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EL MITO DE LA FURIA LIBERTARIA. ANARCOSINDICALISMO

Y ANTICLERICALISMO EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)

Isaac Martín Nieto Universidad de Salamanca

En la actualidad sigue siendo un lugar común en la historiografía la idea de que

los anarquistas estaban detrás de la mayor parte de la violencia política desplegada

durante la guerra civil en la retaguardia gubernamental. Los historiadores suelen

aceptar, ciertamente, que todos los grupos políticos y sindicales participaron en la

represión. Pero por lo general lo hacen justo después de atribuir a los libertarios la

responsabilidad principal en los asesinatos. El problema es que esta visión casi nunca

está basada en pruebas documentales, más allá de algunas vagas e imprecisas

referencias a la naturaleza de la ideología libertaria. Es lo justo señalar, en cualquier

caso, que no todos los historiadores que han escrito y escriben sobre la violencia

revolucionaria comparten esta visión. Pero la verdad es que el tópico de la

responsabilidad anarquista goza todavía de buena salud en ciertos sectores de la

profesión. Tan buena como para que sea pertinente plantear un estudio de la violencia

revolucionaria en un marco reducido como la provincia de Guadalajara que permita

comprobar si el tópico se ajusta a la realidad o si no pasa de ser otro mito de la guerra.

Y como dicho lugar común suele encontrar mayor espacio a la hora de explicar la

violencia sobre los representantes y los símbolos de la Iglesia católica, el análisis estará

centrado en la relación entre el anarcosindicalismo y el anticlericalismo.

Encontrar pruebas de la pervivencia del “tópico socorrido de la responsabilidad

anarquista”, como lo llama Julián Casanova, no es algo especialmente difícil. Paul

Preston ha escrito recientemente que “los sentimientos anticlericales eran generalmente

más intensos allí donde los anarquistas tenían más poder” y que “la ferocidad de la

persecución del clero en Cataluña por parte de la FAI fue quizá mucho mayor que en

cualquier otro lugar de España”. Un hecho que “no impidió, sin embargo, que se

produjeran también graves ataques contra el clero en lugares en los que el PSOE era la

fuerza política dominante”. Alberto Reig Tapia, por su parte, lleva tiempo sosteniendo

161 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea

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la tesis de que la implacable persecución sufrida en la retaguardia leal a la República

por el clero regular “parece ser que fue fundamentalmente protagonizada por los

anarquistas”. Algo que no puede extrañar a nadie dado que los libertarios rebosaban de

“un profundo idealismo religioso” que les convertía en “unos moralistas intransigentes

para los cuales el fin justificaba los medios”. Aunque es cierto que el autor termina por

reconocer que en la violencia contra las personas y las cosas de la Iglesia “también

participó el resto de los sectores políticos republicanos”.

Más allá va Jordi Albertí cuando estima que los anarcosindicalistas fueron los

responsables principales del anticlericalismo desarrollado en la zona republicana porque

las acciones “protagonizadas por los anarquistas contaron con una dimensión estratégica

e ideológica superior a las emprendidas por los demás grupos” y tuvieron “una

dimensión más trascendente”. De aquí que, aunque no todas las acciones violentas

contra la Iglesia fueran ejecutadas por el anarquismo, la CNT, dice el autor, “puede y

debe ser considerada el centro neurálgico de las acciones y de las estrategias que dieron

lugar a la persecución religiosa en la retaguardia republicana”, lo que convierte a la

sindical libertaria en la responsable indirecta de todas las acciones violentas

anticlericales, incluidas aquellas desplegadas por otros actores políticos. Y en lo que

atañe a Guadalajara, las referencias, aunque tangenciales, son bastante similares. Según

Ángel Luis López Villaverde, para analizar la violencia anticlerical en Castilla-La

Mancha resulta ineludible contemplar el factor libertario, “pues en las zonas donde

había una mayor influencia anarquista o estaban ocupadas por columnas anarquistas, las

matanzas abundaron”, una aseveración desprovista de estadísticas o de otro tipo de

pruebas que permitan comprobar su veracidad. Más adelante, sin embargo, el mismo

autor reconoce que “los argumentos explicativos no pueden limitarse a culpabilizar a los

anarquistas”1.

Para someter a examen el tópico de la furia anarquista en relación con el

anticlericalismo violento este trabajo se servirá de los enfoques teóricos que colocan a la

política en el centro del análisis. De este modo, las acciones violentas serán

consideradas como acciones colectivas sustancialmente políticas, orientadas al

mantenimiento o la consecución del poder e integradas de forma premeditada en las

estrategias de los sujetos políticos. El estudio estará centrado en la situación

revolucionaria abierta en la provincia con la derrota de la sublevación militar, la fractura

y el hundimiento de las instituciones defensivas del Estado republicano y las acciones

de partidos y sindicatos en respuesta a la rebelión. En consecuencia, los factores


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psicológicos o ideológicos permanecerán subordinados en el análisis a algunos de los

factores relevantes del proceso político, como los cambios en la estructura de

oportunidades asociados al origen, el desarrollo y los resultados de las acciones de

violencia colectiva, los espacios y los tiempos de la violencia y los protagonistas de la

misma. Todo ello, por supuesto, en relación con el papel concreto que los anarquistas

jugaron en ese contexto de fragmentación de la soberanía2.

Las cifras de la violencia anticlerical en el espacio y el tiempo

Pero antes de comenzar con el análisis político habrá que conocer cuáles fueron

las cifras de la violencia contra el clero en la retaguardia republicana de Guadalajara.

Como recientemente han recordado algunos historiadores, una forma de realizar un

cálculo relativamente definitivo de las víctimas de la violencia en la zona leal a la

República pasaría por utilizar los libros de defunciones de los Registros Civiles de cada

municipio para contrastar la información contenida en la Causa General. Pero como la

tarea sobrepasa las capacidades de cualquier investigador en solitario, la cifra

provisional que aquí se ha obtenido es el producto de estudiar con minuciosidad los

datos procedentes de todos los estadillos, las relaciones de víctimas, los informes, las

declaraciones y los testimonios que componen la documentación de la Causa General en

Guadalajara, completando estos datos con las aportaciones de la bibliografía3.

