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MONITORE l

LA COALICIÓN DE ONG POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

E L M O N I T O RN o. 33 / N O V. 2006

EDICIÓN ESPECIAL AEP

Visión general de los temas que tratará la quinta sesión de la Asamblea de los Estados Partes, páginas 3-8

Debate sobre la paz y justicia en Uganda y el papel de los mecanismos tradicionales de reconciliación, página 11

Nuevos desarrollos en torno a los Acuerdos Bilaterales de Inmunidad en el Congreso estadounidense parecen indicar un cambio para mejor, página 20

TABLA DE CONTENIDOS

CPI/AEP…p. 1-8Casos/Situaciones…p. 9-12Regional África…p.13 América Latina y Caribe…p.14 Medio Oriente y África del Norte…p.15 Asia/Pacífi co…p.16 Europa…p.17 Desarrollos…p.18ONU & la CPI…p. 19Listado de ratifi caciones…p. 19EE.UU. & la CPI…p. 20Sobre la CCPI…p. 20

Tres años después de su primera audien-cia, llevada a cabo en junio de 2003, la Fiscalía publicó su “Informe sobre las

Actividades de los Tres Primeros Años” (ju-nio 2003-junio 2006) el 12 de septiembre de 2006 y su “Informe sobre Estrategia de En-juiciamiento” el 14 de septiembre. Luego de la presentación de estos dos informes se rea-lizaron dos “audiencias públicas” el 25 y 26 de septiembre de 2006. La primera audiencia fue reservada a los países interesados y la segunda estuvo abierta al público en general. Reunio-nes similares se llevaron a cabo en Nueva York el 17 y 18 de octubre de 2006.

La Fiscalía afi rma que el primer informe no pretende juzgar el impacto de la Fiscalía, sino que busca ser un “recurso comprensivo que permita el seguimiento de lo que la Fiscalía ha realizado hasta el momento”. El informe abor-da tres grandes retos que enfrenta la Fiscalía. El primero de ellos es la selección de casos y sobre esto la Fiscalía destaca la primacía del criterio de la gravedad del caso. En segundo lugar el informe resalta los desafíos logísticos que plantea la investigación de situaciones en zonas afectadas por confl ictos. El tercer reto considerado, referido como “quizás el asunto más crítico y difícil del sistema creado por el Estatuto de Roma”, refi ere a las difi cultades actuales y potenciales que deberá enfrentar la Fiscalía a raíz de la ejecución de las órde-nes de detención. El Informe de los tres pri-meros años explora las políticas actuales de la Fiscalía en materia de investigaciones y enjuiciamientos, los protocolos y políticas, la administración y organización y la relación de la Corte con actores externos.

El Informe sobre Estrategia de Enjuiciamien-to se centra en los tres principios esenciales planteados por la Fiscalía: la complementa-riedad positiva, las investigaciones y juicios focalizados y la maximización del impacto de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad y la prevención del crimen. Además, este reporte estructura el futuro de la Fiscalía en torno a

cinco objetivos estratégicos: mejorar la ca-lidad de los juicios, dar inicio a entre cuatro y seis nuevas investigaciones de los mayores responsables en las tres situaciones a cargo de la Corte, mejorar y expandir la cooperación, mejorar continuamente la forma en que la Fis-calía interactúa con las víctimas y atiende sus intereses y, fi nalmente, maximizar el aporte de la Fiscalía a la prevención de crímenes y la lucha global contra la impunidad.

En una reunión con ONG realizada el 26 de septiembre, el Fiscal Luis Moreno Ocampo, la Fiscal Adjunta Fatou Bensouda, la Ase-sora para Cooperación Internacional Olivia Swaak-Goldman y el Jefe Operativo de la Di-visión de Investigaciones Michel de Smedt, hicieron breves exposiciones sobre su trabajo. Luego de ello se abrió una ronda para que los participantes presentaran observaciones que habrían de ser consideradas por la Fiscalía al fi nalizar ambos documentos. El Fiscal expre-só su compromiso sostenido de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil y escuchó con atención las presentaciones hechas por di-versos representantes de ONGs.

El Coordinador General de la CCPI William Pace; Antoine Bernard de la Federación In-ternacional de Derechos Humanos (FIDH); Mariana Goetz de Redress; Nick Grono del International Crisis Group; Christopher Hall de Amnistía Internacional; Brigid Inder de la

La Fiscalía: Balance a sus tres años

CONTINÚA EN P. 3

Publicación de

El 26 de septiembre de 2006, en la sede de la CPI en La Haya, el Fiscal Luis Moreno Ocampo presentó un informe de los tres primeros años de su despacho y un reporte sobre estrategia de enjuiciamiento.

El Monitor No. 33 / Nov. 2006

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MONITORSecretariados en Nueva York y La HayaWilliam R. Pace Coordinador General

Tanya Karanasios Directora del Programa

Staci Alziebler Ofi cial de Finanzas

Zoya Craig Coordinadora de Ofi cina, Nueva York

Katrina Dorn Asociada en Finanzas y Recursos Humanos

Sally Eberhardt Directora de Comunicaciones

Linda Gueye Coordinadora de Información en Francés

Anjali Kamat Ofi cial de Enlace para el Medio Oriente y África del Norte

Spencer Lanning Administración Técnica

Oriane Maillet Asistente de Comunicaciones y del Programa, La Haya

Cecilia Nilsson Kleff ner Asesora Legal, La Haya

Richard Nsanzabaganwa Ofi cial de Enlace para África

Isabelle Olma Ofi cial Legal, La Haya

Wasana Punyasena Ofi cial Legal

Leila Rachidi Ofi cial de Financiamiento

Brigitte Suhr Directora de Programas Regionales

Esti Tambay Ofi cial de Información y Análisis

Eleanor Thompson Asistente del Programa

Peony Trinh Coordinadora de Página Web y Publicaciones

Francesca Varda Ofi cial de Enlace para América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífi co

Erik van der Veen Asistente de Desarrollo y Políticas, La Haya

Astrid de Vries Coordinadora de Ofi cina y Finanzas, La Haya

Oswaldo Zavala Ofi cial Legal Asociado, La Haya

Coordinación RegionalAmal Basha Coordinadora para el Medio Oriente y África del Norte

Francis Dako Coordinador Regional para África Francófona

Benson Chinedu Olugbuo Coordinador Regional para África Anglófona

Fátima da Camara Asesora de Campaña Lusófona

Evelyn Serrano Coordinadora para Asia y el Pacífi co

Gloria Ester Catibayan Asistente del Programa, Asia

Rebecca Lozada Asociada del Programa, Asia

Luisa Mascia Coordinadora para Europa

Maria Cavarretta Ofi cial de Programa para Europa del Sur y Europa Oriental

Paulina Vega-González Coordinadora para América Latina y el Caribe

Mariana Rodríguez Pareja Coordinadora de Información en Español- Analista para América Latina

Comité Coordinador Informal de la CCPIAmnistía Internacional

Asociación pro Derechos Humanos

European Law Students Association

Federacion Internacional de Derechos Humanos

Human Rights First

Human Rights Watch

No Peace Without Justice

Accion Mundial de Parlamentarios

Rights and Democracy

Iniciativa de la Mujer por la Justicia de Genero

Movimiento Federalista Mundial

Las opiniones aquí expresadas pertenecen al autor y no representan necesariamente los puntos de vista del Secretariado de la CCPI, sus miembros, o nuestros patrocinadores.

Cambios en la CCPI

En julio, el Secretariado de la CCPI tuvo que decirle adiós a Désiré Assogbavi, quien luego de más de

cuatro años de dedicado servicio decidió asumir el puesto de Analista Principal de Políticas para África en Oxfam. Durante su servicio como Ofi cial de Enlace para África de la CCPI, Désiré lanzó y supervisó muchas exitosas campañas de ratifi cación y presionó para la adopción de leyes nacionales de implementación en el África subsahariana. Fue también uno de los que ideó la elaboración del Africa Newsletter, nuestra nueva publicación.

Richard Nsanzabaganwa, abogado, acti-vista de derechos humanos y ganador del prestigioso premio Reebok de Derechos Humanos el año 1995, será de ahora en ade-lante el nuevo Ofi cial de Enlace para África de la CCPI. Original de Ruanda, Richard fue Director Ejecutivo de la Organización

de Derechos Humanos de Ruanda luego del genocidio de 1994. Antes de unirse a nues-tro equipo, Richard trabajó en el sector pri-vado en Ottawa, Ontario, Canadá.

Después de casi dos años a cargo de la ad-ministración técnica, durante los cuales con-tribuyó enormemente a rediseñar la página web de la CCPI y a la publicación del Mo-nitor, nitor, nitor Peter Deitz dejó la CCPI para asumir nuevos retos en Montreal, Canadá. Carlos Rivera-Jones, quien se encargaba de la ad-ministración técnica a tiempo parcial, tra-bajará ahora en una compañía que propor-ciona asesoría técnica a pequeñas empresas y ONGs. Asimismo, nuestra Manager Con-table Laura Pavan nos deja para abocarse a su proyecto de vida: convertirse en maestra.

Isabelle Olma estará asumiendo el puesto de Ofi cial Legal en nuestra ofi cina de La Haya. Nacida en Alemania, Isabelle tiene amplia experiencia en temas relativos a las

víctimas y ha trabajado recientemente en el Centro de Ayuda para Refugiados y Servi-cios para Migrantes (Centro de Tratamien-to para Víctimas de Tortura) de Berlín y como profesional visitante en la sección de reparaciones y participación de las víctimas de la Corte Penal Internacional.

Para fortalecer nuestras secciones de Co-municación se ha incorporado Peony Trinhquien ocupará el puesto de Coordinadora de Página Web y Publicaciones y aportará su amplia experiencia en diseño, incluido su trabajo en el área de diseño gráfi co para el Metropolitan Museum of Art y el trabajo de edición que hizo para la Academia de Desarrollo Educativo en varios proyectos relacionados a África.

¡Les deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos a Désiré, Peter, Car-los y Laura y damos la bienvenida a nues-tro equipo a Richard, Isabelle y Peony!

La mayor parte del fi nanciamiento actual

de la CCPI proviene de la Comisión Europea,

la Fundación Ford, la Fundación John D. y

Catherine T. MacArthur y los gobiernos de

Bélgica, Finlandia y Países Bajos. La CCPI

recibe importantes fondos adicionales de

la Fundación Open Society Institute (Zug) y

de los gobiernos de Canadá, Liechtenstein,

Luxemburgo, Suecia y Suiza.


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CP

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P

Ahora que todas las miradas están pues-tas en la CPI a causa de los avances en las situaciones de Uganda, Sudán y la

República Democrática del Congo (RDC), los ciento dos estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se preparan para reunirse en La Haya. La reunión que se realizará del 23 de noviembre al primero de diciembre del 2006 es la quinta sesión de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) y una vez más se abordarán una serie de temas clave.

A pesar de que este evento suele pasar casi desapercibido ante la prensa internacional, las decisiones que allí se tomen marcarán la pauta del trabajo de la Corte a corto y a largo plazo. El Fiscal decide en materia de acusaciones, pero es la Asamblea la encarga-da de decidir la aprobación del presupuesto. La Corte defi ne su plan estratégico, pero de-berá consultar su decisión con los Estados Partes. El Fondo Fiduciario en benefi cio de las Víctimas cuenta con un mandato propio, pero los Estados Partes están encargados de elegir su Consejo de Dirección. La lista es larga y para poder cumplir con la agenda, la Asamblea, a través de su Mesa y los Gru-pos de Trabajo de la Mesa, uno en La Haya y otro en Nueva York, han ido preparando una serie de temas y presentando informes desde su última reunión.

Sólo se sabrá si la naturaleza informal de esos grupos de trabajo ha sido adecuada una vez que se presenten los informes ante la Asam-

blea de los Estados Partes. Dichos informes tratan temas esenciales, como la forma de conseguir un ma-yor número de ratifi caciones y una implementación más efectiva del Estatuto de Roma, así como la ma-nera en que se puede mejorar la par-ticipación de los Estados en la AEP. Los Grupos de Trabajo también elaboraron informes sobre el plan estratégico de la Corte, sobre cómo subsanar algunas defi ciencias en materia de supervisión, cómo mejo-rar la representación geográfi ca y el equilibrio de género en personal de la CPI, y sobre la sede transitoria y las instalaciones permanentes.

Con respecto al presupuesto, la Asamblea deberá deliberar y aprobar el pre-supuesto de la Corte para el 2007, así como discutir posibles soluciones para el creciente problema de los estados que incumplen con sus pagos a la Corte. Asimismo, los estados elegirán por segunda vez a los cinco miem-bros del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en benefi cio de las Víctimas. Se espera además que la Asamblea apruebe el Acuerdo relativo a la sede de la Corte que está en proceso de negociación entre la Corte y el Estado Anfi trión hace ya varios años.

Como siempre, los estados tendrán mucho interés en escuchar los informes de la Corte. Asimismo, querrán saber más sobre la recien-

temente redactada estrategia de proyección de la Corte.

La Coalición espera que haya una amplia par-ticipación de ONG en esta quinta sesión. Asi-mismo, esperamos que las delegaciones de los ciento dos Estados Partes tengan las dimen-siones adecuadas para cubrir esta reunión y que se hagan presentes también un gran nú-mero de estados no partes del tratado.

Esta edición del Monitor abordará algunos de los temas antes mencionados que serán trata-dos en esta próxima sesión de la AEP.

Cecilia Nilsson Kleff ner es Asesora Legal del Se-cretariado de La Haya de la CCPI.

Panorama general AEP: Mientras la Corte funcionará a un lado de La Haya, los Estados Partes se reunirán al otro Por Cecilia Nilsson Kleff ner

ASAMBLEADELOSESTADOSPARTES

Asamblea de los Estados Partes 2005: Delegado de Emiratos Árabes Unidos ocupa su sitio al lado de la carpeta vacía de Estados Unidos.

Iniciativa de la Mujer por la Justicia de Género; Geraldine Mattioli de Human Rights Watch; Alison Smith de No Peace Without Justice; y Th omas Verfuss de la Asociación de Perio-distas de la CPI hicieron uso de la palabra. El Fiscal Adjunto del Tribunal Penal Internacio-nal para la antigua Yugoslavia, David Tolbert, también aportó con una intervención.

