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El negocio de la guerra

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El negocio de la guerra

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El negocio de laguerra

Dario Azzellini

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Edición:Editorial Txalaparta s.l.

Navaz y Vides 1-2Apdo. 78

31300 Tafalla NAFARROA

Tfno. 948 703934Fax 948 704072

[email protected]://www.txalaparta.com

Primera ediciónBerlín, 2003

Primera edición de TxalapartaTafalla, octubre de 2005

Copyright© Txalaparta para la presente edición

© Dario Azzellini

FotocomposiciónNabarreria gestión editorial

ImpresiónGráficas Lizarra

I.S.B.N.84-8136-314-6

Depósito legalNA-1345-05

Título: El negocio de la guerraTítulo original: Das Unternehmen KriegAutor: Dario AzzelliniRecopilación: Dario Azzellini y Boris KanzleiterPortada y diseño colección: Esteban Montorio

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Las formas de conducción de las guerras estáncambiando. Al lado de los ejércitos estatales surgencada vez más compañías militares privadas (en inglésPrivate Military Contractors, PMC), paramilitares, Seño-res de la Guerra, ejércitos privados y mercenarios comonuevos actores de guerra. Actualmente, las guerras sellevan a cabo con menor frecuencia entre Estados nacio-nales, y con mayor frecuencia en el interior de éstos en-tre tropas regulares e irregulares y, en todos los casos,contra la población civil. Mientras a lo largo de muchotiempo estos fenómenos fueron ignorados, últimamentese han hecho visibles con mayor fuerza. Bajo la denomi-nación de “nuevas guerras” se da origen incluso a un tér-mino particular para el debate en las ciencias sociales yen los mass media. Generalmente, se considera a la cre-ciente aparición de empresas privadas de violenciacomo síntoma del «debilitamiento del Estado», «caos», y«anarquía»; así como una pérdida del «monopolio de laviolencia estatal» en “Estados fallidos” frente a los cua-les Occidente se encuentra más o menos impotente.

Prólogo a la presente edición

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Con este trabajo queremos analizar estos fenóme-nos desde otra perspectiva. Queremos demostrar cómoes precisamente la globalización del capitalismo neoli-beral impulsada por Occidente la que está llevando anuevas guerras en las periferias de este sistema.

Esto no sólo en un sentido abstracto, ya que la cre-ciente crisis de la deuda produce fragmentaciones so-ciales que se manifiestan en estallidos violentos, en lascuales los Señores de la Guerra compiten por la gestiónde la ayuda humanitaria, los recursos naturales o el con-trol del narcotráfico en las ruinas estatales que dejantras de sí los programas del Banco Mundial.

Mediante este estudio pretendemos demostrar queel uso de violencia privatizada como síntoma inherentedel supuesto “debilitamiento del Estado”, está siendoimpulsado en gran medida por Occidente. Esto quedaparticularmente patente en el desarrollo que presenta elejército estadounidense, el cual crea en su mismo senoelementos de privatización que integran la conducciónde guerras a la economía de mercado. Las llamadas com-pañías militares privadas –generalmente fundadas porantiguos soldados de carrera– asumen hoy ya no sólo laconstrucción de campamentos militares, sino cada vezmás (también) misiones de combate. Ha transcurrido yamucho tiempo desde que la declaración de la indepen-dencia de Estados Unidos calificó el uso de mercenariospor el rey de Inglaterra como «totalmente indigno de unanación civilizada». En la actualidad se privatizan inclusolas misiones de las Naciones Unidas.

Analizando las nuevas guerras en Latinoamérica, Áfri-ca, los Balcanes y Asia, no encontramos ningún tipo de«anarquía», «estallidos de violencia irracionales» y «con-flictos étnicos», como se sugiere en innumerables mediosde comunicación. Hemos llegado más bien a descifrarun nuevo orden de guerra, donde los actores militaresprivados de los Estados y las elites son usados para ase-gurar su dominio. Tal como hemos venido investigandodesde hace unos años, en casos concretos esos actorespueden ser paramilitares para la lucha contrainsurgente

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en Colombia1 y México2 como también compañías milita-res privadas que reclutan antiguos policías para patrullaren los protectorados de los Balcanes, Afganistán e Iraq.

Mientras tanto, la misma conducción de la guerra seha convertido en algunos casos en el objetivo principalde los actores con el fin de lograr ganancias en el capita-lismo global. Esto es válido, por ejemplo, para los apara-tos militares africanos, que se transforman en empresasde la industria minera y llevan a cabo luchas armadas en-tre ellas por el dominio de las minas, dejando tras de síno sólo un inmenso número de víctimas (sólo la guerradel Congo le ha costado la vida desde 1994 a un númerode personas que oscila entre los 2,5 y 3,5 millones, siendoel 90% civiles), sino también sociedades que tienen quereabrir otra vez sus caminos hacia la emancipación.

Las “nuevas guerras” no constituyen un fenómenoque pueda ser considerado como homogéneo. La guerrade las compañías mineras-militares en el Congo difícil-mente puede ser comparada con el programa paramili-tar de lucha contrainsurgente colombiana, que sigue ladoctrina del Low intensity warfare (Operación militar debaja intensidad) del ejército de Estados Unidos, ense-ñada en el centro de formación para los militares latino-americanos (ex Escuela de las Américas) ubicado en FortBenning en el Estado de Georgia.

Un cuerpo de guardaespaldas reclutado entre mer-cenarios en Estados Unidos para el presidente afganoAbdul Hamid Karzai es algo diferente a los antiguos mili-tares del ejército del apartheid sudafricano, quienesprotegen hoy los oleoductos en Nigeria al servicio deconsorcios transnacionales. Antiguos generales altamen-te condecorados del ejército estadounidense –quienesprestan ayuda militar privada en la creación del ejército

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1. Azzellini, Dario; Zelik, Raul: Kolumbien – Grosse Geschäfte, staatlicher Terror und Aufs-tandsbewegung, Editorial Neuer ISP, Frankfurt, 1999.

2. Kanzleiter, Boris; Dirk, Pesara: Die Rebellion der Habenichtse. Der Kampf für Land undFreiheit gegen deutsche Kaffeebarone in Chiapas, Edition ID-Archiv, Berlín, 1997.

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croata y permitieron que éste realizara una de las mayo-res “limpiezas” étnicas de la guerra de Yugoslavia–, tie-nen poco en común con los narcotraficantes en el Kosovoo Macedonia. Éstos libran batallas competitivas bajo laapariencia de representantes armados de «grupos étni-cos», hasta ser integrados por parte de la “comunidad in-ternacional”, bajo un control de protectorado en lasfunciones gubernamentales. De allí que el análisis de ca-sos específicos sirva para la diferenciación entre ellos y,al mismo tiempo, sea requisito indispensable para gene-ralizaciones.

En un texto introductorio, Thomas Seibert critica aldiscurso mismo sobre las “nuevas guerras”. Seibert afir-ma por una parte que los diversos fenómenos atribuidosa las “nuevas guerras” como, por ejemplo, el surgimientode ejércitos no estatales, no son tan novedosos aunquesí se estén transformando. Por otra parte, el autor tam-bién asevera que con el cambio del contexto global des-de finales de los ochenta, se forman estructuras socialesy políticas que promueven la expansión de las econo-mías de guerra. Bajo esta perspectiva, formas de trans-formación de la conducción de guerras en una parte dela economía de mercado, el creciente surgimiento deparamilitares, ejércitos de mercenarios y de compañíasmilitares privadas, representan una consecuencia direc-ta del capitalismo neoliberal.

En un texto relativo a Colombia, Dario Azzellini seña-la de forma detallada cómo se crearon grupos parami-litares por parte de las elites locales y se contrataroncompañías militares privadas, todo ello bajo auspicio fi-nanciero y político proveniente principalmente de Esta-dos Unidos. En Colombia son asesinadas anualmente pormotivos políticos más personas que durante los 16 añosde la dictadura de Pinochet en Chile. Las víctimas songeneralmente sindicalistas, activistas de los derechoshumanos o miembros de movimientos campesinos,quienes son calificados por los paramilitares como sim-patizantes de la guerrilla.

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Un modelo parecido al colombiano ha sido descu-bierto por el especialista en Kurdistán y Turquía, KnutRauchfuss. Él mismo explica cómo una alianza entre po-líticos, militares y narcomafia dirige la paramilitarizacióndel conflicto kurdo en Turquía, y cómo existen al mismotiempo nexos que llevan hacia Alemania.

En otra parte del libro referente a México, Dario Azze-llini estudia cómo la paramilitarización más allá del usode tropas en la lucha contrainsurgente, ha sido transfor-mada en nuevas formas de organización social, las cualesincluyen comunidades rurales enteras. Este modelo seobserva también en la guerra en Guatemala, analizada eneste mismo trabajo por Matilde Gonzáles y Stefanie Kron.Estas autoras se concentran en la relación existente entreparamilitarismo, violencia y género. Durante los añosochenta, el conflicto con la guerrilla en este pequeño paíscentroamericano dejó un saldo de decenas de miles devíctimas, y aún años después de su fin continúa existien-do en las comunidades un cierto orden de género produ-cido por violaciones masivas.

Boris Kanzleiter parte de los ejemplos de Serbia, Bos-nia Herzegovina y Kosovo para analizar cómo se ocasiona-ron “diferencias étnicas” durante la guerra de Yugoslaviacomo resultado del paramilitarismo. Los paramilitaresformados desde los aparatos de seguridad de Estados lle-varon a cabo campañas de robo y despojo contra la pobla-ción civil, que se vio obligada a posicionarse dentro de“límites étnicos”. Al mismo tiempo, los paramilitares setransformaron a través de una especie de “acumulaciónoriginaria” en protagonistas del proceso de privatizaciónya que poseían un buen capital y pudieron establecer“complejos criminales-institucionales” que actúan másallá del término de la guerra.

En una entrevista realizada por Boris Kanzleiter, elespecialista Matin Baraki explica cómo en Afganistánpor medio de la “guerra contra el terror”, se impuso unareorganización del sistema de los Señores de la Guerratras la caída de los talibanes. Dicho sistema reubicó alpaís en el primer lugar de la producción internacional de

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heroína desde el año 2002. Matin Baraki afirma que tan-to las posibilidades de emancipación política y socialcomo las capacidades de articulación de la oposiciónfueron obstruidas por la institución de los Señores de laGuerra convertidos en pilares de la administración in-ternacional.

Henri Myrttinen evidencia cómo la violencia en In-donesia, generalmente reseñada en los medios comoconflictos «étnicos» y «religiosos», se suscribe de mane-ra clara a intereses de poder económico y habitualmen-te es dirigida o aprovechada por el Estado. Las raícesdel conflicto y la manera como él mismo se ha llevado acabo datan de los años de la dictadura de Suharto y conello representan una “vieja” nueva guerra.

Boris Kanzleiter y Dario Azzellini realizan en dos ca-pítulos unos apuntes generales sobre compañías milita-res privadas (CMPs), fenómeno hasta ahora bastantedesconocido pero que adquiere una importancia cadavez mayor. Éstas representan la forma moderna de losmercenarios, y desempeñan un importante papel encada uno de los ejemplos regionales descritos. Las CMPs–fundadas a menudo por antiguos militares de alto ran-go– reclutan personal cualificado y lo ofrecen como servi-cio a misiones bélicas para asesoramiento militar, laboresde reconocimiento e inteligencia y formación militar.Dieter Drüssel en otro capítulo describirá el funciona-miento de la CMP DynCorp, la cual no sólo realiza activi-dades en los Balcanes, Afganistán, Iraq y Colombia, sinoque también ejerce labores de seguridad externalizadasen el aparato estatal de Estados Unidos.

El especialista en África, Björn Aust, analizará por suparte la economía de la guerra del Congo que se ha con-vertido desde mediados de los años noventa, en la cau-sa de la “primera guerra mundial del África”. Despuésde los fracasados intentos de un desarrollo recuperadory casi totalmente olvidado por la opinión pública occi-dental –incluyendo a sus representantes críticos–, en elcorazón del África se extiende en la actualidad una eco-nomía de libre mercado radical y desregulada. En esta

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economía, aparatos militares, milicias y paramilitares li-bran batallas armadas compitiendo por la explotaciónde materias primas que son exportadas por compañíastransnacionales hacia Europa, Japón o Estados Unidos.Lisa Rimli llega a una conclusión similar en una aporta-ción a este estudio, refiriéndose a la economía de guerraen Angola, que encuentra incluso continuación despuésde la firma de un acuerdo de paz. La autora observacómo las convenciones de las Naciones Unidas y la Or-ganización de la Unidad Africana (OUA) para la proscrip-ción de actividades de mercenarios acepta de maneraimplícita el uso de mercenarios por parte de gobiernosreconocidos.

En un último capítulo Dario Azzellini presentará elcaso de Iraq, donde nos encontramos ya con que unade cada ocho personas trabajando en tareas militares o deseguridad –que en un contexto de guerra también sonmilitares– es un empleado de una CMP.

Cuando este libro fue publicado en Alemania, en ju-nio del 2003, el tema de las compañías militares priva-das era casi una novedad que había sido ignorada ydescuidada durante mucho tiempo. Sólo después de losataques de milicianos iraquíes en Fallujah el 31 de mar-zo de 2004 empezaron a ser publicadas más informacio-nes al respecto. A pesar de que en un primer momento setrató de convencer al mundo de que los estadouniden-ses asesinados eran civiles, con el paso del tiempo nose pudo ocultar que éstos eran empleados de la compa-ñía militar privada Blackwater USA. Aunque supuesta-mente son civiles y no militares, los empleados de esetipo de compañías asumen plenamente tareas militares.En el caso de la Blackwater los “empleados” como gue-rreros privados –personal militar altamente cualificado yentrenado–, asumen hasta tareas de más riesgo que elejército mismo. En Iraq, por ejemplo, estaban encarga-dos de llevar a cabo los combates detrás de las líneasenemigas, es decir, se introducían sin ser observados ala ciudad de Fallujah para llevar a cabo acciones milita-res, cuando ésta estaba controlada por fuerzas rebeldes

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iraquíes. Naturalmente este trabajo altamente peligrosofue muy bien pagado (hasta 1.500 dólares al día). Inclusoexisten varias fotos que muestran a los “empleados civi-les” de Blackwater USA en Iraq con armas de guerra ac-tuando sin uniforme y disparando desde los tejadosjunto a soldados estadounidenses. Ejércitos privados,expertos militares e informáticos al servicio de las tro-pas estadounidenses, radares del ejército de EstadosUnidos manejados por compañías privadas, aparecencomo elementos de ciencia ficción. Sin embargo, la rea-lidad a veces va más allá y es más es más increíble quecualquier película de este género. El negocio mundialde las compañías militares privadas alcanza, según esti-maciones, unos 200 millardos de dólares anuales.