Los criterios usados en el recuento son sencillos. Primero, en los listados

provisionales solamente figuran las víctimas cuyo lugar de residencia habitual estaba en

la provincia de Guadalajara. Segundo, no se ha tenido en cuenta a ninguna víctima que

no apareciera en la Causa General. Tercero, las víctimas de las que se desconoce el

lugar de la muerte han sido contabilizadas solamente cuando se conocen la fecha de

desaparición y los sospechosos del asesinato, excepto en la capital de provincia, donde

no figura nada sobre posibles autores de las muertes incluso para las víctimas en que

apareció el cuerpo. Tampoco han sido contabilizadas las víctimas cuyos cadáveres

fueron encontrados pero de las que se desconoce la fecha de su muerte, al menos el mes

y el año en que fueron asesinadas, los desaparecidos o los cuerpos sin identificar, ni los

asesinados que no son reconocidos como vecinos en sus lugares de residencia, siempre

y cuando no se pueda establecer la vecindad de las víctimas a partir de otras fuentes. En

cuarto y último lugar, los fusilados en el frente al intentar pasar a zona rebelde y los

fallecidos en acciones de guerra tampoco figuran en los listados a menos que pueda


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saberse con cierta seguridad si los desertores al otro bando fueron en realidad

denunciados por sus vecinos y por ello asesinados en el frente por sus propios

compañeros de armas. El resultado de aplicar estos criterios metodológicos sobre las

fuentes que he podido consultar es una serie de listados provisionales de víctimas que

comprenden el nombre y los apellidos de las mismas, su edad, la ideología y los cargos

públicos que desempeñaron, la localidad de la que eran vecinos y el lugar y la fecha de

su muerte. Según mis pesquisas, habría habido un total de setecientas seis personas

asesinadas en la retaguardia republicana de Guadalajara durante los tres años de guerra4.

Y no cabe duda de que los representantes de la Iglesia católica fueron objetivos

principales de los revolucionarios: ciento nueve de esas setecientas seis personas que

fallecieron en Guadalajara, un 15,44% del total, eran sacerdotes, religiosos y religiosas.

Mayor fue la persecución que padecieron los propietarios y labradores de la provincia,

de los que doscientos cuarenta y uno murieron víctimas de la violencia revolucionaria,

lo que representa más de un 34%. Pero ningún otro grupo social supera los datos

absolutos y porcentajes que arroja la violencia anticlerical. Bastante cerca están los de

los profesionales liberales y los comerciantes e industriales. Algo más lejos aparecen los

obreros y empleados y los militares y guardias civiles. Y mucho más insignificante fue

el impacto de la violencia sobre los jornaleros y las amas de casa. Es cierto, por otro

lado, que la relación entre las víctimas del clero y el total de muertes violentas en la

provincia arroja una proporción algo elevada si se toman como referencia los casos de

algunas provincias cercanas. En las de Ciudad Real y Toledo los eclesiásticos

representaron un 8 y un 10%, respectivamente. Pero en la provincia de Cuenca, sin

embargo, la proporción fue todavía mayor que en Guadalajara, pues de las quinientas

dieciséis personas allí asesinadas, ciento dos eran religiosas, lo que supone casi un 20%

del total. No constituye Guadalajara, por lo tanto, un caso claramente excepcional en lo

que respecta al número de víctimas causadas entre los representantes de la Iglesia por el

vendaval revolucionario de 19365.

Lo que sí resulta bastante significativo es la irregularidad de la geografía de la

violencia anticlerical. Buena parte de esas ciento nueve víctimas, un 32%, eran

residentes en municipios comprendidos en el partido judicial de Guadalajara. A bastante

distancia figuran los partidos de Sigüenza y Brihuega, con un 20 y un 15%,

respectivamente. Los partidos de Pastrana y Cifuentes arrojan cada uno un 10%

aproximadamente de las víctimas. Y el resto presenta proporciones insignificantes hasta

llegar al de Atienza, en el que no hubo una sola muerte entre el clero (ver Mapa 1). El



panorama adquiere mayor complejidad y precisión si se establece una relación entre las

víctimas religiosas que hubo en cada partido judicial de la provincia y el total de

muertes de la zona correspondiente. Entonces es el partido de Sigüenza el que destaca.

Casi un tercio de todas las víctimas de esta área de la provincia eran miembros del clero.

Los partidos de Cifuentes y Brihuega arrojan cifras asimismo bastante elevadas que

suponen que en torno a un cuarto de las personas asesinadas por los revolucionarios en

esas zonas pertenecían a la Iglesia católica. Después está el partido de Guadalajara, con

un 18% de víctimas religiosas, mientras que en el resto de la provincia los porcentajes

son bastante menores. Fueron por lo tanto los partidos judiciales de Guadalajara,

Sigüenza, Brihuega y Cifuentes los lugares de la provincia en que la violencia

anticlerical alcanzó los más altos niveles de amplitud e intensidad.

Tampoco la distribución en el tiempo de las víctimas de esa violencia presenta

una mínima uniformidad a lo largo de los tres años de guerra. La abrumadora mayoría

de las personas que cayeron asesinadas por la represión anticlerical encontraron la

muerte antes de que acabara 1936 y casi la mitad de ellas, cincuenta y cuatro

concretamente, ya habían muerto cuando empezaba septiembre. Desde entonces la cifra

de víctimas descendió hasta que en noviembre no hubo ni una sola muerte entre el clero

de la provincia. Y así habría seguido con toda probabilidad de no ser por la matanza en

la Prisión Central de la capital provincial que hizo ascender la cantidad de muertes de

religiosos en diciembre a treinta y cuatro. Después solamente hubo tres asesinatos más:

uno en marzo de 1937, otro en enero de 1938 y el último en agosto del mismo año (ver

Gráfico 1). Una cronología que corresponde a grandes rasgos con lo que ocurría en cada

uno de los partidos judiciales, quizá con algunos matices en los casos de Cifuentes,

donde los meses más sangrientos fueron septiembre y diciembre de 1936, Guadalajara,

en el que diciembre arroja una cifras de víctimas superior a la de julio y agosto juntos, y

Sigüenza, porque no hubo víctimas que contabilizar en el último mes del 36 (ver

Gráficos 3, 5 y 9). Una cronología, en definitiva, dela cual se extrae la conclusión de

que la violencia anticlerical en Guadalajara, al igual que en otras provincias de la

retaguardia republicana, fue un fenómeno esencialmente asociado a los primeros

compases de la guerra.


