el control de las plagas en la agricultura argentina

Estudio Sectorial Agrícola Rural Banco Mundial/Centro de Inversiones FAO Argentina

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Informe

EL CONTROL DE LAS PLAGAS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA

Miguel Huerga y

Sebastián San Juan

Buenos Aires, Argentina

mayo, 2005


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EL CONTROL DE LAS PLAGAS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA

Sumario del contenido

NATURALEZA DEL INFORME PLAGAS Y PLAGUICIDAS: Definiciones básicas SINTESIS DE LOS HALLAZGOS Y CONCLUSIONES SUGERENCIAS PARA UNA POLITICA DE CONTROL DE PLAGAS I. PRODUCCION VEGETAL Y PLAGAS DE LA AGRICULTURA

A. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS PLAGAS

1. La agricultura en la economía argentina y su probable evolución 2. Comercio internacional y sanidad vegetal 3. Los perjuicios causados por las plagas

a) Tipos y montos globales de pérdidas b) Las pérdidas en la agricultura argentina c) Las pérdidas en peras y manzanas causadas por la Carpocapsa d) Las pérdidas en cítricos por la Mosca de los Frutos e) Un enfoque integral de la estimación de las pérdidas

4. Una nueva plaga: la Roya de la Soja

B. PRACTICAS Y TECNICAS DE CONTROL DE PLAGAS

1. Situación actual de la adopción de prácticas en la agricultura argentina 2. Las prácticas complementarias del control de plagas 3. Resistencia de las plagas a los plaguicidas

C. CONDICIONES DEL PRODUCTOR Y CONTROL DE PLAGAS

1. La fruticultura del Alto Valle del Río Negro 2. La agricultura pampeana 3. La horti-fruticultura de los valles irrigados de Mendoza 4. Las áreas frutihortícolas irrigadas de Lules y Tafi del Valle 5. La citricultura en la Provincia de Corrientes 6. El cultivo del tabaco en Misiones

D. USO ACTUAL Y MERCADO DE PLAGUICIDAS EN LA ARGENTINA


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II. EFECTOS DEL CONTROL DE PLAGAS Y DEL USO DE PLAGUICIDAS

A. PLAGUICIDAS: EXPOSICION E INTOXICACION DE PERSONAS

1. Tipos de intoxicaciones y toxicidad de los plaguicidas 2. Intoxicaciones de personas por plaguicidas

a) Los registros nacionales de intoxicaciones b) Intoxicaciones en la Provincia de Mendoza c) Intoxicaciones en el Alto Valle (Provincia de Río Negro) d) Intoxicaciones en la Provincia de Misiones

3. La toxicidad del herbicida Glifosato

B. HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR RURAL

C. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS D. LA CONTAMINACION AMBIENTAL

1. Casos graves de contaminación: entierros, derrames y derivas 2. La contaminación de las aguas

a) Alto Valle del Río Negro (Región Patagónica) b) Provincia de Mendoza (Región de Cuyo) c) Provincia de Santa Fe (Región Pampeana) d) Río de la Plata y su frente marítimo

E. EL CASO DEL AGUILUCHO LANGOSTERO

III. EL PAPEL DEL ESTADO EN EL CONTROL DE LAS PLAGAS

A. LAS LEYES Y NORMAS DE SANIDAD VEGETAL

1. Normas de orden nacional para el comercio externo 2. Leyes y normas de sanidad vegetal en el plano nacional

a) Leyes y normas generales b) Leyes y normas sobre residuos de productos fitosanitarios

3. Análisis de un caso: las normas para la lucha contra la Carpocapsa

B. EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD

AGROALIMENTARIA (SENASA)

1. Estructura y funciones del SENASA 2. Consideraciones sobre el papel del SENASA 3. Los programas de lucha contra las plagas del SENASA

a) Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos b) Programa de Lucha contra la Carpocaspa - Región Patagónica


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c) Consideraciones sobre los programas de lucha

4. Los organismos públicos de sanidad vegetal en las provincias argentinas 5. Instituciones mixtas y privadas

a) La Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica b) El Comité Regional del Noreste Argentino c) La Comisión Provincial de Sanidad Vegetal d) El Comité Regional Fitosanitario del Noroeste Argentino y la

Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino

C. LA INVESTIGACIÓN EN SANIDAD VEGETAL D. LA SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Y EL SISTEMA

NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS E. EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y

LAS INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS

1. Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones 2. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 3. Programa Nacional de Riesgos Químicos

F. LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR RURAL

G. LOS ORGANISMOS AMBIENTALES Y LA CONTAMINACION PERSONAS CONSULTADAS BIBLIOGRAFIA ANEXOS Anexo 1: El sector agropecuario: importancia en la economía y probable evolución Anexo 2: Listado de plaguicidas prohibidos SIGLAS MAS USADAS FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos MS: Ministerio de Salud INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ISCAMEN: Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza OMC: Organización Mundial del Comercio OMS: Organización Mundial de la Salud PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PROSAP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (SAGPyA)


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SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos SICOFHOR: Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescos (SENASA) SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Ministerio de Trabajo) CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria NOA: Región Noroeste Argentino NEA: Región Noreste Argentino


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Mapa 1 La República Argentina. División Política y países limítrofes


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NATURALEZA DEL INFORME

Este Informe sobre el control de las plagas agrícolas es parte del Estudio Sectorial Rural, hecho por el Banco Mundial en colaboración con la FAO, a los fines de: i) actualizar el conocimiento del sector agropecuario argentino; ii) ayudar en el diálogo del Banco y los organismos gubernamentales y, iii) mejorar el enfoque estratégico de los programas para el sector rural1. Centrado en la evaluación del crecimiento de la producción agropecuaria y en el estado de la pobreza rural, el Estudio Sectorial aborda, en forma específica, estos temas: Comercio Exterior; Agricultura Irrigada; Expansión de la Frontera Agrícola; Régimen Tributario; Agricultura de Contrato; Pobreza Rural; Control de las Plagas en la Agricultura y Calidad y Sanidad de los Agroalimentos. Para todos estos temas se han elaborado los correspondientes documentos.

El fin particular del presente Informe fue evaluar el papel que juega el control de las

plagas agrícolas en la sostenibilidad del crecimiento sectorial. Los planos de análisis considerados en su elaboración fueron tres:

La lucha contra las plagas como factor del proceso de

producción agrícola (Capítulo I).

Los impactos de ese control en la salud de los trabajadores, el ambiente rural y sus pobladores, los recursos naturales y la calidad de los alimentos (Capítulo II).

El papel del Estado y los particulares en la administración y

fiscalización de esos procesos (Capítulo III). Los principales interrogantes que guiaron el trabajo en el primer plano fueron: ¿Cuál es

la importancia económica de las plagas en la agricultura? ¿Pueden afectar al crecimiento sectorial? ¿Son accesibles las técnicas de control de plagas a todos los productores? ¿La aparición de nuevas plagas y los casos de resistencia a los plaguicidas, tendrán impacto económico en el sector? ¿Cuáles son las tendencias del mercado de plaguicidas? El análisis del impacto del control de plagas fue guiado por estas preguntas: ¿Es adecuado el conocimiento existente sobre los efectos tóxicos de los plaguicidas en el trabajador y en el poblador rural? ¿Cuál es la magnitud actual de la contaminación de aguas y suelos y de la mortandad de fauna, en el medio rural? ¿Son inocuos los alimentos para el consumidor y adecuados a las exigencias de las normas internacionales?

El papel del Estado y los particulares en el control de plagas y en sus efectos, fue

analizado en sus facetas legales e institucionales, desde tres ángulos: la prevención y asistencia

1 El responsable técnico del Informe es Miguel Huerga, consultor FAO y Sebastián San Juan fue asistente de investigación, contratado por el Banco Mundial.


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al público; la promoción y capacitación en las técnicas de control de plagas y la prevención de sus posibles daños y la fiscalización del uso correcto de plaguicidas. Las cuestiones a responder giraron alrededor de esta pregunta: ¿Las intervenciones que hace el Estado para mitigar esos efectos perjudiciales del control de plagas, son adecuadas y alcanzan a todos los involucrados? Es importante señalar, con relación a la evaluación de la capacidad institucional de los organismos públicos encargados del sector, que este Informe se restringió a un somero análisis de sus principales fortalezas y debilidades. Dos fueron las razones: i) el Estudio Sectorial incluyó un área específica para el tema (Calidad y Sanidad de los Agroalimentos) y, ii) una evaluación amplia y profunda del tema, acorde a la crisis política, económica e institucional que vivió la Argentina, escapó a los fines fijados a este Informe.

Con el fin de actualizar el conocimiento sobre el sector agropecuario, uno de los objetivos del Estudio, el trabajo procuró identificar todas las fuentes interesantes de información sobre el control de las plagas de la agricultura y la seguridad del trabajador rural, incluyendo estadísticas, censos y resultados de investigaciones; leyes y normas vigentes; instituciones privadas y públicas, de la administración central y de las provincias. Se aprovecharon diversas investigaciones sobre el tema de referencia y los datos provenientes de censos (Población 1991 y 2001 y Agropecuario 2002) del INDEC, los registros del Ministerio de Salud y las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y del SENASA. Otra valiosa información fue la extraída de los proyectos del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP/SAGPyA), en especial, los resultados de las encuestas a los productores. Los conceptos y normas de carácter internacional, fueron extraídos de la numerosa bibliografía temática que tiene publicada la FAO; muchas de estas obras, fueron elaboradas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (ver bibliografía).

El Informe fue hecho gracias a la colaboración de numerosos personas de organismos

públicos y privados; no debe culpárselos por las conclusiones que aquí se presentan. También debe indicarse que se tropezó con algunos obstáculos en la obtención de información pública, en especial con aquella referida a las intoxicaciones crónicas del trabajador rural, al control de los plaguicidas y a los procedimientos de los mercados de concentración.

Debe resaltarse que no han sido tratados con la profundidad necesaria, ciertos temas de

indudable importancia: i) el destino final de los plaguicidas obsoletos o degradados, sujetos de un reciente programa de la FAO; ii) la higiene y seguridad del trabajador de la industria de agroquímicos y, iii) la capacidad institucional de los organismos públicos sectoriales. Además, con relación a la investigación en sanidad vegetal, sólo se identificaron las necesidades, sin evaluarse los organismos que la ejecutan, ni sus programas y prioridades de estudio. Otro tanto ocurrió con la profusa legislación fitosanitaria nacional y provincial: se hizo una identificación de las normas vigentes y un análisis preliminar de las más importantes pero cabría hacer una evaluación integral. Por último, para el análisis de los procedimientos aplicados en el control de los alimentos frescos, se encontraron ciertas dificultades para obtener información sobre los procesos vigentes.


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En el texto de este Informe se apela con frecuencia al ejemplo de la Región denominada Alto Valle del Río Negro, por estas razones: i) es una amplio valle irrigado de casi 700 km², que abarca a dos Provincias (Río Negro y Neuquén), dedicado a la producción frutihortícola intensiva, actividad que tiene un peso gravitante en las economías de las provincias y en las exportaciones del sector agropecuario argentino; ii) en la zona, desde 1920 se están usando plaguicidas para controlar las plagas de las manzanas y las peras y, iii) existen instituciones de excelencia en los temas de referencia (la Universidad Nacional del Comahue, la Estación Alto Valle del INTA y el Centro de Investigación y Asistencia a la Industria del INTI). Se puede observar en el Alto Valle, una amplia gama de oportunidades y problemas, éxitos y fracasos, en la agricultura intensiva y en el uso de agroquímicos. También se hacen repetidas referencias a la horti-fruticultura de la Provincia de Mendoza, otra importante zona de producción de la Argentina que tiene un organismo público dedicado a la sanidad y calidad vegetal, ampliamente reconocido en el exterior y en el País: el Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza (ISCAMen).

Es importante agregar que la SAGPyA y el Banco Mundial hicieron un Seminario

Taller, los días 9 y 10 de diciembre de 2004, al que asistieron numerosos técnicos y funcionarios del sector agropecuario, para discutir los trabajos que componen el Estudio Sectorial. Esta versión del Informe sobre Control de las Plagas en la Agricultura, tiene incorporadas las modificaciones sugeridas y discutidas en el curso de ese Seminario Taller.

La exposición del Informe está organizada así: i) en los tres apartados iniciales se

presentan un glosario sobre los términos técnicos usados, la síntesis de los principales hallazgos y conclusiones del trabajo y las sugerencias para una política de control de plagas; ii) luego, pueden encontrarse los tres capítulos correspondientes al detalle de los grandes temas del Informe (la producción vegetal y las plagas de la agricultura; los efectos del control de plagas y del uso de plaguicidas y el papel del Estado y de los particulares en el control de las plagas) y, iii) por último, hay dos anexos con información y la bibliografía.

Se ha procurado tratar en el Informe todos los aspectos del control de las plagas en la

agricultura en forma integrada. Esto exige observar la realidad con equilibrio, para atravesar puente muy estrecho; a un lado, se puede caer en la utopía de alimentar al mundo con una agricultura sin plaguicidas y al otro, en el pragmatismo hipócrita de negar los nocivos efectos de los plaguicidas en el trabajador rural y en la vida silvestre.


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PLAGAS Y PLAGUICIDAS Definiciones básicas

Estos términos legales y técnicos, incluidos con el fin de hacer más comprensible el

Informe, fueron extraídos de la legislación argentina vigente, las normas internacionales y la bibliografía reconocida. Se han agregado además, conceptos aplicados por la FAO, organismo de las Naciones Unidas dedicado a la agricultura y a la alimentación y por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), organismo que, coordinado por la FAO, rige los aspectos sanitarios y de calidad, del comercio de vegetales, en el marco de las reglas y normas generales de la Organización Mundial del Comercio.

Plaga es, de acuerdo a los documentos de la CIPF, cualquier especie, raza o biotipo

vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o los productos vegetales. Cuarentena vegetal es toda actividad destinada a prevenir la introducción o diseminación de plagas cuarentenarias o para asegurar su control. Plaga cuarentenaria es aquella de importancia económica potencial para un área determinada (región, provincia, país) cuando aún esa plaga no existe o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. Plaga no cuarentenaria reglamentada: su presencia en las plantas influye en el uso propuesto para las mismas, con repercusiones económicamente inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora2. Es necesario reiterar que este Informe está referido exclusivamente a los vegetales cultivados y no considera las plagas que afectan a los animales.

Plagas cuarentenarias de importancia económica para la Argentina son: i) Mosca de

los Frutos, conjunto de especies que, en el país, agrupa a la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), distribuida en todo el territorio argentino, salvo en áreas libres de la Patagonia y Mendoza y la Mosca Americana (Anastrepha fraterculus), restringida a las Regiones NEA y NOA; ii) Carpocapsa o Gusano de la Pera y la Manzana (Cydia pomonella) que ataca también a los nogales de las Regiones de Cuyo y del NOA; iii) Cancrosis de los Cítricos (Xanthomonas axonopodis), bacteria que no provoca grandes pérdidas físicas pero sí severas restricciones para la importación en la Comunidad Europea y, en especial España; iv) Mancha Negra (Guignardia citricarpa), hongo que afecta a los cítricos en forma similar a la Cancrosis y vi) Picudo del Algodonero (Anthonomus grandis), insecto que desvasta los algodonales del Paraguay y el Brasil pero todavía no ha tenido un ingreso masivo a la Provincia del Chaco, principal estado en el cultivo de esa planta textil. La Roya Asiática de la Soja (Phakospora pachyrhizi) es una plaga de reciente aparición que amenaza al cultivo de mayor importancia económica de la Argentina y tiene mayor virulencia que la Roya Americana (Ph. meibonniae). No es plaga cuarentenaria y en el país no tiene carácter obligatorio su control sino la denuncia de aparición o focos de ataque.

2 “Convención Internacional de Protección Fitosanitaria”. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Nuevo texto revisado. Roma, 1999.


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La Argentina, como país adherente de la CIPF, debe observar las definiciones contenidas en los documentos de la Convención, mayormente dirigidas al comercio internacional y al control de las plagas; algunas fueron citadas en los párrafos precedentes. Hay en el país además, determinadas especies vegetales o animales que son consideradas como plagas nacionales y para las cuales han sido promulgadas leyes de alcance federal que, entre otros aspectos, hacen obligatorio su combate, control o denuncia, por parte de los propietarios de establecimientos agropecuarios, por terceros o por el propio Estado. El marco legal para este control está contenido en el Decreto Ley 6.704/63 y el Decreto Reglamentario 8.967/63. El primero establece el procedimiento para la lucha contra las plagas y el segundo, determina la autoridad de aplicación y detalla los pasos del procedimiento fijado por el Decreto 6.704.

Plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir

o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas y animales que causan perjuicios o que interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas (incluye no alimenticios como el algodón, remolacha azucarera y otros), madera o alimentos para animales o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas. El termino incluye las sustancias usadas como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de frutas o evitar la caída prematura de frutas y las sustancias usadas antes o después de las cosechas para proteger a los productos de la deterioración durante el transporte y almacenamiento3.

Producto fitosanitario para el SENASA, es cualquier sustancia, agente biológico, mezcla de sustancias o de agentes biológicos destinada a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de plantas, animales o microorganismos que causan perjuicio o interferencia negativa en la producción, elaboración o almacenamiento de vegetales y sus productos. El término incluye coadyuvantes, fitorreguladores, desecantes y las sustancias aplicadas a los vegetales pre y post-cosecha para protegerlos contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte4.

El análisis fitosanitario que se hace en este Informe, requiere también una resumida

mención de los posibles métodos de control de plagas y enfermedades. En primer lugar, los documentos de la CIPF, definen como control de una plaga a la supresión, contención o erradicación de una población de plagas y al control oficial, como la observancia de la reglamentación fitosanitaria y la aplicación de procedimientos fitosanitarios obligatorios, con el objeto de erradicar o contener plagas cuarentenarias o cuarentenarias reglamentadas. Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria es el servicio oficial establecido por un gobierno para desempeñar las funciones especificadas por la CIPF; en el caso de la Argentina

3 “Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en la agricultura”. OMS y PNUMA. Ginebra, 1992. 4 Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur - COSAVE - Agosto 2000.


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es el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos (SAGPyA).

Los métodos y prácticas para el control de las plagas son numerosos, desde el simple

Control Químico Indiscriminado hasta el más complejo Manejo Integrado de Plagas. El primer método se basa en aplicaciones repetidas de un conjunto variable de plaguicidas de amplio espectro, con dosis predeterminadas, según un calendario de los cultivos y las plagas que potencialmente los afectan. Estos tratamientos se aplican según el calendario, aún cuando la plaga o enfermedad no esté presente en el cultivo. Este método es eficaz contra la plaga que se pretende combatir y de adopción y ejecución sencillas para el agricultor. Desde otra óptica, entre los métodos conocidos, es el que mayores probabilidades tiene de producir efectos perjudiciales variados, por su énfasis en el uso de plaguicidas: i) puede generar resistencia al agroquímico en la propia plaga; ii) este efecto a su vez, acarrea aumentos crecientes de costos de producción; iii) afecta la salud del productor y del trabajador rural, en caso de que no se practiquen estrictas medidas de seguridad; iv) es posible que afecte a las poblaciones aledañas, en especial cuando se usa la aplicación aérea y v) en general, puede producir diversos impactos ambientales negativos, como contaminación del agua y del suelo, reducción de la biodiversidad y de la fauna predatora de la propia plaga.

El Manejo Integrado de Plagas (MIP), en el otro extremo, ha sido adoptado por la

FAO como base científica, conceptual y operativa en su área de protección vegetal. El MIP integra diversas prácticas, instrumentos y materiales de control, incluyendo la consideración de los enemigos naturales de las plagas, la rotación de cultivos y el uso de variedades resistentes a las plagas, sin excluir el uso de plaguicidas. En una publicación de la FAO, se agrega esta sencilla pero elocuente definición del MIP, contenida en una revista de Indonesia: “El programa del MIP ofrece a los agricultores, los medios para tomar decisiones informadas, para que no desperdicien sus recursos ni pongan en peligro su salud, ni dañen sus cultivos o el medio ambiente”. Pero es un método que tiene complejidades difíciles de encarar por los productores al momento de ponerlo en práctica, en especial, por los menos capacitados y los más pobres.

Un concepto fundamental del MIP y que puede ser puesto en práctica de manera

individual o aislada, es el de Daño Económico. Este término alude no sólo a la presencia de la plaga produciendo una lesión en el vegetal, sino y especialmente, al perjuicio en la cantidad y, o calidad de la cosecha esperada. El Umbral de Daño Económico (UDE) es definido así: valor de la intensidad de la plaga que causa pérdidas económicas en un cultivo, equivalentes al costo de aplicación del plaguicida. Un concepto complementario y operativo es el Umbral de Acción (UDA), también llamado de Tratamiento, que es definido así: valor de la intensidad de plaga donde el control debe ser aplicado para evitar que se exceda el UDE. Para aplicar este concepto hay que hacer Monitoreo de Plagas, práctica que le permite al agricultor determinar el momento oportuno para aplicar un plaguicida, escoger el método y el principio activo más adecuado y también, identificar problemas en el proceso de aplicación, para solucionarlos. Se basa en el conocimiento de la sanidad del cultivo y la estricta observancia de la aparición y evolución de plagas y enfermedades en el área monitoreada.


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Entre esos dos extremos de control de plagas existen otros como el Control Químico

Dirigido y la Protección Integrada. En esta descripción sucinta de los métodos de control, deben destacarse las técnicas no agresivas del ambiente que varían desde los trampeos, la rotación de cultivos, el empleo de variedades resistentes y el uso de plaguicidas inocuos para el medio o de menor agresividad, como los piretroides, hasta llegar a métodos sofisticados como las Técnicas del Insecto Estéril (TIE) y de Confusión Sexual (TCS), actualmente aplicadas en la fruticultura del país. Por último hay que agregar que el uso adecuado de los plaguicidas no termina con la aplicación en el campo, sino que incluye la protección de los aplicadores y el destino final de los envases, entre otras prácticas dirigidas a mitigar los efectos perjudiciales del control químico de plagas en la agricultura.


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SINTESIS DE LOS HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

Las plagas y enfermedades de la agricultura, desde una óptica productiva, difícilmente

configuran, en la actualidad, un obstáculo insuperable para el desarrollo de la actividad, en la mayoría de los países con tradición técnica en ese rubro productivo, afirmación que cabe para la agricultura actual de la Argentina. Esta es la principal conclusión del Informe, de acuerdo a los objetivos generales que se le habían fijado.

No obstante esto y considerando las políticas vigentes para el sector agropecuario

dirigidas a mejorar la competitividad de las agroexportaciones y la oferta de empleo en las provincias menos desarrolladas, es necesario destacar que los principales programas fitosanitarios tienen notables carencias en cuanto a la calidad de la asistencia técnica y a su extensión a todos los productores, en especial los que procuran controlar a la Mosca de los Frutos, la Cancrosis de los Cítricos y la Carpocapsa.

Hay que considerar, en otro plano no menos importante, que el control de plagas puede

provocar dos grandes tipos de efectos perjudiciales: i) intoxicaciones en el trabajador rural y en la población del campo y, ii) contaminación del ambiente rural, los recursos naturales y los alimentos. En la actualidad, es posible mitigar estos efectos negativos con las técnicas disponibles, mediante acciones de fiscalización y control, educación y asistencia técnica, protección y capacitación, ejecutadas tanto por los particulares como por el Estado. Sin embargo, en la Argentina esta posibilidad no se concreta de acuerdo a las necesidades y es posible observar así, situaciones graves de inseguridad laboral del trabajador rural, falta de controles en el mercado de alimentos frescos y frecuentes casos de contaminación ambiental, causados por el uso de plaguicidas. Identificados los problemas y disponibles las soluciones técnicas ¿porque no se aplican? Esas soluciones tienen costos: ¿quiénes deberían pagarlos, están dispuestos a hacerlo? Estas tal vez sean, las dos grandes cuestiones que debe responderse el Estado, como paso previo al mejoramiento de la situación actual de los afectados por el uso de plaguicidas.

Puede afirmarse así que el control de las plagas agrícolas tiene dos caras, de

imprescindible trato integrado. Por un lado, es indudable el importante papel que desempeña en los cultivos, al facilitar aumentos de la productividad de la tierra, mejoras en la conservación de las cosechas y por lo tanto, en la disponibilidad de alimentos, a la vez que disminuye la necesidad relativa de habilitar nuevas tierras para labrar. Pero también es innegable que la producción, transporte, aplicación, almacenamiento y destino final de los plaguicidas tiene efectos perjudiciales para la salud del trabajador rural y el habitante del campo, la conservación de la fauna y los recursos naturales y la inocuidad de los alimentos.


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Concluir que la sanidad vegetal debe tener un tratamiento que integre, en forma coherente y armónica, ambas facetas, parece ser una verdad de Perogrullo, En la Argentina, lamentablemente, el análisis de la situación lleva a concluir que esto no ocurre y que hay visiones muy restringidas y sectorializadas en las actividades que realizan diversos organismos públicos y privados.

Una síntesis de los principales hallazgos y conclusiones del Informe se presenta a continuación, dividida en los tres grandes planos de análisis del trabajo: la producción vegetal y las plagas de la agricultura; los efectos del control de plagas y del uso de plaguicidas y el papel del Estado y de los particulares en el control de las plagas. A. Producción vegetal y plagas de la agricultura

El status fitosanitario actual de la Argentina, como ya se indicó, no configura un

obstáculo determinante para el desarrollo de la agricultura. Es posible observar que: i) su mercado de agroquímicos está abasteciendo en forma regular a la demanda; ii) hay técnicas disponibles para un control racional y eficaz de todas las plagas; iii); se dispone de una base institucional para la programación y ejecución del control y, iv) existe una adecuada dotación de recursos humanos para la investigación y la transferencia de tecnología.

En el caso de la agricultura pampeana, los cultivos más importantes no presentan

problemas fitosanitarios graves en la actualidad y a mediano plazo. Es cierto que se instaló una plaga muy fuerte para la soja (Roya Asiática), pero hay medidas culturales y fungicidas para controlarla como asimismo, mecanismos probados de emergencia, con personal capacitado, tanto en los organismos públicos como en las organizaciones de productores. No obstante esto, deberán esperarse pérdidas mayores que las actuales, pero se prevé que no superarán a las que hoy produce la Roya del Trigo (15 a 20 %).

Las estimaciones indican que grosso modo, las pérdidas físicas en las cosechas, para la

soja y el girasol en todo el país, oscila en torno de 10 % y las de trigo y maíz, alrededor de 15 %. En el caso de los cultivos anuales extra-pampeanos, el algodón es el que tiene una amenaza concreta: el Picudo del Algodonero. Esta plaga, presente en el sur del Brasil y en el Paraguay (departamentos fronterizos con la Argentina) está siendo controlada en su ingreso al País5.