La presente edición del libro llega a nuestras manoscon diversas modificaciones respecto a la edición ale-mana, así como también a ediciones en otros países (Ve-nezuela, Cono Sur). Por un lado, esta edición no incluyeun capítulo sobre las empresas de seguridad y vigilanciaen Alemania. Por el otro lado, incluye un capítulo sobreIraq –que por razones evidentes no podía estar incluidoen la edición alemana dado que la invasión de Iraq em-pezó cuando el libro llegó a la imprenta. Del mismomodo, el capítulo sobre las diferentes clasificaciones deCMPs es totalmente nuevo. Además, esta edición cuen-ta con capítulos actualizados y ampliados como los refe-rentes a Colombia y México.

Con la basta información que presenta esta recopila-ción, reunida por expertas y expertos en los diferentescontextos específicos, no queremos atemorizar ni hacerperder esperanzas a nadie. Al contrario, estamos con-vencidos de que es necesario conocer adecuadamenteel funcionamiento y los actores del nuevo orden de gue-rra para poder oponerse a él. Nos parece particularmen-te importante reconocer que los límites entre guerra ypaz se desdibujan cada vez más. Tal como lo muestranlas líneas de desarrollo presentadas en este libro, losbombardeos de Bagdad o los de Belgrado no constitu-yen en absoluto la corta interrupción de una “paz” imagi-

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nada, donde la “guerra” aparece sólo como un estado deexcepción. En realidad lo que hoy se expande por regio-nes cada vez más amplias del globo es un estado deguerra permanente de diferente intensidad que necesi-ta respuestas mucho más complejas que la simple de-manda de un cese a los bombardeos. Lo que requiere lasituación actual es una crítica estructural a la “guerra”,como un nuevo orden de expresión de las tendenciasactuales de desarrollo del capitalismo.

Los autores, agosto 2005

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Para el año 2002, el «barómetro de conflicto» quepublica anualmente el Instituto de Investigación sobreConflictos Internacionales de Heidelberg (Alemania) diocuenta de 43 conflictos políticos o sociales conducidosmilitarmente, de los cuales 13 son calificados como gue-rras con extensión territorial. Sin embargo, realmenteuna de ellas, igual que en el año anterior, se llevó a caboentre Estados soberanos: la guerra de Estados Unidos ysus aliados contra Afganistán.6 No obstante, mirandocon más detalle, sólo en el sentido formal de la palabrase puede considerar esta guerra como «clásica», es de-cir, entendida como una guerra interestatal, ya que lamisma no se conduce en contra del ejército regular deun Estado, sino contra los Señores de la Guerra taliba-nes y la red de Al Qaeda, e incluso con la ayuda de otrosSeñores de la Guerra. Además, la guerra en Afganistánforma parte de la Operación Libertad Duradera (Opera-

IEl nuevo orden de la guerra

El capitalismo global y su salvaje cara oculta

Thomas Seibert

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6. Referencia: www.hiik.de

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tion Enduring Freedom) que no tiene límites temporales niterritoriales y que lucha contra una serie indefinida deposibles enemigos. Esta operación alcanzó su apogeomás reciente con el asalto a Iraq durante la primaveradel año 2003, en clara violación de los principios del De-recho Internacional público, y que, evidentemente, nopuede considerarse como una guerra en el sentido clási-co de la palabra.

Cambio en los paradigmas del orden de la guerraEsta afirmación parece comprobar el discurso iniciado

por autores como François Jean, Jean-Christophe Rufin,Michel Ignatief, Mary Kaldor, Herfried Munkler y ErhardEppler entre otros, según el cual el lugar de las “viejasguerras” conducidas por Estados nacionales soberanos yreguladas por el Derecho Internacional público estásiendo ocupado por las “nuevas guerras”, que son con-ducidas por diversos actores muchas veces no estatalesy sin ningún tipo de regulación legal.4 Aunque este dis-curso apunta a modificaciones históricas indiscutibles, noanaliza aquello que desea explicar,5 lo que puede serapreciado incluso desde el concepto de la guerra sobreel que se sustenta. Esto se debe a que la diferencia en-tre las guerras “nuevas” o “pos clásicas” por una parte, ylas “viejas” o “clásicas” por la otra, se reduce al mismo ni-vel de la diferencia entre guerras “correctas» e “incorrec-tas” en un cambio normativo. Así, el discurso de las“nuevas guerras” legitimiza las “guerras correctas” –que

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4. François Jean, Jean-Christophe Rufin, Ökonomie der Bürgerkriege, Munich, 1995;Mary Kaldor, Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Francoforteen el Meno; Michel Ignatief, Die Zivilisierung des Krieges, Hamburgo, 2000; Herfried Münkler,Die neuen Kriege, Reinbek, 2002; Erhard Eppler, Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmark? Die Pri-vatisierung und Kommerzialisierung der Gewalt, Francoforte en el Meno, 2002; Ulrich K. Preuss,Krieg, Verbrechen, Blasphemie. Zum Wandel der bewaffneten Gewalt, Berlín, 2002.

5. El presente ensayo critica el concepto de las “nuevas guerras” desde una pers-pectiva materialista histórica, que coloca a las guerras y al orden de las mismas en el con-texto de la reproducción del dominio capitalista. Se abren accesos a este tipo deperspectivas, por una parte con Michael Hardt / Toni Negri, Imperio El nuevo orden mundial,Buenos Aires, 2002; y por otra con Robert Kurtz Weltordnungskrieg. Das Ende der Souveränitätund die. Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung, Bad Honnef, 2003.

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son reguladas por el Derecho Internacional público yconducidas por estados nacionales soberanos– como ul-tima ratio del intento de eliminar de la faz de la tierra elhorror causado por las “guerras incorrectas”.

El argumento central para ello radica en su clasifica-ción de «guerras de desintegración del Estado», comoconsecuencia del fracaso de una «estatalidad robusta».6La pacificación sólo podría alcanzarse entonces median-te el restablecimiento de un monopolio de poder esta-tal, si es necesario por la vía de una intervención militar yla implantación de una estructura de protectorado. Preci-samente para eso, los Estados dominantes del sistemamundial capitalista ya se auto-apoderaron (y es aquídonde se evidencian los intereses políticos que rigen eldiscurso), intentando ejercer un dominio sobre la incon-trolada y quizás incontrolable violencia en las periferiasdesde la segunda Guerra del Golfo a través de una seriede «guerras de ordenamiento mundial» (R. Kurz).

Aquí también se trata, aparte del cálculo dirigido ha-cia el control y la limitación, del acceso a los recursos ylas fuerzas laborales, cuyo aprovechamiento todavíadespierta un interés específico.

En contra de la diferenciación entre “viejas” y «nue-vas» guerras, tan manejable como conforme al Estado,antes de nada se puede constatar que la construcciónde una sucesión lineal de órdenes de guerra históricos,desde los ejércitos nómadas de la Edad Media hasta losejércitos regulares del Estado nacional moderno, ideali-za la realidad desde siempre.7 Ya en tiempos anterio-res, las guerras eran simultáneamente más y diferentesa supuestos conflictos armados regulados por el DerechoInternacional público entre los ejércitos regulares de Es-tados separados territorialmente y siguiendo cálculosracionales. Para empezar, los ejércitos regulares no pue-

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6. Herfried Münkler en entrevista con Eberhard Sens, Lettre International 14, Winter2002,. p. 14ss.

7. Phase 2 berlin, Wer vom Kriege für sich redet, sollte vom Krieg an sich schweigen.En: Phase 2 Nro. 07/03, p. 14ss.

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den ser concebidos en su génesis histórica como una ins-titución del Estado nacional moderno, pues constituyenuno de los elementos de los cuales el Estado se originaen primera instancia. Incluso más adelante, las guerrasconducidas por este tipo de ejércitos no podían ser ana-lizadas sobre la base del cálculo racional de la soberaníaen guerra. En este sentido, ya Marx hacía referencia alhecho de que la función de la guerra en el capitalismo nosólo se reduce a la conquista o a la usurpación de territo-rios extranjeros y de sus mercados, sus materias primas ysu fuerza laboral, sino también comprende precisamen-te la destrucción sistemática y a menudo involuntaria decapital, con la cual de hecho se resolvieron las crisis desobreproducción.

Por ello, los fenómenos atribuidos a las “nuevas gue-rras” pueden ser observados incluso en la mayor partede las «viejas guerras»: el desacato a las diferencias en-tre combatientes y civiles y la amplia destrucción de lainfraestructura económica, la cooperación de actores es-tatales y no estatales, asimetrías extremas entre las par-tes en guerra, la acción en espacios desestatalizados, ladesaparición de los límites de toda codificación jurídicay política, y la sobredeterminación a través de etnicis-mo, racismo o “fundamentalismo”. Esto es válido tam-bién, y particularmente, para las dos Guerras Mundiales,específicamente en la guerra de conquista nacional-socialista. En ella, el antisemitismo eliminatorio del im-perio nacionalsocialista redujo en forma masiva loscálculos racionales planteados. La diferencia entre las“viejas” y las “nuevas” guerras tampoco se puede soste-ner respecto a las guerras de liberación anti y post-colo-niales, en las cuales se encuentran también todos losfenómenos que, en primera instancia, deberían funda-mentar la diferencia.

Las guerras calientes en la Guerra Fría y Mayo del 68En el discurso de las “nuevas guerras”, el fin de la

confrontación de bloques termina la transición que vade las guerras clásicas a las posclásicas. Sin embargo, en

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realidad con la ruptura de cambio de época de 1989 ter-mina, ante todo, una guerra que no fue ni clásica ni pos-clásica: la Guerra Fría entre Estados Unidos, la UniónSoviética y sus aliados. Empezando inmediatamentecon el fin de la Segunda Guerra mundial, subordinó lacompetencia multipolar de diferentes estados naciona-les, hasta entonces medida también militarmente, a unacompetencia bipolar a escala mundial entre dos blo-ques de Estados dominados uno por Estados Unidos yel otro por la URSS. Con ello, las guerras clásicas interes-tatales se habían imposibilitado de facto, tanto dentro delos bloques como entre ellos; y en lo sucesivo se limita-ron a aquellos Estados que no pertenecían a ninguno delos bloques. Zonas de influencia nacional-estatal o inte-rés de ocupación, colonialización o expansión ya no erantanto el objeto de la competencia, más bien lo eran lasmismas formas de reproducción capitalista que había enambos bloques: la pax americana con su capitalismo mo-nopolista o la pax soviética con su capitalismo monopo-lista de Estado, que eran órdenes de paz y de guerra almismo tiempo.

Mientras no se tratase de remanentes conflictos colo-niales (como por ejemplo, la guerra franco-argelina o lafranco-vietnamita, o las guerras de Portugal en Angola,Guinea y Mozambique), los conflictos armados durante laépoca de la competencia de sistemas estaban dirigidosante todo hacia la (re)integración o la expansión de am-bos bloques. Se trataba de guerras “hacia adentro”(Hungría 1956, la República Socialista Checoslovaca 1968,diversas intervenciones estadounidenses principalmen-te en América Latina), o como «guerras de suplentes»conducidas por movimientos guerrilleros anti o poscolo-nialistas. Si el bloque dominado por los soviéticos hizode la guerrilla un elemento funcional, el Occidente seapoyó en las dictaduras coloniales y poscoloniales que laguerrilla combatía, y en una contraguerrilla a menudo for-mada por mercenarios, cuyo proceder ya desde enton-ces se asimilaba al de los «movimientos rebeldes» delas “nuevas guerras”.

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Y aunque tanto la guerrilla como la contraguerrilla, asícomo los regímenes establecidos por ambas, dependíanestructuralmente de la alimentación de los bloques quehabía tras ellos, las guerras que conducían no cumplíanen su funcionalidad para la confrontación de bloques.

En cualquier lugar donde tanto las revueltas propul-sadas militarmente por la guerrilla, como los gobiernosque las originaban, superaban la propia instrumentaliza-ción e iban más allá, se abrieron posibilidades para elestablecimiento de una fuerza que se liberase de la lógi-ca de la competencia de sistemas y fuese por lo menostendencialmente antagónica a la reproducción del domi-nio capitalista (bien sea monopólico o de Estado). Y enlos casos en los cuales las tendencias que no habían de-sarrollado todavía su potencialidad fallaban frente a laprepotencia de la confrontación entre bloques, se lesimponía la reproducción del capitalismo, que pasabapor encima de ellas, no sólo en el marco de la confronta-ción de bloques, si no también por medio de ella.

Naturalmente, lo anterior era válido también en elinterior de cada uno de los bloques, donde la GuerraFría se utilizó para solidificar la hegemonía ideológica yla reintegración de ámbitos opositores al sistema res-pectivo.

Durante los años sesenta, sin embargo, la funcionali-dad de la competencia de sistemas para la reproduccióndel dominio capitalista fue disminuyendo continuamen-te. Entraron en crisis no sólo formas singulares de regu-lación y de representación del socialismo real o bien dela democracia liberal, sino las mismas formaciones de so-cialización fordista, fundamentadas en la producciónindustrial a gran escala, base de ambos sistemas. Al vis-lumbrarse alrededor de mayo de 1968 la posibilidad deun reforzamiento y una penetración mutua de las gue-rras de liberación anti y poscoloniales con el surgimien-to vertiginoso de revueltas sociales y culturales en lospaíses occidentales y orientales, la continuidad del do-minio capitalista monopólico o de Estado estaba bajoserios riesgos.

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El capital occidental respondió a la continua agudi-zación de las crisis con una transformación de sus formasde socialización, que estuvo apoyada en la utilizaciónsistemática de fuerzas productivas de tecnología de in-formación. Al mismo tiempo, la intensificación de lacompetencia de sistemas promovida ante todo por elcomplejo militar-industrial de Estados Unidos y acom-pañada por un rearme masivo aumentó la presión sobreel bloque soviético, y llevó finalmente a la bancarrotade los países capitalistas de Estado, fortalecida tam-bién por el éxodo masivo, un movimiento migratorioque contó millones de personas. Al derrocamiento desus aliados en el Oriente de Europa le siguió la disolu-ción de la URSS, el desplome de los Estados en vías dedesarrollo que dependían de ella en el Sur global y laderrota total de los últimos movimientos de emancipa-ción anti o poscolonial. La Guerra Fría había terminado,y las guerras calientes que se habían llevado a cabobajo sus condiciones empezaron a convertirse en otras,“nuevas guerras”: guerras cuyo contexto lo forma actual-mente el capitalismo posfordista transformado.

La transición posfordista y el «Nuevo Orden Mundial»A principio de la década de los noventa, los países

antes dominados por el bloque soviético y los Estadosdel Sur en vías de desarrollo que seguían su modelofueron incorporados por primera vez a un capitalismorealmente extendido a un nivel global, en el cual las co-rrientes de finanzas, mercancías y saberes tienden a es-tar libres de todas las limitaciones de los Estadosnacionales y, a su vez, son sujetas a la regulación de unared de instituciones supranacionales (OTAN, OCDE,FMI, Banco Mundial). Con la creación de cadenas mun-diales de valor se llegó a una reestructuración global dela división del trabajo, en la que el sector primario de laagricultura y la obtención de materias primas, y el sectorsecundario de la producción industrial fordista, que has-ta ahora había sido el sector líder, cayeron bajo el domi-

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nio del sector terciario de los servicios «inmateriales»(en el sentido más amplio de la palabra).8

Con la desvalorización sistemática de la fuerza labo-ral en la agricultura, la obtención de materias primas eindustrial, que acompaña al fenómeno antes expuesto,se echó abajo el mito del «desarrollo recuperador», queya era obsoleto desde el principio de la crisis de la deu-da a comienzos de los años ochenta. Éste había prome-tido a los países con un sistema capitalista de Estadodel segundo mundo «adelantar», y a los países en desa-rrollo del Tercer Mundo la futura incorporación al fordis-mo del Primer Mundo capitalista monopólico.

