el plan nacional de desarrollo y las tic

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Política digitalUna publicación deInnovación gubernamental

20 octubre 2007

El Plan Nacional de Desarrollo y las TIC

CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

¿En qué está el Sistema e-México?

Medios electrónicos de pago

Las universidades administración y educación a distancia

Ranking estatal

2007 de portales .gob

Ranking estatal

2007 de portales .gob

2 < Política digital

> EDITORIALPolítica digitalUna publicación de nexos

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PND y rankings

Cada seis años, los noveles presidentes de la República le regalan a México sus Planes Nacionales de Desarrollo. Estos documentos –interminables y aburridos de leer– son,

en los hechos, cartas de buenas intenciones en las que el titular del Ejecutivo Federal amontona preocupaciones, buenos propósitos y metas a cumplir durante su sexenio. El matiz de este PND –presentado el 31 de mayo pasado– viene acompañado de una sana advertencia presidencial: el Plan será “un documento vivo” que se “adapte permanente-mente a las transformaciones que experimente el país”.

Con la reserva que merece toda declaración de buenos propósitos, especialmente cuando provienen de la esfera política, México no cuenta con un compendio de objeti-vos del Ejecutivo Federal más que con este PND. No hay de otra. Habrá pues que leerlo y dar seguimiento a las “transformaciones que experimente el país”, para conocer las transformaciones que experimentan los propósitos presidenciales. Esta amalgama de buenas intenciones es el punto de partida único con que se cuenta, y a él habrá que atenerse, por ahora.

Por eso, le pedimos a diez destacados académicos, consultores y analistas que nos entregaran su opinión acerca de la presencia que tienen las tecnologías de la información y comunicaciones en el PND 2007-2012. ¿Desempeñarán un rol preponderante? ¿Vie-nen suficientemente destacadas? ¿Hasta qué punto aparecen asociadas a las políticas públicas más relevantes? ¿Forman parte integral de los esfuerzos que hará el gobierno por mitigar nuestros rezagos endémicos como la pobreza, la educación, la salud, o la co-rrupción, la falta de competitividad y la inseguridad pública? Las respuestas, variopintas, las encontrará el lector en estas páginas.

Un comentario final respecto a los PND: Estos documentos suelen venir cargados de retórica y objetivos maximalistas que no hacen sino desacreditar la rutina protocolar que obliga a su presentación en sociedad. Lo mismo ocurre, con demasiada frecuencia, con los Planes Estatales de Desarrollo. En esta ocasión las buenas intenciones parecen mo-destas –demasiado modestas, según algunos– y con una muy clara intención gradualista. Si a eso sumamos la intención del Ejecutivo de ligar las acciones propuestas al Sistema de Evaluación de Desempeño, el PND que se nos ha presentado podría transformarse –¿por primera vez?– en una referencia viva y permanente para el resto del sexenio.

El nuevo ranking de portales Por segundo año consecutivo, publicamos los resultados de una investigación que desde hace varios años viene realizando un grupo binacional de académicos. Ahora decidimos ser editorialmente más agresivos que en la ocasión anterior porque publicamos el ranking completo, exhibiendo tanto a ganadores como a perdedores netos. No conformes con ello, decidimos incluso mostrar una tabla para exhibir a aquellos estados que bajaron o mejoraron posiciones en el ranking respecto a la última medición.

Sin duda, esto generará chispas, roces y pleitecillos entre Política Digital y los damni-ficados como ocurrió en la ocasión pasada. Ante ello, este es el momento de advertir dos asuntos. Primero: este es el único ranking de portales estatales estrictamente académico y estrictamente mexicano que existe en nuestro país. Segundo: la metodología utilizada por estos investigadores es y seguirá siendo válida hasta que no se pruebe lo contrario. Como siempre, esta publicación está abierta a escuchar y recibir los comentarios que se estimen convenientes respecto al tema. Me parece que lo más destacado de esta entrega son los casos de Sonora, que repite su primer lugar, y el de Guerrero, que sube más de 20 posiciones respecto al año pasado. A ellos, nuestras felicitaciones. §

Andrés Hofmann

Circulación certificada por el Instituto Verificador de MediosRegistro No. 235 / 01

n DIRECTOR GENERAL

Andrés Hofmann [email protected]

n EDITOR

José Luis Becerra Pozas [email protected]

n INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN

Mariano Garza-Cantú Chávez [email protected]

n VENTAS DE PUBLICIDAD

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n DISEÑO

Angélica Musalem Achcar

n ILUSTRACIONES

Estudio la fe ciega

n DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Luis Emilio Giménez Cacho

n PRODUCCIÓN

Leonel Trejo

AÑO 6 • NÚMERO 38 • AGOSTO / SEPTIEMBRE 2007

Oficinas: Cuautla 10, Col. Condesa, delegación Cuauh-témoc, C.P. 06140. México, D.F. Teléfonos: 5241-6930, 5241-6935, y fax: 5241-6946, 01 800 904 22 22. Suscripciones: www.politicadigital.com.mx Política digital en Internet: www.politicadigital.com.mx Correo electrónico: [email protected]ón y color: Perspectiva Digital S.A. de C.V., tel.: 56 87 56 16 Impresión y encuadernación: Gráficas Monte Albán, S.A. de C.V., Fraccionamiento Agroindustrial La Cruz, Lote 37-39, El Marqués, Querétaro. No se responde por materiales no solicitados. Política digital es una publicación bimestral de Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S. A. de C. V. Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Tiro: 30,000 ejemplares. Editor responsable Andrés Hofmann. Título registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, certificado 04-2001-103017153700-102. Registro en la Dirección General de Correos PP09-0883. Certificado de licitud de título número 11819 del 11 de diciembre de 2001. Certificado de licitud de contenido número 8422 del 11 de diciembre de 2001.

> CONTENIDO

Bandeja de entrada6 Gobierno digital en el mundo

8 Gobierno digital en México

10 Desde la trinchera

54 Reseña

Carta Iberoamericana

de Gobierno Electrónico

Tema central12 TI, sustento de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo

Rafael Funes

13 La década más larga: de la Visión 2030 al México 2020

Rodrigo Gallegos Toussaint

14 Sociedad de la Información, pero con banda ancha

Julio César Margáin y Compeán

16 Por una regulación efectiva para las TIC

Judith Mariscal

18 Telecomunicaciones para el desarrollo integral

Ernesto Piedras

20 El PND y la protección de datos personales

Alfredo Alejandro Reyes Krafft

21 Ambicionar lo que el país merece

Roberto Martínez Yllescas

22 Expectativas y retos para las MiPyMEs

José Manuel Sánchez

24 Hacia una Agenda Digital

Carlos A. Torres Torres

26 Metas más ambiciosas y un liderazgo empresarial más robusto

Ricardo Zermeño González

Análisis y opinión30 Ranking de portales estatales, la medición 2007

Rodrigo Sandoval Almazán, J. Ramón Gil-García y Luis F. Luna Reyes

34 Pago electrónico, impulsor de la formalidad económica

Salvador Pérez-Galindo

38 Las asociaciones públicas-privadas

Stephen Goldsmith

40 Qué son las redes de acceso agnóstico y el juego cuádruple

Adriana Vizcaíno

Gobierno Federal42 e-México pone la mira en ciudades digitales

Mariano Garza-Cantú

44 ¿Qué tan respirable es tu ciudad hoy?

José Luis Becerra Pozas

Academia46 Hacia una universidad sin papeles

(JLBP)

48 Educación a distancia para diplomáticos mexicanos

Alina Bassegoda Treviño

50 Internet, alternativa para mejorar la educación

(MGC)


> GOBIERNO DIGITAL EN EL MUNDO

ALEMANIAPréstamos electrónicos de librosBibliotecas públicas alemanas han lanzado un nuevo servicio: el préstamo de documentos digitales en línea. El sistema, denominado Onleihe (En Préstamo), permite que los usuarios descarguen libros electrónicos, audiolibros, música y videos. Los archivos sólo permanecen determinado tiempo en la computadora del usuario y cuando expira la fecha de préstamo, el archivo se devuelve (borra) en forma automática.

Tienen 10 mil títulos disponibles y es necesario tener una credencial.www.bibliothek-digital.net

ARGENTINAUsan a Google para identificar evasoresLa Subsecretaría de Ingresos Públicos de Buenos Aires utiliza el buscador Google Earth para detectar nichos de evasión en grandes contribuyentes. El método se basa en contrastar las imágenes satelitales con la planimetría digitalizada de la Dirección de Catastro y de esta manera identificar terrenos baldíos, albercas, depósitos y otro tipo de propiedades no declaradas. Según autoridades de la dependencia, ya se han detectado evasiones que llegan a un total de 10 millones de pesos argentinos.www.ec.gba.gov.ar

BÉLGICAPolicía en Web siempre en velaLos ciudadanos de este país pueden notificar delitos en línea por medio del servicio Policía en Web. Por el momento sólo se reciben reportes sobre situaciones que no son violentas o que no implican una amenaza inmediata, como robo de bicicletas, vandalismo y grafiti. Para levantar un reporte los usuarios necesitan su tarjeta de identificación electrónica. Una vez que llenan el formato, reciben un número de referencia para que den seguimiento a los avances.http://tinyurl.com/yutqlf

Declaran nacimientos vía InternetPara simplificar el proceso que suele ser engorroso para padres de familia y sanatorios, la ciudad de Lieja realiza pruebas de un servicio federal para reportar alumbramientos en línea.

El proyecto eNacimiento unificará la comunicación de hospitales con autoridades locales y federales, lo que mejorará la calidad de la información y reducirá costos administrativos para los involucrados. Cuando un bebé nace, el sanatorio u hospital alimenta el sistema con la información, la cual se envía de forma simultánea a las autoridades locales, el Registro Nacional y el Seguro Social de ese país.http://tinyurl.com/2vjabh

EMIRATOS ÁRABES UNIDOSHerramienta de pago “para todos”El e-Dirham es una herramienta de pago desarrollada por el Ministerio de Finanzas e Industria para facilitar el cobro de impuestos de manera segura.

Aunque en sus inicios (2001) sólo la empleaba el gobierno federal, con el tiempo se ha convertido en una herramienta utilizada por los gobiernos locales, e incluso organizaciones semi-gubernamentales y la industria privada. Su beneficio se ha multiplicado, pues la gente se familiarizó con el e-Dirham, así como sus diversos canales de pago, presenciales y electrónicos.www.e-dirham.gov.ae

ESPAÑAEl 90% de discapacitados usan el celularLa Universidad de Deusto realizó el estudio Uso de la Telefonía Móvil por parte de la Población con Discapacidad en España, el cual concluye que el 90% de este sector utiliza de manera habitual el teléfono celular, por considerarlo “una herramienta que facilita su vida”.

De acuerdo con la encuesta –patrocinada por Telefónica Movistar– las tres principales razones

de esta preferencia se debe a que les da seguridad (43%), mejora su comunicación (28%), y por motivos laborales (18%).

La penetración de la telefonía móvil entre las personas con problemas auditivos, físicos y visuales alcanza ya el 95%, mientras que en las personas con discapacidad intelectual es de casi el 75%.http://tinyurl.com/2zysho

En vigor, Ley de Acceso Electrónico a Servicios PúblicosEl 25 de junio entró en vigor la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que obliga a la Administración General del Estado a garantizar que en el 2009 los ciudadanos puedan hacer todos sus trámites por Internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.

El gobierno español invertirá mil 900 millones de euros para aplicar nuevas tecnologías. Los gobiernos locales tendrán de plazo hasta el 2012, al considerar que tienen mayores limitaciones de presupuesto.http://tinyurl.com/ys9hcn

ESTADOS UNIDOSOportunidades, ahora en Nueva YorkLos ciudadanos pobres de Nueva York recibirán incentivos económicos por su buena conducta. Salir bien en los exámenes escolares vale 300 dólares; 150 es el precio por mantener un empleo y 200 por ir al médico. Este programa contra la pobreza fue puesto en marcha después que el alcalde Michael Bloomberg viajó a México a principios de año para conocer el funcionamiento del programa Oportunidades.

El programa piloto neoyorkino (Opportunity NYC) tiene registrados a 14 mil participantes y no se usarán recursos del gobierno, sino fondos privados reunidos por el alcalde. Se planean destinar 53 millones de dólares en esta prueba.http://tinyurl.com/2pmhcc

edición treinta y ocho > 7

En marcha, primera fase de CentinelaEl FBI inició la implementación de su sistema de administración de casos de investigación, mejor conocido como Centinela (Sentinel, en inglés), que permite procesar información y evidencias, así como calendarizar y monitorear el flujo de trabajo de la agencia federal. En otras palabras, integra gran parte del trabajo de escritorio del agente en una sola aplicación.

Ya son 30 mil los usuarios del FBI que utilizan esta herramienta de forma cotidiana y hasta el momento ha costado 59 millones de dólares. Restan tres fases de implementación, las cuales se efectuarán entre 2010 y 2011.http://tinyurl.com/2c4o97

ESTONIAEl celular ya es documento de identificaciónMediante el servicio Mobile-ID, es posible identificarse a través del teléfono celular. En este caso, la tarjeta SIM del teléfono se convierte en un documento de identificación oficial que permite tener acceso a servicios de gobierno e incluso firmar de manera digital.

Más de 600 personas ya lo utilizan, aunque todavía está a prueba y no es accesible a todo el público. La tarjeta SIM es especial porque incluye diversas medidas de seguridad y la firma digital. El objetivo del gobierno es brindar una alternativa a la tarjeta de identificación electrónica tradicional y así incrementar el número de portadores. www.sk.ee/midaktiveerimine

INGLATERRAReemplazan efectivo por mensajes de textoEl ayuntamiento de Westminster en Londres comenzará a sustituir sus parquímetros tradicionales por un esquema de pago por teléfono. Los conductores que deseen adherirse a esta modalidad, deberán proporcionar los detalles de su tarjeta de crédito y su vehículo.

Una vez registrados, podrán llamar a un número o enviar un mensaje de texto para indicar el tiempo que permanecerán estacionados y el número de referencia del sitio en cuestión. Los supervisores revisan –por medio de un dispositivo móvil conectado a la base de datos– si el dueño del vehículo realizó el pago correspondiente.

Cinco minutos antes de que expire el tiempo medido, el ciudadano recibe un aviso para prolongar su estancia sin necesidad de correr hasta un parquímetro. www.westminster.gov.uk n

> GOBIERNO DIGITAL EN EL MUNDO


> GOBIERNO DIGITAL EN MÉXICO

Nueva biblioteca virtual México ContemporáneoFue abierta la biblioteca virtual del Cen-tro Cultural del México Contemporáneo (CCMC), con más de cinco mil objetos di-gitalizados, entre documentos de texto y elementos multimedia.

Este nuevo sitio en Internet ofrece ser-vicios de hemeroteca, fototeca y videoteca. El usuario también puede encontrar artí-culos científicos, obras en formato sonoro, libros especializados, monografías, tesis, entrevistas, estudios críticos y ediciones multimedia, entre otros contenidos.www.ccmc.org.mx.

Se agotan las direcciones IPv4NIC México, responsable de asignar las direcciones de Internet, pronostica que en los próximos tres años se agotarán las di-recciones de la actual versión del Protocolo de Direccionamiento IPv4, de las cuales só-lo queda disponible un tercio del total. Por este motivo, anunció que a partir del pri-mero de enero del 2011, NIC México asig-nará únicamente direcciones en la versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6).

NIC México recomienda a gobiernos y empresas que analicen sus necesidades fu-turas y si determinan que necesitarán asig-naciones adicionales después de esa fecha, tendrán que adoptar el nuevo protocolo.

Una gran red digital para el DFEl Gobierno del Distrito Federal (GDF) pla-nea instalar una red de fibra óptica en 200 kilómetros de túneles del Sistema de Trans-porte Colectivo Metro. Esta Red Conver-gente Metropolitana (RCM) conectará las oficinas del GDF, universidades y también a ciudadanos. El plan es ofrecer conexión en zonas habitacionales y espacios públi-cos como plazas y parques por medio de antenas de cobertura Wi-Fi y WiMax.

También soportará el tráfico de telefo-nía IP y cámaras digitales, y eventualmen-te se conectaría a Internet 2. Sin embargo, no fue anunciado el monto que desembol-sará el gobierno capitalino.

La experiencia municipal, en un catálogoLa Asociación de Municipios de México, A.C. (AMMAC) lanzó el 1 de julio su inicia-tiva MercadoMunicipal, que busca acercar las mejores ofertas de bienes y servicios a los gobiernos locales. Funciona como

un catálogo de empresas que han trabajado con otros ayuntamientos y que han hecho un historial de buenas prácticas. El objetivo es incrementar las adquisiciones exitosas en desarrollo urba-no, tecnología, seguridad pública, equipo de oficina y servicios, entre otros rubros.

El Catálogo de Empresas con Experien-cia Municipal Certificada se encuentra en http://tinyurl.com/2xglhz.

Yucatán se pone “bomba” con USE celularEl Gobierno del Estado de Yucatán ya ofrece el servicio para que los ciudadanos soliciten información sobre sus infracciones de trán-sito, Tenencia vehicular, saldos de agua po-table y pagos a proveedores con sólo enviar un mensaje de texto por teléfono celular.

El solicitante puede enviar un mensa-je al 24110 y añadir un texto específico (Tenencia + espacio + placa del vehículo), como se explica en el sitio http://tinyurl.com/2t8rw8. La consulta se realiza en tiempo real, ya que el gobierno estatal está en línea vía un web service con la compañía Telcel. El servicio, conocido como USE Celular, no tiene costo adicional para el ciudadano, ex-cepto el que debe pagar por mensaje, según las tarifas de la empresa telefónica.

Regulación de telecomunicaciones, en la miraTelecom CIDE (perteneciente al Centro de Investigación y Docencia Económicas) y Transparencia Mexicana presentaron el Observatorio sobre regulación en telecomuni-caciones, un portal que pretende contribuir a la evaluación, generación y divulgación de investigaciones e iniciativas de política sectorial en materia de telecomunicacio-nes y tecnologías de la información.

El portal en Internet ofrece tres seccio-nes fundamentales: Monitor, que da segui-miento a los procesos de regulación en las principales entidades involucradas (Cofe-tel, SCT, COFECO, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Cofemer, entre otras); Acervo, donde se co-locan artículos especializados que ayudan a enriquecer el debate; y Foro, que incluye las opiniones expertas de académicos, go-bierno, empresas y ciudadanos. www.observatoriotelecom.org/

La banda ancha en México, cara y lentaSegún la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de sus países con conexión de ban-da ancha más cara: 52 dólares el megabit, mientras que en países como Francia se pagan 16.36 dólares por 20 megabits.

De acuerdo con la OCDE, el promedio de velocidad de los usuarios mexicanos es-tá por debajo de un megabit por segundo (Mbps), y en Francia es de 20, aunque en Corea, Japón y Suiza son comunes los en-laces a 100 Mbps.

Taxis harán “base” informáticaEl Gobierno del Distrito Federal anunció que a partir de agosto entregará placas, tarjetas de circulación y tarjetones nue-vos con chip a los 108 mil 50 taxis que es-tán regularizados. El objetivo es crear una base de datos que incluya la información del concesionario, el nombre del operador, número de serie y motor de la unidad. De esta forma se podrán ubicar con mayor fa-cilidad a los choferes y dueños de los taxis en los cuales se cometa un ilícito.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del DF instalará en septiembre ra-dares en el segundo piso del Periférico –se colocarán ocho en total–, que se suman a otros 12 que ya se habían ubicado en di-ferentes zonas de la ciudad. Estos radares no son manipulados por policías y la infor-mación viaja de manera inalámbrica a un centro de control.

Activan muro virtual… pero fallaProyecto 28 es el nombre del muro vir-tual instalado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que consiste en nue-ve torres móviles que contienen sensores y cámaras de alta definición. Ubicado en un trecho de 45 kilómetros en El Sasabe, Arizona –donde se registra el mayor nú-mero de cruces de indocumentados desde México–, el muro virtual fue diseñado pa-ra enviar información en tiempo real a la Patrulla Fronteriza sobre la ubicación de inmigrantes. Las torres funcionan como


> GOBIERNO DIGITAL EN MÉXICO

radares, transmiten en banda ancha y están conectadas a 70 teléfonos satelitales y vehículos todoterreno que llevan una computadora a bordo. El Proyecto 28 –cuyo costo inicial será de 20 millones de dólares– entraría en operación el 13 de junio, sin embargo sufrió problemas técnicos, pues las torres no enviaban información confiable. Al cierre de esta edición aún no se reparaba.

Desde el 2008, autos nuevos con GPSSegún el nuevo Reglamento de Tránsito Metropolitano del Distrito Federal y el Estado de México, los automóviles modelo 2008 y posteriores deberán llevar un dispositivo de localiza-ción satelital (GPS, sus siglas en inglés) para rastrearlos en caso de robo o desaparición. La responsabilidad de instalarlo corre por cuenta de los ciudadanos. La sanción por no cum-plir este ordenamiento es de cinco días de salario mínimo. Sin embargo, para dar de alta la unidad y obtener las placas es necesario contar con el GPS ya instalado.

Cibercafés, principal punto de acceso a la RedSegún el estudio Hábitos de los usuarios de Internet en Méxi-co difundido por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el acceso a la Red de redes ha sido impulsado por los cibercafés. De los 21 millones de usuarios usuarios mexicanos, el 39% se conecta a través de un cibercafé, lo que marca un incremento de 24 puntos en cuatro años. En este mismo periodo, la penetración de Internet en los ho-gares pasó de 33% a 43%, pero en los lugares de trabajo des-cendió de 30% a 19%.

Solicitudes de transparencia, a la alzaEl 25 de mayo entró en vigor en el Estado de México la refor-ma a la Ley de Acceso a la Información para recibir solicitudes por vía electrónica. Hasta antes de esa fecha sólo se podían hacer peticiones acudiendo a las Unidades de Información de las diversas dependencias.

Resulta significativo que del 1 de enero al 22 de mayo el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de México (ITAIPEM) había recibido 216 solicitudes por la vía escrita, sin embargo se recibieron 101 peticiones electrónicas entre el 25 de mayo y el 12 de junio, lo que evidencia la facili-dad que da al ciudadano hacerlas de manera digital.

El ITAIPEM firmó convenios con 86 de los 125 ayuntamien-tos de la entidad para que utilicen su sistema electrónico.

