Modelo económico y pesca

Ricardo G. Perrotta1

Un poco de historia. Políticas de Estado y recursos naturales.

En 1880 asume la presidencia Julio A. Roca, lleva adelante el denominado Proceso de

Organización Nacional (PON), bajo la hegemonía de los terratenientes de la Pampa Húmeda. Su

principal tarea fue la formación del Estado-Nación. Este proceso se basó en un sistema de capitalismo

librecambista y agrario (Estado desregulador), favorecido por una creciente demanda internacional de

materias primas, convirtiéndose la Argentina, dentro de la división mundial trabajo, en el “granero del

mundo”, de esta manera se estableció una economía complementaria con Inglaterra, “el taller del

mundo”. Esto fue posible debido a la abundancia de medios de vida y la prodigalidad de las pampas y

contribuyó para formar una clase dominante sin iniciativa autónoma, ni proyecto nacional, ni espíritu

de riesgo, ni una lógica de innovación tecnológica y reinversión productiva. La crisis de 1929/30

origina un cambio en el tipo de Estado que pasa a ser regulador (1930), comienza a estimular un

proceso de industrialización, denominado, “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI),

que consistió en reemplazar principalmente la importación de artículos de consumo doméstico, se

llevó adelante mediante medidas proteccionistas, como el control de cambios y la creación del Banco

Central (Plan Pinedo, año 1934). Estas medidas, favorecieron el crecimiento industrial de la segunda

mitad de los ’30 y principios de los ’40, que servirán de base al denominado estado de bienestar

(“Keynesianismo”) (Estado Interventor). Durante la década del ’50 y principios de los ’60 se fomentó

la intervención del Estado en la economía (Estado Productor), la sustitución de importaciones, la

industrialización, la creación de exportaciones nuevas (no solamente de materias primas) y la

capacidad para planificar el desarrollo nacional. De esta manera el desarrollismo se impuso al

liberalismo ortodoxo y estas ideas ocuparon un rol decisivo en torno a las luchas políticas y sociales en

América Latina. Así, la orientación unilateral de la economía nacional establecida en 1880, basada en

la explotación de productos agropecuarios se modificó, favoreciendo a sectores industriales, incluso de

pequeñas y medianas industrias, aunque todo este proceso estuvo dirigido por los terratenientes

ganaderos que fundaron el país en 1880, lo que limitó ese desarrollo. Esto se debió a que no hubo

reforma agraria ni otras medidas que pudieran debilitar su poder, por lo tanto, continuaron

manteniendo su rol hegemónico. La renta agraria se invertía en la industria y a su vez la ganancia de la

industria en la tierra, generando una continua interrelación. Pero este proceso, aunque limitado, fue

1 Licenciado en Ecología y Doctor en Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata; Licenciado en

Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigador del Instituto Nacional de Investigación y

Desarrollo Pesquero (INIDEP) y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNMdP).

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creando una fuerte base de trabajadores industriales que cada vez más no sólo reclamaban mejoras

económica, si no una mayor participación en la vida política, cuyo auge tuvo lugar durante la década

del 60 y principios de los 70. Ante una posible pérdida del poder, la clase dominante decide instaurada

la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 1976, denominándola Proceso de Reorganización

Nacional, una versión actualizada del PON, es decir la vuelta a un país exclusivamente productor de

materias primas. Por lo tanto, la política de gobierno se basó en el desmantelamiento de la industria y

por consiguiente en la desarticulación de los trabajadores industriales, motor de las demandas. Para

que esto sea posible, fue necesaria una cruel represión y sustentar la política económica en cuatro

premisas: a- lograr una tasa de ganancia superior al mercado mundial de capitales; b- crear una

estructura social con costos laborales ínfimos y poca intervención estatal; c- estimulo a la inversión y

expansión de capitales extranjeros; d- privilegiar áreas con elevada rentabilidad y vinculadas a la

obtención de materias primas, como agro, petróleo y pesca.

Modelo exportador-depredador. La “republiqueta sojera”.

El camino abierto en 1976 permite que actualmente exista una feroz apropiación por parte

de grandes empresas de nuestras riquezas naturales, más del 80% del PBI corresponde a

exportación de materias primas. La explotación pesquera no ha sido ajena a estas políticas cuyas

consecuencias hoy padecemos. Millones de pobres pueblan nuestro país. En el año 1997, el

gobierno nacional entregó a los capitales extranjeros empresas como Aerolíneas Argentinas e

YPF, y sancionó una ley de Pesca (Ley Federal de Pesca 24.922) que avala en esta actividad lo

que se hizo en otros sectores de la economía, como los mencionados. Esta ley no sufrió

cuestionamiento de parte de los sucesivos gobiernos. Si analizamos su texto, la palabra “recurso”

es el elemento central de esta ley, ahora bien para que no queden dudas para quién y para que son

importantes los recursos pesqueros, esta normativa federal no hace una sola mención a palabras

como comunidad, pescador, social o alimento y repite 21 veces la palabra “empresa” contra 2 de