Isaac Martín Nieto

Los actores de la violencia

La derrota de la rebelión militar en Guadalajara capital, la quiebra del monopolio

de los medios de coerción por parte del Estado republicano y la acción revolucionaria de

partidos y sindicatos crearon una situación de soberanía múltiple en la que numerosos

poderes alternativos pugnaban por ocupar un espacio político significativo en la

retaguardia republicana de la provincia. Entre ese enjambre de organismos

revolucionarios estaban los protagonistas de la violencia política. Comités locales y

columnas milicianas eran los principales. Entre sus miembros había anarquistas, claro

está. Pero también socialistas, comunistas y republicanos. Y todos utilizaron la

violencia como un instrumento para lograr sus objetivos políticos. Al menos hasta que

el Gobierno republicano consiguió restablecer su autoridad en los primeros meses de

1937. En ese proceso resultaron esenciales la sustitución de los comités revolucionarios

por consejos municipales, la constitución del consejo provincial y la militarización de

las milicias. Pero mientras perduró esa fragmentación de la soberanía que favorecía las

acciones colectivas violentas, los grupos armados y los comités revolucionarios

ejercieron su poder sobre el territorio y sobre la población.

Los militares y guardias civiles salieron de los cuarteles el día 21 de julio.

Controlaron la capital provincial con rapidez: al anochecer la ciudad era rebelde. Al día

siguiente, sin embargo, llegó a la ciudad para tomarla por asalto la columna que había

protagonizado la derrota de la rebelión en Alcalá de Henares, mandada por el coronel

Ildefonso Puigdengolas y compuesta por militares, guardias de asalto y un grupo de

milicianos anarquistas dirigido por Cipriano Mera, líder del sindicato de la construcción

de la CNT de Madrid. En el resto del territorio no hubo enfrentamientos de mayor

importancia, salvo en la localidad de Budia, donde el día 20 de julio un grupo de

izquierdistas de Brihuega había invadido las tierras de un propietario conservador y,

como respuesta, algunos jóvenes derechistas y falangistas de Budia ocuparon la casa

cuartel de la Guardia Civil, se apoderaron de las armas que allí había en depósito y

desalojaron la finca. Un dirigente socialista resultó muerto. Todo terminó con celeridad

esa misma noche cuando cuarenta guardias civiles fueron enviados al lugar desde la

capital para detener a los responsables y restablecer la autoridad del gobernador civil.

Esa autoridad fue en realidad restablecida por poco tiempo, pues la derrota de la

sublevación militar en la capital provincial permitió la rápida movilización

revolucionaria de las organizaciones de izquierda, armadas con los fusiles y las



escopetas que habían conseguido en el asalto de cuarteles y armerías o que habían

recibido de parte de los milicianos madrileños. La ciudad fue desde entonces el

escenario de la acción de varios comités y grupos milicianos que pugnaron por ocupar el

vacío de poder que la rebelión militar y su fracaso habían dejado al descubierto. En los

primeros días de la guerra la autoridad en Guadalajara fue asumida por un comité del

frente popular constituido por socialistas, comunistas y republicanos, precisamente los

mismos grupos políticos que controlaban la corporación municipal con la que el nuevo

comité colaboraría estrechamente. Este comité tuvo además que compartir el poder con

otros organismos que también asumieron funciones policiales y judiciales desde la

misma derrota del golpe de Estado. En total existieron cuatro centros de detención en

los que funcionaban comités o tribunales que comenzaron inmediatamente a juzgar,

encarcelar y ejecutar a los sospechosos de participación directa o indirecta en la

rebelión. En el resto de la provincia, la ausencia de los guardias civiles que habían

acudido a la capital provincial tras la orden del gobernador civil del día 17 fue

aprovechada por los dirigentes de las organizaciones de izquierda para movilizar a sus

militantes, reclutar grupos dispuestos a utilizar las armas, formar comités locales de

enlace y ordenar la detención de los sectores conservadores y reaccionarios de la

población por ser considerados partidarios de los militares rebeldes. Resulta revelador

que todo comenzara con el vacío de poder creado en los pueblos con la salida de las

fuerzas de seguridad. Porque fue eso lo que permitió a los militantes obreros hacerse

con los arsenales custodiados en los cuarteles de la Guardia Civil repartidos por la

provincia y tomar el control de las calles de los pueblos sin temor a ser reprimidos por

el debilitado Estado republicano6.

Tras la toma de la capital el mando de las fuerzas armadas en la provincia fue

entregado al coronel Francisco Jiménez Orge. Sumaban cerca de dos mil trescientos

individuos repartidos entre diversas unidades de la Guardia de Asalto, de la Guardia

Civil y del Ejército, además de tres grupos de milicianos. A primeros de agosto se

unieron a los anteriores un par de columnas de civiles armados más. Entre El Cardoso

de la Sierra, junto a la provincia de Madrid, y la columna de Jiménez Orge había un

batallón de unos ochocientos soldados y milicianos que se encargaba de proteger el

flanco del resto de las fuerzas republicanas de la provincia y defender la parte norte del

territorio. Ante la crisis de autoridad que en parte ellos mismos habían provocado,

aquellos grupos de civiles armados ejercieron el poder en todos aquellos lugares en los

que operaban y acuartelaban sus tropas. Esa zona de acción de los grupos milicianos de


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la provincia estaba definida en agosto de 1936 no por un frente limpiamente delimitado,

sino por una serie de núcleos de población y puntos significativos entre los que

destacaban Sigüenza, Brihuega y Cifuentes. Desde mediados de septiembre las

operaciones fueron adquiriendo mayor envergadura en torno a Sigüenza. A finales del

mes los rebeldes consiguieron rodear la ciudad y Feliciano Benito, el comandante de los

milicianos libertarios llegados a la provincia en julio, decidió defender la población con

un batallón confederal de trabajadores ferroviarios y con otro de mayoría comunista

llamado Pasionaria. Después del asalto del 8 de octubre los defensores quedaron

reducidos a la catedral y completamente cercados, hasta que finalmente se produjo la

rendición el día 15 tras numerosos intentos de romper el cerco desde dentro.

Tras la pérdida de Sigüenza el frente militar en la provincia habría quedado

relativamente en calma durante el resto de la guerra de no ser por la ofensiva

republicana de enero de 1937 y la batalla de Guadalajara de marzo del mismo año. A

finales de diciembre de 1936 las fuerzas armadas republicanas de la zona, menos de

cinco mil individuos, habían sido organizadas de forma conjunta en tres brigadas

mixtas, la 48.ª, la 49.ª y la 50.ª, en las que se integraron tanto los grupos milicianos

como los restos de las unidades militares y de los cuerpos de seguridad que habían

mantenido su autonomía dentro de las diversas columnas. Desde entonces todas las

operaciones militares serían ordenadas y supervisadas por el general Sebastián Pozas,

jefe del Ejército de Operaciones del Centro. En febrero del 37 las fuerzas armadas

republicanas en Guadalajara fueron reforzadas y organizadas en la 12.ª División, que

contaba con unos diez mil setecientos treinta y nueve hombres al mando del coronel

Víctor Lacalle. Al mes siguiente se produjo la batalla de Guadalajara, en el marco de la

cual el mando republicano ordenó la formación del IV Cuerpo de Ejército a partir de las

unidades concentradas en la provincia con el propósito de detener el avance de las

tropas italianas y sublevadas. La nueva unidad fue puesta al mando del teniente coronel

Enrique Jurado y estaba compuesta por la 11.ª División, la 12.ª y la 14.ª. El día 22 el

combate terminó con el contraataque republicano y la fijación del frente a la altura de

Brihuega. Desde entonces la provincia de Guadalajara no volvería a ser escenario de

operaciones militares de envergadura y el frente se mantendría casi invariable hasta el

hundimiento de las líneas en marzo de 19397.