Vigilarán a jueces con tablero de controlLa Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal trabaja en el diseño de un tablero de control que permitirá monitorear las labores de los jueces penales, locales y federales. Con este sistema se pretende identificar qué elemento de la policía hizo la detención, a qué Ministerio Público fue llevado el acusado y quién es el juez que lleva el proceso. La aplicación incluye infor-mación de la Procuraduría de Justicia del DF y de la Dirección de Reclusorios. Se espera que este medio ofrezca información como los antecedentes penales de los criminales, las averigua-ciones previas y el desempeño de los jueces en tiempo real. n


> DESDE LA TRINCHERA

Crónica de una entrega anunciada

1ro. de noviembre del 2001. Primer día de la nueva administración Iniciamos la semana con la indispensable reunión de planeación estratégica. ¡Cuán-tas cosas podríamos hacer! ¡Teníamos seis largos años por delante!

Muchos de los ahí reunidos habíamos es-tado en la misma área durante la adminis-tración anterior. Sin embargo, ahora veía-mos todo bajo “otra” perspectiva e identifi-cábamos “nuevas áreas de oportunidad”.

Con el ánimo dispuesto, vislumbramos el escenario deseado: construir la Direc-ción General de Informática modelo a nivel nacional.

En lo interno, disminuiríamos el back log, los procesos se harían más eficientes, se incrementaría la productividad; el ISO 900x, el Six Sigma y la administración esbelta serían una realidad en nuestra dependencia. También aplicaríamos inge-niería de software, ITIL, nos certificaría-mos todos en PMI (Project Management

1 de noviembre del 2004. Justo a la mitad del caminoEse día comenzó con la junta de evaluación anual del equipo de trabajo. Los asistentes a la reunión eran más, ya que se habían creado dos áreas durante ese periodo. Cun-día el buen ánimo después de haber obteni-do nuestra dependencia directa del gober-nador de Baja California, gracias a una ley orgánica aprobada por el Congreso.

Tomamos como referencia nuestras lí-neas estratégicas originales y empezamos la evaluación contra lo proyectado tres años antes. En general, los resultados eran satisfactorios, pero no los que esperábamos tener para esas fechas. Entre los argumen-tos que explicaban tal situación surgieron los siguientes:• “Los usuarios (es decir, el resto de las

dependencias) no saben lo que quieren y nos han cambiado el requerimiento de ese proyecto cinco veces. Eso ha oca-sionado que aún estemos en la fase de análisis y re-análisis”.

• “No nos dieron el presupuesto prometi-do. Tuvimos que hacer lo mismo con un tercio de los recursos disponibles, lo que justifica que haya un año de demora”.

• “Los contribuyentes no están acostum-brados a usar la tecnología, por eso aún no hemos podido poner en operación el cajero automático. Van cinco veces que descomponen el kiosco tratando de meter las monedas en la ranura de la impresora”.

• “Con tanto trabajo, aún no hemos podido certificarnos en ISO-X. Como nuestra prioridad es atender a los usuarios, dejaremos las cosas internas para después…”.Al final de la reunión, concluimos que

no había por qué preocuparse demasiado. Aún nos quedaban tres años para recupe-rar el paso, replantear los alcances y llegar a la meta que nos habíamos propuesto.

1ro de abril del 2007. Iniciamos el segundo trimestre de nuestro último año Siete meses antes de concluir la adminis-tración, comenzamos el proceso formal de entrega-recepción definido por la Contra-loría del estado. Sin embargo, conforme

Lourdes Baltazar es Directora General de Informática del Estado de Baja California y ex presidenta del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipa (CIAPEM), [email protected]

Resumir seis años en un cargo público es difícil, sobre

todo cuando se desea entregar algo más que cifras y datos

duros a la administración entrante. La directora general

de Informática del Estado de Baja California nos comparte

cómo prepara la transición

Por Lourdes Baltazar

Institute); cumpliríamos todos nuestros proyectos en tiempo y presupuesto, y los clientes internos nos adorarían.

En lo externo, seríamos el nuevo mode-lo estatal de e-gobierno, con todos los ser-vicios disponibles por medio de Internet, en cajeros, en kioskos, por celular; con firma electrónica, factura electrónica; e-econo-mía, e-educación, e-salud… e-sociedad.

Para lograr ese escenario definimos las líneas estratégicas para los siguien-tes seis años:a) Un gobierno en línea (con servicios ciu-

dadanos)b) La consolidación del sistema estadístico

institucionalc) Impulsar el uso de las TIC hacia la efi-

ciencia internad) La integración y actualización tecnoló-

gica de la red estatal de informáticae) Gobernabilidad de las tecnológicas de

informaciónComo era de esperarse, cada línea estra-

tégica dio lugar a nuestros proyectos que se integraron después a nuestro programa operativo anual y se alinearon al Plan Es-tatal de Desarrollo.

Resumir seis años en un cargo público es difícil, sobre

todo cuando se desea entregar algo más que cifras y datos

duros a la administración entrante. La directora general

de Informática del Estado de Baja California nos comparte

cómo prepara la transición

Por Lourdes Baltazar


avanzábamos en esta tarea teníamos la sensación de que los datos duros ahí presentados no reflejaban los seis años de proceso y aprendizaje.

¿Habíamos cumplido al 100% todo lo que nos propusi-mos? Reconozco que no. Hubo casos en que superamos la meta, otros en que simplemente la alcanzamos y otros en los que “la realidad superó a la ficción” y nos quedamos lejos de lo planeado.

Apreciamos no haber partido de cero seis años antes. Ese fue uno de los activos más importantes que nos dejaron. Estimamos haber aprendido a reconocer nuestros errores, a pensar que siempre hay una mejor forma para cumplir las metas, y a plantear todos los proyectos alineados con la misión visión institucional para que sean sustentables en el corto, mediano y largo plazos.

Sin embargo, los datos duros como el número de sis-temas instalados, de computadoras, de bases de datos, de usuarios de Internet, número de servidores, ancho de ban-da, etc., reflejaban muy poco el proceso de alineación y del escenario de crecimiento en cuyas bases trabajó tanta gente a lo largo de seis años.

Entonces decidimos complementar ese documento –que quizás podríamos denominar libro blanco– para ha-cerlo equiparable a lo que otras organizaciones realizan. En este nuevo documento queremos dejar por escrito la visión, misión, objetivos, proyectos y acciones que se rea-lizaron, así como las metas que se definieron hacia el futu-ro, y algunas recomendaciones respecto a qué hacer para continuar fortaleciendo la eficiencia interna y la calidad de los servicios externos.

Además de los datos duros sobre la infraestructura de equipos, las bases de datos y los sistemas en funciones, este documento contiene información estratégica para definir los proyectos y servicios tanto internos como externos en términos de objetivos, resultados y escenarios futuros. Aquí se deja constancia de dónde esperábamos estar, hasta dón-de llegamos y algunas sugerencias.

De esta manera, nos proponemos dejar más que un inventario de arquitecturas o sistemas. Hemos conforma-do una relación de capacidades y una estrategia de entrega para que la transición administrativa no le cueste tanto a la ciudadanía.

Con este documento deseamos que quienes lleguen no tengan que recorrer el camino que nosotros ya transitamos. A final de cuentas, de eso debieran tratarse los gobiernos: de evolucionar, no de recomenzar. Ojalá que el 31 de octu-bre del 2007, ultimo día de nuestra administración, poda-mos decir con satisfacción: “Esta historia continuará”.

Quiero aprovechar este espacio para hacer un reconoci-miento a mi equipo de trabajo. A todos y cada uno quienes lograron esto, porque ellos son el activo más valioso que conforma la Dirección General de Informática del Gobierno del Estado de Baja California. n

> DESDE LA TRINCHERA


> TEMA CENTRAL

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 presentado por el Presidente

Calderón parte de una nueva Visión de México hacia el 2030, que por cierto me recuerda a la Visión México 2020 del Do-cumento de Políticas Públicas que desa-rrolló la AMITI, junto con la CANIETI y la Fundación México Digital.

En este sentido son muy claros sus plan-teamientos en relación con la competitivi-dad de nuestra economía y la generación de empleos, que fue la principal promesa hacia el final de su campaña presidencial. Esta nueva visión pretende que los mexi-canos veamos juntos el mismo punto en el futuro, en lugar de apreciar los distintos paisajes que se presentan cuando cada uno voltea a ver al otro en el inmediato plazo.

Las Tecnologías de Información (TI) y el Conocimiento, como cimientos de la re-ciente revolución que está viviendo la hu-manidad, son incorporadas en el Plan Na-cional de Desarrollo (PND) desde diferentes puntos de vista. En lo general, se presentan como sustento a la solución de problemas apremiantes como la pobreza, la desigual-dad, el analfabetismo, la falta de oportuni-dades y el desempleo, entre otros.

Es clara la comprensión por parte del Presidente y el equipo que preparó el PND de la importancia estratégica de las TI, ya que cada uno de los ejes sustenta –al me-nos en parte– la consecución de sus obje-tivos sobre estas tecnologías.

Algunos ejemplosEn el tema del Desarrollo Humano Susten-table, el PND señala que las TI soportan la productividad y competitividad del país, la oferta de bienes y servicios de calidad a pre-cios accesibles, el fortalecimiento del mer-cado interno y un ambiente favorable para el desarrollo de las empresas, especialmen-te las pequeñas y medianas. En el rubro del Estado de Derecho se plantea el uso de in-formación e inteligencia, la interconexión de las instancias de Seguridad Pública en los tres órdenes del Ejecutivo y el acceso a la ciudadanía como temas en los que las TI juegan un papel estratégico.

La Economía Competitiva es quizá uno

TI, sustento de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo

gica, Resolución de Problemas, Procesos de Negocios e Inglés, con un nivel superior al que encontramos en los países contra los que estamos compitiendo en este mer-cado global de las TI.

El segundo eje debe ser un gobierno habilitador, promotor y usuario de la in-dustria mexicana de Tecnologías de Infor-mación. México tiene la gran oportunidad y la responsabilidad de convertirse en el líder mundial en el mercado global de soft-ware y servicios, no sólo como maquilador o fabricante, sino creador y desarrollador líder en el mundo. Para esto el gobierno debe tomar la importante decisión de con-sumir productos y servicios creados por empresas que generan empleo, riqueza y conocimiento en territorio nacional, así como apoyar e impulsar su desarrollo sin limitaciones ni ambages.

El tercer eje debe ser la construcción de una nueva cultura en la que los mexicanos creamos en los mexicanos. Aquí vamos de regreso a la educación: para tener un país de primer mundo, necesitamos ciudada-nos de primer mundo. Esta construcción se inicia, para el largo plazo, en la educación preescolar y básica, y para esto México ne-cesita maestros que compartan y transmi-tan esta nueva visión a sus alumnos, de otra manera corremos el riesgo de seguir esperando que el futuro suceda.

México es una gran nación que va en la dirección correcta. Sin embargo, hace fal-ta que aceleremos el paso, que dejemos de titubear al tomar las acciones correctas, que nos demos permiso de ser un país y una ciudadanía de primer mundo.

Las Tecnologías de Información tienen un enorme impacto en la consecución de los objetivos del PND y su Visión México 2030. Es reconfortante este reconoci-miento al valor que nuestra industria aporta a la solución de las urgentes nece-sidades de nuestro país, pero hace falta ir más lejos. Confío que al ejecutar este plan, el gobierno del Presidente Calderón supere las expectativas y lleve a México al lugar que le corresponde, por supuesto haciendo uso del gran valor que las Tecnologías de Información aportan. n

de los rubros en los que el PND parece re-conocer un mayor impacto de las TI, ya que menciona textualmente: “La adopción y desarrollo de nuevas tecnologías per-mite producir nuevos bienes y servicios, incursionar en mercados internacionales y desarrollar procesos más eficientes. Esto redituará en una mayor productividad y en ingresos más elevados”. También in-dica que es necesario seguir estrategias específicas para promover el avance tec-nológico y apoyar empresas que puedan desarrollar tecnología de punta.

Asimismo, los ejes de Igualdad de Oportunidades y Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable mencionan claramente el papel estratégico de las TI como elemento clave para la consecución de sus objetivos.

Educación, el eje fundamentalQuizás lo que no queda del todo claro es la estrategia para construir una industria nacional de Tecnologías de Información y especialmente una industria mexicana de software y servicios. En AMITI hemos identificado a la Educación –desde el ni-vel de jardín de niños hasta las carreras técnicas y profesionales–, como el primer eje para lograr el desarrollo de TI de clase mundial. Necesitamos decenas de miles de personas preparadas en Matemáticas, Ló-

Por Rafael Funes

Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información

(AMITI), [email protected]


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Visión 2030: El México que Queremos es el documento emblema con el que ini-

cia la actual administración y el primero en su tipo en México. También es el pro-yecto que dio sustento al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como se asevera en el capítulo “Desarrollo Humano Sus-tentable” del PND.

Sin embargo, Visión 2030 es una res-puesta tardía a un llamado de la socie-dad y a las visiones de largo plazo que otros países han elaborado, como es el caso de China, Corea, Chile y Brasil, en-tre otros.

Por este motivo, sorprende que el do-cumento Visión 2030 haya sólo plasma-do metas generales, que más bien parecen una lista de buenos deseos, carentes de un plan de acción. Es en el cómo donde está la mayor riqueza de la visión de largo plazo que han mostrado otros países.

Por ejemplo, Corea del Sur en sus planes de desarrollo tecnológico al 2012, plantea los lugares y las empresas que se establece-rán, el monto de inversiones que captarán y los apoyos del gobierno requeridos.

Asimismo, la creación de la Fundación Chile es el mejor ejemplo de cómo una or-ganización pública desarrolla ciertas ca-denas productivas para convertirlas en las más competitivas, como es el caso del vino, las frutas y el salmón chileno.

Uno de los documentos consultados para la elaboración de Visión 2030 es el documento titulado Visión México 2020:

Políticas públicas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para impulsar la competitividad de México, ela-borado por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), la Cámara Nacional de la Indus-tria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Fundación México Digital (FMD). Dicho documento es único, ya que por primera

La década más larga: de la Visión 2030 al México 2020

vez la industria y los expertos dirigen una iniciativa en colaboración con el gobierno para detonar la competitividad de México mediante el uso de tecnologías de la infor-mación y comunicación.

Dos deseos y una metaA pesar de que el documento plantea más de 60 líneas de acción específicas y más de 20 metas a alcanzar en el 2020, ninguna de éstas se incluyó dentro del documen-to Visión 2030: El México que Queremos. Esto es lamentable en sí, pero grave al considerar que lo único que establece la Visión 2030 en relación con tecnologías de la información y comunicación son dos grandes deseos y una meta.

Los dos grandes objetivos son: 1) “el deseo de aumentar significativamente el acceso a la tecnología a los mexicanos más desafortunados”; y 2) “que todas las empresas tengan al alcance la tecnología necesaria para aumentar su productivi-dad al 2030”.

Pero en realidad, esto no dice nada, ya que no especifica el porcentaje de mexica-nos desafortunados que deben tener ac-ceso a tecnologías en el 2030, ni el tipo de tecnologías al alcance de estos ni de las empresas.

Por otro lado, la única meta planteada respecto a tecnologías de información es “lograr que México se encuentre entre el 20% de los países mejor evaluados en el índice de Disponibilidad Tecnológica del

Foro Económico Mundial (FEM) para el 2030”, lo cual también es desafortunado porque tampoco es una meta deseable, ya que en el 2030 México podría alcanzarla, posesionarse en el lugar 36 de dicho in-dicador. Esto es un escenario factible, de ampliarse la muestra del Foro Económico Mundial a 180 países (una característica común en dicho índice). Lo anterior no es una meta digna de alcanzar en el 2030,

considerando que tan sólo 40 países del mundo generan más del 85% de la rique-za del planeta.

Por ello, a pesar de la buena iniciativa de crear una visión de largo plazo por parte del gobierno, el resultado ha sido de poca utilidad, ya que no concreta ninguna ac-ción específica para alcanzar dichas metas. Para el caso específico de las tecnologías de la información, ni siquiera se plantea una meta decorosa. En consecuencia resulta lamentable no haber incluido el trabajo realizado por la AMITI, CANIETI y la FMD, un documento que recibió muy buenas críticas no sólo en México sino también en Canadá, Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, lo más lamentable, tra-tándose del mundo de la tecnología, es que se dejó pasar una buena oportunidad para que la industria –que es quien mejor cono-ce los cambios tecnológicos– contribuyera a fomentar políticas de adopción de tecno-logía. Esto también representa una perdida para que los gobiernos provean servicios públicos de manera, fácil, barata, trans-parente y oportuna para cumplir no sólo con la provisión de dichos servicios, sino con una de las mayores preocupaciones de los mexicanos: la de contar con gobiernos justos, eficaces y eficientes. n

A pesar de la buena iniciativa de crear una visión de largo plazo por parte del gobierno, el resultado ha sido de poca utilidad, ya que no concreta ninguna acción específica para alcanzar dichas metas.

Por Rodrigo Gallegos Toussaint

Consultor en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), [email protected]


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ofrecer servicios múltiples a la comuni-dad –sin discriminación– haciendo un uso eficiente del espectro radioeléctrico, promoviendo diversos participantes y el acceso a la mejores tecnologías de infor-mación y comunicaciones.

Un acelerador de la convergenciaLa banda ancha es en este momento la tec-nología disruptiva que acelera la conver-gencia. Permite que múltiples tecnologías establezcan nuevos servicios comunita-rios para beneficiar a las industrias antes dispersas de contenidos. También permite crear redes donde confluyan servicios to-davía en etapas de diseño y despliegue.

El nuevo paradigma de la banda ancha acelera la cobertura, ya que permite una distribución geográfica amplia a costos reducidos y facilita la penetración geográ-fica, a niveles municipales y urbanos, en zonas no cubiertas con otras tecnologías.

Ofrecer nuevos servicios en banda an-cha y promover su crecimiento también acelera la competencia, al cambiar los paradigmas tradicionales de los merca-dos, y al acelerar la creación de nuevos servicios especializados. Aquí, los ser-vicios multimedios combinan transmi-siones de voz, datos e imagen que revo-lucionan los conceptos tradicionales de competencia y permanencia.

Como política pública del gobierno fe-deral es preciso que para el final de este sexenio se tenga por lo menos la pene-tración de los servicios en banda ancha arriba de la media de los miembros de la Organización para la Cooperación y el De-sarrollo Económicos (OCDE), que incluye a los países líderes en el despliegue de dichas tecnologías, y al que pertenece México.

Propuestas de acciónPara acelerar la penetración de la banda

La oportunidad que tiene México para ser competitivo con el uso racional

de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento es extraordinario si se ali-nean los esfuerzos y se genera la convic-ción nacional de que la transformación de los servicios públicos en educación, salud, e-Economía y e-Gobierno son los catalizadores para el disparo real de una nueva etapa para el país.

En este momento, México tiene gran-des oportunidades para acelerar el cam-bio de manera inteligente y competitiva, y requiere un esfuerzo de coordinación y alineamiento, así como de convicción, capacitación y apropiamiento.

La competencia que tenemos enfrente es distinta a la de hace seis años. México fue el primer país que llevó a la Cumbre de la Sociedad de la Información un do-cumento social de impacto nacional, cuando se presentó en junio del 2002 el esquema primario del Sistema Nacional e-México. Sin embargo, docenas de países desplegaron redes y servicios.

La evolución tecnológica y las diversas cumbres obligan a una política pública más ambiciosa y articulada, más sistémi-ca, integradora y coordinada. No nos po-demos dar el lujo de políticas “de confeti” y acciones “homeopáticas”.

Tampoco podemos vivir con presu-puestos raquíticos o estructuras o apara-tos burocráticos inútiles.

¿Qué hacer entonces?Es necesario coordinar, alinear y estable-cer redes de valor, pues son la única op-ción que tenemos para agilizar una opor-tunidad histórica.

México tiene ya un compromiso ins-titucional para el desarrollo y fomento de la Sociedad de la Información y el Co-nocimiento. México tiene como vehículo institucional para la Sociedad de la In-formación y el Conocimiento al Sistema Nacional e-México.

Los compromisos internacionales fir-mados por México tanto en la Cumbre de Ginebra en diciembre del 2003, como en Túnez en el 2005 lo comprometen para

Sociedad de la Información, pero con banda ancha

ancha en el ámbito social, se propone que el Sistema Nacional e-México participe como promotor de un modelo social que incluya a ciudades y municipios compe-titivos, autoridades estatales y federales, por una parte, y por otra, a empresarios dispuestos a crear nuevos servicios e ins-tituciones sociales diversas, de educación media y superior local, regional y nacional que puedan ofrecer una nueva plataforma de valor a un nuevo usuario. La semilla de este cambio está en fomentar proyectos piloto donde se coordinen esfuerzos y se destinen presupuestos adecuados.

La nueva participación digital ciuda-dana ofrecerá servicios de ubicuidad sobre todo en educación, salud, seguridad y pro-moción económica, así como servicios de gobierno municipal, estatal y federal. Esto facilitaría el acceso, promovería la lealtad en los ciudadanos, la capacidad de interac-ción y servicios multimedios; fomentaría nuevos modelos colaborativos a distancia, de eficiencia local y control de costos, com-petitividad y eficiencia. La participación digital ciudadana sería un incentivo para la competitividad y la eficiencia en ciuda-des, municipios y estados para acrecentar la competitividad del país.

Este nuevo ecosistema requiere un uso eficiente y racional de la infraestructura actual, acelerar el cambio regulatorio hacia la equidad, promover incentivos y políticas que estimulen el desarrollo lo-cal, contenidos y capacitación que lleven a una economía más competitiva facili-tando la difusión y la promoción de tec-nologías inalámbricas y reorientando los programas de cobertura social y los del Sistema Nacional e-México.

Para que nuestro país sea competitivo, su población debe pertenecer activamente a la Sociedad de la Información con acceso a la banda ancha. Este es un compromiso conjunto del gobierno, la industria y la sociedad que precisa de políticas adecua-das de promoción para la competencia, la cobertura y la convergencia. Es una opor-tunidad para extender la cultura digital generando nuevas oportunidades en el apropiamiento de nuevos servicios. n

Por Julio César Margáin y Compeán

Director de Margáin Consulting, diseñador y ex coordinador general

del Sistema Nacional e-México, [email protected]


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Por una regulación efectiva para las TIC

En la actual administración parece exis-tir el reconocimiento de que México de-

berá incorporarse y competir en un mundo donde se está construyendo una nueva eco-nomía que en gran medida se sostiene en la difusión y producción de información.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), el plan guía que incluye los objetivos fundamentales que darán direc-ción a las acciones del gobierno federal, destaca la importancia de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como habilitadoras del desarrollo eco-nómico y social del país. En este sentido, el PND es coherente con la literatura es-pecializada que –con base en evidencia empírica– sostiene que las TIC tienen el potencial para cambiar profundamente la producción, los factores que inciden sobre la competitividad de la economía, así como transparentar los servicios del gobierno y facultar a la población con conocimiento.

