el difícil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupción

8/14/2019 El difcil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupcin

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ProgramaFortalecimiento Institucional

ELDIFCILACCESODELA

SOCIEDADCIVILALASCAUSAS

DECORRUPCIN

YUNPRIMERDIAGNOSTICO

SOBREESTOSINTERMINABLESPROCESOSPENALES


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Esta publicacin ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Regional para la Promocin de

la Transparencia (FONTRA)


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AsociacinCivilporlaIgualdadylaJusticiaBuenos Aires, Octubre de 2009

Mximo responsable del proyecto:

Gustavo Maurino

Coordinador del proyecto:

Luis Villanueva

Equipo de investigacin:

Camila Blanco

Dante Leguizamn Morra

David Terroba

Comunicacin y edicin:

Laura Coelho

Tamar ColodencoMagdalena Absolo


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NDICE

Introduccin. 4

I. El difcil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupcin 6

A) La estrategia Jurdica Fundamento Jurdico. 6

B) Las respuestas de los jueces de grado. 7

C) La experiencia en los Tribunales Orales Federales. 12

D) La posicin de la Cmara Federal de Apelaciones............. 13

E) Las repercusiones de los fallos de la Cmara. 15

II. Primer diagnstico sobre estos interminables procesos penales. 18

A) La organizacin de la investigacin... 20

B) Espacios de tiempo sin impulso de la causa. 22

C) Debilidades de procedimiento.. 23

D) Utilizacin dilatoria de las herramientas procesales. 27

E) Intervencin de los Peritos.... 28

Conclusiones......... 31


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Introduccin

A fines del ao 2007, la Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comenz

un proyecto de incidencia con el objetivo de quebrar el secreto de las

investigaciones en aquellos delitos relacionados con la corrupcin1.

En efecto, el cdigo procesal penal de la Nacin contiene una regla que dispone que

el expediente es siempre secreto para los extraos2 (artculo 204) y otra que

garantiza que aquellos particulares que acrediten un inters legtimo, podrn

solicitar al tribunal que expida copias o informes3 (artculo 131).

Mediante el juego de estas normas, los tratados internacionales con jerarqua

constitucional y las convenciones internacionales contra la corrupcin que

Argentina suscribi; ACIJ solicit a los jueces del fuero federal que permitieran el

acceso a dichas causas, interpretando las normas procesales ampliamente, a la luz

de este nuevo bloque constitucional anticorrupcin que alienta la participacin de

la sociedad civil en la lucha contra la corrupcin.

El presente trabajo repasa y analiza esta experiencia y sus hallazgos. Est

organizado en dos partes fundamentales: la primera de ellas describe las

reacciones de los rganos jurisdiccionales y las dificultades encontradas en el

proceso de acceso a las causas penales de corrupcin. La segunda parte presenta

los primeros hallazgos de nuestro anlisis sobre las causas, y un mapa bsico de los

motivos ms habituales de retraso en las investigaciones penales mencionadas, los

cuales han sido identificados como tendencias, que sern verificadas en posteriores

anlisis, en el marco del proyecto de investigacin ms amplio y comprehensivo

que llevaremos adelante en los prximos meses.

1Para lograr este objetivo ACIJ tuvo como aliado al Centro de Investigacin y Prevencin de la

Criminalidad Econmica (CIPCE)2

El artculo 204 del CPPN establece El sumario ser pblico para las partes y sus defensores, que lopodrn examinar despus de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo prrafodel artculo 106. Pero el juez podr ordenar el secreto por resolucin fundada siempre que la publicidadponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptundose los actos definitivos e irreproducibles,que nunca sern secretos para aqullos. La reserva no podr durar ms de diez (10) das y serdecretada slo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigacin exijan queaqulla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podr decretarse nuevamente si aparecierenotros imputados. El sumario ser siempre secreto para los extraos.3 El artculo 131 del CPPN establece: El tribunal ordenar la expedicin de copias e informes, siempreque fueren solicitados por una autoridad pblica o por particulares que acrediten legtimo inters enobtenerlos


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Agradecemos a las personas que colaboraron con el desarrollo del presente

trabajo. Especialmente a Federico Delgado, Sabrina Namer, Diego Martnez y Javier

Contreras Saguier.


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I.- ELDIFCILACCESODELASOCIEDADCIVILALASCAUSASDECORRUPCIN

A. LaestrategiajurdicaFundamentoJurdico

A fin de iniciar nuestro proyecto, el primer paso necesario consista en obtenerinformacin general que identificara los casos en los que se estuvieran

investigando delitos relacionados con la corrupcin, los tribunales a cargo de la

investigacin, etc., dado que esta informacin no est disponible en registros

pblicos de los tribunales. Para ello, se realizaron pedidos de informacin pblica,

tanto a la Oficina Anticorrupcin, como a la Fiscala de Investigaciones

Administrativas.

Ambos organismos, especialmente el primero, cooperaron activamente en brindar

la informacin necesaria sobre las causas en las que participaban.

Con la informacin recolectada sobre ms de cien causas en trmite, ACIJ y CIPCE

presentaron pedidos de acceso a las actuaciones en alrededor de cincuenta causas,

la mayora de ellas muy resonantes y otras no tanto, teniendo en cuenta que los

pedidos recayeran en la totalidad de los juzgados.

Concretamente, en tales presentaciones, realizadas ante los jueces de grado del

fuero federal4, se solicitaba la vista de las actuaciones, en base a la interpretacin

armnica de los artculos 204 y 131 del cdigo procesal penal con lo establecido

por algunos de los Tratados Internacionales que revisten jerarqua constitucional y

con la Convencin Interamericana contra la Corrupcin y la Convencin de las

Naciones Unidas contra la Corrupcin, las cuales revisten jerarqua superior a las

leyes. Entre los fundamentos se resaltaban, particularmente, las disposiciones de

los tratados internacionales cuyo contenido es claro en cuanto a la publicidad de

los procesos como la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Por su parte, las convenciones anticorrupcin hacen una clara alusin a la

necesidad de la participacin ciudadana en la lucha contra la corrupcin 5. Junto a

4Mediante fuero federal hacemos referencia al fuero Criminal y Correccional Federal con asiento en la

Ciudad de Buenos Aires.5

En efecto, el artculo 8 inciso 5 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, establece que:el proceso penal debe ser pblico, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la

justicia. La Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Ley 24.759) establece en el Prembulo laimportancia de generar conciencia entre la poblacin de los pases de la regin sobre la existencia ygravedad de este problema, as como de la necesidad de fortalecer la participacin de la sociedad civil en


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ese marco normativo, los pedidos se fundaban en el derecho a la informacin, a la

participacin ciudadana y a controlar los actos de gobierno que surgen del sistema

republicano.