Pero los milicianos que habían llegado a la provincia de Guadalajara para

combatir la rebelión militar no eran los únicos actores que ostentaban armas en ese

escenario revolucionario. Los innumerables comités que surgieron tras la derrota del



golpe militar habían incautado las armas que encontraron en los cuarteles de la Guardia

Civil y con ellas reclutaron grupos armados y establecieron patrullas en los puntos

principales de las poblaciones. Ahora el poder local pasaba a ser asunto de los comités.

Y la UGT era la organización que ostentaba la hegemonía en ese ámbito. Nada menos

que veintitrés de los setenta y un municipios de los que se tiene noticia estaban regidos

por comités revolucionarios compuestos exclusivamente por militantes del sindicato

socialista, mientras que compartía el poder con otros grupos políticos en dieciséis más.

En total la UGT disfrutaba de intervención directa en la política local de treinta y nueve

núcleos de población, casi el 55% de las localidades con información suficiente. A su

lado, el poder de las otras organizaciones políticas y sindicales debía ser ridículo. El

Partido Comunista colaboraba con el resto de fuerzas antifascistas en los nueve

municipios en los que disfrutaba de representación. El PSOE había logrado colocar a

sus militantes en cinco localidades, de las que solamente una estaba regida por un

comité íntegramente formado por socialistas del partido, mientras que Izquierda

Republicana y Unión Republicana habían visto su poder seriamente mermado al tener

que conformarse con participar en apenas tres comités entre ambos partidos. Por su

parte, la CNT extendía su influencia a siete localidades. Un reparto del poder entre los

diversos partidos y sindicatos bastante desigual que parece quedar confirmado al

constatar que en otros trece municipios existieron comités del Frente Popular o comités

con filiación política desconocida en los que lo más probable es que estuvieran

representados todos los grupos a excepción de los libertarios8.

En cualquier caso, el análisis de la violencia revolucionaria no puede limitarse a

describir una realidad estática y partida en dos niveles, el de los comités y el de las

columnas milicianas, el de las organizaciones políticas y sindicales y el de los grupos

armados. Y no puede porque es precisamente la interacción entre las dos esferas, la

acción conjunta de ambos sujetos, lo que explica que hubiera cientos de víctimas en la

retaguardia republicana de la provincia. Las razones son bastante sencillas. Los comités

eran los que conocían a sus vecinos, las milicias las que disparaban los fusiles. Sin la

ayuda de los comités, las milicias no habrían sabido a quién matar, y sin los milicianos,

los comités no habrían sido capaces de provocar tanta mortandad. Pruebas de que esto

fue así no escasean. Las principales de entre ellas se refieren al alto número de víctimas

que fueron asesinadas en lugares en que no residían y a la filiación política y cargos

públicos de los individuos asesinados.


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De hecho, la mayoría de las víctimas, cuatrocientas sesenta, cayeron asesinadas

en lugares distintos al de su residencia. Tampoco dejan margen para muchas dudas la

filiación política y la adscripción ideológica de las víctimas. La mayor parte de los

asesinados fueron catalogados en la Causa General como «derechistas», afiliados o

simpatizantes de Falange Española y militantes de las diversas organizaciones del

catolicismo político, como Acción Católica, Acción Popular o las Juventudes de este

último partido. Y los cargos políticos que numerosas víctimas ocupaban en el momento

de estallar la guerra o habían ocupado anteriormente también resultan bastante

significativos. Abundan sobre todo alcaldes, concejales y secretarios de ayuntamiento

que ejercieron su cargo durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda

República. Según los datos de la Causa General, en la provincia de Guadalajara hubo al

menos treinta y cuatro alcaldes, treinta concejales y quince secretarios de ayuntamiento

que cayeron víctimas de la violencia revolucionaria. Muchos de estos alcaldes y

concejales habían sido o eran a su vez jueces municipales, entre los que hubo asimismo

cantidad de víctimas. Si se contabilizan las personas que ejercieron como tales sin

ostentar cargo alguno en las corporaciones municipales como concejales o alcaldes el

resultado arroja una cifra de diecisiete. Entre alcaldes, jueces, concejales y secretarios

de ayuntamiento hubo, por lo tanto, unas noventa y seis muertes violentas que ponen de

manifiesto el modo en que la violencia política desplegada en esta provincia por las

organizaciones de izquierda estuvo en buena medida orientada a eliminar a dirigentes y

militantes de los grupos políticos que habían ocupado posiciones de poder en las etapas

políticas inmediatamente anteriores y que eran perfectamente conocidos por sus

vecinos. Dirigentes y militantes de partidos conservadores y reaccionarios que habían

ejercido cargos políticos en diversos municipios de toda la provincia y que solían ser

labradores, industriales, propietarios de tierra y comerciantes con una buena posición

social en sus comunidades9.

El proceso político de la violencia revolucionaria estaba basado, por tanto, en la

coordinación entre comités y milicias. Aunque es lo justo señalar que no todos esos

comités se limitaban a proporcionar información a las columnas milicianas. Hubo

lugares en que los comités fueron creados expresamente para encauzar las acciones

violentas de los grupos políticos que los integraban, mientras que en el resto de la

provincia eran los propios comités locales los que asumieron funciones policiales y

judiciales, actuando ocasionalmente como tribunales revolucionarios. Los civiles

armados que servían a las órdenes de esos comités estaban encargados de detener y



fusilar a los sospechosos de connivencia directa o indirecta con los rebeldes. Comités de

ese tipo, que detuvieron y juzgaron, hubo en cuarenta municipios de la provincia. Y la

UGT era sin duda la organización que mayor presencia ostentaba en esos comités,

seguida a mucha distancia por el PCE y la CNT. Militantes anarcosindicalistas entre los

represores solamente hubo en cinco municipios10.