El Informe de los primeros tres años incluye el compromiso positivo de continuar con las con-sultas semi anuales con la sociedad civil. Como lo hizo notar en su intervención William Pace: “Somos conscientes de que ese tipo de con-

sultas no se realizan con frecuencia en las or-ganizaciones internacionales y agradecemos la política adoptada”. El Sr. Pace añadió que: “Sin embargo, pese a que los integrantes de la CCPI tienen objetivos y opiniones extremadamente diversos, una reacción recurrente ha sido que existen carencias en el análisis relacionado a las lecciones aprendidas”. Más aún, pese a que los representantes de ONG saludaron abier-tamente los esfuerzos del Fiscal por facilitar el proceso consultivo entre su despacho y la sociedad civil, este optimismo se vio mitigado por ciertas preocupaciones específi cas. Una de las más prominentes es que ambos informes

carecen de un análisis sustantivo de las lec-ciones aprendidas con respecto al impacto, en especial al impacto que tiene hasta el momento la implementación de las diversas políticas y estrategias de la Fiscalía, incluidas la política de “investigaciones y enjuiciamientos focali-zados”, así como las estrategias que apelan a la auto-remisión, a la participación de las víc-timas y a las relaciones exteriores. Las ONG también destacaron, entre otros temas, la insu-fi ciente atención prestada al conocimiento en materias de género y la necesidad de fortalecer la cooperación de la Corte con los estados y las organizaciones internacionales.

Fiscalía (Continúa de la página 1)


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CP

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EP

El Plan Estratégico de la CPI constituirá un marco importante para el debate y la toma de decisiones durante la próxima sesión de

la Asamblea de los Estados Partes (AEP). Este plan se desarrolló a partir de una petición del Comité de Presupuesto y Finanzas y se espera que sirva de guía al proceso de establecimiento del presupuesto de la Corte y que contribuya a mejorar la comprensión que tienen los estados de las actividades de la CPI. Este plan ayudará también a que la CPI articule una visión sobre cómo conducir su mandato en años venideros.

En mayo último la CPI inició un proceso con-sultivo sobre el Plan con los Estados Partes y las organizaciones no gubernamentales. Al mismo tiempo, la Mesa de la AEP creó un grupo de trabajo en La Haya encargado de proporcionar comentarios sobre el Plan. Las consultas pueden impulsar un diálogo sustantivo relativo a temas de la Corte, pero a la par, los Estados Partes de-berán respetar la independencia jurídica de la CPI y la propiedad que ésta ejerce sobre el Plan.

Human Rights Watch estima que el Plan con-tiene diversos objetivos cruciales para el buen funcionamiento de la CPI, como el garantizar un ejercicio pleno de los derechos de las vícti-mas participantes y el fomentar el conocimiento sobre la Corte. El Plan también otorga un lugar prominente a la necesidad de llevar a cabo in-vestigaciones imparciales, asegurar la calidad de procesos judiciales justos y expeditos. Todo esto es clave para que la Corte pueda cumplir con un mandato tan difícil y sin precedentes como el que se le ha encomendado: hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de los más graves crímenes cuando las cortes nacionales no estén dispuestas o no puedan hacerlo.

Sin embargo, el Plan carece de una visión ade-cuada que permita garantizar que el trabajo de la Corte tenga resonancia y sea relevante para las comunidades más afectadas por los críme-nes que la CPI habrá de investigar y procesar. A pesar de que la última versión del Plan Estraté-gico (con fecha de 4 de agosto de 2006) refl eja una mayor atención a este objetivo, aún queda mucho por hacer.

La experiencia adquirida en nuestro trabajo en el terreno sugiere que el mandato de la CPI no se podrá cumplir sólo por medio de investiga-ciones efectivas y efi cientes que desemboquen en juicios justos, aún cuando se reconoce la im-portancia de dicha tarea. La experiencia de los

tribunales ad hoc –que se establecieron lejos de los países en los que se cometieron los crímenes y cuyo ejercicio de justicia es percibido como algo muy lejano por las comunidades afectadas- resalta la necesidad de priorizar el asegurar que la CPI se vuelva accesible y signifi cativa para las comunidades afectadas por los crímenes juzga-dos por la Corte. A menos que la CPI mejore sus esfuerzos por maximizar su impacto, no podrá cumplir a plenitud con su mandato y de-cepcionará a aquellos a los que debería servir. Además, la realidad muestra que la Corte sólo podrá ocuparse de un número limitado de jui-cios para cada una de las situaciones que investi-ga, y por lo tanto, esto hace que tales esfuerzos sean incluso más importantes.

El Plan debería centrarse mucho más en cómo maximizar el impacto de la CPI en las comu-nidades afectadas. Esto se puede lograr incor-porando objetivos y estrategias adicionales en varias áreas, como por ejemplo: participación de las víctimas y reparaciones; actividades en los países sujetos a investigación; actividades de alcance y comunicación con las poblaciones locales; y utilización del principio de comple-mentariedad para promover los esfuerzos na-cionales en pro de la rendición de cuentas. El abordar estas áreas de manera efectiva presenta enormes desafíos, pero la magnitud de su im-portancia exige su implementación consistente-mente a largo plazo.

El Plan también se benefi ciaría de una mayor discusión de los pasos concretos a tomar para lograr sus objetivos. La última versión reconoce que “un plan sólo tiene sentido si se traduce en medidas” y expresa el compromiso de la CPI de desarrollar políticas y estrategias de implemen-tación. Saludamos ese compromiso y espera-mos que la CPI avance lo más pronto posible en el desarrollo de dichas propuestas y estrategias y que además comunique la manera en que se habrá de evaluar la implementación del Plan.

El Plan es un documento en desarrollo que será revisado y actualizado y esperamos poder se-guir dialogando en torno a este Plan.

Para más información sobre la opinión de Hu-man Rights Watch sobre el Plan, ver el “Human sobre el Plan, ver el “Human sobre el Plan, ver el “Rights Watch’s memorandum on the Strategic Plan of the ICC” de julio de 2006, http://hrw.org/http://hrw.org/backgrounder/ij/memo0706/index.htmbackgrounder/ij/memo0706/index.htm.

Caroline Baudot es Consultora del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch.

El Plan Estratégico de la Corte Penal Internacional Por Caroline Baudot

PLANESTRATÉGICO

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

“[El] Plan Estratégico proporciona un marco común para las actividades de la Corte durante los diez próximos años, con particular hincapié en los tres primeros. En él se establece una clara orientación así como prioridades que guiarán a la Corte en el cumpli-miento del mandato del Estatuto de Roma. De esa manera, el Plan garanti-zará la continuidad de la coordinación interna de las actividades de la Corte. Mediante comunicaciones relaciona-das con el Plan, la Corte también se propone reforzar sus relaciones vitales con los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil.”(AEP-06-0223, página 2)

Metas y objetivos estratégicos de la Corte Penal Internacional

“Meta 1: Calidad de la justiciaTener actuaciones públicas justas, efi caces y rápidas de conformidad con el Estatuto de Roma y con normas jurídicas elevadas, garantizando así el pleno ejercicio de los derechos de to-dos los participantes.Meta 2: Una institución bien recono-cida que cuente con apoyo adecuadoLograr un mayor conocimiento públi-co de la Corte, promover una correcta comprensión de su funcionamiento e incrementar el apoyo que se le presta.Meta 3: Un modelo de administra-ción pública Caracterizarse por el logro de resulta-dos previstos con un número mínimo de recursos, mediante estructuras y procesos efectivos. Al mismo tiempo mantener la fl exibilidad, garantizar la transparencia y contar con un perso-nal sufi cientemente califi cado y mo-tivado en un entorno sensible y una cultura no burocrática.”(AEP-06-0223, página 14)


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CP

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P

Los presupuestos determinan la ca-pacidad de las instituciones para operar y funcionar de manera efec-

tiva. Para la Corte Penal Internacional el presupuesto es un documento vital que debe refl ejar la complejidad e importan-cia de su mandato y garantizar los recur-sos sufi cientes para su implementación.

La Corte hizo pública su propuesta de presupuesto para 2007 el 22 de agos-to y ésta fue considerada por el Comité experto de Presupuesto y Finanzas de la Asamblea entre el 9 y 13 de octubre. El Comité revisó la propuesta de presu-puesto y envió un informe a la Asamblea sobre si aceptar o rechazar dicha peti-ción de recursos de la Corte.

Este año la Corte ha solicitado €94.46 millones, lo que representa un aumento de €13 millones por sobre el presupues-to de 2006, de los cuales €3.87M cons-tituyen nuevos recursos. Aproximada-mente €10 millones de este incremento se deben a un aumento automático del presupuesto por la ocupación completa de cargos, algunos de los que fueron fi -nanciados sólo parcialmente en el 2006, y la incorporación al presupuesto de la

partida adjudicada a los sueldos de los magistrados.

El enfoque presupuestario para el 2007 es considerablemente diferente al de años anteriores, ya que la Corte solo po-drá revisar su petición de fondos cuando “estos sean evidentemente necesarios”. Si se requieren fondos adicionales, la Corte utilizará los €10 millones del fondo de contingencia establecido por la Asamblea en el 2004, fondo que aún no ha sido utilizado. A la luz de estas pautas, la cifra estimada para juicios que se llevarán a cabo durante el 2007 se ha reducido de dos durante el 2006 a uno durante el 2007, refl ejando el hecho de que sólo una persona ha sido entregada a la Corte. El sistema promete garantizar una mayor precisión en la preparación del presupuesto anual.

El Equipo de Presupuesto y Finanzas de la Coalición, que fue creado durante la sexta sesión del Comité Preparatorio, ha seguido y comentado todos los procesos presupuestarios desde el establecimiento de la Corte y ha emitido observaciones al proyecto de presupuesto del 2007. Estas observaciones fueron enviadas al Comi-

té antes de su reunión. En su informe, el Equipo acoge favorablemente el nuevo enfoque presupuestario adoptado por la Corte. Sin embargo, reconoce que se ne-cesita establecer mecanismos para revi-sar el tamaño del fondo de contingencia y, en la medida necesaria, la reposición de fondos.

El Equipo también saludó la adjudica-ción de fondos a áreas clave, en parti-cular al área de proyección exterior, a la protección de testigos y víctimas y a la preparación relativa a la Sede Perma-nente. El Equipo solicitó al Comité que apruebe estos recursos, especialmente los fondos solicitados para proyección, pues ésta área ha sido considerada prioritaria por el Equipo desde hace ya varios años. El Equipo cree que el incremento de re-cursos que se propone es vital para ase-gurar que la Corte se pueda comunicar de manera efectiva con las comunidades en las que se realizan las investigaciones, informando a la población local sobre la Corte y su trabajo.

Existen algunas partes del presupuesto de la Corte que generan preocupación en el Equipo. En particular, no está claro si se están asignando sufi cientes recursos para asegurar que expertos apoyen a los equipos de investigación encargados de entrevistar a las víctimas. Además, existe una continua falta de claridad respecto a la asistencia legal a la defensa y los recur-sos para fi nanciar a los representantes de las víctimas, lo que debiera ser revisado en esta importante etapa del primer caso de la Corte. Por todo esto, el Equipo ha solicitado al Comité que entregue infor-mes públicos respecto a estos temas.

Oswaldo Zavala-Giler es Ofi cial Legal Asociado del Secretariado de la CCPI en La Haya .

AEP considera proyecto de presupuesto para el 2007Por Oswaldo Zavala-Giler

…el presupuesto es un documento vital que debe refl ejar la complejidad e impor-tancia de su mandato y garantizar los re-cursos sufi cientes para su implementación.

PRESUPUESTO

El Comité de Presupuesto y Finanzas (en foto de abril de 2005) se reunió del 9 al 13 de octubre de 2006 para evaluar el presupuesto de la Corte para el 2007 y emitió un informe a la Asamblea de los Estados Partes con recomendaciones sobre si aprobar o no los fondos solicitados. Foto: ICC-CPI.


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CP

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EP

La Asamblea de los Estados Partes (AEP) realizada el año 2005 otorgó una importancia sin precedentes a las activi-

dades de alcance y difusión conducidas tanto por estados como por ONG. Se reconoció la importancia de este tema al tratarlo en dos de los documentos ofi ciales de la AEP y en numerosas consultas, reuniones y discusio-

nes informales. La AEP de este año seguirá incidiendo en el tema, pues se presentará la propuesta de un altamente necesitado incre-mento en el presupuesto para el año 2007. Además, se presentará y discutirá la estrate-gia y el informe de la CPI sobre actividades de alcance y difusión, algo que fue solicita-do en el curso de la AEP el año pasado. En buena medida, la forma en la que los países habrán de analizar y deliberar las solicitudes en materia de presupuesto para actividades de alcance y difusión de la CPI dependerá de la opinión que tengan sobre la estrategia en este tema para los próximos años y de cuánto están dispuestos a invertir en la capacidad de la Corte de maximizar su impacto en las po-blaciones locales.

Existen algunos elementos clave para deter-minar si la estrategia de difusión y alcance exterior servirá para comprometer a las po-blaciones locales en un proceso de interacción constructiva con la Corte orientado a promo-ver un mayor conocimiento del mandato de la CPI y el apoyo al mismo, para administrar las expectativas y para capacitar a las comunida-

des afectadas en el seguimiento y la compren-sión del proceso de la justicia penal interna-cional. Estos elementos son los siguientes:

• Implementación de una estrategia co-municacional en el lenguaje de las po-blaciones afectadas: Toda estrategia de proyección externa que no sea capaz de co-municarse con las poblaciones locales en

un lenguaje que estas en-tiendan está condenada al fracaso. La interpretación y traducción de los mate-riales audiovisuales, es-critos, y demás a la mayor cantidad de lenguas loca-les constituye un compo-nente vital para asegurar una comunicación efecti-va con las comunidades.

• Presencia en el terreno:La Corte debe contar con una importante y conti-nua presencia en el terre-no para poder interactuar de manera efectiva con las

poblaciones locales. Aún cuando la Cor-te tiene una importancia inmensa para la comunidad internacional, sus usuarios reales son las comunidades que han ex-perimentado directamente los confl ic-tos. Como sucede en el caso de cualquier proveedor de servicios, el éxito de la CPI

dependerá de cómo y en qué medida sea capaz de garantizar que se haga justicia en el lugar de los hechos. Esto requiere de una inversión signifi cativa en la presencia física de la Corte en cada uno de los países en los que existen investigaciones en curso y en aquellos en los que se planea llevar a cabo una investigación.