B. LasrespuestadelosjuecesdegradoDe los diez jueces a cargo de los doce juzgados6 del fuero federal, la mayora neg

automticamente la vista:

Juzgado1,acargodeMaraRomildaServinideCubra:

La jueza decidi rechazar el pedido de vista, en base a que las organizaciones no

eran parte del proceso (artculo 204 del cdigo procesal penal).

Juzgado2,acargodeMarceloMartnezdeGiorgi

La experiencia en este juzgado es llamativa, ya que los pedidos de acceso se

realizaron con posterioridad a que los superiores establecieran sus criterios en

relacin a nuestra pretensin. El juez Martnez de Giorgi, tambin a cargo del

juzgado 8 en el que realizamos varias presentaciones, tena gran conocimiento del

la prevencin y lucha contra la corrupcin. En el artculo 3 inciso 11, referido a las medidas preventivas,establece que los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de suspropios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer (...) mecanismos para estimularla participacin de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzosdestinados a prevenir la corrupcin. El artculo 14, inciso 2 establece: Asimismo, los Estados Partes seprestarn la ms amplia cooperacin tcnica mutua sobre las formas y mtodos ms efectivos paraprevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupcin. Con tal propsito, propiciarn elintercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los rganos e instituciones

competentes y otorgarn especial atencin a las formas y mtodos de participacin ciudadana en la luchacontra la corrupcin.Por su parte, la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin (Ley 26.097) establece en elartculo 5, punto 1 que Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de suordenamiento jurdico, formular y aplicar o mantendr en vigor polticas coordinadas y eficaces contrala corrupcin que promuevan la participacin de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley,la debida gestin de los asuntos pblicos y los bienes pblicos, la integridad, la transparencia y laobligacin de rendir cuenta.Por ltimo, el artculo 13 punto 1 impone a cada Estado el deber de adoptar medidas adecuadas (...) parafomentar la participacin activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector pblico, como lasociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, enla prevencin y la lucha contra la corrupcin, y para sensibilizar a la opinin pblica con respecto a laexistencia, las causas y la gravedad de la corrupcin, as como a la amenaza que sta representa. Esaparticipacin debera reforzarse con medidas como la siguiente: (...) b) garantizar el acceso eficaz delpblico a la informacin; (...) d) respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y

difundir informacin relativa a la corrupcin.6

Los jueces Oyarbide y Martnez de Giorgi, adems de estar a cargo de los juzgados 5 y 8respectivamente, son jueces subrogantes de los juzgados 7 y 2.


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criterio de los superiores sobre los pedidos de acceso y, a pesar de ello, decidi

desorlos.

Juzgado3,acargodeDanielRafecas

En este caso, el juez consider que las organizaciones tenan un legtimo inters en

acceder a las investigaciones y concedi la vista sin restricciones.

Juzgado4,acargodeArielLijo

El juez Lijo fue el nico juez que ante el primer pedido de acceso justific

extensamente la denegacin de la vista de las actuaciones, a diferencia de sus pares

que ante el pedido de acceso que involucraba el anlisis de normas de alcanceconstitucional, simplemente fundamentaban la denegatoria en que las

organizaciones no eran parte.

Lijo sostuvo que los interesados legtimos a los que hace referencia el artculo 131

son el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, tal como lo

estipula el artculo 56 del mismo cdigo de forma.

Asimismo, el juez consider que las organizaciones ignoraban la existencia de

rganos especficos que las representan en la tramitacin del proceso y el sistema

de contencin y control que desarrolla el derecho procesal para evitar la

estigmatizacin de la persona sometida al proceso. Segn el magistrado, no puede

permitirse el acceso, en base a la importancia de los derechos del imputado aun

inocente que estn en juego, como su honor e intimidad frente a la sociedad.

Agreg que debe tenerse en cuenta que en un primer momento del proceso, la

balanza se inclina a favor del derecho a la intimidad de la persona sometida a

juicio, mientras que en la segunda etapa (el debate oral) se considera el derecho

civil de la ciudadana de controlar las decisiones de los magistrados. Adems, los

tratados internacionales slo hacen referencia a la publicidad como garanta del

imputado y no de la sociedad civil.

Por estas razones y sin que las organizaciones, segn el magistrado, hayan probado

la afectacin de derechos, decidi rechazar su pretensin.


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Juzgado5,acargodeNorbertoOyarbide

En este caso, el juez autoriz la expedicin de copias o informes (artculo 131) ante

una concreta peticin; denegando el acceso irrestricto.

Juzgado6,acargodeRodolfoCanicobaCorral

La experiencia en el juzgado a cargo de Canicoba Corral fue bastante

representativa del comportamiento que se esperaba del fuero federal.

Las cdulas que notificaban la resolucin del magistrado slo transcriban la parte

referente a NO HACER LUGAR, sin ningn tipo de alusin a los fundamentos que

justificaran tal decisin de un juez federal.

Por otra parte, frente a los pedidos por parte de las organizaciones en mesa de

entradas en relacin a si el juez se haba expedido o no, desde la Secretara del

Tribunal se invit a pasar a los representantes de las organizaciones a su despacho

para hacerles saber su punto de vista sobre los pedidos.

All, se hizo saber que toda esta actividad de presentaciones estaba desvirtuando el

derecho procesal penal, que las organizaciones desconocan las dinmicas del

fuero ya que el Tribunal permitira leer las causas, pero nunca lo iba a admitir por

escrito. Tambin hablaron sobre las presiones que los funcionarios judiciales

reciben diariamente del poder poltico en relacin con las causas que investigan y

que el trabajo judicial se dificultaba aun ms si organizaciones de la sociedad civil

echan luz sobre detalles acerca de los procedimientos judiciales relativos a las

investigaciones que se llevan a cabo.

Juzgado7,acargodeNorbertoOyarbide

Los pedidos de acceso a las actuaciones coincidieron con el perodo en el cual

Mauricio Macri convoc a Guillermo Montenegro para que integre su equipo de

gobierno como Ministro de Seguridad. Montenegro nunca lleg a expedirse. S lo

hicieron los jueces subrogantes Sergio Torres y, posteriormente, Norberto

Oyarbide.


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El Juez Torres rechaz el pedido con fundamento en el artculo 204. Por su parte, el

Juez Oyarbide, quien haba autorizado el acceso a los expedientes en su juzgado de

origen, esta vez lo deneg, con fundamento en la misma norma, y argumentando

que las organizaciones no son parte del proceso.

Juzgado8,acargodeMarceloMartnezdeGiorgi

En este juzgado la experiencia fue agotadora. Si bien en la mesa de entradas eran

muy amables, siempre se perdan los escritos, y cuando se intentaba averiguar

sobre el estado de los pedidos, la primera respuesta recibida era que no saban a

qu se estaba haciendo referencia.

Finalmente, el juez Martnez de Giorgi se expidi rechazando la solicitud de las

organizaciones; argumentando que no revestan el carcter de parte ni haban

acreditado un inters legtimo (artculos 204 y 131).

