armas largas. Los adolescentes fueron retenidos individualmente y llevados hacia un lugar aislado para ser interrogados por varias horas sobre algunas personas de la vereda con el objeto de utilizarlos como informantes y de mensajeros frente advertencias enviadas a algunos habitantes y amenazas contra familiares de los adolescentes. Los menores de edad fueron amarrados e interrogados durante varias horas sobre algunas personas de la comunidad. A una de las niñas le dieron la orden de conseguir información sobre un vecino suyo y al otro día entregar el reporte, el temor por este constreñimiento obligó a la jovencita a desplazarse de la vereda. A otra de las adolescentes le manifestaron que estaban haciendo “limpieza social”, le preguntaron por un allegado suyo y le enviaron el mensaje sobre cambiar su comportamiento, señala que también le insistieron para que se fuera con ellos. Si bien no se dio una clara identificación de los ejecutores de estas retenciones y amenazas con propósitos de utilización y reclutamiento de estos menores, la presencia y movilidad de integrantes del EPL en esta zona indican que dicho grupo armado está detrás de estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. A finales del mes de junio de 2015, en la comunidad de Florencia del resguardo de Escopetera, fueron vistos a borde de carretera 30 hombres vestidos de civil en horas de la



Versión: 03


Página: 18 de 23


Pueblo

tarde, algunos de ellos fueron reconocidos por los habitantes como antiguos integrantes del EPL. - Extorsiones y cobros de contribuciones forzadas: A finales del año 2014 y comienzos de 2015 se presentaron amenazas a través de llamadas extorsivas contra docentes, servidores públicos y dirigentes indígenas. Estos hechos fueron informados en los comités INTER realizados al inicio de año, además de las denuncias efectuadas por Yeison Andrés Castaño Valencia representante legal de la I.P.S INDÍGENA TRICAUMA, quien recibió el 15 de diciembre de 2014 sucesivas llamadas intimidantes con exigencias para compra de medicamentos por un hombre que se identificó como comandante de las FARC. Asimismo el gobernador del resguardo Cañamomo-Lomaprieta Carlos Eduardo Gómez, informó que durante la semana del 25 al 30 de enero y comienzos de febrero de 2015 recibió llamadas por parte de un hombre que se identificó como comandante del Frente 47, quien le pidió colaboración para compra de medicamentos y material de intendencia, ante la negativa del señor Gómez fue amenazado con insultos y le advirtieron sobre mandar hombres a la comunidad de Miraflores donde reside su familia. Si bien estos hechos son valorados por las autoridades regionales como situaciones aisladas ocasionadas por la delincuencia común que está en las cárceles, esta modalidad extorsiva se encuentra articulada a otras rentas ilegales que son manejadas por estructuras armadas de forma deslocalizada. En este orden de ideas llama la atención que en territorios impactados por el accionar de grupos armados ilegales, se extiende este tipo de recaudos forzados. Por otro lado, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en la consolidación de hechos victimizantes para el año 2014 reportó:2

2 Red Nacional de Información de la Unidad, página web: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 , datos consultados al 10 de junio de 2016.

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107



Versión: 03


Página: 19 de 23


Pueblo

En el año 2015 se registraron las siguientes cifras:3

En el año 2016 el municipio de Supía no registró hechos, y en el municipio de Riosucio se reporta:

Seguimiento a la respuesta institucional al Informe de Riesgo 032-14 A.I para Riosucio y Supía Una vez emitido el Informe de Riesgo 032 de 2014, para Riosucio y Supía, han sido varios los escenarios interinstitucionales en los cuales se ha hecho seguimiento a las recomendaciones realizadas en el documento de advertencia. El 16 de diciembre del año 2014 fue analizado por la CIAT el citado informe de riesgo respecto del cual se recomendó la emisión de la Alerta Temprana al Ministro del Interior. A pesar de este pronunciamiento, en diferentes espacios interinstitucionales de seguimiento a las recomendaciones, las autoridades indígenas de los diferentes resguardos han manifestado su preocupación por la constante presencia armada de hombres sin identificar claramente en sus territorios en lo que va del año, situación frente a la cual se advierte la persistencia y profundización de las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades indígenas de estos dos municipios, ya que tanto representantes de la fuerza pública a nivel local y departamental como miembros a cargo de la Dirección Seccional de Fiscalías han negado explícitamente en estos espacios de seguimiento el accionar de GAI en dicha subregión, a pesar de los hechos victimizantes identificados y advertidos por esta Defensoría y alertados por su alto nivel de riesgo. En este orden de ideas se observa con preocupación que las autoridades y entidades comprometidas de apropiar y coordinar la respuesta institucional en materia de protección, como la Fiscalía General, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) presentan serias falencias a la hora de garantizar la protección integral reglamentada en el Decreto 4912 de 2011, la unificación de los programas de protección y la debida