• Adaptando las tareas de proyección exterior a los contextos locales: Cada comunidad posee una forma propia de compartir y procesar la información, y el mismo tipo de información tendrá mayor o menor importancia para los distintos grupos al interior de la comunidad. Los planes de proyección externa se deben desarrollar teniendo en cuenta esto, tra-tando de garantizar que no se distorsione la información adaptando los métodos de entrega de dichos mensajes a los distintos grupos objetivo.

• Cooperación y análisis: Ya que la Corte retiene responsabilidad primaria por las actividades de alcance y difusión, necesi-tará trabajar con actores locales que estén bien posicionados para brindar asesora-miento en términos de culturas, tradicio-nes, religiones y lenguajes. Una estrategia bien diseñada de alcance y difusión inclui-rá la cooperación con las contrapartes lo-cales como uno de sus componentes inte-grales, al mismo tiempo que desarrollará métodos que asistan a la Corte en analizar sus aciertos y aprender de sus errores.

La AEP de 2006 es un paso importante para que la Corte se vaya acercando a su pleno potencial en lo que respecta a lograr el com-promiso de las comunidades, aprender de sus expectativas y garantizar que estén informa-das sobre la CPI y su trabajo. La Corte debe

diseñar e implementar su propio programa de proyección exterior, pero esta tarea requiere apoyo político y fi nanciero. Se debe aprovechar fi rmemente esta oportunidad de hacerlo.

Alison Smith es Consejera Legal para No Peace without Justice y es responsable del Equipo de Tra-bajo de Comunicaciones y Proyección de la CCPI.

Comunicaciones y actividades de alcance de la CPI: Temas centrales para la quinta AEP Por Alison Smith

COMUNICACIONESACTIVIDADES

Mujeres en clínica de salud reproductiva en un campo para deslazados internos en el Norte de Ugan-da. Crédito: Photoshare.

La AEP de este año seguirá incidiendo en el tema, pues se presentará la pro-puesta de un altamente necesitado incremento en el presupuesto para el año 2007. Además, se presentará y discutirá la estrategia y el informe de la CPI sobre actividades de alcance y difusión, algo que fue solicitado en el curso de la AEP el año pasado.


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CP

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La segunda elección del Consejo de Di-rección del Fondo Fiduciario en benefi -cio de las Víctimas es parte de la agenda

de la reunión de este año de la Asamblea de los Estados Partes (AEP). El Consejo está compuesto por cinco miembros que ocupan su cargo por un periodo de tres años y que pueden ser reelegidos sólo una vez. Las cinco plazas del Consejo se distribuyen en función de cinco grandes regiones del mundo: África, Asia, Europa Oriental, la región de Latino-américa y el Caribe y la región Occidental.

El primer Consejo asumió sus funciones en el año 2003 y está integrado por distinguidas fi guras: Su Majestad la Reina Rania Al-Abu-llah de Jordania; Su Excelencia el Sr. Tadeusz Mazowiecki de Polonia; la Señora Ministro Simone Veil de Francia; Su Eminencia el Arzobispo Emérito Desmond Tutu de Sudá-frica; y Su Excelencia N.R. Robinson de Tri-nidad y Tobago, quien en mayo del 2006 asu-mió la plaza dejada vacante por el Sr. Oscar Arias Sánchez, quien renunció para asumir la presidencia de Costa Rica.

A excepción de la Reina Rania, todos los ac-tuales miembros del Consejo han presentado su candidatura a las elecciones de este año. Sin embargo, también han sido nominados otros candidatos. Con la excepción de la Rei-na Rania, todos los actuales miembros del Consejo se postularon para las elecciones este año. Pero también otros candidatos fueron nominados: al momento de la redacción de este articulo, la Secretaria de la Asamblea de los Estados Partes recibió 6 nominaciones.

El procedimiento para la presentación de candidaturas y elección de los miembros del Consejo se detalla en la Resolución ASP/1/Res.7 adoptada por la Asamblea de los Es-

tados Partes en el año 2002. De acuerdo a esta resolución se debe hacer todo lo posible para elegir a los miembros del Consejo por con-senso. De no haber consenso, la elección se realizará por votación secreta. Si se produce un eventual empate para una plaza restante, ha-brá otra votación restringida que se limitará a los candidatos que hayan obtenido igual número de votos.

La elección de los miembros del Consejo de Dirección es un evento importante para el Fondo Fiducia-rio, pues el Consejo es el encargado de dar forma a la visión de largo plazo del Fondo y de guiar el proce-so de establecimiento de prioridades en rela-ción a los proyectos y actividades orientados en benefi cio de las víctimas.

Se ha establecido una secretaría del Fondo Fiduciario y el puesto de Director Ejecutivo de esta secretaría está a punto de ser ocupa-do. Una vez que se elija el nuevo Consejo y

que se inicie el funcio-namiento de la secre-taría, el Fondo Fidu-ciario entrará a una nueva fase operativa. Hasta el momento el Fondo ha recibido un millón seiscientos mil Euros en contribucio-nes y es probable que en el transcurso de la AEP algunos Estados se comprometan a

hacer nuevas donaciones. Sin embargo, para poder tener un impacto duradero, el Conse-jo y su nueva secretaría deberán diseñar es-trategias efectivas de generación de fondos que permitan que el Fondo Fiduciario pueda cumplir con su mandato de apoyar a las víc-timas de crímenes de lesa humanidad, críme-nes de guerra y genocidio.

Otro reto que le espera al Consejo de Direc-ción es la implementación del reglamento del Fondo Fiduciario adoptado en la última re-unión de la AEP. De acuerdo al Reglamen-to, el mandato del Fondo se divide en dos: su primera responsabilidad es implementar las órdenes de reparación de la Corte contra

un condenado, si la Corte así lo dicta. A este respecto, el Fondo Fiduciario se debe ocupar de canalizar los fondos en benefi cio de las víctimas de acuerdo a lo que se estipule en la orden de la Corte. Además, el Fondo Fi-duciario tiene otro mandato: el Consejo de Dirección puede utilizar sus recursos para facilitar la rehabilitación física o psicológica o el apoyo material en benefi cio de las víctimas y sus familias. Con respecto a esto último, el Consejo podría, en principio, dar inicio a sus actividades apenas se haya producido el anuncio inicial de la apertura de una inves-tigación. Si el Consejo estableciese su volun-tad de utilizar sus recursos de esta manera, el Reglamento estipula que deberá notifi car su intención a la Corte. La Sala de la Corte que tenga competencia tendrá entonces la posibi-lidad de frenar o detener la decisión del Fon-do Fiduciario, si considera que la medida del Consejo podría impactar de manera negativa el trabajo que realiza. Este mecanismo se ex-plica en la Regla 50 (a) y es el resultado de un intenso debate que tomó en cuenta los puntos de vista divergentes de algunos estados sobre si el Fondo debía operar o no en la fase previa a la condena.

Las ONGs han abogado continuamente por el establecimiento de un Fondo Fiduciario sólido y efectivo. El nuevo Consejo de Direc-ción jugará un papel decisivo para garantizar que la justicia en materia de reparaciones, complementaria a las labores judiciales de la Corte, esté disponible para las víctimas.

Isabelle Olma es Ofi cial Legal del Secretariado de la CCPI en La Haya.

Fondo Fiduciario en benefi cio de las Víctimas: Todo listo para elección del Consejo de Dirección Por Isabelle Olma

FONDOFIDUCIARIODELASVÍCTIMAS

Su Eminencia el Arzobispo Emérito Desmond Tutu y la Señora Ministro Simone Veil (izq-der) durante la segunda reunión anual del Consejo de Dirección del Fondo Fidu-ciario en benefi cio de las Víctimas realizada el 23 de noviembre de 2005. Foto: ICC-CPI / Daan Zuijderwijk.

La elección de los miembros del Consejo de Dirección es un evento importante para el Fondo Fiduciario, pues el Consejo es el encargado de dar forma a la visión a largo plazo del Fondo y de guiar el proceso de establecimien-to de prioridades en relación a los proyectos y activida-des orientados en benefi cio de las víctimas.


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El Colegio de Abogados Penal Interna-cional (CAPI) ha publicado reciente-mente el Informe de situación sobre te-

mas que competen a la defensa (Position Paper on Issues Facing Counsel) que trata asuntos que competen tanto a los representantes de las víctimas como a los abogados defensores. El Informe de Situación se articula en torno a las tres misiones de la Corte: el garantizar un juicio justo; la transparencia y la efi cien-cia; y la contribución al respeto del estado de derecho y a la lucha contra la impunidad. Este documento también aborda varios asuntos que serán parte de la discusión en torno a la representación legal en la próxima sesión de la Asamblea de los Estados Partes (AEP).

Las normas 77 y 81 crean la Ofi cina del De-fensor Público para la Defensa (ODPD) y la Ofi cina del Defensor Público para las Vícti-mas (ODPV) respectivamente. Asimismo, la norma 136 del reglamento de la Secretaría es-tableció por separado una Comisión de Asis-tencia Judicial. El CAPI hace un llamado a que los abogados de ambas ofi cinas de defensa

estén sujetos a los mismos estándares que se exigía para la Lista de Abogados y que los tí-tulos de abogado y abogado asociado refl ejen la experiencia y trayectoria y que se basen en criterios y califi caciones similares a las que se establecían para la Lista de Abogados. Ade-más, las califi caciones de los miembros de am-bas ofi cinas deberían aparecer para escrutinio público en el portal de la CPI, de la misma forma en que aparecen las califi caciones de los magistrados y el personal de la Fiscalía.

El nivel de avance en materia de implemen-tación de estas normas es mixto. Se ha se-leccionado ya a una defensora pública para la ODPV y ella ha prometido públicamente que su ofi cina operará de forma independien-te. Desafortunadamente, no se ha logrado un

avance comparable en la Ofi cina del Defensor Público para la Defensa; allí sólo se ha cubier-to una plaza de ofi cial legal asociado. El CAPI llama a que se elija un Defensor Público a car-go de la ODPD y que éste cuente con amplia experiencia en Derecho Penal Internacional y en juicios y que a la vez comprenda bien el marco jurídico, las prácticas y los procedi-mientos de los tribunales internacionales. El CAPI recuerda también que la competencia ligüística no debiera restringir ni dictar el curso de la elección del Abogado Principal de la Defensa.

El proceso de implementación de la norma 136 de la Secretaría acaba de empezar. Esta norma requiere que se consulte a asociaciones de abogados luego de lo que se deberá selec-cionar a tres comisionados para el área de asistencia legal. El CAPI espera que se pro-ponga una lista de candidatos califi cados en un futuro cercano. Sin embargo, el sistema de asistencia jurídica seguirá careciendo de una pieza muy importante hasta que se imple-mente la Comisión.

Ninguna de las normas establece criterios para la evaluación de los niveles de asisten-cia legal. La CAPI hace un llamado a que se adopten los criterios detallados en el Informe a la Asamblea de los Estados Partes sobre las opciones que garanticen una defensa adecua-da a los acusados. Estos criterios son: igual-dad de las partes, objetividad, transparencia, continuidad y recursos económicos.

Actualmente existe una absoluta falta de transparencia en la administración de la asistencia legal para la defensa; por ello, lla-mamos a que se publiquen los detalles de los pagos del esquema básico de asistencia legal, incluida la asistencia jurídica disponible para las investigaciones y los requisitos que el Con-sejo debe cumplir para poder acceder a una compensación plena por los servicios jurídi-cos necesarios proporcionados de manera ra-zonable y efi ciente.

El CAPI también aboga por la inclusión de un representante electo de la defensa al gru-po de los que pueden presentar propuestas de enmienda a textos legales y sugerencias para cambios de normas ante el Comité Asesor para Textos Legales. Asimismo, sugiere que la asistencia legal para las víctimas pueda cu-brir de forma razonable el apoyo a las solici-tudes para participar de las reparaciones y el cumplimiento de las órdenes de reparación ante las cortes nacionales.

La versión completa del Informe de Situación se puede obtener en la página web del CAPI: www.bpi-icbwww.bpi-icb.

Virginia Lindsay es Abogada Defensora y ac-tualmente participa del proceso del Tribunal In-ternacional para la antigua Yugoslavia. Asimis-mo, ella actúa como representante del Colegio de Abogados Penal Internacional en las reuniones en la ciudad de La Haya.

Nuevo documento del CAPI sobre temas de la defensa Por Virginia Lindsay

REPRESENTACIÓNLEGAL

El proceso inicial de cuestiones preliminares ha destacado la importancia de temas relacionados a la represtación legal. Estos temas se abordan a cabalidad en el Informe de Situación sobre Temas de la Defensa del Colegio de Abogados Penal Internacional. Foto: ICC-CPI.

Este documento también aborda varios asuntos que serán parte de la discusión en torno a la representación legal en la próxima sesión de la Asam-blea de los Estados Partes (AEP).


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En octubre de 2005, la Corte Penal In-ternacional (CPI) libró sus primeras órdenes de detención en contra de cinco

líderes de alto rango del Ejército de Resisten-cia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), entre ellos el líder del LRA Joseph Kony. Un año después, el debate en torno a una posible amnistía para el LRA con el fi n de garantizar la paz en la región ha conmocionado a Ugan-da y al mundo de la justicia internacional. Este debate empezó a encenderse en mayo de 2006, cuando el Vicepresidente del sur de Sudán, Dr. Riek Machar, se ofreció a mediar las conversaciones de paz entre el gobierno de Uganda y el LRA. Sin embargo, Joseph Kony, quien está al tanto de las órdenes de deten-ción, ha declinado hasta el momento salir de la clandestinidad, solicitando en cambio el re-tiro de las órdenes de detención de la CPI. En respuesta, el presidente Museveni garantizó la seguridad de Kony, anunciando en julio que se le otorgaría una amnistía total si las conversaciones de paz culminaban con éxito, al margen de las acusaciones de la CPI.1

Aquí se presenta el problema de la tensión entre la paz y la justicia. ¿Cuál de las dos debe prevalecer? ¿Deberían retirarse las órdenes de detención para facilitar las negociaciones de paz? ¿Son las negociaciones una barrera para el cumplimiento de las órdenes de arresto?