Juzgado9,acargodeOctavioArozdeLamadrid

La experiencia en el juzgado a cargo del juez subrogante Aroz de Lamadrid

merece ser remarcada. En efecto, la primera vez que debi expedirse fue en una

causa cuya investigacin estaba llevando adelante el fiscal Patricio Evers. Cuando

las organizaciones se presentaron ante la fiscala, les dictaron la resolucin del

fiscal ya que el empleado se neg a mostrar la resolucin quien sostuvo que la

solicitud deba rechazarse en base a lo dispuesto por el artculo 103 del

Reglamento para la Justicia Nacional y del artculo 131 del cdigo de forma.

Frente esta situacin, las organizaciones solicitaron que quien deba expedirse

ante el pedido deba ser un magistrado, ya que estaba en juego la interpretacin de

normas constitucionales. A raz de ello, el juez Aroz de Lamadrid se expidi

mediante una resolucin de ocho fojas.

Los argumentos jurdicos esgrimidos fueron bsicamente los siguientes: de

acuerdo al artculo 204, las organizaciones son extraos al proceso, por lo tanto, la

nica forma en que podran ser consideradas parte sera a travs de la analoga,

instituto de utilizacin restringida en el mbito penal ya que slo es vlido para

aquellos casos en que no perjudique al imputado.


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La nica mencin que realiza de la normativa internacional; es cuando afirma que

es necesario adecuar la legislacin interna a los lineamientos de dicha normativa.

Cmo esa legislacin interna no existe, la interpretacin armnica del artculo 131

con los tratados internacionales es inadmisible, ya que se perjudicara la situacinde los imputados al permitir que las organizaciones tomen conocimiento del

estado de la causa.

Pero ms all de los argumentos jurdicos, lo interesante de la resolucin de Aroz

de Lamadrid, est en un pasaje en el que hace referencia a su fuero ntimo. En

efecto, el magistrado afirm: ...quierodejarsentadaunaobservacinmuypersonal.

Dada mi experiencia en el trato con las organizaciones de la sociedad civil...

consideroquelasmismaspretendenconstituirseenunasuertede`controladoresde

la actividad de los jueces (slo requieren intervenir en causas particularmente

notorias; luego solicitanaccederanuestrasdeclaracionesjuradaspatrimoniales;y

enocasionespromueven investigaciones contra losjueces,que ellos entiendenque

hanobradomal, ante el Consejo de laMagistratura); con lo cual entiendoque se

desnaturalizaabsolutamenteelsistemaprocesalyaunlaindependenciajudicial.Los

controlesjurisdiccionales de losjueces deprimera instancia, son las cmaras de

apelaciones,no

particulares

que

representan

organizaciones

de

dudosa

representatividad(valgaeljuegodepalabras).Delocontrario,esdecirsiaceptamos

laintervencindetercerosqueluegodenuncianporqueyaestnlegitimados- alos

juecesporsusactosenesosmismosprocesos, llegaramosalridculoqueresultara

mseconmicoparaelEstado(omssencillosisequiere),queseanestosauditores,

quienesseencarguendeltrmitedelascausassegnsujustoparecer....

Juzgado

10,

a

cargo

de

Julin

Ercolini

El juez concedi la vista desde un primer momento, ya que consider que las

organizaciones tenan un inters legtimo para ello.

Juzgado11,acargodeClaudioBonado

En este caso, el juez rechaz la pretensin de las organizaciones con fundamento

en que las organizaciones no eran parte del proceso (artculo 204).


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Juzgado12,acargodeSergioTorres

En este caso, se inform verbalmente que el juez deneg el pedido de vista de las

organizaciones.

C.LaexperienciaenlosTribunalesOralesFederales

La experiencia en los Tribunales Orales fue variada. El Tribunal Oral 1, consider

que el inters que las organizaciones tenan en acceder a las actuaciones, estaba

debidamente representado por el Ministerio Pblico Fiscal y por la Oficina

Anticorrupcin. Agreg que la nica parte pblica del proceso era el debate y quepara satisfacer el derecho a la informacin, las organizaciones deberan esperar al

momento de realizacin de la audiencia.

El Tribunal Oral 3, por su parte, consider que CIPCE s tena inters legtimo y no

as ACIJ. Los jueces consideraron que ACIJ no reuna los requisitos de especialidad

y reconocida competencia en la materia, como lo exige la acordada de la Corte que

regula la presentacin de amicus curiae (ntese que ACIJ nunca pretendi

constituirse como amicus para dar una opinin fundada al Tribunal sobre cmo

deba resolver la cuestin).

Por su parte, el Tribunal Oral 4, consider que las organizaciones revestan un

legtimo inters para acceder a las actuaciones; mientras que el Tribunal Oral 6

opt por una solucin mixta: consider que la mejor forma de balancear los

intereses en juego era autorizar a las organizaciones a acceder a fotocopias de los

requerimientos de elevacin a juicio y recibir informacin por escrito en torno al

avance del proceso que el mismo Tribunal considere prudente otorgar.


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D.LaposicindelaCmaraFederaldeApelaciones

ElcriterioampliodelaSalaII

El da 27 de marzo de 2008 se realiz la primera audiencia ante la Sala II de laCmara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, compuesta en aquel

entonces por Horacio Cattani y Martn Irurzn. Los jueces accedieron a que

asistieran a la audiencia todas las personas que as lo quisieran, mientras la

capacidad de la sala lo permitiera.

En la causa en la que se llev a cabo la audiencia se investigaba a empresarios que,

en representacin de la empresa de origen francs en la que trabajaban, habran

ofrecido sobornos a un legislador para que votara de cierta manera ante una ley

que regulara a los ticketcanasta para que integren con carcter remunerativo el

sueldo de los empleados que los perciban. La suma presuntamente ofrecida al

diputado llegaba al los USD 20 millones si ste aceptaba suspender y luego

modificar la propuesta de acuerdo a los intereses de la empresa.

Frente al tribunal, las organizaciones sostuvieron que se trataba de un claro caso

de inters pblico, en razn de las implicancias que conlleva la realizacin desobornos para lograr que las leyes se voten de cierta manera en el Congreso.

Asimismo, argumentaron que la sociedad civil es un actor clave para el monitoreo

de los casos de corrupcin, especialmente si se tiene en cuenta que existen ms de

10 mil millones de dlares sustrados de las arcas pblicas por causas de ese tipo

que, en varias ocasiones, finalizaron por prescripciones lastimosas y que, por ello

era errneo considerar a las organizaciones como extraos al proceso.