Más aún, estudios recientes han encon-trado que servicios tales como la telefonía móvil constituyen una herramienta útil para combatir los obstáculos que enfrenta la población marginada para mejorar su calidad de vida. Los resultados de unas encuestas regionales llevadas a cabo re-cientemente en Asia, África y América Latina muestran que los pobres urbanos

valoran tanto este servicio que destinan una proporción significativa –hasta 12% de su ingreso– en telefonía móvil. Señalan también que los trabajadores indepen-dientes son los que más hacen uso de este servicio y que resulta un medio especial-mente útil en situaciones de emergencia. El dinámico progreso tecnológico que se está produciendo en este sector promete aún mayores oportunidades de combate a la pobreza, como por ejemplo, el ofrecimien-to de servicios bancarios y microcréditos

a través de telefonía móvil a zonas rurales no atendidas.

México, en la brecha de acceso y de mercadoNo obstante, los beneficios potenciales del sector no sólo dependen del progreso tec-nológico sino también de políticas públicas eficientes que desarrollen el capital huma-no, el capital social y creen instituciones confiables. En México aún no hemos desa-rrollado estas políticas; aún enfrentamos lo que el Banco Mundial denomina brecha de mercado y brecha de acceso, es decir, aque-llas diferencias que nos alejan de un mer-cado eficiente y de un acceso a servicios de TIC generalizado.

En cuanto a brecha de mercado, el sector aún enfrenta ineficiencias en el marco re-gulatorio que generan barreras de entra-da. La primera barrera es institucional; la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) aún tiene facultades muy limi-tadas que se circunscriben sólo a la expre-sión de opiniones y recomendaciones en temas medulares como el otorgamiento de concesiones, la generación de normas, la imposición de sanciones, etc.

Todo esto provoca ambigüedad jurídica en la aplicación de la regulación. La CO-FETEL se mantiene como una unidad ad-

ministrativa subordinada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin mayor poder en la toma de decisiones de los as-pectos fundamentales y ello ha dado lugar a una fuga de responsabilidades por parte de ambos organismos. La doble ventanilla, la falta de transparencia, la falta de efecti-vidad y eficiencia que han prevalecido en la historia de la agencia son posiblemente los límites más importantes para alcanzar el potencial de las TICs como habilitadoras del desarrollo en México. La posibilidad de éxi-

to de las políticas regulatorias que se nece-sitan en el sector para promover la compe-tencia, enfrentar la convergencia y con ello promover la expansión de las redes depende de un proceso transparente y eficiente bajo instituciones fuertes y confiables.

Modelos de negocio para la “base de la pirámide”La brecha de acceso que enfrenta el país, aquélla que no se resuelve con regulación eficiente de mercado –ya que aún en mer-cados eficientes habrá sectores de la pobla-ción que no puedan acceder a los servicios a precios competitivos–, se puede enfren-tar con estrategias innovadoras de promo-ción de servicios y productos diferentes. El gobierno puede actuar como coordinador y promotor de modelos de negocio pensa-dos para los segmentos de bajo ingreso. La llamada “base de la pirámide” ha mostra-do ser una fuente de ingresos importante para las empresas.

En el PND se reconoce la importancia de las TIC y se propone incrementar la competencia y modernizar el marco nor-mativo, pero nada de esto nos acercará a los beneficios de la revolución de la infor-mación sin antes mejorar el proceso de diseño e implementación de las políticas de regulación. Esperemos que en el Plan Sectorial de Comunicaciones, que se deri-va del mismo PND, se dé prioridad al for-talecimiento de las precarias instituciones que regulan la industria de las TIC como paso fundamental para el desarrollo de este sector en nuestro país. n

Profesora-Investigadora en la División de Administración Pública del Centro

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), [email protected]

Por Judith Mariscal

En el PND se reconoce la importancia de las TICs y se propone incrementar la competencia y modernizar el marco normativo,

pero nada de esto nos acercará a los beneficios de la revolución de la información sin antes mejorar el proceso de diseño

e implementación de las políticas de regulación.


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Telecomunicaciones para el desarrollo integral

Existe un sinnúmero de acepciones para el concepto de desarrollo, aunque

el común denominador señala que es un proceso de cambio cualitativo y cuan-titativo –en términos del crecimiento económico continuo y sostenido– que se acompaña de la elevación de los niveles de bienestar.

De manera consistente, el Plan Na-cional de Desarrollo 2007-2012 asume como propósito “crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capa-cidad y las oportunidades puedan am-pliarse para las generaciones presentes y futuras”. Amerita destacar el factor del tiempo como un proceso sustentable y de largo plazo.

Es precisamente en esos dos componen-tes, crecimiento y bienestar, donde las te-lecomunicaciones juegan un papel central en la consecución del Desarrollo Integral.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el elemento del Desarrollo parece

claro, pero el del Plan requiere una pun-tualización: Es claro que la noción de planeación en el siglo XXI dista mucho de la planificación que le dio origen en Méxi-co durante los años treintas con el Plan Sexenal. Por ello, el PND 2007-2012 debe ser una guía de reglas claras, esta-bles y conducentes para la operación del

sector en el largo plazo en lugar de un documento puntualmente normativo y hasta conductista para todos y cada uno de los agentes económicos y sociales.

Acerca del crecimiento económicoSistemáticamente y año tras año, el sec-tor ha mostrado la capacidad para crecer entre dos y seis veces más de lo que lo hace la economía mexicana en su con-junto. Pero a pesar de esas impresionan-tes cifras, como país hemos carecido de la capacidad que han mostrado nuestros principales competidores para ajustarnos a las nuevas condiciones económicas y tecnológicas, con adecuaciones y refor-mas regulatorias y legales en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por lo tanto, es crucial que materialicemos ya la capacidad de aprovechamiento de todos los recursos económicos y tecnológicos nacionales y del resto del mundo a favor de la opera-ción de este sector, para cerrar la brecha de competitividad y la brecha digital, con las cuales no podremos cerrar nuestra brecha de desarrollo como país. A ello, sin duda, debe contribuir el PND 2007-2012.

Sobre el bienestar socialSabemos que el crecimiento económico no es desarrollo por sí mismo. Ese compo-nente del desarrollo lo cubren con eficien-cia tanto la interacción del mercado como

las políticas públicas. Pero, ¿qué hay res-pecto de la distribución equitativa de los diferentes medios de acceso en la pobla-ción de niveles socioeconómicos bajos? Aunque es preocupante que el 20% de los mexicanos no cuente con ningún tipo de acceso, también resulta esperanzador que tan solo un año atrás la cifra equivalente

de personas sin accesos propios alcanza-ba 25%. ¿Esto es una evidencia de que el mercado y la regulación están haciendo su trabajo? Sí, pero no todo el trabajo.

A menos que haya un cambio tecno-lógico que reduzca significativamente la inversión necesaria en infraestructura y de esa manera reducir costos (y tarifas) que permitan una mayor penetración y cobertura móvil, la teledensidad móvil alcanzará 82 millones de líneas móviles en el 2012.

Este ejemplo del segmento móvil deja claro uno de los objetivos que debe enca-rar el PND 2007-2012: proveer cober-tura de servicios convergentes a toda la población, pero sobre todo con políticas dirigidas al sector con menores oportuni-dades y capacidades económicas, que se ubica en el rango denominado “de pobre-za extrema”.

Claro está que el ataque a la pobreza extrema en sí misma eleva el techo del mercado. Nuevamente, con el ejemplo del mercado móvil se encuentra que dis-minuciones razonables de la pobreza ex-trema elevan el techo del mercado poten-cial a niveles superiores a los 86 millones de líneas.

Hacia una política integral de telecomunicacionesEs evidente que la Política de Telecomuni-caciones no puede ni debe estar desvincu-lada del resto del complejo económico. La bidireccionalidad de la relación es clara: cerrar la brecha de pobreza y desarrollo con-tribuirá a cerrar la brecha digital en todas sus dimensiones y viceversa.

Con todo, es evidente que el sector de las telecomunicaciones posee el carácter dual de generar crecimiento y desarrollo económicos, es decir, desarrollo económi-co integral.

La apuesta es entonces para aprove-char al máximo este potencial económi-co de crecimiento y desarrollo. El reto, lograrlo en un contexto de competen-cia efectiva para el aprovechamiento de nuestra población en pleno. n

Por Ernesto Piedras

Director General de The Competitive Intelligence Unit, [email protected]

Uno de los objetivos que debe encarar el PND 2007-2012 es proveer cobertura de servicios convergentes a toda

la población, pero sobre todo a la de menores oportunidades y capacidades económicas.


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El PND y la protección de datos personales

La protección de datos es un derecho fundamental. El individuo tiene dere-

cho a decidir cuándo, cómo y quién va a tratar su información personal. En Méxi-co, en concreto, no existe una ley federal de protección de datos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 presentado el 31 de mayo pasado indica claramente que: “La Ley Federal de Transparencia garantiza la protección de los datos personales en posesión de los suje-tos obligados en el ámbito gubernamental. No obstante, es necesario el desarrollo de una Ley Federal en la materia que regule también aquéllos que se encuentran en poder de los parti-culares. Dicha regulación deberá incluir los principios de protección de datos personales reconocidos por los tratados internaciona-les en la materia, que el Estado mexicano debe observar” (PND, Estrategia 5.3, las cursivas son del autor).

Por la importancia del tema en el Con-greso actualmente se debaten varias ini-ciativas, algunas de reforma constitucio-nal, otras muchas de ley federal y dos de reforma penal.

¿Para qué legislar los datos personales?Los datos por sí mismos no tienen ningún valor; esto lo adquieren después de ser re-lacionados con alguien o con otros datos, pues así obtienen el carácter de informa-ción útil para iniciar acciones. Por ejem-plo, difundir los datos relacionados con nuestras finanzas pueden hacernos candi-datos a secuestro, fraude y en el mejor de los casos a ofertas de inversión no solicitadas; dar a conocer los datos de nuestra historia clínica, origen racial o preferencias sexua-les puede dar lugar a discriminaciones o a chantajes; publicar los datos de nuestro historial crediticio o hábitos de consumo, en fin, puede llevar a la negación de servicios o a recibir publicidad no solicitada.

Hace años la información recabada, relacionada con los clientes o usuarios, se clasificaba en forma manual de acuerdo con la función del negocio o la finalidad perseguida. Entonces era difícil consul-

tar los datos y por ende la posibilidad de relacionarlos con algo o con alguien. La relación de los clientes era un activo im-portante del comerciante.

Sin embargo, las tecnologías de la in-formación facilitan ahora la transmisión y el relacionamiento (cruce) de esos datos, hacia y por quienes pueden utilizarlos. De esta forma, los datos adquieren un valor comercial y pueden llegar a lesionar dere-chos humanos de las personas, por lo que el fenómeno adquiere relevancia jurídica.

Una actitud ambivalenteEn el mundo de los negocios existe una ac-titud ambivalente ante la protección de los datos personales: se hace necesario dispo-ner de datos sobre las personas para poder dirigir la oferta de bienes y/o servicios con mayor precisión para prestar un servicio presonalizado, pero al mismo tiempo para respetar su privacidad.

El tema adquiere particular relevancia no sólo porque los datos personales circu-lan indiscriminadamente sino porque en ocasiones pueden ser conocidos y utiliza-dos por personas con fines ilícitos, para la comisión de delitos o simplemente de forma no autorizada, que eventualmente causan molestia o perjuicios a sus titulares.

Por otra parte, hoy nos enfrentamos a la realidad ineludible de que los datos per-sonales existen y son necesarios para una infinidad de operaciones en beneficio de sus titulares y, en general, del comercio y la economía nacional. Las múltiples rela-ciones que se plantean entre las personas, e incluso entre una jurisdicción y otra, pue-dan llevarse a cabo sin diversos grados de manifestación y uso de datos personales.

Y todas estas ambivalencias y contex-tos de riesgo hacen necesario regular el procesamiento de datos personales para que no existan indefiniciones que permi-tan transgredir los derechos del individuo, ni la seguridad del Estado.

Los individuos deben tener el derecho de determinar quién puede conocer, alma-cenar, usar y transmitir los datos relacio-nados con sus personas.

La privacidad, la intimidad y la propia imagen, son derechos fundamentales de la persona humana, que pueden traducisre en el derecho a la Autodeterminación In-formativa, denominado por la teoría como uno de los Derechos Humanos de Tercera Generación.*

Hacia un esquema regulatorioEl grado de actividad legislativa en la ma-teria (yo diría hiperactividad) refleja el creciente interés e importancia que a éste tema se le está otorgando, no sólo en Méxi-co, sino en el mundo entero.

Frente a esta situación, será necesa-rio encontrar un balance apropiado pa-ra adoptar un esquema regulatorio bien estructurado, que combine programas de autorregulación del sector privado y propuestas de los sectores público y aca-démico. Este esquema deberá proteger, en la medida de lo posible, las garantías cons-titucionales de los individuos de libertad y privacidad, sin inhibir el desarrollo del comercio electrónico en México. n

* Este grupo fue promovido a partir de la década de los setentas para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacio-nal. Entre otros, destacan los relacionados con: La autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y con-fianza, a la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológi-cos, el medio ambiente, entre otros.

Por Alfredo Alejandro Reyes Krafft

Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)


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Ambicionar lo que el país merece

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 fue presentado el 31 de

mayo de 2007. Para muchos representa, en el mejor de los casos, una declaración compendiada de objetivos de gobierno; para los más escépticos, se trata de una agregado de intenciones desarrollistas. En todo caso, independientemente del grado en que se le acredite, se trata del primer referente sobre los planes clave de la ad-ministración presidencial.

Lo primero que llama mi atención es la función transversal que se da a las tecno-logías de la información y comunicaciones (TIC) en el amplio sentido, pues se les otorga un relieve sobresaliente en cuatro de los cin-co ejes rectores del PND: Estado de Derecho y seguridad; Economía competitiva y generadora de empleos; Igualdad de oportunidades; Demo-cracia efectiva y política exterior responsable.

Solamente en el eje de Sustentabilidad ambiental se omite esta mención explícita al rol clave de las TICs –lo cual contrasta con la celeridad con la que la industria de TI busca posicionarse en la cruzada glo-bal por la eficiencia energética y contra el cambio climático.

Sea como fuere, las consideraciones tecnológicas correspondientes al eje de Estado de Derecho y seguridad, lo mismo que de Democracia efectiva con política exterior responsable apuntan a una gestión pública cuya efectividad implica mayores niveles de eficiencia en el marco de procesos de toma de decisiones más precisos y trans-parentes. En este sentido, la tecnología es una poderosa herramienta, pero sólo en la medida en que sea utilizada por funciona-rios públicos mejor capacitados en el apro-vechamiento estratégico de las TIC.

Un cambio de paradigma en la gestión públicaComo un elemento de avance cualitati-vo merece resaltar que el procesamiento eficiente y transparente de información obedezca a un cambio de paradigma en la gestión pública, y pase de la acción basa-da en procesos –el presupuesto es de quien lo ejerce– a uno basado en el monitoreo

de avances y resultados. Más importan-te aún, la calidad y oportunidad de estos resultados serán criterios acreditados y avalados por los propios beneficiarios de los programas y servicios públicos. A lo largo de este nuevo ciclo de valor (obje-tivos-recursos-transparencia-resultados-satisfacción-confianza), la tecnología puede empujar la frontera de la eficacia gubernamental.

Ahora bien, si asumimos el contexto de globalización consolidada en que vivimos, me parece importante ir más allá del tér-mino “desarrollo”, cuando lo que ahora caracteriza a países emergentes viables es su grado de competitividad y dinamismo relativo frente al resto del mundo. Es un hecho que existe la relación sistémica en-tre un efecto directo de aquélla –generar empleos– y la infraestructura clave de la competitividad sustentable: la calidad del desarrollo humano.

En este sentido, el PND (o lo que para mí ya es el Plan Nacional de Competitivi-dad) muestra un enfático respaldo al valor estratégico de las TIC. Incluso va más allá del simple aprovechamiento o consumo efectivo de las mismas, para buscar el desarrollo de una capacidad tecnológica

propia. Nada más acertado que mani-festar el propósito de dar mayor apoyo y financiamiento a la investigación y a las demás actividades relacionadas con la ciencia y tecnología.

Hasta ahora, el avance en esta materia resulta limitado en tanto la investigación científica y tecnológica no logren vin-cularse a las necesidades de la industria –tanto nacional como global– de manera eficiente. Los fondos sectoriales del Con-sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-NACYT) todavía son complejos para obte-ner y más aún para administrar cuando se

aplican a proyectos de corporativos globa-les de alta tecnología, pues originalmente se pensaron para otro perfil de empresa. Esto afecta a México como destino de in-versión extranjera en los segmentos más dinámicos de la innovación tecnológica. Un mejor diálogo entre esta industria y el gobierno para optimizar el presente ámbi-to marcaría la diferencia.

Las TIC, factor de igualdadMuy acertado es el vínculo que se recono-ce dentro del PND entre la generación de empleos de mayor valor agregado y la ur-gencia de cerrar la brecha digital, comen-

zando por la grave brecha de conectividad; específicamente en el acceso a banda an-cha y a esquemas nuevos de equipamiento para ciudadanos y pequeñas y medianas empresas. No obstante, el verdadero frente estratégico de acción está en usar efecti-vamente a las TIC como potenciadoras de igualdad en el acceso a oportunidades, que es el tercer eje estratégico del PND. Mejorar la calidad de la educación, tanto como en el aprendizaje permanente de conocimien-tos para el trabajo son las áreas de mayor retorno de la inversión en TIC para un país innovador y más competitivo. n

Por Roberto Martínez Yllescas

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria, Electrónica,

de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)

en la Sede Centro Sur, [email protected]

Cabe resaltar que el procesamiento eficiente y transparente de información obedezca a un cambio de paradigma en la gestión

pública, y pase de la acción basada en procesos a una basada en el monitoreo de avances y resultados.


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Expectativas y retos para las MiPyMEs

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempla una sección impor-

tante dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), “con én-fasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación”.

Según lo menciona el documento, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Infor-mática (INEGI), se estima que este grupo de empresas conforma el 99% del total de unidades económicas del país, lo que re-presenta casi el 50% del Producto Interno Bruto y la generación de más del 70% de los empleos en México.

Las estrategias presentadas en el PDN están pensadas para contribuir al au-mento de productividad y desarrollo. En este sentido, los organismos empresariales tenemos una gran misión: desmitificar a las micros, pequeñas y medianas empre-sas (MiPyMEs). Dejar de verlas como un sector limitado.

Ser MiPyME no es sinónimo de escasez. Significa más bien una fuente de orgullo al aportar a la economía mexicana capital, generación de empleos, productos y ser-vicios que demanda la población.

En la Asociación Mexicana de Estánda-res para el Comercio Electrónico (AMECE) estamos conscientes de su importancia, ya que aproximadamente el 97% de nuestra base activa de asociados pertenece a este tamaño de empresas. Por sus característi-cas propias, este segmento requiere aten-ción especial, con servicios y soluciones a la medida de sus necesidades.

MiPyMEs, el foco de atenciónEste año, la AMECE se sometió a una revi-sión de sus procesos internos y a una re-estructura completa. Uno de los objetivos fue dar una especial atención y soporte a las MiPyMEs. En la medida en que las mi-cro, pequeñas y medianas empresas estén preparadas tecnológicamente y con claros procesos de negocio, podrán ser más com-petitivas en este mundo comercialmente agresivo. Como ejemplo de esto, estamos

en constante colaboración con gobiernos estatales para implementar en diversas ciudades de la República Mexicana un pro-grama de apoyo, capacitación y asesoría, de cada uno de los productos y servicios que la Asociación puede ofrecerles.

Uno de los activos más importantes es la administración eficiente de la infor-mación y las MiPyME lo pueden lograr de forma precisa, rápida y sobre todo, sin involucrar altos costos. Mediante prác-ticas de comercio electrónico como una forma de hacer negocios, y teniendo co-mo objetivo la optimización de recursos, se pueden reducir al mínimo los errores y lo más importante, se logran satisfacer las necesidades del consumidor final. En este

sentido, estamos convencidos que el uso de herramientas basadas en tecnologías de información contribuyen a su creci-miento y consolidación.

Ya no debemos creer que tales solucio-nes sólo están al alcance de las grandes compañías. Actualmente los costos han bajado y existen tantas opciones en el mercado que se puede recurrir a esquemas sumamente asequibles para las MiPyME.

La Factura Electrónica, todavía en ciernesPor ejemplo, en el caso de la Factura Elec-trónica, los grandes corporativos optan por desarrollar sus propias soluciones o por integrar el módulo correspondiente dentro de su ERP. Sin embargo, las Mi-PyMEs no tienen excusa, ya que pueden contratar un buró de servicio, que ofrece cargos por cuotas o por documento digi-tal recibido. La renta mensual de estos va desde los 150 hasta los 300 pesos, mien-tras que el pago por documento es de dos a cinco pesos.

Aunque parecería algo nuevo, por lo menos diez mil MiPyMEs utilizan códigos de barras en México. En cuanto a órdenes de compra, un 25% de los asociados de este segmento recurren al documento, princi-palmente en su relación con los proveedo-res de las grandes cadenas detallistas. Por su parte, la Factura Electrónica apenas va fincando su camino, y al menos 5% de los pequeños negocios del país comienzan a implementar esta solución fiscal.

Sin embargo, es prioridad informarse adecuadamente de lo que ofrece el mer-cado. Una mala planeación o asesoría pueden sacrificar la inversión realizada para actualizar los negocios con una so-lución inservible o simplemente no acor-de a sus necesidades. En este sentido, los organismos empresariales debemos estar conscientes de la ayuda y orientación que debemos prestar a las MiPyMEs. Con este apoyo, apalancado en el uso de herra-mientas tecnológicas, no hay razón que detenga la creación, desarrollo y consoli-dación de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. n

Por José Manuel Sánchez

Presidente de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico

(AMECE), [email protected]

Las estrategias presentadas en el PDN están pensadas para contribuir al aumento

de productividad y desarrollo. Por ello, los organismos

empresariales ya no deben considerar a las micros,

pequeñas y medianas empresas como un sector limitado.


> TEMA CENTRAL

Hacia una Agenda Digital

Para hablar del cambio tecnológico en un país con las características de

México es fundamental precisar la función que debe cumplir el Estado. Ante el riesgo de quedar a la zaga de nuestros compe-tidores en el mercado global y de que el acceso a las nuevas tecnologías agudice las condiciones de inequidad que venimos arrastrando, quienes nos desempeñamos como servidores públicos estamos obli-gados a diseñar estrategias que vayan al fondo del problema.