Los perjuicios actuales y las amenazas son mayores para la fruticultura. Las pérdidas

directas por las plagas se sitúan entre 15 % y 20 % de las cosechas físicas. En las peras y manzanas de la región Patagónica, las pérdidas anuales directas causadas por la Carpocapsa, son estimadas en usd$ 19 millones; en los cultivos de cítricos y frutales de carozo de las provincias del NOA y del NEA, se calcula que los perjuicios anuales directos de la Mosca de

5 Hay un foco en la zona fronteriza de la Provincia de Formosa con el Paraguay. Por otro lado, es necesario acotar que este cultivo pasó de un millón de hectáreas cultivadas a mediados de los ’90, a 300.000 hectáreas en el 2002.


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los Frutos alcanzan a usd$ 21 millones y la Cancrosis de los Cítricos, produce un daño anual de usd$ 36 millones.

Existe además, un perjuicio indirecto para los productores y los comerciantes, por

aumentos de costos, causados por restricciones cuarentenarias en el comercio internacional e interno de frutas, entre regiones afectadas en forma diferente por plagas o enfermedades (pej. rechazos de envíos o, en algunos casos, por la necesidad de realizar tratamientos cuarentenarios, de acuerdo a las normas del SENASA y la Organización Mundial de Comercio)6. Estos aspectos fitosanitarios del comercio internacional son importantes para la fruticultura argentina, porque las mayores posibilidades de expansión de las ventas están en las exportaciones al hemisferio norte, debido a las reducidas dimensiones del mercado interno.

La adopción de prácticas de control de plagas menos agresivas para la salud y el

ambiente por parte de los productores, es baja. De las seis prácticas relevadas por el Censo Nacional Agropecuario 2002, sólo tiene una frecuencia elevada el “monitoreo de plagas” (40 % de los establecimientos censados) y es muy baja la “protección de los trabajadores que aplican plaguicidas” (alrededor de 10 % de los establecimientos). Puede afirmarse que este hecho está agravado por las características de los equipos de protección usuales, por lo general obsoletos o calibrados en forma incorrecta.

Un factor clave en la adopción de las diferentes técnicas de control de plagas, es la

condición socioeconómica del productor. Como ejemplo puede citarse a la fruticultura del Alto Valle (Provincia de R. Negro), donde hay una marcada división entre productores evolucionados que, entre otros aspectos, realizan las prácticas adecuadas y los pequeños y medianos productores empobrecidos (en especial después de la crisis 2001/02) que sobreviven en un gran atraso tecnológico o han abandonado sus chacras. Así, es posible encontrar en el Alto Valle: i) montes frutales abandonados y en riesgo fitosanitario, hospederos de plagas; ii) montes conducidos en sistemas tradicionales, que impiden la correcta aplicación de plaguicidas por la altura y frondosidad de los árboles y iii) deficiencias en los equipos fitosanitarios y discontinuidades en las aplicaciones, por falta de recursos. Como se podrá concluir, estas condiciones imperantes entre los productores más pobres, afecta al conjunto de los que adoptaron prácticas de control eficientes. Cualquier solución fitosanitaria exigirá, además del mejoramiento de los actuales procesos de control, una articulación equitativa entre los diferentes estratos de productores, los agentes de comercialización, frecuentemente productores y el Estado, no sólo en su papel de árbitro sino también, como ejecutor de acciones de apoyo a los productores más pobres.

La evolución del mercado de productos fitosanitarios en la última década muestra que:

i) hasta 1999, hubo un aumento de la demanda, en especial de los herbicidas; ii) en el periodo

6 La Argentina tiene restricciones fitosanitarias por plagas cuarentenarias con los más importantes mercados, entre los que deben señalarse: i) Estados Unidos (Mosca de los Frutos); ii) China (Carpocapsa en peras y manzanas y Mosca de los Frutos); iii) Brasil (manzanas y peras por Carpocapsa); iv) Japón (Mosca de los Frutos y Carpocapsa) y v) Comunidad Europea (Cancrosis y Mancha de los Cítricos). En la Argentina, los cítricos de la Región Nordeste para entrar en las áreas libres de Mosca de los Frutos (La Patagonia y Mendoza), deben ser sometidos a severos y caros tratamientos cuarentenarios.


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2000 a 2002, ocurrió una caída en el total de ventas, debido a la grave crisis económica y política que vivió el País y, iii) en 2003 hubo una marcada recuperación, equivalente a un crecimiento de 32 %, en la cantidad total comercializada y de 9 %, en el valor monetario del mercado. La cantidad física comerciada se ha triplicado en la última década, con un notable aumento para los insumos de la siembra directa, en especial del herbicida Glifosato que se aplica en la soja y en los barbechos químicos. Es necesario agregar que existe una cuestión de difícil comprobación pero de enorme importancia para la salud de la población y la inocuidad de los alimentos: el comercio ilícito de plaguicidas prohibidos o su desvío para otros usos que los permitidos en su registro. En un documento del Programa Nacional de Riesgos Químicos, del Ministerio de Salud, se identifican a los siguientes principios activos como objetos de comercio ilegal en la Argentina: Pentaclorofenol, Parathión, DDT, HCH y Alar (Daminozide, fitorregulador), en los montes frutales, en especial de peras y manzanas.

B. Efectos del control de plagas y del uso de plaguicidas No hay suficiente información epidemiológica o registros de los perjuicios de los

plaguicidas en la salud humana. Los existentes se refieren a las exposiciones agudas (intencionales o no) aunque se considera que las situaciones de toxicidad crónica son de mayor ocurrencia. El diagnóstico que tiene el Ministerio de Salud señala: i) la información existente no evidencia la magnitud real del problema en salud y ambiente; ii) no hay políticas sanitarias acordes al grave problema y iii) los sistemas de vigilancia existentes, tienen importantes subregistros, subdiagnósticos y subnotificaciones por desconocimiento en la población, déficit en los equipos de salud para la detección, manejo y prevención y otras razones. En este marco, debe señalarse que con la prohibición dictada en el País, para el uso de gran parte de los plaguicidas organoclorados y el Paratión (organofosforado), bajaron las muertes ocasionadas por intoxicaciones agudas con plaguicidas7.

La seguridad frente a los peligros de plaguicidas para la gente que trabaja es débil, aún

cuando esté formalmente amparada por las Leyes Nacionales Nº 19.875 “Higiene y Seguridad del Trabajo”(Decreto Reglamentario Nº 351/79) y Nº 24.577 “Riesgos del Trabajo” y por el Decreto Nº 617/97 “Reglamento de higiene y seguridad para la actividad agraria”8. Pero en la Argentina, donde el ingreso y los derechos sociales de los trabajadores se están deteriorando desde la década del ’50, la gente del campo vive particulares condiciones de inseguridad y de falta de higiene, en especial con relación a la exposición a los plaguicidas. La población rural económicamente activa (PEA) del año 2001 era de 1.359.241 y en el año 1991, de 1.364.870 (46 % asalariados), pero hay en la actualidad, sólo 248.036 trabajadores asegurados en el 7 Las exposiciones de personas a los plaguicidas pueden resumirse en: i) las intencionales (suicidios y homicidios) y ii) las no intencionales, que son profesionales (las que sufre el trabajador rural) o casuales (las que afectan por ejemplo, a la gente de los pequeños pueblos, aledaños a cultivos que reciben aplicaciones de plaguicidas). Estas exposiciones conducen a intoxicaciones agudas (dosis masivas en corto tiempo) o a crónicas, por exposiciones prolongadas aunque a dosis bajas, sin sintomatología clara. Estas últimas son las más frecuentes y las que presentan mayores dificultades para el diagnóstico o para la denuncia por parte del afectado. En esta categoría, habría que incluir a la intoxicación provocada por la ingestión regular de alimentos con residuos de plaguicidas. 8 Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional para unificar esa normativa con beneficios para el trabajador rural.


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sector de actividad “agricultura, caza, silvicultura y pesca”; son los trabajadores reconocidos o en “blanco”. Además, las aseguradoras trabajan fundamentalmente con el denominado “accidente de trabajo” (equivale a la intoxicación aguda) y no con las “enfermedades profesionales” (que corresponden, entre otras, a la intoxicación crónica). Así, este tipo de intoxicación no queda debidamente consignada en los registros oficiales y para agravar la situación, se unen a esto, la dificultad en diagnosticarla y la ignorancia en el tema, de los propios trabajadores rurales y los agentes de salud pública.

Las estadísticas que publica la Superintendencia de Riesgos del Trabajo permiten una

comparación de los accidentes y muertes en el sector agrícola con los generales; en prácticamente todos los rubros, el trabajador rural es uno de los más expuestos o accidentados. En este marco, los siniestros o accidentes causados por plaguicidas, son reducidos en el universo de los trabajadores rurales reconocidos y asegurados: el contacto con productos químicos no suma más de 2 % de los siniestros y las intoxicaciones no llegan a 2 %. Llama la atención teniendo en cuenta la baja adopción existente de las prácticas de protección entre los productores y, además, se reitera que estos datos corresponden a intoxicaciones agudas.

En la Argentina, sólo tres de los grandes mercados mayoristas de frutas y verduras

tienen un procedimiento para determinar residuos de plaguicidas y microorganismos: el Mercado Central de Buenos Aires y los de las ciudades de La Plata (Capital de la Provincia de Buenos Aires) y Río Cuarto (Provincia de Córdoba). Los restantes grandes conglomerados urbanos, como Rosario, Córdoba o Bahía Blanca, no tienen una estructura (laboratorios y operadores), para determinar residuos en frutas y verduras o si la poseen, no hay acciones concretas en la línea de referencia. Más aún, el hecho de que el Mercado de Buenos Aires sólo atienda a la mitad aproximadamente, de la demanda de la Región Metropolitana, perjudica el control de la calidad de los vegetales frescos ya que, los productores que no guardan los tiempos de carencia, no practican las debidas verificaciones de calidad o no realizan buenas prácticas de producción, pueden encaminar sus frutas y verduras hacia los restantes mercados mayoristas que operan en el Gran Buenos Aires. En algunos grandes supermercados se está empezando a controlar la calidad e inocuidad de los vegetales frescos.

En términos de volumen decomisado, incluyendo los intervenidos por residuos de

plaguicidas, se llega al 1 % del total ingresado al Mercado Central de Buenos Aires (14.000 toneladas anuales). Cabe acotar que los mayores porcentajes están representados por problemas de condición (deshidratación y podredumbres) y, en segundo lugar, por defectos de calidad. La cantidad decomisada por residuos de plaguicidas es muy baja, comparada con las otras causas.

Hay dos grandes tipos de contaminación ambiental por plaguicidas: i) episodios de

derrames accidentales, derivas de fumigaciones o similares, que son localizados, generalmente graves y pueden ocurrir incluso, fuera de las fincas agrícolas y aún, del medio rural y, ii) los continuos, en concentraciones menores, debidos a las aplicaciones periódicas de plaguicidas en los propios cultivos. Estos últimos y, en especial la contaminación del agua, han sido


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considerados como objeto de mayor atención en este Informe, por estar directamente relacionados con los procesos de producción agrícolas.

Se encontraron diversos estudios, con análisis de aguas o de barros y lodos, donde se

indica la presencia de plaguicidas como contaminantes, pero nunca en valores que exceden a los patrones de calidad universalmente aceptados. Se consideraron estudios hechos para el Alto Valle del Río Negro, Mendoza, Santa Fe y determinaciones de plaguicidas en el Río de la Plata. Estos son los únicos casos de estudio de contaminación de las aguas por plaguicidas que exceden el dominio de la finca.

C. El papel del Estado en el control de las plagas Una evaluación adecuada del papel del Estado en el control de plagas, exige considerar

a todos sus planos de intervención y las formas de articulación de todos los agentes: i) el control de las plagas en general, incluyendo el de las vectoras de enfermedades del hombre; ii) el control de las plagas agrícolas en particular, tema principal de este Informe; iii) la fiscalización de la sanidad y calidad de los alimentos y el problema de los residuos de plaguicidas; iv) la prevención del efecto de los plaguicidas en la salud humana; v) la mitigación del impacto ambiental del control de plagas y, vi) el manejo y control de todas las sustancias químicas peligrosas. Deberían analizarse por lo tanto, numerosos organismos, en la jurisdicción federal como en las provincias, sin dejar de considerar a las diversas organizaciones no gubernamentales. En este Informe no se pudo realizar una evaluación de la capacidad institucional de todos esos organismos, con la profundidad necesaria que el tema requiere. Así, sus conclusiones sobre las instituciones, deben considerarse como una primera aproximación al tema y una guía para estudios más amplios y profundos.

Es común observar, en primer lugar, la falta de coordinación interinstitucional,

elemento imprescindible para la eficacia de la intervención del Estado y para reducir el gasto público. Más aún, frente a determinados problemas del uso de plaguicidas, pueden indicarse casos de superposición de tareas junto a omisiones del Estado. Otro tanto puede concluirse de la legislación que respalda el accionar de las instituciones públicas y privadas, donde las superposiciones ocurren en una enorme cantidad de normas de todo tipo y alcance (leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, disposiciones), producidas por más de un organismo o, en el caso del SENASA, por la propia institución.

El control de plagas en general, es competencia compartida entre el Ministerio Salud,

por medio de varias Secretarías y direcciones y la SAGPyA, a través del SENASA e intervienen también los organismos provinciales y municipales afines. Se reitera que en este área pueden observarse superposiciones y para ciertos temas, omisiones. La sanidad vegetal agrícola en todos sus aspectos y en forma específica, es competencia del SENASA/SAGPyA. Sin embargo, el tratamiento de las intoxicaciones con plaguicidas en personas, está a cargo del Ministerio de Salud, con un sistema de vigilancia epidemiológica de reciente creación. Hay además, organismos provinciales para ambos pares federales. Para el control fitosanitario,


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coexisten normas de orden nacional e internacional y convenios suscritos por el País y la legislación interna de cada provincia. Es posible afirmar que ese amplio y diverso conjunto de leyes, resoluciones, normas y reglamentos, merece una actualización y eliminación de superposiciones.

La cuestión de los alimentos (sanidad y calidad) también es compartida por el

Ministerio de Salud y la SAGPyA; en forma simplificada puede decirse que el Ministerio se ocupa de los alimentos envasados y la SAGPyA, de los vendidos frescos o sin procesamiento industrial. Por último debe indicarse que en el Ministerio de Salud, hay un programa que se ocupa de la llamada gestión de todas las sustancias químicas (producción, almacenamiento, comercio, transporte y destino final), incluyendo a los plaguicidas como rubro de atención prioritaria.

La complejidad que ha adquirido el comercio mundial de alimentos, las exigencias

crecientes de los consumidores y la importancia que tiene el sector agropecuario en la economía argentina, exigen del SENASA, un papel de significativa importancia, basado en un conjunto de elementos legales, técnicos, financieros, operativos y administrativos adecuados. ¿En la actualidad, responde el SENASA a ese requerimiento del sector productivo y de los consumidores? Si bien la evaluación de la capacidad institucional del SENASA es objeto de otra área del Diagnóstico Sectorial, se indican en el cuadro siguiente, algunas características actuales de la Institución9.

Principales fortalezas y debilidades institucionales

del SENASA

FORTALEZAS * DEBILIDADES − Hay técnicos de adecuada preparación profesional y

dotados de experiencia, pero todos los diagnósticos apuntan a una carencia de personal, en especial en las tareas de fiscalización y control y en el interior del país.

− El SENASA no tiene una política de sanidad y calidad agroalimentaria ni un programa que la materialice, acordes a las necesidades actuales del mercado interno y las exportaciones. No hay integración interna de acciones.

− Hay reconocimiento internacional hacia la institución, en especial en la Comunidad Europea, empañado con el ocultamiento del rebrote de la Aftosa, en 2001.

− Hay una indefinición del contenido y alcances de los conceptos de “descentralización” y “regionalización” para renovar la estructura del organismo.

− El personal de laboratorios tiene un buen nivel técnico pero adolece de la infraestructura y equipamiento para cubrir todas sus funciones.

− Presenta carencias en la infraestructura física y el equipamiento (sede central y delegaciones) y deficiencias de organización interna del personal.

− El presupuesto no se ajusta a las necesidades y funciones de la Institución. No hay presupuestación por programa.

− Hay una enorme brecha entre la capacidad técnica del personal y los procedimientos organizativos, incluyendo en esto al Sistema de Control de Gestión Institucional.

* En rigor, en la descripción de estas categorías, a sus fortalezas también hay que agregar debilidades.

9 En la actualidad se está discutiendo una propuesta de reestructuración del SENASA que comprende básicamente a su fuente de financiamiento (uso de tasas sobre las exportaciones agropecuarias) y a la composición de su Consejo de Administración (retiro de las organizaciones de productores).


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Por último, con relación a los dos principales programas nacionales de lucha contra las plagas ejecutados actualmente por el SENASA - Mosca de los Frutos y Carpocapsa - puede afirmarse que, si bien se han logrado ciertos éxitos, éstos no son comparables a los obtenidos con el Plan de Lucha contra la Fiebre Aftosa, también ejecutado por el Servicio. Ocurrieron graves inconvenientes con las exportaciones de peras y manzanas al Brasil por la presencia de Carpocapsa en el 2002 y persisten las restricciones por Mosca de los Frutos para los embarques hacia varios países asiáticos. En el organismo se está preparando un programa de sanidad vegetal, con alcance nacional, para consolidar y expandir a todo el país, las acciones de dos de esas actividades de control: el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM) y el Programa Nacional de Supresión de la Carpocaspa (PNSC).


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SUGERENCIAS PARA UNA POLITICA DE CONTROL DE PLAGAS

Una política pública integral de sanidad vegetal es imprescindible por cinco importantes aspectos de la realidad social y económica de la Argentina actual:

el decisivo papel que juega la fitosanidad en las exigencias del

comercio internacional; la importancia de la inocuidad de los alimentos, en la calidad de la

dieta y en la competitividad de las exportaciones de vegetales frescos; la necesidad de significativas mejoras que exige en la actualidad, todo

lo relacionado con la seguridad del trabajador rural; la calidad ambiental de la población rural y los pequeños

asentamientos urbanos y, la conservación de los recursos naturales, en especial el agua.

Poner en práctica una política de esa naturaleza exigirá del Estado y de los particulares,

una inversión significativa, sobre todo si se considera la reciente crisis económica. Por esto, la elaboración de diagnósticos precisos y participativos, la identificación de prioridades basadas en criterios técnicos consensuados entre el Estado y los particulares y el consecuente diseño de intervenciones ajustadas a la disponibilidad de recursos y de probada calidad técnica, han adquirido una importancia decisiva para la administración del Estado y de las empresas agropecuarias, en especial las pequeñas y medianas.

En este apartado, se desarrollan algunas sugerencias para los organismos competentes

del Estado, expuestas en dos conjuntos: i) asuntos y áreas prioritarias para una política fitosanitaria y ii) la función “políticas de sanidad vegetal y control de plagas” en la SAGPyA. En el primero se describen los principales elementos y lineamientos de políticas, para mejorar la actuación del Estado en las cuestiones de referencia. El segundo conjunto contiene una propuesta concreta para la SAGPyA: la Unidad de Políticas de Sanidad Vegetal y Control de Plagas.

A. Asuntos y áreas de atención prioritaria 1. Elementos para considerar en el diseño de las políticas Es necesario reconocer en primer término, que para el tema de referencia, no existe en

el Estado el conocimiento necesario para una intervención integrada ni para mejorar las dispersas acciones actuales. Por este motivo, es recomendable realizar un estudio que tenga


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como principal resultado, un diagnóstico integral de todas las cuestiones relacionadas con el control de las plagas y sus efectos y determinantes10.

Un producto imprescindible del estudio será la identificación territorial y definición

de prioridad de los problemas, para la atención por parte del Estado, con criterios definidos en acuerdo, entre los organismos públicos competentes y las organizaciones no gubernamentales, tanto del plano nacional como provincial. Además, el diagnóstico mencionado debería contener un análisis de los déficit de capacidad institucional de los organismos que están actuando o deberían actuar y una evaluación de las superposiciones y omisiones institucionales más relevantes. El estudio debería incluir un conjunto de medidas para mitigar los impactos negativos, con costos y beneficios cuantificados. En resumen, un plan o programa de control de plagas, de alcance federal.

Otro aspecto no menos importante, a considerar en la preparación y ejecución de las

políticas, es la participación de los productores y consumidores, tanto los “beneficiarios” como las “víctimas” de las intervenciones. En este sentido deberán considerarse las organizaciones de productores y los mecanismos de su participación o contribución, en la amortización de las inversiones públicas. Hay suficientes experiencias en la Argentina como para extraer ricas conclusiones sobre éxitos y fracasos.

La relación con otras políticas públicas también es un elemento fundamental a

considerar11. Deberán tenerse en cuenta por ejemplo, las intervenciones para la mejora de la infraestructura productiva (pej. riego y electrificación), uno de los pocos incentivos que puede brindar el Estado en la actualidad, para promover aumentos de producción y, consecuentemente, del uso de plaguicidas. Por el contrario, intervenciones públicas dirigidas al cuidado del ambiente y sus recursos naturales, obrarán como controles del uso adecuado de plaguicidas.

El desarrollo de los mercados puede obrar en dos sentidos: promover un aumento de

la producción por precios retributivos y, por lo tanto, incentivar el uso de plaguicidas o restringir su uso, debido a normas severas sobre presencia de residuos de plaguicidas en alimentos frescos o bien, por exigencias de sustentabilidad ambiental en las áreas productoras. Por último, las políticas dedicadas a los equipos e insumos agropecuarios, en especial las maquinarias, también pueden tener dos efectos opuestos: la asistencia técnica y las facilidades para mejorar equipos de aplicación y las propias prácticas, reducirán el consumo de plaguicidas y, por el contrario, las facilidades para la adquisición, sin las debidas exigencias en el sentido de disminuir el consumo vía mejoramiento de la eficiencia de aplicación (pej. el 10 No se desconoce la escéptica recepción que puede tener una recomendación de política que comience con la propuesta de un diagnóstico; pero en el caso del control de las plagas es ineludible. Se reitera, por ejemplo, la falta de información existente sobre intoxicaciones crónicas en el campo, como la insignificancia de las actuales acciones de difusión de los peligros de la aplicación de los plaguicidas y de las dirigidas a capacitar a los trabajadores en su propia protección. 11 Por lo general, las experiencias indican que toda política de incentivo a la producción (precios sostén, reintegros y otros modismos), incentivan el uso plaguicidas y hasta el derroche, sin exigir al mismo tiempo, cuidados hacia la seguridad del trabajador ni la calidad ambiental. Estas políticas de subsidios, sin embargo, no son comunes en los países pobres de América del Sur como ocurre en la Comunidad Europea, Estados Unidos u otros países ricos.


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calibrado de las máquinas), podría conducir a un aumento del consumo y de la contaminación ambiental.

La diversidad ecológica y de productores, es otro aspecto fundamental a tener en

cuenta en el diseño o la evaluación de políticas, más aún en países de gran variedad climática como la Argentina. No sólo se hace referencia a las fácilmente observables entre regiones o rubros (pej. pequeños tabacaleros del Noroeste y los sojeros de la Región Pampeana), sino y especialmente, a las que ocurren entre productores dedicados al mismo rubro productivo y, por lo tanto a las mismas plagas y a los mismos costos de su control. Ejemplos claros en este sentido son los productores de peras y manzanas del norte de la Patagonia y los citricultores de las Regiones Nordeste y Noroeste del País.

Por último, la actual debilidad de los organismos públicos nacionales y provinciales,

en términos técnicos, organizativos y presupuestarios unida a la falta de una fluida articulación interinstitucional, incluso con los particulares, son elementos esenciales para tener en cuenta en la preparación de políticas realistas y ejecutables con una cierta probabilidad de éxito.

2. Líneas prioritarias de políticas Aspectos institucionales En este plano, estrechamente relacionado con determinados aspectos legales que se

tratan en el próximo ítem, un significativo mejoramiento en las relaciones interinstitucionales podría mejorar las intervenciones del Estado en diversas áreas del tema fitosanitario, sin aumentar en forma sensible los gastos públicos. Esto vale para todos los niveles y jurisdicciones: Nación y provincias; interprovinciales; Estado y asociaciones de productores y entre los propios organismos de la administración central.

Parece necesario y posible, mejorar las relaciones de la SAGPyA y el SENASA con los

Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, aprovechando en este último caso, las enseñanzas de la experiencia del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Podría definirse un mecanismo institucional con sus normas, para mejorar la pobre articulación actual de esos organismos en el área de toxicología y de productos tóxicos; en un paso posterior, podría intentarse una ampliación y mejoría con los pares provinciales12. Hay tres temas, cuyo tratamiento podría tener un mejoramiento apreciable, mediante la relación mencionada: i) el registro y tratamiento de las enfermedades y accidentes del trabajador rural, causados por plaguicidas; ii) el control de la inocuidad de los alimentos frescos y, iii) el registro de plaguicidas relacionados con su toxicología (estudios y exigencias a los laboratorios, incluyendo la elaboración de marbetes y hojas de seguridad).

12 En una primera etapa de este tipo de acción interinstitucional, no se encuentra necesario incorporar a la Secretaría de Medio Ambiente, ya que en estos temas no tiene una actuación actual de relevancia, a pesar de su competencia orgánica


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El registro de las intoxicaciones humanas en general y, en particular de los plaguicidas, debería ser mejorado en todos sus aspectos. Se entiende que la competencia actual del tema recae en los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social y no en la SAGPyA ni el SENASA pero aún así, cabría el esfuerzo de identificar y diseñar un procedimiento para que los organismos responsables del sector agropecuario, en el plano nacional y provincial, colaboren con los organismos sanitarios para mejorar los registros de intoxicaciones, herramienta clave para mejorar la prevención y atención del intoxicado.

La relación del SENASA con el INTA, dos organismos que actúan en el ámbito de la

SAGPYA, también podría ser mejorada y ampliada. Diversos asuntos podrían materializar las acciones conjugadas de los dos organismos, mereciendo ser destacados: i) la fiscalización del uso correcto de los plaguicidas (aplicación de la “receta agronómica”, cuadernos fitosanitarios, hoja de seguridad, monitoreos de campo); ii) el registro y monitoreo de equipos y máquinas para fumigación13; iii) la transferencia a los productores de mensajes tecnológicos integrales y coherentes con relación a las técnicas agronómicas en general y las fito - terapéuticas y, iv) la capacitación en el manejo de los diversos aspectos de la protección del trabajador rural y del ambiente rural.

La relación de la administración pública con los productores Los acuerdos de los organismos del Estado, en el plano federal y provincial, con las

organizaciones de productores, es un elemento imprescindible en el diseño y ejecución de las políticas sectoriales y en especial, para la ejecución de los programas de lucha.