“trabajo”. Tampoco se hizo nada para recuperar a la empresa estatal petrolera, cuya venta fue

apoyada desde la región patagónica. Las consecuencias son el alto precio del combustible, que hoy

penamos y su inminente escasez, ante la falta de una política de exploración, condicionando así

cualquier intento de desarrollo industrial en lo inmediato. No obstante, tampoco dicho intento

parece estar en los planes del gobierno actual. Otro ejemplo clarificador del modelo económico

implementado es lo que pasa con el gas. En los últimos diez años su producción aumentó más del

100%, de unos 21 millones de metros cúbicos a unos 50 millones de metros cúbicos. El 85 % de la

producción esta en manos de las empresas Repsol, Total, Petrobras y Panamerican. Repsol tiene

participación en la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Petrobras en Transportadora de Gas

del Sur (TGS). Repsol es una de las mayores exportadoras de gas a las usinas térmicas chilenas.

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Una investigación de FLACSO (Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales), revela que el

sector gasífero fue eximido del régimen de retenciones a las exportaciones Además, de liquidar un

30% de sus ganancias obtenidas por las exportaciones, es decir, que un 70 % de estos ingresos

nunca llegan a la Argentina. La escasez de gas del año pasado, significó subsidiar el gasoil (a un

costo de unos 1.200 millones de dólares) y la utilización de fuel-oil (su quema produce una

importante contaminación) para reemplazar al gas como combustible empleado en el

funcionamiento de las centrales eléctricas.

La legislación argentina facilita también, las inversiones en explotaciones mineras. Estas

actividades han provocado una creciente preocupación por los impactos sobre el medio ambiente y

la sociedad. Las exportaciones en este rubro llegaron a superar los 1.000 millones de dólares

anuales. También, las empresas, cuentan con importantes incentivos fiscales, como bajísimos

impuestos y reembolsos a las exportaciones si operan desde puertos patagónicos (igual que la

pesca). Para acceder a los beneficios sólo necesitan inscribirse en el registro de inversiones

mineras de la Secretaría de Minería de la Nación. Además, el gobierno nacional a través de esta

secretaría y del Servicio de Geología y Minería (SEGEMAR) pone a disposición a las empresas

información geológica y de recursos minerales: mapas geológicos a diferentes escalas; mapas del

potencial minero derivados de datos de geofísica aérea; mapas mineralógicos; estudios de impacto

ambiental; servicios tecnológicos y laboratorios; estudios de peligrosidad geológica a escala de

detalle, etc. Es decir, el Estado trabajando para las grandes empresas. En esta misma dirección el

organismo equivalente en pesca al SEGEMAR, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo

Pesquero (NIDEP), durante enero de 2007 fue modificada la estructura de la Dirección Nacional

de Investigación, cuestionada por parte de los trabajadores del sector científico-técnico, se basó en

definir Programas de investigación que estudien recursos pesqueros explotados por grandes

empresas pesqueras, incluyendo extranjeras.

Los bosques desempeñan un papel clave en el almacenamiento del carbono; si se eliminan,

el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la

Tierra, con multitud de efectos secundarios problemáticos. En las regiones templadas la

agricultura se basó en la eliminación de los bosques aprovechando la fertilidad de sus suelos.

Entre 1998 y 2002 desaparecieron en Argentina 781.930 hectáreas, pero en los últimos cuatro

años, el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, lo que equivale a

280.000 hectáreas por año, o 821 hectáreas de bosques por día, es decir, 34 hectáreas por hora.

Hoy nos encontramos en emergencia forestal. La implantación de monocultivos, como la soja, que

requiere del uso de mucha cantidad de agrotóxicos, que agregan el componente de contaminación,

en la tierra, aire y en lo poco de agua que va quedando. Similares procesos se dan en el noroeste

para cultivar soja y debido a la actividad de las petroleras. En el norte de Santa Fe (donde la soja

reemplazó al lino), es otra área de desmontes. En el segundo estado argentino, chicos (entre los

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catorce y dieciséis años de edad) son usados como señales para fumigar y por supuesto son

rociados con pesticidas mientras trabajan como postes.

El modelo productor de materias primas para la exportación también se verifica en el

modelo agroalimentario, que hace que hoy gran parte de nuestra población no pueda cubrir sus

necesidades alimenticias básicas. Esta paradoja se explica por el control por parte de las grandes

empresas transnacionales y las tecnologías, de los supermercados, la gran industria alimentaria, la

industria semillera y de agrotóxicos.. Por otro lado, se desplazaron los cultivos destinados al

consumo interno del país y la explotación ganadera –por la reducción del número de cabezas de

ganado y la implementación de engorde a corral (feed lot), que genera, contaminación ambiental,

dado que en poco espacio se concentran gran cantidad de ganado y por el tipo de alimento que

reciben hace que se produzca una carne de menor calidad, desde el punto de vista alimenticio. Más

de 90 millones de productos agrícolas se producen por año, 70 millones de toneladas son cereales,

de los cuáles en el 2007 más de 47 millones de toneladas correspondieron a la soja,

fundamentalmente para la exportación. Uno de cada tres dólares exportados por Argentina

provienen del complejo sojero, que así se convierte en "nuestro blindaje", el riesgo país es hoy el

precio de la soja. Casi el 100% de los cultivos son transgénicos, es decir, genéticamente

manipulada para resistir los agroquímicos, principalmente el herbicida a base de glifosato