De hecho, la inclusión en el sistema mundial posfor-dista excluyó sistemáticamente de cualquier perspectivade desarrollo a una «población sobrante» que se cuentapor millones y crece diariamente. Al cabo de pocos añosse llegó a la amplia pauperización de sociedades com-pletas tanto en el Sur como en el Este, a la desintegra-ción de su sistema político y económico y a una migraciónmasiva de aproximadamente 150 millones de personas(3% de la población mundial y 30 millones más que en1990).9 Según estimaciones de la Cumbre Social de Gine-bra de la Naciones Unidas del año 2000, más de 1,2 mi-llardos de personas deben sobrevivir con menos de undólar al día. El poder adquisitivo de un sueldo promedioen América Latina ha llegado a ser hoy 27% menor queen 1980, mientras que el 40% del producto social brutose concentra en manos del 1% de la población, con ten-dencia a un aumento drástico.

En parte, la situación en África y Asia es hasta másdramática. En total, la participación del 20% más pobrede la población mundial en la producción, inversiones

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8. En aras de evitar un recurrente malentendido, quiero aclarar específicamenteque el dominio del sector terciario determinado por el posfordismo es cualitativo y nocuantitativo: mientras el alcance del trabajo «material» (en la producción de bienes y laobtención de materias primas) ejecutado en el sector primario y secundario excede to-davía el trabajo «inmaterial» (en la prestación de servicios) del sector terciario, este últi-mo, sin embargo, construye el marco en el cual el primero se da y es aprovechado.

9. World Migration Report 2000, www.iom.int

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extranjeras, exportación y comunicación se coloca deba-jo del 1%, mientras que la participación del 20% más ricode la población mundial se encuentra entre el 70% y el90%. El 70% de las inversiones a nivel global y el comer-cio mundial son controlados por las 200 compañías trans-nacionales más grandes. Este desarrollo encuentra suconcreción estadística final en el promedio de la expec-tativa de vida: mientras ha aumentado en los 31 paísesmás ricos del mundo entre 1975 y 1997, ha disminuido en18 países del mundo durante el mismo período, especí-ficamente en 10 países de África y 8 países de la antiguaUnión Soviética o de Europa del Este. Los ejemplos másdrásticos se encuentran en África donde el promedio deexpectativa de vida decayó en Botswana de 52 a 47, enZimbabwe de 51 a 44 y en Zambia de 47 a 40 años.10

La asimetría en la estructura de poder global se regu-la ante todo a través del endeudamiento de los paísesen desarrollo con respecto a actores estatales o no esta-tales del Norte. También aquí la dinámica de la pauperi-zación se puede comprobar estadísticamente: mientrasla deuda total de los países en vía de desarrollo del Surse situaba bajo los 100 millardos de dólares para el año1970, para 1998 había aumentado a 2.465 millardos dedólares. Considerando que sólo el servicio de la deudageneralmente devora entre un 30% y un 50% de su presu-puesto de Estado, los países en desarrollo dependencontinuamente de nuevos créditos, si desean mantenerun mínimo de soberanía en actuación y planificación. Sinembargo, el bloque dominante de Estados y el FondoMonetario Internacional controlado por el mismo, condi-cionan los nuevos créditos a «programas de ajuste es-tructural» que obligan a los Estados en desarrollo aldesmantelamiento progresivo de sus estructuras de es-

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10. El dramático descenso en la expectativa de vida en el Sur africano se debe engran parte a la propagación del SIDA, que sólo puede ser analizada indirectamente comoresultado de la globalización del posfordismo. A pesar de esta relevante salvedad, las ci-fras siguen siendo claras; a lo que habría que agregar además, que se ha registrado unadisminución semejante del promedio de la expectativa de vida en los barrios de lasgrandes ciudades de Estados Unidos.

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tado social, ya marginales de todas maneras, y al mismotiempo, a la venta de los mejores sectores de sus econo-mías nacionales a las compañías transnacionales.

En el marco de la división del trabajo globalizada yposfordista, la desvalorización o la subvaluación siste-mática de la fuerza laboral alcanza finalmente tambiénlas metrópolis del Norte. Con ello, la diferencia entremetrópolis y periferias se desprende tendencialmentede la escisión territorial Norte-Sur o Este-Oeste, y se re-produce en forma desterritorializada entre los Estados y,dentro de ellos, entre las regiones estatales y supraesta-tales, entre la ciudad y el campo, en las ciudades mis-mas y finalmente entre los mismos individuos: en unapartheid social y mundial, que es a la vez menos claro ymás pronunciado que nunca. El Cuarto Mundo de los to-talmente marginados, una frontera que se encuentra encualquiera de las regiones mundiales, sin embargo norepresenta algo exterior al capitalismo global sino quees, en efecto, su otro lado bárbaro. Al mismo tiempo esel espacio –que hay que entender como territorial sola-mente en forma limitada– en el cual realmente se puedehablar de “nuevas guerras”.

Economía de la guerra socialDebido a que el derrumbe de los países en vías de

desarrollo en ningún otro lugar del mundo ha sido tandrástico como en África, la situación de sus países sirvecomo referencia central del discurso de las “nuevas gue-rras” y del periodismo vinculado al mismo. Los mediosde comunicación masiva informan una y otra vez sobreinmensas limpiezas étnicas y masacres aparentementesin motivos u objetivos en el marco de innumerablesconflictos como en Angola, Etiopía, Eritrea, el Congo,Ruanda, Somalia, Sudán y Sierra Leona.

Estos hechos se explican con un modelo de análisisetnicista e incluso racista ampliamente difundido , segúnel cual diferentes grupos étnicos no «podían» unos con

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otros dentro de la estrechez de un mismo Estado nacio-nal, y por ello tarde o temprano deberían enfrentarse.

En realidad, la crisis africana no resultó de una vio-lencia etnicista llegando a una explosión casi natural ydel «desmoronamiento del Estado» causado por la mis-ma: ambos fenómenos son, en sí mismos, más bien con-secuencias de la historia particular de la descolonizaciónde África, que nunca pudo cumplir en la realidad con suorientación ideológica de «desarrollo recuperador». Porello, los países en desarrollo de África en ningún momentoalcanzaron la soberanía de los países latinoamerica-nos. Por ejemplo, el ejército y la Policía desde un princi-pio eran su esencia, y sus cuerpos oficiales procedían engran parte de los aparatos coloniales de poder.

Alcanzada una independencia formal, la política delas elites estatales apuntó hacia la apropiación privadade los ingresos de la economía de exportación. Tambiénlograban ganancias extra a través del aprovechamientometódico de las rivalidades estratégicas de la confronta-ción de bloques; los recursos así conseguidos beneficia-ban a sus cuentas privadas y al aparato militar y de laPolicía. Para crear un mínimo de legitimación política,establecieron un sistema clientelista basado en la per-tenencia a clanes. Dado que casi no se implantaronotras instituciones estatales, las estructuras locales de lasociedad de clanes se mantenían como el único recursofiable de confianza, justicia y seguridad social. En la me-dida que el Estado africano en desarrollo se mantuvoenfrente de la población propia como un partido que ac-tuara sólo según los intereses particulares de las elites,que casi no podía sustentar en una lealtad de las masasestablecida por instituciones del Estado social y de lasociedad civil.

Con el fin de la confrontación entre bloques y con lareestructuración posfordista de la división global deltrabajo, este modelo de desarrollo se desplomó en símismo. En la lucha por los recursos restantes de sus paí-ses económicamente destruidos, las elites dominantesse dividieron y tomaron a los propios pueblos como re-

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henes y a la vez como infantería de su competencia porla supervivencia. Cuando el Estado en desarrollo, enbancarrota, suspende el pago de sueldos a los militaresy la Policía, las tropas se abastecen merodeando a la po-blación por medio de ataques, mientras algunos Seño-res de la Guerra establecen en sus regiones, en parte demanera abierta, regímenes de producción esclavista.Debido a que en muchos países africanos más de la mi-tad de los jóvenes no tienen sustento, ni las tropas regu-lares ni las irregulares necesitan preocuparse por laafluencia, el servicio en el ejército o en las bandas de losSeñores de la Guerra constituye la única fuente de in-gresos para gran parte de la población masculina, inde-pendientemente de si el sustento proviene del pago desueldo o directamente del robo. Entre estos frentes másque complejos, los ejércitos privados de mercenariospasan a desempeñar un papel cada vez más importantecomo un bando que opera por su propia cuenta.

Con la destrucción progresiva de las condicionesprevias a la guerra, la usurpación rapaz de los medios desupervivencia, y con ello la de las mujeres, se convierteen la base de la reproducción social. Sin embargo, estosignifica que en muchas sociedades africanas, la guerraya no es una interrupción irregular de la reproducciónmás o menos pacífica de la vida social, sino que se haconvertido más bien en un economía regulada segúnsus propias leyes y orientada hacia su propia reproduc-ción. A pesar de todas las diferencias –a menudo rele-vantes– entre los casos singulares, las economías de laguerra social son la verdad material de las “nuevas gue-rras” también en Asia y América Latina, en los “Estadosen transformación” que una vez estuvieron dominadospor el bloque soviético y –por último, pero no en menorgrado de importancia– en las regiones en derrumba-miento de las metrópolis.

Su dinámica no está siempre determinada por en-frentamientos militares manifiestos; en muchos casos suforma violenta se mantiene en el nivel de bandas o desistemas de gángsteres. Aquí se encuentran también en-

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laces con la economía del crimen organizado y, natural-mente, con las diversas expresiones de la economía in-formal y de la economía de migración. El hecho de queestas economías no constituyan una excepción al capita-lismo actual, que no estén “fuera” de él –sino que repre-senten su lado bárbaro– se concreta en sus innumerablesnexos con la economía mundial regular, y representa unavariación del hecho válido para el capitalismo en general,de una combinación históricamente variante en formacontinua de formas de producción capitalistas y no capi-talistas.

El monopolio de poder imperialMientras el posfordismo del Sur globalizado culmina

en las economías de la guerra social, el del Norte globali-zado culmina en la actual Operación Libertad Duradera,llevada a cabo actualmente en Iraq. La interpretación ge-neralizada de todos los bandos por medio de ideologíasracistas, nacionalistas, etnicistas o incluso «fundamenta-listas», no resulta tanto de lazos étnicos o religiosos ob-soletos, si no más bien de la desvalorización profundade ideologías socialistas en su sentido más amplio y dela debilidad simultánea de las ideologías liberales ydemocráticas en la transición del fordismo al posfordis-mo. Los desplazamientos del campo ideológico reflejanel fin del mito del «desarrollo recuperador» y, al mismotiempo, la disolución de los compromisos de clases me-tropolitanos.

Por lo tanto, los Estados del Norte actúan como po-deres hegemónicos más que dominantes del sistemamundial: si la hegemonía está basada en una lealtad demasas construida a través de la integración ideológica,la dominación se fundamenta sólo en la superioridadviolenta, actualmente en la cualidad de ser invencibles,estructural de Estados Unidos.

A esto equivale que el proyecto ideológico de lospoderes dominantes del posfordismo mire exclusiva-mente y de forma inmediata a la implantación e imposi-

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ción de un monopolio imperial de violencia, es decir, unmonopolio de violencia que recurre a un amplio «ordenmundial». Este sistema está basado ante todo en los es-cenarios amenazantes de la «prevención de crisis», del«management de conflicto» y del antiterrorismo; y ya casinada en las promesas de desarrollo, progreso y partici-pación.

La Carta de este monopolio de violencia se encuen-tra en el «nuevo concepto estratégico» que fue elevadopor la OTAN a estatuto de la Alianza, con motivo de suquincuagésimo aniversario en abril de 1999. En este con-cepto, los poderes dominantes parten de «riesgos milita-res y no militares muy diversos, que proceden dediversas direcciones y a menudo son difíciles de prever».

A éstos pertenecen «la incertidumbre y la inestabili-dad en la región euro atlántica y sus aledaños, y la posi-bilidad de que se produzcan en la periferia de la Alianzacrisis regionales (...). Las rivalidades étnicas y religiosas,los conflictos territoriales, la insuficiencia o el fracaso delos esfuerzos de reforma, los abusos contra los derechoshumanos y la disolución de Estados (...). Los intereses deseguridad de la Alianza pueden verse afectados por ries-gos distintos de carácter más general, en particular poractos de terrorismo, de sabotaje o de delincuencia orga-nizada y por la perturbación del flujo de recursos vitales.

Asimismo, pueden plantear problemas para la seguri-dad y la estabilidad que afecten a la Alianza los grandesmovimientos incontrolados de población, en particularlos resultantes de los conflictos armados». En consecuen-cia, este escenario global amenazante demanda «capaci-dades militares eficaces en todas las circunstanciasprevisibles».11 Con ello, el artículo 5 del Tratado del Atlán-tico Norte –que limitaba la Alianza a la asistencia recípro-ca en el caso de un ataque militar en contra de una de las

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11. El concepto estratégico de la OTAN, aprobado por los Jefes de Estado y de Go-bierno que participaron en la reunión del Consejo del Atlántico Norte celebrada enWashington los días 23 y 24 de abril de 1999, www.mde.es/mde/docs/tratados/concepto.pdf.

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partes que conforman la Alianza– es nulo. Actualmente,las llamadas non-article 5 missions (Misiones no artículo 5)tienen el mismo rango que las misiones para la «defensade la alianza», eso explícitamente también sin el apoyo dela ONU o la OSCE.

Así como esta amplia auto habilitación no puede serinterpretada en base a su propia explicación –como undeber de «intervención humanitaria» en nombre de losderechos humanos–, tampoco puede ser analizada sola-mente siguiendo la teoría clásica del imperialismo.

La Operación Libertad Duradera sigue como objetivoguía primario, aunque no como fin único, a un «imperia-lismo exclusionista de la seguridad». Su misión está re-sumida por Robert Kurz de la manera siguiente: «No semira a la conquista y la incorporación para adueñarse deciertos recursos (mucho menos humanos). Por el contra-rio, la orientación estratégica está dirigida a mantener adistancia del sistema la enorme y amenazante masifica-ción de “supérfluos” en las periferias. Las catástrofescausadas por la misma economía universal de mercadodeben permanecer “fuera”. Desde este punto de vista,las corrientes de refugiados tienen que ser detenidas an-tes de las fronteras orientales, y las regiones de derrum-be “pacificadas” en un nivel de miseria.