La violencia anticlerical libertaria

De ser cierto lo que a veces se afirma respecto a la violencia revolucionaria, los

anarquistas no solo habrían matado más que nadie, sino que su furia se habría cebado de

tal forma sobre los representantes y símbolos de la Iglesia católica que habría hecho

coincidir las áreas de predominio libertario con las que presentaron mayores índices de

anticlericalismo. Por eso no hay nada mejor para comprobar la veracidad de esta

afirmación que relacionar la geografía y la cronología de la violencia anticlerical con la

influencia del anarcosindicalismo. Y lo primero que llama la atención es la naturaleza

fuertemente localizada de esa influencia. De las acciones de los grupos milicianos

dirigidos y compuestos esencialmente por militantes anarquistas fueron escenario dos

áreas de la provincia claramente delimitadas. La primera y más importante es la de

Sigüenza, allí donde los hombres y mujeres de Benito resistieron los ataques y el cerco

de las tropas rebeldes hasta que fueron aplastados en octubre de 1936. Lo que quedó de

los milicianos anarquistas fue enviado a Cuenca para ser integrado en la columna del

Rosal y luchar en Madrid. La otra zona en que hubo militantes libertarios armados y

organizados fue en algunos municipios del sur de la provincia, en los partidos de

Cifuentes y Sacedón, donde aquella columna había logrado extender su esfera de poder

desde Cuenca11.

La geografía de la acción militar anarquista es tremendamente reveladora. Existe

una coincidencia entre los lugares en que los milicianos anarquistas ejercieron su poder

y en los que mayor volumen e intensidad adquirió la violencia anticlerical. Basta con

revisar la distribución en el espacio de las víctimas de la furia antieclesiástica para

comprobar que los partidos de Sigüenza y Cifuentes estaban entre las zonas más

castigadas por los revolucionarios. Pero conectar automáticamente la presencia

organizada y armada del anarcosindicalismo con la magnitud de la violencia anticlerical

puede resultar algo demasiado simplista. Por varias razones. En el caso de Sigüenza, en

primer lugar, porque los anarquistas no eran los únicos que habían aprovechado la


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nueva estructura de oportunidades para desplegar su poder y ejercer la violencia sobre la

población. Desde julio a octubre funcionaron en Sigüenza al menos cinco comités de

represión, de los que solamente uno dependía de los libertarios: el establecido en el

convento de las Ursulinas, cuyo responsable era el propio Feliciano Benito. De dos de

esos tribunales revolucionarios, el de la Estación y el del convento de las Franciscanas,

aunque se desconoce la filiación política de sus miembros y responsables, se sabe que

desarrollaron sus actividades en los mismos lugares en que el POUM y el PCE,

respectivamente, habían organizado sus cuarteles militares. De los otros dos, uno, el del

Seminario, estuvo dirigido por Jesús Martínez Aragón, el jefe de las milicias

ferroviarias, organizadas por la UGT y las JSU; el otro tenía sede en el Ayuntamiento y

estaba dominado por republicanos, socialistas y comunistas12.

En lo que respecta a Cifuentes, en segundo lugar, tampoco puede observarse una

relación tan directa entre la acción libertaria y las matanzas entre el clero. Porque,

sencillamente, dicha relación no existe. De las diez víctimas procedentes del clero que

fallecieron en esta zona, la mitad fueron asesinados antes de que la columna del Rosal

estableciera el tribunal revolucionario que tuvo por sede la localidad de Villanueva de

Alcorón y que servía a las órdenes del comité de guerra de la unidad. Dicho tribunal, en

realidad, solamente estuvo en funcionamiento dos meses escasos, entre noviembre y

diciembre de 1936. Las otras cinco víctimas religiosas murieron cuatro en diciembre de

ese año, pero no ante los fusiles de los servidores del tribunal libertario, sino en el asalto

a la Prisión Central de Guadalajara capital, a decenas de kilómetros de allí, y la que

resta en enero de 1938, cuando los milicianos y los comités habían desaparecido de la

escena política en toda la retaguardia republicana. No existe, por lo tanto, la conexión

entre la violencia anticlerical y los milicianos anarquistas que un análisis de la

distribución en el espacio de las víctimas sugiere en primera instancia. Ni en Cifuentes

ni en Sigüenza13.

Tampoco parece que pueda aceptar el historiador sin más la existencia de una

relación entre la geografía del anticlericalismo y el poder ejercido en el ámbito local por

el anarcosindicalismo durante la etapa revolucionaria del proceso político de la

retaguardia republicana de Guadalajara. De los siete municipios que estuvieron regidos

por comités locales en los que figuraba al menos un miembro del movimiento libertario,

hubo dos en los que los representantes de la Iglesia registraron una mortalidad

significativa. Ambas localidades eran pertenecientes al partido judicial de Brihuega. En

la cabecera del partido fueron asesinados cuatro sacerdotes y un sacristán, mientras que



en Budia cayeron otros dos sacerdotes. En el resto de los lugares en que la CNT gozó de

oportunidades para ejercer la represión política contra la población se produjeron dos

muertes más. Una en Argecilla y la otra en Yunquera de Henares, otro par de

sacerdotes. Pero ni en Baides ni en Córcoles ni en Poyos esas oportunidades se

materializaron en el asesinato de ninguna persona del clero. Y es lo justo señalar que

tanto en Brihuega como en Budia los anarcosindicalistas compartían el poder con la

UGT y el PCE. Lo mismo ocurría en Yunquera. Y es cierto que en Argecilla el comité

local estaba exclusivamente compuesto por militantes libertarios y que hubo un

asesinato anticlerical. Pero las mismas condiciones existían en Baides y eso no se

tradujo en violencia contra el clero (ver Cuadro 1).

Algo similar puede aducirse respecto a los comités que desplegaron

directamente la violencia contra la población. De los cinco municipios en los que había

anarcosindicalistas entre los represores, dos estaban en el partido de Guadalajara y los

otros tres en los de Cifuentes, Sacedón y Sigüenza, es decir, en aquellas zonas que

mayor mortalidad absoluta y relativa hubo entre el personal de la Iglesia católica. Entre

los cuatro comités de represión que funcionaron durante la guerra en la capital

provincial, había dos que estaban dirigidos por hombres de la CNT, aunque uno de ellos

estaba servido también por milicianos con carné del PCE. Los otros cuatro municipios

en que hubo comités de represión con militantes anarcosindicalistas entre sus miembros

eran lugares donde las columnas milicianas habían establecido su autoridad en

determinadas etapas del segundo semestre de 1936, como Villanueva de Alcorón y

Sigüenza, y donde el poder se hallaba relativamente repartido entre diferentes

organizaciones, como Yunquera de Henares y Poyos, localidades en las que la CNT, al

menos en las acciones violentas, colaboraba estrechamente con Izquierda Republicana,

el PCE y la UGT. Como resultado de la acción de estos comités de represión en los que

la CNT estaba representada murieron al menos setenta y un personas, pero lo cierto es

que resulta bastante difícil conocer cuántas eran miembros del clero provincial. En

cualquier caso, lo que aquí interesa destacar es el hecho de que, en efecto, los

anarcosindicalistas aprovecharon las oportunidades que tuvieron para utilizar la

violencia. Pero en la mayor parte de las ocasiones se vieron obligados a compartir ese

poder con el resto de los grupos políticos y sindicales14.