Frente a estos argumentos, la Sala II de la Cmara de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional Federal resolvi, el da 6 de abril de 2008, que era procedente admitir

que, ante este tipo de supuestos (delitos de corrupcin), deba optarse por la

publicidad de los contenidosgenerales que hacen a la cosapblica sobre los que

puedaversarelprocedimientoyquetalcriteriosecompadececonloestablecidoenel

artculo1delaConstitucinNacionalymsespecficamenteenelartculo8inciso5

delaC.A.D.H.yrespondealoslineamientosfijadosporlaConvencindelasNaciones

Unidas contra la Corrupcin () conforme los cuales el Estado debefomentar la


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participacinactivadepersonasygruposquenopertenezcanalsectorpblico,como

la sociedad civil, las organizaciones nogubernamentalesy las organizaciones con

baseenlacomunidad,enlaprevencinyluchacontralacorrupcin.

ElcriteriorestrictivodelaSalaI

La Sala I, por su parte, consider que la audiencia debera celebrarse a puertas

cerradas. Slo permiti el acceso de los directores de las organizaciones y de su

letrado patrocinante. Ante este tribunal, se sostuvieron los mismos argumentos

que ante la Sala II. La causa en el marco en la cual se llev adelante la audiencia

versaba sobre la adquisicin presuntamente ilegtima de un frigorfico por parte de

un empresario en virtud del pago de sobornos.

El da 25 de septiembre de 2008, la Sala I fall a favor de las organizaciones, pero

supedit la posibilidad de acceder a las actuaciones a una condicin cuya

consecuencia directa redundaba en la imposibilidad fctica de efectivamente poder

acceder a ellas.

En efecto, los magistrados Eduardo Freiler y Eduardo Farah sostuvieron que

Enel

proceso

penal,

la

participacin

ciudadana

debe

articularse

con

los

presupuestosquegarantizandesdeambospolosciudadanae imputado- eldebido

proceso (art. 18 CN). Si algofalla en lapersecucin verbigracia: losprocesos se

dilatanmsdelacuenta,laetapadeinstruccinesdesnaturalizada,quienesdeben

acusar no lo hacen con la solvencia esperada, etctera- nopuede tolerarseque el

paliativo se traduzcaenunamenguade los lmitesconstitucionales impuestosa la

persecucin penalsobre esta premisafrente a un reclamo legtimo de

participacinciudadana

que

no

evidencie

razones

ajenas

alo

judicial,

ni

impedimentos de ordenpblico o que comporten la realizacin del derechopenal

material- laposibilidaddeabriralpblicoelexpedienteenlaetapapreliminardebe

serunacontingenciaquecuenteconelavaldequiensufrelapersecucinpenal

Esta decisin gener muchas dudas en las organizaciones solicitantes.

Debera apelarse? Y si, al evaluar los argumentos de los imputados y el de las

organizaciones, los jueces consideraban que stas tenan un inters legtimo en


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acceder a las investigaciones? Qu pasaba si un imputado rechazaba el acceso y

los dems imputados aceptaban el acceso o no contestaban? Qu haban querido

decir los camaristas: que slo los imputados tienen la facultad de autorizar o no a

la sociedad civil a acceder a las causas en las que se investigan delitos que tangravemente perjudican al erario argentino?

Finalmente se decidi recurrir ante la Cmara de Casacin Penal en uno de los

casos en trmite y en los dems casos, evaluar comportamiento de los magistrados

frente a la dudosa resolucin de la Sala I.

E.LasrepercusionesdelosfallosdelaCmara

Frente a las resoluciones de la Sala I y de la Sala II, los magistrados de grado

tuvieron comportamientos dismiles, especialmente en relacin a la sentencia de la

Sala II, que claramente reconoca el inters legtimo de las organizaciones sin

supeditarlo a ningn tipo de condicionamientos por parte de la persona

investigada por la posible comisin de delitos de corrupcin.

En el caso de ServinideCubra, en algunas causas concedi vista irrestricta, en

otras slo acept que obtuviramos copias de algunas resoluciones y en una

oportunidad, en la mesa de entradas, sostuvieron que como ya se haba accedido a

la causa en una ocasin, no poda solicitarse nuevamente, como si la resolucin de

la Sala II se hubiera agotado con un solo acceso.

El juez Lijo concedi la vista sin condicionamientos, mientras que el juezArozde

Lamadrid, en algunas concedi vista de manera irrestricta, mientras que en otrasslo acept que accediramos al auto de procesamiento y su confirmatoria.

Asimismo, en otra causa a su cargo, aplic un criterio mixto: decidi notificar a los

ms de veinte imputados, quienes en su totalidad se negaron a que las

organizaciones pudieran acceder a las investigaciones; pero como la Sala II era la

que intervena en la causa, dej a salvo su opinin y concedi vista.


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El juezBonado decidi otorgar vista de manera irrestricta, mientras que el caso

del juez Torres es curioso: en una causa decidi denegar el acceso, a pesar que la

Sala II entenda en las actuaciones y cuando esa misma Sala orden reconocer el

inters legtimo de las organizaciones, el juez argument que en la causa que llevams de tres aos de trmite deban incorporarse nuevos elementos probatorios

para que las organizaciones pudieran acceder a ella, ya que no era conveniente que

lo hicieran por la eventual vulneracin de las garantas del debido proceso y

defensa en juicio de aquellos que resulten, en su caso, imputados.

Ante esa decisin, la Sala II sostuvo que sibienesaldirectordelprocesoaquien

correspondedeterminarelalcanceotorgadoalaccesoalasactuacionespretendido,

ello debe responder a los lineamientosgenerales aplicables al asuntoy al inters

legtimoque -segnyaresolvielTribunalenestemismoexpediente- presentan los

peticionantes la solucin que se ha adoptado frente a la solicitud (de las

organizaciones)apareceirrazonable,yaque,sinperjuiciodelasconstanciasqueen

elfuturopuedancolectarse,nosehapermitidoconocerningunodeloselementosya

incorporadosal legajo(quea lafechacuentaconcasidoscuerposdeactuaciones),

sinquesehayasealado -niseobserve- circunstanciaalgunaqueimpidaelaccesode

losincidentistas

atal

informacin. Y respondiendo al estndar establecido por la

Sala I, sostuvo que acriteriodelossuscriptosnoresultaunaexigenciaqueelolos

imputados(todavano identificadosenelcaso)brindensuconsentimientosobre la

extensindelosdatosasuministrar...

La respuesta a lo resuelto por la Sala I fue ms problemtica. En ese sentido, todos

los jueces, en cumplimiento de lo resuelto por el Superior, notificaron a las partes y

decidieron denegar el acceso, ya sea porque los imputados se negaban o porqueconsideraban, que las organizaciones no eran parte del proceso y no tenan un

inters legtimo para acceder a ellas (tal como lo haban resuelto de forma previa a

que la Sala I se expidiera y reconociera el inters legtimo de las organizaciones de

la sociedad civil para acceder a los casos en los que se investiga la posible comisin

de delitos relacionados con la corrupcin).