El objetivo implícito sólo puede consistir en una je-rarquía de exclusión escalonada por continentes, que seextiende desde unos pocos países asociados a la OTAN yla Unión Europea (del tipo de Hungría), pasando por uncinturón de Estados sátrapas y de fachada (del tipo deCroacia), llegando hasta “protectorados” o homelands to-talmente dependientes, administrados por organizacio-nes internacionales o guerras de bandas (por ejemplo,Kosovo); que a su vez conforman una jerarquía de pau-perización».12

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12. Robert Kurz, Jungle World 19 / 1999.

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A eso corresponde en seguida la forma más policíacaque clásica militar de las guerras de ordenamiento mun-dial que siguieron a la Segunda Guerra del Golfo (1991)hasta la emprendida Tercera Guerra del Golfo, que sellevaron a cabo más bien siguiendo el ejemplo de unblitz, con el cual la Policía “reordena” un barrio domina-do por gánsteres.

En una acción de este tipo no se trata de limpiar parasiempre la zona afectada de los gánsteres, con el fin dellevar a sus habitantes orden, seguridad y civilidad a lar-go plazo. El objetivo consiste, ante todo, en contener a lapoblación pauperizada en sus propios barrios, o sea elaislamiento territorial de las zonas residenciales de laclase media y alta –visto en el nivel mundial– de las re-giones mundiales todavía prósperas. Al mismo tiempo,se trata de aclarar de forma manifiesta, quién es un ciu-dadano decente y quién un villano, así cómo determinarlos límites entre lo que será tolerado y lo que no.

Que como consecuencia de las guerras extremada-mente asimétricas la figura de los Señores de la Guerrase haya intensificado y que éstos estén directamentevinculados con el control imperial (como ha sucedidorecientemente en Afganistán) no constituye una contra-dicción a lo anteriormente dicho: el monopolio imperialde la violencia sigue con el modelo de la funcionaliza-ción de la contraguerrilla en uso en las “guerras de su-plentes”.

Lo mismo pasa en la paramilitarización intencionalde los conflictos sociales como es el caso de Colombia,donde los “para” que actúan como Señores de la Guerradebieron, antes que todo, ser construidos por las eliteslocales y nacionales en cooperación con Estados Unidos,para poder manejar la rebelión social. La continuidad in-controlable en el tiempo, en casos particulares incluso elaumento de la pauperización, la privación de derechos yla violencia extrema son conscientemente aceptadosporque se trata cada vez menos de eliminar en formaplanificada el “subdesarrollo”, si no principalmente del

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control de una población “excedente”, a la cual el siste-ma mundial ya no le tiene nada más que ofrecer.

Los Planes Marshall, que fueron creados igualmentepara África, los Balcanes o el Mediano y Cercano Oriente,también están determinados por cálculos económicosconcretos. Sin embargo, estos cálculos siguen solamentea los imperativos de aprovechamiento de un capital des-territorializado, que ya no puede frenar la dinámica pos-fordista de pauperización y exclusión, pues tiene a éstacomo precondición estructural.

Ahora bien, la geopolítica global está ciertamenteamenazada por escisiones internas, debido a las cualesse desmorona la unidad imperial de los poderes domi-nantes en una tríada conformada por Estados Unidos, laUnión Europea y Japón. Aunque Estados metrópolis de-penden uno del otro para asegurar el dominio que sólopueden imponer en conjunto, su interdependencia noanula su competencia interna. Pero ya no puede ser ana-lizada sólo como una competencia inter-imperialista,sino al mismo tiempo y más específicamente como unacompetencia en el imperio. Si el primer concepto definelas relaciones entre los diferentes aliados, en el últimose disputa la forma de la implantación, imposición y eje-cución del mismo monopolio imperial de violencia.

La discusión es sólo alrededor de si este tipo de in-tervenciones deben ser aprobadas multilateralmente osi también pueden ser implementadas unilateralmentepor el líder, Estados Unidos, sin la aprobación de losaliados. Y también está en discusión hasta qué punto yqué elites árabes son integradas en la estructura impe-rial, y cómo deberá ser enfrentado el peligro objetivo deuna revuelta panarábica-islamista de masas, que creceráen la medida que se les escape de las manos a estas eli-tes. Dejando por un lado los sucesos catastróficos posi-bles en cualquier momento –por ejemplo una guerradentro del imperio,– todo indica que la administraciónde Bush fracasará a pesar de su superioridad militar; yque Estados Unidos y la Unión Europea acordarán una

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política que cumpla más con las exigencias estructuralesdel imperio conjunto.

Los límites del imperioPrevio a la incursión de la maquinaria militar anglo-

americana en Iraq se sucedieron protestas antibélicas enformas y dimensiones nunca antes vistas, donde partici-paron más de once millones de personas sólo durante eldía de acción a nivel mundial (15 de febrero de 2003).Con ello pudo comprobarse, una vez más, que la oposi-ción creciente desde mediados de los años noventa con-tra el posfordismo global no pudo ser doblegada por lademostración de poder imperial, que se había converti-do en violencia material en el inmenso despliegue detropas en el golfo. En cuanto la movilización para el DíaGlobal Antiguerra tuvo sus orígenes en el Foro Social Eu-ropeo realizado en Florencia en noviembre de 2002, laalianza allí iniciada del llamado «movimiento crítico a laglobalización» con el movimiento pacifista se manifestórealmente como una fuerza social de relevancia mundial.En este contexto, los y las manifestantes del 15 de febre-ro utilizaron el poder del que hoy disponen de ser el pri-mer movimiento social de la historia que no tiene en laforma política de la Internacional su fin, sino su punto departida.

A pesar de ello, el «movimiento de los movimien-tos» está muy lejos de poder cuestionar materialmenteel orden mundial dominante. Esto se debe por un ladoa que está enfrentado a una formación del capitalismo,que surgió de una amplia deslegitimación de todas lasfuerzas de oposición anticapitalistas previas a ella y, porlo tanto, se ha fundamentado ideológicamente desdesus inicios sobre el mito de un «fin de la historia». El mo-vimiento crítico a la globalización está esbozado en con-secuencia por una extraña pérdida de experiencia, luegode que es familiar con la propia historia sólo según la in-terpretación de los supuestos vencedores. Éstos apro-vechan la ventaja en la lucha ideológica confrontando deimprovisto el autoproclamado «fin de la historia» al

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«choque de las civilizaciones», apoyándose justo en lascondiciones que ellos mismos crearon.13

En una forma ideológicamente transformada, ambasmetáforas, sin embargo, contienen el segundo y decisi-vo problema del movimiento antibélico crítico a la glo-balización. Este problema consiste en que la oposicióncontra la violenta «multiplicación y fragmentación» delsistema mundial sólo podrá convertirse en una lucha deliberación universal cuando ésta sea apoyada también yespecialmente por la «población sobrante» pauperiza-da, que lucha dentro de las economías de la guerra so-cial por su mera supervivencia. Por ello, la Internacionalque se está creando actualmente encuentra su piedrade toque en la capacidad de poner en comunicaciónsubjetividades políticas, que se forman dentro de reali-dades de vida extremadamente diferentes e inclusotendencialmente opuestas. Serán las resistencias delSur global (como ya lo ha ejemplificado la irrompible au-tonomía de la migración) que determinan en mayor me-dida los objetivos y las formas de la lucha. La tarea paralos movimientos sociales y las izquierdas políticas enlos Estados de la tríada consiste en romper el consensoracista de las metrópolis que fue reforzado con el discur-so de las “nuevas guerras”, según el cual el Norte globaldebe ocuparse de la implementación de la democracia,los derechos humanos y el civismo. La descolonizaciónes y seguirá siendo una condición estructural previa atoda emancipación.

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13. La obra de Francis Fukuyama El fin de la Historia y el Último hombre (México, 1992)exprime la autoestima de los vencedores frente al derrumbe de las izquierdas políticasdel siglo XX; Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mun-dial (Barcelona 1997) marca la línea cómo este fin debe mantenerse en pie en contra deellos, que no lo quieren aceptar. Ambos libros delimitan el horizonte ideológico del pos-fordismo y forman así –con o sin proponérselo– el subtexto del discurso de las “nuevasguerras”.

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El surgimiento de actores no estatales armados y lacreciente externalización de tareas estatales militares yrepresivas a empresarios de violencia privados es casisiempre considerado como debilitamiento del Estado.Colombia es una muestra ejemplar de que éste no debeser necesariamente el caso. La imposición de los intere-ses estatales y del capital privado es transferida en formacontrolada a las Corporaciones Militares Privadas (CMP) ya los paramilitares. Con ello no podría calificarse de nin-guna manera a Colombia como un “Estado fallido”.

El país de cuarenta millones de personas fue consi-derado durante décadas como consejo confidencialpara inversiones que traerían ganancias, y ha tenido lastasas de crecimiento más altas del continente latinoa-mericano hasta 1998. Colombia es rica en recursos natu-rales como petróleo, carbón, oro, esmeraldas, agua ybiodiversidad (hoy en día interesante en el ámbito delaprovechamiento biotecnológico). Cuatrocientas de lasquinientas empresas estadounidenses más grandes haninvertido en este país. A esto se agrega el narcotráfico,

IIColombia

Laboratorio experimental para el manejo privado de la guerra

Dario Azzellini

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el factor de crecimiento más dinámico.14 Los grandesbancos perciben ganancias del lavado de dinero, y losconsorcios químicos ganan de los productos base parala producción de cocaína.

Luego de una recesión entre 1998-1999 siguió rápida-mente la recuperación. Una fuerte desvalorización delpeso, la liberalización del tipo de cambio, un duro pro-grama de austeridad y el ataque frontal a la legislaciónlaboral permitieron un nuevo aumento de las exportacio-nes en un 13% en el año 2000. El nuevo presidente ÁlvaroUribe Vélez intensificó la orientación neoliberal y así elNew York Times destacó a Colombia a principios del año2003 como uno de los seis «mercados emergentes» másinteresantes a nivel mundial. Sin embargo, esta políticaprecisa también una intensificación de la guerra.

Colombia constituye desde hace 20 años un laborato-rio para la conducción privatizada de la guerra. Política,ejército, Policía, narcotráfico, ganaderos, paramilitares,ejército estadounidense, la agencia antidrogas nortea-mericana DEA, compañías transnacionales y CMP coope-ran en constelaciones cambiantes para imponer susintereses comunes en contra de las organizaciones cam-pesinas, sindicatos, movimientos sociales y, ante todo,contra los continuamente crecientes movimientos insur-gentes armados.15 La guerra se dirige en su mayor parteen contra de la población. Según la organización para losderechos humanos Codhes, 412.553 personas (20% másque en el año 2001) fueron desplazadas en Colombia du-rante el año 2002.16

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14. Constituye, según la mayoría de las estimaciones, alrededor del 6% del Produc-to Interno Bruto (PIB) y un porcentaje igualmente alto de la ocupación. Mucho menosque en Bolivia o Perú, aunque la riqueza acaparada durante los años se sitúa alrededordel 40% del patrimonio total en Colombia.

15. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como la guerrillamás grande tiene alrededor de 20.000 combatientes armados, el ELN (Ejército de Libe-ración Nacional), que es más pequeño, tiene cerca de 12.000. A ellos se agregan algunaspequeñas agrupaciones con pocos centenares de armados.

16. El Tiempo, 28 de abril de 2003.

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En total se calculan más de 2,5 millones de desplaza-dos dentro del país. En el año 2002 se registraron 544 ma-sacres con 2.447 muertos, 4.512 asesinatos políticos, 744desaparecidos y 734 arrestos arbitrarios.17 No obstante, lamayor parte de la responsabilidad con respecto a las gra-ves violaciones de los derechos humanos ya no se adju-dica (como se hacía aún en los años ochenta) al ejército ylos órganos de represión estatal, sino a los paramilitares.

En Colombia hay guerra desde hace más de cienaños. Desde los años sesenta, ésta se disputa entre lasguerrillas y los aparatos de poder de las elites, y ha sidoparticularmente intensiva en los últimos 12 años, en losque se ha internacionalizado el conflicto.

Más allá del Plan Colombia18 y otras medidas, desdeel 2000 se inyectaron en el país más de 2,5 millardos dedólares en apoyo militar estadounidense para la presun-ta lucha contra el narcotráfico. Asimismo, las fuerzas decombate de Estados Unidos asumen un papel cada vezmás activo in situ. Exploradores Awacs (Sistema Aero-transportado de Alerta y Control Tempranos) de la Fuer-za Aérea estadounidense y estaciones de radar de dichopaís en Colombia –que deberían servir para luchar con-tra el narcotráfico– transmiten informaciones sobre mo-vimientos de la guerrilla desde marzo de 1999. Desdefinales de 2001, el control se utiliza de manera oficialpara la «lucha contra el terror». Al mismo tiempo, se anu-ló la restricción de la utilización de material bélico esta-dounidense en la lucha contra el narcotráfico. Desdeentonces se pueden encontrar instructores del ejércitode Estados Unidos cada vez con mayor frecuencia. Aesto se agrega unas 14 CMP, como mínimo, comisionadaspor el Pentágono y por empresas privadas.

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17. CPDH (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos), “DécimoForo Nacional de Derechos Humanos. Política de guerra al banquillo”, Voz, Nro. 2185, 12al 18 de marzo de 2003.

18. Un plan de más de 7,5 millones de dólares decretado a comienzos del año 2000por el gobierno de Pastrana, 90% del cual consiste en ayuda militar o policíaca. Colombiapretendía reunir una gran parte por sí sola, y obtener otros fondos procedentes de paí-ses de la UE, ante todo para presuntos «componentes sociales».

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Corporaciones militares privadasEl sector de los servicios de seguridad privados en Co-

lombia debe contar aproximadamente19 con 160.000 em-pleados Estas empresas están cada vez más integradas enlas operaciones de guerra. Entre ellas se encuentran tam-bién empresas internacionales como las británicas ControlRisk (consultas de prevención de riesgos, ex militares parala conducción de negociaciones, intentos de liberación ensecuestros) y Global Risk (entrenamiento para liberaciónde rehenes, guardaespaldas, control técnico y armado).En el ámbito militar altamente calificado se encuentranempleados extranjeros in situ de las empresas Bell Heli-copter Textron Inc., así como Sikorski Aircraft Corp (ambasde helicópteros de combate) y Lockheed-Martin (avionesmilitares). Estas empresas brindan apoyo al ejército en elcuidado, mantenimiento y manejo de las herramientasadquiridas.

Los empleados de las CMP ejercen de igual formafunciones de instructores, expertos en control, pilotos ygrupos especiales para la Policía y los militares colom-bianos; y trabajan también para la DEA, los servicios se-cretos estadounidenses. En general se trata de antiguosmiembros de unidades elite de Estados Unidos y ex mi-litares de otros países, veteranos de guerra o militaresactivos norteamericanos que asumen misiones tempo-ralmente limitadas durante sus vacaciones.