De todo lo anterior se desprende que no puede establecerse una relación causal

entre la presencia organizada y armada del anarcosindicalismo y la virulencia del

anticlericalismo. Es lo cierto que en el partido de Sigüenza murió una buena parte del


Isaac Martín Nieto

total de eclesiásticos que cayeron asesinados a manos de los revolucionarios, pero en

otras zonas en las que no hubo despliegue alguno de milicias anarquistas o en el que sus

acciones fueron cosa puntual, como en Guadalajara, Brihuega o Pastrana, las cosas no

fueron mejor para los servidores de la Iglesia. En ciertos territorios, además, en los que

sí que los fusiles fueron empuñados durante algún tiempo por los anarcosindicalistas,

como en Cifuentes, las cifras no permiten afirmar que hubiera una especial predilección

por asesinar a los miembros del clero, o al menos no fue esencialmente distinta a la que

hubo en las zonas sin predominio de milicianos libertarios, como Brihuega y

Guadalajara. Tampoco la violencia anticlerical parece haber estado relacionada en esta

provincia con la participación de la CNT en los comités locales. Poco más puede

añadirse a lo ya dicho sobre la posición totalmente marginal que los anarcosindicalistas

ocupaban en esa red de comités que los dirigentes y militantes de las organizaciones

izquierdistas crearon en los pueblos tras la derrota de la rebelión militar. Baste con

recordar que el de la CNT era un poder disperso y escasamente significativo que no

guarda una estrecha correspondencia con la geografía de la violencia anticlerical, como

se ha comprobado al descender al nivel del municipio.

Conclusiones

Es necesario destacar, en suma, que la geografía de la violencia anticlerical no

dependía tanto del color político de los milicianos que luchaban en las columnas y los

militantes republicanos y obreros que mandaban desde los comités, como de la

distribución espacial de la población religiosa. Desde esta óptica resulta evidente que el

hecho de que el clero soportara tal masacre en los partidos de Guadalajara o Sigüenza

tuvo que ver más con el hecho de que fueran precisamente los lugares de la provincia en

que se concentraba el mayor número de eclesiásticos, que con que hubiera más o menos

anarquistas dispuestos a acabar con la Iglesia. Fueron los habitantes de los conventos de

Guadalajara, Mohernando y Sigüenza y el numeroso personal religioso asignado a esta

última localidad, sede del Obispado, los colectivos que con su muerte marcaron la

diferencia con el resto de la provincia. En los otros partidos judiciales la mayor parte de

las víctimas del clero estaba constituida por sacerdotes, curas párrocos o ecónomos de

los pueblos en casi todos los casos. En el partido de Cifuentes, por poner algunos

ejemplos, la violencia revolucionaria acabó con la vida de diez religiosos, de los cuales

solamente dos eran franciscanos y el resto sacerdotes; en el de Sacedón, todos los



miembros del clero asesinados por los revolucionarios, menos un franciscano, eran

curas; y en el de Pastrana, las víctimas fueron dos sacristanes, cinco sacerdotes y cinco

franciscanos de la cabeza de partido judicial, lo que hace pensar que si la comunidad del

convento hubiera sido mayor, este partido habría ocupado un lugar más destacado en lo

relativo al nivel de violencia anticlerical en la provincia15.

En definitiva, el anticlericalismo en esta parte de la retaguardia republicana

adquirió mayor virulencia allí donde las condiciones lo permitieron. La primera de esas

condiciones consistió en la fragmentación de la soberanía provocada por el fracaso de la

rebelión militar y la acción revolucionaria de las organizaciones de la izquierda obrera,

que posibilitó el desarrollo de estrategias violentas por parte de los actores políticos. La

segunda de las condiciones fue la disponibilidad de objetivos. No por casualidad las

matanzas entre el clero ocurrieron en aquellos lugares en que había mayor número de

población religiosa, independientemente, y esto es esencial ponerlo en primer plano, de

la ideología que guiaba a quienes ostentaban el poder en el lugar, ya fuera en forma de

columna miliciana, ya fuera en forma de comité local. Es la combinación de una

situación revolucionaria dominada por grupos identificados con el anticlericalismo y la

abundancia de representantes de la Iglesia, y no la furia libertaria, lo que explica la

intensidad, la amplitud, la cronología y la geografía de la violencia contra el clero en la

provincia de Guadalajara durante la guerra civil española.


Isaac Martín Nieto

Mapa 1. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por partidos judiciales.

Totales y porcentajes

Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4



Cuadro 1. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por partidos

judiciales y municipios

Provincia de Guadalajara

Partido judicial Víctimas

Atienza 0

Brihuega 17

Cifuentes 10

Cogolludo 6

Guadalajara 35

Molina de Aragón 1

Pastrana 12

Sacedón 6

Sigüenza 22

Total 109

Partido de Brihuega

Municipio Víctimas

Argecilla 1

Brihuega 5

Budia 2

Casas de San Galindo 1

Ledanca 1

Masegoso de Tajuña 1

Romancos 1

Solanillos del Extremo 1

Tomellosa 1

Torija 1

Trijueque 1

Valfermoso de las Monjas 1

Total 17


Isaac Martín Nieto

Partido de Cifuentes

Municipio Víctimas

Cifuentes 3

Gárgoles de Abajo 1

Gárgoles de Arriba 1

Gualda 1

Henche 1

Ruguilla 1

Sotillo, El 1

Trillo 1

Total 10

Partido de Cogolludo

Municipio Víctimas

Arbancón 2

Casa de Uceda 1

Montarrón 1

Tamajón 1

Valdepeñas de la Sierra 1

Total 6

Partido de Guadalajara

Municipio Víctimas

Chiloeches 3

Guadalajara 18

Horche 2

Marchamalo 1

Mohernando 9

Tórtola de Henares 1

Yunquera de Henares 1

Total 35

Partido de Molina de Aragón

Municipio Víctimas

Tordellego 1

Total 1



Partido de Pastrana

Municipio Víctimas

Albalate de Zorita 1

Almonacid de Zorita 2

Armuña de Tajuña 1

Fuentenovilla 2

Moratilla de los Meleros 1

Pastrana 5

Total 12

Partido de Sacedón

Municipio Víctimas

Alhóndiga 1

Auñón 1

Durón 1

Sacedón 2

Salmerón 1

Total 6

Partido de Sigüenza

Municipio Víctimas

Algora 1

Jirueque 1

Mandayona 2

Palazuelos 1

Pinilla de Jadraque 1

Sigüenza 16

Total 22



Isaac Martín Nieto

Gráfico 1. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses


Gráfico 2. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses.