ONG nacionales e internacionales, grupos religiosos locales, intelectuales y el pueblo de Uganda en general poseen puntos de vista divergentes a este respecto. Las divisiones se establecen principalmente en función de dos argumentos opuestos: algunas ONG y gru-pos religiosos y parte de la población apoyan la idea de que la paz debe obtenerse usando todos y cualquiera de los medios disponi-bles, incluso si, en este caso, se compromete la justicia penal internacional ofreciendo una amnistía. Los desplazados internos del Norte de Uganda están dispuestos a apoyar las nego-ciaciones de paz siempre y cuando la violencia en el norte acabe y se obtenga como resulta-do una paz plena. Por otro lado, otras ONG y algunos críticos sostienen que si bien la paz es esencial, los miembros del LRA que están siendo acusados deberían rendir cuentas ante la CPI por los crímenes cometidos y, por ello, consideran que no se les debe otorgar una am-nistía. Es importante destacar que ambos ar-gumentos respaldan el proceso de paz, pero el segundo sostiene además que es más probable

lograr la paz duradera y la estabilidad me-diante la justicia y la rendición de cuentas.

A nivel internacional, la justicia penal con-lleva a la condena o el “castigo” de los crimi-nales, si se los encuentra culpables de los crí-menes supuestamente cometidos en contra de sus víctimas. Esta es la forma de justicia que corresponde al mandato de la CPI. Sin embargo, la forma tradicional de adminis-trar justicia en Uganda varía, dependiendo del tipo de comunidad afectada. Los meca-nismos tradicionales de justicia ugandeses aplican la justicia “punitiva” o la justicia “del perdón” (“restaurativa”). En las comunidades Lango y Teso, la justicia entraña la expul-sión de la comunidad de los perpetradores y el retiro de todo tipo de protección que la comunidad otorga. En el pasado algunos cri-minales notables han sido enterrados vivos. Otras comunidades llegan a excomulgar a los perpetradores como castigo por sus crímenes.

Hasta ahora, no hemos recibido informes de cómo se imparte justicia en la comunidad de Madi, también afectada por el confl icto en las regiones del Norte, oriente y Oeste del Nilo de Uganda.

Por otro lado, el sistema tradicional de justicia de la comunidad Acholi promueve el perdón. El mecanismo de justicia tradicional Acholi que apoya el Foro de ONG del Distrito Gulu, el Liu Institute for Global Issues de la Univer-sidad de British Columbia, Ker kwaro Acholi y ahora el gobierno de Uganda, es el más docu-mentado de los sistemas de justicia tradicional de Uganda. Los líderes religiosos Acholi han colaborado en numerosas iniciativas orienta-das a poner fi n al confl icto mediante un acer-camiento al LRA y presionando por el perdón de sus crímenes. La peculiar postura de los líderes Acholi motivó que otras comunidades argumentaran que al promoverse sólo uno de los sistemas tribales de justicia, se les estaba negando a ellos el acceso a la justicia, pese a que habían sido víctimas de los mismos crí-

menes que la comunidad Acholi.

Así, la justicia “del perdón” del sistema Acholi entra en confl icto con lo que se percibe como la justicia “punitiva” que busca la CPI. Muchos creen que impulsar el perdón y la amnistía para Joseph Kony y sus principales comandan-tes contribuirá al logro de la paz en la región,

mientras que otros apoyan la idea de que esto mismo contribuiría a cultivar una cultura de impunidad. Sea cual sea el tipo de justicia por el que se opte, es esencial que el proceso de consulta se extienda a la totalidad de las co-munidades locales afectadas por el confl icto (Acholi, Lango, Teso y Madi), a los líderes reli-giosos y tradicionales y a la CPI. Esto permiti-rá que todas las partes expresen sus puntos de vista, facilitará el intercambio de información y evitará cualquier tipo de estigmatización y marginalización de algunas comunidades. Al fi n y al cabo, lo más importante es que meca-nismos apropiados garanticen el acceso de las víctimas a una justicia real y que se prevenga la futura perpetración de atrocidades.

Stephen Arthur Lamony es Coordinador de la Coalición Ugandesa por la Corte Penal Interna-cional (CUCPI).

Las opiniones aquí expresadas pertenecen al au-tor y no representan necesariamente los puntos de vista del Secretariado de la CCPI, sus miembros, o nuestros patrocinadores.

Paz y justicia en Uganda Por Stephen Arthur Lamony

ACTUALIZACIÓNUGANDA

“Viajeros nocturnos” ugandeses dejan sus hogares en el campo para pasar la noche en la relativa seguridad del pueblo, con la esperanza de evitar que el LRA los secuestre y los convierta en niños soldados. Foto: HRW / Bruno Stevens.

Aquí se presenta el problema de la tensión entre la paz y la justicia. ¿Cuál de las dos debe prevalecer? ¿Deberían retirarse las órdenes de detención para facilitar las negociaciones de paz? ¿Son las negociaciones una barre-ra para el cumplimiento de las órdenes de arresto?

1El Acuerdo de cese de hostilidades suscrito entre el gobierno de Uganda y el LRA el 25 de agosto de 2006 se encuentra en vigor desde el 29 de agosto.

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Con frecuencia los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) impactan

con mayor fuerza a la niñez. El propio Preámbulo del Estatuto de Roma se re-fi ere a los niños diciendo que son “vícti-mas de atrocidades que desafían la ima-ginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Los niños serán testigos de ese tipo de crímenes y serán también víctimas de los mismos. El Fiscal de la CPI está claramente com-prometido en garantizar justicia para la infancia, y es notable que en el primer

caso que procede a juicio ante la Corte- La Fiscalía vs Th omas Lubanga Dyilo- el imputado haya sido acusado de reclutar, alistar y utilizar niños menores de quin-ce años para que participen activamente en las actividades.

Con la fi nalidad de mejorar la capacidad de la Fiscalía de lograr los más altos es-tándares en las investigaciones de casos que comprometen a niños, su Unidad de Género y de la Infancia solicitó reciente-mente que UNICEF organice un taller de capacitación de tres días dirigido a los investigadores de ese despacho. El equi-po multidisciplinario de instructores incluyó, entre otros, a un juez investiga-dor especializado en casos que compro-meten a niños, un experto internacional en protección de la infancia y un experto en entrevistas forenses a niños. Alimen-tándose de la amplia experiencia en esta área de UNICEF y de los desarrollos in-ternacionales en el tema, la capacitación se centró en las entrevistas a niños, in-cluyendo el trabajo que se debe realizar en preparación de ese tipo de entrevis-

tas, las necesarias evaluacio-nes del niño y las actividades pertinentes a realizarse lue-go de la entrevista.

La capacitación robusteció el principio de que entre-vistar a niños es un arte y no una ciencia. Cada niño es distinto y por ella cada entrevista será diferente. Sin embargo, hay algunos principios y prácticas que se podrían adoptar para hacer que las entrevistas sean más apropiadas para los niños y por ende mejor para el caso en general. Éstos incluyen:

• Garantizar que se respete el están-dar de interés superior del niño. Este principio está consagrado en la Con-vención sobre los Derechos del Niño, que afi rma que“[e]n todas las medi-das concernientes a los niños… una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”1 Esto quiere decir que los in-vestigadores deben considerar si una acción o decisión específi ca atiende o no el interés superior del niño víctima o testigo y si sucede que la acción o decisión NO atiende su interés supe-rior, se deberá considerar una acción o decisión distinta. Debemos destacar que el estándar de interés superior se aplica específi camente a cada uno de los niños participantes del proceso y en esto se diferencia del interés de los niños en general.

• Es clave que el niño tenga confi anza con el entrevistador. Hay que ser res-petuoso y honesto y no se debe pro-meter cosas que no se podrán cumplir.

• Las entrevistas múltiples sobre temas dolorosos pueden generar un estrés innecesario. Se debe minimizar el número de veces que un niño tenga que contar su historia y, más impor-tante aún, se debe reducir al mínimo el número de personas que entrevis-ten al niño.

• Reconocer que los niños, especial-

mente los mayores de diez años, no son más infl uenciables que los adultos y por lo tanto no se debe presumir que son menos confi ables como testigos.

• Permitir que el niño cuente su histo-ria a su propio ritmo y a su manera. Se debe reconocer que la memoria, especialmente el recuerdo de eventos traumáticos, es con frecuencia no li-neal y esto afecta la forma en que un niño comunica lo que le ha sucedido.

• Entregar al niño y a su guardián o encargado una descripción completa del proceso judicial y de las potencia-les consecuencias de su participación. Si se teme que el niño, su guardián o el que lo cuida no entienden las impli-cancias de su participación, la entre-vista no debería continuar.

El último punto merece ser destacado de manera especial. El contexto en el que viven los niños testigo, que puede cam-biar de una entrevista a otra, y el miedo que experimentan, afectan su capacidad de comprensión. Los riesgos en materia de seguridad que pueden surgir en co-nexión con la participación de la CPI, y la naturaleza de los crímenes investiga-dos y/o enjuiciados presentan desafíos adicionales. Por ejemplo, algunos niños podrían correr riesgos al contactar-se con la CPI o en una etapa posterior, dependiendo de si la situación política y de seguridad es estable o fl uctuante. La efectiva protección de testigos es una medida de particular importancia.

Protección de la infancia y proceso de investigación: Observaciones de UNICEF Por Pamela Shifman y Trish Hiddleston

ACTUALIZACIÓNRDC

La participación en calidad de testigo po-dría fortalecer a algunos niños a nivel in-dividual, pero existe también el riesgo de ocasionar algún daño y esto debe evitarse. En todo caso, el estándar de interés supe-rior del niño debe respetarse rigurosamen-te a nivel individual.

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1Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3(1).

Campo de Desplazados Internos de Kassab, cerca del pueblo de Kutum en Darfur. Recientemente UNICEF condujo una capacitación sobre como entrevistar niños en relación la CPI. Crédito: UNICEF.

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Thomas Lubanga, actualmente en custo-Thomas Lubanga, actualmente en custo-Tdia en la sede de la CPI , ha sido acusa-Tdia en la sede de la CPI , ha sido acusa-Tdo solamente de Tdo solamente de T reclutar, alistar o utilizar niños menores de 15 años en las hostilidades. Jo-seph Kony, Vincent Otti y Okot Odhiambo, altos comandantes del Ejército de Resistencia del Señor que opera al N de Uganda, también han sido acusados de reclutamiento forzoso y utilización de niños, entre otros crímenes.

Si bien se debe saludar la atención por parte del Fiscal al tema de niños soldados, a orga-nizaciones de derechos humanos les preocupa la estrechez de los cargos, dado que a la Unión

de Patriotas Congoleses, que Lubanga dirigió en la RDC , se le acusa de haber cometido muchos otros crímenes en Ituri tales como el asesinato, la tortura y la violencia sexual. Un grupo de ONG1 han hecho llegar su inquietud por escrito al Fiscal luego del anuncio que las investigaciones del caso Lubanga habían sido suspendidas. Además, WIGJ solicitó se emita un amicus brief que explore deberes y poderes amicus brief que explore deberes y poderes amicus briefde la Sala de Cuestiones Preliminares en la au-diencia de confi rmación.

En septiembre, REDRESS publicó un In-forme, destacando los crímenes que afectan a niños en general, incluyendo niños soldados. REDRESS sostiene se debe enjuiciar también a los perpetradores de esos otros crímenes y que los crímenes padecidos por las comunida-des víctima a las que se reintegrarán los niños soldados deben tratarse en forma análoga.

El contexto de los niños combatientes en Uganda del Norte y la RDC

Dado que el contexto de reclutamiento de ni-ños en Uganda y la RDC es distinto, el Informe destaca que el enjuiciamiento por reclutamien-to de niños debe basarse en una comprensión más amplia del contexto de cada confl icto y de los niños que participan. El centrarse de for-ma sesgada en el tema de niños soldados ig-norando los otros crímenes cometidos puede reforzar la estigmatización y discriminación en contra de estos niños y puede motivar que surja reproche al interior de las comunidades

víctima. Esto preocupa especialmente en el caso Lubanga, dado que el estrecho alcance de los cargos presentados restringirá el número de personas que podrán solicitar reparaciones a niños y a aquellos niños menores de quince años al momento de ser reclutados, hoy ya adultos. El derecho internacional, sin embargo, establece que las reparaciones son un derecho al que todas las víctimas deben tener acceso.

Además, en la RDC oriental algunos niños se alistaron “voluntariamente” en las milicias tri-bales con consentimiento de sus padres luego de haber perdido a seres queridos u obedecien-do cierto sentido del deber. Por ello la expli-cación a las comunidades víctima de que los únicos cargos efectivos son los de reclutamien-to de menores generó desconcierto. Algunas investigaciones han revelado que, incluso luego de detenido Lubanga, la mayoría de gente aún ignora que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Muchos niños cometieron atrocidades, incluso en contra de sus comuni-dades; por ello es difícil que las comunidades víctima, que han tenido que hacer frente a dis-tintos crímenes, puedan entender el enfoque que tomó el juicio. A decir de una víctima en un seminario: “Il faut relativiser!”(“¡Debemos entender en perspectiva!”).

Para muchos, el peor aspecto de niños com-batientes es la participación de niñas, muchas hoy día madres con VIH/SIDA. Por lo gene-ral, estas niñas fueron secuestradas a la fuerza y violadas y esclavizadas sistemáticamente; sin

El alcance de los cargos contra Thomas Lubanga: Reclutar, alistar o utilizar niños en las hostilidades Por Mariana Goetz

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Un nuevo informe de REDRESS aborda temas relativos al papel de los niños soldados ante la Corte Penal Internacional. Foto: REDRESS.

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VICTIMS, PERPETRATORS,OR HEROES?

Child Soldiers before theInternational Criminal Court

El 21 de Septiembre de 2006, la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) reprogramó la audiencia de confi rmación de cargos en el Caso La Fiscalía vs Th omas Lubanga Dyilo. Los magistrados justi-fi caron su decisión aludiendo a que una parte de las pruebas que el Fiscal planeaba usar en la audiencia aún no había sido divulgada a la Defensa. Esta decisión se tomó, además, en aras de garantizar el respeto a los derechos del acusado, incluido su derecho a estar bien preparado para la audiencia de confi rmación de cargos. Al anunciar su decisión, la Sala comunicó que pronto se realizaría una audiencia sobre la conducción de la audiencia de confi rmación. El objetivo de la primera audiencia de confi rmación de cargos es que la Sala evalúe si confi rma o no los cargos presentados por el Fiscal de la CPI para el inicio de un juicio al acusado.