La utilización de CMP ofrece numerosas ventajas. Yaque éstas son delegadas y financiadas generalmente enforma directa desde Estados Unidos (por el Pentágono olos servicios secretos), instituciones gubernamentalescolombianas declaran no estar informadas sobre sus ac-tividades. Por otra parte, Estados Unidos tiene accesodirecto a la zona de operaciones por medio de las CMP.A su vez, las instancias de control y una crítica opiniónpública son mantenidas a distancia tanto en Colombia,

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19. Restrepo Escobar, Orland, “Auge del negocio legal e ilegal de la seguridad pri-vada en Colombia”, El Tiempo, 15 de julio de 2002.

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como en Estados Unidos. De ese modo se puede eludirel tope establecido por el Congreso de Estados Unidospara las fuerzas de acción en Colombia que anterior-mente estaba en 400 civiles y 400 militares, cantidadque aumentó el 9 de octubre de 2004 a 600 y 800, ya quelas CMP sencillamente contratan personal provenientede otros países.20 Algunos analistas calculaban ya haceunos años que la cantidad de empleados extranjeros delas CMP en Colombia es más de 1.000.21 Actualmenteson alrededor de 2.000.

California Microwave Inc.La California Microwave Inc. ofrece servicios milita-

res y de espionaje en el ámbito de la telecomunicacióny el control aéreo. Constituye una filial de la NorthropGrumman Inc. que dirige cinco estaciones de radar parael control del espacio aéreo con una cantidad descono-cida de empleados de Estados Unidos en el oriente y elsur de Colombia.

El 13 de febrero de 2003, unidades de las FARC de-rribaron una avioneta Cessna 208 en el departamentode Florencia, región de Caquetá, que realizó vuelos deinspección en la zona de la guerrilla para dar cuenta alos militares de los movimientos y paradero del Frente15 de las FARC y sus comandantes. A la tripulación per-tenecía un miembro colombiano del servicio secreto ycuatro empleados estadounidenses de la CMP Califor-nia Microwave Inc., reclutados por la Oficina de Adminis-tración Regional (Office of Regional Administration) dela Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una direc-ción fingida de la CIA. Tanto el colombiano como uno delos norteamericanos fueron encontrados asesinados, los

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20. El tope máximo de los militares de Estados Unidos ha sido aumentado a 500 enmayo de 2004, mientras se está discutiendo eliminar totalmente el tope máximo de civi-les contratados por CMP.

21. Flórez, Sandra Bibiana, “Mercenarios en Colombia: una guerra ajena”, en ProcesoNro. 1291, 29 de julio de 2001.

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tres norteamericanos restantes se encuentran en manosde las FARC.

En vista de lo anterior, el gobierno estadounidenseenvió 50 soldados elite a Colombia que deben prestarapoyo en la investigación y logística al ejército colom-biano en la búsqueda de «los secuestrados y sus se-cuestradores». Ante la interpelación del Washington Posten cuanto a su posible participación en las acciones deliberación, un portavoz del Ministerio de Relaciones Ex-teriores contestó: «tendríamos la capacidad de hacer-lo». Eso rompería el límite del congreso, que incluyeque las tropas estadounidenses no deben participar enoperaciones militares.

Con el envío se transgredió de igual forma el topeantes mencionado. Aunque según las declaraciones deGeorge Bush en total son sólo realmente 208, el mismoWashington Post habla de 411 soldados norteamericanos.22

Sin embargo, hasta finales de octubre de 2004 el gobier-no de Estados Unidos no tenía ninguna pista de los pri-sioneros.

DynCorp23

La CMP con más personal en la guerra colombiana esla DynCorp, que también participa en las fumigacionesde cultivos de droga. Para ello tienen a su disposición 88helicópteros y avionetas del gobierno estadounidense.La misma empresa estadounidense oculta la cifra totalde sus empleados en el país. Otras fuentes mencionan lacifra de 100 hasta 355, de los cuales menos que un tercioserían ciudadanos norteamericanos. Un ex empleadodeclaró: «cuando yo trabajaba allí, nuestra cifra aumentó

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22. La cantidad total es probablemente mucho mayor. Así, desde enero de 2003existen de manera oficial 70 soldados norteamericanos de los Green Berrets en la regiónpetrolera de Arauca. No obstante, según lo expresado por Jaime Caicedo (presidente delPC colombiano) en entrevista personal de fecha abril de 2003, se contabilizaron unos 400soldados norteamericanos uniformados en el lugar.

23. Como referencia, véase el artículo de D. Drüssel incluido en este libro.

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de 120 a 450».24 Los ingresos de la DynCorp aumentaronde 6,6 millones de dólares en 1996 a 30-40 millonesanuales a partir del 1999. Desde 1991, la empresa ha ob-tenido más de 300 millones de dólares en el marco de lacampaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfi-co en Latinoamérica.

La sede principal de las operaciones andinas de laDynCorp se encuentra en la Patrick Air Force Base (basede la fuerza aérea Patrick) en Florida. Allí se pone a prue-ba a aquellos aspirantes que se hayan presentado porlos anuncios en la prensa y se distribuye el programa Co-lar (Colombian Army o Ejército Colombiano) y Helas(Helicopter Assimilation-UH-IN o Asimilación de Heli-cópteros UH-IN). No son pocos los que se postulan; des-pués de todo, un piloto en la guerra de Colombia ganaentre 75.000 y 90.000 dólares anuales.25

La sede principal de la DynCorp en Colombia se en-cuentra en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, otrasocho bases militares hacen las veces de «Puntos Opera-tivos de Protección Delantera» (FOL en inglés). Según elcontrato, la DynCorp emplaza pilotos y mecánicos, y lle-va a cabo entrenamiento de pilotos, vuelos de inspec-ción y transporte de tropas para la destrucción de áreasde cultivo y laboratorios de droga. Miembros de la Dyn-Corp se hallan en los aviones de inspección OV-10 D(Broncos) en Colombia, vuelan las aeronaves de fumiga-ción T-65 y acompañan las operaciones mixtas con la Po-licía colombiana con grupos especiales en helicópteros.Estos Grupos de Búsqueda y Rescate (Search and Res-cue Teams, SAR) están compuestos a menudo por exsoldados de elite del ejército estadounidense y se lesencomienda la evacuación de personal militar en situa-ciones de peligro, oficialmente sólo en la «guerra anti-droga». No obstante, un veterano de la DynCorp informóque son empleados de igual forma en misiones de com-

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24. Vest, Jasón, “States Outsources Secret War”, en The Nation, 4 de junio de 2002.

25. En EE UU en los riegos en la agricultura ganan sólo 40.000 dólares.

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bate contra la guerrilla.26 Un piloto de nacionalidad pe-ruana de la DynCorp declaró: «Yo fui mercenario en Co-lombia, porque era un trabajo a sueldo, para librar unaguerra que no es mía (...). Se trataba de una operacióntípica militar (...) normalmente nos contratan para opera-ciones comerciales, pero cuando trabajamos para elejército de Colombia, la cosa es otra».27

En las fumigaciones de cultivos de droga los límitescon las operaciones militares son mas bien fluidos. Paraprotección, se dispara la zona con ametralladoras desdeel helicóptero en avanzadas que, acto seguido, acompa-ñan a las misiones con piezas armadas de artillería,28 yaque la guerrilla busca proteger a los pequeños agriculto-res de coca de las fumigaciones, pues éstas son parte dela guerra. Las fumigaciones destruyen todo tipo de culti-vos y causan daños severos y enfermedades, llegandohasta la muerte de campesinos y su ganado. Incluso sefumigaron regiones sin cultivos de coca.

La DynCorp niega una participación en operacionesde combate, pese a que ésta se hizo evidente cuando,el 18 de febrero de 2001, las FARC derribaron a balazosun helicóptero de la Policía que acompañaba a una fu-migación en Caquetá, al Suroeste de Colombia. Des-pués de un aterrizaje de emergencia, un grupo SAR de laDynCorp evacuó al piloto y a sus acompañantes. Loscuatro salvadores estadounidenses armados con ame-tralladoras M-16 libraron combates con la guerrilla, yotros dos helicópteros con personal estadounidensedieron fuego de cobertura. El piloto de la DynCorp eva-cuado del helicóptero de la Policía derribado –que tam-poco era colombiano– y otro miembro de la tripulaciónusaron pistolas y un lanzagranadas. Por lo menos ocho«evacuaciones calientes» fueron supuestamente efec-tuadas por los grupos SAR en los últimos seis años.

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26. Jason 2002.

27. Flórez 2001.

28. Ídem.

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Violencia privatizada al servicio de las compañíastransnacionales

Ya que las Compañías Transnacionales (CTNs) nece-sitan «seguridad de inversión», éstas trabajan (en situa-ciones de guerra) en conjunto con las Fuerzas Armadaspara proteger sus plantas e intervenir directamente en laguerra. Además, la utilización de grupos paramilitares alservicio de intereses capitalistas particulares es tambiéncomún en Colombia. Más de 2.000 sindicalistas han sidoasesinados durante los últimos 15 años. El jefe paramili-tar Carlos Castaño admite francamente: «Asesinamos alos sindicalistas porque no dejan trabajar a la gente».

El primer caso conocido es el de la participación dela empresa petrolera Texaco en la organización de gru-pos paramilitares en la zona de Puerto Boyacá a partir de1983. Las empresas bananeras multinacionales en la re-gión de Urabá lograron acabar con todo el trabajo sindicalen las plantaciones asesinando a más de 400 sindicalis-tas por medio de paramilitares entre fines de los ochentahasta mediados de los noventa. A principio de la décadade los noventa, los sindicatos acusaron a la CTN suizaNestlé de haberse servido de paramilitares para liquidara sus representantes en las negociaciones por el contra-to colectivo. La misma acusación fue levantada tambiénen contra de Drummond Coal (la más grande compañíaminera activa en el país) que en el año 2003 exportó 14millones de toneladas de carbón.29 Se acusa a la multi-nacional estadounidense de «haber suministrado dinero,víveres, combustible, armamento y tierras para cuartelesa los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas deColombia). A cambio de ello, la AUC ejerce una violenciaextrema, tortura y asesina a sindicalistas para evitar queéstos operen en estas empresas».30 El 14 de abril de2003 se admitió una demanda presentada por la Funda-

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29. Colombia es el cuarto exportador mundial de carbón y exporta entre 30 a 40 mi-llones de toneladas anuales, con un valor total de 990 millones de dólares en el año 2002.

30. En una carta del senador estadounidense Patrick Leahy al secretario general dejusticia John Ashcroft en marzo de 2003.

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ción Internacional para los Derechos Laborales (Interna-tional Labour Rights Foundation) en nombre del sindicato demineros y familiares de los asesinados ante una corte la-boral en Alabama, Estados Unidos. La corte se refirió alos paramilitares como «actores estatales».31

Oxy, AirScan y el ejército de Estados UnidosSiendo el quinto proveedor de petróleo más grande

de Estados Unidos, Colombia adquiere un papel impor-tante en la política exterior de Washington. La corpora-ción privada estadounidense de servicios secretosStratfor afirmó a fines de 2002 «que la mayor prioridadpara el gobierno de Bush es la protección de las regio-nes petroleras de Colombia (...) y la seguridad de otrasregiones rurales en donde se presuma la existencia deyacimientos de crudo, para que así las empresas esta-dounidenses puedan iniciar sus perforaciones de explo-ración bajo condiciones seguras».32

Un 20% del petróleo colombiano es extraído en elcampo petrolero Caño Limón ubicado en el departamen-to de Arauca, al nororiente en la frontera con Venezuela, yes bombeado a través de un oleoducto cientos de kiló-metros hacia el puerto caribeño de Coveñas. La mitad deesta cantidad va hacia Estados Unidos. Las empresas quemanejan los pozos y el oleoducto son la multinacional es-tadounidense Oxy y la colombiana Ecopetrol. Allí se en-cuentra también el territorio reconocido de los indígenasU’Wa que se han resistido durante una década a las per-foraciones exploradoras de la Oxy, quien los oprime pormedio del ejército colombiano y los paramilitares.

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31. La demanda es por «conspiración con paramilitares» relativa al asesinato enmarzo de 2001 del presidente y el vicepresidente del sindicato, y seis meses despuésdel nuevo presidente.

32. El petróleo es el principal objetivo de Estados Unidos en Colombia, segúnagencia de información en El Tiempo, 30 de octubre de 2002.

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Debido a que el oleoducto durante los últimos añosha sido saboteado por medio de cientos de atentadosde la guerrilla, el gobierno estadounidense concedió 88millones de dólares para su protección militar en el año2003: más helicópteros de guerra para la XIII Brigada delejército, construcciones de búnkeres y la capacitaciónde tropas colombianas por parte del ejército de EstadosUnidos. Para el año 2004 se tienen previstos 110 millo-nes de dólares en apoyo militar para la protección. Unasubvención de casi tres dólares por cada barril de petró-leo-Oxy.

La vigilancia de los campos de extracción y del oleo-ducto le corresponde a la CMP AirScan de Florida. Susequipos de trabajo vuelan Cessnas 337 (Skymaster) concámaras de vigilancia de video y de infrarrojo, e informanal ejército sobre presencia y movimientos guerrilleros. Pi-lotos que han trabajado en eso informan que han «opera-do frecuentemente como apoyo secreto a las patrullasantiguerrilla y han seleccionado objetivos militares, inclu-so celebraban muertes si un piloto de la aviación militarvolaba exitosamente una unidad de la guerrilla».33 El 18de diciembre de 1998, varios helicópteros de la aviacióncolombiana atacaron a presuntas unidades de las FARC,ubicadas en Santo Domingo a unos 50 kilómetros de dis-tancia del oleoducto. Dieciocho habitantes del pueblo,entre ellos siete niños, murieron bajo el fuego de lasametralladoras o fueron acribillados por las bombas-raci-mo. El ejercitó responsabilizó a las FARC por este hecho.

En mayo de 2000, una investigación del FBI confirmóla utilización de una bomba racimo estadounidense y latripulación del helicóptero fue inculpada por múltipleasesinato. El piloto colombiano y su copiloto reconocie-ron haber lanzado las bombas, sin embargo, los objeti-vos habrían sido establecidos por AirScan.34

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33. Miller, Y. Christian “A Colombian Village Caught in a Cross-Fire”, en Los AngelesTimes, 17 de marzo de 2002.

34. Penhaul, Karl “Colombia: Americans Blamed in Raid”, en San Francisco Chronicle,15 de julio de 2001.

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A causa de que en el video de la misión faltaba lapista sonora y los paramilitares asesinaron al testigo másimportante (que estaba dispuesto a declarar en contradel ejército), las investigaciones casi no avanzaron. E in-cluso cuando el diario colombiano El Tiempo publicó el 25de enero de 2003 una trascripción de la reaparecida ban-da sonora que ratificaba las declaraciones de los pilotoscolombianos, no se interrogó ni a los tres pilotos esta-dounidenses ni a los empleados de AirScan.