(aumenta la incidencia y severidad de diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y

trastornos neurológicos), que producen empresas como la Monsanto, la misma multinacional que

tiene el derecho de propiedad sobre la semilla y provee diferentes insumos necesarios para el

cultivo. Toda esta brutal apropiación por parte de grandes empresas de nuestras riquezas naturales,

origina grandes ganancias empresariales y un futuro incierto a miles de trabajadores.

Del discurso “progresista” a la realidad de los números.

La actual presidenta mencionó en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral del

2007, que su futuro gobierno sería la continuación de los cambios que se estaban implementando,

acuñó la frase: “la continuidad del cambio”. Ahora bien, a qué cambio se refería?. En el primer

año de gestión del presidente Kirchner el gobierno entregó 198.000.000 de dólares en concepto de

comisión al grupo de bancos encargado de mediar entre el Gobierno y los acreedores privados de

papeles de la deuda externa, que representó un 0,8% de lo negociado. Mientras que la comisión

pagada por Cavallo-De la Rúa a los bancos por el megacanje representaba un 0,5%, es decir,

fueron menos de 150.000.000 de dólares. Ese gobierno, fue el gobierno constitucional que más ha

pagado en concepto de deuda externa, recordemos, entre otros pagos los 10.000 millones de

dólares girados al FMI, suficiente dinero para recuperar la empresa YPF. La concentración del

capital es otra de las características del sistema económico. Las 500 grandes empresas no

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financieras generan más del 30% del valor agregado de todo el país y venden casi el 80% del total

exportado. En 1993 eran nacionales 281 y en 2004 sólo ostentaban esa condición 165. El

segmento extranjero genera cerca del 91% de las utilidades del medio millar de firmas más

importantes. Por otra parte, se sigue manteniendo el IVA al 21%, siendo que este impuesto es el

más regresivo de todos ya que grava con el mismo importe a un desocupado que a un empresario.

En marzo de 2007, el superávit fiscal fue de 1.485 millones de pesos, pero el servicio de la deuda

insumió 1.190 millones de pesos, es decir el 80%, por lo tanto quedaron 295 millones. Por otra

parte, las provincias siguen deficitarias y deben recurrir al aporte del tesoro nacional y el gobierno

subsidia a las empresas de transporte y energía y el Bco. Central sostiene el dólar “alto”, mediante

frecuentes compras de esta divisa. Para evitar un aumento del circulante que genere más inflación

(que el gobierno quiere disimular mediante la intervención en el INDEC), se emiten bonos (por un

valor hasta el presente de unos 50.000 millones de dólares), con los que se compran los dólares.

Estos bonos generan intereses que habrá que pagar en algún momento. La inflación según datos

oficiales se ubicó en el 2007 en 8,5%, mientras que los trabajadores del INDEC agrupados en la

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la sitúan entre el 22,3 y 26,2%, que en el caso de

alimentos y bebidas la situación es mucho peor, dado que habrían aumentado entre 36,4 y 38, 4%

por ciento. Es interesante mencionar que los aumentos salariales se fijan en función del índice de

inflación, reconocer un valor menor al “real”, implica favorecer a las empresas que así

aumentarían en menos porcentaje los salarios y pone en evidencia el carácter patronal del actual

gobierno. La renta actual de los trabajadores en relación al PBI es de un 22%, en la década de los

70 alcanzó el 59%. Por todo esto, la reunión de la presidente con la CGT a fines de enero de este

año, cerró un pacto que impida reclamos de los trabajadores, eventuales protestas y pedidos de

suba salariales. De esta manera el gobierno profundiza su accionar conservador ante el deterioro

económico de la clase trabajadora.

La pesca en Argentina

La Argentina posee una extensa plataforma marítima unos 4.000 km de costa y una de las

plataformas más grandes del mundo, abarcando casi 1 millón de km2, con importantes recursos

pesqueros, tanto por su valor de mercado como su cantidad. Sin embargo, muchas poblaciones

marinas explotadas se hallan actualmente fuera de los límites biológicos aceptables, o bien se capturan

en exceso o la pesquería está sostenida fundamentalmente por individuos juveniles. La situación es

especialmente grave en especies demersales, como la merluza común (caída de biomasa, pesca sobre

la población de juveniles), la merluza negra (caída de biomasa, pesca dirigida sobre juveniles), que ha

llevado a esta pesquería casi a desaparecer y la merluza austral (caída de biomasa). Otras veces el

manejo pesquero es caótico, como en el langostino, que condujo a que más de 100 buques pararan

durante gran parte del año 2005 o el calamar que experimentó una brusca caída en las capturas