Estas respuestas llevaron a las organizaciones nuevamente al punto cero. Esto es,

jueces de grado denegando el acceso porque consideraban que las organizaciones


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no formaban parte del proceso. Era como si la Sala I nunca hubiera resuelto la

cuestin, sino todo lo contrario, la dilat.

Sin embargo, al momento de apelar esas decisiones de grado que se expedan

sobre cuestiones ya analizadas por el superior o que dejaban en manos de los

imputados la decisin sobre los derechos constitucionales de las organizaciones; la

Sala I decidi conceder dichos recursos.

Lamentablemente, el da 7 de octubre de 2009, la Sala I restringi de manera

absoluta el derecho de la sociedad civil a poder conocer cmo uno de los poderes

del estado cumple o no con su mandato constitucional al sostener que elaquo

justificasu

decisin

en

el

artculo

204

del

CPPN,

y

de

acuerdo

alo

establecido

por

esta Sala considera en la misma que, una solucin contraria atentara contra el

derechodedefensadel imputado,conformeloesbozadoporlaspartesalcorrrsele

traslado. Lo que subyace es una discordancia o descontento de lospeticionantes

frentea ladecisinquefinalmente seadopta,estoes,con laaplicacinalcasodel

artculo204delCPPN.

Esto en la prctica se traduce en que el acceso a las causas de corrupcin es posible

y efectivo slo en aquellos casos que interviene la Sala II, o que estn a cargo de

jueces de grado que asimilaron el nuevo bloque constitucional anticorrupcin que

Argentina est obligada a respetar.


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II.-PRIMERDIAGNSTICOSOBREESTOSINTERMINABLESPROCESOS

PENALES

Los casos donde se investigan hechos de corrupcin, en lneas generales, poseen

algunas particularidades que deben ser tenidas en cuenta para su anlisis.

Las caractersticas de estos procesos derivan en instancias de investigacin

comunes a la mayora de ellos. Poseen, generalmente, un alto grado de complejidad

y muchas veces guardan relacin directa con el manejo y la ejecucin de fondos

pblicos. Por ello, una de las consecuencias es la necesaria intervencin de

expertos contables que a menudo redunda en un retraso de los tiempos procesales.

Adems, los supuestos autores son, usualmente, actores polticos con marcadas

influencias en distintos sectores inclusive en el judicial y poseen en la mayora de

los casos, un alto grado de instruccin educativa y aventajada condicin social y

econmica.

Asimismo, se debe mencionar que en estas causas, generalmente, intervienen

abogados de gran prestigio y preparacin, frente a, muchas veces, actores

judiciales con escasa capacitacin.

En el estudio publicado por la Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia, La

Parlisis de la Justicia frente a Casos de Corrupcin7, los mismos actores del

sistema identificaron las dificultades para el avance de los procesos de corrupcin.

stas se dividieron en dos aspectos fundamentales, relacionadas con los actores

judiciales y con falencias sistmicas.

Entre los motivos identificados atribuibles a los actores judiciales, se encuentra la

denominada cultura del poder de ciertos jueces federales. Esto es, el accionar de

los funcionarios que, tomando ventaja de su capacidad de decisin sobre estas

causas y sobre el destino de los sujetos implicados, ven la oportunidad de obtener

beneficios particulares a partir de un determinado manejo de la investigacin.

Asimismo, quienes fueron entrevistados para dicho informe, mencionaron la

7 Disponible en:http://www.elhardin.com.ar/paneles/acij/v2/programas/adjuntos/La_paralisis_de_la_Justicia_frente_a_los_casos_de_corrupcion.pdf


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influencia del poder poltico y econmico sobre quienes llevan adelante las

investigaciones y la falta de capacitacin de los funcionarios ante la complejidad de

las causas, as como otros motivos importantes para que los expedientes no

prosperen.Por otro lado, las dificultades sistmicas destacadas por los mismos actores

judiciales, fueron: la complejidad de la investigacin en estas causas, la

importancia de las pericias, el abarrotamiento de los juzgados con causas menores,

la utilizacin dilatoria de las herramientas procesales y el limitado accionar de

otros organismos relevantes.

A continuacin presentamos los hallazgos relativos a las dificultades que

obstaculizan el avance de las investigaciones en causas de corrupcin, detectadas a

travs de un anlisis profundo de fondo y de forma realizado sobre causas

tramitadas ante la justicia federal. De esta manera, lo que sigue tambin constituye

una labor destinada a analizar si aquellas apreciaciones de los actores del sistema,

plasmadas en La parlisis de la Justicia frente a los casos de Corrupcin, se

corroboran tras un anlisis riguroso de los expedientes judiciales.

Corresponde sealar que, al tener este anlisis un carcter eminentemente tcnico,

escapan al mismo el estudio sobre el impacto de las influencias del poder pblico y

las intenciones o intereses extra procesales de los rganos jurisdiccionales de

investigacin, que podran dirigir a la investigacin en uno u otro sentido o

condicionar de alguna manera su desarrollo.

Cabe adelantar que el principal inconveniente identificado para el avance de las

investigaciones est relacionado con las bases mismas de la organizacin de las

investigaciones; lo cual resulta especialmente relevante si se acepta, como creemos

que debe aceptarse, la premisa de que una correcta organizacin de la

investigacin puede mitigar la influencia de las dems dificultades encontradas.

En este sentido, se pasan a detallar las dificultades identificadas:


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A. LaorganizacindelainvestigacinEn las causas analizadas no se ha verificado una correcta planificacin de la

investigacin.

As, se constat que en las causas de una relativa complejidad, no fueron

identificadas las posibles conductas punibles, ni el grado de intervencin de los

supuestos autores. Las investigaciones tampoco fueron encaminadas

correctamente a fin de colectar los elementos que sirvan para probar las conductas

investigadas.

Asimismo, en causas de gran complejidad donde se han denunciado varios hechos,

que ocurrieron o se sucedieron en perodos relativamente prolongados de tiempo,

tampoco han sido identificados correctamente los hechos ni las posibles conductas.

Debido a una mala planificacin y a una mala organizacin de la investigacin, en

algunos casos, la investigacin se centr sobre uno o dos hechos, cuando en

realidad existan varios hechos irregulares que podran ser punibles.

Es dable mencionar que al iniciar la investigacin, deben identificarse los hechos

concretos que se constituiran en las hiptesis de investigacin. En algunos casos,

stas son anlogas pero no necesariamente conexas. Razn por la cual, muchas

veces por una cuestin prctica se debera separar la investigacin de los hechos

para poder tornarla efectiva.

En las causas analizadas, el principal problema fue la falta de o la errnea

identificacin de las posibles conductas y sus posibles tipificaciones, lo que atenta

contra una correcta organizacin y planificacin de la investigacin.