En este sentido, los diputados que for-mamos parte de la Comisión Especial pa-ra la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos acordamos en marzo pasado que el eje de nuestro plan de trabajo será la construcción de una Agenda Digital que contenga una visión a largo plazo y que cuente con el respaldo de todos los actores involucrados en el tema. Esta idea de ar-mar una agenda digital –que fue plantea-da originalmente en el seno de la Comisión por Andrés Hofmann– tiene como modelo el caso de la agenda chilena que fue puesta en marcha por el presidente Ricardo Lagos en el 2004.

En nuestro caso concebimos una agen-da que sea resultado de una gran convoca-toria nacional y que integre las experien-cias, los intereses y las preocupaciones de los diferentes sectores. Pensamos en una agenda que tenga el rango de política de Estado, con plena capacidad para marcar el rumbo que debe seguir el país y articu-lar los diferentes esfuerzos que ya se vie-nen realizando.

El acceso a las nuevas tecnologíasPara lograr este objetivo, el mejor punto de partida es reconocer las coincidencias que ya existen. En mayo, el gobierno federal que encabeza el presidente Felipe Calderón fijó su posición sobre el tema de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND). De acuerdo con el concepto del Desarrollo Humano Sustentable –que es el principio rector del Plan– el acceso a las nuevas tecnologías es considerado como un factor fundamental para construir una sociedad donde exista una verdadera igualdad de oportunidades.

En lo que respecta al mejoramiento de la calidad educativa, el Objetivo 11 del PND señala la necesidad de “impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnolo-gías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacida-des para la vida”. Y como medidas concre-tas se propone la capacitación efectiva de los maestros en el manejo de los dispositi-vos y materiales digitales, el mejoramiento de la conectividad en escuelas, bibliotecas

y hogares y la creación de contenidos ver-daderamente útiles y atractivos para las nuevas generaciones.

Por otra parte, en el capítulo dedicado a la construcción de una economía compe-titiva y generadora de empleos se reconoce que “el desarrollo científico, la adopción y la innovación tecnológica constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienes-tar material de las sociedades modernas” (PND, Estrategia 5.5). Por ello se sugiere la necesidad de fijar políticas de corto, me-diano y largo plazo. Concretamente en el área de telecomunicaciones se anota que

es “imperativo proceder con una agenda activa” que aumente el acceso a los mo-dernos servicios de telecomunicaciones.

Al leer con atención estas estrategias se pueden detectar elementos coinciden-tes con los planteamientos que ha venido haciendo la Comisión Especial de la Cá-mara de Diputados. Se menciona la in-tención de promover la colaboración de actores en todos los niveles de gobierno y de la sociedad para diseñar y desarrollar programas que garanticen un impacto positivo en el acceso a las TIC. Se habla de estimular la competencia entre los pres-tadores del servicio de conectividad para que las tarifas se reduzcan y la calidad del servicio mejore. Se planea promover el desarrollo de la infraestructura para al-canzar una penetración superior al 60% de la población, y generar contenidos de interés y alto impacto para los usua-rios. También se contempla la puesta en marcha de novedosos esquemas de finan-ciamiento para echar a andar proyectos de uso de TIC, y una modernización del marco normativo que rige las operacio-nes en línea para hacerlas más atractivas y seguras.

Gran parte de estas acciones ya han sido recogidas por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, lo que re-presenta un buen punto de partida para sacar adelante la propuesta de la Agenda Digital. El hecho de que se le dé un gran énfasis a la cuestión del acceso a la tecno-logía como signo de equidad social, con una agenda que responda a una visión a largo plazo, transexenal, y en cuya defi-nición y supervisión estén involucrados autoridades, empresarios, académicos y organizaciones ciudadanas, son signos alentadores de lo que puede llegar a ser el futuro digital de México. n

Por Carlos A. Torres Torres

Diputado federal de la LX Legislatura, Presidente de la Comisión Especial

para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos

Gran parte de las acciones planteadas en el PND ya han sido recogidas por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados,

lo que representa un buen punto de partida para sacar adelante la propuesta de la Agenda Digital.


> TEMA CENTRAL

Metas más ambiciosas y un liderazgo empresarial más robusto

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece prioridades claras e

interelacionadas en cinco ejes; mi co-mentario se relaciona con uno de ellos en particular, el eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos.

El plan hace un diagnóstico profundo y plantea estrategias integrales que, bien ejecutadas, cumplirán sus objetivos. Sin embargo, sus metas económicas son con-servadoras y la convocatoria al sector pri-vado podría ser más contundente, porque éste tiene en sus manos la aceleración de la economía.

Una meta vaga y conservadoraLlevamos 25 años esperando que la inser-ción de México a la economía internacio-nal rinda frutos, por lo que es momento de plantearse el crecimiento económico que desactive los brotes de inestabilidad social que hemos experimentado. El PND men-ciona que “el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir los rezagos económicos y so-ciales” (PND, Eje 2, Diagnóstico).

Sin embargo, plantea una meta vaga y conservadora: “Para fortalecer la econo-mía del país, esperamos lograr un creci-miento anual del PIB del 5% al final del sexenio”. Esta meta supone más acumu-lación de rezagos, porque el crecimiento mínimo para que generemos los empleos que requiere el país es de 5% anual.

El plan define, sin ambigüedades, que México ocupará la posición 30 en la com-petitividad mundial para el 2012; esta me-ta exige un esfuerzo intenso en tres direc-ciones altamente relacionadas: inversión, capacidades y productividad.

Quisiera profundizar en dos de los obje-tivos del eje 2 que me parecen más impor-tantes. Por un lado, el Objetivo 5: Promoción de la productividad y competitividad. Por otro, el Objetivo 6: Promoción de las micros, peque-ñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Las estrategias para lograr el Objetivo 5, productividad y competitividad, serán concertadas por una agenda nacional con carácter de Estado, que emanará de com-

promisos del gobierno, el sector privado y la sociedad. Dicha agenda contiene accio-nes para articular cadenas productivas nuevas de alto valor agregado, entre ellas la automotriz y la electrónica, así como para la reconversión de cadenas tradicio-nales, como textiles y vestidos. Asimis-mo, la agenda reconoce iniciativas para mejorar las regulaciones, incluyendo las de la competencia y combate a prácticas monopólicas.

¿Y la innovación tecnológica?Finalmente, una de las estrategias que me parecen de mayor relevancia es la pro-moción de la investigación científica y la adopción e innovación tecnológica: se les reconoce como fuerzas motrices del creci-miento y bienestar material de las socie-dades modernas. Para impulsarlas, el PND marca estrategias de fortalecimiento a la cadena de valor ciencia-tecnología, la vin-culación universidad-industria, el finan-ciamiento de proyectos, la identificación de prioridades nacionales y la inversión en infraestructura.

Sin embargo, el PND hace demasiado énfasis en investigación y desarrollo expe-rimental (IDE), que es una de las actividades asociadas al cambio tecnológico, y trata la dinámica de la innovación de manera su-perficial. Por lo mismo, se identifica la des-vinculación de la investigación con el sector productivo como un problema de alinea-ción de las prioridades de los investigadores académicos, quienes deberían canalizar los recursos de investigación a las prioridades económicas y sociales del país.

Por simple definición, el motor de la in-novación es el mercado; innovación es la introducción al mercado de una invención o la aplicación de mejoras a bienes, servi-cios, proceso o modelos de negocio. Los in-vestigadores no pueden vincularse con el sector productivo si los empresarios no se comprometen a innovar y a diferenciarse de sus competidores. La vinculación no la “empujan” los académicos cambiando sus prioridades; la “jalan” los empresarios ca-nalizando recursos públicos y privados a proyectos orientados al mercado, en don-de pueden participar los investigadores.

El débil liderazgo empresarialLa caída de la productividad y la competi-tividad del país no se asocia solamente a la falta de reformas estructurales y de com-petencia, sino también a un débil liderazgo empresarial, que el PND no señala. En el te-ma referente a las MiPyMEs (Objetivo 6), se subraya la necesidad de cultivar a los em-prendedores, no sólo con financiamiento, sino también con servicios de consultoría y capacitación que están siendo utilizados por gobiernos –como los de la Unión Euro-pea– para cultivar a un empresariado vol-cado a innovar; con servicios de entrena-miento y asesoría en estrategia y gestión de negocios; con administración de procesos de innovación e inteligencia de mercados.

La madurez empresarial es uno de los recursos más escasos y mal distribuidos del país. El PND debería hacer una enérgi-ca convocatoria para que el sector privado la cultive, no sólo en las MiPyMEs sino en empresas de todos los tamaños. n

Por Ricardo Zermeño González

Director General de Select, [email protected]


> ANALISIS Y OPINIÓN

Por segundo año consecutivo, presentamos la

evaluación de las páginas web de los

32 estados del país

Por Rodrigo Sandoval Almazán, J. Ramón Gil-García y Luis F. Luna Reyes

* Sandoval, R. and J. R. Gil-García (2007). Limitations of Evolu-tionary Approaches to E-government. Handbook of Research on Public Information Technology. D. Garson and M. Khosrow-Pour. Hershey PA., IGI-Group.

Ranking de portales estatales, la medición 2007

En el número 29 de Política Digital (abril-mayo de 2006) se publicó por primera vez el Índice de

Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) basado en la me-dición de los 32 portales estatales. El ranking 2006 generó reacciones entre directores de informática, webmasters, consultores, proveedores y políticos en diversas entidades federativas. Esto dio como resul-tado la creación de espacios para discutir las evalua-ciones y el mejoramiento general de los portales.

En las conferencias, talleres y pláticas donde di-mos a conocer la metodología, explicamos nuestra interpretación del modelo evolutivo y compartimos nuestro método con todos los interesados.

con este objetivo genérico, y aporta una visión más completa y con usos diferentes que los de un estudio de usabilidad.

Otra aportación que se hizo en los foros y talleres fue la sugerencia de ponderar de forma diferente cada una de las etapas que conforman la muestra. En los últimos dos años hemos realizado estudios y compa-raciones donde vemos que muchas de esas “etapas” se pueden conceptualizar como componentes y por tan-to no deben ser excluyentes entre sí. Tampoco siguen necesariamente una secuencia lineal comenzando con información y terminando con participación po-lítica (Sandoval Almazán y Gil-García, 2007).*

De esta forma, los cinco componentes (infor-mación, interacción, transacción, integración y participación) son complementarios. El objetivo de agrupar los portales en estos componentes es úni-camente para fines de análisis, corresponde a un momento en la vida del portal y permite observar ciertas características dominantes.

Es preciso señalar que para establecer el pun-taje total se otorga la misma ponderación a todos los componentes, pues para el ciudadano es igual de importante hacer una transacción en línea que encontrar la información requerida. Además, es difícil argumentar que alguno de los componentes es más importante que otro o hacer comparaciones sistemáticas entre los cinco.

También nos comentaron que la medición ha-bía sido realizada por un solo evaluador y que su juicio experto había determinado los resultados en los últimos cuatro años. Como respuesta, se confor-mó un panel de evaluadores para llevar a cabo la presente medición.

Finalmente, queremos agradecer las observacio-nes, críticas y sugerencias de quienes les interesa mejorar este tipo de evaluaciones en beneficio de los ciudadanos.

MetodologíaPara ser comparable en el tiempo, el presente estudio requirió pocas adecuaciones de medición: al cuestio-nario original se le hicieron algunos cambios y sólo se agregó una pregunta asociada con la innovación.

Los foros virtuales organizados por Política Digital generaron una

serie de comentarios y aportaciones interesantes. Quisiéramos responder a

tres de ellas como una forma de introducir el estudio del presente año. En una de las aportaciones se comentó que

ésta metodología no evaluaba la usabilidad de las páginas. En efecto, este estudio no tiene el propósito de medir la usabilidad, sino más bien la calidad o des-empeño del sitio a partir de criterios aceptados y uti-lizados en otros estudios a nivel internacional, y que expertos en diseño consideran que tienen impacto en la calidad de las interacciones con los ciudadanos.

Aunque pueden existir variaciones, considera-mos que los propósitos de todos los sitios de gobierno electrónico se encuentran alineados bajo una mis-ma premisa: utilizar las tecnologías de información para lograr un mejor gobierno y la cercanía con el ciudadano. Por tanto, nuestra medición contribuye


> ANÁLISIS Y OPINIÓN

Un panel de tres doctores con experiencia en el tema analizaron los portales estatales durante el pri-mer semestre del 2007. De esta forma, se logró in-crementar la validez y confiabilidad del estudio, con-siderando el dinamismo y la capacidad de cambio de los portales en un tiempo reducido. Por primera vez, esta evaluación no considera un solo punto en el tiempo, sino tres revisiones realizadas por expertos de forma aleatoria en un periodo de aproximada-mente seis meses. Cada investigador codificó por su cuenta y entregó sus resultados vía electrónica. Se siguió el orden alfabético para visitar los sitios y al final se analizaron todos los datos.

Para validar este análisis se conjuntaron las co-dificaciones –de los tres diferentes evaluadores– y se promedió la calificación asignada a cada rubro.

Posteriormente, se analizó la normalidad estadís-tica para verificar que la media pudiera expresar un resultado válido. Asimismo se compararon los promedios de los evaluadores con el propósito de observar qué tan dispersos estaban sus criterios. Ambas pruebas estadísticas sugieren que los datos son válidos y los promedios son una buena forma de resumir los resultados.

Se visitaron las páginas web de los 32 estados en tiempos límite, de acuerdo con la experiencia del evaluador y con la velocidad que se desplegaba el sitio. Se utilizaron principalmente Internet Explorer y Firefox como navegadores para el análisis.

ResultadosComo puede verse en la Tabla 1, el promedio fue

Rodrigo Sandoval Almazán es profesor investigador de la Universidad Autóno-ma del Estado de México, [email protected]

J. Ramón Gil-García es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas e investigador del Center for Technology in Government en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, [email protected]

Luis F. Luna Reyes es profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas-Puebla, [email protected]

Tabla 1. Índice de Gobierno Electrónico Estatal 2007

Ranking ESTADOS Información Interacción Transacción Integración Participación ÍNDICE

1 Sonora 90.48 70.37 86.67 18.52 13.33 55.87 2 Nuevo León 80.95 62.96 86.67 18.52 26.67 55.15 3 Guerrero 85.71 62.96 66.67 18.52 20.00 50.77 4 Yucatán 80.95 70.37 53.33 22.22 20.00 49.38 5 Tamaulipas 85.71 48.15 73.33 18.52 20.00 49.14 6 Estado de México 85.71 55.56 80.00 18.52 0.00 47.96 7 Guanajuato 85.71 59.26 53.33 22.22 13.33 46.77 8 Baja California 90.48 74.07 40.00 14.81 6.67 45.21 9 Colima 85.71 44.44 60.00 14.81 20.00 44.99 10 Aguascalientes 85.71 70.37 46.67 7.41 6.67 43.37 11 Zacatecas 76.19 44.44 60.00 22.22 13.33 43.24 12 Distrito Federal 100.00 37.04 53.33 11.11 13.33 42.96 13 Sinaloa 85.71 44.44 46.67 22.22 13.33 42.48 14 Quintana Roo 80.95 48.15 53.33 18.52 6.67 41.52 15 Michoacán 85.71 48.15 53.33 11.11 6.67 40.99 16 Veracruz 80.95 37.04 53.33 18.52 13.33 40.63 17 Jalisco 80.95 33.33 66.67 7.41 13.33 40.34 18 Chihuahua 80.95 55.56 40.00 14.81 6.67 39.60 19 San Luis Potosí 80.95 37.04 40.00 18.52 13.33 37.97 20 Morelos 76.19 33.33 46.67 18.52 13.33 37.61 21 Chiapas 80.95 29.63 60.00 14.81 0.00 37.08 22 Oaxaca 80.95 55.56 26.67 14.81 6.67 36.93 23 Puebla 85.71 11.11 60.00 18.52 6.67 36.40 24 Coahuila 66.67 37.04 40.00 18.52 13.33 35.11 25 Querétaro 66.67 37.04 46.67 11.11 13.33 34.96 26 Hidalgo 71.43 25.93 53.33 7.41 13.33 34.29 27 Campeche 61.90 40.74 33.33 11.11 13.33 32.08 28 Durango 64.29 25.93 26.67 7.41 13.33 27.52 29 Nayarit 80.95 14.81 6.67 11.11 13.33 25.38 30 Tlaxcala 52.38 29.63 6.67 11.11 13.33 22.62 31 Tabasco 47.62 14.81 20.00 11.11 13.33 21.38 32 Baja California Sur 33.33 7.41 33.33 3.70 0.00 15.56

Promedio General 77.46 42.71 49.17 14.93 11.88 39.23



de 39.23 puntos, cifra que supera a la obtenida en 2006 (32.76 puntos). Sin embargo, algunas califi-caciones individuales bajaron. Por ejemplo, el año pasado el mayor puntaje fue 69.46 puntos (Sonora). Este año, el mismo estado –nuevamente en primer lugar– obtuvo 55.87 puntos (aproximadamente 13 puntos menos).

Información. En este componente la media fue de 77.46 puntos, 22 estados (68.7%) se encuentran bien desarrollados en esta etapa. La entidad que más puntos obtuvo en este rubro fue el Distrito Federal, seguido de Sonora, Baja California, Estado de Méxi-co, Tamaulipas y Guerrero.

Interacción. Este componente se refiere al diá-logo en línea con los ciudadanos –mediante chats,

correo electrónico, etc.– y su promedio fue de 42.71 puntos. Baja California fue el estado que más puntos obtuvo, y empatados en segundo lugar se posicio-naron Sonora, Aguascalientes y Yucatán; Guerrero ocupó el tercer sitio.

Transacción. El promedio de este componen-te fue de 57 puntos y nueve estados se encuentran por arriba de él. El desarrollo de las transacciones en línea continúa incipiente, igual que en medicio-nes anteriores. Dos estados están empatados en el primer lugar: Sonora y Nuevo León. Les siguen el Estado de México, Tamaulipas y Guerrero.

Integración. En este componente, que busca evaluar la fluidez de los sitios dada la integración virtual de todos sus servicios, se obtuvo un promedio de 18.21 puntos. Cinco estados alcanzaron esta ci-fra, destacan en primer lugar Zacatecas, Guanajua-to, Yucatán y Sinaloa, seguidos de Nuevo León, So-nora y Estado de México.

Participación Política. En este rubro el pro-medio fue de 13.89 puntos y sólo cinco estados lo-graron posicionarse por arriba de él. Se trata de un puntaje bajo que muestra la necesidad de impulsar más este aspecto en todos los portales. Destaca el estado de Nuevo León, que alcanzó la mejor califi-cación: 26.67 puntos. En segundo lugar están em-patados Yucatán, Tamaulipas, Guerrero y Colima, con 20 puntos.

En cuanto a la movilidad de los portales estata-les, el 43% –14 en total– bajaron cuando menos un lugar en comparación con el ranking de 2006. En cambio, el 53% –17 portales – subieron cuando menos un lugar comparado con el año pasado. Sólo uno, Sonora, se mantuvo en la misma posición en ambas mediciones (Ver Tabla 2).

El estado que más lugares ganó fue Guerrero, que en el ranking 2006 quedó en el lugar 32 y en esta medición se ubicó en el tercer sitio. En contraste, Hidalgo pasó del octavo lugar en el 2006 al lugar 26 en la medición de este año. Esta movilidad destaca que la mayoría de los portales estatales han operado cambios en sus sitios para mejorarlos.

La movilidad se obtiene por los puntos obtenidos. De esta forma, los que subieron en el rango no sig-nifica que obtuvieron más puntos este año que en el pasado –de hecho, el promedio general bajó como comentamos líneas arriba–, sino que los tres evalua-dores calificaron así el desempeño de los sitios.

ConclusionesLos resultados consignados en esta evaluación re-flejan la experiencia y el conocimiento especializado de los tres evaluadores. Con la finalidad de capturar la complejidad y el dinamismo de los portales, las mediciones se llevaron a cabo de forma aleatoria du-rante un periodo de aproximadamente seis meses y los resultados generados por los tres investigadores se agregaron de manera sistemática. Adicionalmen-te, se hicieron dos pruebas estadísticas para validar los datos y los resultados que aquí se presentan.

Cabe señalar que poco más de la mitad de los esta-dos subieron en el ranking. También destaca que sólo uno de ellos pudo mantenerse en la misma posición.

Este estudio es una muestra de un análisis cuan-titativo. Para tener una visión más completa, es necesario complementarla con un análisis cualita-tivo de los sitios y desarrollar más modelos claros y transparentes de medición. El gobierno electrónico ofrece grandes promesas y es necesario comenzar a evaluar los resultados reales que se están obtenien-do. El Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) presentado aquí es un esfuerzo en esta dirección y esperamos que coadyuve al mejoramiento del go-bierno electrónico en general y de los portales esta-tales en particular. n

Tabla 2. Movilidad 2006-2007Los que bajan Lugares - Los que suben Lugares +Hidalgo 18 Guerrero 30Morelos 16 Quintana Roo 15Chiapas 15 Colima 13San Luis Potosí 12 Guanajuato 11Sinaloa 11 Chihuahua 9Tabasco 11 Tamaulipas 8Michoacán 10 Baja California 7Baja California Sur 7 DF 7Campeche 6 Yucatán 6Jalisco 6 Coahuila 6Oaxaca 6 Aguascalientes 4Tlaxcala 4 Estado de México 3Querétaro 2 Durango 3Nayarit 1 Nuevo León 1 Zacatecas 1 Veracruz 1 Puebla 1

Un panel de tres doctores con

experiencia en el tema analizaron los portales estatales durante el primer

semestre del 2007.Este año, el Índice de Gobierno Electrónico

Estatal promedió 39.23 puntos, cifra

que supera a la obtenida en 2006

(32.76 puntos).



Pago electrónico, impulsor de la formalidad económica

Con referencias de México y

otros países, el autor muestra los beneficios

que han tenido los gobiernos al establecer

incentivos fiscales que

promueven el uso del dinero

plástico

Por Salvador Pérez-Galindo

El problema de la informalidad económica en México y en el mundo ha sido un tema de deba-

te en la agenda pública desde hace varios años. Por el término “informalidad económica” nos referimos no necesariamente a actividades de carácter ilícito, sino a actividades económicas legítimas que no son debidamente reportadas para efectos del pago de im-puestos o en general para efectos de cumplir normas u obligaciones legales.