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después de la zafra del 2004, aunque tuvo una mejoría en el 2006. De mantenerse las tendencias

actuales, muchas de poblaciones disminuirán sus biomasas a valores que harán que su explotación deje

de ser económicamente rentables, con los consiguientes problemas ambientales y pérdida de puestos

de trabajo, mientras los dueños de los barcos y las fábricas habrán obtenido inmensas ganancias. A su

vez, la capacidad pesquera de la flota supera con creces la necesaria para llevar adelante una pesca de

manera sostenible. No obstante, las sucesivas resoluciones de la autoridad nacional que establecen los

cupos de captura no son debidamente fundadas, lo que pone en duda su objetividad. Algunos de los

principales factores que definen la actual situación del sector pesquero son: sobrepesca, no se

administra el esfuerzo pesquero de manera de lograr un equilibrio sostenible entre rendimientos

biológicos y extracción cuando se alcanzan los límites de explotación; falta o laxos controles; un

Estado que favorece grupos económicos muy concentrados; exceso de capacidad de la flota;

importantes estructura de extracción y procesamiento industrial; fuerte dependencia del mercado

internacional; poca participación del mercado interno en el consumo de productos del mar; cambios

estructurales de gran importancia en los últimos 20 años; utilización de artes de pesca no

reglamentarios; excesivo descarte, captura de juveniles; bajos salarios, principalmente del personal en

tierra; "permisos de pesca irrestrictos" (son licencias que generan derechos adquiridos, aquel barco que

obtiene lícitamente un permiso si no es por causa justificada no se le puede revocar) y acceso a las

áreas de pesca abierto.

La pesca comercial en Argentina se inicia a fines del siglo XIX. Sin embargo la pesca de mayor

escala que se llevó adelante con la introducción de barcos de altura, empieza a principios de la década

del 60, en coincidencia con el auge industrializador de ese período de la histórica argentina. Para

favorecer esta etapa expansiva, el Estado nacional a través del Banco Industrial de la R. Argentina

(BIRA), aportó subsidios y créditos. La mitad de éstos se efectivizaron entre1965 y 1966 y se

construyeron, con aportes del BIRA y del Baco. Central de la R. Argentina, 30 barcos de altura y

media altura. En 1969 caen las exportaciones y los créditos resultan impagables, las empresas

quebraron y fueron rescatadas con nuevos créditos. Estos se utilizaron para comprar barcos fresqueros

europeos que estaban ociosos por el agotamiento de los caladeros del norte. Así comenzó la pesquería

de la merluza y se convirtió en el caladero más importante. Las deudas adquiridas con el Estado no se

pagaron. En los primeros años de la década del 70 se origina otro ciclo de expansión de la actividad

pesquera, favorecida por la implementación de una serie de medidas administrativas, como la

declaración de los recursos vivos en la zona marítima argentina propiedad del Estado y el

establecimiento de la exclusividad de explotación para embarcaciones con bandera nacional (hasta el

año 1992 que la actividad es desregulada). Además, el estado dio, otra vez, muchas facilidades para la

importación de buques, otorgó exenciones impositivas y asistencia financiera directa. En esta etapa,

las empresas dedicadas a la pesca, deciden instalar masivamente plantas de fileteado y congelado en

tierra, por lo tanto conformaron empresas integradas, es decir contaban con la capacidad de extraer y

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procesar la materia prima. Algunas se expandieron a Puerto Madryn y Puerto Deseado, en la región

Patagónica. En 1973 la flota de altura de la ciudad de Mar del Plata (principal puerto pesquero

argentino, asentado en la prov. de Bs. As) junto con la flota costera, representaban el 90% de la

producción nacional; mientras que las tradicionales “lanchitas amarillas” (pequeña flota con esloras

que no superan los 17 m), escuela de los marineros marplatenses, pasó a un segundo plano,

enfrentando grandes dificultades económica para operar, situación que se repite durante la década de

los 90. En este mismo año las capturas aumentaron casi un 50%, pero se estancaron al año siguiente y

bajaron en 1975. En julio ese año el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo, impulsó una

devaluación de la moneda del 100% y entre otras medidas, estableció un aumento al combustible de

175%. Después de tres décadas con una inflación promedio del 30 por ciento anual, la inflación en

Argentina llegó al 300 % en el año y los precios al consumidor se incrementaron 566 % en sólo 10

meses, entre marzo del 75 y enero de 1976. Este proceso conocido como “Rodrigazo” afectó la

actividad pesquera, fundamentalmente la exportación. Es interesante mencionar que el

comportamiento de las capturas sigue la tendencia de las exportaciones, dado que, como se ha

mencionado, el consumo interno es bajo y la pesca es dependiente del mercado internacional. No

obstante, el país seguía integrándose al mercado mundial con el esquema de países periféricos

dependientes, importando maquinarias y barcos y exportando materia prima sin elaborar. A mediados

de los 70 se establecieron a nivel internacional las zonas de soberanía costera de 200 millas. Esto

afectó a las grandes flotas de factorías que actuaban en diferentes áreas del mundo (URSS, Polonia,