Ante todo esto y las particularidades de las causas de corrupcin mencionadas en

el punto anterior, es claro que la organizacin de la investigacin y las estrategias,

requieren una especial atencin. Ello, en virtud de que una buena planificacin de

la instruccin tiene como consecuencia buenos resultados a la hora de colectar

elementos de conviccin para probar las conductas investigadas.


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Planificar correctamente una investigacin implica identificar correctamente las

posibles conductas punibles, los posibles autores y el grado de intervencin de

stos. Una vez identificadas las posibles conductas y los potenciales hechos

punibles cometidos, la pesquisa se debe dirigir hacia la obtencin de elementos deprueba, que puedan demostrar si la conducta investigada es tpica, antijurdica,

reprochable y punible.

Unaineficienteutilizacindelosrecursos

El Poder Judicial, como los dems organismos del Estado, posee recursos limitados

para desarrollar sus funciones, por lo que es responsabilidad de los funcionarios

utilizarlos de la mejor forma posible.

De los anlisis realizados se puede extraer que no fueron utilizados correctamente

los recursos disponibles. A modo de ejemplo puede mencionarse que se enviaron

oficios con muchas formalidades y errores a organismos que podran facilitar

ms informacin que la requerida, por lo que tuvieron que ser reiterados. Incluso,

en algunas oportunidades, se solicit informacin fragmentada y/o insuficiente

para la investigacin.

Asimismo, se utilizaron excesivamente los exhortos, cargados de formalismos,

cuando en una correcta planificacin podran haberse logrado mayores avances si

el funcionario se trasladaba al lugar para colectar los elementos de prueba.

Puede concluirse entonces que los recursos disponibles han sido utilizados

incorrectamente.

Unaineficienteutilizacindelasfuentesdeinformacin

La informacin suministrada por entidades pblicas y privadas y la existencia de

un canal rpido de comunicacin para obtener esa informacin es de vital

importancia para una gil y correcta investigacin.

Los anlisis realizados permitieron constatar que no existe un claro conocimiento

de la informacin que puede ser suministrada por dichas entidades.


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Por ejemplo, en una de las causas analizadas, se constat que el rgano

jurisdiccional en situaciones anlogas, para obtener la direccin de testigos o

imputados envi solicitudes de informacin a diferentes organismos. Entre ellos,

en algunas oportunidades a la Cmara Nacional Electoral, en otras a la PolicaFederal, la Oficina de Anticorrupcin, a empresas de Telefona y/o al Banco Central

de la Repblica Argentina.

B. EspaciosdetiemposinimpulsodelacausaCon relacin a los tiempos del proceso, se detectaron dos problemas

fundamentales que adquieren especial relevancia considerando que el trmite de

las investigaciones por hechos e corrupcin tienen un promedio de 14 aos8.

El primero guarda relacin con la mala planificacin de la investigacin, a la que se

hizo referencia anteriormente. En varias ocasiones se constat que el rgano

investigador orden una diligencia y esper que dicha diligencia se cumpla, para

ordenar otra medida. Ello, cuando en realidad se podran solicitar otras

simultneamente, a fin de ir reuniendo las pruebas necesarias en el menor tiempoposible. Esta falencia, que puede revertirse fcilmente, constituye un grave motivo

de retraso de la investigacin.

El segundo problema guarda relacin con el perodo que abarca el final del ao y la

feria judicial. Se identific un escaso o nulo movimiento de las causas en los meses

de diciembre en algunos casos desde noviembre y febrero e inclusive marzo.

En este sentido, cabe afirmar que la importancia de las causas que se investigan,

ameritan una correcta planificacin de la investigacin que tome en cuenta el

perodo de la feria.

8 CIPCE segundo informe de avance Bsqueda de un modelo integrado para neutralizar la criminalidadeconmica. Diseo de nuevos mecanismos institucionales de recuperacin de fondos econmicos para elEstado.


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Lapocaonulacolaboracinen la investigacinporpartede laFiscalay la

OficinadeAnticorrupcin

Como consecuencia de la normativa vigente, que otorga al Juez la responsabilidad

de dirigir la investigacin de los hechos punibles, hemos observado que en los

casos analizados la actuacin del Ministerio Pblico Fiscal no fue activa y que,

generalmente, se limit al cumplimiento de los requerimientos legales procesales

mnimos en las investigaciones.

Tampoco se ha constatado una activa participacin de la Oficina de Anticorrupcin

(OA), que ha sido creada justamente para velar por la prevencin e investigacin

de las conductas relacionadas con la corrupcin pblica. Si bien la OA ha iniciadomuchas veces las investigaciones presentando denuncias no ha realizado luego el

seguimiento necesario de las causas iniciadas.

En algunos casos de complejidad, el aporte de la OA fue importante aunque limit

indirectamente la investigacin a uno o dos hechos. En esos casos, sus anlisis

sirvieron para que los rganos investigadores centren sus pesquisas en las

conductas individualizadas en stos, pero se dejaron de lado otras conductas que

podran haber constituido hechos punibles, o que por lo menos hubieran merecido

una especial investigacin.

C. DebilidadesdeprocedimientoSe individualizan como debilidades del procedimiento distintos aspectos que

guardan relacin con las prcticas y las exigencias procesales que dificultan y

retrasan la tarea de investigacin del juez.

Se pueden distinguir dos aspectos en este sentido. Por un lado, las prcticas

procesales, como costumbres o usos corrientes en el desarrollo cotidiano de la

investigacin. Estas prcticas carecen de fundamentos legales o reglamentarios

pero son, generalmente, vicios corrientes en la actividad judicial.


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Por el otro, las exigencias legales, los pasos requeridos por la legislacin que deben

ser cumplidos por los magistrados en algn acto jurisdiccional; especficamente los

requisitos formales, para dar validez a los actos jurdicos.

Elincumplimientodelosplazosprocesales

Con relacin a este punto se deben hacer dos consideraciones importantes. La

primera se refiere al incumplimiento de los plazos exigidos y la segunda a la

posibilidad fctica de cumplirlos.

En efecto, los plazos que limitan el proceso penal, y sobre todo la instruccin, no

son respetados en la mayora de los casos por los rganos de investigacin.

Esta problemtica del incumplimiento constante de los plazos procesales es

preocupante en s misma. Aunque ms alarmante resulta que los actores judiciales

no identifican esta irregularidad como un problema, sino que se opta por

justificarla legalmente.

Segn lo prescripto por el Cdigo Procesal Penal de la Nacin, una instruccin

debera durar 4 meses a partir de la declaracin indagatoria del imputado 9. En ese

mismo artculo, est consignado el procedimiento para solicitar una prrroga de

esta etapa; procedimiento que tampoco se realiza normalmente.

Asimismo, otro plazo generalmente no respetado es el que obliga al juez a decidir

sobre el procesamiento o la falta de mrito de un imputado en el lapso de diez das

a partir de la declaracin indagatoria10.