Partido judicial de Brihuega


15

39

13

5

34

1 1 1 0

5

10

15

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Provincia de Guadalajara

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Partido judicial de Cifuentes



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Partido de Cogolludo


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Partido judicial de Molina de Aragón


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Partido judicial de Pastrana



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Partido de Sacedón


Isaac Martín Nieto


Partido judicial de Sigüenza


1Paul PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011, pp. 320 y 354; Alberto REIG TAPIA: Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil Española, Madrid, Akal, 1990, pp. 116-117; Jordi ALBERTÍ: La Iglesia en llamas. La persecución religiosa en España durante la guerra civil, Barcelona, Destino, 2008, pp. 221, 240 y 252; Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE: “El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la República a la Guerra Civil”, en Francisco ALÍA MIRANDA y Ángel Ramón del VALLE CALZADO (coord.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Actas del Congreso Internacional, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 1437 y 1451. Lo del «tópico» proviene de Julián CASANOVA: “Rebelión y revolución”, en Santos JULIÁ (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 156. Maria Thomas ha señalado recientemente que la retórica radical de ciertos sectores del movimiento libertario y el lugar central que los historiadores han concedido al discurso político en sus análisis de la violencia anticlerical han desembocado en una «exageración del papel de la anarquista CNT-FAI» (“«La civilización que se está forjando entre el tronar de los cañones». Violencia anticlerical y reconfiguración social [julio-diciembre de 1936]”, en Peter ANDERSON y Miguel Ángel del ARCO BLANCO (eds.): Lidiando con el pasado. Represión y memoria de la guerra civil y el franquismo, Granada, Comares, 2014, p. 133, nota). Esa «exageración» ha sido echada por tierra para los casos de las provincias de Madrid y Almería en Íd.: La fe y la furia. Violencia anticlerical popular e iconoclastia en España, 1931-1936, Granada, Comares, 2014, pp. 116 y 121. No obstante, el primer historiador que puso de manifiesto de forma bastante convincente la debilidad del «tópico» es Julio de la Cueva Merino, del que es obligado leer “El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil”, en Emilio LA PARRA LÓPEZ y Manuel SUÁREZ CORTINA (eds.): El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 265-267. 2Charles TILLY: Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, Crítica, 1995 [1993]; Sidney TARROW: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997 [1994]; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Madrid, Consejo Superior de

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Partido de Sigüenza



Investigaciones Científicas, 2002; Rafael CRUZ: “Pensar la violencia colectiva europea en perspectiva histórica”, en Javier MUÑOZ SORO, José Luis LEDESMA y Javier RODRIGO (coords.): Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 13-45. 3La fórmula casi definitiva, en José Luis LEDESMA: Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, pp. 32-33 y Fernando del REY: “Por tierras de La Mancha. Apuntes sobre la violencia revolucionaria en la Guerra Civil española (1936-1939)”, en Alcores, 11 (2011), p. 234. 4Las principales fuentes de información son los estadillos, las declaraciones y los informes que componen las diversas piezas de la Causa General de la provincia de Guadalajara, conservadas en el Archivo Histórico Nacional y disponibles en el Portal de Archivos Españoles, PARES (http://pares.mcu.es/). Existe buena información distribuida por municipios en la pieza décima, la dedicada a la violencia contra los representantes y los símbolos de la Iglesia católica (AHN, CG, legajo 1070, exps. 1-6). En la Causa General de la provincia de Madrid puede consultarse un buen conjunto de declaraciones sobre lo que ocurrió en Guadalajara capital a lo largo de los primeros días de la guerra (legajo 1519, exp. 1, ff. 78-174). Para completar la información sobre las víctimas provocadas entre el clero secular y regular de la provincia, sirven muy bien las listas elaboradas por Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE: “El conflicto político-religioso…”, pp. 1463-1466 y 1486-1487. 5Ciudad Real, en Francisco ALÍA MIRANDA: La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, 2005 [1994], p. 227 y Fernando del REY: “Por tierras de La Mancha…”, p. 258. Toledo, en José María RUIZ ALONSO: La Guerra Civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el Sur del Tajo (1936-1939), Ciudad Real, Almud, 2004, Tomo 1, pp. 288-291. Cuenca, en Ana Belén RODRÍGUEZ PATIÑO: La guerra civil en Cuenca (1936-1939), Madrid, Autora, 2006, Tomo 2, p. 112, para la cifra global, y AHN, CG, legajo 1062, exp. 4, f. 3, para los religiosos. 6Los miembros del Comité del Frente Popular de Guadalajara eran Félix Pérez Rodríguez Caja y José González Calvo por Izquierda Republicana; Marcelino Martínez González del Arco, Miguel Bargalló Ardévol, Facundo Abad Rodilla, Luis Tejada, Marciano Alfonso, Feliciano Ruiz y Tomás Tobajas por el Partido Socialista Obrero Español; Federico Núñez, Antonio Gómez Polo, Vicente Relaño Martínez, Arsenio Relaño Martínez, Francisco Serrano y José Segovia García por el Partido Comunista de España; y Manuel Cañas Ortego y Tomás de la Rica por Acción Republicana. Félix Pérez era presidente, José González, secretario, y el resto, vocales. En AHN, CG, legajo 1552, exp. 3, f. 471. Los centros de Guadalajara capital y los comités de los pueblos, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111. 7El desarrollo de la rebelión militar, la evolución de las fuerzas republicanas y el relato de las operaciones bélicas están basados en Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional, 1973, Vol. 1, pp. 248-251, 659, 664, 668-671 y 871 y Vicente CAMARENA MERINO: “Guadalajara, sesenta y tres años después…”, en Manuel ORTIZ HERAS (coord.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. De El Alcázar a Los Llanos, Madrid, Celeste, 2000, pp. 122-124 y 127-128. La cifra de individuos armados que había en la provincia a finales de julio de 1936 está extraída del Informe n.º 1 del capitán Francisco García Viñals, oficial de enlace de la I División Orgánica con la columna Jiménez Orge, 27 de julio de 1936. En Archivo General Militar de Ávila, Zona Roja, legajo 786, carpeta 13, documento 2/1, citado en José María MANRIQUE: Sangre en la Alcarria. Sigüenza en la Guerra (1936-1939), Valladolid, Galland Books, 2009, pp. 20-21. Según esta misma fuente, la columna estaba en aquel entonces compuesta por unos mil setecientos sesenta y dos hombres y mujeres. El total de casi dos mil trescientos resulta de contabilizar los aproximadamente quinientos treinta individuos que, según Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército Popular…, Vol. 1, p. 248, operaban de forma autónoma bajo las órdenes de Benito. Sobre las operaciones militares en torno a Sigüenza, también puede verse Luis de SEQUERA MARTÍNEZ: “Una aproximación a la batalla de Sigüenza”, en Revista de historia militar, 102 (2007), pp. 11-65 y Mika ETCHEBÉHÈRE: Mi guerra de España. Testimonio de una miliciana al mando de una columna del POUM, Barcelona, Alikornio Ediciones, 2003 [1976]. 8La composición de buena parte de estos comités puede extraerse de los informes y las declaraciones contenidos en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111. En este fondo existe información para setenta y un municipios de los cuatrocientos ocho que había en la provincia en 1936. Si se mantiene al margen del cálculo la zona que estuvo desde el principio en poder de los sublevados (sesenta y cinco municipios), el