3 Ibídem.



Versión: 03


Página: 20 de 23


Pueblo

articulación de las entidades con el fin de proteger de manera oportuna, idónea y eficaz a las poblaciones que lo requieran no se identifica de manera clara. En el caso concreto de la UNP existen serias debilidades para garantizar de manera efectiva dicha protección, tanto por la demora en la evaluación del riesgo e implementación de las medidas, los incumplimientos en la entrega cuando se trata de medidas materiales, lo inoperantes que en algunos casos resultan las medidas otorgadas de acuerdo a al nivel de riesgo de las personas afectadas, como también la dificultad respecto a la aplicabilidad de los protocolos de enfoque diferencial de acuerdo a los criterios estipulados en los artículos 63 y 64 del Decreto 4633 del 2011, que hasta el momento no han sido socializados ni consultados con la comunidad indígena. En este sentido, preocupa a la Defensoría la respuesta de la UNP sobre las amenazas denunciadas por los candidatos a cargos de representación local mencionados en este informe, casos frente a los cuales se presentaron tanto demoras en la implementación de las medidas, o ninguna acción tendiente a la valoración del riesgo como ocurrió respecto al candidato del Centro Democrático, Álvaro Fernando Trejos, que ante la solicitud de protección realizada por esta entidad, la UNP responde el 23 de octubre días antes a la realización del certamen electoral que no fue posible establecer comunicación con el mencionado aspirante. En este sentido y de acuerdo con el contexto identificado se observan demoras y restricciones injustificadas respecto a la protección de dirigentes en riesgo, así como el mantenimiento y garantía de los esquemas de protección ya implementados en atención al cumplimiento de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH. En estos casos las actuaciones de la UNP parecen orientarse más bien al desmonte y fragmentación de los actuales esquemas de protección como lo han expresado los beneficiarios, más que a la garantía de las condiciones de seguridad de la comunidad indígena como sujeto colectivo y a sus líderes en potencial riesgo. Según lo anteriormente descrito, la situación de riesgo de vulneraciones de los derechos humanos se agudiza con el aumento de la presencia y movilidad de grupos armados ilegales, la restricción a la movilidad de las comunidades en las zonas rurales, los amenazas contra los líderes del movimiento indígena servidores públicos, los homicidios selectivos y de configuración múltiple de líderes del movimiento indígena, desplazamiento forzado, utilización de medios intimidatorios contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil, vinculación forzada de menores y la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el escenario de riesgo descrito se solicita a la CIAT declarar la alerta temprana y orientar a las autoridades competentes adoptar las medidas para disuadir,



Versión: 03


Página: 21 de 23


Pueblo

mitigar o controlar el riesgo que afecta a la población civil de los municipios de Riosucio y Supía. De manera particular, se recomienda: 1. Al Ministerio del Interior establecer un programa de capacitación y educación en

derechos constitucionales de los pueblos indígenas de los funcionarios de la Gobernación de Caldas y a las alcaldías de Riosucio y Supía, de conformidad con las medidas de protección contempladas en el literal h del artículo 61 del Decreto Ley 4633 de 2011.

2. Al Ministerio de Defensa orientar a las Fuerzas Militares y a la Policía Departamental la

aplicación rigurosa de la Directiva 016 de 2006, especialmente el numeral 1 relativo a la política de protección, y el numeral 2 literal b relativo a la autonomía y a la debida coordinación con las autoridades indígenas al momento de ingresar a sus territorios.

3. Al Gobernador de Caldas en atención a los artículos 7 y 330 de la Constitución Política

y demás Instrumentos Internacionales que integran el Bloque de Constitucionalidad como el Convenio 169 de la OIT y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que contemplan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural así como la legitimidad de las autoridades indígenas y su derecho a la autonomía, atender a las comunidades indígenas y a sus dirigentes cuando realicen gestiones ante esa entidad territorial.

4. Al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección para que en coordinación

con la Gobernación de Caldas y las alcaldías de Riosucio y Supia, elaboren un protocolo de acción para la implementación integral de medidas políticas y materiales de protección a favor del Pueblo Embera Chamí de Caldas, que comprendan tanto el reconocimiento público y abierto de su legítima labor en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos, así como el otorgamiento de esquemas de seguridad y demás aspectos materiales para la protección física de los líderes amenazados y en situación de riesgo.

5. A la Gobernación de Caldas y a las alcaldías de Riosucio y Supía, dar efectivo

cumplimiento al Mínimo de Racionalidad establecido en el numeral 8.4 del Auto 004 respecto a la destinación de recursos específicos en los presupuestos de nivel departamental y local, de tal forma que se garantice la atención con enfoque diferencial para el Pueblo Embera de Caldas de acuerdo a los criterios establecidos en dicha providencia.