Aqu se debe volver a resaltar una dificultad en la planificacin de la investigacin.

Es casi una constante que los investigadores citen a declarar a los supuestos

9El Art. 207 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin reza: La instruccin deber practicarse en el trmino

de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese trmino resultare insuficiente, el juez solicitarprrroga a la cmara de apelaciones, la que podr acordarla hasta por dos (2) meses ms, segn lascausas de la demora y la naturaleza de la investigacin.Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difcil investigacin, la prrroga otorgada podrexceder excepcionalmente de dicho plazo.10 El Art. 306 del Cdigo de Forma de la Repblica Argentina expone que: En el trmino de diez (10)das, a contar de la indagatoria, el juez ordenar el procesamiento del imputado siempre que hubiere

elementos de conviccin suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aqul es culpablecomo partcipe de ste


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autores, sin poseer una base slida de elementos de prueba, lo que lleva a que

empiecen a correr los plazos procesales a partir de ese momento.

El justificativo para no respetar los plazos que para las partes son perentorios e

improrrogables es que el incumplimiento de un plazo de una actividad

indispensable para el desarrollo del proceso penal, jams puede ser perentorio

porque no puede generar la extincin o agotamiento de la labor judicial,

especialmente si se trata de una causa con cierta importancia en razn de los

intereses pblicos defendidos.

Sin embargo, en el sistema actual, el juez instructor es efectivamente parte, porque

de un lado se encuentran los imputados y del otro el juez, que se erige como juez, ala hora de decidir algunas cuestiones y como investigador, al momento de colectar

elementos de prueba. Al estar mezcladas ambas funciones, se confunden las

interpretaciones sobre la caducidad de los plazos. De esta forma, los imputados se

encuentran al libre arbitrio del juez con relacin al tiempo que tiene para

mantenerlos vinculados a un proceso de investigacin. Por ello, el rgano

encargado de la investigacin debera cumplir los plazos procesales al ser stos

perentorios e improrrogables.

En otro sentido, se debe mencionar que se identific esta problemtica como una

debilidad del procedimiento, porque los plazos que la legislacin otorga para la

instruccin, son insuficientes para la investigacin de los complejos casos de

corrupcin.

De todos modos, esta circunstancia no justifica el accionar jurisdiccional sin

ninguna observancia a los plazos procesales; y al mismo tiempo exige una correctaplanificacin de la investigacin teniendo presente las reglas existentes.

Elsistemadenotificaciones

Las causas penales por hechos de corrupcin investigadas en el fuero federal,

generalmente abarcan hechos ocurridos en todo el pas. El sistema de

notificaciones limitado conlleva a que en la mayora de los casos se delegue el


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trabajo en la Polica Federal, rgano que no se encuentra preparado para esta

labor.

Un sistema de notificaciones muy restringido y cargado de un excesivo formalismo

es particularmente contraproducente para la investigacin ya que los formalismos

en la utilizacin de cdulas y oficios hacen que muchas veces, por ms que stos

lleguen a destino, no sean lo suficientemente efectivos y deban ser reiterados con

las dilaciones que ello implica.

Elexcesivoformalismoenlosactosdeprocedimiento

La mayora de los actos de procedimiento en la etapa de instruccin estn cargados

de formalismos, muchas veces innecesarios. As, los jueces de instruccin deben

ordenar cada diligencia en una providencia y deben recibir los resultados de las

diligencias mediante otra providencia.

Otro ejemplo en este punto, sucede al momento del cierre de la etapa de

instruccin. Cuando el juez considera que esa etapa se encuentra cerrada, debe

correr traslado a la querella y al Ministerio Pblico, quienes deben manifestar si

consideran completa la instruccin y solicitar, en su caso, la elevacin a juicio de lacausa o el sobreseimiento de los procesados.

En caso que el Ministerio Pblico Fiscal solicite la elevacin de la causa a juicio oral

y pblico, el juez debe correr traslado a los procesados para que deduzcan

excepciones no interpuestas con anterioridad u oponerse a la elevacin de la causa

a juicio.

Finalmente, una vez que el juez encargado de la investigacin resuelve y eleva la

causa a juicio oral y pblico, sta es remitida a los Tribunales Orales. En esa

instancia como primera medida deben citar nuevamente a todas las partes para

que examinen las actuaciones, los documentos y los objetos secuestrados, ofrezcan

las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen necesarias.

En todo este proceso se verifican, rpidamente, tres procedimientos de citaciones y

traslados, para que las partes manifiesten sus opiniones, ofrezcan pruebas y

deduzcan excepciones, entre otras cosas. A todo esto se debe sumar que muchas


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veces los jueces dividen las audiencias en dos, una para comparecer a juicio y otra

para ofrecer pruebas entre otras cosas. Tantas notificaciones, traslados y

audiencias retrasan en demasa el proceso. Esto sin mencionar las posibilidades

que tiene el Tribunal Oral Federal de abrir una instruccin suplementaria.

Cabe destacar que en esta etapa, tambin existen plazos que deben cumplirse y que

no son respetados.

D. UtilizacindilatoriadelasherramientasprocesalesEl abuso de las legtimas herramientas jurdicas posee un grado de influencia muyalto en el retraso de las investigaciones penales. Sin embargo, se debe destacar que

las defensas no hacen ms que utilizar las herramientas legales disponibles para

realizar mejor su labor.

En este sentido, se deben diferenciar dos cuestiones fundamentales. La primera se

refiere a la posibilidad, que legalmente otorga el Cdigo Procesal Penal a los

defensores para discutir cada una de las decisiones de rgano investigador,

llevando esto a entorpecer la labor de investigacin. A nuestro entender, limitar el

sistema recursivo no necesariamente implica limitar el ejercicio de los derechos y

garantas de los imputados.

La segunda cuestin que se debe resaltar guarda relacin con el tiempo que

demoran los tribunales de apelacin para decidir sobre las cuestiones recurridas.

El promedio identificado para la resolucin de un recurso a cargo de un tribunal de

alzada, es de 6 meses; cuando la investigacin, en los trminos de Cdigo Procesal

de la Nacin debe terminarse en 4 meses, a partir de la declaracin indagatoria.

Los recursos planteados, en principio tramitan en un expediente separado, pero en

casi la totalidad de los casos analizados, el superior solicita el expediente principal

para tomar la decisin final.


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E. IntervencionesdePeritosA raz de la complejidad que generalmente revisten estas causas, es necesaria la

intervencin de expertos en varias materias, sobre todo en materia contable.

Los problemas fundamentales que se detectaron en la intervencin de los peritos,

no necesariamente guardan relacin con su labor efectiva, sino ms bien con la

actuacin previa de los rganos de investigacin.