La Oxy apoyó la operación de manera decisiva en lamedida en que «facilitó el transporte de tropas, la coo-peración en la planificación y el combustible para laaviación colombiana, e inclusive para la tripulación delhelicóptero inculpada en el bombardeo».35 Los avionesde AirScan y los helicópteros de combate despegan yaterrizan en el campo petrolero de Caño Limón. Allí seencuentra también la base de acción equipada técnica-mente por la Oxy, en la cual los pilotos de la AirScan enla respectiva mañana mostraron a los militares la graba-ción en video del primer vuelo de reconocimiento.36

También en otras ocasiones el apoyo de la Oxy alejército resultó generoso. La Oxy y sus filiales pusieron adisposición de la XVIII Brigada militar helicópteros parael transporte de tropas, combustible, uniformes, autos ymotocicletas. Esa brigada es tristemente célebre porajusticiamientos extralegales, graves violaciones de losderechos humanos e indolencia con respecto a los para-militares.

La Oxy financia incluso un mejor abastecimiento dela unidad para reforzar la moral de la tropa. También di-nero en efectivo, casi 150.000 dólares anuales, en total unapoyo de más de 750.000 dólares al año. No obstante, laOxy declara que en el momento del bombardeo «no te-nía nexos contractuales con los pilotos o el avión». Estoes cierto en el sentido formal, pues aunque Oxy financia

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35. Miller, 2002.

36. Ídem.

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el avión Skymaster, la CMP ya no lo costea directamente.Ahora la compañía asociada Ecopetrol paga a la aviaciónmilitar colombiana, que a su vez cancela a AirScan.37

British Petroleum y DSLLa British Petroleum (BP) explota los campos petro-

leros de Cusiana en el oriente de Colombia, y tiene par-ticipación determinante en el consorcio Ocensa quemaneja el oleoducto de 800 kilómetros de largo que vadesde Cusiana hasta el puerto de Coveñas. La BP yOcensa comisionaron a comienzos de los años noventala Defense System Colombia (DSC - Sistema de defensaColombia), una empresa –hija de la británica DefenseSystem Ltd (DSL)–, con la seguridad de los campos deextracción y del oleoducto durante la construcción yposterior a ella. La BP se preocupaba tanto por los aten-tados del ELN como también por la central obrera iz-quierdista y fuerte Unión Sindical Obrera (USO).

Para el DSC, el ex oficial del servicio secreto británi-co Roger Brown, asumió el lineamiento de las medidasde seguridad. Brown adquirió en 1997 armas para elejército –financiadas por Ocensa– a través de la empre-sa de seguridad israelí Silver Shadow, que también par-ticipó en la elaboración del concepto de seguridad. Setrató de equipo sofisticado para la guerra antiguerrilla,entre otros tecnología de vigilancia y vehículos aéreosno tripulados para inspección. Aparte de lo anterior, seentrenaron unidades policíacas y del ejército en tácticasde la lucha contrainsurgente y guerra psicológica.

Amnistía Internacional manifiesta lo siguiente: «Loque es especialmente alarmante es que DSC/Ocensahaya comprado material militar para la XIV Brigada delejército colombiano, que tiene un historial atroz de vio-laciones de derechos humanos». En ese momento habíauna investigación en contra de la brigada del ejército

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37. Penhaul, 2001.

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por complicidad en una masacre de 15 civiles y conexio-nes con los paramilitares. Amnistía también calificócomo preocupante la relación con empresas de seguri-dad israelíes, «dado que en el pasado esas empresashan proporcionado mercenarios de nacionalidad israelí,británica y alemana para adiestrar a organizaciones pa-ramilitares que actúan bajo el control de la XIV Brigada».Los mismos paramilitares eran responsables ya durantela construcción del oleoducto de la muerte de 140 per-sonas sólo en la región alrededor de Segovia. Este he-cho afectó principalmente a activistas de organizacionessociales, políticas y sindicales, así como también a comi-té local para los derechos humanos en su conjunto.

Amnistía tiene una explicación para eso, pues la es-trategia para la seguridad del DSC se apoya «en infor-mantes muy bien pagados cuya misión es reunir deforma encubierta “información secreta” sobre las activi-dades de la población local de las comunidades por lasque pasa el oleoducto e identificar a posibles “subversi-vos” dentro de esa comunidades», afirmó Amnistía Inter-nacional. Aún más preocupante es que esta informaciónsecreta es, según informes, trasmitida después porOcensa a los militares colombianos que, junto con susaliados paramilitares, han elegido frecuentemente a losconsiderados subversivos como víctimas de ejecuciónextrajudicial y «desaparición».38

Cuando el negocio de las armas salió a la luz públicaen 1997, la Ocensa no extendió el contrato con el DSC, yBrown tuvo que renunciar a su cargo en la DSC. Sin em-bargo, en su lugar llegó el general colombiano inactivoHernán Guzmán Rodríguez, que supuestamente fue res-ponsable de un grupo paramilitar que perpetró 149 ase-sinatos entre 1987 y 1990. Asimismo, la BP extendió elcontrato con el DSC.

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38. Amnesty International, “Amnesty International Renews calls to Oil Companiesoperating in Colombia to respect human rights”, AI Index: AMR 23/79/98, 19 de octubrede 1998.

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En octubre de 1998 el Parlamento de la UE aprobóuna resolución en la que se condenaba el financiamien-to de escuadrones de la muerte por parte de la BP. Elsindicato USO, que es regularmente objetivo de asesi-natos paramilitares y de acusaciones jurídicas, sigue de-nunciando acciones de espionaje en su contra.

Coca-Cola y las AUC«En Coca Cola una y otra vez durante los últimos

años ha habido abusos contra trabajadores organizadossindicalmente. Los métodos van desde intimidaciones,secuestros y torturas hasta la muerte. En una celebracióndonde había mucho alcohol en 1996, Mario Mosquera,gerente de la empresa Panamco (la embotelladora co-lombiana de la Coca Cola) en Carepa anunció a voz engrito que acabaría con el sindicato con ayuda de los pa-ramilitares. Desde entonces se han asesinado en Carepaa varios activistas sindicales y los paramilitares se movi-lizan sin ser molestados por las áreas de la empresa»,39

según las afirmaciones de un activista del Sindicato Na-cional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Si-naltrainal.

Asimismo, los paramilitares de la AUC entran y salende la empresa embotelladora de Panamco en Bancaber-meja, y dejan cartas amenazadoras a sindicalistas acti-vos. Esto sucede bajo el encubrimiento de la gerencialocal. Cuando la AUC protestó en el año 2001 contra ladesmilitarización de la región y las conversaciones conel ELN por medio de bloqueos de carreteras, Coca Colasuministró las bebidas a los manifestantes.

Con ayuda de los paramilitares se agilizaron tambiénlos procesos de desregulación, como describe en formaimpresionante un miembro de Sinaltrainal: «A princi-pios de los años noventa trabajaban en las sucursales de

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39. Azzellini, Dario, “Kolumbien: 150 Dollar Monatslohn statt 600”, Interview mit einemCoca Cola Gewerkschafter, Mai 2002, http://www.labournet.de/internationales/co/cc-dario.html.

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la Coca Cola de Colombia más de 10.000 trabajadoresaproximadamente, todos disponían de contratos ilimita-dos y de un ingreso promedio de 600 a 700 dólares. Ac-tualmente, luego de una reestructuración fundamentalde la empresa, sólo unos 2.500 trabajadores mantienencontratos con Coca Cola y apenas 500 de esos contratosson fijos, los 7.500 restantes son empleados por las filia-les. Su ingreso mensual promedio es de sólo unos 150dólares. Las anteriormente buenas condiciones labora-les de Coca Cola en comparación con otras empresas co-lombianas, en sólo 10 años cambiaron todas a peor. Paraimponer esto debió ser desmantelado el movimientosindicalista, entre otros, que combatía esas condicionesy la reestructuración planteada. Durante dos huelgas en1995 y 1996 fueron asesinados siete de nuestros líderessindicales de la Coca Cola en Colombia, más de 50 de-bieron abandonar sus regiones y más de 6.000 de los10.000 empleados totales han sido intercambiados en eltranscurso de la década pasada. El número de nuestrosmiembros en Coca Cola disminuyó de los 2.500 anterio-res a unos 500».40

El 31 de agosto de 2002, fue asesinado un sindicalis-ta de la Coca Cola: Adolfo de Jesús Múnera López vice-presidente de la Central Unitaria de Trabajadores deColombia (CUT) en la región del Atlántico y que ejercíafunciones de suplencia en Sinaltrainal. Durante años,fue vejado y amenazado. En 1997, el ejército derribó sucasa, tuvo que huir y fue despedido por no presentarsea su lugar de trabajo. Tras un procedimiento judicial convarias instancias, el Tribunal Supremo de Justicia se pro-nunció por un deber de readmisión. Diez días despuésMúnera fue asesinado a tiros por los paramilitares.

El 30 de marzo de 2003 fue admitida una demandade Sinaltrainal contra la empresa embotelladora latinoa-mericana Panamericana Beverages Inc. y la colombiana

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40. Azzellini, 2002.

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Panamco y Bebidas y Alimentos ante una corte federalestadounidense en Miami. El sindicato quiere ahora ex-tender la demanda a la empresa madre Coca Cola. Éstay sus empresas embotelladoras, según la demanda, uti-lizan grupos paramilitares para evitar el trabajo sindicaly desmantelar los sindicatos.

Paracos, mercenarios y empresas de armasEntre los paramilitares se encuentran igualmente nu-

merosas conexiones con empresas de mercenarios y dearmas. En abril de 2002 se conoció que GIR S.A, una em-presa filial de la estatal Israel Military Industries Ltd.(IMI) con sede en Guatemala, había proporcionado 3.117fusiles de asalto AK-47 (Kalashnikov) y 2,5 millones decartuchos a los paramilitares a fines de 2001.41

Ya en 1988 la IMI había suministrado 500 fusiles auto-máticos al cartel de Medellín, que entonces participabaen la construcción de grupos paramilitares. El papel cen-tral lo desempeñaba el mercenario israelí y comerciantede armas Yair Klein (y su empresa Spearhead Ltd.),quien formó también a la contra nicaragüense en Hondu-ras en los años ochenta. Klein, reservista del ejército is-raelí, fue condenado en Israel por exportación ilegal dearmas hacia Colombia en 1991. Klein llegó a este país en1986 por iniciativa de la asociación empresarial Uniban(Unión de Bananeros). Según la fiscalía colombiana Uni-ban contactó con Ytzhak Maerot Shoshani, que vendíaarmas al Ministerio de la Defensa colombiano como re-presentante de una empresa israelí de armamento.Shoshani se puso en contacto con Yair Klein, que entró aColombia con ayuda estatal y su paso de frontera no fueregistrado en el aeropuerto. Klein formó entre otros alos paramilitares que cometieron varias masacres enplantaciones de bananos en marzo de 1988. Un testigo

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41. Tercero, Eduardo Marenco, “Militares incas en radar antiterrorista de EstadosUnidos”, en La Prensa, Managua, 23 de enero de 2003.

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declaró que los mercenarios alrededor de Klein habíanrecibido por parte de Uniban y algunos narcotraficantes800.000 dólares por su trabajo.

Paramilitares como brazo armado de las elitesLos paramilitares están organizados a nivel nacional

en su mayoría en la organización central AUC y compren-den más de 13.000 armados. Este ejército ilegal, cuyos ycuyas combatientes cobran un salario mensual de en-sueño para Colombia, 500 dólares, es financiado en un70% por el narcotráfico,42 y a ello se agregan pagos de di-versas compañías. El objetivo primario de los paramili-tares es la destrucción física de cualquier oposición. Asíla Unión Patriótica (alianza electoral socialista fundadacon la participación del Partido Comunista) perdió encasi 13 años unos 4.000 miembros o asesinados por losparamilitares.

Los paramilitares evitan combates directos con laguerrilla. Sus ataques son dirigidos principalmente a ci-viles desarmados, campesinos, sindicalistas, activistasde los derechos humanos, miembros de partidos y orga-nizaciones de izquierda, en fin, todas las iniciativas deautoorganización y bajo el concepto sintomático de «lim-pieza social» también atacan a pequeños criminales, in-digentes, niños de la calle, homosexuales, trabajadorasdel sexo y artistas callejeros entre otros. Para sembrar elterror, los paramilitares actúan con la violencia más extre-ma, torturan a sus víctimas y muchas veces las descuarti-zan vivas con motosierras. Al mismo tiempo obligan al

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42. La guerrilla también es inculpada de narcotráfico, aunque esto obedece bási-camente a la legitimación de la guerra. El ELN rehúsa cualquier conexión con el narcotrá-fico. Las FARC se han «involucrado» en la producción de coca y grava la compra de ésta yde su pasta en las zonas bajo su control. Incluso el jefe de la DEA Donnie Marshall debióadmitir en octubre de 2001: «No existen pruebas de que alguna unidad de las FARC odel ELN haya establecido redes internacionales para el transporte, para la preparaciónde grandes cantidades de drogas, o sistemas de lavado de dinero por el narcotráfico enEstados Unidos o Europa» Sánchez, Álvaro, “Kolumbien: Gewalt Drogen und Parami-litärs”, Manuscrito, sin año».

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resto de la comunidad a observar estos atropellos y pro-híben bajo amenaza de muerte enterrar los cuerpos.

Los paramilitares son el comodín en la imposición delos intereses de la oligarquía, militares, gobierno, narco-tráfico y compañías transnacionales, quienes no existiríansin su protección. Los paramilitares no poseen un pro-grama político a excepción de la defensa de las estructu-ras de poder existentes y los intereses de la economíaprivada. O como lo expresó el dirigente paramilitar Car-los Castaño en una entrevista con Radio Caracol el 4 defebrero de 2003: «Nosotros respetamos la propiedadprivada, respetamos las inversiones extranjeras, respe-tamos la economía nacional».

El terror a los paramilitares y la necesidad de losnarco empresarios del lavado de dinero –luego de laapertura de mercados– han promovido la agroindustriaorientada hacia la exportación y otras florecientes ramaseconómicas. Una verdadera contrarreforma agraria fueencauzada por el desplazamiento y el robo. La oficinade Naciones Unidas para el control de las drogas y laprevención del crimen estima que los narco empresa-rios se han apropiado de 44.000 kilómetros de tierras,casi el 40% de las áreas cultivables de Colombia.

Frecuentemente la población es expulsada de lasregiones donde se han planificado sus mega proyectos.Por una parte eso facilita los trabajos previstos, y porotra, las tierras robadas ofrecen ganancias especulati-vas de ensueño. De esta forma, la familia Castaño espropietaria de unos 1,2 millones de hectáreas de tierrasen el municipio de Valencia, a unos 30 kilómetros don-de empezó la construcción de la hidroeléctrica del Urráen 1997 y donde eventualmente se hará una conexióninteroceánica para unir con una vía de transporte el Pa-cífico y el Atlántico.

Los orígenes de los paramilitares se remontan a mu-cho tiempo atrás. En algunas regiones funcionaron des-de los años cincuenta como brazo armado de las eliteslocales y regionales.