Isaac Martín Nieto

porcentaje de municipios para los que se dispone de datos sobre el poder local es del 20,70%. Ni informes ni declaraciones de testigos permiten afirmar que hubiera comités locales o de represión en diecisiete de esos municipios. Son Hiendelaencina, Palancares, Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos (partido judicial de Atienza); Hontanares y Villaviciosa de Tajuña (Brihuega); Alpedrete de la Sierra, El Cardoso de la Sierra y Monasterio (Cogolludo); Alovera y Horche (Guadalajara); Armuña de Tajuña (Pastrana); Cendejas de Enmedio, Estriégana, Jirueque, Pinilla de Jadraque y Torremocha de Jadraque (Sigüenza). 9Los secretarios de ayuntamiento eran piezas esenciales del caciquismo en la provincia, según Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936: la primera crisis del caciquismo”, en Wad-al-Hayara, 10 (1983), p. 143. 10Información de la Guardia Civil resumida por un informe de la policía, firmado en Madrid el 8 de febrero de 1944 y conservado en AHN, CG, legajo 1071, exp. 1, ff. 44-50. Para Guadalajara capital, ver informes varios en legajo 1071, exp. 111, ff. 10-25 y 41-46. Las imprecisiones y contradicciones que contienen estas fuentes, sin embargo, impiden afirmar con un mínimo de seguridad en qué localidades hubo comités de represión que funcionaran como tales al margen de los comités locales y en cuáles ambos tipos de comités eran el mismo organismo. Sobre la colaboración entre milicias y comités, ver José Luis LEDESMA: “Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana”, en Francisco ESPINOSA (ed.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, p. 163 y Stathis N. KALYVAS: La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal, 2010 [2006], pp. 157-163. 11La historia del batallón de Benito, en Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército Popular…, Vol. 1, pp. 659-660 y 662 y Cipriano MERA: Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, París, Ruedo Ibérico, 1976, pp. 55-72, 98-104 y 115. Del radio de acción de la columna del Rosal se sabe por lo que figura en los estados de cada municipio sobre los sospechosos de cometer los actos de violencia contra las personas o las cosas que se conservan en AHN, CG, legajos 1071, exps. 81-110; 1261, exps. 1-146; y 1262, exps. 1-149. 12Sigüenza, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17 y 235-240. Lo de la Estación y el convento de las Franciscanas, en Joaquín ARRARÁS: Historia de la cruzada española, Vol. 4, Madrid, Datafilms, 1984 [1942], pp. 461 y 464, respectivamente. Es de aquí de donde extraen casi toda su información, sin duda, tanto Luis de SEQUERA MARTÍNEZ: “Una aproximación…”, pp. 22 y 47 como José María MANRIQUE: Sangre en la Alcarria…, pp. 20 y 22-23, que ofrecen asimismo referencias sobre la filiación política del grupo miliciano de Martínez Aragón. Sobre las columnas que ocupaban Sigüenza, ver también Mika ETCHEBÉHÈRE: Mi guerra de España…, p. 40. El comité revolucionario de Sigüenza, que probablemente sea el mismo organismo que funcionaba como tribunal en el edificio del Ayuntamiento, estaba compuesto por Francisco Lafuente Moreno (Izquierda Republicana), Ángel Pardillo Tamayo (Juventudes Socialistas Unificadas), Juan Andrés Ortega (Izquierda Republicana), Gregorio Relaño Giménez (Unión Republicana), Pedro Laguna Morales (PSOE) y Clemente Blasco Asenjo (Izquierda Republicana), según figura en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 235-240. La filiación política de sus miembros, en Abril, 30 de mayo de 1936, p. 2. Se equivoca el informe de la Guardia Civil, Guadalajara, 27 de abril de 1942, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17, cuando dice que todos estaban afiliados al PCE. 13 El tiempo de actividad del comité de Villanueva de Alcorón, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17 y 195-204. Entre los manifestantes del 6 de diciembre de 1936 que acabarían por asaltar las prisiones de Guadalajara capital había militantes de la CNT, no cabe duda. Pero la manifestación la encabezaba el líder del PSOE, Facundo Abad Rodilla, y sus principales integrantes eran los soldados de la 49.ª Brigada Mixta, que se encontraba a la sazón descansando en la ciudad. En Informe de la policía, Madrid, 8 de febrero de 1944, AHN, CG, legajo 1071, exp. 1, ff. 67-70. 14La información sobre la capital, en los informes de la Causa General elaborados por la Guardia Civil, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17), el Ayuntamiento (ff. 18-20), la Falange (ff. 21-25) y la policía (ff. 27-28, 41 y 44). Del mismo legajo también procede la información sobre Poyos (exp. 111, ff. 10-17), Sigüenza (exp. 1, ff. 44-50 y exp. 111, ff. 235-240), Villanueva de Alcorón (exp. 1, ff. 44-50 y exp. 111, ff. 10-17 y 195-204) y Yunquera de Henares (exp. 111, ff. 10-17). 15El mismo argumento aplicado a la totalidad de la zona republicana, en Maria THOMAS: La fe y la furia…, p. 6.


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