La participación conjunta puede aportar beneficios operativos en la ejecución de los

programas de lucha, darle sustentabilidad en el tiempo, por medio de las tasas y cánones de los beneficiarios y además, operar como elemento de difusión e incluso disuasorio, para los productores que no se incorporan a esos planes de lucha, en especial aquellos que exigen una participación integral de todos los productores de una determinada área.

Existen varias experiencias, con resultados variados, que pueden servir de base para la

identificación de los procedimientos más apropiados para las intervenciones de lucha contra las plagas: FUNBAPA en la Patagonia y Cuyo; AFINOA y CORENOA en la Región Noroeste y más recientemente, CORENEA en el NEA.

Dos experiencias de indudable valor, en cuanto a los impactos perjudiciales de los

plaguicidas en los seres humanos y el ambiente, también pueden servir de ejemplos. Por un lado, para el manejo y destino final de los envases vacíos de plaguicidas, se está ejecutando un proyecto que integra al INTA, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), el Consejo Profesional de

13 Hay un programa del INTA en este importante tema de la calibración y mantenimiento de los equipos de aplicación de plaguicidas.


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Ingenieros Agrónomos (CPIA), las Secretarías de Educación y de Ecología y Medio Ambiente de la Provincia de Río Negro, la Cámara Valletana de Insumos Agropecuarios (CAVIA), y la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. La otra experiencia está relacionada con la mortandad del Aguilucho Langostero, un ave migratoria, causada por un plaguicida y que movió diversas voluntades e instituciones para lograr una solución mediante un proyecto que incluyó organismos públicos y privados de otros países: INTA (coordinación); la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), el SENASA, el Servicio Canadiense de Vida Silvestre, el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, la Fundación Vida Silvestre Argentina, las Universidades de Córdoba y de La Pampa, y los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos.

Aspectos legales y normativos Gran parte de las líneas de posibles políticas señaladas en los dos ítems anteriores,

exigen modificaciones legales, pero no necesariamente en la ley misma, que requeriría largos procesos legislativos, sino en los aspectos reglamentarios, para los cuales el Poder Ejecutivo tiene autoridad y competencia.

En el plano normativo y con alusión exclusiva al SENASA aunque podría generarse un

considerable impacto positivo en las provincias, sería importante proceder a una depuración de todos los decretos y resoluciones vigentes, incluyendo la derogación de normas dictadas en el curso de gobiernos de facto y que podrían ser cuestionadas en su legalidad. Todos los analistas y las actuales autoridades, identifican a la gran cantidad de normas vigentes como un problema serio para la intervención eficiente y eficaz. En el presente trabajo no se hizo un análisis similar para el Ministerio de Salud.

Otro aspecto legal de relevancia es el relacionado con la posible introducción de

modificaciones al Reglamentos de la Ley de Riesgos del Trabajo, con especial referencia a la aceptación, como enfermedad profesional, de todas las intoxicaciones crónicas causadas por plaguicidas. En esta línea, en la legislación laboral habría que mejorar la precisión del concepto “expuesto a plaguicidas”, con un articulado específico y los correspondientes controles. También, todo esfuerzo hecho con relación al control del “empleo en negro” (no registrado), que aparta al trabajador del seguro laboral, sería conducente a un mejoramiento de la seguridad laboral en el campo14. Una forma de abordar estos asuntos es a través de las denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas”, que si bien no son exigibles legalmente, pueden incluir, en el caso de los plaguicidas, procedimientos o planes de aplicación, con definición de dosis, registros, tiempos de carencia, chequeos médicos para los trabajadores y observancia

14 Podría aprovecharse que en la actualidad, la Ley de Riesgos del Trabajo está siendo analizada y revisada en función de una importante decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance de la demanda de un trabajador hacia una empresa, hecho que desató un debate técnico y legal sobre esa Ley y su autoridad de aplicación.


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del registro del empleo15. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), establecería la implementación obligatoria de las “Buenas Prácticas Agrícolas”, en frutas y hortalizas a partir de 2007, junto con otras medidas para la higiene y seguridad de los trabajadores del rubro.

Fortalecimiento del SENASA En esta línea, un énfasis particular merece el SENASA, como organismo público

nacional competente en el área fitosanitaria y por lo tanto, ejecutor de gran parte de las intervenciones del Estado. Dos hechos tienen especial relevancia para esta cuestión institucional: i) se encuentra en curso, la preparación de un programa de fortalecimiento general para el SENASA, que sería financiado por el BID a través del PROSAP/SAGPyA y, ii) está a consideración de las autoridades del Poder Ejecutivo, un proyecto para modificar dos aspectos fundamentales de la Institución: su financiamiento y la participación de productores y consumidores, en el Consejo de Administración.

En esta decisión de fortalecer el organismo, la reestructuración de la toma de

decisiones y la competencia de las delegaciones del SENASA, articuladas a los organismos sanitarios provinciales, será clave para mejorar los servicios. La capacidad de fiscalización del SENASA y de los organismos provinciales también, debería tener un sustancial cambio en el sentido de darle más y mejores instrumentos para intervenir, decomisando productos fuera de las normas o clausurando empresas que estén actuando fuera la legislación vigente; en otras palabras, para mejorar los efectos de sus acciones, el SENASA no sólo debe actuar como ente auditor sino aplicar concretamente, su poder de policía en el ámbito de la fitosanidad.

Para ejecutar esto y las otras sugerencias indicadas en el Informe, es indudable que la

Institución debe fortalecerse, especialmente en: i) el equipamiento en general del Servicio y en especial, comunicaciones e informática; ii) la capacitación del personal y la instalación de un sistema de valorización de su desempeño y iii) el control de gestión institucional. Y más importante aún: es fundamental una mejora sustancial en el presupuesto de SENASA. La Institución, además de controlar todos los procesos de la producción y comercialización interna de alimentos, certifica exportaciones por valor de usd$ 16.000 millones y tiene un presupuesto de usd$ 35 millones.

Por último, un área específica de la Institución merece una mejora significativa: todo el

sistema de registro, control y análisis de productos, empresas, profesionales, equipos y máquinas relacionados con la terapéutica vegetal. En síntesis, podrían unificarse operativamente en un Registro Unico, los numerosos Registros que opera el SENASA, para lo cual hace años que se elaboró un proyecto de reingeniería que podría aplicarse en la

15 Chile creó la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, ente mixto que ejecuta el Programa de Buenas Prácticas en todo el país (CHILE-GAP), reconocido por el organismo EUREP de la Comunidad Europea. Cumple con el concepto de la FAO: las BPA(GAP) deben ser adaptadas a la realidad de cada país y no impuestas desde otras realidades.


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actualidad16. Con esta reunificación, se conseguiría que todos las direcciones y departamentos que hoy destinan recursos humanos, equipos y tiempo en todas las operaciones de su propio registro, dejarían de hacerlo para asignar mayor dedicación a sus tareas específicas. Y lógicamente, los usuarios también tendrían un apreciable ahorro de tiempo y esfuerzos en trámites y gestiones e incluso de dinero, por gastos multiplicados innecesariamente, en tasas y aranceles. La integración de los registros, mediante una clave única de identificación por cada persona física o jurídica y, a su vez la posibilidad de cruzar esta información con otros entes de control, mejoraría sin dudas, la eficacia de los mismos y el cumplimento de su principal función de control de la actividad.

Para los aspectos toxicológicos de las actividades de fiscalización y registro del

SENASA, es necesario mejorar equipos y procedimientos de los laboratorios y controles técnicos. En esta línea, se encuentra adecuado como mínimo: i) integrar la visión de medicina toxicológica humana, mediante profesionales médicos competentes; ii) mejorar significativamente los laboratorios para que respondan a las normas internacionales vigentes y no puedan ser cuestionados en sus resultados y iii) incorporar personal competente para ampliar los procedimientos de control. Como ya se indicó, en esta línea sería interesante trabajar en coordinación con los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social.

Otro tema en el cual tiene incumbencia el SENASA, es el control de la calidad de los

productos vegetales de comercialización en fresco. Como ya se indicó, este control sólo es llevado a cabo en una proporción reducida del total comercializado. Así, debería apoyarse el esfuerzo de la actual gestión del SENASA para conseguir financiamiento de la iniciativa para mejorar el Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescos (SICOFHOR). En esta línea, se encuentra necesario consolidar y extender el sistema, analizando comparativamente procedimientos basados en el análisis de muestras en los mercados, con una estructura apoyada en la trazabilidad y los propios productores de frutas y hortalizas.

Programas de lucha contra las plagas La lucha contra las plagas de carácter nacional, en especial para la Mosca de los

Frutos, la Cancrosis de los Cítricos y la Carpocapsa, es otra asignatura pendiente del SENASA, a diferencia del éxito obtenido en la lucha contra la Fiebre Aftosa. Los programas de lucha actuales deberían ser reformulados a partir de: i) una extensión real y concreta de sus alcances a todo el país, a través de legislación nacional; ii) la definición de una estructura institucional que contemple a las provincias y a los organismos de los agentes de la producción y la comercialización; iii) una decisión sobre las técnicas y procedimientos a aplicar en la lucha, accesibles a todos los productores y que incluyan acciones complementarias (por ejemplo, barreras) y iv) un presupuesto acorde, con fuentes de financiamiento identificadas. 16 En el SENASA hay registros para el área animal y para los vegetales, de personas, instituciones, empresas, productos, máquinas y equipos, laboratorios, certificadoras, etc. No se ha podido determinar el número exacto pero según diversas fuentes de información serían alrededor de doscientos.


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Con relación al Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los

Frutos (PROCEM), los principales desafíos específicos son: i) llevar el Programa a todo el País, definiendo para cada territorio, aún en los que no tienen cultivos comerciales, su papel en el control de la plaga; ii) mantener el status alcanzado en la Patagonia y Mendoza; iii) revertir los retrocesos de los años recientes en La Rioja y San Juan; iv) fijar acciones específicas para el NEA en el sentido de instalar la baja prevalencia y, v) definir la provisión de mosca estéril para el Programa de inversión que se está preparando en el Servicio. Para ello, entre otros logros, se debería conseguir la imprescindible articulación entre organismos provinciales, públicos y privados, además de los correspondientes recursos presupuestarios, con mayor precisión sobre la participación de las partes involucradas.

Para la lucha contra la Carpocapsa, puede concluirse que la ampliación del Programa

actual a todo el país que propone el SENASA, exige mejorar sus mecanismos de financiamiento, ya que su presupuesto no es suficiente para imprimir un ritmo de ejecución que permita alcanzar las metas y objetivos planteados. En forma similar al PROCEM, debería garantizarse un adecuado funcionamiento del sistema de protección cuarentenaria y del cumplimiento de las normas legales de sanidad vegetal. Para esto, habría que formular una política que permita ejecutar acciones consensuadas entre todos los actores de la fruticultura en cada región productora, en especial Cuyo y Patagonia y en menor grado, en las Provincias de Catamarca y La Rioja.

En el caso de la Cancrosis de los Cítricos, junto con la Mancha Negra, debería

elaborarse e implementarse un Programa de Control de alcance nacional. Estas líneas de una políticas de sanidad vegetal deberían ser elaboradas y aplicadas con

una concepción integral del tema, incluso insertadas en el marco de las políticas agropecuarias y sanitarias en curso. Para ello, se recomienda la instalación en la SAGPyA, de una unidad responsable de la cuestión, tema del próximo ítem17.

B. La función “políticas de sanidad vegetal y control de plagas” en la SAGPyA 1. Objetivos y justificación La propuesta que se sugiere aquí, es la instalación en la SAGPyA, de una Unidad

Funcional dedicada a las políticas de sanidad vegetal y control de plagas. Esto implicaría, entre otros aspectos, que la Secretaría asumiera en forma efectiva, el rol de formulador y evaluador de políticas fitosanitarias y el SENASA el papel de organismos ejecutor de esas políticas. 17 Hay otras diversas líneas de política que también podrían ser implementadas con beneficios para productores y “víctimas” de la sanidad vegetal. Como ejemplos pueden citarse la promoción de la agricultura orgánica y la promulgación y control de leyes y normas de protección ambiental.


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El objeto de la Unidad sería la relación que guardan las actividades realizadas por el

Estado y los particulares, para el control de plagas agrícolas, la seguridad del trabajador del campo, la calidad ambiental de la población rural y la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. En ese sentido, la Unidad debería proponer a la Secretaría, lineamientos de política para asegurar la armónica ejecución de las actividades citadas, surgidos de diagnósticos y estudios que efectuará la Unidad por sí propia o a través de terceros.

La justificación principal de la instalación de la Unidad está expresada a lo largo de

este Informe, especialmente en las carencias que muestra el papel del Estado para la atención de la seguridad del trabajador rural y la fiscalización de plaguicidas y de alimentos frescos.

En primer lugar, es necesario destacar el encuadre de la propuesta en el marco de la

estructura y funciones que tienen los diversos organismos del Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo a la normativa vigente en el tema (Decreto 25/03), entre los objetivos fijados para la SAGPyA figuran: i) elaborar y ejecutar planes, programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las provincias y los diferentes subsectores; ii) efectuar el seguimiento del accionar de los organismos descentralizados del sector, a fin de evaluar su desempeño y realimentar los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones y iii) definir las políticas referidas al desarrollo, promoción, calidad y sanidad de productos, industrializados o no, para consumo alimentario de origen animal o vegetal. Como podrá concluirse, la función propuesta se adecua a las competencias actuales de la SAGPyA, como parte del Ministerio de Economía y Producción.

En un plano más específico y detallado, la justificación de la propuesta también se

apoya en estas razones:

- Continuidad de políticas: Con frecuencia se indica como un problema grave para la administración pública en general, el impacto que provocan los cambios de gobierno y de autoridades en los organismos públicos. En esta línea, la existencia de la Unidad propuesta contribuiría a darle mayor estabilidad a las políticas, en función de los procedimientos a ser adoptados para su elaboración y evaluación periódica.

- Incapacidad institucional en las Economías Regionales: En las

provincias menos desarrolladas existe una manifiesta debilidad técnica y operativa en los organismos de sanidad y calidad vegetal y de salud pública y de medio ambiente. La SAGPyA, a través de programas de inversión pública como el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), podría contribuir a mejorar esos servicios, atendiendo cuestiones directamente relacionadas con el desarrollo rural.


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- Calidad de alimentos y comercio internacional: Son claras y numerosas las evidencias de una exigencia mayor de calidad e inocuidad en los alimentos por parte del público en general en el mercado interno y por los más importantes países importadores (Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón). En las provincias, hay una marcada debilidad institucional y técnica para satisfacer estas exigencias de calidad e inocuidad y sólo podría ser mejorada con la participación de la administración central (SAGPyA).

- Reducción de gastos públicos: La mejoría en las actuales relaciones

interinstitucionales representarían un ahorro del gasto público, no tanto en las pocas o ausentes intervenciones actuales, sino en la ejecución de imprescindibles tareas que hoy no realiza el Estado provincial ni nacional, en temas de sanidad y calidad agroalimentaria como de seguridad ambiental y laboral.

- Reestructuración del SENASA: Los cambios en ciernes para el Servicio,

más allá de la naturaleza final que adopten, constituyen una condición propicia para la instalación de esta instancia de formulación y evaluación de políticas, por parte de la SAGPyA en ámbitos de su competencia, como la sanidad vegetal.

- Inserción de la SAGPyA en temas de su competencia: Aún cuando no sea

una función clara y específica para la Secretaría, la cuestión ambiental en el medio rural, la conservación de la biodiversidad y la seguridad del trabajador rural, son temas en los cuales la SAGPyA debería involucrarse.

2. Areas de trabajo y estructura

Las áreas de trabajo de la Unidad y sus objetivos específicos podrían ser: - Diagnósticos: elaboración de estudios e informes que permitan identificar

problemas causados por el control de plagas, en concreto del uso de plaguicidas, y que puedan afectar a los alimentos, la salud del trabajador y del habitante del campo o la conservación de la fauna y la calidad de las aguas. En estos análisis se incluyen como objetos a la legislación y normas vigentes, al accionar de los organismos públicos nacionales y provinciales y a los particulares (productores, comerciantes, exportadores, transportistas) e instituciones no gubernamentales.

- Coordinación interinstitucional: Propiciará una mejor relación entre los

organismos públicos de la administración central y las provincias, a través de reuniones de trabajo, intercambio de información y ejecución de acciones conjuntas. En principio, se trabajaría con el Ministerio de Salud, que incluye


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a la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Trabajo que alberga a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y, en una etapa posterior, con las provincias. Una vez consolidadas estas interrelaciones, no se descarta la inserción de organismos no gubernamentales.

- Propuestas de políticas: Con base en las actividades descritas, se

elaborarían para la Secretaría, propuestas de políticas, programas, proyectos u otras formas de intervención que se encuentren convenientes a la obtención de los fines de referencia. Asimismo, la Unidad desarrollaría trabajos, en su área de competencia, a solicitud del Secretario u otras autoridades de la SAGPyA.

En los primeros dos años de instalación, se prevé que en la Unidad habrá necesidades

de trabajo extraordinarias, en especial para la preparación de los diagnósticos iniciales, para las regiones, las provincias y las cadenas productivas, la revisión de la legislación y normas vigentes y la evaluación de las relaciones entre los organismos públicos y los particulares.

Para realizar sus actividades, la Unidad podría estructurarse en torno de dos planos de diagnóstico e intervención, articulados y complementarios: las cadenas productivas y los sistemas de producción o agroecosistemas, por localidades y regiones. A su vez, los procesos a contemplar, con las instituciones actuantes, pueden resumirse así:

- Fabricación e importación de plaguicidas:

producción, venta, transporte, almacenamiento y disposición final (rezagos, subproductos, etc.).

- Uso (productores y trabajadores y contratistas): Aplicación, protección, almacenamiento, carencia, disposición final recipientes.

- Efectos del uso: en trabajadores rurales, población

rural y alimentos; en ecosistemas y recursos naturales.

- Educación y difusión: actividades dirigidas a que

la población tome conciencia (en especial los niños) de los peligros inherentes a los plaguicidas.

- Fiscalización y control: Registros de productos,

aplicadores, laboratorios, etc. - Evaluación de impacto ambiental de proyectos

sanitarios.

- Investigación, capacitación y asistencia técnica:

En dos áreas: desarrollo de los plaguicidas y formas para prevenir y mitigar efectos negativos.

La Unidad no requiere, en principio una estructura compleja ni especializada y podría ubicarse en una unidad existente. Podría funcionar, superado su periodo de instalación, con dos técnicos (1 Senior y otro Junior) y asistencia de secretaría, con el equipo mínimo (computadora y teléfono). Debería contar con recursos suficientes de movilidad para recorrer las provincias. Una alternativa para facilitar el periodo de instalación es solicitar un proyecto de asistencia técnica al Programa de Cooperación de la FAO (TCP).


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Capítulo I

PRODUCCION VEGETAL Y PLAGAS DE LA AGRICULTURA

A. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS PLAGAS EN LA AGRICULTURA

1. La agricultura en la economía argentina y su probable evolución La participación del sector agropecuario en el PBI de la Argentina fue, en el año 2002,

de 6 % y de 20 %, en el valor agregado de los sectores productores de bienes18. Dentro del Sector, la agricultura hizo la mayor contribución (63 % del total), seguida de la ganadería (31%). La importancia económica del sector aumenta si se considera su participación en las exportaciones ya que, en 2004, representaron más de la mitad (53%) del total nacional: usd$ 17 mil millones (43% productos primarios y 57 % manufacturas de origen agropecuario).

En el año 2003, las cadenas agroindustriales fueron responsables de 36 % del empleo

total del país (5.592.300 puestos), proporción que marca un aumento de 8 % sobre 198419. Por cada empleo directo de los 1.158.600 que hay en la etapa primaria, se generan casi 4 puestos de trabajo en otros sectores (4.433.700 empleos). Debe agregarse que en 2001, 35 % de la población argentina vivía en zonas predominantemente agropecuarias o bien, con residencia en las ciudades pero vinculada con alguna actividad agroindustrial.

El subsector frutihortícola genera un producto bruto anual de usd$ 3.000 millones. En

su etapa primaria, es el cuarto subsector generador de empleo: 220.000 personas ocupadas en forma directa y 300.000 en forma indirecta. Con relación al resto del sector agropecuario (agricultura extensiva y ganadería), tiene una oferta de empleo 30 veces superior; es 20 veces mayor su empleo de insumos y en maquinaria y equipos, la inversión es 15 veces superior20. La producción de frutas y verduras representa 12 % del PBI agropecuario y 20% del PBI agrícola, con una producción estimada en 11 millones de toneladas de distintas especies. Ocupa 4% de la superficie agrícola del país (1.220.000 has), de las cuales, 2 % corresponde a hortalizas y 2 % a frutales. Exporta alrededor de usd$ 1.000 millones al año, entre productos frescos e industrializados.

La producción frutihortícola, en su amplia distribución geográfica, tiene una demanda

relativa mayor de mano obra dentro del sector. Este atributo, unido a las posibilidades de exportación, otorga una indudable importancia socioeconómica a este rubro para las llamadas

18 Subsectores: agricultura, ganadería, caza y silvicultura – Estimaciones preliminares en millones de pesos, a precios de 1993, de la Dirección de Cuentas Nacionales, INDEC. 19 “La generación de empleo en las cadenas agroindustriales”, Juan José Llach, Marcela Harriague y Ernesto O’Connor. Fundación Producir Conservando, 2004. 20 Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario – Cátedra de Fruticultura, 2002.


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“Economías Regionales”21. En un plano más específico, el complejo frutícola de las Regiones Patagónica y Cuyana, se ha consolidado como una de las cadenas productivas más importantes del País. Sus exportaciones de fruta fresca, jugos, y frutas procesadas promedian usd$ 380 millones anuales, y su demanda laboral supera los 75.000 puestos de trabajo. Los montes frutícolas del norte de la Patagonia suman una superficie mayor a 47.300 has plantadas con manzanas, peras y otros especies de menor importancia económica regional (Provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa), mientras que en las Provincias de Mendoza y San Juan, hay 22.500 y 1.850 ha respectivamente, de frutos de pepita. La producción promedio en esos territorios en la década de los ‘90 fue de aproximadamente 1.850.000 t, que representa más del 90 % de las manzanas y peras producidas en el País, involucrando más de 95 % del total exportado como fruta fresca (Mapa 2).

Se estima que el sector agrícola evolucionará con un crecimiento de la superficie

sembrada de cereales, leguminosas y cultivos industriales, equivalente a 16 % entre 2003 y 2010 y a 9 % entre 2010 y 2016 (4,5 y 2,8 millones de ha, respectivamente). Con estas proyecciones se alcanzarían 100 millones de toneladas en 2010 y cerca de 116 millones de toneladas, en 2016. La superficie necesaria para llegar a los 100 millones de toneladas en el 2010, se estimó en 32,7 millones de hectáreas22.

La producción de frutas de carozo y de pepita se vería incrementada por mejoras en los

rindes más que por una expansión del área actual; la pera constituiría una excepción ya que se están verificando aumentos notables del área plantada. El crecimiento de las exportaciones de fruta fresca será factible por el desarrollo de nuevos mercados y el fortalecimiento de los tradicionales. En jugos concentrados, el crecimiento no sería igual, debido a una disminución de la fruta destinada a industria y a un aumento en el consumo interno de jugos. Para el limón se proyecta también un crecimiento en la producción, aunque inferior al de los otros cítricos, por aumentos de la productividad, manteniendo la tendencia de los últimos años. El crecimiento de las exportaciones de limón fresco debería ocurrir por la consolidación del país, como primer exportador de fruta y jugos, siempre que se mantengan las condiciones de calidad y sanidad, en especial en todo lo relacionado con la Cancrosis de los Cítricos. El crecimiento de las exportaciones de los otros cítricos se espera fundamentalmente en mandarina y pomelo.

La producción de cebolla y ajo es una de las más dinámicas de la horticultura argentina

por estar orientada a la exportación. La tendencia positiva en las exportaciones en fresco de estos productos se fundamenta en la demanda creciente de este producto en el mercado del Brasil. La producción de ajo en al año 2003 alcanzó 126.000 toneladas y se exportaron 86.000 toneladas. Se espera un crecimiento productivo del período 2003-2010 de 20 %. La producción de cebolla en el año 2003 fue de 650.000 toneladas, de las cuales 208.000 toneladas se destinaron al mercado externo, en especial el Brasil. El motor del incremento de 21 Regiones y provincias no pampeanas, de menor desarrollo relativo. 22 Las estimaciones fueron extraídas fundamentalmente de un trabajo inédito de la SAGPyA: “Escenarios agrícolas para el Bicentenario de la Independencia Nacional”. Area de Análisis Económico de la Dirección de Economía Agropecuaria, marzo 2004.


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Mapa 2 Las Regiones


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producción es el mercado externo que fija precios. La producción de tomate se encuentra estancada en un millón de toneladas en los últimos años; sin embargo, se prevé un ligero crecimiento de la producción para los próximos años causado principalmente por la demanda interna tanto de tomate fresco como de tomate industria. La industria procesadora de hortalizas tiene como producto de mayor producción a la papa pre-frita congelada con 92 mil toneladas, de las que se exportan 66 mil toneladas, seguida por la industria conservera.

La proyección del valor de las exportaciones agroindustriales, a precios constantes,

prevé un aumento de 45% para 2010 y de 80%, para 2016, año en que se podría llegar a usd$ 30 mil millones, a precios promedio del trienio 2001/03 (Cuadro 1).

Las mayores posibilidades de expansión de las ventas de frutas se ubican en las

exportaciones al hemisferio norte, aprovechando la “contra estación” (baja de la oferta en el hemisferio norte), ya que por la dimensión del mercado interno, no son esperables significativos incrementos en el consumo interno. En el mercado externo, que siempre ha demandado volúmenes crecientes de varios productos frutihortícolas, especialmente frescos, comienzan a aparecer serias dificultades de colocación para muchos productos y más aún, para que acceda la mayoría de los productores. Esto se debe a numerosos factores interrelacionados: el costo del transporte, la calidad exigida a los productos, las dificultades para organizar la oferta, la capacidad para afrontar riesgos de los productores, y las exigencias de los mercados demandantes. Así, para poder aumentar las exportaciones, será imprescindible llevar adelante una serie de acciones, entre las que cabe destacar: la erradicación o supresión de plagas cuarentenarias; la instalación de cadenas de frío y el mejoramiento de los tratamientos poscosecha; la incorporación de las variedades demandadas por el mercado internacional; el mejoramiento de los sistemas de acceso y difusión de información y la implementación de garantías sobre la inocuidad de frutas y verduras.