6. Al Ministerio del Interior coordinar con las autoridades indígenas de los cuatro (4)

resguardos y las parcialidades indígenas mencionadas en este informe, la elaboración de un Plan Específico de Protección de conformidad con los artículos 63 y 64 del Decreto Ley 4633 de 2011.



Versión: 03


Página: 22 de 23


Pueblo

7. A la Unidad Nacional de Protección adoptar la implementación de medidas que incorporen sistemas de protección propios previa concertación con las autoridades tradicionales de los 4 resguardos y las parcialidades indígenas mencionadas en este informe, y que abarquen los mecanismos relacionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 63 del Decreto 4633 del 2011.

8. A la Unidad Nacional de Protección en coordinación con la Gobernación de Caldas y las

alcaldías municipales de Riosucio y Supía previa concertación con las autoridades tradicionales, adoptar medidas tendientes a garantizar la vida e integridad de los líderes comunitarios y autoridades civiles e indígenas de estas localidades que puedan ser víctimas del accionar de grupos armados ilegales. En este sentido se requiere a la UNP el efectivo cumplimiento de los criterios y protocolos de enfoque diferencial en la implementación de las medidas de acuerdo a lo consagrado en el parágrafo del artículo 64 del Decreto 4633 del 2011.

9. Se recomienda a la Gobernación de Caldas y a las alcaldías de los municipios de Riosucio

y Supía coordinar con el ICBF una intervención prioritaria y urgente dirigida a la población infantil y juvenil, de acuerdo a lo estipulado en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 66 del Decreto 4633 del 2011.

10. Al ICBF la implementación de un programa para la prevención del reclutamiento forzado

y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en los municipios de Riosucio y Supía Caldas.

11. A la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas que de

acuerdo a su papel coordinador del SNARIV y en conjunto con las demás instituciones concernidas, implementar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de nuevos desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos, medidas que deberán ser diseñadas conforme a los criterios de enfoque diferencial y con la debida participación de las comunidades indígenas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4633 de 2011.

12. A la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas cumplir con

los plazos legalmente estipulados de acuerdo al artículo 188 del Decreto 4633 de 2011, para el reconocimiento de los Sujetos Colectivos de Derechos como víctimas del conflicto armado, respecto a las solicitudes ya presentadas por las autoridades indígenas de los resguardos del municipio de Riosucio; así como la priorización en la formulación e implementación de los Planes de Reparación Integral Colectiva -PIRC- en los términos previstos por los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011 con la debida participación y consentimiento de las comunidades indígenas afectadas, y garantizar los recursos necesarios para la formulación y consulta previa de los PIRC con el apoyo del Ministerio del Interior.



Versión: 03


Página: 23 de 23


Pueblo

13. A la Fiscalía General de la Nación, dados los antecedentes de violencia ejercida en contra de la dirigencia del movimiento indígena, y de acuerdo a los criterios de conexidad y sistematicidad establecidos en el artículo 69 del Decreto 4633 de 2011 se adelanten las investigaciones que permitan determinar las causas y responsables de las conductas violatorias e infractoras descritas tanto en el Informe de Riesgo como en la presente Nota de Seguimiento.

14. A las Direcciones de Consulta Previa y Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio

del Interior, garantizar los derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio y a la integridad étnica y cultural de las parcialidades de Cauromá y La Trina dando estricta aplicabilidad a los artículos 6, 7, 13 y 15 del Convenio 169 de la OIT que forma parte del Bloque de Constitucionalidad, y al 330 de la Constitución Política, frente a la ejecución del proyecto Concesión Autopista Conexión Pacífico 3 que afecta a la comunidad indígena de La Trina; y la concesión de un título minero para la explotación de arcillas en el territorio de Cauromá.

15. Al Ministerio de Agricultura o a la entidad adscrita a ese ministerio, agilizar los trámites

de reconocimiento y legalización del territorio de la parcialidad de La Trina solicitado hace 20 años, en estricta aplicabilidad de la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad en esta materia.

16. A los Personeros Municipales de Riosucio y Supia, en el marco de sus funciones de

Ministerio Público y como garantes de los derechos humanos, vigilar las acciones de los diferentes organismos competentes

17. A todas las autoridades concernidas en la presente Nota de Seguimiento, en atención a

los artículos 282 y 283 de la Constitución Política de 1991, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor brevedad posible, y periódicamente, las actuaciones y medidas derivadas de estas recomendaciones y sus alcances con respecto a la situación de riesgo descrita.

JORGE ENRIQUE CALERO CHACON Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de

Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Director del Sistema de Alertas Tempranas - SAT

elaboró defensoría del pueblo - indepaz.org.co°-010-16-a-ir-n... · urbana zona rural territorio...

Documents