Existen circunstancias muy relevantes que deben ser desarrolladas antes de la

remisin de la causa para una eventual pericia.

La primera responsabilidad del investigador consiste en colectar todos loselementos de prueba necesarios para que la labor del perito sea realmente

efectiva. Es claro que para esta recoleccin es necesaria una preparacin tcnica en

la materia, puesto que el investigador de formacin jurdica, no necesariamente

conoce las reglas contables y los elementos de prueba que son necesarios para

realizar una buena pericia. Por tal motivo, sera muy importante que el

investigador cuente con un asesor en materia contable. ste no necesariamente

debe realizar la pericia, su trabajo debe consistir en dirigir la recoleccin deinformacin para que el perito realice su trabajo. Es decir, un asesor que trabaje

muy cerca del juez, a fin de que su colaboracin agilice la investigacin.

El segundo punto de radical importancia se refiere a las preguntas que se hacen al

perito. Es dable destacar que el perito es experto en su rea de estudio, o sea puede

responder preguntas sobre su materia y no es el encargado de determinar la

existencia o no de un hecho punible.

La elaboracin de preguntas concretas delimita el trabajo del perito a responder

los cuestionamientos del juzgado. Por supuesto que como se dijo para la

elaboracin de estas preguntas debera intervenir activamente un asesor

econmico, pero finalmente, el juez basado en el tipo penal, es el que delinea las

preguntas que son necesarias aclarar para la investigacin.

En las causas analizadas se identificaron ambos problemas constantemente: el

envo de causas al cuerpo de peritos sin la documentacin necesaria para un


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dictamen pericial y adems, sin la realizacin de preguntas claras que deban ser

respondidas por los expertos en sus respectivas reas de estudio.

Se han verificado causas en las que los rganos jurisdiccionales encargados de la

instruccin remitieron la investigacin al cuerpo de peritos con autorizaciones

para constituirse en las entidades pblicas o privadas que necesiten, a fin de que

puedan recabar la documentacin que corresponda, constituyendo as a los peritos

en encargados de colectar la documentacin necesaria.

Con este criterio, en uno de los casos analizados, el juez de instruccin solicit al

decano del Cuerpo de Peritos Contadores que se traslade a una provincia para que

el mismo recabe la informacin necesaria y realice el estudio. Sin embargo, la tareade recabar las pruebas y la informacin necesaria para que el perito realice su

anlisis tcnico est a cargo del rgano jurisdiccional, situacin que no sucede

cuando la investigacin termina siendo delegada en el cuerpo de peritos.

En casi todos los casos, las causas son devueltas despus de al menos 6 meses, por

los peritos a los rganos jurisdiccionales, sin conclusiones importantes; a los

efectos de que stos soliciten informacin que necesitan para poder dictaminar

correctamente.

Muchas veces las preguntas giran sobre la verificacin de irregularidades del tipo

contable o financiero, muy generales y sin especificaciones. Las preguntas no son

concretas y, no estn necesariamente dirigidas a argumentar un elemento del tipo

penal.

Adems, en algunos casos, los rganos no establecen plazos para la realizacin del

trabajo de la pericia, o cuando lo establecen es, a todas luces insuficiente,

atendiendo la complejidad de la causa.

De todos modos, es importante destacar tambin que los peritos se retrasan muy

frecuentemente en muchos casos sin justificacin alguna en su trabajo y

desafortunadamente, los rganos de investigacin se desentienden una vez que la

causa se encuentra en peritos, cuando en la mayora de los casos podran continuar

investigando.


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No esta dems mencionar que la correcta deteccin de los posibles hechos

punibles, las posibles conductas que podran ser penalmente relevantes y una

correcta organizacin y planificacin de la investigacin, dirigida a probar los

posibles hechos detectados anteriormente, optimizaran el trabajo de los peritos.


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Conclusiones

La Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia considera de vital importancia dar a

conocer su experiencia a la hora de acceder a las investigaciones penales de hechos

de corrupcin.

Es claro que a la mayora de los magistrados les incomoda la posibilidad de que la

ciudadana tenga acceso y conocimiento sobre la manera en que se estn llevando

adelante las investigaciones judiciales relacionadas con la sustraccin de dinero de

las arcas pblicas.

La intuicin general, inicialmente corroborada, es que existen grandes falencias en

el Poder Judicial y en el sistema legal que permiten la existencia de investigaciones

carentes de la coordinacin necesaria y que no llegan al descubrimiento de la

verdad.

Es claro que si otros actores sociales no pueden acceder a los expedientes para

indagar sobre estas falencias, las dinmicas del poder y la cultura del papeleo

seguirn gobernando las investigaciones. Esto es as, porque sin un diagnstico

certero sobre cules son las verdaderas razones que hacen que una causa lleve msde diez aos de investigacin y siga sin descubrirse la verdad, no pueden

presentarse propuestas eficientes para lograr reducir las falencias.

A pesar de contar con algunas sentencias favorables, aun resulta difcil para las

organizaciones de la sociedad civil acceder a las investigaciones. A pesar de ello,

debe admitirse que el hecho de que el fuero federal haya accedido a que

organizaciones no gubernamentales puedan comprobar la forma en que uno de los

poderes del Estado investiga delitos con consecuencias tan graves para la

ciudadana especialmente para los sectores ms desaventajados de la sociedad es

un gran avance.

Con el propsito de encontrar explicaciones comprobables y plantear en el futuro

las recomendaciones que permitan revertir estos magros resultados, realizamos

un profundo anlisis las distintas etapas de los procesos y la actividad que en ellos

tuvieron los distintos actores del sistema


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Las falencias inicialmente detectadas son de distinta ndole, con diferentes

orgenes e incidencias en el proceso. Entre ellas se destacan la organizacin de la

investigacin, la correcta utilizacin de los recursos con los que se cuenta, los

espacios de tiempo sin impulso de la causa, las debilidades de procedimiento, lautilizacin dilatoria de las herramientas procesales y los problemas relacionados

con la intervencin de los peritos.

Los resultados de tantas fallas no podran ser otros que interminables procesos

penales, escasas condenas por este tipo de hechos y prcticamente nula

recuperacin de los bienes desviados.

Ms all de lo dificultoso del camino a recorrer para subsanar o corregir losproblemas detectados, como podra ser el paso a un autntico sistema acusatorio, o

ciertas reformas legales, existen medidas prcticas muy tiles cuya utilizacin se

torna imperativa si el objetivo es agilizar estas investigaciones penales.

El presente informe, ser mejorado y completado con el resultado de distintas

rondas de discusin a las que ser sometido. Igualmente, el anlisis de nuevos

expedientes podra modificarlo, aunque entendemos que ello no suceder de modo

significativo. Su carcter preliminar lo expone como un producto sujeto al aporte

colectivo y destinado a concluir como una instancia de diagnstico, pero tambin

de propuesta.

el difícil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupción

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