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A partir del comienzo de los años sesenta, se formó ala Policía y al ejército en conformidad con la doctrina deseguridad nacional de Estados Unidos y la conducciónde la guerra de baja intensidad. En esta estrategia, conel «comunismo» y la «subversión», el «enemigo interno»está en el centro de interés. Así durante los años sesentase promulgaron decretos y leyes que le dieron una baselegal al establecimiento de «grupos de autodefensa». Elejército y la Policía comenzaron a entrenar y a armar gru-pos en las zonas de conflicto con la intención de involu-crar más a la población en los enfrentamientos y apoyara los órganos de seguridad del Estado.

A mediados de los años setenta se originaron los es-cuadrones de la muerte dirigidos directamente por elejército, así como la Alianza Anticomunista Americana(AAA), que llevó a cabo atentados con bombas, secues-tros y asesinatos de representantes de izquierda. La AAAfue fundada por el ex comandante general del ejércitoHarold Bedoya Pizarro. Bedoya, exagregado militar de laEmbajada colombiana en Estados Unidos, alumno dela escuela militar estadounidense School of Americas enFort Benning (Georgia) y más tarde empleado en la mis-ma como instructor, estuvo envuelto durante toda su ca-rrera en actividades paramilitares y graves violacionesde los derechos humanos, sin haber sido nunca deman-dado por ello. Junto a él participaba también Iván Ramí-rez, quien investigaba a fines de los noventa una divisiónde la fiscalía general por sus conexiones con los paramili-tares y con la CIA.

Los grupos de la región Valle del Cauca formaron labase sobre la cual se crearon los escuadrones de la muer-te en Puerto Boyacá desde 1980-1981, que velaban porlos intereses del poder político local, algunos empresa-rios del Magdalena Medio, de la Texas Petroleum Com-pany y los narcotraficantes de Medellín. Uno de losprimeros grupos es el MAS (Muerte a los Secuestrado-res). 59 de sus 163 integrantes eran militares, según de-claraciones del fiscal general Carlos Jiménez Gómez. El

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narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha cooptó final-mente al MAS y exportó el modelo a otras regiones.

«En su anticomunismo galopante y con el apoyo desectores de la Fuerza Pública y del narcotráfico, GonzaloRodríguez Gacha y Jairo Correa, extienden el dominio delgrupo de Boyacá a otros municipios principalmente, du-rante el período 1985 a 1987. A partir de ahí la expansiónse dará hacia el Nordeste antioqueño: Córdoba, Urabá,Bajo Cauca antioqueño con el apoyo de Fidel Castaño,con el beneplácito y la colaboración de múltiples gana-deros, así como de industriales del narcotráfico», segúndescribe el proceso la organización de derechos huma-nos Indepaz.43

El paramilitarismo siguió extendiéndose hasta 1990.La muerte de Rodríguez Gacha en 1989 y los conflictosinternos en el cartel de Medellín entre Pablo Escobar yFidel Castaño (apoyado por otros capos) debilitaron es-tos esfuerzos entre 1990 y 1993. Sin embargo, los parami-litares y los narcotraficantes encontraron nuevos aliados:la DEA, la CIA, y la NSA (National Security Agency o Agen-cia de Seguridad Nacional)

Estados Unidos comenzó en 1992 a cooperar en unaoperación de 15 meses por parte de la Policía colombia-na para el apresamiento de Pablo Escobar,44 que culmi-nó en diciembre de 1993 con su muerte. Y contribuyeroncon la formación, capacitación y apoyo de una unidadespecial de la Policía, el Bloque de Búsqueda, que sos-tuvo estrechas relaciones con el grupo paramilitar «LosPepes» (perseguidos por Pablo Escobar), que apareció apartir de febrero de 1993. Fue fundado por miembrosdel cartel de Cali y los adversarios de Escobar, entre

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43. Centro de Documentación de Indepaz, “Antecedentes de las Autodefensas Uni-das de Colombia”, en: Boletín de Indepaz, Nr. 13, febrero de 2003. Fidel es el hermano deCarlos Castaño y presuntamente resultó muerto hace unos años.

44. P. Escobar no estaba aliado con la oligarquía colombiana y no quería sometersea la estrategia estadounidense. El contexto general no puede ser ilustrado con mayorprecisión aquí.

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ellos Alberto Uribe Sierra, padre del actual presidente,para luchar contra Escobar.45

Ya desde 1993 el fiscal general Gustavo de Greiffpresentó pruebas a Estados Unidos de que diferentesaltos oficiales del Bloque de Búsqueda trabajaban es-trechamente en conjunto con Los Pepes. La pruebas hu-bieran sido suficientes para acusarlos por corrupción,narcotráfico, tortura, secuestro y quizá también asesina-to, sin embargo no fue así. Joe Toft, entonces jefe de laDEA en Bogotá, se expresó muy claramente en un docu-mento del 3 de agosto de 1993: «El testimonio de lostestigos indica que algunos miembros del Bloque y deLos Pepes, no sólo estaban llevando a cabo operacio-nes conjuntas, algunas de las cuales resultaron en se-cuestros y posibles asesinatos, sino que eran más bienlos jefes de Los Pepes los que ordenaban los disparos yno la Policía». En otro informe de la DEA de 22 de febre-ro de 1993, el agente Javier Peña describe una redadadel Bloque de Búsqueda guiada por Fidel Castaño.46

Peña, entonces enlace de la DEA con Los Pepes, perte-nece hoy a la dirección de la DEA en Bogotá.

Después de la muerte de Escobar, Los Pepes se con-virtieron en el pilar central de la organización paramili-tar de los hermanos Castaño. A partir de 1994 entraronde nuevo en la ofensiva. Carlos Castaño fundó las ACCUcomo fuerza regional en Córdoba y Urabá. En la segundamitad de los años noventa se siguió expandiendo el mo-delo, y finalmente todos los grupos confluyeron bajo laorganización central única AUC.

La cooperación con el ejército es extensa, así lo de-muestran innumerables ejemplos como la masacre deMapiripán. En la mañana del 15 de julio de 1997, 300paramilitares de las AUC de Urabá alcanzaron la pobla-

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45. Castillo, Fabio, Los jinetes de la Cocaína, Centros de Estudio del Espectador, 1988,p. 72.

46. Serrano, Pascual, Se confirma la financiación y apoyo de Estados Unidos a gru-pos paramilitares colombianos, 5 de diciembre de 2000, www.rebelion.org.

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ción en el departamento del Meta. En seis días asesina-ron a 48 personas de forma bestial, las decapitaron, lasdescuartizaron y las arrojaron al Río Guaviare. El ejérci-to llegó a Mapiripán justo cuando ellos ya se habían re-tirado. Al mismo tiempo a unos pocos kilómetros dedistancia en el campo Barrancón del ejército, finalizabaun entrenamiento de fuerzas especiales. Estaba pre-sente toda la cúpula del ejército colombiano y algunosoficiales estadounidenses. Anteriormente en ese lu-gar47 unidades especiales de Estados Unidos habíanentrenado durante meses a la II Brigada Móvil y a losparamilitares. Declaraciones y documentos demuestranque un oficial del servicio secreto de la esa brigada coor-dinó la llegada de los paramilitares y que otros dos mi-litares fletaron los aviones en los que viajaron más de100 paramilitares hasta el aeropuerto –controlado porel ejército– San José de Guaviare.48 El general que enese entonces dirigía la VII. Brigada del ejército fue infor-mado por vía escrita y telefónica del ataque, sin hacernada al respecto.

El Plan Colombia cuadruplicó finalmente el númerode soldados profesionales y multiplicó por veinte loshelicópteros del ejército, aviones de inspección y con-sejeros militares mientras que el número total de los pa-ramilitares que acogían satisfactoriamente al planaumentó de 5.000 a 12.500.

En los territorios definidos por el Plan Colombiacomo zonas prioritarias los paramilitares están tambiénparticularmente activos.49 Según un paramilitar entrevis-tado por el Boston Globe, el Plan no hubiese sido viablesin los paramilitares. La estrategia conjunta fue acorda-da entre ellos y el ejército. De igual forma, el ex defen-

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47. Alvan: Denuncia Luis Guillermo Pérez, del colectivo de Abogados, en: ANN, 31de marzo de 2000.

48. Forero, Juan: Colombia Massacre’s Strange Fallout, en: New York Times, 23 de fe-brero de 2001.

49. Rütsche, Bruno (Grupo de trabajo: Suiza-Colombia): Kolumbien – am Abgrundeines offenen Krieges, September 2001.

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sor del pueblo para los Derechos Humanos de la ciudadde Puerto Asís, Germán Martínez, observa este hecho enforma similar: «El fenómeno paramilitar en Putumayo esla punta de lanza del Plan Colombia para hacerse con elcontrol territorial de las áreas que han de ser fumiga-das».50

Los paramilitares se han apropiado simultáneamen-te de la mayor parte del negocio de la droga, controlanlas rutas claves del narcotráfico, el lavado de dinero ycon ello el 70% de las exportaciones de droga.51

En el año 2001 los paramilitares comenzaron a colo-car progresivamente en la mira a centros urbanos. Asi-mismo la ciudad Barrancabermeja, al norte de Colombia,de 400.000 habitantes, es ocupada de facto por las AUCluego de varias masacres posibilitadas por el ejército.Las AUC patrullan las calles libre y abiertamente e im-ponen sus reglas. La organización política y social es casiimposible, cientos de activistas cayeron como víctimasde las «limpiezas».

Los grupos paramilitares se componen también enparte, por militares. Las FARC y el ELN presentaron, lue-go de un ataque a cinco campos paramilitares en el surde Bolívar en el año 2001, varios documentos de identi-ficación de soldados de carrera activos que fueron en-contrados entre los paramilitares muertos, entre ellosun líder.52

En los últimos años, los paramilitares han operadoigualmente de forma creciente en Ecuador, Panamá y Ve-nezuela. Ellos atacan, amenazan, asesinan y desplazan ala población en las zonas fronterizas. Esto cumple con el

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50. Serrano, Pascual: Los paramilitares colombianos reconocen que operan en coor-dinación con las fuerzas del Plan Colombia, 17 de mayo de 2001,www.rebelion.org.

51. Zelik, Raul: Ursachen der Gewalt, en: Zelik, R. / Azzellini, D.: Kolumbien - GroßeGeschäfte, staatlicher Terror und Aufstandsbewegung, 1999.

52. Emanuelsson, Dick: «La trinchera se convirtió en tumba de los paracos», en: VozNr. 2079, 31 de enero al 6 de febrero de 2001.

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interés del gobierno estadounidense de ejercer presióna los países vecinos para militarizar sus fronteras.

El 10 de septiembre de 2001 el gobierno de EstadosUnidos colocó a la AUC en su «lista de grupos terroris-tas».53 Sin embargo, este hecho no tuvo consecuenciasdirectas. No se buscó ni se persiguió a Castaño, pues élrepresenta una figura igualmente clave para Estados Uni-dos, quien ofreció repetidas veces en años anterioreshacer que los narcotraficantes colombianos se sometan, yéstos se encontraron varias veces por su iniciativa. Enmarzo de 2000 fue capturado el ex fotógrafo de moda e in-formante de la DEA, Baruch Vega, que había organizadonumerosos encuentros entre la DEA y narcotraficantes co-lombianos para negociar su reintegración a cambio de pa-gos millonarios y el abandono del negocio de la droga.54

Según el ELN son ya más de un centenar de sometidoslos que han pagado fianzas individuales que oscilan en-tre 10 y 20 millones de dólares, a cambio reciben variasdocenas de visas de residente para vivir e invertir sus ca-pitales en Estados Unidos».55

Durante la primavera de 2001, Carlos Castaño renun-ció a ser el líder militar de las AUC y se convirtió pocodespués en su “líder político”. Salvatore Mancuso fuenombrado nuevo líder militar de las AUC y se instituyóun Estado Mayor de 10 personas (incluyendo a Mancuso).A mediados de 2002 las AUC fueron disueltas formal-mente y presuntamente reorganizadas sin la participa-ción de los bloques implicados en el narcotráfico y gravesviolaciones a los derechos humanos. Un paso para posi-bilitar una imagen limpia en las negociaciones con el go-bierno.

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53. En cuanto a las razones que tuvo Estados Unidos para hacerlo existen algunasespeculaciones: estrategia de relaciones públicas, presionar más la legalización, etc.,ante todo se considera seguro que eso no hubiera sucedido un día más tarde.

54. Valencia, Alirio Bustos: Alta traición de la DEA, en: El Tiempo 13 de septiembre de2000.

55. Beltrán, Pablo: Los secretos mejor guardados de la guerra civil colombiana, sinaño apróx. Octubre 2000, http://www.eln-voces.com/.

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El Para-Narco-EstadoLuego de las elecciones para el congreso en marzo

de 2002, Salvatore Mancuso anunció que las AUC habíanalcanzado su primer «éxito», ya que más del 35% de los268 diputados que ingresaron por diferentes partidos ocomo candidatos regionales serían sus representantes.En abril ganó las elecciones a la presidencia el candidatode extrema derecha y formalmente independiente Álva-ro Uribe Vélez. Una de las primeras felicitaciones que re-cibió provino de las AUC. Es un «presidente digno» dijoMancuso, conocido personal de Uribe. Ya desde antes,los paramilitares habían condecorado a Uribe como «sucandidato», sus oficinas de campaña electoral se encon-traban incluso en los campamentos de las AUC. Luegode cinco décadas, el ala más sanguinaria de la oligarquíade la extrema derecha consiguió conquistar el poder es-tatal y colocar al presidente.56

Álvaro Uribe mantuvo, por lo menos desde 1981, con-tactos intensivos con narcotraficantes y paramilitares. Supadre era inclusive narcotraficante. Uribe hijo entró en elnegocio a principios de los años ochenta como Alcaldede Medellín, durante el tiempo de Pablo Escobar (en esaépoca compañero de partido de Uribe y hasta obtuvopara entonces un puesto de diputado para los liberales).A principios de los años noventa, como director de laadministración de aviación civilorepartió con ahínco li-cencias y autorizaciones de vuelo a colaboradores delcartel de Medellín. En su periodo como senador de larepública pertenecía al bloque de los diputados lealesa los barones de la droga, que impedían cualquier leyen su perjuicio.57

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56. Los resultados electorales no dicen mucho. En las elecciones del congreso de23,9 millones de electores sólo participaron 10 millones. 1,4 millones de votos eran invá-lidos, en blanco o abstenciones. Muchos de los votos para Uribe en las regiones ruralesfueron conseguidos a la fuerza por los militares. En 248 casos se investigó por fraudeelectoral, y fiscales y autoridades electorales dieron a conocer la existencia de cuatro mi-llones de credenciales electorales de fallecidos.

57. Contreras, Joseph: Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, 2002.

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Entre el 1995 y 1997, como gobernador de Antioquía,Uribe fomentó los paramilitares legales fuertemente ar-mados, semi-privados pero formados por el servicio se-creto militar Convivir. Durante el mandato de Uribe, losConvivir desplazaron a más de 200.000 personas y asesina-ron a miles.58 Cuando posteriormente fueron prohibidasa fines de 1997, se fusionaron con las AUC. Cínicamente,Uribe se jacta hasta hoy de haber logrado la tranquili-dad en «su región».