La fecha de la audiencia de confi rmación de cargos se comunicará a las partes interesadas en su debido momento. Al entrar a prensa esta publicación no se conocía aún la nueva fecha. La posible fecha

se discutió en la reunión con las partes del 26 de septiembre. La Defensa solicitó una postergación de seis a nueve meses para poder examinar todos los documentos entregados por la Fiscalía y poder luego proceder a la investigación. En contraste, el Fiscal destacó la necesidad de un juicio rápido. El magistrado Jorda (único juez) dijo que la Sala tenía la responsabilidad de garantizar ante la comunidad internacional que el juicio se realice de forma expedita. Además, re-saltó el hecho de que el Sr. Lubanga se encuentra en custodia desde marzo, señalando que una mayor demora podría ser problemática.

Hasta el momento, se han realizado cinco reuniones con las partes en el Caso Lubanga: el 27 de junio de 2006; el 14 de julio de 2006; el 24 de agosto de 2006; el 4 de septiembre de 2006; y el 26 de sep-tiembre de 2006. Estas audiencias públicas se realizaron con el fi n de supervisar los procesos de divulgación, inspección y presentación de las pruebas que las partes planean usar en la audiencia de confi r-mación de cargos.

CASO THOMAS LUBANGA: SE POSTERGA AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN DE CARGOS

CONTINÚA EN P. 15

1Abogados sin Fronteras, CJR, CNCPI – RDC, FIDH, HRW, ICTJ, REDRESS y la Iniciativa de la Mujer por la Justicia de Género (WIGJ)


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La grave situación en la región de Dar-fur, Sudán, ha empeorado notable-mente desde que el Fiscal Luis Moreno

Ocampo entregara su informe al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado junio. Las condiciones humanitarias y de seguridad se han deteriorado y los esfuerzos del gobierno sudanés para hacer justicia fracasaron, por lo que recae en la CPI una aún mayor respon-sabilidad de investigar y procesar los graves crímenes cometidos. En consecuencia , las expectativas por que la CPI actúe de forma decidida, aumentaron.

La dramática alza en la violencia entre las mi-licias del gobierno sudanés y las fuerzas rebel-des que se observa desde junio generó dece-nas de miles de desplazados en Darfur, que se suman a los aproximadamente dos millones que ya han escapado de sus hogares desde que empezó el confl icto. La ayuda humanitaria también corre riesgo. En julio, asesinaron a nueve trabajadores humanitarios y en agosto 335.000 personas al Norte de Darfur queda-ron aisladas de la ayuda alimentaria.

En respuesta a la deteriorada situación, el Consejo de Seguridad autorizó un contin-

gente de fuerzas de paz de más de 20.000 efectivos para Darfur, pero hasta septiembre, el gobierno sudanés se había negado a autori-zar su despliegue. Como medida provisional, se extendió hasta fi nales del 2006 la mal equi-pada misión de la Unión Africana en Darfur.

Durante este mismo período, los esfuerzos sudaneses por investigar y procesar los graves crímenes en Darfur han demostrado ser insu-fi cientes. El decreto presidencial No. 114, de junio de 2006, otorgó una amnistía general sin detallar para qué los crímenes era aplica-ble. Existe por lo tanto la fuerte preocupación de que las autoridades sudanesas utilicen este decreto para intentar otorgar impunidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por otro lado, la OACDH informó en julio que “las estructuras sudanesas creadas específi -camente para tratar los crímenes cometidos en Darfur, como la Corte Penal Especial, han fracasado sucesivamente en la tarea de hacer justicia y enjuiciar a los comandantes de alto rango responsables de violaciones a los dere-chos humanos”.

Frente a estas circunstancias, el Fiscal de la CPI ha intentado seguir el plan de acción pre-sentado en su último informe al Consejo de Seguridad. El personal de investigación del Fiscal llevó a cabo entrevistas formales sobre el confl icto en Darfur con dos altos funcio-narios del gobierno sudanés. Posteriormen-te, en septiembre, el Fiscal declaró que “este año se planea llevar a cabo nuevas misiones a Sudán, incluyendo la conducción de entre-vistas y la recopilación de documentación y otro tipo de pruebas”. El Fiscal informó que hasta septiembre su ofi cina había recolectado aproximadamente 9,750 piezas de evidencia o información y que había tomado pasos in-vestigativos en quince países. El Fiscal y el Presidente de la CPI también han continua-

do sus esfuerzos por mejorar la cooperación con la Corte, presentando un informe al Con-sejo de Paz y Seguridad de la UA, dentro del marco de las actividades de la CPI en África este último junio.

Mientras tanto, la Sala de Cuestiones Preli-minares I de la CPI, asignada a la situación en Darfur en abril de 2005, ha tomado medidas en respuesta a los últimos acontecimientos. En julio último, la Sala invitó a la Alta Comi-sionada de la ONU para los Derechos Hu-manos Louise Arbour y a Antonio Cassese, ex-presidente de la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur, a que entrega-sen sus observaciones sobre medidas adicio-nales que pudieran ser tomadas en las actua-les circunstancias para proteger a las víctimas y preservar la evidencia. Cassese entregó sus observaciones en agosto y se espera que Ar-bour entregue las suyas en octubre.

Es posible también que, a raíz del calenda-rio establecido para las investigaciones en la RDC y en el Norte de Uganda, la CPI deba enfrentar un mayor escrutinio en el Consejo de Seguridad durante este año. En las situa-ciones de la RDC y el Norte de Uganda el Fiscal emitió una orden de detención a dieci-nueve meses de haber abierto la investigación. En diciembre, para cuando está programado el siguiente informe del Fiscal ante el Conse-jo, se habrán cumplido dieciocho meses desde que se decidiera abrir una investigación sobre la situación en Darfur.

John Stompor es Asociado Principal de los Progra-mas Internacionales de Human Rights First.


Gran expectativa por investigaciones de la CPI pese a empeoramiento de la situación en Darfur Por John Stompor

ACTUALIZACIÓNSUDÁN

Niños del campo Zam Zam en la región sudanesa de Darfur. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe.

UNICEF (Continúa de la página 10)

La participación en calidad de testigo podría fortalecer a algunos niños a nivel individual, pero existe también el riesgo de ocasionar al-gún daño y esto debe evitarse. En todo caso, el estándar de interés superior del niño debe respetarse rigurosamente a nivel individual. La garantía de que la participación del niño en calidad de testigo no será contraria al inte-

rés superior de cada individuo es crítica para asegurar la integridad del proceso judicial y así poner fi n a la impunidad por los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma, incluidos los crímenes contra niños. Como dijo Jenni-fer Anderson, experta en entrevistas forenses a niños, al clausurar el taller de capacitación: “Si es bueno para el niño, es bueno para el

caso”. Este principio debe sentar las bases de cualquier trabajo con niños en el proceso de investigación.

Pamela Shifman es Ofi cial de Protección de la In-fancia y Asesora para Violencia Sexual de UNI-CEF. Trish Hiddleston es Asesora Regional de UNICEF para la Protección de la Infancia.


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El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006R

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Con veintiocho ratifi caciones del Estatuto de Roma a septiembre de 2006, los países africanos siguen reiterando su apoyo a la

justicia internacional encarnada en el sistema de la CPI. La CCPI seguirá su campaña para lograr ampliar el número de ratifi caciones y leyes de im-plementación doméstica del Estatuto de Roma en los países al sur del Sahara y seguirá tratan-do de expandir la membresía de la CCPI, desa-rrollando y apoyando las coaliciones nacionales existentes y trabajando de cerca con los grupos de la sociedad civil africana que se ocupan de temas relacionados a la justicia internacional.

La República del Chad ratifi cará pronto el Es-tatuto de Roma

En julio de 2006, el Parlamento de Chad aprobó la ley que ratifi ca el Estatuto de Roma. Este avan-ce se produce luego de una intensa campaña con-ducida por los miembros nacionales en el Chad y la sección regional africana de la CCPI. En marzo de 2006, delegados de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales se dieron cita en un taller para discutir la im-plementación doméstica del Estatuto de Roma. Los participantes recibieron información sobre la CPI, su competencia, su mandato y el rol que Chad podría cumplir para contribuir a asentar la justicia internacional en el continente.

Además de promover una mayor consciencia sobre la CPI, este taller auspiciado por la CCPI también contribuyó a generar interés en la CPI a nivel nacional. Como resultado de esto, los fun-cionarios gubernamentales se comprometieron personalmente a trabajar más de cerca con los miembros nacionales de la CCPI tanto para la ratifi cación como para la implementación. A sólo tres meses de este taller, el Parlamento votó a fa-vor de la ratifi cación del tratado.

Desde que se anunció el voto del Parlamento a favor de la ratifi cación, la CCPI ha seguido tra-bajando activamente con la Coalición nacional de Chad para garantizar que se completen lo más pronto posible los pasos restantes para lala ratifi cación del tratado y que, como es debido, se deposite ese instrumento en la ONU.

Al momento de redactar esta nota se esperaba que la Chad depositase su instrumento de ratifi -cación durante la Asamblea General de la ONU o a más tardar en el transcurso de la Asamblea de los Estados Partes.

Entretanto, a medida que avanza la campaña de implementación, hacemos un llamado a que la sociedad civil y los funcionarios gubernamentales trabajen en conjunto en la realización de un estu-dio preliminar sobre leyes de implementación.

La Coalición de la RDC por la CPI informa a periodistas sobre la Corte

En un esfuerzo por tratar de generar interés y mejorar la comprensión del trabajo que realiza la CPI, la Coalición de la RDC por la CPI organizó en julio un taller de prensa de dos días dirigido a la prensa escrita y electrónica en la República Democrática del Congo (RDC).

El 13 y 14 de julio en Kinshasa, los 42 participan-tes miembros de los medios de prensa nacionales asistieron a las sesiones de información sobre la CPI y el Estatuto de Roma. La Coalición de la RDC por la CPI había evaluado que si bien la entrega de Th omas Lubanga a la CPI y su subse-cuente aparición ante la Corte habían suscitado la atención de la prensa en la RDC, la cobertura en los medios de estos acontecimientos era ten-denciosa y a veces parecía que se estuviera politi-zando el proceso judicial.

Al fi nal del taller, los participantes fi rmaron una declaración comprometiéndose a usar las capaci-dades y la información adquiridas en el taller para cubrir más objetivamente y con mayor precisión el trabajo de la CPI en la RDC. Igualmente, en esa declaración manifestaron su aprecio por la iniciativa de la Coalición de la RDC de organizar el curso de formación.

La Coalición de la RDC por la CPI sigue abogan-do en pro de la adopción de leyes que implemen-

Impulso continuo pro ratifi cación e implementación en África Por la sección regional africana de la CCPIPor la sección regional africana de la CCPIPor la sección regional africana de la CCPIPor la sección regional africana de la CCPIPor la sección regional africana de la CCPIPor la sección regional africana de la CCPIPor la sección regional africana de la CCPI

(izq-der) El Coordinador Regional para África francófona de la CCPI Francis Dako se reúne con el Ministro de Justicia nigerino Sr. Maty Elhadj Moussa y sus asistentes, con la Sra. Adamou Bibata, Directora de Human Rights y con el Sr. Lawan Oumara Grema Ari, Director de Asuntos Jurídicos y Legislación de Implementación.

COMORAS RATIFICA EL ESTATUTO DE ROMAEl 18 de agosto de 2006, Comoras depositó su instrumento de ratifi ca-ción del Estatuto de Roma, convir-tiéndose así en el centésimo primer Estado Parte del tratado de la CPI. La ratifi cación de Comoras reafi rma la confi anza de los países africanos en la CPI y su convicción de que la lucha contra la impunidad y el enjuicia-miento de crímenes internacionales protegerá a las sociedades africanas de las violaciones masivas de derechos humanos en el futuro.

La campaña pro ratifi cación en Co-moras fue liderada por la Acción Mundial de Parlamentarios (PGA, por sus siglas en inglés), organización que integra el Comité Coordinador de la CCPI. El éxito de la campaña se de-bió en gran medida a las acciones del Sr. Assouman Youssouf Mondoha, miembro de PGA, diputado del par-tido gobernante de Comoras y actual presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional comorana. El Sr. Mondoha aspiraba a que su país se convirtiera en el centésimo primer Estado Parte del Estatuto de Roma e hizo grandes esfuerzos para materia-lizar su anhelo. Comentando sobre la ratifi cación, el Sr. Mondoha declaró: “Siento que he cumplido una misión. Estoy orgulloso de haber cumplido la misión correcta, pues estoy convenci-do de que la Corte Penal Internacio-nal es una necesidad real para Como-ras. La Corte tendrá un rol disuasivo en Comoras y servirá para prevenir que se cometan potenciales crímenes internacionales. Ayudará también a que se haga justicia para las víctimas y sus familiares instaurando la verdad y reforzando el proceso de reconcilia-ción nacional comorano”.

La CCPI continúa cooperando de for-ma cerca con el proceso de Comoras y apoyará a los grupos de la sociedad ci-vil que colaboren con el gobierno en el desarrollo y aprobación de legislación de implementación.


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Afi nales de agosto, la CCPI realizó su re-unión de estrategia para Latinoamérica en Bogotá, Colombia, logrando reunir a

representantes de la sociedad civil de doce paí-ses – Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay – para com-partir experiencias y estrategias sobre iniciati-partir experiencias y estrategias sobre iniciati-vas relativas a la CPI, para diseñar y establecer en conjunto las prioridades y objetivos regiona-les y para fortalecer las acciones de campaña de la Coalición.

En todos estos años, ha existido un fuerte apo-yo a la CPI en América Latina y muchos estados han expresado su compromiso con la CPI antes y después de la adopción del Estatuto de Roma en 1998. En la actualidad, sólo falta que cuatro de los diecinueve países latinoamericanos ratifi quen el tratado de la CPI: Chile, El Salvador, Guate-mala y Nicaragua. La sociedad civil de la región ha jugado un papel decisivo en el logro de la casi universal ratifi cación del tratado de la CPI y en este contexto, el intercambio de información en-tre organizaciones regionales producido durante la reunión sirvió de manera especial para com-parar estrategias de ratifi cación con el objetivo fi nal de conseguir las ratifi caciones de los cuatro países latinoamericanos restantes.