La informalidad económica afecta, en mayor o menor medida, a todos los países del mundo, pero en buena parte se relaciona con el nivel de desarrollo económico y el ingreso per cápita. Si bien es difícil de medir con precisión, se estima que la informali-dad en los países en vías de desarrollo como México puede llegar a representar hasta una tercera parte del PIB, según datos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Ante la dimensión del problema, los gobiernos han asumido la necesidad de combatir la informalidad económica y las causas que la generan y perpetúan. Contrario a lo que pudiera pensarse, la informalidad económica no es algo que se resuelve fácilmente como resultado de un mayor crecimiento y desarrollo eco-nómico. En la práctica se ha visto que esto requiere ac-ciones de política pública y una de ellas puede ser pro-mover la migración a medios de pago electrónicos.

Relevancia de los medios de pago electrónicosSi bien las tarjetas de crédito han existido en el mercado por cerca de 50 años, su ubicuidad como medio de pago ha crecido en la última década tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. También se ha extendido su uso como medio de pago y no sólo para disposición de efectivo.

En contrapartida, el uso del cheque ha caído dra-máticamente, sobre todo en países que lo usaban como medio de pago tradicional (Estados Unidos y Brasil, por ejemplo).

Estas tendencias reflejan los beneficios derivados en términos de mayor eficiencia, conveniencia y se-guridad tanto para los consumidores como para el co-mercio que acepta estos medios de pago. Sin embargo, tales beneficios trascienden los ámbitos particulares y se han convertido en factores clave para fortalecer las economías nacionales. En efecto, hoy en día es ya casi un consenso universal entre las autoridades los

beneficios que pueden generar estos medios de pago en términos de reducir los costos transaccionales de una economía, estimados en ahorros equivalentes entre 1% y 3% del PIB de un país.1

Tal vez uno de los mejores ejemplos de lo que esto puede significar para la consolidación de una econo-mía es la experiencia de la Unión Europea, la cual ha acompañado la introducción de una nueva moneda única paneuropea –el euro– en 2002 con el lanza-miento en paralelo de un ambicioso proyecto de inte-gración de medios de pago electrónicos que se conoce como el proyecto SEPA (Single Euro Payments Area).

Como resultado de este proyecto, a partir del 1º de enero de 2008 se integrarán las operaciones de tarje-tas de crédito y débito en todos lo países de la Unión Europea (no sólo la zona euro) para llegar al 2010 con una plena integración panregional de los medios de pago electrónico. La propia Comisión Europea es-tima que esto permitirá generar ahorros de entre 50 mil y 100 mil millones de euros anualmente.2

Hoy en día, la migración de medios de pago tra-dicionales basados en papel, como el efectivo y el cheque, a medios de pago electrónico son ya una re-comendación de política pública por parte del Ban-co de Pagos Internacionales de Basilea, que ha sido también plenamente asumida por bancos centrales en varias partes del mundo, incluyendo México.3

En suma, los medios de pago electrónicos se han convertido en una herramienta muy útil y efectiva de política pública para no sólo modernizar las eco-nomías y los sistemas de pago, sino también para combatir la informalidad y bancarizar segmentos de la población que siguen usando mayoritariamente dinero en efectivo. Cabe entonces preguntarse: ¿có-mo pueden los gobiernos apoyar más decididamen-te y de manera efectiva esa migración a medios de pago electrónicos?

La experiencia internacionalUno de los casos paradigmáticos en el uso de incen-tivos gubernamentales para apoyar la migración de medios de pago electrónicos es Corea del Sur. Tras la

1 Ver David Humphrey, Magnus Willenson, Ted Lindblom y Goran Bergendahl, “What does it cost to make a payment?”, en Review of Network Economics, Vol. 2, núm. 2, junio 2003.2 Comisión Europea, Interim Report I. Payment cards. Abril, 2006.3 Banco de Pagos Internacionales, Orientaciones generales para el desarrollo de un sistema nacional de pagos, 2006.

Salvador Pérez-Galindo es Vicepresidente para Asuntos de Gobierno en Visa International Región América Latina y el Caribe,[email protected]



fuerte crisis económica de 1997, las autoridades de este país decidieron incentivar el uso de tarjeta entre los consumidores y su aceptación entre el comercio como un vehículo para reactivar la economía y a la vez formalizar la economía y mejorar el recaudo tri-butario (ver Tabla 1 para mayores detalles).

Los resultados fueron significativos, pues en me-nos de una década Corea del Sur pasó de ser uno de los países con menor penetración de medios de pago electrónicos y mayor uso de efectivo a uno de los más penetrados y con mayores niveles de aceptación de tarjetas, con una infraestructura que, medida en tér-minos del número de habitantes por Terminal Punto de Venta, supera a Estados Unidos.4 En términos de in-formalidad económica, algunos estudios indican que ésta cayó: de representar 16% del PIB en el período 1993-1997 a sólo 11% en el período 1998-1999.5 Lo anterior a pesar de la recesión económica inmediata asociada a de la profunda crisis financiera de 1997.

En América LatinaSin embargo, la experiencia de Corea del Sur no es la única y América Latina se ha convertido ya en un caso interesante. En esta región, la experiencia pio-nera ha sido la de Argentina, que al igual que el caso coreano, está asociada a los efectos de una crisis eco-nómica. Nos referimos en particular al abandono del tipo de cambio fijo a fines de 2001 y la profunda crisis económica-financiera que desató. Ante el re-tiro masivo de depósitos bancarios, las autoridades argentinas instrumentaron drásticas medidas para evitar estos retiros –el llamado “corralito”– y evitar una quiebra masiva en el sector bancario.

Entre las medidas instrumentadas a fines de 2001 se incluyó un incentivo para aumentar el uso de tarjetas de débito vía devolución de cinco puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado. Esto significó una reducción en la tasa efectiva de IVA del 21% al 16%. En paralelo, se extendió al comercio un incentivo para bonificar hasta una tercera parte de los costos operativos asociados a la terminal que permite procesar dichas transacciones. De manera explícita, en el decreto de devolución del IVA las au-toridades reconocieron la intención de combatir la evasión fiscal mediante “la progresiva bancarización de las transacciones de consumo masivo”.6

Posteriormente, en 2003 las autoridades argentinas extendieron el beneficio de devolución del IVA a las tarje-tas de crédito, aunque con un monto menor al de débito: tres puntos porcentuales, es decir, una reducción en tasa efectiva del IVA de 21% a 18%. Desde entonces, el esque-ma de devolución de IVA por uso de tarjeta crédito y dé-bito se ha venido renovado anualmente y las autoridades han mostrado su satisfacción por los logros alcanzados.

En mayo de 2006, ante un foro de expertos de la in-dustria de tarjetas, el titular de la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP) reconoció públicamente la contribución que esta medida ha tenido para reducir la tasa de evasión del IVA de un 34.8% en 2002 a 24.8% en 2004. Más aún, sugirió el carácter progresivo de esta medida al hacer posible ampliar la reducción del IVA por hasta 15 puntos porcentuales para los segmentos de la población que reciben subsidios sociales y que mediante tarjetas de débito son elegibles de este beneficio adicional. Igualmente destacó el potencial de este instrumento para desarrollar estrategias fiscales por regiones, segmentos de actividad económica o incluso estacionalidad.7

Colombia es otro país de la región que ha instrumen-tado desde 2004 un esquema similar de devolución de IVA por uso de tarjetas crédito y débito. A diferencia del caso argentino, el beneficio es igual para ambos tipos de tarjeta y consiste en devolver dos puntos porcentuales sobre una tasa máxima de IVA del 16%. Por desgracia, no hay estadísticas públicas que permitan observar el efecto que esto ha tenido en la informalidad, pero lo cierto es que las autoridades han mostrado su pleno respaldo a esta medida.

4 Cabe mencionar que haber privilegiado uso de tarjetas de cré-dito en una economía donde no había un buró de crédito bien establecido ni medidas prudenciales adecuadas entre los bancos también trajo como consecuencia un severo problema de sobre-endeudamiento entre los consumidores y de cartera vencida entre los bancos. Este problema se minimiza en la medida en que existan buróes de crédito bien desarrollados. 5 Namgyoo Park, Research on the Effects of the Credit card In-dustry on the Korean Economy, estudio comisionado por Visa International, abril 2006.6 República Argentina, Decreto Ejecutivo 1387/2001,l 11 de noviembre de 2001.

7 Presentación del Dr. Alberto Abad en la VIII Conferencia Interna-cional de Servicios Visa para Gobiernos, Buenos Aires, 31 de mayo de 2006.

Consumidores

Empresas

Comercio

Segmento Tipo de incentivo

• Deducciones en impuesto sobre la renta por gasto con tarjeta de crédito y débito*

• Participación en loterías o rifas mensuales

• Obligación de usar tarjetas corporativas para deducir impuestos asociados a gastos de representación cuando estos superen el equivalente a 40 dólares.

• Devolución del 10% del impuesto sobre los ventas cuan-do se realicen compras con tarjeta

• Obligación de aceptar tarjetas cuando las ventas anuales superen los 18,000 dólares

• Devolución del 10% del impuesto sobre las ventas cuan-do se realicen compras con tarjeta

Tabla 1. Incentivos fiscales usados en Corea del Sur

*El esquema de deducciones en el impuesto sobre la renta ha variado en el tiempo. Cuando fue inicialmente introducido en 1999 contemplaba sólo tarjeta de crédito y en 2004 fue ampliado a tarjeta de débito. En 2005 se puso un límite de deducibilidad fiscal de cinco mil dólares anuales por consumo en el caso de la tarjeta de crédito.



Más recientemente, a fines de 2005 el Congreso en Uruguay aprobó una nueva ley efectiva a partir del 1º de enero de 2006 mediante la cual se devuelven nuevos pun-tos porcentuales de una tasa general de IVA del 24%, pero que, a diferencia de los otros casos, sólo aplica al segmento turístico. Esto se debe fundamentalmente a que este seg-mento ha sido identificado como de alta informalidad y por tanto estratégico para las autoridades tributarias.

“Boletazo”, la versión mexicanaAdicionalmente a estas medidas de devolución del IVA cabe mencionar la existencia de loterías fiscales u otro tipo de incentivos fiscales instrumentados en América Latina y que están dirigidos a incrementar el uso de tar-jetas. En el caso de las loterías, México tiene sin duda el programa más acabado y de carácter permanente en la región: el llamado “Boletazo”.

Este programa, que inició en 2003 como un esfuerzo conjunto de las autoridades y la iniciativa privada, ha formado parte de una estrategia integral para expandir el uso y aceptación de medios de pago electrónicos en un país como México, caracterizado por el alto uso de dinero

en efectivo. También existen loterías fiscales en otros países de la región, incluyendo Costa Rica, Repúbli-ca Dominicana y el propio Uruguay, y aunque su instrumentación varía en cada caso, lo interesante es el valor percibido por las autoridades tributarias para combatir la informalidad económica.

Otro tipo de incentivos fiscales más selectivos se intrumentaron en México en 2005 para hacer obligatorio el uso del medio de pago electrónico en consumo de combustibles para hacer deducible en el pago del impuesto sobre la renta. Esta medida obedecía a la necesidad de atender un problema de informalidad en el segmento, particularmente en gasolineras, asociado a la evasión de impuestos de-rivada de las ventas clandestinas del combustible. La aceptación de tarjetas en este segmento era casi nu-la, pero gracias a esta medida, creció drásticamente y en septiembre de 2006 las autoridades reportaban cerca de cuatro mil 700 estaciones de servicio que aceptaban pagos con tarjeta, esto es, más del 60% de las casi siete mil 500 estaciones reportadas en todo el país.8

Evidentemente, existen otros países en la región con problemáticas similares de informalidad en el segmento de combustibles que pudieran beneficiarse de este tipo de medidas. En Brasil, por ejemplo, se re-porta que casi la mitad del etanol que se vende para uso vehicular evade impuestos.9 Medidas similares pudieran aplicarse a otros segmentos de alta infor-malidad y muy poca aceptación de medios de pago electrónico, incluyendo los servicios que prestan pro-fesionistas independientes. En este caso, los ingresos recibidos con pagos electrónicos por profesionistas en estos segmentos pudieran sujetarse a algún tipo de beneficio fiscal para beneficiar todas las partes in-volucradas. En suma, como se sintetiza en la Tabla 2, los incentivos para migrar a medios de pago electró-nicos pueden ser múltiples y muy variados.

Comentarios finalesLa migración a medios de pago electrónicos es un proceso inevitable asociado a la modernidad econó-mica. Sin embargo, el grado de avance y penetración de los mismos puede acelerarse mediante ciertas po-líticas públicas. Los beneficios sociales que de ella se derivan pueden ser de gran beneficio para combatir los sempiternos problemas de informalidad econó-mica que aquejan a muchos países en América La-tina. La evidencia preliminar indica que hay una gran oportunidad para potenciar estos beneficios mediante incentivos fiscales. n

8 Gaceta Parlamentaria, Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite observaciones del Presidente de la República al Decreto por el que se deroga el párrafo segundo de la fracción iii Del Artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 1 de septiembre de 2006.9 The McKinsey Quarterly, Reining in Brazil’s informal economy, p. 3, enero 2005.

Argentina

Colombia

Costa Rica

Dominicana

México

Uruguay

País Tipo de incentivo Funcionamiento

• Devolución de IVA a tarjetahabientes

• Bonificación de costos de Terminal para el comercio


• Lotería fiscal

• Lotería fiscal

• Lotería fiscal

• Deducibilidad sobre impuesto sobre la renta


• Lotería fiscal

• Cinco puntos porcentuales para tarjeta débito y tres puntos porcentuales para crédito sobre una tasa del IVA de 21%

• Una tercera parte del costo de la Terminal es deducible para efectos del pago de IVA

• Dos puntos porcentuales para tarjetas crédito y débito sobre una tasa máxima de 16%

• Programa a cargo de gobierno• Carácter temporal


• Programa conjunto industria-gobierno • De carácter permanente

• Para consumos de combustible

• Nueve puntos porcentuales para tar-jetas crédito y débito sobre una tasa máxima de 24%

• Aplica solamente en segmento turismo


Tabla 2. Incentivos fiscales en América Latina



Las asociaciones públicas-privadas

Debido a que los gobiernos se asocian cada vez más con la iniciativa privada para rea-

lizar su trabajo, los roles y responsabilidades de las redes se extienden y vuelven más complejas. Los gobiernos deben mirar hacia delante y des-plazar su actividad desde la administración de los procesos para la provisión de servicios, hacia el control de valores públicos tales como la trans-

parencia y la rendición de cuentas. De este modo, los funcionarios enfrentan dos retos: proteger los valores de la ciudadanía y cumplir con las políticas públicas que se propusieron implantar.

No cabe duda que las privatizaciones proliferan en todos los niveles del sector público. En los subur-bios estadounidenses abundan cada vez más los ve-cindarios privados y empiezan a aparecer, incluso, municipalidades completamente privadas; y en los centros de las ciudades, la renovación urbana se apoya cada vez más en asociaciones públicas-pri-vadas como la Anacostia Waterfront Corporation, en Washington, D.C.

En el nivel estatal varios gobernadores animan la participación del sector privado para financiar el desarrollo y mantenimiento de infraestructura. Mientras tanto, Illinois, Texas, Michigan y Nueva Jersey, entre otros estados, analizan la posibilidad de vender sus loterías de beneficencia a compañías privadas. Estas iniciativas generan oportunidades y retos sustanciales: diseñar contratos que produzcan valor público para los contribuyentes.

El outsourcing que realiza el gobierno federal es-tadounidense se ha generalizado, aunque también abundan las dificultades. Piense por ejemplo en los abusos de los contratistas en Irak, las dificultades que ha tenido la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y la Ad-ministración de Servicios Generales (GSA, sus siglas en inglés), el Centro Médico Walter Reed y las com-plicaciones del otrora alabado programa Deepwater de la Guardia Costera.

Muchas de estas privatizaciones no se entende-rían en la época Thatcher/Reagan, porque son de

diferente índole. Hoy los líderes más innovadores se asocian con el sector privado y con organizaciones sin fines de lucro para solucionar creativamente pro-blemas públicos sumamente complejos de resolver.

Conducir estas privatizaciones por el camino adecuado –con más éxitos y menos fallas– es viable, pero requiere de una dirección de rigor y diligencia por parte de los funcionarios públicos.

Los principios que animan estas sociedades públi-cas-privadas de vanguardia son: tratar a los emplea-dos con justicia y sabiduría; controlar los resultados en vez de los procesos; establecer puntos de referen-cia y comparaciones desde el inicio de los proyectos; cuidar la tensión que se da entre flexibilidad y rendi-ción de cuentas; y asegurar un monitoreo efectivo y transparente del contrato con el proveedor.

El caso de IndianaIndiana es un estado cuyos valerosos y creativos esfuerzos ofrecen tres nuevas lecciones para todos aquellos que están planeando soluciones a gran es-cala basadas en el mercado, para cumplir con las crecientes demandas de sus electores.

La oficina del gobernador Match Daniels diseñó un contrato de largo plazo que permitiera generar fondos para la construcción de carreteras. Así, sub-contrató a una empresa privada para que proveyera servicios de salud pública; destinó parte de la ad-ministración para asistir a los indigentes; y formó una coalición de empresas lideradas por IBM para modernizar buena parte de la administración públi-ca, entre otras iniciativas. ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Indiana?• Primero: Recuerde siempre que lo perfecto es el

enemigo de lo bueno. Mientras más frecuentes son las transformaciones como las de Indiana, más común es la tentación de excederse; los megaproyectos requieren, como cualquier otro, de los límites que impone el sentido común. En Indiana decidieron enfocarse primero en moder-nizar los procesos de negocio –nada de nuevas normativas, ni nuevos sistemas de cómputo.

Por Stephen Goldsmith

La contratación de servicios por parte del sector público

está en boga en todo el mundo, mientras

aquí apenas comienza. Basado en una serie de audaces

iniciativas de este tipo llevadas a cabo en Estados Unidos,

el autor rescata algunas lecciones

que nos pueden servir a todos



Aunque algunos de estos cambios hubieran sido deseables e inevitables, su posposición le permitió al gobierno estatal invertir sus recursos administrativos y financieros disponi-bles en el área que consideraba más importante.

• Segundo: En la actualidad, el capital humano de los go-biernos es deficiente en cuanto a ciertas habilidades que deberían tener los altos mandos. Se requiere de expertos en asuntos tales como el análisis de riesgos, adquisiciones, negociaciones y monitoreo de contratos. En Indiana se con-trataron consultores para realizar auditorías, para medir el gasto y el rendimiento de sus nuevos sistemas, y contrata-ron a consultores y abogados para ayudarles a negociar con las empresas privadas; finalmente, invertirán millones cada año en una firma externa sólo para monitorear un contrato de un billón de dólares.

• Tercero: Debe negociar su alianza como un juego de suma de positivos. Una verdadera asociación requiere que las dos partes se beneficien, pero con frecuencia los funcionarios públicos enfocan el proceso de adquisiciones –especialmen-te cuando se están negociando los contratos– de manera confrontada. En realidad, no sólo ambos socios necesitan ganar para que el sistema funcione, sino que los contratis-tas tendrán más incentivos para asegurar un buen rendi-miento y para invertir durante la vida del proyecto si ven en ello un beneficio. Desde el principio los funcionarios de Indiana adoptaron un tono colaborativo y colegiado en la relación del Estado/proveedor y comunicaron este enfoque a todo su equipo.El alcance y las reglas de estas privatizaciones continuarán

evolucionando. Aunque es riesgoso en ocasiones, es en este espacio donde ocurrirá la verdadera innovación. Y, en última instancia, la innovación es la razón por la que los funcionarios deberían considerar asociarse con el sector privado. n

Stephen Goldsmith es Director del programa Innovation in American Government en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Este artículo se reproduce por un convenio entre el Ash Institute –que forma parte de la Kennedy School of Goverment– y Política Digital. Usted puede unirse a esta red global en el sitio www.innovations.harvard.edu, [email protected].

Las privatizaciones proliferan en todos los niveles del sector público. En los suburbios estadounidenses abundan cada vez más los vecindarios privados y empiezan a aparecer, incluso, municipalidades completamente privadas.



En la convergencia tecnológica han

surgido conceptos como estos

que conviene comprender bien

para no quedar “fuera de la jugada”

Adriana Vizcaíno Suárez es Ejecutiva de Comunicación

Institucional del Grupo Scotiabank,

[email protected]

Por Adriana Vizcaíno

La convergencia ha traído como resultado que la industria de telecomunicaciones adopte la

tecnología de Internet para proveer servicios más baratos y eficientes. En estas redes todo viaja en for-ma de “paquetes” de datos codificados que utilizan el Protocolo de Internet o IP. Este sistema puede ser empleado para conversaciones telefónicas, texto, mensajes de fotos, llamadas de video y canales de televisión, etc.

La tecnología IP ha madurado hasta el punto de ofrecer estos servicios con eficiencia y confiabilidad. La meta final es tener una única infraestructura IP. Así, las nuevas redes de convergencia serían de “ac-ceso agnóstico”, es decir, una sola red podría tener una variedad de dispositivos conectados a través de diferentes tecnologías: móviles conectados a esta-ciones base, televisiones o computadora a través de banda ancha o enlaces Wi-Fi, etc.

Lo anterior tiene dos ventajas principales: la primera es reducir los costos al aprovechar una arquitectura más simple y las economías de escala asociadas con estándares de Internet. Por ejemplo, BT espera que sus costos operativos caigan 30% una vez que su nueva Red del Siglo 21 (21CN) sea completada en 2009. La segunda ventaja es que, en teoría, nuevos servicios serían agregados mucho más rápido y fácilmente, sin la necesidad de añadir ninguna nueva infraestructura de redes.

Juego cuádruple, más que el triple playEn el mercado de la convergencia cualquier empresa que ofrezca un flujo IP a clientes a través de sus redes puede ofrecer servicios de telefonía fija o móvil, Inter-net y televisión por cable. Los operadores consideran que ofrecer muchos de estos servicios juntos es una estrategia ganadora, y la llaman “juego cuádruple”.

Qué son las redes de acceso agnóstico y

el juego cuádruple



Los operadores consideran que ofrecer los cuatro servicios juntos como un paquete incluido es más con-veniente para los clientes, sobre todo porque obtienen atractivos descuentos. Otra ventaja de los paquetes in-cluidos es que se reducen los costos de publicidad, adqui-sición y otros costos de mercadotecnia, pues los servicios pueden ser publicitados bajo una sola marca.

¿Dónde está la demanda?Críticos de la convergencia señalan que los operadores se están apresurando a proveer nuevos servicios aun-que la demanda de los consumidores no está clara y la tecnología es aún inmadura. Las firmas participantes de la convergencia (operadores de telefonía fija o móvil, proveedores de Internet y de televisión por cable) deben asegurarse que el Departamento de Tecnología no dirija al Departamento de Mercadotecnia.