España, Japón, Corea). En 1976, con el golpe cívico-militar, estas flotas comenzaron a desarrollar el

sistema de Joint Ventures (aventura conjunta), consistente en la asociación con empresas locales,

como estrategia para operar dentro de las zonas marítimas restringidas. Algunas de estas se

conformaron con empresas españolas que explotaron los recursos patagónicos y comenzaron a operar

desde esta región argentina. Muchos pesqueros extranjeros se introdujeron al país usando la figura de

simular la formación de empresas con un directorio con mayoría compuesta por testaferros argentinos,

de esta manera las empresas pesqueras multinacionales acentuaron su poder económico mediante una

intensa explotación de los recursos pesqueros (empleando esta estrategia en países poco desarrollados,

como es el caso argentino), mediante empresas subsidiarias, radicadas bajo rótulos nacionales y

exportan sus productos a la empresa madre a bajo precio. Modalidad que continúa en la actualidad.

Mientras tanto las FFAA impulsaron la creación de complejos exportadores a través de la

Subsecretaria de Intereses Marítimos y el el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) volvió a dar

créditos con avales del Estado para la compra de barcos que estaban inutilizados en los países de norte

y a prefinanciar las exportaciones. En el marco de este contexto y el de la “guerra fría”, en que se

disputa el control por el Atlántico Sur, en 1977, impulsado por la Marina de Guerra, se crea el Instituto

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). De esta manera este organismo, creado

sobre los despojos dejados por el paso de la dictadura (muchos científico debieron emigrar) en el

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Instituto Interuniversitario de Biología Marina, se convierte en la “herramienta científica” del sector

privado de la pesca, rol que continúa hasta nuestros días. En esta época se crean Alpesca, Sasetru Api,

Conarpesa; Arbumasa, Argenova, Pescasur, Pescanova, Harengus y se consolidan Ventura, Mellino,

Solimeno, Moscuzza y Valastro. En 1981 la industria estaba otra vez en una situación crítica, con

exceso de plantas en tierra, dedicadas al mono producto de la merluza. Por tercera vez los empresarios

no pagaron y fueron refinanciados; sus deudas se estatizaron y haciéndose cargo de las mismas el

conjunto de la sociedad, mientras volvían a recibir capital con la excusa de prefinanciar exportaciones.

Paralelamente ocurren despidos masivos y baja de salarios. Poco mas tarde la depresión quedó

encubierta por las importantes capturas de langostino, que duró unos años a partir de 1982. Durante el

gobierno del presidente Alfonsín (1983-1989), surgen problemas con el Uruguay, que supera las

capturas establecidas en el área compartida (Zona Común de pesca, tratado de 1975); se pierde la zona

costera alrededor de Malvinas y se firman los acuerdos marco (1986) con Bulgaria (empresas Galme

Pesquera y Arpemar) y la ex URSS (Argenpez, Santa Elena y Estrella de Mar). Tenían como objetivo

reactivar la actividad pesquera y las fuentes de trabajo, principalmente en la zona patagónica y

permitir incursionar en el área de exclusión de Malvinas (zona que comprendía 200 millas alrededor

de estas islas, establecida por el Reino Unido después de la derrota Argentina de la guerra del año

1982) de personal argentino embarcado en los buques de esas naciones. Estos convenios (tenían una

finalidad geopolítica, ya que pretendía “compensar” la presencia del RU en el Atlántico Sur)

produjeron, como era de esperar, una suba en las capturas, en especial de especies australes y por otro

lado, no cubrieron las expectativas previstas. Además causaron una división entre las empresas

asentadas en la ciudad de Mar del Plata, las que fueron favorecidas por el acuerdo y las que no, estas

últimas lideradas por el grupo Ventura, se alió con el Sindicato de Obreros del Pescado (SOIP), cuyo

Secretario General era Abdul Saravia. Esta alianza entre la burocracia sindical y el empresariado, se

consolida con el paro del 13 de octubre de 1986 contra los acuerdos marco y con la asunción como

presidente de Menem (1989-1999). Durante este período se implementó un programa de medidas y

reformas altamente abarcativas, como la privatización de todas las empresas públicas y la

desregulación de los mercados y las inversiones extranjeras. Todas estas decisiones contribuyeron al

incremento de la marginalidad y pauperización de vastos sectores medios y bajos de la sociedad.