Pese a los pioneros esfuerzos de varios países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Paraguay por producir avances en materia de legislación de implementación, los retrasos en la promulgación de leyes sobre cooperación na-cional y complementariedad han frenado el ím-petu inicial. A la luz de este desafío, la reunión regional de la Coalición ofreció un espacio para que sus miembros discutan la forma en que se podría dar un nuevo impulso a los procesos le-gislativos sobre la CPI tanto en los parlamentos como en los ejecutivos de sus países. La reunión regional también sirvió para impulsar una cam-paña estratégica en pro de la ratifi cación del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte (APIC) en la región.

El debate no se centró solamente en la ratifi ca-ción e implementación del Estatuto de Roma, sino que exploró temas relacionados a la opera-ción y funcionamiento de la Corte. Apoyándo-se en la vasta experiencia multidimensional de los participantes latinoamericanos, la reunión incluyó una serie de discusiones sobre asuntos relativos a las víctimas, defensa, enjuiciamiento y supervisión de juicios. Una de las principales

conclusiones a la que llegaron los participantes es que se necesita el establecimiento de un vehí-culo efi ciente que sirva para canalizar efectiva-mente la experiencia regional a la CPI. Proyec-tándose a un futuro cercano, los miembros de la CCPI se ocuparon de preparar su participación en la próxima Asamblea de los Estados Partes.

En el transcurso de los tres días que duró la reunión, las organizaciones miembro que par-ticiparon en el evento decidieron emitir un co-municado conjunto sobre el proceso de paz en Uganda, a la luz de lo allí sucedido en torno a posibles amnistías. El comunicado recordó la experiencia latinoamericana argumentando que los veredictos de las cortes nacionales, tribuna-les internacionales y cortes regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han demostrado la invalidez de las amnistías. Asimismo, los grupos presentes exhortaron al Fiscal a que continúe investigando los crímenes internacionales cometidos en Uganda, sin per-mitir que las amnistías o los procesos políticos locales afecten la competencia de la CPI.

Aprovechando la presencia de representantes de doce países de la región, los miembros colom-bianos de la CCPI organizaron reuniones con parlamentarios e importantes organizaciones de la sociedad civil interesados en el mandato de la CPI. Estas reuniones fueron concebidas de tal manera que también se pudo discutir los actuales avances en el proceso legislativo hacia la implementación de la CPI en Colombia y la pendiente aprobación del APIC por el Congre-so colombiano.

Paulina Vega González es Coordinadora Regional de la CCPI para América Latina y el Caribe y Francesca Varda ocupa el cargo de Ofi cial de Enlace para América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífi co.

Reunión regional de estrategia de la CCPI en Bogotá, ColombiaReunión regional de estrategia de la CCPI en Bogotá, ColombiaPor Paulina Vega González y Francesca Varda

Miembros de la CCPI de doce países latinoamericanos se dieron cita en Bogotá, Colombia, en agosto de 2006 con motivo de la reunión de estrategia para Lati-noamérica de la CCPI.

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DESARROLLOSLACAmérica Latina y Caribe

AVANCES EN EL CARIBE: SAN KITTS Y NEVIS SE ADHIERE AL ESTATUTO DE ROMAEn el 2006, la Coalición está siendo testigo de varios avances importantes sobre la CPI en el Caribe. En junio, la CCPI eligió como países objetivo de su Campaña por la Ratifi cación Universal a los países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que aún no han ratifi cado el Estatuto de Roma: Bahamas, Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Surinam y San Kitts y Nevis. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil lo-cales, la campaña contó con una am-plia cobertura en la prensa nacional, regional e internacional.

A inicios de julio, la CCPI participó en el primer Foro Social del Caribe que se realizó en Martinica. En co-laboración con el Grupo de Acción e Investigación Feminista del Caribe (CAFRA) de Santa Lucia, la CCPI organizó un taller básico sobre la CPI en el que los participantes provenien-tes de Granada, San Vicente y las Granadinas, Haití, Cuba, Martinica, Guadalupe y otras islas del Caribe, pudieron informarse mejor sobre la Corte y las iniciativas de la Coalición en esta región.

Finalmente, el 22 de agosto de 2006 se produjo un importante y alentador acontecimiento: San Kitts y Nevis se convirtió en el centésimo segundo Estado Parte de la CPI. Con esta ad-hesión, ocho de los catorce miembros de la CARICOM con potestad de suscribir tratados internacionales ya han ratifi cado el Estatuto de Roma. La Coalición seguirá impulsando más ratifi caciones en el Caribe y tratará de garantizar la implementación plena del Estatuto de Roma a nivel nacional.


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DESARROLLOSMOANMedio Oriente y África del Norte

Después del asesinato del ex Primer Ministro libanés Rafi q al-Hariri en febrero de 2005, Líbano ha tenido

que confrontar una serie de nuevos retos so-bre cómo poner fi n a la impunidad. Esto ha contribuido a realzar el perfi l de la CPI en Lí-bano como institución internacional creíble y no partisana con capacidad de enjuiciar y en última instancia prevenir, las violaciones más graves a los derechos humanos.

La sociedad civil libanesa viene abogando en pro de la adhesión del Líbano al Estatuto de Roma hace ya varios años; sin embargo, la re-cientemente creada Coalición Libanesa por la CPI revitalizó y amplió esta campaña el año pasado. Coordinada por Justicia Sin Fronte-ras (JSF), la Coalición Nacional se formó lue-go de un concurrido seminario de la CCPI y JSF sobre la CPI en el Instituto de Derechos Humanos de Beirut realizado en octubre de 2005. A partir de entonces, la Coalición Li-banesa ha organizado conferencias de prensa sobre la CPI, ha impulsado acciones sistemá-ticas de proyección y capacitación a los me-dios y sostenido reuniones con importantes líderes políticos. Recientemente, los esfuer-zos de la Coalición libanesa culminaron en la organización de una conferencia de dos días sobre la adhesión del Líbano a la CPI reali-zada en Beirut del 19 al 20 de mayo de 2006. Este evento contó con el apoyo de la CCPI, la Federación Internacional de Derechos Hu-manos (FIDH), la Acción Mundial de Par-

lamentarios (PGA), el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Beirut y las Embajadas de Francia y los Países Bajos. Al día siguiente, JSF organizó en conjunto con PGA un taller cerrado sobre la CPI diri-gido a parlamentarios. A este taller asistieron selectos congresistas de Bahrein, Jordania, Líbano, Marruecos y los Países Bajos.

El debate durante la conferencia destacó la ausencia de impedimentos legales para la adhesión libanesa. Muchos de los expertos libaneses que participaron en la conferencia sugirieron que Líbano no estaría obligado a modifi car su constitución, sino que, a la luz de los principios planteados en su preámbulo que contemplan la constitucionalización de los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Líbano decida ratifi car, le bastaría completar el proceso de adhesión al Estatuto de Roma para resolver cualquier in-compatibilidad. Por ello, el principal obstácu-lo a vencer es de naturaleza política y tiene que ver tanto con la postura de algunos partidos políticos libaneses hacia la CPI, como con la infl uencia que Estados Unidos pueda ejercer respecto a la decisión de adherirse a la Corte.

Después del confl icto de julio y agosto con Is-rael, las conclusiones sobre la importancia de la CPI para el Líbano y el avance en los pasos requeridos para la adhesión libanesa han ad-quirido una mayor relevancia. Durante este periodo, numerosos grupos legales y de dere-

chos humanos comenzaron a documentar la evidencia de crímenes específi cos cometidos en el Líbano y JSF ha dado inicio a una cam-paña contra la impunidad que llama a que el gobierno libanés acepte la competencia de la CPI para crímenes cometidos contra sus ci-viles. Asimismo la campaña también hace un llamado para que, sin demora alguna, Líbano declare su adhesión al Estatuto de Roma de la CPI – entre otras razones, porque se piensa que la adhesión a la Corte podría generar un efecto disuasivo respecto a potenciales críme-nes futuros.

El próximo año, JSF planea intensifi car su campaña de presión para que el gobierno liba-nés se adhiera al Estatuto de Roma y para que declare que acepta la competencia de la CPI. JSF también seguirá formando e informando a ONG, medios de prensa, congresistas, abo-gados y activistas de derechos humanos sobre la importancia a largo plazo de la CPI como mecanismo internacional de protección de los derechos humanos que garantice el enjuicia-miento de los más graves crímenes.

Brigitte Chelebian es Presidenta de Justicia Sin Fronteras y Coordinadora de la Coalición Liba-nesa por la CPI.


Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Por Brigitte Chelebian

evidencia de crímenes específi cos cometidos

Por Brigitte ChelebianPor Brigitte Chelebian

chos humanos comenzaron a documentar la evidencia de crímenes específi cos cometidos en el Líbano y JSF ha dado inicio a una cam-paña contra la impunidad que llama a que el gobierno libanés acepte la competencia de la CPI para crímenes cometidos contra sus ci-viles. Asimismo la campaña también hace un

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chos humanos comenzaron a documentar la evidencia de crímenes específi cos cometidos en el Líbano y JSF ha dado inicio a una cam-en el Líbano y JSF ha dado inicio a una cam-paña contra la impunidad que llama a que el paña contra la impunidad que llama a que el gobierno libanés acepte la competencia de la CPI para crímenes cometidos contra sus ci-viles. Asimismo la campaña también hace un

paña contra la impunidad que llama a que el

CPI para crímenes cometidos contra sus ci-viles. Asimismo la campaña también hace un llamado para que, sin demora alguna, Líbano

Por Brigitte Chelebian

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Por Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianPor Brigitte ChelebianDesarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Por Brigitte ChelebianDesarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Por Brigitte ChelebianDesarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Por Brigitte ChelebianDesarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI

El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006El Monitor No. 33 / Nov. 2006

Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI lamentarios (PGA), el Instituto de Derechos lamentarios (PGA), el Instituto de Derechos lamentarios (PGA), el Instituto de Derechos

evidencia de crímenes específi cos cometidos evidencia de crímenes específi cos cometidos en el Líbano y JSF ha dado inicio a una cam-paña contra la impunidad que llama a que el paña contra la impunidad que llama a que el gobierno libanés acepte la competencia de la gobierno libanés acepte la competencia de la CPI para crímenes cometidos contra sus ci-viles. Asimismo la campaña también hace un llamado para que, sin demora alguna, Líbano llamado para que, sin demora alguna, Líbano llamado para que, sin demora alguna, Líbano declare su adhesión al Estatuto de Roma de la declare su adhesión al Estatuto de Roma de la CPI – entre otras razones, porque se piensa CPI – entre otras razones, porque se piensa que la adhesión a la Corte podría generar un

Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI Desarrollos en el Líbano realzan perfi l de la CPI

Niños soldados ante la CPI (Continúa de la página 11)

embargo, los cargos presentados omiten crí-menes de violencia sexual.

Garantizando los derechos de los niños en todas las etapas del proceso

A raíz de la presentación de cargos relaciona-dos a crímenes en contra de niños, la Corte en-frenta nuevos retos, pues debe garantizar que las investigaciones, los juicios y las reparacio-nes se adecuen a las necesidades infantiles. En junio del 2005, la ONU adoptó su Guía so-bre la Justicia para Asuntos Relativos a Niños Víctimas y Testigos , que aparece como anexo al Informe, y proporciona una base para el análisis en todas las fases del proceso y contri-buirá a identifi car las salvaguardas necesarias para garantizar los derechos de los niños a ser informados, expresar sus puntos de vista y ser protegidos de la discriminación, estigmatiza-

ción y de los traumas secundarios, así como su derecho a reparaciones.

Si se pretende que la mayoría de los niños víc-timas, y los adultos a su alrededor, estén infor-mados sobre la Corte y sus derechos, se deben producir materiales desde la Corte específi cos sobre la niñez cuanto antes. A la Fiscalía se le recomendó conducir investigaciones incorpo-rando las necesidades de los niños resguardando su seguridad. La misma recomendación fue a la Unidad de Víctimas y Testigos en su tarea de proteger, asistir y apoyar a las víctimas. También se extendieron recomendaciones a otros actores, incluidos gobiernos y agencias de la ONU.

Los asuntos relativos específi camente a repa-raciones también presentan desafíos dado que incluso miles de víctimas son potencialmente elegibles para acceder a las mismas, que inclu-

yen: restitución de la propiedad, compensación fi nanciera (por daños), disculpas públicas y otro tipo de medidas incluyendo el entierro de los muertos de acuerdo a costumbres locales. A la luz de los números y para evitar recrimina-ciones al seno de las comunidades, es posible que en varios casos las reparaciones colectivas sean las más adecuadas. Además, normalmen-te las reparaciones deberían favorecer a todos los niños, así como a sus comunidades, para evitar que se produzca el aislamiento de los ex niños soldados de las demás víctimas.

Mariana Goetz es Asesora del Programa de la CPI de REDRESS.

Las posturas expresadas en el presente pertenecen a la autora y no son necesariamente compartidas por el Secretariado de la CCPI, sus miembros o sus fi nanciantes.


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El Monitor No. 33 / Nov. 2006R

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ACTUALIZACIÓNASIA/PACÍFICO

Alo largo del 2006, se han produci-do varios avances importantes res-pecto a la CPI en Asia que podrían

conducir, entre otras cosas, a que un ma-yor número de países asiáticos se unan a la Corte en los próximos dos años.

Consulta de parlamentarios asiáticos sobre la universalidad de la CPI

El 15 y 16 de agosto de 2006, el Congreso de Filipinas fue anfi trión de una reunión histórica –la primera Asamblea Consul-tiva de Parlamentarios por la CPI sobre la universalidad del Estatuto de Roma – en Manila, Filipinas. A esta conferen-cia, organizada en conjunto por la Acción Mundial de Parlamentarios (PGA), la CCPI-Asia y la Coalición Filipina por la CPI, asistieron cerca de ochenta par-lamentarios, líderes de la sociedad civil y miembros de la comunidad diplomá-tica. Congresistas de la región de Asia y el Pacífi co, a saber, de Japón, Camboya, Vietnam, Pakistán, Nepal, Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda, así como parlamentarios belgas, intercambiaron sus puntos de vista y experiencias en el marco de este evento y se comprometie-ron a acelerar el proceso de ratifi cación e implementación del tratado de la CPI en sus respectivos países y a nivel regional. Además, se adoptó un plan de acción que

destaca las estrategias que destaca las estrategias que los participantes adoptarán los participantes adoptarán el próximo año a los niveles el próximo año a los niveles nacional, regional e interna-nacional, regional e interna-cional. La Consulta se rea-cional. La Consulta se rea-lizó estratégicamente antes lizó estratégicamente antes de la asamblea consultiva de de la asamblea consultiva de PGA que se realizará en Ja-pón en diciembre del 2006.