Cuadro 1 Proyección de las exportaciones para 2010 y 2016

VALOR DE LAS EXPORTACIONES

(en millones de usd$) COMPLEJO

EXPORTADOR 2003 2010 2016 2003/16

Sojero 7.191 10.070 11.279 4.088 Triguero 1.086 2.107 2.547 1.461 Girasolero 727 1.347 2.035 1.307 Frutihortícola 976 1.669 2.089 1.113 Algodonero 7 125 222 215 Maicero 1.288 1.126 1.366 78 Tabacalero 163 200 240 77 Cerealero (resto) 64 76 93 29 Otros 338 532 680 342

Fuente: “Escenarios agrícolas para el Bicentenario de la Independencia Nacional”. SAGPyA, Area de Análisis Económico de la Dirección de Economía Agropecuaria, marzo 2004.


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2. Comercio internacional y sanidad vegetal

La Organización Mundial del Comercio (OMC) fue creada con el mandato de

establecer normas y reglas para regir los intercambios comerciales entre países, atendiendo los profundos cambios estructurales ocurridos en el comercio internacional en las últimas décadas. Con relación al sector agropecuario y al comercio de agroalimentos, el advenimiento de la OMC y los reglamentos asociados, produjeron grandes alteraciones conceptuales, con segmentaciones en nuevas políticas comerciales y en las funciones y formas de actuación de los organismos de sanidad agropecuaria.

En resumen, el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF – OMC)

establece tres organizaciones técnicas con competencia para elaborar y evaluar patrones internacionales de comercio agroalimentario: i) la Organización Internacional de Epizootias (OIE), para los animales; ii) la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), para los vegetales y, iii) y el Codex Alimentario de la FAO para los alimentos. Es importante indicar que en los dos últimos casos, los patrones fijados no son obligatorios, aún cuando pueden operar como bases para la resolución de controversias comerciales en el marco de la OMC. La Argentina es signataria del Acuerdo MSF-OMC.

Nuevas formas de organización interna y de agregación regional o subregional, con la

conformación de bloques económicos han derivado a su vez, del nuevo ambiente político y comercial, con un nuevo abordaje para el tema de la competitividad comercial. Las demandas de la sociedad respecto a la calidad de alimentos, en especial la garantía de inocuidad, encontraron a las instituciones responsables, ensambladas sobre el antiguo paradigma, dirigido más al control de la enfermedad que a la garantía de la salud. En el sistema anterior, era común la imposición de barreras comerciales, sin un efectivo respaldo técnico o científico, como así también, la promoción de diferencias entre los países con vínculos comerciales, con el objeto de discriminarlos, resultando en un mal uso de los principios y de las medidas sanitarias (ver Capítulo III, ítem A.1.).

Todos los estudios relacionados con el futuro del mercado mundial de frutas coinciden

en indicar que se produciría un aumento en la demanda de frutas frescas en los próximos 10 años. Este incremento estaría motorizado por fuertes aumentos del consumo en los países del Sudeste Asiático los que, a su vez, tendrían su origen en mejoras en el nivel de ingreso de la población y en la tendencia a la diversificación de las dietas alimentarias. Se esperan aumentos del consumo en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, con mayores exigencias de calidad y preferencia hacia frutas sin residuos químicos. Además se prevé también un incremento en la demanda de México, Venezuela y los países del Este Europeo.

Recordando lo expresado sobre las necesidades y posibilidades de expansión de la

venta de frutas al exterior y las dificultades en el comercio con el hemisferio norte, para poder aumentar las exportaciones es imprescindible llevar adelante una serie de acciones entre las


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que cabe destacar la erradicación o supresión de plagas cuarentenarias; la instalación de cadenas de frío y el mejoramiento de los tratamientos poscosecha; la incorporación de las variedades demandadas por el mercado internacional y el mejoramiento de los sistemas de acceso y difusión de información.

En la actualidad la Argentina sufre significativas restricciones fitosanitarias con

importantes mercados para sus frutas: i) Estados Unidos exige tratamiento cuarentenario de frío en tránsito por la Mosca de los Frutos en peras y manzanas (este tratamiento tiene un costo aproximado de usd$/caja 0,50); ii) China exige tratamiento cuarentenario de bromuro de metilo y frío para Carpocapsa en peras y manzanas y además, de frutas cosechadas en áreas libres de Mosca de los Frutos; iii) Brasil cerró la exportación de manzanas y peras por presencia de Carpocapsa y exige un complejo Sistema de Mitigación de Riesgo; iv) la Comunidad Europea exige tratamiento cuarentenario para Mosca de los Frutos y para cítricos tiene severas exigencias en certificación de “libre de la enfermedad en fincas”, para Cancrosis y Mancha Negra y v) Japón tiene cerrado su mercado para países con Mosca de los Frutos y Carpocapsa.

Las colocaciones de “contra estación” del país, al mundo desarrollado presentan una

situación problemática debido a la aparición de nuevos competidores en el hemisferio sur, en especial la de Chile, cuyas exportaciones de frutas son similares a las argentinas, pero distribuidas en forma más equilibrada. Con relación al comercio con Brasil hay que tener destacar dos cuestiones: la disminución de las importaciones desde la Argentina y el MERCOSUR. En términos comerciales, éste último acuerdo representa un impacto beneficioso, al facilitar las condiciones en que se realizan los negocios y mejorando el ya alto grado de integración económica existente en la actividad productiva de referencia; pero que a su vez, aumenta las exigencias sanitarias y de calidad.

El Acuerdo MSF-OMC ha trabajado en las regulaciones del comercio internacional y

ha puesto en práctica, entre otras medidas, estándares que permiten armonizar las relaciones multilaterales o bilaterales entre los países asociados. La CIPF ha sancionado 21 estándares23 y además, hay una compleja y diversificada red de formulación que en el caso de la Argentina incluye a la propia CIPF, al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) y a Organizaciones hemisféricas, como el Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal; esta red se articula con las estructuras comerciales como el MERCOSUR, Comunidad Europea, NAFTA y otras. Estas estructuras, que generan estándares de sanidad vegetal y por lo tanto requisitos y obligaciones internacionales para el comercio, tienen una preponderancia creciente y no hay señales de que su importancia y vigencia tiendan a disminuir. Más aún, son normas de carácter obligatorio con relación a las plagas cuarentenarias, como la Mosca de los Frutos y la Carpocapsa y no recomendaciones, como los

23 Entre otros: Análisis de riesgo para plagas cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas; directrices para el establecimiento de áreas, lugares de producción libres de plagas; lineamientos para los sistemas de de exportación, importación y vigilancia y lineamientos para los programas de erradicación.


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procedimientos para controlar la inocuidad de los agroalimentos (EUREGAP, HCCP, BPA, BPM, etc.)24.

En esta línea debe señalarse que el SENASA ha realizado un estudio sobre los residuos

de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal y sobre las normas vigentes en el tema, para concluir sobre el impacto que tendrían en las agroexportaciones, las reformas que se están haciendo en las normativas de la Unión Europea sobre Principios Activos y Límites Máximos de Residuos (LMR). Esta normativa entrará en vigencia en forma progresiva entre enero y julio de 2005 y definirá el retiro del mercado de aproximadamente 450 plaguicidas (principios activos). El estudio concluyó que los límites máximos de residuos (LMR) que posee la Resolución SENASA No. 256/03 son, en general, similares a la adoptada por la Unión Europea. Identificó también a 55 principios activos registrados en SENASA y comerciados en la Argentina, que serán dados de bajo de acuerdo a la normativa europea de referencia.

Todas estas consideraciones sobre comercio internacional agropecuario y

exigencias sobre estándares de alimentos para la exportación, no invalidan de modo alguno, la necesidad de evolucionar en el país, hacia un solo estándar de calidad de alimentos, tanto para el mercado interno como para exportar, situación de la que se está actualmente distante.

3. Los perjuicios causados por las plagas a) Importancia y consideraciones sobre su estimación La estimación adecuada de las pérdidas causadas por las plagas es un importante

insumo para la administración pública, en la elaboración y evaluación de políticas de sanidad y calidad agroalimentaria; la evaluación de proyectos de inversión en el área fitosanitaria y en el diseño físico, económico y financiero de las acciones de emergencia, en apoyo a productores afectados.

En el caso de los particulares, una correcta cuantificación de las pérdidas es

fundamental para la administración de la unidad productora en general y en especial, para la planificación y ejecución del control fitosanitario de los cultivos. Como ya se indicó, un concepto recomendable en el control fitosanitario es el de Daño Económico, que no sólo considera la ocurrencia del daño físico, sino también, el perjuicio en la cantidad y, o calidad de la cosecha esperada25. Más aún, existe una tendencia innovadora, en cuanto a la intervención del Estado en el control, que recomienda aplicar el concepto de Umbral Económico (o una relación adecuada entre el costo y el beneficio marginales del control) para definir el momento

24 Hay pocas excepciones: pej. la aplicación de HCCP en las exportaciones de jugos a Estados Unidos. 25 El Umbral de Daño Económico (UDE) es el valor de la intensidad de la plaga que causa pérdidas económicas en un cultivo, equivalentes al costo de aplicación del plaguicida. El Umbral de Acción (UDA) o de Tratamiento, es el valor de la intensidad de plaga donde el control debe ser aplicado para evitar que se exceda el UDE. Ver conceptos de “Manejo Integrado de Plagas”, en el apartado PLAGAS Y PLAGUICIDAS: Definiciones básicas, de este Informe.


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y la magnitud adecuados para la intervención. Estos criterios tratan de reemplazar a las decisiones tomadas con base en objetivos fitosanitarios o técnicos de control, ejecutados con procedimientos de mínimo costo.

El perjuicio que provocan las plagas en la producción agrícola no es fácil de evaluar en

términos económicos y sociales, debido a: i) los diversos agentes económicos existentes a lo largo de cada cadena productiva, en especial las frutícolas; ii) los numerosos tipos y grados de perjuicios causados y, iii) el no menos reducido número de situaciones agroecológicas y de distintos tipos de productores, aún dentro de un mismo rubro o actividad (esto es particularmente perceptible en países como la Argentina por su tamaño y variedad climática).

Debe considerarse además, el efecto de las plagas en la administración del Estado

(Nación, provincias y municipios) y en los particulares. En el primer caso, los impactos pueden representar desde menores ingresos de divisas o tributos hasta mayores gastos por acciones de emergencia en apoyo a los afectados y en el segundo, desde efectos físicos y monetarios directos hasta problemas para la comercialización.

En el plano de los productores individuales, la estimación de las pérdidas es compleja y

no puede adoptarse en forma exclusiva y aislada, la mera cuantificación de los daños físicos, valorados por los precios de mercado vigentes. El impacto del ataque de una plaga en los ingresos de un chacarero o en la economía de una localidad rural, no será directamente equivalente a la magnitud física de lo dañado, valorado por los precios de mercado del producto. Habría que considerar la diversidad de actividades de ese productor, la influencia de otros factores en la caída de producción (pej. clima), el efecto en los precios de mercado del vegetal atacado, el peso del cultivo en el asentamiento o localidad, entre otros factores. En ciertos países, hay casos de perjuicios importantes causados por plagas, que han puesto incluso en peligro la seguridad alimentaria, pero estos casos extremos no ocurren en la Argentina actual.

La magnitud del ataque de una determinada plaga y las pérdidas potenciales o actuales

que causa, pueden colocar al Estado ante la necesidad de decidir si su control es de carácter público y,o privado. En estos casos puede apelarse como criterios de decisión, pero no en forma excluyente a otras consideraciones de tipo social o económico, a dos conceptos de la teoría económica: “externalidades de un proceso productivo” y “bien público”. Para el primer caso, puede colocarse como ejemplo en la Argentina, la existencia de chacras con montes frutales abandonados que obran como hospederos de plagas, perjudicando a las restantes unidades productivas del área de influencia. En estos casos, el Estado debería tomar la decisión de intervenir desmontando en una propiedad privada, en beneficio público (ver ítem C.1. en este Capítulo y el ítem B.3. en el Capítulo III). Los programas de lucha contra las plagas del SENASA). Desde otra perspectiva de evaluación, la deriva por el aire, de plaguicidas aplicados en una finca, hacia otros cultivos fuera de sus límites o mismo hacia asentamientos poblacionales, es otro caso de externalidad (ver Capítulo II: Los efectos del control de plagas y del uso de plaguicidas).


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Por el contrario, puede ocurrir un pedido de apoyo al Estado para el control de una plaga por parte de particulares que deberían hacerlo con sus propios recursos. Peor aún, hay productores que toman la acción del Estado como un “bien o servicio público” que le será brindado, pague o no, y por lo tanto no lo hace, en perjuicio de otros productores y de los contribuyentes en general.

Es necesario resaltar por último, que hay dos grandes tipos de impactos con pérdidas:

i) los directos, perceptibles en las cosechas por un deterioro físico-biológico provocado por la plaga y, ii) los indirectos, causados por problemas comerciales. Estos últimos perjuicios se pueden manifestar por: i) rechazos de envíos comerciales o redireccionamientos de cargas y destinos, con caída de precios y ii) exigencias cuarentenarias que generan costos adicionales de comercialización, para todo tipo de vegetales frescos, considerados hospederos de las plagas cuarentenarias (Pej. tratamientos con Bromuro de metilo o frío, para la Mosca de los Frutos). El marco global de este tema ya ha sido tratado en el ítem A.2. (Comercio internacional y sanidad vegetal), de este capítulo.

Es importante destacar que, en forma reiterada, se indican como pérdidas a los costos

por tratamientos de frutas en las plantas de empaque y en ciertos procedimientos cuarentenarios. Esta concepción, común en productores, empacadores y exportadores de frutas, es discutible en su alcance universal y merece un trato detallado. Evitar ciertos tratamientos cuarentenarios exigiría otros procedimientos (pej. erradicación de plagas) que representarían costos que hasta podrían ser mayores. Por otro lado, debe entenderse que difícilmente se erradiquen ciertas plagas como la Mosca de los Frutos y la Carpocapsa, en forma definitiva. En este marco, para definir si ciertos costos por tratamientos son pérdidas para cada actor económico del proceso productivo y comercial, habría que elaborar matrices insumo - producto de todas las cadenas frutícolas, incluyendo la industrialización.

Otros impactos negativos del daño adjudicado a las plagas, pueden ubicarse en la caída

de ingresos fiscales por la comercialización de frutas en circuitos que pagan precios menores (Pej. peras y manzanas que se destinan a jugos y no al mercado interno, más retributivo). Una consideración similar podría hacerse para el empleo: muchos procesos de la comercialización en fresco, demandan más mano de obra que la industria.

b) Estimaciones globales El perjuicio que provocan las plagas en toda la producción agrícola mundial es usual

estimarlo para dos categorías: i) el causado aún con el control de plagas, que oscila alrededor de 40 % (producción potencial menos producción efectiva) y ii) el realmente evitado por ese control, que alcanza a 30% 26. En esos valores están incluidos los perjuicios causados desde la siembra hasta el almacenamiento y transporte de los granos, frutas y verduras y no están 26 En la bibliografía temática, suele emplearse la palabra daño, para aludir al efecto físico de la plaga o la enfermedad en el vegetal y el término pérdida para la traducción del daño en valores monetarios. En este Informe se alude expresamente al significado de cada término técnico, para evitar problemas de interpretación.


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considerados los que causan las plagas y enfermedades en la presentación de los vegetales (falta de calidad comercial) como tampoco, los derivados de las restricciones comerciales que la presencia de una plaga puede provocar para una determinada área o país (las denominadas plagas cuarentenarias).

Una estimación agregada que frecuentemente se elabora, alude a los perjuicios que

provocan las plagas en toda la producción agrícola mundial, por continentes o grandes regiones. Para ello se hace una estimación de la producción potencial, con base en rindes de cosechas y procedimientos padronizados y se la coteja con la producción real o efectivamente conseguida. Las diversas fuentes que usualmente producen estos cálculos, la FAO entre ellas, señalan proporciones de pérdidas que oscilan entre 20 % y 35 % de la producción. Para los países desarrollados (Japón, Estados Unidos y Europa Occidental), los porcentajes varían entre 10 % y 30 % y para los más pobres, las pérdidas giran alrededor de 40 % pero pueden llegar hasta 75 %, en especial en África, a causa de la langosta.

Los daños causados por plagas, enfermedades y malezas en la agricultura varían, en

términos generales, de acuerdo a la evolución tecnológica del agro y a los métodos de control de plagas (Cuadros 2, 3 y 4). Es importante resaltar en los valores del Cuadro 2, que las brechas observables entre “uso de plaguicidas” y “rindes”, no es la misma para los dos extremos (Japón y Africa): 10,8/0,13 kg/ha y 5,5/1,2 t/ha. Estas diferencias podrían adjudicarse, entre otros factores, a las distintas formas de control de plagas y a los excesos de aplicación.

Cuadro 2

Daños en los rindes de las cosechas (%)

Cultivo América del Sur Africa Asia Arroz 28 36 57 Trigo 31 42 30 Maíz 44 75 42 Caña 44 67 71 Papa 44 62 49 Hortalizas 30 39 36 Soja 32 42 40 Algodón 42 45 36

Fuente: “Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en la agricultura”. Organización Mundial de la Salud y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ginebra, 1992.

c) Las pérdidas en la Argentina Se puede estimar un monto global para el país, usando el calculo de pérdidas como

diferencia entre producción potencial y real, explicado en el ítem anterior. Las pérdidas serían


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equivalentes a $ 6.140.373.000, con base a estos valores: i) daño de 20% y ii) Valor Bruto de Producción de la agricultura (año 2003), equivalente a $30.701.867.00027.

Cuadro 3

Daños por agente y por regiones (%)

Daños por Regiones y países

Rinde potencial

Rinde efectivo Plagas Enfermedades Malezas Totales

Norte América 100,0 71,3 9,4 11,3 8,0 28,7 América del Sur 100,0 67,0 10,0 15,2 7,8 33,0 Europa 100,0 75,0 5,1 13,1 6,8 25,0 Africa 100,0 58,4 13,0 12,9 15,7 41,0 Asia 100,0 56,7 20,7 11,3 11,2 43,3 Oceanía 100,0 72,1 7,0 12,6 8,3 27,9 Rusia 100,0 70,3 10,5 9,1 10,1 29,7 China 100,0 66,2 12,3 11,8 9,7 33,8

Fuente: Control Fitosanitario. Maccarini Leandro. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires, 1988.

Cuadro 4

Uso de plaguicidas y rendimiento de los cultivos

Regiones y países Uso de plaguicidas (kg/ha)

Rindes de las cosechas (t/ha)

Japón 10,8 5,5 Europa 1,90 3,4 Estados Unidos 1,50 2,6 América Latina 0,22 2,0 Oceanía 0,20 1,6 Africa 0,13 1,2

Fuente: “Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en la agricultura”. Organización Mundial de la Salud y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ginebra, 1992.

Los perjuicios causados por las plagas sin embargo, no son homogéneos en los

diferentes cultivos y regiones del país. En la agricultura extensiva de la Región Pampeana, las estimaciones no indican graves perjuicios para los cuatro grandes rubros: grosso modo, los daños físicos directos en las cosechas, para la soja y el girasol en todo el país, oscilan en torno de 10 % y las del trigo y maíz, alrededor de 15 %.

En el caso de los cultivos anuales extra-pampeanos, el algodón no es afectado

actualmente por daños significativos, pero tiene una amenaza concreta: el Picudo del Algodonero. Esta plaga, presente en el sur del Brasil y en el Paraguay (departamentos

27 INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Valor Bruto de Producción, a precios de productor, en pesos corrientes, rubro “cultivos agrícolas”.


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fronterizos con la Argentina), está siendo controlada en su ingreso al País28. No se obtuvieron datos concretos y fehacientes de daños o pérdidas para cultivos como el poroto y la caña de azúcar; ajo, cebolla y papa; la yerba y el té, como tampoco para la producción forestal.

Los perjuicios actuales y las amenazas son mayores para la fruticultura. Las pérdidas

directas por plagas, se sitúan entre 15 % y 25 % de las cosechas29. En las peras y manzanas de la Región Patagónica, pérdidas anuales directas causadas por la Carpocapsa, han sido estimadas en usd$ 19 millones; en los cultivos de cítricos y frutales de carozo, de las provincias del noroeste y el noreste del País, se calcularon perjuicios anuales directos de la Mosca de los Frutos de usd$ 21 millones y para la Cancrosis de los Cítricos, de usd$ 36 millones, en este caso no tanto por los daños físicos sino por cuestiones comerciales.

Las estimaciones citadas no fueron obtenidas de relevamientos sistemáticos, con

procedimientos padronizados y continuos, sino de informaciones obtenidas de los agentes de la producción, la comercialización y los servicios agrícolas en las zonas de referencia, por parte de las administraciones provinciales del sector agropecuario. Así, deben considerarse como aproximaciones groseras. Para este Informe se pudo contar con estimaciones sistemáticas, hechas en la preparación de un programa de inversión pública en fitosanidad, para dos regiones y los dos grupos de cultivos frutales más importantes de la Argentina: las peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro y Mendoza y los cítricos dulces de la Región Noreste, tema del próximo ítem30.

d) Las pérdidas en la fruticultura argentina Los casos que se exponen fueron elegido por dos razones: i) los criterios y métodos de

cálculo de los perjuicios y ii) la importancia de estos tres rubros frutícolas en las provincias y en el propio país. Las peras, manzanas y cítricos comprenden prácticamente todos los ingresos de divisas, por exportaciones de frutas, percibidos por la Argentina y, se reitera, que el complejo frutícola oscila entre los puestos 5º y 6º, de las exportaciones del país. En el año 2004, las exportaciones de frutas frescas certificadas por el SENASA, fueron de usd$ 553.452.000 y 1.175.039 toneladas.

El daño del ataque de las Moscas de los Frutos a los cítricos es diferente que el

provocado por la Carpocapsa en los frutales de pepita (manzana, pera y membrillo). Los

28 Es necesario acotar que este cultivo pasó de un millón de hectáreas cultivadas a mediados de los ’90, a 300.000 hectáreas en el 2002. 29 Los valores de pérdidas causadas por plagas y enfermedades fueron extraídos de: i) Programa Fitosanitario del Noroeste Argentino, Proyecto Sanidad Citrícola de Tucumán. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP/SAGPyA), agosto 2002; ii) Proyecto Fitosanitario “Reducción de la Prevalencia de la Mosca de los Frutos en la Región Nordeste”. PROSAP/SAGPyA, julio 2002; iii) Informe de Evaluación Técnico Económica “Impacto de Carpocapsa en la producción de fruta de pepita de la NorPatagonia Argentina”, Fundación Barreras Patagónicas (FUNBAPA), febrero 2003 y, iv) Proyecto Fitosanitario “Supresión de la Carpocapsa en los Montes Frutales del Valle del Río Negro. PROSAP/SAGPyA, julio 2002. 30 “Programa Nacional de Sanidad Vegetal”. SENASA/PROSAP/SAGPyA, enero 2005. Información inédita con autorización de publicación. Los cítricos dulces incluyen a mandarinas, naranjas y pomelos y excluyen a los limones.


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pomelos, naranjas y mandarinas picados por las Moscas caen del árbol y pierden totalmente su valor comercial ya que ni siquiera pueden ser encaminados a la industria juguera. Con las manzanas y peras atacados por la Carpocapsa, no ocurre lo mismo: si bien los frutos picados son rechazados en el comercio internacional, en especial por países donde es plaga cuarentenaria (pej. Brasil), pueden ser encaminados para el consumo en fresco del mercado local o a la industria (jugos o sidra).

Esa diferencia, entre otros aspectos, marca una gran diferencia y además complejidad,

para la estimación de las pérdidas. La pérdida reside en el cambio de destino comercial y, por lo tanto, a una caída de precio; las frutas que se dirigían a la exportación y aparecen infestadas, deben conducirse al mercado y las manzanas y peras que, por tamaño o calidad, ya estaban dirigidas al mercado interno y están muy atacadas, pasan para la industria. Así en estos casos, una de las formas adecuadas para definir las pérdidas en términos monetarios, es el método de “pérdida de ingresos potenciales”, que adjudica un valor a la fruta que se pierde de comercializar, ya sea directamente o por caída de su valor.

Estimación de pérdidas en cítricos

El área citrícola más afectada por la Mosca de los Frutos, en la Región NEA y en todo

el país, es una franja de tierras de unos 50 km de ancho, situada en la margen derecha del río Uruguay, que se extiende desde Monte Caseros (sudeste de la provincia de Corrientes) hasta Colón (Provincia de Entre Ríos). En este territorio, que abarca la mayor parte de la producción citrícola argentina (Cuadro 5), hay 56.000 ha y 2.400 citricultores que producen, para el comercio interno y externo y la industria, más de 800.000 toneladas anuales de naranjas, mandarinas y pomelos; por causa de la Mosca de los Frutos se pierden alrededor de 143.000 toneladas.

Cuadro 5

Producción nacional de cítricos dulces (miles de toneladas anuales)

Región Naranjas Mandarinas Pomelos TotalNEA 509 401 35 945 NOA 219 46 128 393 Otras 46 17 12 75 Total 774 464 175 1.413

Fuente: Potencial y Limitantes de la Producción de Cítricos en Argentina – Ing. Agr. Fernando Segovia, noviembre 2003.

En el Programa de referencia, se calculó así una pérdida, en la situación “sin

Programa”, de $ 111 millones anuales (Precios FOB y del mercado interno). Este importante valor no incluye los perjuicios indirectos de las restricciones a las exportaciones (Cuadro 6). Para cuantificar las reducciones de las pérdidas debidas a las acciones del Programa (situación


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“con Programa”), se la producción promedio de 10 años31 y para cuantificar el beneficio del Programa, se consideró una reducción de las pérdidas desde 15% a 5 % en el segundo año; de 1 % en el tercero y, a partir del cuarto año, los daños se estabilizaron en 0,5 %.

Cuadro 6

Estimaciones de pérdidas en cítricos, por Mosca de los Frutos

Cantidades (1.000 t) Valor de la producción ($ 1.000) Destino

Sin Programa

Con Programa

Pérdida Evitada

Sin Programa

Con Programa

Pérdida evitada

Exportación

107.520,0 116.368,0 110.079,2 119.140,5 9.061,3

Mercado Interno

533.980,4 617.659,8 537.375,7 621.331,9 83.956,3

Industria

169.810,6 215.164,6 68.796,2 87.184, 9 18.388,7

Producción Afectada

142.578,0 4.696,6 137.881,4 110.079,2 119.140,6 111.406,3

Fuente: “Programa Nacional de Sanidad Vegetal”. SENASA/PROSAP/SAGPyA, enero 2005.