Mientras tanto, los capitales de la pesca continuaron aumentado sus exportaciones y estafando a la

sociedad comprando barcos inútiles con préstamos del Estado. Entretanto existía una feroz

competencia entre empresas, especialmente Arpemar y Ventura, que le permitiera acceder a mayores

pre-finaciaciones de exportaciones. Finalmente este proceso culminó con el vaciamiento de empresas;

retiro masivo de capitales y el remate de plantas y barcos, que condujo a una enorme ola de quiebras

del sector. La gestión judicial dirigió sus esfuerzos para que los capitales terminaran concentrándose

en: Moscuzza, Valastro, Mellino, Solimeno, Barillari y Di Leva. A principios de los 90, se produce un

cambio estructural de la flota al entrar masivamente buques factorías-congeladores (es interesante

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mencionar que Carlos Corach, Ministro del Interior de Menem había sido abogado de la Cámara de los

Congeladores, CAPECA). En 1994 se consolida este proceso al entrar en vigencia el acuerdo con la

Comunidad Económica Europea por el cual se favorecen las asociaciones mixtas con empresas

europeas (principalmente españolas) para dar acceso a nuevas posibilidades de pesca y renovar la

flota. Los factorías-congeladores españoles que, habiendo perdido sus caladeros históricos (en África y

otras partes del mundo), estaban en peligro de quiebra, al asociarse con empresas argentinas, lograron

ocupar el excedente de sus barcos y controlar la captura en aguas argentinas, mientras tenían la

comercialización garantizada en su país de origen. Estas maniobras contribuyeron a evitar el crack

financiero de la banca española antes de su entrada en lo que fuera el Mercado Común Europeo (hoy

Unión Europea). España dicta una legislación que favorecía la constitución de empresas conjuntas

otorgando al socio español, cuya participación fuera mayor al 40%, cupos de importación libres de

derechos aduaneros para una determinada proporción de lo producido por los buques pesqueros

adquiridos en aquel país. De esa forma, como mencionamos anteriormente, empresas asociadas de

capitales nacionales y extranjeros formaron “joint ventures”. Otra vez, la crisis de sobreproducción de

un país desarrollado se descargó sobre un país periférico. Los mecanismos que permitieron el ingreso

masivo de buques fueron el otorgamiento de numerosos permisos de pesca y la transferencia de otros,

correspondientes a barcos quebrados y en otros casos inexistentes. Todo esto fue posible debido a la

política llevada adelante por la Secretaria de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación a cargo de

Felipe Solá, hoy gobernador de la principal provincia Argentina, Buenos Aires y aliado del presidente

Kirchner (2003-2007). Existe un informe, en manos del gobierno nacional (aunque no es tenido en

cuenta), realizado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el cual se detallan todos estos

mecanismo e identifica los barcos y empresas involucradas.

El “aumento” de las exportaciones oculta las operaciones realizadas al interior de las empresas,

consistentes en las transferencias de ganancias de un país a otro. Los barcos que se traían no eran

realmente “ventas” sino inversiones de capital puestas en maquinarias en las empresas teóricamente

mixtas. Los envíos de pescado y otras especies capturadas no figuraban como importaciones, no eran

“compras” sino un medio de girar a la metrópoli los beneficios del saqueo del recurso y la plusvalía

del trabajador explotado en el país periférico. A todo esto se agrega que las empresas presentan

sobrefacturaciones de exportaciones para cobrar reintegros (al operar desde puertos patagónicos), con

la complicidad de los funcionarios locales. Estos importantes cambios fueron acompañados por la

formación de las denominadas “cooperativas” (en realidad no lo son), que evitaban (y evitan, siguen

funcionando) la relación de dependencia de los trabajadores con las empresas, a quien suministran la

materia prima procesada. Esta forma de explotación, llamada también “trabajo en negro”, se origina

como consecuencia de que la mayoría de las empresas pesqueras tenían importantes deudas con el

Estado por no realizar los pagos correspondientes de los descuentos que le hacían a los trabajadores en

concepto de aportes jubilatorios. La sanción de la ley tributaria de 1992, los enfrentaba a sanciones

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penales por este motivo, la salida fue vaciar las empresas, quebrar y montar “cooperativas” a través de

testaferros, con la complicidad del Estado y la burocracia sindical. Esta falta de obligación contractual,

exime de compensaciones económicas por parte de las empresas a los trabajadores ante una

disminución del trabajo en las plantas procesadoras, por una merma o agotamiento de la materia

prima. También la implementación de este régimen laboral llevó a que más de 6.000 trabajadores de la

pesca quedaran sin trabajo. Esta masa de desocupados se utilizó posteriormente, para “flexibilizar” la

actividad laboral, situación que se mantiene en la actualidad. Así el funcionamiento de Moscuzza y

compañía (ahora sin Mellino), se basa en poseer barcos factorías-congeladores, como fresqueros y de

una feroz explotación de los trabajadores (fileteros, envasadores, estibadores), mediante bajos salarios

y condiciones precarias de trabajo (bajas temperaturas y humedad en el lugar de trabajo, largas

jornadas laborales, mala alimentación), sin seguridad social, ni posibilidades de alcanzar una

jubilación. Ante el menor intento de luchar contra las arbitrariedades, se pierde el trabajo y se ingresa

a listas de los que nunca conseguirán volver a trabajar. En 1996, año de grandes capturas y

exportaciones, marcó el comienzo de otra gigantesca crisis de sobrecapitalización y caída por

sobrepesca de las capturas de merluza y las otras especies australes. Al año siguiente se sanciona la

Ley Federal de pesca (24.922), que en su artículo 27 establece la entrega por parte del Estado