Uribe apuntó desde un primer momento a una inten-sificación de la guerra. Cinco días después de la toma deposesión, decretó un estado de excepción que ha perma-necido en vigor ininterrumpidamente. Esto encomiendacompetencias civiles al ejército y suprime derechos civi-les vigentes formales de manera fáctica. 26 departamen-tos al norte del país y tres en el Arauca fueron colocadosbajo el control directo del ejército como áreas especialesde seguridad denominadas «Zonas de Rehabilitación yConsolidación». El gobierno inició a lo largo de todo elpaís la construcción de una red de informantes que debeincluir a un millón de personas (parte de ellas provistasde armas de guerra) en las estructuras de información delejército. Adicionalmente, el gobierno amplió el ejércitode 168.000 soldados con 30.000 nuevos soldados de ca-rrera, y empezó a capacitar entre 20.000 y 30.000 «solda-dos campesinos», un tipo de «protectores de aldeas»,paramilitares legales que viven en sus comunidades deorigen. El servicio militar obligatorio fue extendido a seismeses y anunció que 10.000 reservistas del ejército y20.000 policías pensionados iban a ser reintegrados a lasestructuras de defensa.

El 1 de diciembre de 2002, gran parte de los frentesde la AUC anunció un alto el fuego para entrar en nego-ciaciones con el gobierno.59 A cambio de su desmovili-

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58. Contreras 2002: p. 111ss.

59. A pesar de ello, asesinaron a casi 200 personas sólo en los primeros dos meses.

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zación exigieron su reconocimiento como actores políti-cos en el conflicto, salvoconductos para sus dirigentesincriminados de narcotráfico, la puesta en libertad desus más de 1.000 compañeros detenidos, una condona-ción de la pena para los activos y el pago de un sustentomensual de casi 550 dólares por persona. Al mismotiempo, la AUC se reservó el derecho de «reaccionar enlegítima defensa». La oferta se dio con la ayuda de altosrepresentantes de la Iglesia católica, tradicionalmentede derecha, estrechamente vinculados con la oligar-quía. De hecho, Uribe y otros tres ministros pertenecentambién a la orden católica de extrema derecha OpusDei.

Antes de fin de año, el gobierno cambió la legisla-ción que no permitía negociar con grupos armados sinestatus político reconocido para así evitar el reconoci-miento oficial de las AUC. En enero de 2003, la ley com-petente a la guerrilla para la condonación y disminuciónde la pena para aquellos que colaborasen con la justiciafue extendida hacia los paramilitares. La impunidadpara las AUC es también significativa para la oligarquía yel gobierno. Nadie puede permitirse que altos paramili-tares declaren sus conexiones ante un juzgado.

Los frentes más importantes y poderosos de los pa-ramilitares sin embargo no participan en las negociacio-nes. El Bloque Metro con 1.500 armados en Medellínrechazó desde un principio cualquier conversación, y elBloque Élmer Cárdenas con 1.500 armados en Antioquíay Chocó, que controla el contrabando de armas desdePanamá para el resto de los frentes paramilitares, se re-tiró de las negociaciones en enero de 2003. En abril seretiraron igualmente de la mesa de negociaciones lasACC de Casanare, presuntamente con 3.500 armados.Las conversaciones con el gobierno comenzaron a pesarde ello el 22 de enero de 2003. Así el gobierno de Uribeemprendió un paso que, hasta entonces, ningún gobier-no había dado: el reconocimiento fáctico de los parami-litares como actores políticos independientes.

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En realidad se trata de la amnistía de los paramilita-res y de su integración al aparato represivo oficial.60 Asíanunciaron las AUC: «Mientras la amenaza terrorista semantenga sobre Colombia y el Estado no pueda conte-nerla, nos mantendremos activos así sea en ámbitos deorganizaciones de defensa legales con las cuales esta-mos listos para cooperar». La integración podría desa-rrollarse a través de la red de informantes iniciada porUribe o del “Programa de soldados campesinos”. Estosprocedimientos fueron propuestos por la conservadoraRand Corporation ya desde el año 2001: «... sería valiosorecapacitar hasta qué medida la política de desalentar laorganización legal de comunidades de autodefensa essabia. Una red de organizaciones de autodefensa super-visada conforme con el modelo peruano podría ser unaalternativa a los grupos ilegales».61 Entonces EstadosUnidos podría aumentar la ayuda militar para Colombia,sin exponerse a las críticas cada vez más fuertes a causade la cooperación entre el ejército y los paramilitares.

El 13 de mayo de 2004 el gobierno firmó con diez co-mandantes de las AUC, que dicen representar a 90% delos paramilitares, un acuerdo sobre la instalación de una«Zona de Ubicación» de 368 kilómetros en Córdoba, enla cual se reúnen con 400 hombres armados de su guar-dia personal y gozan de inmunidad frente a las órdenesde captura, para así seguir negociando. Al mismo tiem-po sus combatientes quedan distribuidos por todo elpaís. Cínicamente los paramilitares en el pasado handesplazado o asesinado gran parte de la población quevivía en la zona.

Y aunque exista un supuesto alto al fuego desde el1 de diciembre de 2002, Amnistía Internacional declaraen el informe anual 2004 sobre Colombia que «los para-

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60. Eso no sería un paso novedoso. En el pasado, se integraron por ejemplo loscombatientes desmovilizados de la guerrilla maoísta EPL a unidades rurales de la Policíapolítica DAS y cometieron numerosos asesinatos y masacres.

61. Rand Corporation 2001: Columbian Labyrinth, Internet Edition www.rand.org, p. 60.

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militares siguieron siendo responsables de matanzas,homicidios selectivos, “desapariciones”, torturas, se-cuestros y amenazas. Durante 2003 se les atribuyó la res-ponsabilidad de la muerte o “desaparición” de al menos1.300 personas, más del 70% de todos los homicidios y“desapariciones” de los que se conoce la autoría por mo-tivos políticos no relacionados con los combates.62 En2003 fueron desplazados 250.000 colombianos, 20.000 pi-dieron asilo político en el exterior. El número total dedesplazados subió así a 2,96 millones, a nivel mundial elnúmero más alto después de Sudan y el Congo».

Sin embargo, el gobierno empezó a negociar en ene-ro de 2003 para declarar sorpresivamente en julio quelos paramilitares no entregarán todas sus armas hasta el2005. El concepto de «conversaciones de paz» se en-cuentra realmente fuera de lugar. Sus relaciones con loscentros del poder son tas estrechas que los líderes para-militares Salvatore Mancuso y Diego Murillo Bejarano,alias Don Berna, lo evidenciaron recientemente cuandonuevamente reclamaban salvoconductos y la no acepta-ción de cualquier demanda de extradición de EstadosUnidos: «Existimos bajo la responsabilidad del Estado ylos gobiernos que nos llevaron a velar por la justicia y laseguridad con nuestros propios puños y por nuestrospropios medios. Si hablan de cárcel por lo que hicimos,todos ellos deben ir con nosotros».

Desde el comienzo de las negociaciones, no ha lle-gado a la luz pública casi nada acerca de sus contenidosy su evolución. En los acuerdos firmados hasta ahora nose menciona cómo se van a tratar los casos de gravesviolaciones a los derechos humanos y faltas al DerechoInternacional humanitario, juicios penales en curso y pa-ramilitares encarcelados. Las organizaciones de base dela alianza de paz Planeta Paz afirman que «la propuesta“Ley de Justicia y Rehabilitación” sirve a los paramilita-

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62. http://web.amnesty.org/report2004/col-summary-esl.

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res para su integración en las instituciones políticas delpaís».

La primera “desmovilización” constata los temores. El25 de noviembre de 2003, 855 miembros de las AUC (delBloque Cacique Nutibara, BCN, de Medellín) entregaronunos 110 fusiles de asalto Kalashnikov, varias pistolasautomáticas, revólveres, rifles y armas de fabricación ca-sera, porque supuestamente actuaban en turnos y poreso no todos tenían armas. José Miguel Vivanco, directorde la división de las Américas de la organización paralos derechos humanos Human Rights Watch, calificó elacto como «espectáculo de la impunidad». Luego de una“resocialización” de sólo tres semanas, los paramilitaresretornaron con créditos y empleos a las barriadas quehabían aterrorizado anteriormente. De ellos, 698 fueronempleados por las autoridades comunales y 200 para pa-trullar una empresa de vigilancia en las barriadas. Diezdías antes Amnistía Internacional ya había informadoque los paramilitares eran paulatinamente “reciclados”por servicios de vigilancia o habrían recibido armas yuniformes como “soldados campesinos”. Desde octubrede 2004 se sabe que gran parte de los desmovilizadosdel BCN conforman hoy el Bloque Héroes de Granadaque tiene actividad en la misma zona de Medellín.

La noticia de que se habría perpetrado un atentadomortal el 16 de abril contra Castaño trajo mayor confusión.Su esposa notificó que, de hecho, él había sobrevividoaunque desde entonces nadie lo ha visto. Su profundoconocimiento, asociado con la persistente y abierta dis-posición a hacer declaraciones, hace pensar que fue vícti-ma de las luchas internas. Aunque una noticia no oficialdel 1 de junio afirma que Castaño habría sido llevado a Is-rael por representantes de Estados Unidos o estaría en elcamino hacia allá. En el diario El Tiempo simpatizante delgobierno, Castaño fue retratado como la parte moderadade los paramilitares sin el cual las negociaciones podríanfracasar. Poco tiempo después se firmó el acuerdo sobrelas «zonas de ubicación».

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La verdadera crisis del proceso de negociación pare-ce estar en las luchas internas por el control de los nar-co-negocios valorados en millones y el poder regional.Seguramente, los líderes paramilitares tampoco acep-tan porqué, como antiguos aliados de la política esta-dounidense, ahora deberían sentirse amenazados por laextradición hacia Estados Unidos. Una solución podríaradicar en la transferencia de una parte de los paramili-tares en otro proyecto. Así, por lo menos pueden inter-pretarse las palabras de Uribe, cuando afirma que laextradición de diversos jefes paramilitares hacia Esta-dos Unidos, entre ellos también Castaño y Mancuso, noes negociable siempre y cuando se lo ganaran. Una posi-bilidad para ello sería Venezuela. La administración es-tadounidense le tiene manía al gobierno local y las AUCadvirtieron que desde hace un año allí organizaban pa-ramilitares. En mayo de 2004 detuvieron en la finca deun cubano exilado a unos 100 paramilitares colombianosque debían llevar a cabo operaciones in situ.

En Colombia por lo menos ya no se necesitan a losparamilitares, exceptuando algunos grupos en regionesespecificas. Los claros nexos entre el ejército y los para-militares deterioran la imagen del gobierno. Además casisiete millardos de dólares de ayuda militar a través delPlan Colombia le dieron la soberanía aérea al ejército. Si-multáneamente, las misiones militares son progresiva-mente asumidas por Corporaciones Militares Privadas.

La externalización u outsourcing de la guerra sucia hatenido ventajas significativas para el gobierno. Debido aque los paramilitares son considerados actores no esta-tales, Colombia apareció como un Estado amenazadopor muchas partes, un poder neutral colocado bajo pre-sión de la izquierda y de la derecha. Así, Colombia esuna democracia reconocida internacionalmente, a pesarde que detrás de la fachada se erige un Estado paramili-tar en el cual son asesinadas anualmente más personasque durante los 17 años de la dictadura militar chilena.

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El ejército “limpio” puede contar con un reforzadoapoyo internacional. También desde el punto de vistade la política interna el escenario descrito le sirve al go-bierno. La presencia de innumerables actores armadosaparentemente poco distinguibles y la violencia extre-ma han conducido a una despolitización, que en algunossectores se convierte en una tendencia abierta de dere-cha: lo único que importa es la tranquilidad, sin tener encuenta cuál sea su precio. Ésta es también la causa de lavictoria electoral de Uribe.

Las CMP sirven para misiones no oficiales de contra-insurgencia. Así, María Salazar, secretaria de Estado su-plente para la política antidrogas en el Ministerio deRelaciones Exteriores de Estados Unidos, puede soste-ner ante una subcomisión del Congreso: «El Ministeriode la Defensa no violará el lineamiento que separa la lu-cha antidroga de la lucha contrainsurgente»63 –para lasCMP no vale esta limitación–. Cuando llega a la luz pú-blica que estos (presuntos) límites fueron transgredi-dos, el gobierno estadounidense rechaza toda culpa alrespecto, pues se trata de empresas privadas. Y si unempleado de una CMP muere en acción, eso llama mu-cho menos la atención que cuando se produce la muertede un soldado estadounidense. Desde 1997 han muertoen Colombia por lo menos 16 ciudadanos americanosmiembros del ejército, de la DEA o de las CMP, todosfueron declarados como civiles aunque fueron enterra-dos con honores militares.64

El gobierno de Bush gasta mucho en esta guerra.Sólo en el primer trimestre del año 2003 se presentaronpara su aprobación al Congreso 105 millones de dólares

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63. Mcdermott, Jeremy: U.S. crews involved in Colombian battle, en The Scotsman, 23de febrero de 2001.

64. La agencia de noticias Anncol presentó en agosto de 2002 una lista de doce per-sonas con sus nombres. Algunos de ellos fueron disparados, la mayoría perdió la vidapor derrumbes de aviones de inspección y de fumigación, en algunos casos se presumeque fueron derribados por la guerrilla. Desde entonces han muerto por lo menos otroscuatro ciudadanos estadounidenses en incidentes similares.

Page 67: El negocio de la guerra - Omegalfa · en Colombia1 y México2 como también compañías milita-res privadas que reclutan antiguos policías para patrullar en los protectorados de

en ayuda militar adicional, y 50 soldados de unidadesespeciales estadounidenses fueron enviados para labúsqueda de los tres miembros de CMP secuestrados.El 25 de mazo de 2003 fue derribado nuevamente unvuelo de inspección y los tres pasajeros perdieron lavida. Estados Unidos se ve cada vez más profundamenteenvuelto en la guerra de Colombia. Ciudadanos nortea-mericanos y miembros de las CMP de otras nacionalida-des están involucrados en forma activa, estructural ysistemática en la guerra. Es sólo cuestión de tiempo quelos primeros soldados estadounidenses entren en en-frentamientos armados con la guerrilla, lo que podríaservir como pretexto para un compromiso directo de lastropas estadounidenses en Colombia. Ante el desarrollopolítico de desventaja para Estados Unidos (triunfoselectorales de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, lapolítica de Kirchner en Argentina y un fuerte movimien-to en Bolivia), tienen un gran interés en una fuerte pre-sencia militar. En ese contexto son preocupantes lasincursiones de paramilitares en territorio venezolano.Estados Unidos podría estar interesado en provocar unacircunstancia para justificar el envío de contingentes demayores tropas hacia Colombia.

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