Estimación para peras y manzanas En la Argentina, la producción más importante de frutas de pepita está en la Patagonia

Norte (Provincias de Río Negro y Neuquén) y en Mendoza (Cuadro 7). En estas dos áreas, el Programa de referencia hizo la estimación de pérdidas sobre 55.000 ha. y 3.300 productores que comercializan 1.395.000 toneladas de fruta por año. En ese total, hay alrededor de 88.000 toneladas afectadas por Carpocapsa, de las cuales 60 % se encamina a la industrialización (jugos y sidra).

Cuadro 7 Producción Nacional de Manzanas y Peras

(en miles de toneladas anuales)

Región Manzanas Peras TotalPatagonia 785 525 1.310Cuyo 98 53 151 Otras 9 3 12 Total 892 581 1.473

Fuente: Potencial y Limitantes de la Producción de Manzanas y Peras en Argentina – Ing. Agr. Fernando Segovia.

La producción afectada por Carpocapsa para la situación “Sin Programa” fue fijada en

6,4 % de la producción total32. La producción dañada en el primer año de la situación “Sin

31 Estimación de la Agencia Regional del INTA (Concordia) y el propio SENASA.


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Programa”, se estableció en 4,3 %; 1,9 % en el segundo; 0,12 % en el tercero y se la estabilizó en 0,1 %, a partir del cuarto año del Programa (Cuadro 8).

El valor bruto perdido por el ataque de Carpocapsa, valorizado a precios finales (FOB

de exportación y precios al consumidor) fue estimado en $ 28 millones anuales y, como en el caso de la Mosca de los Frutos, no incluyó a los perjuicios indirectos de las restricciones a las exportaciones.

Cuadro 8

Estimaciones de pérdidas en peras y manzanas, por Carpocapsa

Cantidades (1.000 t) Valor de la producción ($ 1.000) Destino

Sin Programa

Con Programa

Pérdida evitada

Sin Programa

Con Programa

Pérdida evitada

Exportación

489.476, 9 518.752,4 610.626,2 646.268,7

Mercado Interno

313.400,8 358.984,4 569.769,5 653.228,6

Industria

502.972,8 492.329,1 202.987,8 199.063,9

P. afectada a merc. interno

37.582,3 617,6 36.964,6 66.276,0 1.059,6

P. afectada a industria

51.932,1 681,3 51.250,8 22.381,9 282,4

Totales 88.215,4 27.861,9

Fuente: “Programa Nacional de Sanidad Vegetal”. SENASA/PROSAP/SAGPyA, enero 2005. En estas importantes zonas productivas de peras, manzanas y cítricos de la Patagonia,

Cuyo y el NEA (111.000 ha y 5.700 productores), en la actualidad se invierten unos $ 110 millones anuales en la lucha contra Mosca de los Frutos y la Carpocapsa. En ese valor están comprendidos $ 100 millones de costos directos de producción, para los fruticultores y $ 10 millones como costos de los programas regionales y provinciales de lucha en ejecución (este último valor no incluye los costos de los sistemas cuarentenarios ni los costos de los organismos nacionales y/o provinciales de investigación y protección vegetal).

Es posible concluir que, con esa magnitud de inversión anual, la lucha contra las dos

plagas, basada casi exclusivamente en la aplicación masiva de plaguicidas químicos (1.139.500 kilos anuales en 111.000 has.) es, en términos generales, ineficaz por que no logra reducir las pérdidas a niveles aceptables que hagan, ambiental y comercialmente, sustentables los sistemas de control utilizados.

32 “Estudio Técnico Económico: Impacto de Carpocapsa en la Producción de Fruta de Pepita de la Nordpatagonia Argentina”, FUNBAPA, febrero de 2003.


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e) El cierre de una frontera comercial Las restricciones cuarentenarias al comercio internacional y aún dentro de un

determinado país, entre regiones afectadas en forma diferente por plagas o enfermedades, pueden representar serias pérdidas. Un claro ejemplo es lo ocurrido con las exportaciones de peras y manzanas del Alto Valle y Mendoza hacia el Brasil.

A mediados de mayo, 2002, el Brasil cerró la frontera para el ingreso de frutas de

pepita desde la Argentina, debido a la magnitud de la presencia de Carpocapsa, plaga cuarentenaria para el vecino país. Si bien el cierre duró 45 días, la decisión representó un grave problema socioeconómico para la Provincia de Río Negro y para la Argentina. Más aún, la medida se levantó por el acuerdo logrado entre las partes, de instalar en el Valle del Río Negro y posteriormente en Cuyo, un Sistema de Mitigación de Riesgos para fiscalizar y certificar los envíos de fruta al Brasil. Este Sistema ha sido renovado desde entonces, ocurriendo el último acuerdo en enero de 2005, pero se está estudiando, la instalación de una inspección conjunta de los puestos fronterizos. De este modo, el potencial daño causado por la Carpocapsa se mantiene presente como obstáculo a estas exportaciones, que representan 20 % del total exportado en el rubro por la Provincia, con un valor promedio de usd$ 62 millones. La importancia de las exportaciones al Brasil reside en que toda la fruta que no ha podido ser exportada a ese destino, ha debido colocarse en el mercado interno, con una significativa caída de los precios.

4. Una nueva plaga: la Roya de la Soja Apareció y se instaló en la Argentina una nueva plaga de la soja que reúne algunas

condiciones peligrosas para el cultivo: la Roya Asiática (Phakospora pachyrizi). La virulencia de ese hongo es mucho mayor que la Roya Americana (Phakospora meiboniae), ya presente en los cultivos de Sudamérica; afecta el número de vainas, la formación y llenado de las legumbres y puede matar a la planta. La Roya Asiática es un parásito biotrófo que, debido a esta característica, no se transmite por las semillas ni por el rastrojo. Tiene muchos hospedantes y se disemina con facilidad por medio de sus esporas, llevadas por el viento33. Así, no es difícil acertar el pronóstico de que, instalada la Roya en el Brasil, el Paraguay y el norte del País, esta plaga alcance pronto a los cultivos en la Región Pampeana.

Los primeros brotes aparecieron en el Brasil y el Paraguay en la campaña 2001/02 y se

extendieron a Bolivia en 2003. El primer foco en la Argentina se detectó en Misiones durante la campaña 2001/02, en un cultivo experimental y en la campaña 2003/04, se registraron estos focos en cultivos comerciales: Colonia Aurora (Misiones) y Virasoro, Santo Tomé, Loreto, San Borgita y Colonia Liebig (Corrientes). En el NEA, también hubo presencia del hongo en cultivos experimentales. En la campaña 2003/04 la presencia y virulencia del hongo fue

33 Se estima que la plaga llegó a América del Sur desde Africa, arrastrada por los vientos, atravesando el Océano Atlántico.


49

mitigada por la baja humedad ambiente, pero ya en abril aparecieron denuncias de focos en el norte y centro de Santa Fe, Entre Ríos y el Chaco34.

Las pérdidas que causa esta plaga pueden llegar a ser totales en el cultivo. En la

campaña 2001/02 del Brasil, la Roya Asiática afectó a 90 % del área sojera con enormes pérdidas en los cultivos. En la siguiente campaña (2002/03), los perjuicios fueron menores debido a las campañas de control. Por ejemplo en Mato Grosso do Sul, alcanzó a 15 % de la producción física y usd$ 306 millones y en Bahía, 30 % y usd$ 132 millones. En esta campaña sojera del Brasil, el costo de la prevención y el control alcanzó a usd$ 576 millones.

La SAGPyA creó, en 2003, el Programa Nacional de Roya de la Soja (Resolución Nº

538) para prevenir, controlar y manejar a esta plaga en todo el territorio argentino. Participan el SENASA, a través del SINAVIMO; el INTA; la Estación Experimental Obispo Colombres (Tucumán)35; las administraciones provinciales y organismos privados (AAPRESID; AACREA y PROSOJA). El Programa tiene tres componentes: i) monitoreo y vigilancia; ii) capacitación y difusión y, iii) investigación. El primero tal vez haya perdido su sentido toda vez que el hongo ya ha penetrado en el país y se considera que es imposible aislarlo o detenerlo. Los otros dos sí tienen gran relevancia; no existen variedades resistentes (importancia del componente investigación) y por lo tanto, el control debe darse a través de prácticas culturales y lucha química (fin del componente de capacitación y difusión). En el INTA se está trabajando en el desarrollo de genes de resistencia específica. En el tema de capacitación y difusión se han elaborado folletos técnicos explicativos, se ejecutan campañas de difusión por los medios masivos y se han hechos seminarios y talleres para técnicos y productores. Ya hay registros de laboratorios con remedios específicos y hay un “stock” suficiente de estos fungicidas. Por último, debe decirse que no hay normas cuarentenarias para la Roya asiática ya que el hongo es biotrófo y no se propaga por semillas.

Para la campaña 2004/05, el SINAVIMO ha elaborado un informe donde ya indica la

ocurrencia de brotes de la Roya en la Región Pampeana pero sin incidencia de consideración en los rindes de la cosecha.

B. PRACTICAS Y TECNICAS DE CONTROL DE PLAGAS

1. Situación actual de la adopción de prácticas en la agricultura argentina La obtención de información concreta y fidedigna sobre la adopción de los diferentes

plaguicidas y métodos de control de plagas por parte de los productores argentinos, ha mostrado algunas dificultades. En general, los organismos de extensión e investigación agropecuaria tienen información para casos puntuales, de reducido alcance y los encargados de la sanidad vegetal, no efectúan ese tipo de levantamiento de datos. 34 Seminario “El campo sano”. Organizado por la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales. Buenos Aires, mayo de 2004. 35 En el INTA (Castelar) y la Estación Experimental Obispo Colombres están los únicos equipos de laboratorios del país, que pueden hacer microscopia molecular, única forma de diferenciar a esta plaga de la Roya Americana.


50

En el Censo Nacional Agropecuario 2002 fueron introducidas por primera vez,

preguntas relacionadas con el control de las plagas de la agricultura y los resultados permiten tener un panorama general del grado de adopción de las diversas técnicas y prácticas en el país (Cuadro 9). Se obtuvo, en forma preliminar a la edición por el INDEC, datos para seis prácticas, cuantificadas por número de establecimientos agropecuarios (EAPs) que las ejecutan y por departamento (municipio): i) monitoreo de plagas; ii) control biológico de plagas; iii) control integrado de plagas; iv) respeto de los tiempos de carencia; v) protección en la aplicación y, vi) manejo de envases vacíos (ver definiciones en el Cuadro 9)36.

Como en todos los departamentos censados no sólo hay EAPs que hacen agricultura,

sino también actividades como la ganadería que casi no usan plaguicidas, los datos obtenidos (número de EAPs que hacen las prácticas) pueden cuantificar en menos, el grado de adopción. Así se decidió tomar departamentos dónde la categoría censal “área implantada con agricultura” es numéricamente predominante; además se eligieron departamentos de provincias pampeanas y extra pampeanas.

El “monitoreo de plagas” es la práctica de mayor adopción, con valores que oscilan

entre 25 % y 45 % del total de las EAPs. Y como era de esperar, la adopción de los “controles biológicos e integrado de plagas” es muy reducida en todo el país. El “respeto a los tiempos de carencia” es bajo con relación a la importancia que esa práctica (que tiene normas para todos los plaguicidas) tiene para la inocuidad sanitaria de los alimentos, en especial los de consumo fresco. No hay datos para la observancia de los tiempos de reingreso a las áreas tratadas con plaguicidas, importante para la salud del trabajador rural.

El “manejo de envases vacíos”, fundamental para prevenir las intoxicaciones

accidentales y la contaminación del ambiente, es una práctica de reciente difusión y promoción y que por lo tanto, el grado de adopción parece aceptable (ver ítem I.B.3.). Debe agregarse que las normas EUREPGAP para exportaciones, exigen evidencias de manejo de envases.

36 Para algunas regiones (pej. NOA) se ha introducido una pregunta dirigida a la observación de mortandad de aves, causada por plaguicdas, pero no se han obtenido los resultados.


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Cuadro 9

Adopción de prácticas culturales de control de plagas

EAPs Area EAPs

(Nº) (ha)

Respeto de tiempos de carencia

Monitoreo de plagas

Control biológico de

plagas

Control integrado de

plagas

Protección en la

aplicación

Manejo de envases vacíos Provincias y municipios

Total Implantada Nº % % % Nº % Nº % Nº % Nº % Buenos Aires Colón 402 79.560 63.305 5 1,2 129 32,1 8 2,0 18 4,5 18 4,5 113 28,1

Pergamino 1.117 285.991 231.580 249 22,3 395 35,4 21 1,9 172 15,4 124 11,1 121 10,8

Rojas 584 183.273 149.897 129 22,1 277 47,4 13 2,2 94 16,1 61 10,4 104 17,8

Salto 516 139.423 121.261 83 16,1 149 28,9 33 6,4 31 6,0 58 11,2 76 14,7

San Nicolás 293 53.104 43.475 4 1,4 79 27,0 4 1,4 8 2,7 37 12,6 61 20,8

Córdoba

Marcos Juárez 2.077 833.774 708.470 588 28,3 553 26,6 44 2,1 279 13,4 498 24,0 511 24,6

Gral. San Martín 786 343.195 297.971 43 5,5 54 6,9 7 0,9 165 21,0 137 17,4 117 14,9

Río Segundo 1.420 495.255 437.263 362 25,5 372 26,2 8 0,6 205 14,4 606 42,7 417 29,4

Mendoza

Junín 1.589 20.322 13.932 424 26,7 53 3,3 4 0,3 7 0,4 303 19,1 172 10,8 Santa Fe Constitución 1.641 869.216 224.498 54 3,3 458 27,9 32 2,0 263 16,0 200 12,2 269 16,4 Iriondo 1.435 297.495 261.657 341 23,8 765 53,3 43 3,0 258 18,0 424 29,5 387 27,0

Tucumán La Cocha 660 47.325 33.758 164 24,8 90 13,6 9 1,4 57 8,6 283 42,9 400 60,6 Lules 159 12.230 9.230 31 19,5 17 10,7 2 1,3 3 1,9 29 18,2 31 19,5

Fuente: Censo Nacional Agropecuario – 2002. EAPs es “Establecimientos Agropecuarios”, unidad censal del Censo Agropecuario. Definiciones del CNA02: Monitoreo de plagas: Seguimiento de la población de la plaga para precisar el umbral mínimo de inicio de la aplicación de plaguicidas. Puede ser un sistema de alarma local, un conteo de individuos por trampa, unidad de área, de planta o de surco. Control biológico de plagas: Forma de lucha que usa parásitos, predadores o entomófagos de las malezas o insectos plaga. Control integrado de plagas: Sistema de regulación de plagas que considera su hábitat y su dinámica poblacional para usar todas las técnicas y métodos posibles, compatibilizando su interacción, con el fin de mantener a la plaga por debajo del daño económico. Protección en la aplicación de plaguicidas: Uso de equipo protector (mameluco, guantes, filtro, botas, delantal, máscara, etc.) de acuerdo a las recomendaciones de la hoja de seguridad del producto, para reducir los riesgos de intoxicaciones de los trabajadores. Manejo de envases de plaguicidas vacíos: Trato preventivo de la contaminación con envases vacíos de plaguicidas tóxicos. Incluye reuso o desecho y los servicios de recolección (No acepta quemado al aire libre, reutilización para otros destinos, abandono en terrenos despoblados, etc.). Respeto de tiempos de carencia: Período exigido entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha, para que el vegetal tenga un nivel cero o aceptable de residuos tóxicos.


52

Se ha dejado para el último análisis, a la práctica que tal vez tenga mayor importancia, tanto por su contenido como por el resultado observable en el Censo: “protección en la aplicación de plaguicidas”. El grado de adopción es muy bajo, con excepción de dos departamentos dónde llega a 42 % de las EAPs. Este hecho está agravado por las características de los equipos de protección que, según las observaciones recogidas de profesionales y esta consultoría, son por lo general obsoletos, están en mal estado o son usados en forma incorrecta; la afirmación vale tanto para los productores que hacen control como para los trabajadores rurales contratados, tema del próximo capítulo.

2. Las prácticas complementarias del control

En el Alto Valle del Río Negro se inició en 1997, un proyecto piloto llamado "Uso

seguro de productos fitosanitarios y disposición final de envases vacíos". El proyecto prevé entrenar y capacitar a los productores, vendedores, agrónomos y otros protagonistas de la sanidad vegetal, en aspectos vinculados a los peligros del uso incorrecto de los plaguicidas y también, en prácticas dirigidas a la disposición final adecuada de los envases vacíos de agrotóxicos.

El proyecto es ejecutado por una Comisión integrada por el INTA, la Cámara

Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIA), las Secretarías de Educación y de Ecología y Medio Ambiente de la Provincia de Río Negro, la Cámara Valletana de Insumos Agropecuarios (CAVIA), y la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

Los objetivos del Proyecto pueden ser sintetizados así: i) Difusión de la importancia y

beneficios del “Triple Lavado” de envases de agrotóxicos; ii) capacitación en el uso seguro y disposición final de envases, incluyendo a docentes y capacitadores; iii) instalación y puesta en funcionamiento de un Centro de Recepción y Procesamiento de Envases de Agrotóxicos y de un sistema de recolección; iv) capacitación a personal de organismos públicos e instituciones privadas en la prevención de emergencias por plaguicidas y v) asistencia a los cuerpos médicos en aspectos de toxicología de plaguicidas.

En la Provincia de Mendoza hay un programa dirigido al almacenamiento seguro de

productos fitosanitarios y de tratamiento y eliminación de envases vacíos de agroquímicos, ejecutado por ISCAMen y apoyado por CASAFE.

Otro aspecto que tiene diversos ángulos de consideración es la correcta aplicación del

plaguicida, que incluye la capacidad del operador y su seguridad, las dosificaciones y recetas agronómicas y el estado de los equipos de aplicación y transporte. Además de la protección del aplicador y su entorno por intoxicaciones, una correcta utilización del procedimiento tiene dos impactos significativos: la eficacia del plaguicida y el ahorro de combustible, remedios y horas de trabajo. Existe un programa del INTA dedicado al tema, ya que se considera que este


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importante aspecto del control es deficitario en varios de sus rubros. En este Informe no se profundizó la evaluación del tema aún cuando no se desconoce su importancia.

3. Resistencia de las plagas a los plaguicidas

Un aspecto importante a considerar en toda evaluación del uso de plaguicidas, es la resistencia que adquieren determinadas especies hacia los plaguicidas aplicados para combatirlas. La resistencia a plaguicidas es un fenómeno adquirido y complejo y, entre otras causas, puede provenir, en una determinada población, de usos indebidos o inadecuados de los agroquímicos. La tolerancia por el contrario, es innata. Hay un tema especial y poco investigado, que se relaciona con estas propiedades: la posibilidad de “fuga” de genes incorporados a los organismos genéticamente modificados para resistir a los herbicidas, hacia las malezas, transfiriéndoles a éstas, su propia capacidad de resistencia. De este fenómeno no se han encontrado evidencias fácticas ni bibliográficas precisas y concretas en la Argentina y sólo referencias generales en otras fuentes de información internacionales.

En el caso de los herbicidas, y en especial del Glifosato aplicado en la soja y otros

cultivos, ya se han reportado numerosos casos de resistencia. En Chile, se detectó resistencia en “rye grass” (Lolium multiflorum) en montes frutales en 1999; el fenómeno fue estudiado en 2003 y se lo atribuyó a las continuas e intensas aplicaciones de Glifosato en montes de los árboles frutales37. La bibliografía temática indica también casos de resistencia en otras gramíneas, estudiados en Australia, Malasia, Sudáfrica, Israel y Estados Unidos (varios estados). En una Reunión Regional de países latinoamericanos, sobre resistencia de malezas a herbicidas38, ya se alerta en 1997, por la aparición de este fenómeno, de sus indudables efectos económicos negativos y del desconocimiento científico técnico del hecho, sumado a la falta de difusión entre los extensionistas rurales y productores.

En otro rubro productivo, las zonas frutícolas del norte de la Patagonia y, en especial

en el Alto Valle del Río Negro, se determinó un aumento de la resistencia a los piretroides por parte de la Carpocapsa. Esta resistencia también ha sido atribuida a una presión de selección que se concreta por aumentos en las aplicaciones de los plaguicidas (mayores dosis y repeticiones).

Investigaciones realizadas por el INTA Alto Valle determinaron resistencias siete

veces mayores en individuos de los montes frutales que en los criados a laboratorio. Esta resistencia se restringe al piretroide más usado (Esfenvalerato) y no al Metilazinfós, organofosforado de mayor difusión en el Valle. No obstante esto, no se debe descartar que ocurra algo similar con el Metilazinfós, ya que se han reportado casos de resistencia a este

37 “Absorption, translocation and allocation of glyphosate in resistant and susceptible Chilean biotypes of Lolium multiflorum”. Alejandro Pérez, Claudio Alistery, Marcelo Kogan. Ed. Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 38 Hecha con el auspicio de la FAO y la Universidad de San Pablo, Brasil, en Jaboticabal, 1997.


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agroquímico en otros países (California, USA y Sudáfrica), como a otros plaguicidas y a reguladores del crecimiento. Esta resistencia a los plaguicidas, es uno de las principales razones para promover la adopción de prácticas alternativas en el control de las plagas. C. CONDICIONES DEL PRODUCTOR Y CONTROL DE PLAGAS

La adopción de las técnicas y prácticas de control de plagas está necesariamente

vinculada a las condiciones socioeconómicas de los productores y el grado general de innovación tecnológica alcanzado y, por lo tanto, tanto los diagnósticos de las situaciones fitosanitarias como los proyectos de inversión en sanidad vegetal, no pueden dejar de considerar el desarrollo socioeconómico y tecnológico de las áreas objeto de intervención pública. Para ilustrar lo afirmado se describen a continuación, algunas situaciones regionales.

1. La fruticultura del Alto Valle del Río Negro El control de plagas en esta Región dedicada al cultivo de frutales para la exportación,

puede usarse como paradigma de la influencia de la situación económica de los productores y la innovación técnica, en el control de las plagas. La fruticultura valletana, de enorme peso en la economía provincial, sufre un estancamiento de su productividad y competitividad, en especial para los rubros manzanas frescas y procesadas, con relación a otros países del hemisferio sur. Desde 1980, el crecimiento sectorial en esos países ha sido de 21 % (promedio), mientras que la fruticultura del Valle crecía a 4 %. En el caso de las peras la situación no es tan desfavorable y, si bien el crecimiento también ha sido menor, la Argentina conserva un papel de privilegio como productor y exportador.

Las causas del estancamiento pueden situarse en la falta de rentabilidad que tienen los

denominados “montes tradicionales de frutas”, consecuencia a su vez, del atraso tecnológico de muchos pequeños y medianos productores. Estos montes se caracterizan por tener: i) una baja densidad de plantación y bajos rindes, con relación a las formas más modernas de conducción (Pej. “en espaldera”); ii) los árboles, por edad y manejo, han desarrollado gran altura y frondosidad, elementos que dificultan las aplicaciones de plaguicidas y la cosecha y, iii) tienen variedades de escaso valor comercial, por lo general manzanas “Red Delicious”. Las frutas cosechadas de estos montes, sólo pueden acceder al mercado interno en fresco o deben ser destinadas a las industrias juguera o sidrera, con precios pagados al productor significativamente menores. Los costos de reconversión hacia las nuevas formas de conducción y a la implantación de variedades más aceptables o aún, la pera, son inaccesibles a los pequeños y medianos productores, sin una política de crédito subsidiado. Debe señalarse que no existe actualmente en ejecución para la fruticultura del Alto Valle, un plan o programa de desarrollo acordado entre los actores, con la inversión pública correspondiente, destinado a retomar el crecimiento que caracterizó a la región hasta la década de los ’60. En este contexto, pretender que todos los productores adopten formas innovadoras de control de plagas, como la Técnica de la Confusión Sexual de alto costo inicial, es cuando menos, desacertada.


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La erradicación de montes abandonados y en riesgo fitosanitario es una herramienta

concreta de control fitosanitario porque la remoción de esas plantas, elimina focos de reinfestación de plagas y enfermedades, en las chacras linderas. A través de los años en que se ha practicado la erradicación, se pudo comprobar técnicamente la diferencia en la efectividad de los controles sanitarios en establecimientos vecinos, surgida de la reducción en la presión de plaga por remoción de plantas afectadas.

Un “monte frutal abandonado” es aquel que reúne, en forma clara y notable,

condiciones predisponentes para el desarrollo de plagas y que es necesario erradicar, teniendo en cuenta que el manejo correcto de dichas condiciones para favorecer el control, es el establecido en las “Buenas prácticas de manejo del monte frutal para el control de Carpocapsa” del Programa de Lucha contra la Carpocapsa aprobado por Resolución N° 335/00 de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro39. Un “monte en riesgo fitosanitario” es aquel que reúne las siguientes condiciones predisponentes para el desarrollo de la plaga. El Cuadro 10 muestra la superficie de más de 2.500 ha que abarcan las dos condiciones en el Alto Valle; representan un área significativa de fuentes de reinfestación y precisa ser sometida a la erradicación de los frutales.

Cuadro 10 Montes identificados para erradicación

Localidad Abandonado En riesgo

Cinco Saltos 180 110 Cipolletti 231 79 Campo Grande 329 110 Allen 68 92 General Roca 41 35 Cervantes 65 181 Ing. Huergo 71 88 Villa Regina 630 280 TOTAL 1.615 975

Fuente: Fundación Barrera Patagónica FUNBAPA Con frecuencia, al identificarse un monte en su condición de “abandonado” y decidirse

su erradicación, se tropieza con fuertes impedimentos legales (amparos dictados por jueces provinciales) que tornan inconducente a la referida legislación. Toda política de sanidad vegetal que pretenda la reducción de la prevalencia de la Carpocapsa en el Alto Valle, deberá

39 Las condiciones son: dos temporadas sin podar y, o sin ralear;;no haber efectuado el control de la plaga en el último año; no realizar las prácticas culturales que favorezcan el control, de acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el Programa de Lucha contra Carpocapsa y aprobadas por la Autoridad de Aplicación; tener en el monte frutal, plantas o ramas secas, consecuencia de stress hídrico por riegos esporádicos o servicio de riego cortado por el Consorcio y, o, presencia de especies arbustivas y/o arbóreas y malezas; estar registrado como en Riesgo Fitosanitario y/o Abandonado en el relevamiento fitosanitario del Programa de Lucha contra Carpocapsa; tener porcentaje de daño en fruto mayor al veinte por ciento; no tener Cuaderno Fitosanitario o el mismo no ha sido llenado en los registros que hacen al seguimiento del control de la plaga; tener denuncia ante el Programa de Lucha contra Carpocapsa (PLCC), Comisión Local de Lucha, ante Autoridad de Aplicación del Decreto Ley Nº 6.704 o ante Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial N º 3.106.


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considerar inexorablemente la erradicación de “montes abandonados” y para ello, deberá considerar el fortalecimiento de la legislación vigente.