Nacional a las empresas de una porción disponible del recurso, mediante un título de propiedad y en

forma gratuita (cuotificación). Los grupos nacionales (Moscuzza y compañía) con sede en Mar del

Plata a los que podríamos agregar las doce empresas españolas que operan desde Puerto Madryn y

otros puertos patagónicos, quecontrolan más del 70% de la pesquería de langostino, las empresas

Santa Elena y Glaciar Pesquera, asociadas mediante Joint Ventures a las de Nueva Zelanda, Sealord y

Amaltal, respectivamente, que pescan merluza de cola, las dedicadas a la pesca de merluza negra

como la empresa American Seafood (Noruega con sede en USA), las españolas que capturan calamar

o la empresa estadounidense Wanchese Argentina, junto a la canadiense Clear Water que tienen la

exclusividad de la captura de vieira y otras; movilizan unos 1.000 millones de dólares anuales. En los

primeros ocho meses de 2006 la Argentina exportó 843 millones de dólares, contra 575 millones en

igual período de 2005. Un 47% de ese monto correspondió a materia prima sin elaborar, lo que

implica menos manos de obra en tierra (entre 1972 y 2006 las plantas en tierra autorizadas

disminuyeron en casi el 50%). Según datos suministrados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

de la Nación, durante el año 2007 se descargaron 903.024 mil toneladas (pescados y mariscos), un 16

por ciento menos que las 1.070.000 toneladas que se de desembarcadas durante todo el 2006.

El proceso descrito, significó crisis para los recursos pesqueros, para los trabajadores se instaló

la ilegalidad laboral y desde el punto de vista del control alimentario, estamos bajo dominio

extranjero. Estas políticas, continúan implementándose desde la nación y las provincias con salida al

mar que forman parte del Consejo Federal Pesquero (organismo que define la política pesquera,

presidida por el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Ley Federal 24.922), la promoción

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de la explotación de los recursos pesqueros en manos de empresas extranjeras o en asociación con

argentinas, no es más que la continuidad de las políticas económicas de saqueo, intensificadas a partir

de 1976.

El caso de la pesquería de merluza (Merluccius hubbsi)

La merluza es un ejemplo típico de destrucción de un recurso mediante una explotación

basada en la mera acción extractiva. A principios de la década de los noventa, la merluza se

encontraba en el tope de su explotación. No obstante, a partir del año 1996 se otorgaron permisos de

pesca indiscriminados y se incorporaron 70 buques factorías-congeladores europeos, con lo que la

capacidad de pesca aumentó en un 150%. Todo esto condujo a que a partir de 1997, fue imposible para

las autoridades, ocultar, negar o minimizar la situación crítica en que se encontraba la pesquería,

obligándolos a adoptar algunas medidas para proteger el recurso. Por ejemplo, declarar por parte del

Congreso de la Nación en emergencia a la Merluza por un año, el establecimiento frente a las costas

patagónicas de Chubut de vedas temporales, con el objeto de proteger a los juveniles y confinar a la

flota congeladora al sur del paralelo 48º, prohibiéndose su operación sobre la merluza. Ante esta

última situación, las empresas operadoras de los buques factorías-congeladores -principalmente de

origen español- presentaron medidas cautelares en los juzgados patagónicos de Rawson, Ushuaia y

Viedma, obteniendo dictámenes favorables que les permitieron violar legalmente las medidas de

protección tomadas. Así a principios de la década de los 90 se capturaban alrededor de 400.000

toneladas mientras que en los últimos años de esa década y principios de la siguiente, la captura se

duplicó. El descarte llegó a más de 200.000 t y lo que queda de este recurso se asienta en ejemplares

juveniles, que a partir del año 2002 sostienen la pesquería. En el año 2004 más del 70% de la

mortalidad por pesca se ejercía sobre el grupo de edad dos (edad de primera madurez alrededor de 2

años). Esta situación ubica a la merluza argentina en la peligrosa posición de estar en sobrepesca de

reclutamiento, antesala del agotamiento del recurso. Mientras continúa el deficiente sistema de

controles, que posibilita la captura de juveniles y el ingreso de barcos en las zonas de veda y de

deficientes estadísticas pesqueras; a estas irregularidades se suman las resoluciones de la autoridad de

aplicación (Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación, SPyA)), sin las debidas

fundamentaciones, que determinan los cupos de captura y los mecanismo de transferencias

“irregulares” de permisos de pesca consistente en que un buque va a desguace le transfiere su permiso

de pesca a otro con una mayor capacidad de pesca. Todos éstos mecanismos permiten el incremento

del esfuerzo de pesca y de la captura anual de merluza por sobre los límites biológicamente aceptables.

La resolución 14/2007 de la SPyA establece un nuevo ordenamiento en la pesca de la merluza y

reconoce su estado critico y que “Que no obstante ello, es imprescindible mantener el criterio de

contemplar las situaciones de crisis social que pudieran atravesar las provincias con litoral marítimo”.