Y aunque ya existe demanda para los nuevos ser-vicios disponibles con la convergencia, ésta todavía es muy pequeña. De acuerdo con la firma consultora Forrester Research, a finales del 2006 sólo 1% de los consumidores en Italia, 8% de los de Francia y 10% de Gran Bretaña habían adquirido paquetes que incluían línea fija, Internet de banda ancha y televisión.

Asimismo, 44% de los consumidores europeos mencionaron no estar interesados en este tipo de pa-quetes, aunque 49% lo consideraría de haber un buen descuento. Pero si los operadores tienen que ofrecer descuentos para que los usuarios se inscriban a sus paquetes, será más difícil justificar la construcción de nuevas redes de convergencia.

Ingresos a largo plazoLa convergencia promete a los operadores defenderse hoy de sus propios competidores y, a la vez, generar nuevos ingresos el día de mañana. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia del Economista, 80% de los líderes de firmas de telecomunicación consideran esencial abrazar la convergencia en los próximos tres años como una fuente de crecimiento de sus ingresos a largo plazo.

Los mercados y servicios más prometedores en este sentido son la convergencia de voz/datos, la telefonía fi-ja/móvil, y la de medios y firmas de telecomunicación. De las tres, la primera es la más madura y Skype, el servicio de llamadas por Internet, es un claro ejemplo del poder de la convergencia para reconfigurar la industria. n

La meta final es tener una única infraestructura IP, para que puedan

convivir dispositivos móviles conectados a estaciones base, televisiones

o computadoras a través de banda ancha o enlaces Wi-Fi.


> GOBIERNO FEDERAL

e-México pone la mira en ciudades digitales

Durante la presidencia de Vicente Fox, uno de

los programas federales más publicitados fue e-México, que tenía el ambicioso objetivo de ter-minar el sexenio con 10 mil Centros Comunitarios Digitales (CCDs) distribui-dos en todo el país para facilitar el acceso a internet para poblaciones marginadas.

Es innegable que los programas orientados a reducir la brecha digital son necesarios porque pueden tener un gran impacto social. Y más allá de las buenas intenciones de e-México y del bene-ficio que ha llevado a comunidades desfavorecidas, también es cierto que ese primer esfuerzo tiene al-gunas debilidades.

El principal problema al llevar tecnología a co-munidades marginadas es que debe ir acompañada de otros componentes como capacitación, soporte y transmisión de conocimientos, que le den sustento al modelo operativo, además del esquema financie-ro que lo mantenga funcionando y que lo haga sus-tentable. Una tarea a todas luces complicada.

Alejandro Hernández, quien trabajó en la fundación UNETE antes de tomar el cargo como coordinador del Sistema Nacional e-México, de-lineó un nuevo proyecto que busca abordar con una perspectiva diferente la forma de acercar la tecnología a la población.

Cambios en la estrategiaEn el nuevo paradigma de e-México, las universida-des estatales y los gobiernos estatales se encuentran al centro de un modelo orientado a crear ecosistemas digitales más adecuados a las realidades locales.

La lógica es que son las universidades las que generalmente se ubican en la vanguardia tecno-lógica, con redes de alta velociad, centros de datos y departamentos de desarrollo de sistemas. Ade-más, “conocen muy bien sus entidades, tienen una

responsabilidad social con sus comunidades, son centros de conocimiento y siempre están buscando formas de vincularse a los problemas comunita-rios”, comentó Hernández.

El cambio consiste en llevar diversos modelos de ciudades digitales que puedan adoptarse se-gún las diferentes realidades regionales del país. El Sistema Nacional e-México trabajaría con los estados para elegir el esquema más adecuado, con el fin de crear y desarrollar redes en las que se liguen los diversos esfuerzos sociales como salud, educación o gobierno.

“En México hay muchas iniciativas (de Ciuda-des Digitales) y lo que estamos por definir es un modelo que consiste en una canasta básica de ele-mentos que ayuden a acercarse a la Ciudad Digital, haciendo cambios a lo que ya existe o adoptando tecnologías. Lo que buscamos es que las TI ayuden a transformar las cosas que se hacen en cuanto a los servicios más básicos que brinda el gobierno”, explicó Hernández.

El camino, dijo, sería a través de los estados y sus universidades, porque es impensable desarro-llar los proyectos directamente con los municipios, por los recursos e infraestructura que supondría una tarea de ese tipo. Lo cierto es que para lograr un verdadero impacto comunitario debe incluirse a los ayuntamientos.

En términos de contenidos, el Sistema Nacional e-México no abandonará sus cuatro ejes transversales: e-Salud, e-Aprendizaje, e-Economía y e-Gobierno. Su objetivo será “bajar esos ejes a las comunidades”.

Alejandro Hernández, el nuevo coordinador del Sistema Nacional e-México, esboza cuál será la estrategia para continuar este programa y darle sustentabilidad


> GOBIERNO FEDERAL

Las Ciudades Digitales o Sociedades de la In-formación son conceptos abstractos –sin una fór-mula ni destino claros– que pueden desarrollarse con la participación de ciudadanos y empresas, no sólo como consumidores de contenidos globa-les, sino como generadores de contenidos locales, dijo el entrevistado.

Por lo tanto, “vamos a desarrollar estrategias que permitan desarrollar el concepto e-Mexico. Hay que hacerlo con rapidez y la única foma es movilizando a todos los sectores hacia un objetivo común. El go-bierno no puede hacerlo solo”, indicó Hernández.

El otro modelo continúaAún cuando se creará un modelo diferente para reducir la brecha digital e incrementar el impacto de las TI en las comunidades, esto no significa que

se vaya a desechar el esquema manejado por la anterior administración.

Hernández aseguró que al concluir la cuarta red de conectividad –se esperaba que en agosto estuviera lista– habrían nueve mil 200 CCDs co-nectados por las antenas de e-México.

Esto significaría que no se cumplieron con las metas planteadas por el anterior gobierno, sin em-bargo Hernández consideró que no es tan sencillo el asunto, porque hay reaperturas o reacomodos de centros. Además, conforme llega la conectividad alámbrica –en particular los servicios DSL, que

ofrecen mejor costo/beneficio que la conectividad satelital– a zonas donde antes no había, se agregan o desagregan puntos de la red.

La confusión sobre si se alcanzó o no la cifra de 10 mil CCDs refleja uno de los problemas relaciona-dos con este primer modelo de e-México, porque an-tes que nada el Sistema Nacional e-México es un ISP social que provee conectividad donde no la hay.

Y aunque fue este mismo organismo el que propuso un esquema de operación de los CCDs, la responsabilidad de estos es de las dependencias. “Ha habido una confusión o una asociación no correcta de los programas a e-México. Hay que desagregarlos para que cada programa tenga su independencia”, dijo el funcionario.

Aclaró que una cosa es e-México como proveedor de infraestrucutra, y otro el

concepto abstracto de sociedad de la información mexicana, que sirve como una especie de marca en la que se agrupan diversos programas orientados a combatir la brecha digital. Por esta razón, Hernán-dez aseguró que se relanzará el concepto e-México para que exista una asociación más correcta del objetivo que tiene el programa.

Hernández reiteró que la conectividad satelital de e-México se continuará ofreciendo en zonas donde todavía no existan mejores opciones. “De esa forma se genera demanda para que los operadores priva-dos lleven su oferta a dichas zonas”. n (MGC)

El nuevo paradigma que pretende alcanzar e-México sin duda es interesante, aun-que todavía está en marcha el proceso de análisis para crear un modelo general

que permita comprender cómo trabajará.Algunos aspectos ya están claros: e-México tratará directamente con los estados y

estos a su vez con los municipios. Sin embargo, ¿cómo se harán estos acercamientos con las entidades?, ¿qué canales de comunicación se seguirán? Todavía no se sabe, aunque Alejandro Hernández remarcó que no se manejará como algo impositivo. Por el contrario, aseguró que el espíritu es trabajar en conjunto, en una dinámica basada en la retroalimentación.

El esquema es complejo porque contempla la participación de la iniciativa privada e instituciones académicas. Será necesario definir perfectamente las responsabilidades de cada parte involucrada para que el proyecto sea transparente y se garantice la operabilidad.

Asimismo, debemos esperar un escenario más definido sobre la forma como se financiarían los proyectos. Se sabe que el gobierno federal aportaría recursos a través del Fideicomiso a cargo de e-México, pero también se requieren fondos de otros actores, públicos y privados.

El personal de e-México está elaborando el conjunto de reglas –o marco conceptual– que le per-mitirá sentarse con los estados para dialogar. Para crearlo se están apoyando en el conocimiento de personas de la industria de TI, así como en modelos y experiencias internacionales.

La expectativa es que para septiembre ya habrá un panorama más claro de la iniciativa, sin embargo, Hernández consideró que para tener un programa definido tomará más tiempo, quizá a fines de año o principios del siguiente. (MGC)

LO QUE FALTA DEFINIR


> GOBIERNO FEDERAL

¿Qué tan respirable es tu ciudad hoy?Por José Luis Becerra Pozas

Con el propósito de medir la emisión de contaminantes en diversas ciuda-des del país y difundir esta información de manera oportuna, el Instituto

Nacional de Ecología, a través de la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, ha desarrollado el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

El sistema reúne y difunde a través de Internet los datos generados por las redes estatales automáticas de monitoreo atmosférico en el país. También permite consultar estadísticas históricas con datos validados. “Por estar dispo-nible en la red (http://sinaica.ine.gob.mx), constituye una eficaz herramienta de información para tomadores de decisiones de los tres niveles de gobierno, así como para especialistas en la materia, investigadores y público en gene-ral”, aseveró Miguel Orozco, Coordinadorde Sistemas Informáticos, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Explicó que cada una de las estaciones que conforman las diferentes redes de monitoreo de calidad del aire cuentan con instrumentos para medir en for-ma automática concentraciones de contaminantes atmosféricos como ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas PM10 o PM2.5 (partículas micrométricas suspendidas en el aire). Algunas estacio-nes monitorean contaminantes como los hidrocarburos totales (metano o no metano) o ácido sulfúrico, entre otros. También pueden calcular parámetros meteorológicos como velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad

relativa, presión barométrica, precipitación pluvial, etc.

Cómo se mideEl software del SINAICA comenzó a funcionar en el

2003 y actualmente incluye las Redes de Monitoreo de 18 ciudades del país (Ciudad de México, Gua-

dalajara, Monterrey, Toluca y Puebla, entre las más pobladas), y ciudades medias. Cada

estación envía por modem, Internet alám-brico o microondas sus datos al Centro

de Control de la red de monitoreo. A través de Internet, el Centro de

Control envía los datos al servidor del SINAICA, que se encuentra en la sede Instituto Nacional de Ecología (INE) de la Secretaría de Medio Ambiente

Mediante un sistema en Internet, el Instituto Nacional de Ecología recibe, procesa, difunde y alerta sobre la presencia de contaminantes en diversas ciudades del país en tiempo casi real. Se espera que más ciudades y gobiernos estatales se sumen a esta red de monitoreo

Más información:• Miguel Orozco, Coordinadorde Sistemas

Informáticos, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, [email protected]

• Página web del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire,

http://sinaica.ine.gob.mx


> GOBIERNO FEDERAL

y Recursos Naturales. Los datos se transmiten y almacenan con el software desarrollado en len-guaje Perl y la base de datos PostgressSQL, que es software libre, desarrollado con el apoyo de una consultora mexicana. El Centro de Control estatal transmite cada hora con un desfase de hasta 30 minutos, y el servidor del INE recibe estos datos y los presenta en el tiempo más cercano al actual, de ahí la frase en tiempo casi real.

Cuando el usuario consulta el sistema en lí-nea, lo primero que obtienes un mapa del país que

El SINAICA reúne y difunde a través de Internet los datos generados

por las principales redes automáticas de monitoreo atmosférico en el país.

Desde que el SINAICA entró en funciones, los gobiernos estatales, que provienen

de los diferentes partidos políticos, han colaborado con la gran vocación

que tienen todos para preservar el medio ambiente.

muestra si la calidad del aire en determinada localidad es buena, satisfactoria, no satisfactoria, mala, muy mala o no existen datos. También se presenta la ac-tualidad de dicha información, la cual puede ser menor a una hora, es decir, reciente (verde), de una a ocho horas (amarilla) o de más de ocho horas (roja).

Acciones con fundamentoEstas bases de datos validadas por las redes son de gran utilidad para diversos sectores. Además de proporcionar información para el diagnóstico y la eva-luación inmediatos cuando ocurren situaciones críticas de calidad del aire, el SINAICA funciona como el medio de interacción de las redes de monitoreo en el país. Esto permite homologar criterios y procedimientos para el manejo de la información de calidad del aire, conforme a los estándares nacionales e internacionales.

Los gobiernos estatales que colaboran en esta tarea pueden utilizar las tendencias históricas elaboradas por el INE, así como el anuario y las bases de datos, que pueden ayudarles en la toma de decisión gubernamental. “Desde que el SINAICA entró en funciones, los gobiernos estatales, que provienen de los diferentes partidos políticos, han colaborado con la gran vocación que tienen todos para preservar el medio ambiente”, aseveró Orozco.

La generación de estos informes sirve como base para entender mejor la problemática ambiental y para desarrollar estrategias que permitan reducirla o controlarla. Hace años, gracias a la medición de la calidad del aire, se dio una importante acción: se sustituyeron las gasolinas que contenían plomo por las actuales gasolinas basadas en azufre. Para apoyar iniciativas como ésta, “invita-mos a los estados interesados a ampliar la red de monitoreo a nivel nacional que beneficiará, en primer lugar, a los ciudadanos”, concluyó el funcionario. n


> ACADEMIA

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la comunidad

universitaria y la ciudadanía disfrutan desde hace siete años de los beneficios que las Tecnologías de Información y Comunicación traen en la mejora de los servicios y atención como apoyo a la mejora de la educación superior en el estado, con lo cual el 95% de los

procesos académico-administrativos ya están sistematizados. El proyecto –deno-

minado RED-UJAT– inició en el 2000 y ac-tualmente está conformado por un sistema

integral de gestión educativa, aplicaciones y servicios tecnológicos soportados por 16 enlaces de

comunicaciones así como una red de alta velocidad que permite transmitir información de voz, datos y video en forma convergente, es decir, sobre la misma infraestructura.

La infraestructura de telecomunicaciones es la columna ver-tebral de la red que da soporte a las aplicaciones y servicios para ejecutar los procesos académicos y administrativos que benefi-cian a la comunidad universitaria a un bajo costo, ya que no se pagan rentas por la infraestructura interna de la universidad.

De acuerdo con Héctor Yris Whizar, director de Cómputo Universitario de la UJAT, en la infraestructura de redes, teleco-municaciones y bases de datos se han invertido unos 90 millones de pesos en los últimos siete años. Los fondos para este proyecto han sido proporcionados por iniciativas de fomento como el Pro-grama de Mejoramiento del Profesorado (Promep), el Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRO-NAD), el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), apoyos estatales e ingresos propios.

Yris Whizar comentó que el 95% del personal de TI son egre-sados de la propia universidad. “Esto ha permitido desarrollar aquí las aplicaciones de software, con ahorros muy significativos en toda la implementación tecnológica”. Dijo que se han instala-do soluciones que permiten ofrecer seguridad, confidencialidad y disponibilidad de las comunicaciones al prevenir virus o accesos no autorizados a las bases de datos y aplicaciones.

De esta forma, los procesos de admisión, inscripción y adminis-tración de los alumnos –por ejemplo– se efectúan de manera siste-

matizada, y están disponibles en Internet en cualquier momento.

“Estamos hablando de 15 mil aspirantes al año que solicitan su ingreso a la UJAT; hablamos de administrar la información escolar de los 33 mil alumnos inscritos en los nueve campus; del registro de 137 mil califica-

Hacia una universidad sin papeles

ciones por parte de dos mil profesores, y de casi 75 mil consultas vía Internet en días pico, entre otros muchos servicios en línea de manera simultanea”, aseveró Benjamín Martínez Ramírez, quien fuera Jefe del Departamento de Infraestructura de Com-puto y Telecomunicaciones, y actual director de Informática y Tecnologías de la Información Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno de Tabasco.

Explicó que el Sistema Escolar, junto con el Sistema Finan-ciero y el Sistema de Recursos Humanos, constituyen las tres bases de datos del proceso operativo con sus respectivos módu-los, las cuales aprovechan la infraestructura implementada en estos años.

Procesos sistematizadosEn un inicio, el proyecto consistió en dotar a los cinco edificios más importantes de cada División Académica y al área central de la universidad de una infraestructura de conectividad de alto desempeño. De esta manera, en cada campus se encuentran co-nectados los edificios de bibliotecas, centros de cómputo, centros de investigación, cubículos y áreas para profesores, así como algunos edificios administrativos.

De manera simultánea, desde el 2000 se ha trabajado en el de-sarrollo de estrategias tecnológicas para lograr la sistematización de procesos como las actividades de registro, la consulta y control del servicio social y la bolsa de trabajo que apoyan los procesos de atención para cinco mil alumnos y 200 empresas cada semestre.

Yris y Martínez también destacaron la posibilidad que tienen los alumnos para reinscribirse por sí mismos desde una conexión con Internet. Asimismo, la UJAT puede efectuar evaluaciones a su personal docente a través de 137 mil encuestas en línea. Esto permite que los profesores se den cuenta qué aspectos pueden mejorar, pues los resultados se obtienen al término del proceso.

Actualmente la institución académica cuenta con tres mil 900 equipos de cómputo, y su red ha crecido a cuatro mil 500 nodos de red (categoría 6) certificados, y 16 enlaces de radio-comunicación que interconectan a nueve campus, cinco áreas y cuatro hospitales. Cada estudiante y profesor tiene su propia cuenta de correo electrónico de la universidad, lo que permite mayor vinculación académica. El acceso a Internet bajo deman-da ofrece hasta 36 Mbps, por lo que se considera “el enlace más rápido de la región sur del país”. Esto permitió que la UJAT fuera la primera institución del sureste en conectarse a la red acadé-mica Internet 2 desde hace cuatro años.

Más información:Héctor Manuel Yris Whizar,

director de Cómputo Universitario, Universidad Juárez Autónoma

de Tabasco, [email protected]

Benjamín Martínez Ramírez, director de Informática y Tecnologías

de la Información Educativa del Gobierno del Estado de Tabasco,

[email protected]

En el sureste mexicano, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha desarrollado un modelo de implementación tecnológica, que apoya los procesos de gestión y planeación educativa. El modelo servirá como referencia para la estrategia tecnológica-educativa en el estado


> ACADEMIA

Su sistema de videoconferencias tiene capacidad para realizar 36 sesiones simultáneas. Se trata de una red de datos de alta velo-cidad en todos los campus que soporta tecnologías de voz, datos y video de forma convergente. Esto permite conectar a cuatro hospitales (Rovirosa, Psiquiátrico, Juan Graham, y Del Sureste) y apoyará los servicios de telemedicina en el mediano plazo.

Gracias a la infraestructura basada en estándares y a normas internacionales, la universidad ha logrado obtener una mejor relación costo/beneficio en los recursos que ha invertido. “Ahora queremos ofrecer esta infraestructura para contribuir al desa-rrollo económico, social y tecnológico del estado de Tabasco”, señaló Héctor Yris. Por tal motivo, el Data Center ubicado en el edificio del Centro de Cómputo Universitario y construido con la más alta tecnología para soportar el crecimiento de los próximos años, hospeda ya algunas aplicaciones del gobierno estatal.

Hoy, la administración de la universidad toma decisiones ba-sadas en la generación de indicadores en tiempo real, que aporta el sistema integral de gestión educativa. También trabaja en pro-yectos como la educación abierta y a distancia, la virtualización de aplicaciones, el acceso a servicios en demanda, el aprovecha-miento de la estrategia gubernamental T3 y el cómputo centrali-zado, entre otros, que se apoyan en este desarrollo tecnológico.

Más aún, la UJAT ha realizado transferencia tecnológica a otras instituciones educativas del estado: la Universidad Popular de la Chontalpa adaptó módulos de control escolar desarrollados por la UJAT y requirió ocho meses. Asimismo, la Universidad

Olmeca hizo algo similar, pero sólo necesitó seis meses para po-nerlo en marcha.

Vínculo gobierno-universidadAntes de ocupar su actual cargo como director de Informática y Tecnologías de la Información Educativa del Gobierno de Ta-basco, Benjamín Martínez Ramírez participó activamente en la coordinación y puesta en marcha de la RED-UJAT como Jefe del Departamento de Infraestructura de Cómputo y Telecomunica-ciones de la universidad.

Esta experiencia se transformará ahora en una referencia tec-nológica para elaborar el plan de trabajo del sector educativo en Tabasco. En su anteproyecto, Benjamín Martínez reveló que se ha contemplado el desarrollo y fortalecimiento de la infraestruc-tura física así como la sistematización de procesos que apoyen la gestión educativa, mediante el mejoramiento tecnológico de diez edificios que albergan oficinas administrativas de la Secre-taría, nueve Unidades Regionales de Servicios Educativos y 21 centros de maestros. También se mejorará la conectividad de las escuelas a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y de educación superior.

Actualmente la Dirección de Computo Universitario y la Di-rección de Informática y Tecnologías de la Información Educa-tiva trabajan en el desarrollo de estrategias conjuntas que con-tribuyan a elevar la calidad educativa del sector apoyados en el desarrollo tecnológico que ha tenido la universidad. n (JLBP)


> ACADEMIA

Educación a distancia para diplomáticos mexicanos

Por Alina Bassegoda Treviño

D esde 2003, el Instituto Matías Romero (IMR) se ha dado a la tarea de desarrollar un sistema de educación a distancia

para miembros del Servicio Exterior Mexicano y otros funciona-rios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este proyecto ha significado un cambio sustantivo, en términos cuantitativos y cualitativos, en la formación de recursos humanos para la di-plomacia mexicana.

Aproximadamente 75% de los miembros de la rama diplo-mático-consular del Servicio Exterior Mexicano (SEM), y casi 90% de los miembros de la rama técnico-administrativa, están adscritos al extranjero o en el interior de la República. Estos nú-meros hacen indiscutible la utilidad de las nuevas tecnologías en la capacitación continua de los representantes de México.

En años anteriores, el Instituto Matías Romero había atendido estas necesidades de capacitación a través de la valija diplomáti-ca y otros medios de mensajería convencionales –mediante los cuales se hacía llegar a los interesados los materiales de estudio y métodos de evaluación correspondientes. Sin embargo, los procesos eran muy lentos, pues se atendía un número limitado de funcionarios y los avances y necesidades particulares de los estudiantes eran difíciles de detectar y controlar.