Otro factor que actúa como obstáculo al control de la Carpocapsa es la forma de

conducción del monte, incluyendo en esto a la edad de las plantas. La forma “monte tradicional” que tienen gran parte de los pequeños productores, con manzanos y perales de más de 20 años, manejados con técnicas de poda obsoletos, resulta en árboles de gran altura (más de 8 metros), a los cuales es casi imposible llegar a cubrir con las fumigaciones. Además esa conducción favorece la existencia de lugares para permanencia de la Carpocapsa y dificulta los tratos culturales de control. La forma “espaldera” además de facilitar la obtención de una productividad mucho mayor del monte y frutos de mejor calidad, favorece la aplicación de los plaguicidas por la reducida altura que alcanzan los árboles y por la disposición de las ramas en forma abierta.

Es necesario destacar que en las plantaciones de peras se observa un mayor uso de los

nuevos sistemas de conducción, en tanto que no ocurre lo mismo con las de manzanas. En efecto, el 57 % de la superficie cultivada con peras está conducido por medio de “espalderas”, mientras que para las manzanas este porcentaje se reduce al 45 %. La superficie cultivada con manzanas es, en un promedio, de 29.000 ha, bajo el sistema de conducción predominante denominado “monte tradicional” y en segundo lugar, “espaldera”. La densidad de plantación varía entre 200 y 500 plantas/hectárea.

La tasa de reemplazo por montes de nuevas variedades y con sistemas de plantación y

conducción más apropiados, ha sido reducida y coloca a la región por debajo de los patrones de calidad internacionales, tanto en volumen promedio de producción como en rendimiento de calidad exportable. Esta situación se agrava con la aparición, en los últimos quince años, de nuevos competidores en el hemisferio sur. En la actualidad, el costo de la reconversión es estimado en usd$/ha 4.500, cifra inaccesible para los pequeños productores y gran parte de los medianos.

El INTA del Alto Valle validó y luego introdujo, en 1988, un sistema de vigilancia

para decidir la aplicación del control químico. Así se lograron reducir las aplicaciones de insecticidas a lo necesario, pero manteniendo el sistema tradicional de fumigación, basado en el poder residual de los agroquímicos40. En promedio, las fumigaciones por campaña varían entre 5 y 8 para pera y de 10 a 12 para manzana, según variedad, sistema de conducción, presión de plaga y época de cosecha.

Es importante resaltar la vinculación que tienen con la situación económica: las

aplicaciones de agroquímicos son 30% del costo de producción y su valor es cotizado en dólares. Ante una eventual caída de rentabilidad, se reducen las posibilidades de los productores para adquirir los insumos de un control efectivo se restringe la aplicación de

40 Método termoacumulativo que relaciona un modelo fenológico de sumas de temperaturas a partir de un umbral, con la biología de la especie a través de los llamados Carpogrados o Grados-día.


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labores culturales (fertilización, poda, raleo de frutos y mantenimiento de maquinarias). Así, puede establecerse una relación entre las utilidades económicas del complejo frutícola y el incremento de la presencia de la plaga, observable a través de la venta real de productos agroquímicos y los requerimientos teóricos que presentan la región y cada productor, para llevar adelante un programa eficiente de control. El Cuadro 11 muestra la evolución de las aplicaciones recomendadas y las realmente aplicadas, con la venta de insecticida (Metilazinfós). En la temporada 2001/02 se observó una drástica reducción en las fumigaciones, por restricciones económicas de los productores y por falta de plaguicidas en los mercados y, en consecuencia, una mayor presencia de la plaga.

El método tradicional de control químico se hace mediante pulverizadores de alto volumen que usan grandes caudales de agua para lograr la saturación de la planta (hasta punto de goteo).

Cuadro 11 Uso de plaguicidas en el Alto Valle

1996 1997 1998 1999 2000

Superficie controlada (has) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Sanidad recomendada: Dosis insecticida (kg/ ha) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Aplicaciones (N) 5 5 5 5 5

Programa teórico de aplicaciones, medido En volumen de productos (t) 875 875 875 875 875

Aplicaciones efectuadas: Ventas de insecticida (t) 650 750 650 440 350

Estado de sanidad de frutas (%) 74% 86% 74% 50% 40%

Fuente: FUNBAPA

El diagnóstico del estado de equipos y de su uso, sobre todo entre pequeños y

medianos productores es el siguiente: − Equipos de pulverización mal calibrados, algunos obsoletos e inadecuadas

velocidades de tractor que se traducen en insuficientes volúmenes de aire de la turbina y de agua pulverizada, hacen aplicaciones defectuosas.

− Raleo insuficiente o tardío que facilita la infestación donde hay exceso de

frutos juntos y malas prácticas de poda, árboles altos (más de 5 m), planos de apuntalamiento excesivos o demasiado perpendiculares al pasaje del equipo pulverizador.

− Elección inapropiada de la oportunidad del tratamiento por desconocimiento de

la biología de la plaga (hay escaso conocimiento del Umbral de Control); realización de pulverizaciones bajo adversas condiciones del tiempo (excesivo


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viento, horas de alta irradiación); elección inadecuada del plaguicida por falta de conocimiento o capacitación en el uso de los mismos y falta de repetición de la aplicaciones de plaguicidas, después de la ocurrencia de lluvias.

Los productores más evolucionados, entre ellos los “integrados”, por lo general usan

técnicas de control basadas en correctos criterios sanitarios, ambientales y económicos; aplican incluso la moderna Técnica de la Confusión Sexual para la Carpocapsa. Debe considerarse que estos productores, ya sea por tener “empresas integradas” (productoras, empacadoras y exportadoras de frutas) o por estar asociados a exportadores, deben observar rígidas normas de control de residuos de plaguicidas. Sin embargo, aún en este estrato de productores, las normas de higiene y seguridad laboral no son observadas con el rigor que exige la salud del trabajador rural.

Una estimación de información obtenida de diversos analistas y técnicos involucrados

en los quehaceres frutícolas del Alto Valle (50.000 ha en Río Negro y Neuquén) indican que 5 % del cultivo de peras y manzanas se efectúa bajo las normas y las prácticas de la producción orgánica; 10 % se hace regida por las Buenas Prácticas Agrícolas recomendadas por la EUREGAP41; 45 % es responsabilidad directa o indirecta, de las empresas exportadoras que manejan protocolos propios y 40 % no se acoge sistemáticamente a ningún sistema de calidad, si bien gran parte comienza a observar las exigencias sobre residuos de plaguicidas.

2. La agricultura pampeana En este caso puede resaltarse inicialmente la formidable innovación tecnológica que se

concretó en diez años con la siembra directa. Esta práctica a comienzos de los ‘90 cubría menos de 100.000 has de la superficie sembrada en el País y en la campaña agrícola 2003/04, alcanzó 15 millones de has. La adopción de esta tecnología no se restringe a sustituir el arado de reja por la sembradora directa, sino que requiere un cambio de concepción del uso de los recursos naturales y de la administración de la empresa.

No es de extrañar que en ese marco, el control de plagas haya tenido cambios también

y que se adoptaran prácticas como el monitoreo de plagas y la aplicación de plaguicidas sólo cuando se supera el Umbral Económico del Daño, pero sin la extensión y cobertura necesarias (ver ítem I.B.2.). Hay observadores que señalan que en la actualidad, la aplicación de plaguicidas aún es realizada por muchos agricultores según el calendario, con dosis fijas y que su intensidad depende básicamente del precio de los plaguicidas y la rentabilidad prevista del cultivo tratado.

41 Asociación europea privada de empresas de comercialización minorista que posee principios y protocolos para frutas y verduras de general aceptación.


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3. La horti-fruticultura de los valles irrigados de Mendoza Una situación similar de innovación técnica desigual se vive en esta Provincia, aún

cuando las condiciones generales de desarrollo no lo son. En términos del control de plagas debe resaltarse la particularidad de que la uva fina se cultiva con plaguicidas de menor peligro toxicológico y en dosis menores, que en la horticultura y la fruticultura.

Un estudio realizado en forma conjunta por el Departamento General de Irrigación y la

FAO, en la zona de Luján Sur, al oeste de la Provincia, resalta la escasa presencia que tienen en el área, la transferencia de tecnología para la correcta aplicación de agroquímicos y la promoción del Manejo Integrado de Plagas. El Estudio incluyó una encuesta entre los productores del área que permitió, entre otros resultados, establecer estas conclusiones: i) manejo inadecuado de los recursos naturales; ii) escasa eficiencia en el manejo de los cultivos y adopción de tecnologías; iii) ineficientes sistemas de protección vegetal y uso incorrecto de fertilizantes y, iv) selección inadecuada de semillas y otros medios de propagación 42. Sin datos cuantitativos concretos, es posible indicar que hay preocupación en el ramo vitivinícola, por la presencia de residuos de plaguicidas, en especial en los mostos concentrados y que afectarían gravemente a las crecientes exportaciones actuales.

4. Las áreas frutihortícolas irrigadas de Lules y Tafi del Valle Otro ejemplo ilustrativo es el uso de plaguicidas según diferentes tipos de productor, en

la Provincia de Tucumán43. En las tierras de referencia, encuestas realizadas entre productores señalan que se usan diversos tipos de plaguicidas, en estas proporciones: 86 % tiene poca a leve toxicidad y 14% restante es moderadamente tóxico; sólo son muy tóxicos, entre los más usados, el Bromuro de metilo, el Clorpirifós y el Metildemeton. Los productos de reducida a media toxicidad son los que potencialmente pueden impactar en mayor grado a insectos benéficos, medio acuático y fauna.

La técnica de aplicación más empleada es el equipo pulverizador manual o montado

sobre tractores o acoplados. Los sistemas de aplicación son fundamentalmente los de barra o botalón de baja presión, y los de alta presión, llamados frecuentemente hidráulicos. Los pulverizadores de bajo volumen y de ultra bajo volumen son menos utilizados, particularmente estos últimos, dado que son pocos los plaguicidas adecuados a este tipo de aplicación.

Las derivas de producto fuera del área a tratar no son significativas en virtud de las

tecnologías de aplicación más generalizadas; las pulverizaciones aéreas no se utilizan en los sistemas de producción considerados. En cítricos (prácticamente sólo cultivado en Lules), 90% de las aplicaciones de productos químicos (fungicidas cúpricos y organofosforados, 42 Estudio de Factibilidad “Modernización del Sistema de Riego Luján Sur”. Proyecto PNUD/ FAO/ARG/00/008 - Departamento General de Irrigación. Mendoza, 2002. 43 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Programa de Riego y Transformación Productiva. PROSAP, SAGPyA/BIRF Ppréstamo Nº 4150. Provincia de Tucumán, junio de 2001. En este trabajo se hizo una encuesta entre productores que, entre otros aspectos, permitió analizar las formas de uso de los plaguicidas y sus efectos (dosis empleadas, frecuencias de aplicación, equipos).


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Methialation) se realiza mediante la técnica de “chorreo” con aplicaciones de alto volumen, 6.000 a 8.000 litros de caldo por planta, con mangueras o tubos. Este modo ocasiona una alta contaminación del suelo, la capa freática y el ambiente (se estima que 30% del caldo aplicado se infiltra en el suelo). No se realiza el manejo integrado de plagas, monitoreo a campo ni se usan métodos de aplicación de bajo volumen, con productos de baja toxicidad.

5. La citricultura en la Provincia de Corrientes En las dos grandes zonas citrícolas de la Provincia (Bella Vista y Monte Caseros) se

han diferenciado cuatro grandes modelos productivos de cítricos: i) Familiar de Subsistencia (278 productores); ii) Familiar Capitalizado (450 productores) y iii) Empresarial (120 productores)44. Los primeros aplican plaguicidas en forma aleatoria, en función no sólo de la presencia de las plagas sino también de la disponibilidad de recursos y del costo de los plaguicidas. El proceso de aplicación no es articulado con los de los vecinos, pueden hacerse en condiciones de tiempo desfavorables y hay un generalizado desconocimiento de la fenología de los cultivos y el estado de las plagas como también, de los efectos tóxicos de los plaguicidas.

El grupo Empresarial por el contrario, aplica los plaguicidas bajo asesoramiento

técnico de acuerdo a las prácticas previas de monitoreo de plagas, incluso atendiendo al destino final de los envases y usando equipos, dosis y frecuencias adecuadas. Los Familiares Capitalizados representan una situación intermedia: si bien emplean técnicas evolucionadas y usan fertilizantes y principios activos de plaguicidas recomendados, lo hacen en dosis inapropiadas y sin observar las condiciones atmosféricas conducentes a una aplicación eficaz y eficiente. Estas condiciones se asemejan a las imperantes en la zona citrícola de Entre Ríos.

6. El cultivo del tabaco en Misiones

La mayor parte del tabaco cultivado se hace en pequeñas chacras no mayores de 25 ha,

por productores que se caracterizan por un bajo nivel de ingreso, escasa dotación de equipos, mejoras y máquinas y falta de capacitación (incluso muchos son analfabetos)45. Aún cuando hay un visible proceso de sustitución del tabaco por agricultura (cítricos en especial), esto es reciente y difícilmente alcanzará a todos estos pequeños productores. Comprobando lo expuesto por estudios y analistas de la cuestión de referencia, en entrevistas mantenidas por esta Consultoría con tres productores, todos manifestaron que para ellos el tabaco tiene gran importancia porque es el único cultivo de renta o comercial posible y además, le permite el acceso a la Obra Social de la Cooperativa de Tabacaleros.

44 Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto de Emergencia Fitosanitaria Reducción de la Prevalencia de la Mosca de los Frutos en la Región Noreste. PROSAP/IICA. Buenos Aires, agosto 2003. 45 La superficie total dedicada a cultivos anuales era en 1988, de 49.990 ha, de las cuales casi 9.000 ha, eran de tabaco. Una proporción de esa superficie, equivalente a 45 % era cultivada por productores de hasta 25 ha y 74 %, por dueños de chacras de hasta 50 ha (Censo Nacional Agropecuario, 1988).


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Estos productores tienen como base la mano de obra familiar y usan tracción animal en

sus prácticas. No es de extrañar el desconocimiento o negligencia que le dan a la protección para la aplicación de plaguicidas. Además es común que guarden los plaguicidas y equipos de aplicación en el mismo galpón dónde almacenan alimentos, hojas secas de tabaco, utensilios del hogar y ropas. Si bien hay un cierto conocimiento de la peligrosidad de los agrotóxicos, la mayoría no discierne las diferencias entre distintos principios activos.

D. USO ACTUAL Y MERCADO DE PLAGUICIDAS EN LA ARGENTINA La evolución del mercado de productos fitosanitarios en la última década muestra que:

i) hasta 1999 hubo un aumento en la demanda, en especial de los herbicidas; ii) en el periodo 2000 a 2002, ocurrió una caída en el total de ventas, debido a una recesión de casi cuatro años que culminó en la grave crisis económica y política que vivió el País a fines de 2001 y, iii) en 2003 hubo una marcada recuperación equivalente a un crecimiento de 32 %, en la cantidad total comercializada y de 9 %, en el valor monetario del mercado 46.

No obstante esa caída general, la cantidad física comerciada se ha triplicado en la

última década, con un aumento marcado de los insumos para la siembra directa (Cuadros 12 y 13). En efecto, el uso de plaguicidas en la última década está caracterizado por la preeminencia de los herbicidas y, dentro de éstos, por el Glifosato que se aplica en la siembra directa, en especial de la soja y en los barbechos químicos. A comienzos de los ’90, la cantidad física de herbicidas vendidos era de 50 % del total y a comienzos de los 2000, llega a 80 % del total de plaguicidas. Los montos en valores monetarios no son tan distantes, lo que habla de una caída de los precios. En 2001, el Glifosato representó 41 % del mercado total (usd$ 246 y usd$ 603 millones respectivamente) y en 2002, abarcó 42 % (usd$ 240 y usd$ 566 millones).

Ha disminuido, desde 1996, la cantidad vendida de insecticidas; dentro de estos, la

caída de los organoclorados es mayor, debido a las prohibiciones (Anexo 2). También se expandió el uso de los piretroides, plaguicidas menos agresivos con el medio en general, que los organoclorados, los carbamatos y los organosfosforados. En el Cuadro 13, que muestra los plaguicidas de mayor venta en el País, puede observarse que sólo cuatro principios activos, entre veintisiete, tienen calificación de “Muy Tóxico”, Clase Ib según la OMS (ver Anexo 1): Endosulfan, Metamidofós, Lambdacialtrina y Metilazinfós.

Sobre los principios activos citados como “muy tóxicos” debe agregarse que en fuentes

de reconocimiento universal como la ACGIH (American Conference of Governmental

46 Los datos del comercio de productos fitosanitarios provienen de las dos cámaras que agrupan a las empresas industriales del ramo: CIAFA, Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos y CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. La primera agrupa a las empresas nacionales (25 % a 30 % del mercado) y la segunda a los laboratorios extranjeros radicados en el País (75 % a 70 % del mercado).


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Industries Hygienists) se indican los graves efectos que pueden tener sobre la salud humana, incluso las sospechas de ser carcinogénicos (ver próximo capítulo).

El mercado de productos fitosanitarios de Argentina tiene esta composición por

origen: 27 % formulado en el País, con principios activos importados; 43 % importado (terminado o fraccionado en el País) y 30 % producido localmente (al menos una reacción química). En términos monetarios, la producción de plaguicidas es un negocio anual de usd$ 615 millones, contabilizando sólo la producción de los laboratorios que congrega CASAFE (75 % del mercado argentino). Debe acotarse que, con la devaluación producida en el 2002, cambiaron las condiciones del mercado y, en especial, las de la importación de agroquímicos; así, creció el ingreso al País, de principios activos y productos fitosanitarios de marcas poco reconocidas o con escaso respaldo técnico y calidad certificada, a precios menores que los producidos localmente. En esta línea es posible sugerir que el SENASA debería fortalecer sus procedimientos para la fiscalización de la condición de genuino de los plaguicidas (adulteraciones, composición, proporción del principio activo).


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Cuadro 12 Mercado argentino de fitosanitarios (1991 – 2003)

(Valores en usd$ millones y kg/l millones)

Herbicidas Insecticidas Fungicidas Varios TOTALES Años kg ó l usd$ kg ó l usd$ kg ó l Usd$ Kg ó l Usd$ kg ó l Usd$

1991 20 192 9 60 6 24 4 8 39 286 1992 23 230 10 68 8 29 5 10 46 336 1993 26 293 10 70 8 33 6 10 50 406 1994 32 375 12 96 8 37 7 13 59 521 1995 42 448 14 115 8 45 9 18 73 626 1996 58 545 22 154 9 65 11 27 100 792 1997 76 635 25 179 10 83 14 27 124 925 1998 92 535 22 143 9 81 8 17 132 777 1999 97 448 15 93 8 68 7 14 127 623 2000 118 451 14 92 10 79 6 12 148 635 2001 112 400 16 100 10 92 5 11 143 603 2002 115 409 14 94 7 57 5 8 141 568 2003 159 454 15 95 8 58 5 8 187 615

Nota: En esta estadística no están incluidos los acaricidas ni los curasemillas Fuente: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). Las ventas indicadas corresponden a las empresas asociadas a esta Cámara que abarcan entre 75% y 70% del mercado de productos fitosanitarios del País.

Cuadro 13

Plaguicidas más vendidos (Año 2002)

Tipo Producto Ventas

(usd$ millón)

Toxicidad

Herbicida Glifosato 235 No tóxico, Clase IV (ligeramente tóxico para aves y peces y no tóxico para abejas). Herbicida Atrazina 19 Dos formulaciones: Moderadamente tóxico Clase II y no tóxico, Clase IV. Insecticida Endosulfan 17 Muy tóxico, Clase Ib (Muy tóxico en peces y moderado para aves y abejas). Insecticida Cipermetrina 16 Moderadamente tóxico, Clase II (Muy tóxico para peces y moderado en abejas y aves). Herbicida 2,4 D Ester 13 Moderadamente tóxico, Clase II (no tóxico en aves y ligeramente tóxico para abejas). Insecticida Clorpirifós 11 Tres formulaciones: Moderadamente tóxico, Clase II; poco tóxico, Clase III y no tóxico,

Clase IV (muy tóxico para abejas y aves y extremado para peces). Fungicida Mancozeb 8 Poco tóxico, Clase III (no tóxico en abejas y aves y moderadamente tóxico para peces). Fungicida Epoxiconazole 8 No tóxico, Clase IV (muy tóxico para peces y no tóxico para aves y abejas) Herbicida TM Acetoclor 7 Moderadamente tóxico, Clase II (no tóxico para abejas y moderado para peces y aves). Herbicida Acetoclor 6 Moderadamente tóxico, Clase II (Moderadamente tóxico para peces). Herbicida Dicamba 6 No tóxico, Clase IV Herbicida Flurocloridona 6 Moderadamente tóxico, Clase II (no tóxico para abejas y moderado para peces y aves). Fungicida Tebuconazole 5 Dos formulas: Tóxico moderado, Clase II y no tóxico, Clase IV (No tóxico en abejas y

moderado para peces). Curasemilla Carbendazim 5 No tóxico, Clase IV (no tóxico para aves y abejas y ligeramente, para peces ). Insecticida Metamidofós 5 Muy tóxico Clase Ib (altamente tóxico para abejas y aves y ligeramente para peces). Curasemilla Imidacloroprid 4 Moderadamente tóxico, Clase II (altamente tóxico en abejas y aves y poco para peces). Herbicida Metacloro/atrazina 4 Poco tóxico, Clase III (no tóxico para abejas y aves y ligeramente para peces). Herbicida Imazetapyr 4 No tóxico, Clase IV (no tóxico para abejas peces y aves). Fungicida Carbendazim 4 No tóxico, Clase IV (no tóxico para abejas y aves y poco para peces). Insecticida Lambdacialtrina 4 Muy tóxico Clase Ib (Muy tóxico en abejas y peces y ligero para aves). Curasemilla Carboxim y tiram 4 No tóxico, Clase IV (moderado para peces y no tóxico para aves y abejas). Insecticida Metilazinfós 3 Muy tóxico Clase Ib (altamente tóxico para abejas, aves y peces). Acaricida Aceites 3 No tóxico, Clase IV. Curasemilla Tiram 3 Moderadamente tóxico, Clase II (poco tóxico en abejas y moderado para aves y peces). Fungicida Propiconazole 3 Poco tóxico, Clase III (no tóxico para aves y ligeramente para peces y abejas). Fungicida Oxicloruro cobre 3 No tóxico, Clase IV (no tóxico para abejas y moderado para peces).

Fuente: CASAFE. La clasificación toxicológica es de la Organización Mundial de la Salud (ver Anexo 1).


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Capítulo II

EFECTOS DEL CONTROL DE PLAGAS Y DEL USO DE PLAGUICIDAS

En este capítulo se analiza la “otra cara” del control fitosanitario: los perjuicios que potencialmente puede causar en la salud humana y en el ambiente. El foco principal ha sido puesto en la exposición de las personas a los plaguicidas, potencial causante de intoxicaciones en el hombre por distintas vías directas (fumigadores, obreros de laboratorios, derivas de fumigaciones aéreas y terrestres) y caminos indirectos (contaminación de aguas subterráneas destinadas a la bebida o residuos de plaguicidas en los alimentos). Se ha considerado también el impacto de los plaguicidas en el medio biofísico, como agente que puede provocar desequilibrios ecológicos generalizados, alteración de cadenas tróficas, reducción de la biodiversidad y otros efectos negativos que pueden atentar contra las condiciones de los recursos naturales y los ecosistemas en general.

A. PLAGUICIDAS: EXPOSICION E INTOXICACION DE PERSONAS 1. Tipos de intoxicaciones y toxicidad de los plaguicidas Las exposiciones de personas a los plaguicidas pueden resumirse en dos: i) las

intencionales (suicidios y homicidios) y ii) las no intencionales, que pueden dividirse en las profesionales (las que sufre el trabajador rural) o casuales (las que afectan por ejemplo, a la población de los pequeños pueblos, aledaños a cultivos que reciben aplicaciones de plaguicidas). Estas exposiciones pueden conducir a intoxicaciones agudas (dosis masivas en corto tiempo) o a crónicas, por exposiciones prolongadas aunque a dosis bajas, sin sintomatología clara. Estas últimas son las más frecuentes y las que presentan mayores dificultades para el diagnóstico o para la denuncia por parte del afectado; dentro de esta categoría, habría que incluir a la ingestión regular de plaguicidas, vía alimentos con residuos.

Hay determinaciones de las dosis letales para el humano de cada principio activo de los

plaguicidas como muestra el Cuadro 14. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el grado de peligrosidad según la dosis letal media (DL50), que es la cantidad del plaguicida, en mg/kg/día, que produce la muerte en la mitad de los animales experimentales47. Según la OMS no existe ningún plaguicida que carezca de toxicidad. En el Anexo 2 está la lista de los principios activos que tienen uso prohibido o restringido en la Argentina, de acuerdo a las normas del SENASA. 47 Organización Mundial de la Salud (OMS - WHO): The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guideline to classification. WHO / VBC / 88 , 1988-1989).


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Las intoxicaciones crónicas ocurren por exposiciones prolongadas aunque a dosis

bajas, sin manifestaciones iniciales de salud alterada. Son las más frecuentes y las que presentan mayores dificultades para el diagnóstico o la denuncia por parte del afectado; dentro de esta categoría, hay que agregar a la ingestión regular de plaguicidas vía alimentos. Debe considerarse por último, que pueden ocurrir intoxicaciones agudas o crónicas por las impurezas o coadyuvantes que tienen los formulados de los plaguicidas.

Cuadro 14

Clasificación de la toxicidad de los plaguicidas

Dosis letal – DL50 Oral

Dosis letal - DL50 Dérmica Clase

Sólido (en mg/kg)

Líquido (en mg/kg)

(Sólido en mg/kg)

Líquido (en mg/kg)

Ia Extremadamente peligroso < 5 < 20 < 10 < 40 Ib Altamente peligroso 5 – 10 20 – 200 10 – 100 40 -100 II Moderadamente peligroso 50 – 500 200-2000 100 – 1000 400 – 4000 III Ligeramente peligroso >500 > 2000 > 1000 > 4000

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS - WHO).