La Resolución 65/07 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación

distribuyó los cupos de merluza para este año 2008, con vigencia desde el 1º de enero de 2008 y por 5

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años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2012. La autoridad de aplicación estableció un sistema de

cupos vinculados a un porcentaje de la Captura Máxima Permisible (CMP) y no a una cantidad de

toneladas prefijado como se había hecho años anteriores. Sobre esos porcentajes que le corresponden a

cada buque y en base a las diferentes CMPs que se vayan fijando para estos 5 años, será la cantidad de

toneladas que se le permitirá pescar a cada barco. La resolución establece una fuerte reducción de la

cantidad de toneladas de merluza autorizadas para capturar, ya que se fija una CMP para este año en

270 mil toneladas, contra las 340 mil asignadas para 2007. De este total corresponden 207 mil

toneladas al stock sur y 63 mil toneladas al stock norte. También se refiere a paradas biológicas de la

flota y otras medidas restrictivas del esfuerzo de pesca.

Recientes conflictos

Los trabajadores de la pesca en Puerto Deseado (a 2100 km al sur de la capital Buenos Aires),

después de conocer la burla del acuerdo salarial suscripto por el Sindicato Obreros Marítimos Unidos

(SOMU), que significó apenas un 16% de aumento y los descuentos al impuesto a sus salarios, que les

significa ingresos miserable para vivir dignamente en esas región austral (trabajan solamente 6 meses

al año) a la que se suma la indiferencia y desplantes de las autoridades gubernamentales y de parte de

las empresas españolas, al momento de pedir entrevistas y pedido de soluciones protagonizaron a fines

de julio unas jornadas de furia contra sus explotadores, que el gobierno y parte de la prensas trató de

mostrar como vandalismos de unos pocos. Pero cuando aún no se acallaban los ecos de su justa

protesta, una nueva rebelión se instaló el día lunes 16 de julio de 2007 en el principal puerto pesquero

argentino, Mar del Plata, situada a 400 Km al sur de la capital. La misma fue protagonizada por el

sector más explotado de la pesca marplatense, los trabajadores de tierra (fileteros, peones y

envasadores, entre otros). La lucha comenzó en las “cooperativas” denominadas Puerto Argentino,

San Julián, El faro, Fe de Mar, El Gaucho, La Armonía, San Jorge y 4 de Octubre, todas entidades

creadas por el grupo Valastro (uno de los "cinco grandes" de la pesca marplatense) para elaborar parte

del pescado capturado por su buques en condiciones laborales ventajosas, se congregaron a las puertas

de la planta que dicho empresario posee en calle Ayolas 3075 y que gira bajo la denominación de

Giorno S.A. reclamando una solución a la insostenible situación que sobrellevan luego de muchos días

sin trabajar ni percibir ingreso alguno. Luego se extiende por todo el puerto, con la consigna de un

salario garantizado mensual de 980$ (unos 330 dólares) y 8 horas diarias de trabajo. El lunes 23 de

julio, el SOIP, declara un paro por 24 horas a partir de las 8 horas, posteriormente, por presión de los

trabajadores es declarado por tiempo indeterminado. El conflicto, y mantuvo paralizado al puerto de

Mar del Plata, al cortarse los dos accesos al puerto e impedir así el trasporte de materia prima durante

más de dos semanas puso en evidencia todas las complicidades del sistema pesquero (empresarios y

gobiernos, nacional, provincial y municipal), desde la entrega de los recursos pesqueros a las grandes

empresas del sector hasta tolerar el trabajo no registrado, las condiciones de trabajo de semi-

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esclavitud, salarios miserables (no alcanzan el 15% de los costos totales de las empresas) y la evasión

de impuestos. Después de fatigosas negociaciones y amenazas de liberar los accesos por medio de las

fuerzas policiales el miércoles 1 de agosto. Se llega al siguiente acuerdo: se establece el plazo a 100

días corridos para efectivizar el blanqueo de todos los trabajadores; se estableció un salario mínimo de

800$ (unos 260 dólares); las negociaciones se darían en torno al convenio 161-171/75 (garantía

horaria, jornadas laborales de 8 hs.), no incluía una cláusula de paz social. La propuesta fue percibida

por los trabajadores como un triunfo. Sin embargo, casi inmediatamente de firmado en acuerdo

volvieron los conflictos frente a las plantas ante el incumplimiento de los empresarios de comenzar a

registrar a los trabajadores. Hoy no se ha registrado a ningún trabajador y ante la reducción de un 20%

de la CMP del 2008 respecto del 2007, el gobierno nada menciona acerca de que pasará con los

trabajadores ante la falta de materia prima.

Referencias

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44 pp.

Bezzi, S. & Ibañez, P. Estimaciones de la biomasa de merluza (Merluccius hubbsi) en los sectores

argentino y uruguayo de la zona común de pesca y en el área que se extiende hasta 41ºs

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Plata (1989), 50 pp.

Perrotta R.G. 1996. Sobre la relación entre la Economía, Política y Ciencia en Argentina, con énfasis

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Perrotta R.G.; Carozza, C. & Ruarte, C. 2007. La Pesca Costera en Argentina. Rev. CienciaHoy Nº 97,

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