Esto motivó que la academia diplomática mexicana comenza-ra el desarrollo del Sistema de Educación a Distancia del Instituto Matías Romero (SEDIMAR). En este terreno, México es pionero en América Latina.

De esta forma, el SEDIMAR comenzó a ofrecer cursos desa-rrollados por prestigiosas instituciones académicas nacionales y extranjeras especializadas en la materia. La selección de temas partió de una auscultación entre los miembros de ambas ramas del Servicio Exterior Mexicano y de otros funcionarios de la Canci-llería, y abarcó un amplio espectro: desde cursos teóricos y analíti-cos, como la nueva economía de la globalización o la convivencia entre el Islam y Occidente, hasta la capacitación en áreas geren-ciales y de informática. También se ha buscado proporcionar ca-pacitación en idiomas y material de consulta para el desempeño laboral de diplomáticos, técnicos y demás funcionarios.

Desde diciembre de 2004 se encuentra disponible el campus virtual del IMR (www.sre.gob.mx/imr/campusvirtual), donde

el Instituto ofrece programas educativos desarrollados por el propio sistema de educación a distancia, así como por institu-ciones ajenas.

Al impartir cursos en línea, el Instituto Matías Romero ha logrado reducir costos y capacitar a personal en diferentes latitudes y husos horarios

Alina Bassegoda Treviño es Coordinadora del Programa de Educación a Distancia del Instituto Matías Romero, [email protected]

Fuente: Presupuestos erogados entre 2004 y 2006

COSTO POR ESTUDIANTE EN EL DIPLOMADO EN PROTECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONSULAR (EN PESOS)

Alto porcentaje de eficienciaEl campus virtual se inauguró con el “Diplomado en Documen-tación y Protección Consular en línea”, un programa de seis meses de duración desarrollado en el Instituto con la asesoría de especialistas en asuntos consulares. El diplomado se ha ofrecido a más de doscientos funcionarios, la mayoría de los cuales están adscritos a la red de consulados mexicanos en Estados Unidos. El SEDIMAR también ha desarrollado programas sobre ceremonial y protocolo, seguridad internacional y desarme, y normatividad de la administración pública federal.

Del total de estudiantes que han comenzado los tres progra-mas desarrollados y coordinados en el IMR, entre el 75 y el 100% los han concluido. Este porcentaje resulta alto si consideramos que el promedio de eficiencia terminal de los cursos en línea oscila entre el 20 y 70%.

Hasta la fecha se ha impartido un total de 36 programas en línea: cuatro diplomados, 17 cursos, 12 programas de idiomas, tres seminarios y un foro de discusión. Asimismo, el Campus Virtual ofrece un espacio de intercambio de información, un li-brero virtual con material de consulta y, en general, un espacio de comunicación permanente con la academia diplomática.

El SEDIMAR ha puesto énfasis en la transparencia de los


> ACADEMIA

procesos de selección de participantes. Los cursos en línea se han ofrecido a través de convocatorias abiertas a todos los miembros del SEM y funcionarios de la Cancillería. Las listas de aceptados y los criterios de selección también se han distribui-do de manera generalizada. La selección de participantes ha procurado siempre la equidad en ramas, rangos y adscripcio-nes, aunque se otorga preferencia a los funcionarios adscritos fuera del Distrito Federal, quienes no pueden asistir a las aulas del Instituto Matías Romero.

Reducción de costosAunque la educación a distancia no es una modalidad particu-larmente económica en términos absolutos, los costos no son tan altos cuando se comparan con otras alternativas de capacita-ción. Incluso, el costo se ha abatido con el avance del proyecto.

Si se hubiera tenido que impartir el Diplomado en Docu-mentación y Protección Consular (en línea) de manera presen-cial, éste habría significado una erogación de 31 mil 240.59 pesos por estudiante, resultado de los costos de transporte y viáticos. Por el contrario, el costo del curso en línea por estu-diante representa 12 mil 325.04 pesos, casi la tercera parte.

Asimismo, los costos se amortizan cada vez que se imparte un curso, pues la inversión que se necesita para desarrollar contenido sólo se realiza una vez y luego queda disponible en formato virtual para siguientes ocasiones. De esta manera, ningún nuevo curso de educación en línea tendrá costos tan altos como el primero.

El Instituto también ha fortalecido sus recursos técnicos para reducir costos. Entre estas acciones destaca la migración del sistema a una plataforma informática de acceso libre, el hospedaje del sitio web dentro del SEDIMAR, así como el uso de servidores y el ancho de banda provistos por la Cancillería. Esto ha multiplicado la experiencia, el profesionalismo y la productividad de los recursos humanos.

La impartición del diplomado en línea también trajo un importante beneficio cualitativo a la formación en asuntos consulares. En el pasado, los cursos presenciales sólo se diri-gían a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y miembros del Servicio Exterior Mexicano adscritos en el Distrito Federal. Sin embargo, no se atendían a los funcionarios dedica-dos a asuntos consulares de manera cotidiana por el costo que implicaba desplazarlos de sus adscripciones en el extranjero.

Más allá de los cursos, el campus virtual permite generar una comunidad de miembros de ambas ramas del SEM que se encuentran en diferentes latitudes y distintos husos horarios. Hoy ofrece un espacio de discusión sobre temas de actualidad internacional, así como un acervo de recursos de consulta para la labor diplomática y consular.

Todavía no puede medirse a cabalidad el impacto que esta innovación tecnológica ha tenido y tendrá en la preparación y capacitación de los cuadros de la Cancillería y de las nuevas generaciones de miembros del SEM. Sin embargo, es un he-cho incontrovertible –en función del creciente desarrollo de las tecnologías en materia de comunicación y su aplicación en el campo de la enseñanza– que el SEDIMAR revolucionará las labores de formación y capacitación, actividades fundamenta-les y razón de ser del Instituto. n


> ACADEMIA

E n 2001, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) comenzó la instalación de una red con 27 puntos

de conexión, distribuidos tanto en el área metropolitana de Pa-chuca como en otras partes del estado. Más de la mitad de los nodos se ubican fuera de la capital hidalguense.

En la segunda etapa (2003), se trabajó en aspectos de segu-ridad de la red y filtrados de contenido, con el propósito de tener un uso más eficiente y, sobre todo, evitar que la red se utilizara para descargar música o videos no relacionados con aspectos académicos que consumieran el ancho de banda.

Posteriormente se desarrolló la red con tecnología Cisco Sys-tems, para hacerla convergente y dar acceso a aplicaciones de telefonía, videoconferencia e Internet, además de las herramien-tas propias de la universidad.

La red de esta universidad pública tiene conectadas tres mil 500 máquinas que dan servicio a los alumnos a través de los centros de cómputo, centros de aprendizaje y bibliotecas. La ma-tricula estudiantil supera los 26 mil alumnos en la parte profe-sional y en total rebasa los 30 mil (con posgrados y bachillerato incluídos). También hay mil 500 usuarios de acceso inalámbrico en sus diversos campus.

El uso de la tecnología se aprecia tanto en la educación como en la administración de la universidad. La UAEH utiliza su Siste-

La Universidad Autóno-ma del Estado de Hidalgo

inició hace seis años un proce-so de modernización que le ha ayudado a colocarse entre las mejores universidades del país

ma Integral de Información Administrativa (SIIA), desarrollado de forma interna para gestionar sus

procesos, los cuales van desde el manejo de personal y nómina hasta inventarios.También utilizan un par de herramientas de inteligencia

de negocios –Stratego y Business Objects– para analizar la in-formación y explotar sus bases de datos.

Los desarrollos al interiorAlejandro Mendoza, director de Información y Sistemas de la institución, explicó que tienen definidos indicadores para me-dir con precisión el desempeño de la universidad, por ejemplo, el índice de deserción de los alumnos o qué tan rápido logran colocarse en el mercado laboral en los seis meses siguientes a su graduación.

La UAEH utiliza telefonía IP para disminuir costos en las comu-nicaciones. Asimismo, los investigadores pueden marcar a exten-siones de colegas de otras universidades como si fueran parte de una misma red telefónica. Esto se logra mediante enlaces de Inter-net 2 (la red académica) para realizar proyectos de colaboración.

También desarrollaron la Universidad Virtual, que maneja programas educativos a distancia y es un apoyo para clases más específicas. Un componente básico para la educación remota es contar con una biblioteca digital donde se albergan conte-nidos sobre diversos temas de las carreras que se imparten en la universidad. Algunos de los documentos que componen este acervo provienen de las investigaciones generadas en la propia institución y que han sido digitalizadas. También se alimenta de las bases de datos propiedad de otras instituciones. Los alumnos pueden tener acceso a esta información gracias a convenios pac-tados con la UAEH.

Asimismo, se han creado aulas interactivas que comple-mentan los métodos tradicionales de enseñanza. Cada una de

Internet, alternativa para mejorar la

educación


> ACADEMIA

estas aulas cuenta con un proyector, un pizarrón electrónico, un sistema de evaluación en tiempo real y acceso inalámbrico a Internet. A cada alumno le proporciona un control remoto para que responda preguntas del profesor, lo que permite hacer constantes evaluaciones en línea. Estos sistemas ya se han ins-talado en todas las aulas de nivel bachillerato, y las de primero y segundo semestre de las licenciaturas también contarán con equipos interactivos.

Ahorros de 60%Sin tomar en cuenta las aulas interactivas, durante los últimos seis años la UAEH ha invertido 14 millones de pesos, para crecer la red, instalar aplicaciones y comprar equipo, aseguró Miguel Ángel Hernández, jefe de Telecomunicaciones de la UAEH.

Bajo la modalidad de tercerización –outsourcing– sólo se con-trató el mantenimiento, sin embargo, la propia universidad es la responsable del diseño de la arquitectura y la evaluación de la tecnología utilizada.

Al manejar una sola infraestructura de red se han obtenido ahorros de hasta el 60%, tanto por concepto de administración como por capacitación, debido a que no es necesario generar conocimiento para dos redes.

Asimismo, controlar el acceso a los contenidos y limitarlo a cuestiones académicas ha impedido que crezca la factura-ción de enlaces. Este es uno de los aspectos más costosos, ya que el acceso a Internet se debe contratar con algún carrier. De

acuerdo con Mendoza, en los últimos 18 meses no se ha incrementado el ancho de banda –aunque sí los ser-vicios ofrecidos– y se ha mantenido la calidad de los enlaces. Los ahorros por concepto de crecimiento de la red, arrendamiento de enlaces y capacita-ción alcanzan los dos millones de pe-sos, señaló el entrevistado.

Aunque la tecnología ejerce un cambio positivo en la enseñanza aca-démica, resulta complicado medir su influencia. Luego de elevar sus indicadores de desempeño en los dos

últimos años, la UAEH pudo ingresar al Consorcio Mexicano de Universidades de Excelencia (Cumex), conformado por las mejo-res universidades del país, las cuales deben cumplir con diversos parámetros. Uno de estos criterios es el uso de las instalaciones y la disponibilidad de servicios, que incluyen el acceso a Internet, el equipo de cómputo y las bibliotecas digitales disponibles.

A futuro, la UAEH se propone desplegar una red de fibra óptica metropolitana para optimizar los enlaces. Al interior del estado están planeando una red de cobertura WiMax que les permitiría tener tiempos de implementación cortos y un buen ancho de ban-da. Este proyecto se desarrollará durante los próximos dos años y esperan invertir entre ocho y 12 millones de pesos. n (MGC)

La red de esta universidad pública tiene conectadas tres mil 500 máquinas que dan servicio a los alumnos a través de los centros de cómputo, centros de aprendizaje y bibliotecas.

I

> CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico

Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado

Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007

CAPÍTULO PRIMERO

Objetivos 1

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico persigue los objetivos siguientes:a. Determinar las bases conceptuales y los compo-

nentes que constituyen el Gobierno Electrónico para Iberoamérica.

b. Definir los contenidos del derecho de los ciuda-danos a relacionarse de forma electrónica con sus Gobiernos y Administraciones Públicas.

Finalidad y ámbito de la Carta

c. Conformar un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión llamado a consti-tuir un lenguaje común sobre el Gobierno Electróni-co en los países de la comunidad iberoamericana.

d. Servir como orientación para el diseño, regulación, implantación, desarrollo, mejora y consolidación de modelos nacionales de Gobierno Electrónico en la gestión pública.

Finalidades 2

Los objetivos previstos en el apartado anterior se orientan a múltiples fines:a. Aproximar los Gobiernos y sus respectivas Admi-

nistraciones a los ciudadanos al facilitar la comu-nicación y relación con los mismos por medios electrónicos.

b. Incrementar la calidad de los servicios y productos públicos que el Estado tiene que suministrar a los ciudadanos al mejorar la eficiencia, la eficacia y una mayor transparencia de la gestión pública, aprovechando la utilización de las TIC en el Go-

bierno y en la Administración Pública.c. Contribuir a que los países iberoamericanos acce-

dan en plenitud a la sociedad de la información y del conocimiento mediante el impulso que, para la misma, supone el efectivo establecimiento del Gobierno Electrónico.

d. Coadyuvar en la consolidación de la gobernabili-dad democrática, mediante la legitimación efec-tiva de los Gobiernos y sus Administraciones que comporta el potencial democratizador del Gobier-no Electrónico.

II


e. Optimizar, con ocasión de la implantación del Go-bierno Electrónico, los modos de organización y de funcionamiento de los Gobiernos y sus Administra-ciones, simplificando trámites y procedimientos.

f. Fomentar el uso de los medios electrónicos en los demás ámbitos de la sociedad a través de la percepción de la utilidad que presentan en la Ad-ministración Pública.

g. Sensibilizar a las Administraciones para que ofrez-

Concepto de Gobierno Electrónico

3

En atención a que el Gobierno Electrónico se encuen-tra indisolublemente vinculado a la consolidación de la gobernabilidad democrática, tiene que estar orientado a facilitar y mejorar la participación de los

can sus servicios y se interconecten con la ciuda-danía a través de estrategias de múltiples canales de acceso.

h. Desarrollar en la implementación del Gobier-no Electrónico, acciones que apunten a generar información de alto valor para que redunden en conocimiento social, con el objetivo de aumentar la competitividad y mejorar el posicionamiento de cada comunidad en el concierto global.

A los efectos de la presente Carta Iberoamericana se entienden las expresiones de “Gobierno Electrónico” y de “Administración Electrónica” como sinónimas, ambas consideradas como el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la infor-mación y los servicios ofrecidos a los ciudadanos,

orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones esta-blecidas en las legislaciones nacionales.

4 La adopción del Gobierno Electrónico en la gestión pública por parte de los Estados iberoamericanos se propone la satisfacción de las necesidades así como

contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo que jamás podrá consistir en una simple respuesta a las ofertas tecnológicas que provienen del mercado.

5 ciudadanos en el debate público y en la formulación de la política en general o de las políticas públicas sectoriales, entre otros medios, a través de consultas participativas de los ciudadanos.

Principios del Gobierno

Electrónico 6

El Gobierno Electrónico se inspira en los principios siguientes:a. Principio de igualdad: con objeto de que en ningún

caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electró-nicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

b. Principio de legalidad: de forma que las garantías previstas en los modos tradicionales de relación del ciudadano con el Gobierno y la Administración se mantengan idénticas en los medios electrónicos. Los trámites procedimentales, sin perjuicio de su simplificación general, constituyen para todos los ciudadanos garantías imprescindibles. El principio de legalidad también comprende el respeto a la pri-vacidad, por lo que el uso de comunicaciones elec-trónicas comporta la sujeción de todas las Adminis-traciones Públicas a la observancia de las normas en materia de protección de datos personales.

c. Principio de conservación: en virtud del cual se garantiza que las comunicaciones y documentos

electrónicos se conservan en las mismas condicio-nes que por los medios tradicionales.

d. Principio de transparencia y accesibilidad: garan-tiza que la información de las Administraciones Públicas y el conocimiento de los servicios por medios electrónicos se haga en un lenguaje com-prensible según el perfil del destinatario.

e. Principio de proporcionalidad: de modo que los requerimientos de seguridad sean adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la Administración.

f. Principio de responsabilidad: de forma que la Admi-nistración y el Gobierno respondan por sus actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que de los realizados por medios tradi-cionales. De acuerdo con dicho principio, las in-formaciones oficiales que se faciliten por medios electrónicos no pueden beneficiarse de una cláu-sula general de irresponsabilidad, ni incorporar una cláusula especial de esta naturaleza. En caso contrario, se dejará constancia con caracteres muy visibles y reiterados de que se trata de una pági-na o portal electrónico no oficial y que no forma parte del sistema de Gobierno Electrónico.

g. Principio de adecuación tecnológica: las adminis-traciones elegirán las tecnologías más adecuadas

III


para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo pla-zo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este principio supondrá limitación alguna al derecho de los ciu-dadanos a emplear la tecnología de su elección en el acceso a las Administraciones Públicas.

Dentro de este principio se comprende el del uso de distintos medios electrónicos como son: el com-putador, la televisión digital terrestre, los mensajes SMS en teléfonos celulares, entre otros, sin perjuicio de la eventual imposición del empleo en determi-nados casos de aquellos medios concretos que se adecuen a la naturaleza del trámite o comunicación de que se trate.

CAPÍTULO SEGUNDO El derecho al Gobierno Electrónico

Derecho a relacionarse

electrónica-mente

7

La implantación del Gobierno Electrónico comporta el reconocimiento por parte de los Estados Iberoame-ricanos del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con sus Gobiernos y Administracio-nes Públicas. Lo que supone que las Administraciones

estén interrelacionadas entre sí a fin de simplificar los procedimientos. Las leyes de acceso a la infor-mación pública establecidas en algunos países de la región apuntan en esa dirección.

Alcance 8

El reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administracio-

nes Públicas debe ser tan amplio como lo permita la naturaleza del trámite y pretensión de que se trate.

9 Los ciudadanos podrán relacionarse electrónicamente con los Gobiernos y las Administraciones Públicas, entre otros, a efectos tales como los siguientes:a. Dirigir por vía electrónica todo tipo de escritos,

recursos, reclamaciones y quejas a los Gobiernos y las Administraciones Públicas, quedando éstos igualmente obligados a responder o resolver co-mo si dichos escritos, reclamaciones y quejas se hubieran realizado por medios tradicionales.

b. Realizar por medios electrónicos todo tipo de pa-gos, presentar y liquidar impuestos y cualquier otra clase de obligaciones.

c. Recibir por medios electrónicos notificaciones cuando tal medio sea aceptado por el ciudadano o si el ciudadano así lo solicita.

d. Acceder por medios electrónicos a la información administrativa general con igual grado de fiabili-dad que la que es objeto de anuncio en diarios o boletines oficiales o la que se publica en anuncios oficiales por cualquier medio.

e. Acceder los interesados electrónicamente a los expedientes para conocer el estado en que se en-cuentra la tramitación de los mismos.

f. Acceder por medios electrónicos a información pública de alto valor agregado que sirva a aumen-tar la competitividad de los países, lo que supone garantizar estándares consensuados entre los Esta-dos iberoamericanos respecto al modo en que esa información debe ser procesada y difundida con la ayuda de las nuevas tecnologías disponibles.

g. Utilizar y presentar ante el Gobierno o las Adminis-traciones Públicas las resoluciones administrativas en soporte electrónico, así como los documentos administrativos electrónicos en las mismas con-diciones que si fueran documentos en papel, así como poder remitirlas por medios electrónicos a la Administración de que se trate.

h. Evitar la presentación reiterada ante la Administra-ción de documentos que ya obren en poder de la misma o de otra, especialmente si son electrónicos, todo ello en el supuesto de que el ciudadano de su consentimiento para la comunicación de tales documentos entre Administraciones y entre dis-tintas dependencias de la misma Administración, lo que supone acciones de Interoperatibilidad y Simplificación Registral.

Instrumentos del Gobierno

Electrónico 10

Los Gobiernos y Administraciones Públicas están en la obligación de atender el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a relacionarse electróni-camente, lo que requiere que los Gobiernos y Admi-nistraciones Públicas implanten los instrumentos que

permitan el funcionamiento del Gobierno Electróni-co. Para ello cada Estado asegurará y regulará los aspectos siguientes: a. La identificación de los ciudadanos, Administra-

ciones Públicas, funcionarios y agentes de éstas

IV


que empleen medios electrónicos, así como la autenticidad de los documentos electrónicos en que se contiene la voluntad o manifestaciones de todos ellos. Esa identificación y autenticidad al-canza a los equipos y sistemas encargados de dar respuestas automatizadas a los ciudadanos.

b. El establecimiento e información al público por medios accesibles para todos los ciudadanos de las direcciones electrónicas de las Administracio-nes Públicas con especial incidencia en las sedes

electrónicas de las mismas. c. La regulación y establecimiento de registros elec-

trónicos a los que los ciudadanos puedan dirigir sus comunicaciones electrónicas conteniendo sus peticiones y pretensiones; registros de los que los ciudadanos recibirán de forma automática la confirmación de su recepción, además de otras notificaciones.

d. El régimen de los documentos y archivos elec-trónicos.

Seguridad del Gobierno

Electrónico11

En concordancia con el principio de seguridad que orienta al Gobierno Electrónico, los Estados ibero-americanos aprobarán, las normas jurídicas y téc-nicas y los actos ejecutivos necesarios para que los ciudadanos y las Administraciones Públicas en sus relaciones electrónicas puedan tener seguridad y confianza, tanto en lo que se refiere a la identidad de la persona, órgano o institución que se comu-nica, como en lo que se refiere a la autenticidad

e integridad del contenido de la comunicación, así como, consecuentemente, en la imposibilidad de ser repudiada por el emisor.

La autenticidad e integridad de la comunicación recibida consiste en que se corresponde con la origi-nalmente remitida sin que sus contenidos hayan po-dido ser alterados, expresando por tanto la voluntad, opinión, alegatos, y otros contenidos sustentados por la persona que la remite por medios electrónicos.

12 La regulación sobre la seguridad del Gobierno Elec-trónico que aprueben los Estados iberoamericanos deberá establecer sistemas físicos, sistemas de fir-ma electrónica, incluso avanzada, así como otros

sistemas alternativos a la firma electrónica, cuanto la naturaleza del trámite lo aconseje, que permitan identificar al comunicante y asegurar la autenticidad del contenido de la comunicación.

Direcciones Electrónicas de las Administraciones

Públicas13

Los Estados iberoamericanos regularán sobre las di-recciones electrónicas de las Administraciones Pú-blicas, garantizando que los ciudadanos las puedan conocer con facilidad, a cuyo efecto deberán elabo-rarse estándares comunes evitando el uso de siglas

y facilitando la localización de tales direcciones en función de los temas atendidos por cada Institución que puedan ser objeto de búsqueda y localización por los ciudadanos.