De los plaguicidas considerados como peligrosos y que más se venden y usan en la

Argentina, señalados en el Cuadro 9, hay que agregar, con relación a la salud humana, que los organofosforados (Metilazinfós, Metamidofós, Clorpirifós) y los carbamatos (Carbaryl) producen inhibición de la enzima colinesterásica y por lo tanto, afectan a la transmisión de los impulsos nerviosos y así se desorganiza el sistema nervioso central y por asfixia, se puede producir hasta la muerte de la persona con intoxicación aguda; no hay en general, acciones acumulativas y la capacidad de la enzima luego de la exposición se reconstruye. Los piretroides pueden producir daños en el sistema nervioso central o en el periférico y tampoco hay evidencias de acumulación y enfermedades crónicas. Los organoclorados son fuertes neurotóxicos, de variada sintomatología; el efecto destacable es su alta persistencia en el ambiente y la acumulación en los organismos vivos, hecho que ha llevado a la prohibición del uso de estos plaguicidas. En la Argentina, el Endosulfan, efectivo como pocos insecticidas contra el Pulgón de la soja, está registrado como éster del ácido sulfuroso aunque otros registros y vademécum de diferentes organismos e instituciones, lo consideran un organoclorado por ser un compuesto orgánico, con seis átomos de cloro en su molécula. Este principio activo junto al Clorpirifós y el Carbaryl, son considerados “sospechosos” de ser cancerígenos por la ACGIH (American Conference of Governmental Industries Hygienists).

Es necesario agregar que existe una cuestión de difícil comprobación pero de enorme

importancia para la salud de la población y la inocuidad de los alimentos: el comercio ilícito de plaguicidas prohibidos o el desvío de ciertos productos hacia otros usos no autorizados. En un documento del Programa Nacional de Riesgos Químicos, del Ministerio de Salud, se


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identifican a los siguientes principios activos como principales objetos actuales de comercio ilegal y desvíos en la Argentina: Pentaclorofenol, Parathión, DDT, HCH y Talio48. Se menciona también el uso del Alar (Daminozide, fitorregulador), en los montes frutales. Este producto es de uso prohibido en prácticamente todos los países. En el caso de la fruta del Alto Valle, se han encontrado residuos en las manzanas destinadas a la industria sidrera; la fruta de exportación y la destinada a jugos, también exportables, tienen controles más severos.

La Argentina es signataria del Convenio de Rotterdam sobre Procedimientos de

Consentimiento Fundamentado Previo, aplicable a plaguicidas y productos químicos peligrosos objetos del comercio internacional. En primer lugar, debe señalarse que todos los principios activos prohibidos o de uso restringido por el Convenio, ya lo estaban en la Argentina (Anexo 2). El principal fin del Convenio es promover la responsabilidad compartida de los países, en el comercio de productos químicos peligrosos, para proteger a la salud humana y al medio ambiente. Se considera que así se contribuye a: i) una utilización ambientalmente adecuada de los productos citados; ii) al intercambio de información acerca de sus propiedades y potenciales impactos y iii) al establecimiento de procedimientos nacionales de adopción de decisiones sobre importación y exportación, difundiéndolas a todas las partes signatarias del Convenio.

2. Intoxicaciones de personas por plaguicidas No hay información epidemiológica o registros de los perjuicios de los plaguicidas en

la salud humana, acorde a la importancia del tema. Los existentes se refieren a las exposiciones agudas (intencionales o no) aunque se considere que, en el caso de los plaguicidas, las situaciones de toxicidad crónica pueden ser de mayor ocurrencia y de diagnóstico más complejo.

En la busca de información sobre intoxicaciones a través de los registros, se puede

tropezar con numerosos obstáculos: i) no hay registros sistemáticos de intoxicaciones crónicas; sólo de agudas y parciales e incompletas; ii) bajo la denominación de plaguicidas se incorporan a las listas, intoxicaciones causadas desde raticidas para uso hogareño hasta por insecticidas organofosforados como el Metilazinfós, pasando por los curasemillas, los desinfectantes para las fumigaciones urbanas y los principios activos para fumigación del suelo y, iii) en el caso concreto de las intoxicaciones de personas, la cobertura de registro de intoxicaciones abarca sólo estaciones sanitarias de centros urbanos49. Así, es frecuente observar, en los medios de comunicación masiva y aún en estudios y análisis de mayor profundidad técnica, una adjudicación errada o intencionadamente distorsionada, a los

48 “Perfil Nacional de Gestión de Sustancias Químicas” del Programa Nacional de Riesgos Químicos, creado por la Resolución Nº 527, del año 2000, del Ministerio de Salud. 49 Algo similar ocurre para la contaminación del agua: suele señalarse como fuente, bajo el rótulo agroquímicos, a la contaminación con nitritos que pueden provenir de efluentes domésticos, plaguicidas, fertilizantes o descargas de corrales de cría de animales.


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orígenes de episodios de contaminación o intoxicación; en este caso de referencia, al uso de plaguicidas en los predios cultivados.

a) Los registros nacionales de intoxicaciones Hay tres fuentes de información importantes de alcance nacional, sobre casos de

intoxicación agudas por plaguicidas: el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y descritos a continuación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, relacionada con el Ministerio de Trabajo y objeto del próximo ítem II.C.

En el ámbito del Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones, se

editan desde 2002, los Informes Estadísticos de Consultas Toxicológicas, registradas por los Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de la Argentina (CIAATs)50. Dentro de esta información sistemática y que procura cubrir todo el País, pueden extraerse datos sobre ocurrencia de exposiciones a plaguicidas, con una serie de consideraciones sobre los límites y alcances de esta información: i) es información proveniente de consultas telefónicas (70 % de los casos) y personales (30 %) y no de notificaciones de profesionales o institutos médicos; ii) los CIAATs están todos situados en centros urbanos aunque pueden recoger denuncias del medio rural y, iii) sólo son consultas sobre casos agudos.

En el año 2000, sobre 109.753 consultas por intoxicaciones, clasificadas por el tipo de

aplicación del tóxico, 2.185 casos (2 %) respondían a plaguicidas de uso agrícola; 3.077 (3 %) a agroquímicos no plaguicidas y 12.976 (12 %) a plaguicidas domésticos. En el año 2001, la proporción de casos consultados por intoxicación con plaguicidas agrícolas y domésticos guardó la misma proporción: 2 % (1.903 casos) y 12 % (11.309) respectivamente; los casos con agroquímicos no plaguicidas bajaron a 2 % (2.222). Para el año 2001, las estadísticas de mortalidad indican 67 casos atribuidos a plaguicidas (sin discriminar domésticos y agrícolas) de los cuales 11 fueron accidentales (16 %), 39 suicidios (58 %) y 17 indeterminados (25 %)51.

Según los Boletines Epidemiológicos del SINAVE, que recogen información de

notificaciones médicas, en el año 2001 hubo en el País 1.703 notificaciones individuales por patologías en brotes, debidas a pesticidas en general; la mitad de ellas ocurrieron en Jujuy y Salta. En el año 2002, sólo hubo 684, también guardando la misma proporción para Salta y Jujuy, probablemente a problemas surgidos en el manejo de los plaguicidas para el cultivo y procesamiento del tabaco.

50 Hay 21 CIAATs en siete provincias, todos situados en los centros de atención de la salud pública, nacionales y provinciales. 51 Dirección de Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud.


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La importancia de los Registros del SINAVE es que recogen información sobre Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), potencialmente causadas por microorganismos patógenos o residuos de plaguicidas. En el año 2000 fueron reportados 36 brotes involucrando a 1.891 personas. Se identificó el agente etiológico en 81 % de los casos y dentro de estos, en 82 % de los casos, los alimentos causantes no fueron verduras sino carnes de cerdo, huevos, reposterías o lácteos. Más de 50 % de los casos, el agente fue Salmonella y Triquinella.

Para todas esas fuentes de información, diversos estudios indican importantes

subdiagnósticos de las intoxicaciones por un conjunto de razones entre ellas, la inespecificidad de los síntomas, falta de capacidad y/o entrenamiento en los profesionales que las atienden y falta de transparencia en el manejo de la información52. Debe agregarse una cuestión dificil de demostrar con datos: en opinión de este Autor, hay una marcada desconfianza en la población hacia las seguridades que brinda el sistema jurídico del país, en especial en sus procedimientos; a esto hay que agregar la enorme ineficiencia de los trámites judiciales (demoras, incomodidad). Así, no es de extrañar, una escasa frecuencia de denuncias de intoxicaciones que, por su gravedad, puedan exigir un trámite policial y posteriormente judicial.

A modo de resumen de la información de los relevamientos presentados, se agregan las

principales conclusiones del Seminario Taller sobre Intoxicaciones por Plaguicidas y Armonización en la Recolección de Información53.

i) En la mayoría de los países, la información existente no evidencia la magnitud real del problema en salud y ambiente, lo cual no ha permitido orientar el desarrollo de políticas sanitarias para avanzar en la resolución de este problema emergente en la Región.

ii) Los sistemas de vigilancia o de información que actualmente existen en los

países de la Región, presentan un problema importante de subregistro, el cual contempla tanto el subdiagnóstico como la subnotificación. Dentro de estos problemas se encuentran factores como:

- Desconocimiento por parte de la población respecto de los daños a la

salud producidos por estos tóxicos y medidas de prevención de los mismos.

- Déficit en la información del equipo de salud para la detección, manejo y prevención de las intoxicaciones por plaguicidas.

52 “Intoxicaciones por plaguicidas en la Argentina”. García, Susana; Bobi, Graciela; Moreno, Inés; Eiman, Mirtha; Digón, Ana y deTitto, Ernesto. Taller Internacional sobre Intoxicaciones por Plaguicidas. Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones, Ministerio de Salud. Buenos Aires, noviembre, 2003. 53 Seminario Taller Internacional Intoxicación por Plaguicidas y Armonización en la Recolección de la Información Buenos Aires, noviembre 2003.


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- No existe una fácil accesibilidad a los servicios de salud debido a múltiples factores.

- No existe obligatoriedad de la notificación de las intoxicaciones por plaguicidas en el ámbito nacional en la mayoría de los países participantes.

- La investigación de estos problemas de salud en la Región es escasa y difícil debido a la falta de apoyo y de recursos para su desarrollo.

Por último, debe agregarse que la prohibición dictada en el País, para el uso de gran

parte de los plaguicidas organoclorados y el Paratión (organofosforado), hizo que bajaran las muertes ocasionadas por intoxicaciones agudas con plaguicidas. Así lo reporta, entre otras fuentes, un informe del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de Rosario, uno de los organismos más reconocidos en investigación, prevención y atención de intoxicaciones del País54.

b) Intoxicaciones en la Provincia de Mendoza

Los resultados del Registro de Consultas por Intoxicaciones de toda la Provincia,

elaborado con métodos ahora similares al nacional, se muestran en el Cuadro 15. Las consultas son tomadas por hospitales, salas de primeros auxilios y otros centros sanitarios, sin registro del lugar donde se produjo el hecho. Esta actividad es desarrollada por el ISCAMen, en conjunto con el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia.

Cuadro 15 Intoxicaciones por agroquímicos

en la Provincia de Mendoza

Agente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totales 1.804 1.451 1.196 1.309 1.362 1.378 1.333Agroquímicos (% del total) 262 (15) 237 (16) 308 (26) 216 (17) 245 (18) 147 (11) 171 (13)

Organofosforados 4 4 7 66 65 59 57Raticidas 36 41 34 29 55 34 42Otros 84 63 56 54 66 42 39Desconocidos 138 129 211 66 59 6 33

Fuente: “Evolución de intoxicaciones con agroquímicos en la Provincia de Mendoza”. ISCAMen, 2003.

La lectura del Cuadro 15 y del Informe que lo contiene, permiten las siguientes conclusiones: i ) los casos debidos a agroquímicos oscilan alrededor del 16 % del total; ii) el Informe indica que los casos urbanos son similares a los del medio rural; iii) se verificó una influencia en el número de los causados por raticidas, debido a la lucha contra los brotes de

54 “Efectos de los plaguicidas”. Piola, Juan Carlos. Campo y desarrollo, año 1, Nº 13, 1999. Sitio Web: www.sertox.com.ar.


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Hantavirus; iv) está aumentando los casos por organofosforados; v) las edades más proclives son las de uno a cuatro años y vi) los casos de intoxicación con agroquímicos del medio rural casi igualan a los acaecidos en la ciudad: 53 % y 47 % respectivamente.

Reuniones mantenidas por esta Consultoría, con el personal técnico del ISCAMen,

permiten concluir que una elevada proporción de las intoxicaciones ocurren por un inadecuado manipuleo, uso y destino final de los envases de plaguicidas55. Debido a estas constataciones, el Instituto ha puesto en marcha un proyecto denominado: "Tratamiento y eliminación de envases vacíos de agroquímicos”. El Proyecto además de brindar capacitación y asistencia técnica, mantiene centros de acopio en los principales centros de servicios para la producción agrícola de la Provincia. c) Intoxicaciones en el Alto Valle (Provincia de Río Negro)

El Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas, Químicas y Medio Ambiente

(LIBIQUIMA) realizó, de 1984 a 1986, una serie de estudios sobre personas expuestas a plaguicidas por su condición laboral56. Se evaluaron registros médicos de tres grupos de personas de 20 a 60 años de edad: Grupo I (control): 37 voluntarios sin exposición laboral ni accidental a plaguicidas; Grupo II: 51 trabajadores rurales dedicados a la fumigación y cosecha de peras y manzanas y Grupo III: 60 empleados de galpones de empaque de frutas. Los resultados, expuestos en el Cuadro 16 muestran, en forma clara, la mayor frecuencia de síntomas de intoxicación en los trabajadores rurales y los empacadores; en ambos casos, esa sintomatología desapareció al poco tiempo de finalizar la exposición.

Cuadro 16

Alteraciones reportadas por exposición laboral a plaguicidas

Signos y síntomas Grupo I (%)

Grupo II (%)

Grupo III (%)

Muscarínicos ( lagrimeo, diarreas, dolor de panza). < 5 59 18 Nicotínicos (temblores y debilidad muscular). <5 40 30 Alteración del sistema nervioso central (ansiedad, insomnio, cefaleas recurrentes)

<5 35 50

Dermatitis alérgicas 5 14 23 Alteraciones en las vías respiratorias (infecciones, bronquitis, infecciones)

11 21 30

55 Este Consultor hizo el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Modernización del Sistema de Riego Luján Sur” -Proyecto PNUD/ FAO/ARG/00/008 - Departamento General de Irrigación. Mendoza, 2002. 56 La información de esos estudios y otros datos no menos importantes de este Informe, fueron extraídos de la “Evaluación Técnico Económica del Impacto de la Carpocapsa en la Producción de de Frutas de Pepita de la Norpatagonia Argentina”. Villareal, P.; Tappatá, A.; Magnarelli, G.; Tamburo, L.; Cartes, C.; y Villegas, M. Ed. Univ. Del Comahue, SAGPyA, SENASA, Gobiernos de las Provincias de R. Negro, La Pampa y Neuquén, Federación de Productores de Frutas de R. Negro y Neuquén y Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Junio, 2003.


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Sobre dos de esos grupos (I control y II trabajadores rurales), se hizo una determinación de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria, usual bioindicador de la intoxicación por carbamatos y organofosforados y se identificó un fuerte signo de la inhibición de la actividad de la enzima en los trabajadores que disminuyó hacia el fin de sus tareas de fumigación y cosecha. Un estudio hecho también en el ámbito del LIBIQUIMA, muestra alteraciones morfológicas significativas en los glóbulos rojos de los fumigadores de los montes frutales del Alto Valle, con efectos negativos en la velocidad de difusión del oxígeno y del transporte de las hormonas esteroidales.

Por último, los registros de intoxicaciones del Hospital de Cipolletti, que cubre gran

parte de la población del Alto Valle, muestran los siguientes resultados: i) año 2001, tres casos debidos a plaguicidas sobre un total de 44 intoxicados y, ii) año 2002: un caso sobre 30. Debe aclararse que son casos de intoxicación aguda y que no tienen identificación del lugar de residencia del afectado.

d) Intoxicaciones en la Provincia de Misiones En el Perfil Nacional de Gestión de Sustancias Químicas, se hace mención como

ejemplo de intoxicaciones crónicas al caso de los trabajadores tabacaleros y las poblaciones aledañas a los cultivos, en la Provincia de Misiones57. Según el Perfil citado, se detectó, en observaciones comenzadas en el año 1996, un incremento en la ocurrencia de leucemias, malformaciones congénitas y abortos, hecho de amplia repercusión en los medios de comunicación, la población y los organismos del Estado Provincial. En el caso específico de la leucemia, el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones descubrió una dispersión territorial de esta enfermedad, coincidente con la distribución espacial del cultivo de tabaco en la Provincia.

Otro estudio, hecho en el mismo ámbito, determinaciones de colinesterasas sérica y

eritrocitaria entre productores tabacaleros de la Colonia Aurora, expuestos a plaguicidas organofosforados. El estudio arrojó resultados significativos sobre la disminución de las colinesterasas en sangre, aún cuando los autores indican una serie de problemas ocurridos en el curso de la investigación y que debería mejorar la precisión de los datos obtenidos58.

3. La toxicidad del herbicida Glifosato Este herbicida, de enorme difusión en la Argentina debido a su uso en la siembra

directa de soja, merece consideraciones particulares. Del análisis de la literatura sobre las

57 “Perfil Nacional de Gestión de Sustancias Químicas” del Programa Nacional de Riesgos Químicos, creado por la Resolución Nº 527, del año 2000, del Ministerio de Salud. 58 Informe final: “Determinaciones de valores de colinesterasa sérica y eritrocitaria en colonos tabacaleros expuestos a plaguicidas organofosforados”. González, C.; Fernández, G.; Quiroga, A. y Pergher, G. Plan Nacional de Gestión de Sustancias Químicas, Ministerio de Salud, 1999.


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propiedades del Glifosato, puede concluirse que cuando es aplicado de acuerdo a las dosis, repeticiones y normas de carencias prescriptas, tiene un bajo riesgo de toxicidad para el ser humano; sin embargo, puede tener impactos negativos en la biota, en especial en la fauna acuática59. Hay muchos informes sobre el uso del Glifosato como elemento en la lucha contra el cultivo ilegal de la marihuana, donde se señala el efecto negativo de las sustancias que acompañan al Glifosato, como surfactantes y otros plaguicidas.

Los estudios sobre movilidad del Glifosato en el suelo concluyen en general, que es

fuertemente adsorbido en el horizonte superficial del suelo y que la contaminación de los acuíferos subyacentes, sólo puede concretarse por efectos de macrodispersión en grandes poros. Hay indicaciones de posibles impactos perjudiciales indirectos en el equilibrio del hábitat, por alteraciones de las cadenas tróficas (eliminación de semillas para aves, néctar para abejas). Para los vertebrados adultos es menos tóxico que la mayoría de los plaguicidas habitualmente usados, siempre que sea aplicado en las dosis recomendadas.

B. HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR RURAL La seguridad frente a los peligros de plaguicidas para la gente que trabaja es débil, aún

cuando esté formalmente amparada por las Leyes Nacionales Nº 19.875 “Higiene y Seguridad del Trabajo”(Decreto Reglamentario Nº 351/79) y Nº 24.577 “Riesgos del Trabajo” y por el Decreto Nº 617/97 “Reglamento de higiene y seguridad para la actividad agraria”60. Pero en la Argentina, donde el ingreso y los derechos sociales de los trabajadores se están deteriorando desde la década del ’50, la gente del campo vive particulares condiciones de inseguridad y de falta de higiene, en especial con relación a la exposición a los plaguicidas.

La situación en la agricultura es difícil de evaluar en primer lugar, por falta de

información y por distorsiones en la apreciación de la condición de accidentado o enfermo del trabajador por la parte de la Ley vigente. Desde la promulgación de la Ley Nº 24.577, sólo se reportan los accidentes registrados por las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), sufridos por los trabajadores asegurados por los empleadores (trabajadores “en blanco”) y queda sin contabilizar, el accidente del trabajador “en negro” o no registrado.

En la Argentina, la población rural económicamente activa (PEA) del año 2001 era de

1.359.241 y en el año 1991, de 1.364.870 (46 % asalariados) 61. Hay en la actualidad (datos del setiembre de 2003), 248.036 trabajadores asegurados en el sector de actividad “agricultura,

59 Es habitual escuchar y leer en notas periodísticas de medios de comunicación argentinos, afirmaciones de personas relacionadas con el sector agropecuario sobre la inocuidad total del Glifosato (“en menos tóxico que la sal común”). Esta afirmación, además de ser un poco tonta y sin gracia, es representativa del fundamentalismo con que se manejan ciertos debates, en perjuicio de la población lega en los temas y en la obtención de soluciones para el bien común. El caso paradigmático es la soja: o es la “bestia del Apocalipsis para los argentinos, o solucionará todos sus problemas sin costo alguno”. 60 Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional para unificar esa normativa con beneficios para el trabajador rural. 61 Censos de Población y Vivienda de 1991 y 2001(INDEC).


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caza, silvicultura y pesca”62. Las aseguradoras trabajan fundamentalmente con denominado “accidente de trabajo”, que equivaldría a la intoxicación aguda y no con las “enfermedades profesionales”, que corresponden, entre otras, a la intoxicación crónica. En estas condiciones, la intoxicación crónica queda enmascarada para los registros oficiales y para agravar la situación, a esto se une la dificultad en diagnosticarla y la ignorancia de los trabajadores rurales y mismo de los agentes de salud pública, en el tema.

Las estadísticas que publica la Superintendencia del Riesgos del Trabajo (SRT –

Ministerio de Trabajo), son la tercera fuente relevante de datos sobre las intoxicaciones en el agro para todo el país. En el Cuadro 17 puede verse una comparación de los accidentes y muertes en el sector agrícola con los generales; en prácticamente todos los rubros, el trabajador rural es uno de los más expuestos o accidentados. En este marco, los siniestros o accidentes causados por plaguicidas, son reducidos en el universo de los trabajadores reconocidos y asegurados: la exposición y el contacto con productos químicos no suman más del 2 % de los siniestros y las intoxicaciones no llegan a 2 %; estas son sólo las intoxicaciones agudas (Cuadros 18 y 19).

Cuadro 17

Indicadores de accidentes de trabajo y enfermedad profesional (2002)

SECTORES DE ACTIVIDAD INDICADORES

Totales Agricultura Construcción Industria Incidencia (casos/mil) 52 102 108 87 Incidencia en fallecidos (casos/millón) 94 244 266 102 Trabajadores expuestos (promedio) 4.472.059 217.262 124.309 689.630 Accidentes mortales 418 53 33 70

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo - SRT.

Cuadro 18 Trabajadores accidentados según forma

de ocurrencia del siniestro

TIPO DE ACCIDENTE % TIPO DE ACCIDENTE % Caída de personas a nivel 12,5 % Golpes por objetos 19,0 % Caída de personas a altura 6,3 % Aprisionamiento 5,5 % Caída de personas al agua 0,3 % Esfuerzo físico excesivo 15,7 % Caída de objetos 3,7 % Exposición a frío o a calor 0,2 % Derrumbe de instalaciones 0,1 % Exposición a prod. Químicos 0,6 % Pisada sobre objetos 2,7 % Contacto con electricidad 0,1 % Choque contra objetos 17,1 % Contacto prod. Químicos 1,0 % Contacto con fuego 0,2 % Choque de vehículos o atropellamientos 1,2 % Contacto c/materiales calientes/incandescentes 0,3 % Agresión con armas 0,1 % Atropellamiento por animales 4,6 % Otras formas 7,9 % Mordeduras por animales 0,9 % Total 100, 0 %

Fuente: SRT

62 “Manual de Prevención de Riesgos Rurales”. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Buenos Aires, 2004. Página web: www.srt.gov.ar


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Cuadro 19 Trabajadores accidentados según

naturaleza de la lesión

TIPO DE ACCIDENTE % TIPO DE ACCIDENTE % Escoriaciones 0,7 % Amputaciones 0,5 % Heridas punzantes 3,2 % Quemaduras 0,9 % Heridas cortantes 10,8 % Cuerpo extraño en ojos 6,5 % Heridas contuso/anfractuosas 1,9 % Enucleación ocular 0,0 % Heridas de bala 0,1 % Intoxicaciones 0,9 % Pérdida de tejidos 0,1 % Asfixia 0,1 % Contusiones 36,2 % Efectos de la electricidad 0,0 % Traumatismos internos 11,4 % Efectos de las radiaciones 0,1 % Torceduras y esguinces 13,3 % Disfunciones orgánicas 0,5 % Luxaciones 0,9 % Otros 5,6 % Fracturas 6,3 % 100, 0 %

Fuente: SRT

C. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Este es un amplio e importante aspecto de la sanidad y calidad de los alimentos,

relacionado en forma directa con la salud del consumidor y también, con las exportaciones agroalimentarias del que, en este Informe, sólo se tratará con detalle, la cuestión de los residuos de plaguicidas en los alimentos vegetales frescos: frutas y verduras.

En la Argentina, sólo tres de los grandes mercados mayoristas de frutas y verduras

tienen un procedimiento para determinar residuos de plaguicidas y microorganismos: el Mercado Central de Buenos Aires y los de las ciudades de La Plata (Capital de la Provincia de Buenos Aires) y Río Cuarto (Provincia de Córdoba). El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien no tiene un laboratorio especializado en el rubro, a través de los inspectores de su Dirección de Fiscalización, toma muestras de verdulerías y supermercados y las analiza en el Mercado Central, con quien tiene firmado un convenio a tales efectos.

Los restantes grandes conglomerados urbanos, como Rosario, Córdoba o Bahía

Blanca, no tienen una estructura (laboratorios y operadores), para determinar residuos en frutas y verduras o si la poseen, no hay acciones concretas en la línea de referencia. Más aún, el hecho de que el Mercado de Buenos Aires sólo atienda a la mitad aproximadamente, de la demanda de la Región Metropolitana, perjudica el control de la calidad de los vegetales frescos ya que, los productores que no guardan los tiempos de carencia, no practican las debidas verificaciones de calidad o no realizan buenas prácticas de producción, pueden encaminar sus frutas y verduras hacia los restantes mercados mayoristas que operan en el Gran Buenos Aires. En algunos grandes supermercados se está empezando a controlar la calidad e inocuidad de los vegetales frescos.


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El Mercado Central tiene un área de influencia que alberga 12 millones de habitantes pero no atiende en forma exclusiva la demanda de esa población: en el año, comercializa aproximadamente 1.500.000 toneladas de productos (alrededor de 45 % de la demanda de frutas y 55 % de la de hortalizas). Tiene por función, dentro de los temas de interés de este Informe, asegurar la calidad comercial y la inocuidad sanitaria de los productos frutihortícolas frescos que se comercializan en su ámbito. También debería asesorar y mantener informados sobre los temas de sanidad y calidad, a los productores que llegan con sus productos al Mercado. Para ello, el Mercado debe: i) fiscalizar el cumplimiento de las normas y patrones contenidos en el Código Alimentario Argentino del Sistema y las promulgadas por el SENASA y ii) garantizar la condición de calidad y sanidad de los productos. La intervención del Mercado se basa en la Ley Nº 18073/69 y Resoluciones y Decretos posteriores de la SAGPyA, que definen, para cada especie frutihortícola, el límite máximo aceptado de residuos de plaguicidas.