Adhesión japonesa

Los congresistas japone-ses que participaron en la Asamblea Consultiva de Parlamentarios de Asia in-formaron que la propuesta para lograr la adhesión ja-ponesa, junto con la pro-puesta de presupuesto para contribuciones a la CPI, serán presentadas para su

aprobación durante la próxima sesión del parlamento a realizarse a inicios del 2007. Ellos informaron también que a lo largo del año pasado, los principales partidos políticos formaron grupos de estudio so-bre la CPI y que se ha logrado un consen-so a favor de la participación de Japón en esta institución de justicia internacional.

Resolución del Senado fi lipino sobre la CPI

Durante la misma reunión de consulta a parlamentarios asiáticos, el Senado fi -lipino aprobó de manera unánime la Re-solución 171 que llama a que el gobierno ratifi que el Estatuto de Roma de la CPI. Asimismo, el líder de la Casa de Repre-sentantes expresó su compromiso perso-nal con el proceso de ratifi cación en sus palabras de bienvenida a los participantes de la conferencia.

Miembros asiáticos de la CCPI partici-pan en misión conjunta en Nepal

Luego de que el Parlamento nepalés apro-bara una resolución solicitando al gobier-no que se adhiera al Estatuto de Roma de la CPI el 25 de julio de 2006, Forum Asia punto focal de la CCPI en Asia, lideró esfuerzos para revitalizar la campaña que se había estancado a causa del confl icto en Nepal. Una misión conjunta integra-

da por representantes de la CCPI-Asia, la Red Asiática por la CPI, Forum-Asia, Odhikar (punto focal de la CCPI para el Sur de Asia) y Sector Informal (IN-SEC, punto focal de la CCPI en Nepal) se dirigió a Nepal del 25 al 27 de agosto con el fi n de reunirse con importantes lí-deres nepaleses y presionar en pro de la inmediata adhesión al tratado de la CPI. Asimismo, durante la misión se organizó un taller sobre la CPI dirigido a funcio-narios gubernamentales, parlamentarios, abogados, representantes de la prensa y ONGs de derechos humanos. Además durante la mision, INSEC lanzo su por-tal internet sobre temas relacionados a la CPI en Nepal. Todos los líderes con los que los representantes de la delegación de ONG pudo reunirse, incluidos el Pri-mer Ministro, el Vice Primer Ministro, el

Presidente del Congreso y los líderes de los principales partidos políticos, asegu-raron que Nepal se adheriría al tratado a la brevedad.

Prospectos para Asia

Entre los otros eventos regionales impor-tantes que se estarán realizando en Asia a lo largo del 2006 se encuentran: la Asam-blea General de la Organización Inter-parlamentaria de la ASEAN (Filipinas); la Cumbre de la ASEAN en diciembre (Filipinas); y la Reunión Asia-Europa en septiembre (Finlandia).

Evelyn Balais-Serrano es Coordinadora Re-gional para Asia y el Pacífi co de la CCPI.

Asia contará con nuevos Estados Partes Asia contará con nuevos Estados Partes Por Evelyn Balais-Serrano

Durante la Asamblea Consultiva de Parlamentarios, la senadora japonesa y el ex Ministro de Relaciones Exteriores Yoriko Kawaguchi describe el estado actual del proceso de ratifi cación en Japón e invita a los participantes a la asamblea consultiva de PGA que se realizará en Tokio en diciembre de 2006.

…la propuesta para lograr la adhesión japonesa, junto con la propuesta de presupuesto para contribuciones a la CPI, serán presentadas para su aprobación durante la próxima sesión del parlamento a realizarse a inicios del 2007


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ACTUALIZACIÓNEUROPAEl Monitor No. 33 / Nov. 2006

EUROPA

Demostrando que se reconoce cada vez más a la CPI como un elemento jurídi-co esencial en la lucha contra la impu-

nidad, la campaña de la CCPI está avanzando signifi cativamente en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) –región sub representa-da en la Corte que cuenta con sólo dos Estados Partes: Georgia y Tayikistán.

En Ucrania, un grupo de trabajo interminis-terial encabezado por el Ministerio de Justicia ha fi nalizado la propuesta de enmienda cons-titucional que abriría paso a la ratifi cación de la CPI. Además, el Parlamento ucraniano informó a la CCPI que, en junio de 2006, el Presidente entregó al Parlamento el proyecto de ley sobre el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI (APIC) y se espera su adopción a fi nales del presente año. El proyec-to deberá ser aprobado por el Comité de Jus-ticia el 4 de octubre del 2006 y por la sesión plenaria el 6 de octubre. El Presidente proce-derá entonces a fi rmar el proyecto para que se convierta en ley. El Comité de Justicia del Par-lamento de Ucrania se ha acercado tanto a la CCPI como a la CPI para buscar orientación sobre la ratifi cación del APIC por un estado que no es parte del Estatuto de Roma.

En Moldavia, se ha dado un paso decisivo en el proceso de ratifi cación con la fi nalización del proyecto de ley sobre enmiendas consti-tucionales que permitiría que Moldavia se adhiera al Estatuto de Roma. Los miembros nacionales de la CCPI están supervisando este desarrollo y trabajan en cercana colabo-ración con el gobierno para lograr la adopción del instrumento de ratifi cación en una fecha tan próxima como noviembre de 2006.

La reciente presidencia austriaca de la Unión Europea también ha contribuido a promover la ratifi cación en la CEI. Austria organizó una conferencia para funcionarios gubernamenta-les de la región CEI sobre la universalidad de la CPI el 29 de mayo del 2006 en Salzburgo. Representantes de gobiernos de la CEI, esta-dos miembros de la Unión Europea, organi-zaciones internacionales y ONG nacionales e internacionales fueron invitadas a participar. Durante esta conferencia la CCPI convocó a una reunión que permitió a los participantes intercambiar estrategias sobre cómo impulsar la ratifi cación e implementación en la región y sobre cómo fortalecer la cooperación entre las distintas partes interesadas.

Dada su importancia estratégica en la región, la ratificación turca tiene carácter prioritario para la CCPI. En varias ocasiones, Turquía ha anunciado su voluntad de ratificar el Esta-tuto de Roma. En octubre, la CCPI designó a Turquía país del mes de su Campaña por la

Ratificación Universal y apoyó la iniciativa de Ratificación Universal y apoyó la iniciativa de la Plataforma turca de Derechos Humanos, la Plataforma turca de Derechos Humanos, que incluye a la coalición nacional por la CPI, que incluye a la coalición nacional por la CPI, de organizar un seminario sobre la CPI en de organizar un seminario sobre la CPI en Estambul dirigido a las organizaciones de la Estambul dirigido a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de prensa. Trein-sociedad civil y a los medios de prensa. Trein-ta organizaciones representantes de diversos ta organizaciones representantes de diversos sectores de la sociedad civil turca discutieron sectores de la sociedad civil turca discutieron el papel que la misma cumple en cuanto a el papel que la misma cumple en cuanto a la promoción de la CPI, se nutrieron de las la promoción de la CPI, se nutrieron de las experiencias de otras ONGs nacionales e in-experiencias de otras ONGs nacionales e in-ternacionales y también abordaron la impor-ternacionales y también abordaron la impor-tancia de la CPI junto a editores de la prensa turca, para así garantizar que los temas rela-tivos a la Corte reciban una cobertura infor-mada en el país.

Con el fi n de mejorar la coordinación y esta-blecer las prioridades para el trabajo futuro de la CCPI en Europa, la CCPI organizó una reunión sobre estrategia europea en Estam-bul, Turquía, el 4 y 5 de octubre de 2006. Este evento logró congregar a treinta representan-tes de ONG nacionales e internacionales que trabajan activamente en temas relacionados a la CPI en Europa. La reunión buscó deli-near una estrategia común para las campañas locales, sub-regionales y regionales en pro de la ratifi cación e implementación de la CPI y trató temas conexos, como la construcción de redes, la revitalización de las Coaliciones por la CPI en Europa Occidental y Sur Oriental y el fortalecimiento del compromiso con los Equipos temáticos de ONG de la CCPI.

Luisa Mascia es Coordinadora para Europa de la CCPI y Maria Cavarretta es Ofi cial de Pro-grama para Europa de la CCPI.

Avance signifi cativo en la CEI Por Luisa Mascia y Maria CavarrettaPor Luisa Mascia y Maria Cavarretta

ten el Estatuto de Roma. El proyecto de ley de implementación que adoptó el Gabinete de la RDC el año pasado se encuentra a la espera de que el nuevo Parlamento (fruto de las recientes elecciones) la apruebe ofi cialmente como ley.

Níger es llamada a implementar el Estatuto de Roma

Del 11 al 16 de septiembre de 2006, el Sr. Fran-cis Dako, Coordinador Regional para África francófona de la CCPI, partió a una misión de campaña en Níger con el fi n de hacer un llama-do a las autoridades a implementar el Estatuto

de Roma en la legislación doméstica. Durante esta misión, el Sr. Dako se reunió con un gran número de funcionarios de alto nivel, inclui-dos el Presidente de la Asamblea Nacional, el Ministro de Justicia, el Ministro de Relaciones Exteriores, miembros del cuerpo diplomático (incluyendo al Embajador de Francia y el Re-presentante de la UE), miembros del poder judicial y sociedad civil.

Durante su estadía en Níger, el Sr. Dako se enteró que Níger había adoptado un tipo de implementación, pero que estas leyes no in-corporaban plenamente el Estatuto de Roma,

especialmente las disposiciones relativas a la defi nición de los crímenes y la cooperación con la Corte. El Sr. Dako urgió a las autoridades a que adopten los cambios necesarios para una implementación plena del Estatuto de Roma y comprometió el apoyo de la CCPI, que actuará en colaboración con miembros de la sociedad civil nigerina.

La sección regional africana de la CCPI está com-puesta por Richard Nsanzabaganwa, Ofi cial de En-lace para África; Francis Dako, Coordinador Re-gional para África francófona; y Benson Olugbuo, Coordinador Regional para África anglófona.

Àfrica (Continúa de la página 13)

Para mejorar la coordinación y defi nir las prioridades del trabajo futuro de la CCPI en Europa, la CCPI organizó una reunión sobre estrategia eu-ropea que se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre en Estambul, Turquía, y que congregó a treinta representantes de ONG nacionales e internacionales que trabajan activamente en asuntos relacionados a la Corte en Europa.


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RE

GIO

NA

L

MOAN

DESARROLLOSREGIONALESÀfricaBurkina Faso—3-8 de julio de 2006: Se realizó un taller sobre imple-mentación en Ouagadougou. Este taller contó con la presencia de funcio-narios de alto nivel y representantes de la sociedad civil. El proyecto de ley que surgió de este seminario fue aceptado ofi cialmente por el Minis-tro de Justicia y el Ministro de Derechos Humanos.

Chad—Julio: Luego de que el Parlamento votara a favor de la ratifi ca-ción, el presidente de la República Sr. Idriss Deby Etno fi rmó el acta de ratifi cación el 23 de agosto de 2006. Se espera el depósito de su instru-mento de ratifi cación en un futuro cercano.

Comoras—18 de agosto: Comoras ratifi co el Estatuto de Roma el 18 de agosto de 2006 luego de aprobar el instrumento de ratifi cación el 17 de julio de 2006

Kenya—El gobierno de Kenya publicó recientemente el Proyecto de Ley de 2006 sobre crímenes internacionales. Este documento incorporó al-gunos comentarios y sugerencias hechas durante la reunión de partes in-

teresadas organizada el año 2005 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya. Se espera que la propuesta de Ley se discuta pronto en el Parlamento para que pase a convertirse ofi cialmente en Ley.

Níger—Níger está comprometido con una implementación y reciente-mente, la sociedad civil y el gobierno crearon conjuntamente un comité técnico de redacción con el encargo de completar el proceso.

República Centroafricana—21-22 de junio de 2006: La CCPI y sus miembros nacionales de la (RC), en colaboración con el Ministerio de Justicia, organizaron una reunión sobre el tema de la implementación en Bangui. Asimismo, luego del taller sobre implementación se realizó un evento de proyección dirigido a periodistas, abogados, ONG y público en general que duró todo un día y que resultó en la creación de la Coalición por la CPI de la RC. El 6 de octubre, RCA ratifi có el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI (APIC).

Asia/Pacífi coífi coíIndonesia—La ratifi cación ha sido incluida en el Plan Quinquenal Na-cional de Derechos Humanos del gobierno y se le ha puesto como fecha el 2008. Sin embargo, activistas locales y regionales están tratando de presionar para que se adelante la ratifi cación al año 2007.

Japón—15-16 de agosto de 2006: Los congresistas que asistieron a la Asamblea de Consulta Parlamentaria de Asia informaron que la pro-puesta para ratifi car el Estatuto de Roma, que incluye el presupuesto de las contribuciones de Japón a la CPI, será presentada para su aprobación a la próxima sesión del Parlamento a realizarse a inicios de 2007.

Nepal—25 de julio de 2006: El Parlamento adoptó unánimemente una

resolución solicitando al gobierno la adhesión al Estatuto de Roma de la CPI. El Primer Ministro, el Vice Primer Ministro y el Presidente del Congreso han confi rmado que Nepal se adherirá muy pronto al tratado.

Filipinas—15 de agosto de 2006: El Senado aprobó por unanimidad la Resolución 171 que respalda la ratifi cación e hizo un llamado a que la Presidenta Arroyo entregue de inmediato el instrumento de ratifi cación para su aprobación en el Senado, como lo estipula la Constitución fi lipi-na. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2006, el Secretario de Prensa del gobierno declaró que “las Filipinas no se ha comprometido al pacto [de la CPI], pues la Presidenta piensa que el país debe tomarse más tiempo para observar cómo funciona el sistema”.