Sitios electrónicos

de las Administraciones

Públicas14

Las Administraciones serán responsables de la inte-gridad, veracidad y calidad de los datos, servicios e informaciones en sus sitios electrónicos y portales. Los sitios electrónicos estarán dotados de los sistemas de firma electrónica que identifiquen a su titular y garanticen la comunicación segura con los mismos.

En los sitios electrónicos no podrán figurar avisos de exención de responsabilidad por el contenido de las mismas. Cualquier dirección electrónica en las que figuren dichos avisos no podrá considerarse una sede

electrónica, ni formará parte del sistema de Gobierno Electrónico y así deberá figurar con caracteres rele-vantes en todas sus páginas.

En los sitios electrónicos constará el órgano responsable de los mismos y de su puesta al día. También constará la norma que autoriza su creación y el contenido de tal norma. Asimismo constarán los mecanismos y sistemas que permiten el estable-cimiento de comunicaciones seguras cuando estas sean necesarias.

Registros electrónicos

15

El Gobierno Electrónico implica que los ciudadanos puedan relacionarse con las Administraciones Públicas en todo momento, así como que puedan recibir de for-ma automática la confirmación de la recepción de ta-les comunicaciones. Tal confirmación se hará mediante copia autenticada, realizada automáticamente, de las comunicaciones y documentos presentados, en su caso, en los que constará la fecha y hora de presentación.

A través de los registros electrónicos también las

Administraciones Públicas notificarán a los ciudadanos sus resoluciones y decisiones, siempre que los mismos hayan consentido esta forma de notificación.

Los Estados iberoamericanos regularán sobre los registros electrónicos y su régimen jurídico, de forma que se garanticen la seguridad y autenticidad de las comunicaciones, así como la forma de acreditar la fe-cha y hora en que se han realizado, que en todo caso serán automáticas.

V


Régimen de los documentos

y archivos electrónicos

16

Los Estados regularán los documentos y archivos elec-trónicos sobre la base de los criterios siguientes:a. Equivalencia de los documentos electrónicos con

los documentos en papel. Ello implica que los par-ticulares o las Administraciones Públicas pueden aportar a los expedientes, o utilizar en sus rela-ciones con otras Administraciones Públicas o con terceros, documentos electrónicos cuya autentici-dad y origen resulten de los medios electrónicos a que se ha hecho referencia antes.

b. Validez: Los documentos tramitados electrónica-mente por los ciudadanos mantienen la misma validez intrínseca de aquellos que puedan serlo físicamente, recibiendo ambas modalidades el mismo procesamiento, de forma que pueda indis-tintamente el ciudadano darle seguimiento a su solicitud o recibir retroalimentación por parte de la Administración Publica por los canales de co-municación que prefiera el ciudadano de los que estén disponibles.

c. Conservación y gestión de los datos. Los docu-mentos, actos y actuaciones electrónicas debe-rán guardase en archivos electrónicos que garan-ticen la integridad, autenticidad, mantenimiento y conservación sin posibilidades de manipulación o alteración indebida. Las Administraciones Pú-blicas asegurarán que tales documentos sean ac-cesibles y, cuando fuere necesario, traspasados a otros formatos y soportes de forma que per-manezcan siempre accesibles. La Administración Publica gestionará las bases de datos garanti-zando la calidad de la información contenida y establecerá los mecanismos necesarios para la prevención y recuperación de desastres, de for-ma tal que se reduzca al mínimo la posibilidad de riesgo de pérdida de datos y se asegure la efectiva recuperación de los mismos en caso de contingencia. En este sentido, se recomienda el establecimiento de normas que regulen la con-servación y gestión de los datos.

Consecuencias del Gobierno

Electrónico sobre el

Procedimiento administrativo

17

Los Estados deberán prever que el derecho de los ciudadanos a emplear medios electrónicos o no em-plearlos puede suponer que en un mismo expediente o conjunto de relaciones en que concurran diversos interesados puede haber quienes quieran relacionarse con medios electrónicos y quienes no lo deseen. Ello obligará a reconocer el derecho de ambos y permitir la concurrencia de modos de acceso.

En esas condiciones el acceso al expediente y la to-ma de conocimiento del estado del mismo deberá poder hacerse por comparecencia en la oficina pública en la que se podrá exhibir a los interesados un expediente en soporte papel o, en su caso, un expediente electrónico al que se accede a través de los dispositivos que ponga a disposición del ciudadano la propia Administración en la oficina pública. También podrá hacerse el acceso de forma electrónica para los expedientes tramitados en soporte electrónico. En todo caso todo ciudadano deberá poder conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los expedientes.

Con independencia de las formas de acceso a los expedientes y del mantenimiento de formas con-vencionales de acceso a que se refieren los párrafos anteriores, las Administraciones en las oficinas de información deberán facilitar y poner a disposición de quienes no estén familiarizados con las tecno-logías de la información y las comunicaciones, o no quieran emplearlas desde sus propios domici-lios y oficinas, aparatos y equipos y el apoyo de personal preparado para acceder electrónicamente desde dichas oficinas públicas. Asimismo a través de dichas oficinas podrán acreditar su identidad los ciudadanos no familiarizados con las TIC, o que no deseen o no puedan hacerlo de otro modo, ante funcionarios públicos habilitados para ello, de modo que, aunque no cuenten con certificados de firma electrónica, se identifique su personalidad por me-dios convencionales y se remitan sus escritos por medios electrónicos desde la propia oficina pública de información.

Protección de datos

personales18

Se reconoce el derecho de todo ciudadano de soli-citar ante los organismos competentes la actuali-zación, la rectificación o la destrucción de aquellos datos contenidos en registros electrónicos oficiales o privados, si fuesen erróneos o afectasen ilegíti-mamente sus derechos.

Para garantizar este derecho, se tiene que asegurar a todo ciudadano el acceso a la información y a los datos que sobre sí mismo o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que justificadamente se establezcan, así como se de-be facilitar el conocimiento del uso que se haga de dichos datos y su finalidad.

VI


CAPÍTULO TERCERO

Condiciones generales para el establecimiento y desarrollo del gobierno electrónico

Medidas com-plementarias

19

Los Estados tendrán en cuenta los problemas del tránsito de los sistemas actuales de relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas a un sis-tema integral de Gobierno Electrónico, y tomarán las medidas necesarias para afrontarlos y resolverlos.

También tendrán en cuenta y tomarán las medi-

das necesarias para realizar las adaptaciones de las Administraciones Públicas al Gobierno Electrónico y la colaboración entre Administraciones Públicas para conseguir la plena interoperabilidad de los ser-vicios a nivel nacional y subnacional, así como a nivel internacional.

Preparación de las

Administraciones Públicas

20

Los Estados deberán prever que el derecho de los ciudadanos a emplear medios electrónicos exige un tiempo de preparación de las Administraciones públicas. La eficacia en este punto no es incom-patible con el realismo acerca de los tiempos y las exigencias de planificación para el estableci-miento del Gobierno Electrónico con criterios de flexibilidad no incompatible con la certidumbre y

el compromiso sobre fechas de implantación del Gobierno electrónico.

Dicha preparación deberá incluir, en forma perma-nente, el componente formativo para ir acompañando las iniciativas de cambio desde espacios de reflexión y aprendizaje situado, a fin de garantizar la necesaria transformación de las culturas organizacionales y la correcta reformulación de las prácticas.

Planificación del Gobierno

Electrónico21

Una vez definido el objetivo que se quiere alcanzar es preciso definir el tiempo previsible para hacerlo y las estrategias de todo tipo que pueden contribuir al pleno desarrollo del Gobierno Electrónico lo que implica, entre otras cosas, desarrollar metodologías de planificación específicas (que incluyan la evaluación y el monitoreo), generar estrategias de gestión y produc-ción de información pública y también gestionar redes con base en modelos de gestión de conocimiento como parte del proceso de formación y mejora continua.

Corresponde a cada Estado iberoamericano valorar el tiempo que prevén necesario para que el derecho que se reconoce en la presente Carta Iberoamericana pueda ser efectivo. También les corresponde a ellos establecer las medidas políticas y los planes y programas que de-ben irse adoptando para hacer realidad la consolidación del Gobierno Electrónico en un tiempo prudencial, y para alcanzar los objetivos de la Carta. A tal efecto, deberá tomarse en consideración el equilibrio costos-

beneficios, teniendo en cuenta los impactos positivos que se derivan del Gobierno Electrónico.

En cuanto a las políticas y programas a imple-mentar hasta el pleno acceso al Gobierno Electrónico los mismos se dirigen en unos casos a la propia Administración y en otros al resto de los agentes sociales para poner en marcha iniciativas que con-tribuyan a la familiarización de los ciudadanos con el uso de las TIC.

En particular los Estados deberían asumir com-promisos de calendarios en que concreten fechas de implantación sucesiva de aquellos servicios que prioritariamente consideran de deben comenzar a prestarse y atenderse por medios electrónicos hasta completar el proceso de implantación de la Adminis-tración Electrónica. El cumplimiento adelantado de algunas obligaciones por los mismos medios elec-trónicos puede ser una buena estrategia, como por ejemplo en materia tributaria y aduanal.

22 La creación de instancias interdepartamentales e intersectoriales que hagan una identificación de necesidades y preparen planes de adaptación son recomendables.

También lo es la creación de una instancia con presencia de agentes sociales y de la Administración Publica que permita conocer la opinión de los agentes sociales y les permita participar en el desarrollo del Gobierno Electrónico como componente fundamental

de la sociedad de la información y el conocimiento.Otro aporte al desarrollo y consolidación del Go-

bierno Electrónico es la idea de formalizar e institu-cionalizar autoridades que sean responsables del de-sarrollo y consolidación del Gobierno Electrónico en los gobiernos iberoamericanos, como jefatura rectora de la información y de la comunicación gubernamen-tal con nuevos procesos de gestión de la información y planes claros, efectivos y de alto nivel.

VII


Las transfor-maciones de

las Administra-ciones Públicas

23

Los Estados deberán prepararse para la efectiva im-plantación del Gobierno Electrónico acometiendo las transformaciones organizativas que consideren necesa-rias, así como la progresiva implantación de sistemas, equipos y programas en las Administraciones Públicas. En tal sentido, es recomendable que los Estados:a. Reconozcan los desarrollos propios de sistemas o

sus adaptaciones como capital estatal intangible, generando mecanismos de transferencia y sistemas de apoyo, para lo cual se requiere acordar nuevos marcos regulatorios.

b. Establezcan programas de adaptación de los em-

Interoperabi-lidad

de servicios24

El Gobierno Electrónico constituye la oportunidad de dar respuesta plena al reto de conseguir una gestión pública más eficiente y de establecer pautas de cola-boración entre Administraciones Públicas.

Por ello los Estados deberán tomar en conside-ración la necesaria interoperabilidad de las comuni-

pleados públicos a los nuevos sistemas de Gobierno Electrónico, promoviendo la profesionalización de los mismos de conformidad con la Carta Iberoameri-cana de la Función Pública, a los fines de conservar y desarrollar las nuevas competencias garantizando de esta manera la sostenibilidad en el tiempo de la ejecución de los procesos electrónicos.

c. Adapten las reglas de procedimiento a las posibilida-des que ofrecen las comunicaciones electrónicas.

d. Implanten nuevos modelos de gestión en la Admi-nistración Pública que fomenten la mejora conti-nua de los procesos y la constante innovación.

caciones y servicios que hacen posible el Gobierno Electrónico. A esos efectos dispondrán las medidas necesarias, para que todas las Administraciones Públi-cas, cualquiera que sea su nivel y con independencia del respeto a su autonomía, establezcan sistemas que sean interoperables.

25 Los Estados iberoamericanos deberían fomentar en la mayor medida posible acuerdos entre sí para que la interoperabilidad de los servicios y sistemas no se reduzca al ámbito de cada Estado, sino que desde el principio comprenda a todos los Estados de modo que el acceso al Gobierno Electrónico se haga de manera más o menos conjunta como Región, poten-ciando así las sinergias que se seguirán de un acceso

lo más amplio posible, simultáneo y sostenido de todos los países iberoamericanos a la sociedad de la información y el conocimiento y con especial pre-caución acerca de la obsolescencia de las diversas ofertas tecnológicas.

En especial se tratará de lograr un estándar co-mún de interoperatibilidad entre todos los países iberoamericanos.

Usabilidad de sistemas y programas

26

Siendo que el destinatario final del Gobierno electrónico es el ciudadano y la sociedad, los Estados deben tener en cuenta que los sistemas y programas deben ser de uso fácil. La usabilidad es el término que se está em-pleando para expresar la naturaleza de unos programas que tienen que ser disponibles, accesibles y maneja-bles intuitivamente por el ciudadano. Paralelamente, en lo que hace a la producción de contenidos a través

de sitios Web u otros medios electrónicos, deberán in-corporarse mecánicas de personalización de sectores específicos para seleccionar los lenguajes utilizados, identificando permanentemente los perfiles de usuarios y sus correspondientes necesidades de información y servicios, poniendo especial atención en la inclusión de personas con discapacidades. También se deberá utilizar un lenguaje simple, directo, evitando el uso de siglas.

Inclusión digital e

infoalfabetización27

El desarrollo y la consolidación del Gobierno Electróni-co en Iberoamérica pasa porque los Estados establez-can políticas, estrategias y programas de inclusión digital, para combatir la infoexclusión, reduciendo la brecha digital y eliminando las barreras existentes para el acceso a los servicios electrónicos.

De manera simultánea, se debe ampliar el acce-so de los sectores populares a las TIC y promover en general una cultura ciudadana sobre el Gobierno

Electrónico. En este sentido, es preciso inducir a los gobiernos municipales e intermedios, al sector priva-do y a las comunidades organizadas para que creen y mantengan espacios públicos que cuenten con me-dios electrónicos de libre acceso, como así también aprovechar los espacios privados ya generados por la sociedad para el acceso a la tecnología y operar asociativamente sobre estos desarrollos.

28 Los Estados tienen que promover y establecer me-canismos de acceso a los medios electrónicos para aquellas personas que no disponen de ellos; ya sea

por razones geográficas o sociales. En dicho sentido se pueden establecer lugares de acceso público, como bibliotecas públicas, municipalidades, ONG’s, locuto-

VIII


Integración de procesos y servicios

30

Para que las personas y no la tecnología sean la re-ferencia para el diseño conceptual y la operación del Gobierno Electrónico, una de las estrategias que los Estados Iberoamericanos deben adoptar toda vez que sea posible es orientar el Gobierno Electrónico a ofre-cer servicios públicos integrados, así como propender a una mayor integración de sus procesos internos. En particular, es recomendable impulsar acciones como las siguientes:a. Desarrollo de portales únicos. Debido a que la pro-

liferación de portales dificulta la utilización del Gobierno Electrónico por parte de la población, se

sugiere la construcción de portales únicos que agru-pen diversos servicios electrónicos para incrementar el acceso universal a los servicios electrónicos.

b. Combinación de medios. Es importante reconocer que el Gobierno Electrónico al servicio del ciuda-dano se complementa con otros tipos de medios y mecanismos no electrónicos. Por ello, en la rela-ción entre la Administración Pública y el ciudadano es preciso combinar puntos únicos de contacto presencial con puntos virtuales, de manera de utilizar los primeros para asegurar el acceso y la simplicidad en la utilización de los segundos.

El despliegue de las infraes-

tructuras31

rios privados subvencionados, en los que se permita la utilización libre de medios electrónicos.

Si bien se tiene que promover la inclusión de toda la población al uso y beneficio del Gobierno Electró-nico, es fundamental lograr la inclusión de aquellos sectores que se encuentran en circunstancias particu-larmente desventajosas para acceder y beneficiarse de los servicios electrónicos. En especial, para América Latina es indispensable crear, mediante medidas es-pecíficas, condiciones favorables que le permitan a las etnias y comunidades indígenas acceder, participar y

beneficiarse de los servicios electrónicos. Ello supone, tanto servicios electrónicos dirigidos a la satisfacción de las etnias y comunidades indígenas, como mecanis-mos especiales para que la población indígena acceda y se beneficie de los servicios electrónicos destinados a toda la sociedad, incorporando los lenguajes que dichos grupos utilizan para comunicarse en los me-dios electrónicos. También implica habilitar y apoyar los espacios de producción de contenidos culturales propios con el objetivo de posibilitar la equidad, la multiculturalidad y el respeto a la diversidad.

29 La preparación de los ciudadanos y la transformación de la cultura social son fundamentales para una más rápida implantación del Gobierno Electrónico y de la sociedad de la información y el conocimiento. En ese sentido los Estados deben promover y planificar la formación de los ciudadanos a este respecto. La pieza fundamental es la educación de las nuevas ge-

neraciones desde la más temprana edad.La transformación de la cultura social en cuanto

al Gobierno Electrónico con un proceso de forma-ción ciudadana e infoalfabetización que estimule el acceso, participación y utilización del mismo es un elemento fundamental de ese proceso de preparación de la ciudadanía.

Una de las condiciones para la universalización del Gobierno Electrónico es el despliegue por los países iberoamericanos de las infraestructuras que sean capaces de dar soporte a las velocidades de trans-misión necesarias para que el acceso al Gobierno Electrónico constituya una posibilidad real en la medida en que los tiempos de acceso a los servicios no impliquen retardos que sean disuasorios del uso de los medios electrónicos.

La banda ancha, mediante tecnologías que permitan un tiempo de respuesta adecuado para el usuario, es una condición necesaria para la

puesta en práctica de un acceso real al Gobierno Electrónico.

Cada Estado determinará cuál es la solución tec-nológica más conveniente para las condiciones de su respectivo país. Igualmente, cada Estado determinará el rol que corresponderá a la iniciativa privada y a los mercados y el correlativo que se reservan los propios Estados, ya sea como reguladores o como prestadores de servicios en sus diversas modalidades. En todo caso, a los Estados corresponde asegurar el mantenimiento de obligaciones de servicio público o de servicio uni-versal incluso en un escenario de competencia.

ESTE ES UN DOCUMENTO PÚBLICO DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD) Y SE PUEDE DESCARGAR DE LA PÁGINA www.clad.org.ve


Avances y enseñanzas del e-gobierno

De las muchas definiciones que exis-ten sobre el concepto de gobierno electrónico, el autor de este libro se

siente a gusto con la siguiente: “El e-gobier-no o gobierno digital es un conjunto de ins-trumentos que expeditan la relación de los ciudadanos con la administración, agilizan y transparentan los servicios y fomentan la democracia al servir mejor al mandante de todo Estado: el ciudadano individual que paga impuestos, cumple con sus obligacio-nes y tiene derecho a recibir el mejor de los servicios de sus autoridades elegidas”.

De esta forma, Abraham Sotelo Nava ofrece en este libro un recorrido sobre los avances y las expectativas que ha tenido el e-gobierno en México.

Sotelo Nava es Titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnolo-gías de la Información de la Secretaría de la Función Pública. Previamente colaboró para el Gobierno del Estado de Guanajua-to y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus León. En representación del Gobierno de México, ha participado en el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el Impacto del e-Gobierno, y es represen-tante nacional de ICA-IT (International Council for Information Technology in Government Administration) y de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin dar explicaciones técnicas –“para que el contenido sea accesible a todo pú-blico”– el autor se concentra en exponer los conceptos y las acciones de beneficio social realizadas por las dependencias y entidades de mayor relación con la ciuda-danía. Pero además, el libro está salpicado de referencias, estadísticas, anécdotas y mejores prácticas de gobiernos nacionales y extranjeros. También incluye un apar-

tado final con documentos que dan sustento a la política oficial que nue-vamente encabeza Abraham Sotelo en este sexenio.

En su recuento histórico, el autor destaca la primavera del 2001, cuando la Oficina Presidencial para la Innova-ción Gubernamental introdujo oficialmen-te al e-gobierno como una iniciativa de po-lítica pública para digitalizar y modernizar el gobierno. El concepto se convirtió en uno de los seis pilares de la Agenda Presidencia para el Buen Gobierno, una estrategia para mejorar la transparencia, calidad y eficien-cia de la administración pública.

De hecho –continúa Sotelo– el sistema e-México, la Agenda de Buen Gobierno, la Comisión Intersecretarial para el Combate a la Corrupción y la Ley Federal de Trans-parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se entrelazan y se apoyan mutuamente para lograr el objetivo de aten-ción de calidad a la ciudadanía en un pleno ejercicio democrático y de transparencia. En este sentido, la creación de un solo por-tal (www.gob.mx) ha sido uno de los éxitos más sobresalientes que, incluso, ha recibido el reconocimiento internacional.

De acuerdo con Abraham Sotelo, el e-gobierno tendrá un impacto profundo en el concepto y modelo de servicio público que, con todas las limitaciones que le puedan ser señaladas, ha posibilitado la transición de nuestro país a niveles superiores de de-mocracia. “Este es a fin de cuentas el gran reto que enfrentamos”.

Señala que la aplicación adecuada del e-gobierno en México creará mecanismos pa-

Abraham Sotelo Nava, México: un gobierno digital en expansión.Edición del autor, México, 2006, 242 pp.

Avances y enseñanzas

tado final con documentos que dan sustento a la política oficial que nue-vamente encabeza Abraham Sotelo en

En su recuento histórico, el autor destaca la primavera del 2001, cuando la Oficina Presidencial para la Innova-

> RESEÑA

ra elevar la credibilidad de los sitios web gu-bernamentales y dará respuestas concretas a preguntas concretas como por ejemplo: “¿El agua de mi colonia es potable?”.

De esta manera, México: un gobierno di-gital en expansión es una especie de “libro blanco” que no sólo ofrece el antecedente cronológico o los logros obtenidos hasta hoy. El lector puede encontrar los funda-mentos teóricos que tiene el actual gobier-no para fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en su interior. Además, nos aproxima a un ejercicio imaginativo sobre los derroteros que tendrá –o debería tener– el e-gobierno en nuestro país, y aún nos previene sobre algunos riesgos que podrían presentarse como “la erosión de la legitimidad y la re-levancia” del gobierno en este escenario de cambio que supone el uso de las TIC en la administración.

Si en un principio este libro fue pensado como un mero legado teórico-práctico pa-ra los interesados en la materia, hoy puede considerarse como un punto de referencia para vislumbrar hacia dónde se dirigirá la política de gobierno electrónico durante la presente administración. Está disponi-ble en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en la librería virtual www.fondodeculturaeconomica.com. n (JLBP)

el plan nacional de desarrollo y las tic

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