EuropaUnión Europea—La CPI sigue ocupando un lugar importante en la agenda de la Presidencia de la UE (Finlandia). En septiembre Finlandia organizó en Helsinski el seminario titulado “Construyendo una Cultura de Responsabilidad – Acción contra la Impunidad en las Relaciones Exteriores de la Unión Europea”.

Albania—2 de agosto de 2006: Albania ratifi có el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI (APIC).

Bulgaria—26 de julio de 2006: Bulgaria ratifi có APIC.

Chipre—Chipre promulgó una ley de implementación que entró en

vigor el 28 de julio de 2006.

Francia—26 de julio de 2006: El Ministro de Justicia francés Pascal Clément presentó el proyecto de ley sobre implementación del Estatuto de Roma al Consejo de Ministros. Este borrador será discutido por el Parlamento a fi nales de noviembre o en diciembre. Mientras que el texto es satisfactorio en líneas generales, ONG están decepcionadas que los crímenes de guerra estén sujetos a prescripciones y que no se reconozca en esta etapa competencia universal de ningún tipo.

Ucrania—En octubre el parlamento de Ucrania acepto la ley de ratifi cación del APIC.

LACArgentina—7 de septiembre: El Senado aprobó una ley de implementa-ción de la CPI (que incorpora observaciones presentadas por las ONG). La ley se encuentra ahora en la Cámara Baja y se espera se presente ante el Pleno antes de fi nalizar el 2006.

Chile—29 de agosto: El Senado chileno decidió posponer la votación sobre la ley de reforma constitucional que permitiría ratifi car el Estatuto de Roma a Chile. Esto se debió a las reservas expresadas por algunos parlamentarios sobre las posibles consecuencias que la ratifi cación po-dría acarrear para Chile, si no se fi rma a la vez un Acuerdo Bilateral de Inmunidad (ABI) con Estados Unidos.

República Dominicana—26 de julio: La Cámara de Diputados aprobó

un nuevo Código Penal y lo envió al Ejecutivo. Sin embargo, a raíz de la oposición de distintos sectores a varios de los temas contenidos en el Có-digo propuesto, el Presidente lo devolvió a la Cámara de Diputados para una nueva revisión detallando modifi caciones y observaciones necesarias.

San Kitts y Nevis—22 de agosto: San Kitts y Nevis ratifi có el Estatuto de Roma, convirtiéndose en el centésimo segundo Estado Parte de la CPI.

Uruguay—4 de octubre de 2006: La ley de cooperación con la CPI en materia de lucha contra el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad fue publicada en el Diario Ofi cial. El APIC fue aprobado por el Parlamento y publicada en el Diario Ofi cial el 19 de septiembre de 2006. Se espera que el instrumento de ratifi cación sea depositado a la brevedad.

Reino de Bahrein—16 de mayo de 2006- El Ministerio de Relaciones Exte-riores anunció públicamente la intención de Bahrein de ratifi car el Estatuto de Roma y comunicó que el estado remitirá el asunto a la Cámara Baja des-pués de las elecciones parlamentarias a realizarse en noviembre.

Yemen—31 de mayo de 2006- El Comité Constitucional del Parlamento yemení hizo entrega de un informe fi nal que recomienda la ratifi cación del Estatuto de Roma al Parlamento de Yemen. Se espera que la ratifi ca-ción se discuta al interior del Parlamento en el mes de noviembre.


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ESTADOS PARTES Y FIRMANTES DEL ESTATUTO DE ROMA102 RATIFICACIONES Y/O ADHESIONES Y 139 FIRMAS (22 DE AGOSTO DE 2006)

ON

U-C

PI

Consejo de Seguridad: Informe de la Fiscalía sobre el caso Darfur

La Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad que remi-tió la situación de Darfur a la CPI establece que el Fiscal debe presentar informes semestrales al Consejo de Seguridad sobre el

avance de las investigaciones en Darfur. La próxima presentación del Fiscal deberá realizarse en diciembre del 2006. Dado que la Fiscalía planea proceder en un cierto número de casos, es probable que el aná-lisis de ese despacho se centre en las pautas criminales que aparecen en forma reiterada y en la gravedad de los problemas, para de esta manera seleccionar un limitado número de incidentes que puedan ser materia de una investigación completa a fi nes del presente año. Asimismo, es probable que el Fiscal informe sobre los intercambios realizados entre la Fiscalía y funcionarios sudaneses en Jartum.

Asamblea General: Presidente Kirsch presenta Informe Anual de la CPI

El 9 de octubre de 2006, el Presidente Kirsch presentó el informe anual de la Corte a la Asamblea General de la ONU. El informe relata los principales avances en las actividades de la Corte y otros desarrollos relativos a la relación entre la Corte y las Naciones Unidas. Muchos países saludaron el informe en sus declaraciones. Este es el segundo informe de la CPI que se presenta a una sesión plenaria de la Asamblea General y constituye un avance en la tarea de hacer que la Corte se convierta en un elemento fundamental de la justicia penal internacional. Entre los desarrollos más destacados en el informe se encuentra el dictado de las primeras órdenes de detención en octubre de 2005, la primera detención producida en marzo de 2006 y los procedimientos realizados en la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Apelaciones en anticipación del juicio a realizarse a fi nes de 2006 o inicios de 2007. Kirsch destacó la necesidad de un mayor apoyo por parte de las Naciones Unidas, los estados y las demás organizaciones regionales e internacionales para reforzar el trabajo de la Corte, especialmente en lo que respecta a la ejecución de las órdenes de detención.

El 9 de octubre de 2006, el Presidente de la CPI Philippe Kirsch presentó el segundo Informe Anual de la Corte Penal Internacional a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Foto: UN Photo.

ESTADOS PARTES

AfganistánAlbaniaAlemaniaAndorraAntigua y BarbudaArgentinaAustraliaAustriaBarbadosBélgicaBeliceBenínBoliviaBosnia y HerzegovinaBotswanaBrasilBulgariaBurundiBurkina FasoCamboyaCanadá

ChipreColombiaComorasCongo (Braz.)Costa RicaCroaciaDinamarcaDjiboutiDominicaEcuadorEslovaquiaEsloveniaEspañaEstoniaFijiFinlandiaFranciaGabónGambiaGeorgiaGhanaGreciaGuinea

GuyanaHolandaHondurasHungríaIslandiaI. MarshallI. MauricioIrlandaItaliaJordaniaKenyaLesothoLetoniaLiberiaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoMacedonia (Ex-Rep. Yug)MalawiMalíMaltaMongolia

MéxicoNamibiaNauruNígerNigeriaNoruegaNueva ZelandaPanamáParaguayPerúPoloniaPortugalReino UnidoRep. Centro AfricanaR. D. CongoR. de CoreaR. DominicanaRumaniaSan Kitts y NevisSamoaSan MarinoSan Vincente y las Granadinas

SenegalSierra LeonaSudáfricaSueciaSuizaTayikistánTanzaniaTimor LesteTrinidad y TobagoUgandaUruguayVenezuelaSerbia y Mont.Zambia

FIRMANTES

AlgeriaAngolaArmeniaBahamasBahreinBangladeshCabo VerdeCamerúnChadChileComorosCosta de Marfi lEgiptoE. A. U.EE.UU.EritreaFed. RusaFilipinasGuinea-BissauHaitíIrán

I. SalomónIsraelJamaicaKuwaitKyrgyzstánMadagascarMarruecosMónacoMozambique OmánRepública ChecaR. de MoldovaSanta LucíaSanto Tomé y PríncipeSeychellesSiriaSudánTailandiaUcraniaUzbekistánYemenZimbabwe

ACTUALIZACIÓNONU

El 14 de junio de 2006, el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo se presentó ante el Consejo de Seguridad para exponer su tercer informe sobre Darfur, Sudán. El Fiscal volverá a exponer sobre los progresos en la investiga-ción de Darfur en diciembre de 2006.

c/o WFM, 708 3rd Ave, 24 FlNueva York, NY 10017 EE.UU.Tel: + 1 212-687-2176 Fax: +1 212-599-1332Email: [email protected]

La reciente legislación, los testimonios ante el Congreso de militares de alto rango estadounidenses y las declara-

ciones de, entre otros, la Secretaria de Esta-do Rice parecen indicar que existe cada vez más preocupación en torno a la campaña pro

Acuerdos Bila-terales de Inmu-nidad (ABIs) en un creciente nú-mero de congre-sistas, militares y funcionarios gubernamenta-les estadouni-denses, especial-mente en lo que respecta a Chi-na, que estaría cubriendo los vacíos dejados por el recorte de la ayuda militar a países que op-tan por no fi r-

mar acuerdos de inmunidad con EE.UU.

En un hecho que constituye un primer paso alentador, el 26 de septiembre de 2006, la Casa de Representantes votó, por 398 a 23, a favor de una enmienda que anula la sección de la Ley de Protección de Militares Estadouni-denses (ASPA) de 2002 que niega el acceso a los fondos de Entrenamiento y Educación Militar Internacional (IMET) a los Estados Partes de la CPI que hayan rechazado la fi r-ma de un ABI. Al día siguiente, el Senado aprobó por unanimidad esta enmienda. En un desarrollo separado, pero simultáneo, la Casa Blanca anunció el 2 de octubre que el Presidente Bush dispensaba de las sanciones relativas al acceso al IMET a veintiún Esta-dos Partes que no suscribieron un ABI.

Desafortunadamente, ambas medidas se limi-tan sólo a restaurar los fondos de IMET, man-teniendo la suspensión de los Fondos de Ayu-da Militar al Exterior (FMF) contemplada en el ASPA y de los Fondos de Apoyo Económi-co (ESF) de acuerdo a la Enmienda Nethercu-tt (que restringe la ayuda en áreas distintas a

la militar). Esto quiere decir que podrían se-guir retenidos más de 85 millones de dólares de fondos de ayuda , tanto del FMF como del ESF, destinados a países que se mantienen reacios a la suscripción de ABIs.

En una medida más esperanzadora, el 28 de julio de 2006 el congresista Eliot L. Ángel, miembro demócrata de la Casa de Represen-tantes de NY, presentó un proyecto (H.R. 5995) orientado a “rechazar las sanciones en materia de ayuda estadounidense a países que son Estados Partes de la CPI”. Dado su amplio lenguaje y cobertura, este proyecto acarrearía el rechazo tanto del ASPA como de la Enmienda Nethercutt (2004) y con-duciría a la restauración de la asistencia del IMET, FMF y ESF. El proyecto sólo ha sido presentado al Subcomité de asuntos del He-misferio Occidental, que es un Subcomité del Comité de Relaciones Internacionales de la Casa de Representantes, pero quizás pue-da ser reconsiderado en la décimo centésima edición del Congreso que comenzará en ene-ro del 2007.

En julio de 2006, el congresista estadounidense Eliot L. Engel (D-NY) presentó un proyecto de ley (H.R. 5995) que busca “rechazar las sanciones en materia de ayuda estadounidense a los Estados Partes de la Corte Penal Internacional”. Foto: Foto Ofi cial del Congresista Engel.

Noviembre del 20066 Simposio Anual, “Crimen y Justicia: La Efectividad de los Tribunales Penales

Internacionales”, organizado por el International and European Law Study Association de Utrecht (URIOS) en Utrecht. Para más información, visitar:www.urios.org/symposiume.htmwww.urios.org/symposiume.htm.

21-24 VIII Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2006, organizado por la Fiscalía General de la República y el Instituto de Desarrollo. La Habana, Cuba. Para más información, contactar a Mercedes Labrada: [email protected] o visitar: www.cpalco.comwww.cpalco.com ou www.loseventos.cu/cpenales2006www.loseventos.cu/cpenales2006.

23 Nov - Quinta Sesión de la Asamblea de los Estados Partes. La Haya, Países Bajos. Para más información, visitar: www.icc-cpi.intwww.icc-cpi.int.

Diciembre 20064-5 28avo Foro Anual sobre Seguridad Humana y Asamblea Consultiva de los Parlamen-

tarios por la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho- IV Sesión. Tokio, Japón.Para mayor información visite: http://www.pgaction.org/about.asp?id=231http://www.pgaction.org/about.asp?id=231

Enero del 200729-31 Quinta Sesión Resumida de la Asamblea de los Estados Partes (Grupo Especial

de Trabajo sobre el Crimen de Agresión). Nueva York, Estados Unidos. Para más información, visitar: www.icc-cpi.intwww.icc-cpi.int.

Mayo del 200718-19 Reunión de Consejo y Proyección del CAPI/Asamblea Especial y Seminario de

Derecho Penal Internacional de la JFBA. Tokyo, Japón. Para más información, escribir a: [email protected] o visitar: www.nichibenren.or.jp/enwww.nichibenren.or.jp/en.

COALICIÓN DE ONG POR LA CORTE PENAL INTERNACIONALWeb : http://www.iccnow.org

¿Se acerca el fi n de los ABIs? Nueva legislación estadounidense apunta a posible cambio de rumbo

La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) aboga por una CPI justa, efectiva e independiente. La Coalición está entrando a su doceavo año el 2007 y ha demostrado ser una de las más exitosas redes y campañas globales de la sociedad civil, con más de dos mil organizaciones miembro hasta el momento y con una membresía en continua expansión. A lo largo de los años, la Coalición ha trabajado durante todas las etapas del proceso de establecimiento de la CPI en estrecha colaboración con sus miembros en todo el mundo, con gobiernos afi nes, con organizaciones regionales e internacionales, con el sistema de las Naciones Unidas y con la prensa. La Coalición ha encabezado los esfuerzos que condujeron a las ciento dos ratifi caciones del Estatuto de Roma y que generaron una consciencia y aceptación a nivel mundial del Estatuto de Roma y la CPI.

Sobre la Coalición por la Corte Penal Internacional

Anna Paulownastraat 103, 2518BCLa Haya, Países BajosTel: +31-70-363-4484Fax: +31-70-364-0259Email: [email protected]

1 Dec

Para más información relativa a eventos sobre la CPI, visite: http://www.iccnow.org/?mod=currentevents

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PRÓXIMOS EVENTOS

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el monitor - iccnow.org · sólo se sabrá si la naturaleza informal de esos grupos de trabajo ha...

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