El Mercado no analiza todos los productos que ingresan sino que toma muestras

aleatorias siguiendo normas de muestreo de la OMS. En el caso concreto de los residuos de plaguicidas63, se consideran algunas peculiaridades del ingreso de frutas y hortalizas, como por ejemplo, enfatizar la extracción de muestras, en los productos enviados por regiones o provincias que comienzan su ciclo estacional de entregas ya que se ha constatado que al inicio de las remesas es donde mayores probabilidades hay de “no respeto” por los tiempos de carencia que tienen los plaguicidas.

Los motivos que generan estas intervenciones son múltiples, pero los más frecuentes

son: i) defectos de calidad: deformaciones, exceso de manchas de diverso origen, tamaños no autorizados, desuniformidad de tamaño, falta de identificación, envase no autorizado, fruta inmadura, daños mecánicos, presencia de insectos vivos, y ii) defectos de condición: podredumbres, brotados, decaimiento fisiológico en frutas, daños por frío, sobremadurez, rotura de envases en transporte, deshidrataciones, daño por congelamiento.

En términos de volumen decomisado, incluyendo los intervenidos por residuos de plaguicidas, se llega al 1 % del total ingresado al mercado (14.000 toneladas anuales). Cabe acotar que los mayores porcentajes están representados por problemas de condición (deshidratación y podredumbres) y, en segundo lugar, por defectos de calidad. La cantidad decomisada por residuos de plaguicidas es proporcionalmente muy baja comparada con las otras causas. En el Cuadro 20 se indica la evolución de los decomisos por plaguicidas.

En opinión de este Autor, considerando el uso de plaguicidas, hormonas y otros

agroquímicos, que se practica en los cultivos intensivos de frutas y hortalizas, los valores señalados por el Mercado son menores a los que afectan a los alimentos vegetales frescos que consume el Gran Buenos Aires; no obstante esto puede observarse que hay un aumento en la 63 El Mercado Central también controla la madurez y presencia de colorantes en frutos cítricos; verifica la frescura y la presencia de mercurio en peces y mariscos; controla los marcadores de una posible contaminación microbiológica fundamentalmente en verdura de hoja.


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cantidad de lotes decomisados. Esta conclusión no se apoya en datos concretos ya que entre otras dificultades en obtener información, no ha sido fácil acceder a detalles de los datos que maneja el Mercado Central sobre la calidad de los alimentos que se comercializan bajo control; en especial, la relacionada con los decomisos de productos por residuos que exceden las normas vigentes.

Cuadro 20

Decomisos de mercadería por residuos de plaguicidas

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Lotes intervenidos 1638 1699 1356 1443 1120 828 915 Decomisos (número) 24 71 74 65 82 60 144

(%) 1,5 4,2 5,5 4,5 7,3 7,2 15,7 Fuente: Mercado Central de Buenos Aires.

Es importante considerar la complejidad y costos que representa el análisis de residuos

de plaguicidas. Los aspectos de la calidad que no pueden ser dictaminados por una inspección organoléptica, como los residuos de plaguicidas64, se hacen por análisis de laboratorio, previo muestreo que se efectúa durante el ingreso de productos. Se extrae la muestra por triplicado (una queda en poder del operador y dos van al laboratorio) y hasta que no se tiene el resultado del análisis las partidas de frutas y hortalizas no se pueden comercializar (1 a 6 horas). Si el resultado, que se notifica a los interesados, es apto para consumo, se autoriza la comercialización y si no lo es, se realiza el decomiso. El operador comercial tiene el derecho de pedir que se revea el dictamen, solicitando un tribunal técnico de apelación o una pericia de control, cuando la intervención se produce por un análisis de laboratorio. Este control se hace todos los días, en forma aleatoria y sistemática y su costo es relativamente elevado por el empleo de cromatografía gaseosa: $ 250 por muestra aproximadamente.

D. LA CONTAMINACION AMBIENTAL

Hay dos grandes tipos de contaminación por plaguicidas: i) episodios de derrames

accidentales o similares, puntuales y generalmente graves, que pueden ocurrir incluso, fuera de las fincas agrícolas y aún, del medio rural y ii) los continuos, en concentraciones menores, debidos a las aplicaciones de plaguicidas en los propios cultivos. Puede establecerse una analogía con las intoxicaciones: los primeros podrían ser considerados como “casos agudos”, dónde las causas deberían procurarse en los sistemas de control de la producción, transporte y almacenamiento de plaguicidas y los segundos, “casos crónicos”, en los cuales la fuente puede deberse a errores en la aplicación en los propios cultivos o aún, a un uso fitosanitario correcto pero que, sin embargo, debe ser modificado por su impacto. Estos últimos han sido

64 Otras determinaciones son las referidas a contaminaciones microbiológicas, uso de colorantes en cáscaras de cítricos y los parámetros objetivos de madurez (pej. porcentaje de azúcar).


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considerados como objeto de mayor atención en este Informe, por estar directamente relacionados con los procesos de producción agrícolas.

1. Casos graves de contaminación: entierros, derrames y derivas Existen hechos que hoy pueden ser juzgados delictivos, como el entierro o el volcado

al agua de plaguicidas obsoletos o prohibidos. Uno de los casos más resonantes en la Argentina ocurrió en junio de 1990, en la localidad denominada La Argentina, asentamiento de no más de 30 casas en la Provincia de Santiago del Estero. Allí, en terrenos de la estación ferroviaria, fueron enterradas, en frágiles bolsas plásticas, 30 t de plaguicidas organoclorados, producidos por ICI Duperial (Clordane, HCH, Aldrin, Dieldrin, DDD, DDT y otros); todos de uso prohibido por la legislación argentina y por las normas de la mayoría de los países.

En 1972, la empresa Bayer enterró doce toneladas de plaguicidas en la localidad

rionegrina de El Cuy, una desértica zona ubicada a 50 kilómetros al sur de la ciudad de General Roca. El hecho se descubrió en 1997, por la denuncia de un ex empleado de la firma y, a pesar de que se determinó que eran contaminantes, la justicia no sancionó a Bayer porque en la época en que fueron enterrados, no existía legislación nacional ni provincial que reglamentara el destino final de este tipo de productos. Por fin la firma acordó retirar los materiales y llevarlos a Alemania, cubriendo todos los costos.

Como otro ejemplo de este tipo de caso, puede mencionarse al reciente incendio (julio

2003) de un depósito de plaguicidas en el Paraguay, con probables derrames al Río Paraguay y al Riacho Formosa, ante el cual las autoridades de la Prefectura reaccionaron en forma adecuada, estableciendo un monitoreo y seguimiento de las condiciones de los cursos de agua mencionados.

Hay otros registros como derrames en el Arroyo Arrecifes (norte de la Provincia de

Buenos Aires), que produjeron un elevado número de muertes en la biota o contaminaciones del aire por fumigaciones aéreas como la ocurrida en Mendoza (una escuela y zonas aledañas), al momento de hacerse un control químico para la Mosca de los Frutos y derivas de Endosulfan en Entre Ríos, como resultado de inapropiadas fumigaciones aéreas. En estos casos, la evaluación recae en los procedimientos y normas de prevención, emergencia y mitigación de catástrofes y no tanto sobre los procesos de producción en las fincas agrícolas.

2. La contaminación de las aguas En este Informe, como ya se indicó, el interés recayó en la contaminación continua de

los procesos de combate a las plagas. Para el caso de las aguas superficiales y subterráneas, se encontraron diversos estudios de análisis del recurso y de barros o lodos, dónde se indica la presencia de plaguicidas como contaminantes pero nunca en valores que excedían a los


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patrones de calidad universalmente aceptados. Se tomaron como casos de interés: i) estudios hechos para el Alto Valle del Río Negro y cursos de agua de la Provincia de Mendoza, por considerarse que son sitios dónde se hace un uso intensivo de los plaguicidas (mayor que en la Pampa Húmeda) y además por ser áreas de clima árido o semi-árido, el agua es un importante factor de la calidad de vida y la producción; ii) dos cuencas hidrográficas en la Provincia de Santa Fe (Región Pampeana) y iii) casos de identificación en el Río de la Plata. Se concluyó que son los únicos casos de estudio de contaminación de las aguas por plaguicidas que exceden el plano predial.

a) Alto Valle del Río Negro (Región Patagónica) La Universidad Nacional del Comahue, a través del LIBIQUIMA realizó diversos

estudios para evaluar el grado de contaminación de las aguas de la Región65. Se hicieron 5 años de monitoreo sistemático de plaguicidas, en los ríos Neuquén y Negro, los dos grandes ríos que surcan el Valle, dan agua para el riego y actúan como receptores finales de diversos efluentes urbanos y rurales y descarga de los colectores de drenaje de las áreas regadas. La frecuencia de detección de plaguicidas organoclorados y organofosforados, fue muy baja y las razones posibles que se consideraron fueron que estos ríos no son receptores finales o que el caudal de los cursos tiene un elevado poder de dilución. Se detectaron organoclorados, prohibidos para uso en los cultivos por la ley de sanidad vegetal vigente pero que pueden haberse originado en campañas de salud pública.

Se efectuaron comprobaciones también, en efluentes de empaque de frutas y canales

de desagüe hasta el Río Negro. Los plaguicidas contaminantes procurados podían provenir de dos fuentes: los fungicidas aplicados para acondicionar las frutas y los residuos de los plaguicidas aplicados en los montes frutales (organosfosforados y carbamatos). En los efluentes de empaques, se determinó una alta frecuencia y una elevada concentración de Difenilamina (antiescaldante) y Metilazinfós, organofosforado usado en el control de la Carpocapsa; este es un caso de fácil solución, con controles frecuentes, sistemáticos y probos. Ya en los canales, se verificó una baja detección, que no compromete la calidad sanitaria del agua y en el propio Río Negro, las conclusiones indican que la calidad del río no se ve afectada por los plaguicidas, consideración similar a las expresadas en párrafos anteriores.

Otro conjunto de estudios realizados por la Universidad del Comahue , la Provincia

del Neuquén y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas abarcó las aguas subterráneas de un área de casi 6.500 ha en la Colonia Centenario, la más importante zona frutícola del Alto Valle perteneciente a la Provincia del Neuquén. La toma de muestras de agua para detectar

65 “Evaluación Técnico Económica del Impacto de la Carpocapsa en la Producción de de Frutas de Pepita de la Norpatagonia Argentina”. Villareal, P.; Tappatá, A.; Magnarelli, G.; Tamburo, L.; Cartes, C.; y Villegas, M. Ed. Univ. Del Comahue, SAGPyA, SENASA, Gobiernos de las Provincias de R. Negro, La Pampa y Neuquén, Federación de Productores de Frutas de R. Negro y Neuquén y Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Junio, 2003.


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plaguicidas por medio de freatímetros, se hizo en chacras en producción. La principal conclusión del análisis es que si bien fue frecuente encontrar plaguicidas, en especial el Metilazinfós, su concentración no excedía los “standards” universales de agua para bebida. No obstante esta conclusión principal, el estudio agrega una serie de consideraciones sobre las condiciones de persistencia de los plaguicidas y sus efectos tóxicos en las aguas; un posible poder sinérgico entre los plaguicidas presentes y, por sobre todo, el poder tóxico para la fauna acuática.

b) Provincia de Mendoza (Región de Cuyo) El ISCAMen y el Departamento General de Irrigación de la Provincia de Mendoza,

hicieron un esfuerzo conjunto para determinar la presencia de plaguicidas en las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca Superior del Río Tunuyán Superior, tierras dónde no sólo se practica la viticultura sino también variados cultivos frutícolas y hortícolas, en forma intensiva.

Las determinaciones abarcaron una amplia gama de plaguicidas organofosforados,

organoclorados y carbamatos, incluyendo así a todos los de mayor uso en el área. Como puntos de toma en aguas superficiales se tomaron los Arroyos San Carlos, Claro, Salas Caroca, Guiñazú, la Estacada y La Rioja; también se tomaron muestras de varios freatímetros y de tres pozos para sacar agua de los acuíferos. Los análisis fueron hechos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y por la Universidad de Cuyo y en ninguno de los casos, las muestras mostraron la presencia significativas de los plaguicidas, de acuerdo a los patrones de calidad de agua de la Provincia.

En otro plano de análisis, en el ámbito de un Proyecto FAO de asistencia técnica para

el Departamento General de Irrigación66, se hicieron Planos Directores para las principales cuencas hidrográficas de la Provincia, incluyendo en el caso de la Cuenca del Río Mendoza, una estimación cualitativa de la contaminación de las aguas por agroquímicos para identificar: i) Ecotoxicidad, ii) toxicidad en humanos, iii) impacto en factores ambientales y iv) aspectos ambientales del agroquímico. La matriz cualitativa de valoración del Impacto Ambiental se categorizó con estos valores: i) Muy Alto, ii) Alto, iii) Medio, iv) Bajo y v) Muy Bajo.

Los resultados, en las tablas y mapas correspondientes expresan que en la mayor parte

del área de la cuenca del Río Mendoza dominan las categorías “impacto medio” e “impacto bajo” por contaminación de agroquímicos en las parcelas cultivadas y en la menor proporción de la Cuenca, se identificaron riesgos “altos”. El Estudio agrega: “ De lo mencionado antes puede concluirse en forma preliminar que si bien la agricultura intensiva que se practica en el oasis del Río Mendoza requiere de una importante cantidad de agroquímicos para asegurar la cantidad y calidad de los productos cultivados, los resultados del presente estudio muestran que los riesgos de contaminación derivados del uso de dichos productos es, en la mayor parte

66 Proyecto PNUD/FAO/ARG//00/008.


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del área de la cuenca, medio y bajo. Las áreas en que dicho riesgo aparece ser más elevado se encuentran, en general, remitidas a sectores ubicados hacia el Norte y el Sur del área metropolitana de Mendoza”.

c) Provincia de Santa Fe (Región Pampeana) En el conjunto de programas y proyectos del Instituto Nacional del Agua (INA – ex

INCYTH), el Programa Nacional de Calidad del Agua tiene un Proyecto dedicado a la evaluación de factores de riesgo por el uso de plaguicidas en el medio rural67. Usando metodologías adecuadas a la estimación de residuos de plaguicidas en el ambiente de aplicación, se determinó la presencia de los plaguicidas más usados por los agricultores, en los suelos y las aguas subterráneas de plaguicidas prioritarios (Glifosatos, Clorpirifós, Cipermetrina y Endosulfán), en áreas rurales piloto de la Provincia de Santa Fe (Bigand y Lanteri) y a posteriori, se repetirá la experiencia en Misiones (Colonia Aurora).

Los resultados de los estudios en la zona hortícola de Santa Fe, indican que “no se

detectó en los pozos de extracción de agua subterránea, ningún plaguicida prioritario empleado en la terapéutica vegetal de las huertas y se detectó presencia de Trifluralina (herbicida) y Metamidofós (insecticida) en los suelos del área en estudio”. Se indica también que los plaguicidas más usados, sufren en el área un proceso de degradación en el suelo y por lo tanto, no aparece como riesgosa la contaminación de los acuíferos68.

Otro estudio fue hecho para la Comuna de Bigand, situada a 100 km al sudoeste de la

Ciudad de Rosario, para un área de influencia de aproximadamente 29.000 ha, donde se cultivan soja, trigo, maíz y sorgo; se consideraron 26 plaguicidas organoclorados, organosfosforados y carbamatos. Entre otras conclusiones, el estudio de referencia señala que “i) el herbicida más usado en Bigand, Glifosato, requiere poco más de 100 días para reducir su concentración a 1 microg/l en el agua de escorrentía y percolado y ii) que el proceso de degradación de los plaguicidas analizados en el estrato superior del suelo, estimado por el Modelo Soilfug, prevalece sobre los procesos de escurrimiento superficial y subsuperficial y volatilización, hecho que explica la mayoritariamente nula detección de esos plaguicidas en el acuífero de Bigand empleado como fuente de abastecimiento de agua”.

d) Río de la Plata y su frente marítimo Hay diversos estudios dirigidos a identificar posibles contaminaciones de las aguas del

Río de La Plata; entre ellas, se destacan las realizadas por el Proyecto Ambiental del Río de 67 Este proyecto se enmarca en las recomendaciones del Foro Intergubernamental de Seguridad Química (Plan Piloto de las Naciones Unidas. UNITAR-OMS: Gestión Ecológicamente Racional de Sustancias Químicas). En Argentina esta iniciativa ha dado lugar al Plan Nacional de Gestión de las Sustancias Químicas coordinado por el MSyAS cuyas acciones son implementadas por el Grupo V2 - Determinación de Factores de Riesgo Ambientales por Plaguicidas que es coordinado por el INA. Sitio web: www.ina.gov.ar 68 “Transporte y destino de plaguicidas en el subsuelo de áreas sujetas a riego complementario en la Pampa Húmeda – Area Hortícola Santa Rosa de Calchines, Santa Fe”. Subsecretaría de Recursos Hídricos, INA, Ezeiza, enero 2003.


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La Plata y su Frente Marítimo (FREPLATA)69. Se analizaron sedimentos del Litoral Costero Bonaerense y del cuerpo principal del Río. Entre otros contaminantes se detectaron plaguicidas organoclorados pero en concentraciones más bajas que los “Niveles Guías de Calidad” asignados para la protección de la biota del Río; sí son altas las concentraciones de ciertos metales pesados. En el caso de los organoclorados y con relación a la agricultura como probable fuente de la contaminación detectada, debe indicarse la alta persistencia de esos compuestos en diferentes medios y los usos no agrícolas que tiene. Otro estudio del Proyecto FREPLATA, sobre organoclorados y metales en los cuerpos de peces del Río de la Plata, señala que hay presencia de esos compuestos en los músculos y vísceras analizados, pero en concentraciones menores a la Guía Americana de Consumidores, patrón de calidad usado como referencia. E. EL CASO DEL AGUILUCHO LANGOSTERO

A comienzos de la década de los ’90, técnicos de organismo públicos y ONGs de los Estados Unidos, detectaron caídas en la población del Aguilucho Langostero (Buteo swainsoni), ave de rapiña migratoria y, a través de sensores remotos, ubicaron mortandades graves en la Argentina. Técnicos del INTA participaron en las investigaciones y, por ejemplo, en 1997, entre otros episodios de intoxicación masiva de aves, se encontraron más de 100.000 Aguiluchos muertos en Santa Anita, Entre Ríos.

Hechos los análisis correspondientes, pronto se diagnóstico que el causante era el Monocrotofós que se aplicaba a las pasturas para controlar a las tucuras y se prohibió en todo el País el uso de ese plaguicida. Las aves, al igual que los seres humanos sufren la inhibición en el cerebro de la producción de la acetilcolinesterasa, que actúa en la conducción de los impulsos eléctricos y químicos en las neuronas. Así se pierde la capacidad de controlar la motricidad y la tensión muscular y se produce la muerte.

Esa triste experiencia tuvo sin embargo un efecto positivo porque dio origen a un ambicioso proyecto conjunto entre los Estados Unidos y la Argentina, que se llamó Monitoreo Ecotoxicológico de Biodiversidad, involucrando varias instituciones: INTA (coordinación); la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), el SENASA, el Servicio Canadiense de Vida Silvestre, el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, la Fundación Vida Silvestre Argentina, las Universidades de Córdoba y de La Pampa, y los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos. El proyecto fue dotado originalmente de un presupuesto de usd$ 650.000 dólares y se ejecuta en las cinco provincias de la región pampeana.

69 “Contaminación de Sedimentos del río de La Plata”. Carse, A.; Perdomo, A.; y Arriola, M. FREPLATA, 2002.


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Capítulo III

EL PAPEL DEL ESTADO

EN EL CONTROL DE LAS PLAGAS

Una evaluación adecuada del papel del Estado en el control de plagas, exige considerar a todos sus planos de intervención y las formas de articulación de todos los agentes: i) el control de las plagas en general, incluyendo el de las vectoras de enfermedades del hombre; ii) el control de las plagas agrícolas en particular, tema principal de este Informe; iii) la fiscalización de la sanidad y calidad de los alimentos y el problema de los residuos de plaguicidas; iv) la prevención del efecto de los plaguicidas en la salud humana; v) la mitigación del impacto ambiental del control de plagas y, vi) el manejo y control de todas las sustancias químicas peligrosas. Deberían analizarse por lo tanto, numerosos organismos, en la jurisdicción federal como en las provincias, sin dejar de lado a los particulares y sus organizaciones. En este Informe no se pudo realizar una evaluación de la capacidad institucional de todos esos organismos, con la profundidad necesaria que el tema requiere. Así, sus conclusiones sobre las instituciones, deben considerarse como una primera aproximación al tema y una guía para estudios más amplios y profundos.

El primero de los planos señalados es competencia compartida entre el Ministerio

Salud, por medio de varias Secretarías y direcciones y la SAGPyA, a través del SENASA; intervienen también los organismos provinciales y municipales afines. Por ejemplo, los Registros de los plaguicidas y las correspondientes Certificaciones, están divididos en varios rubros, algunos superpuestos: las líneas agrícola, veterinaria y jardín están a cargo del SENASA y las líneas domiciliaria, profesional y sanitaria son competencia del Ministerio de Salud. Es difícil entender la falta de participación del Ministerio de Salud, en los procedimientos del Registro de las líneas agrícola, veterinaria y jardín que lleva el SENASA, considerando la importancia que tiene para la salud humana, la aceptación de un principio activo determinado.

La sanidad vegetal agrícola en todos sus aspectos, es competencia de la SAGPyA, a través del SENASA principalmente y del INTA, en lo atinente a investigación, capacitación y asistencia técnica. Sin embargo, el tratamiento de las intoxicaciones con plaguicidas en sus numerosos aspectos, está a cargo del Ministerio de Salud (vigilancia epidemiológica, capacitación, difusión, tratamientos, etc.,) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Superintendencia de Riesgos de Trabajo). Hay organismos provinciales para ambos pares federales. La cuestión de los alimentos (sanidad y calidad) también es compartida por el Ministerio de Salud y la SAGPyA; en forma simplificada puede decirse que el Ministerio se ocupa de los alimentos envasados y la SAGPyA, de los vendidos frescos o sin procesamiento


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industrial70. En el Ministerio de Salud hay un programa que se ocupa de la llamada gestión de las sustancias químicas (producción, almacenamiento, comercio, transporte y destino final), incluyendo a los plaguicidas como rubro de atención prioritaria.

No es común observar, la necesaria coordinación interinstitucional.

A. LAS LEYES Y NORMAS DE SANIDAD VEGETAL

Para el control fitosanitario, en la Argentina coexisten actualmente un conjunto de

normas de orden nacional, normas internacionales y convenios suscritos por el País y la legislación interna de cada provincia; esta última en líneas generales, es similar a la nacional en todas las provincias.

1. Normas de orden nacional para el comercio externo Estas normas están regidas por los tratados internacionales y por legislación de orden

federal, tanto para la comercialización de productos agroquímicos como la de productos vegetales en general. Por lo expresado y por su trascendencia económica, el comercio internacional tiene regulación y protección del Estado Nacional.

La Argentina es signataria del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la

Organización Mundial del Comercio (MSF - OMC) y este Acuerdo reconoce a tres organizaciones con competencia para elaborar y emitir estándares internacionales para el comercio de productos agropecuarios: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y Codex Internacional FAO.

La CIPF ha sancionado 21 estándares71 y además, hay una compleja y diversificada

red de formulación que en el caso de la Argentina incluye a la propia CIPF, al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) y a Organizaciones hemisféricas, como el Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal; esta red se articula con las estructuras comerciales como el MERCOSUR, Comunidad Europea, NAFTA y otras. Estas estructuras, que generan estándares de sanidad vegetal y por lo tanto requisitos y obligaciones internacionales para el comercio, tienen una preponderancia creciente y no hay señales de que su importancia y vigencia tiendan a disminuir. Más aún, son normas de carácter obligatorio con relación a las plagas cuarentenarias, como la Mosca de los Frutos y la Carpocapsa y no recomendaciones, como los procedimientos para controlar la inocuidad de los agroalimentos

70 Hay en rigor una compleja división de competencias por alimentos que no se encuentra necesario detallar en este Informe. Tal vez sí podría recomendarse una simplificación de ese listado, con uba mejora en la precisión de alcances de comptencias para el SENASA y el Ministerio. 71 Entre otros: Análisis de riesgo para plagas cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas; directrices para el establecimiento de áreas, lugares de producción libres de plagas; lineamientos para los sistemas de de exportación, importación y vigilancia y lineamientos para los programas de erradicación.


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(EUREPGAP, HCCP, BPA, BPM, etc.). Hay excepciones como la obligatoriedad ya mencionada sobre los jugos exportados a Estados Unidos y para el caso de la industria cárnica, las “Buenas Prácticas” son obligatorias en los frigoríficos.

La Argentina forma parte, como ya se indicó, del Comité Regional de Sanidad Vegetal

(COSAVE) - Ley 23.961 - y la conformación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con su respectivo Acuerdo Sanitario y Fitosanitario formalizado por Resolución del Grupo Mercado Común Nº 6/93, entre otros.

La comercialización internacional de productos vegetales con sanidad y calidad

certificada, incluye necesariamente el control de residuos de plaguicidas utilizados para su producción o adecuada conservación. Los mercados potenciales y reales poseen legislación que antepone como barrera no arancelaria la ausencia de residuos o bien límites máximos de presencia de residuos de plaguicidas. Por consiguiente, es necesario controlar el nivel de residuos de plaguicidas en productos vegetales para consumo humano por sus potenciales efectos adversos sobre la salud y por el impedimento que implican para el tráfico comercial. De este modo, la reglamentación conforma un sistema de normas articulado de forma tal que los aspectos sobre identidad, calidad, eficacia agronómica, toxicología, ecotoxicología y residuos se interrelacionan en los procesos de evaluación y control.

2. Leyes y normas de sanidad vegetal en el plano nacional La sanidad vegetal en la República Argentina se rige por el Decreto-Ley Nº 6.704

(conocida como “Ley de Sanidad Vegetal”). En su artículo 1º la Ley establece: "La defensa sanitaria de la producción agrícola en todo el territorio de la república, contra animales, vegetales o agentes de cualquier origen biológico, perjudiciales, se hará efectiva por el Poder Ejecutivo y por los medios que este decreto establece". Actualmente, el organismo de aplicación de esta Ley es el SENASA y el Decreto Reglamentario es el Nº 8.967/63.

La Ley faculta al Estado nacional a actuar en la propiedad privada en caso de brotes de

enfermedades o plagas declaradas "plaga nacional". Esta Ley, así como los Decretos, Resoluciones y reglamentaciones vigentes facultan tanto a los Estados nacionales como a los provinciales a realizar inspecciones, fiscalizaciones, decomisos y aún controles compulsivos en los predios cuando existen epifitias de los patógenos declarados "Plaga Nacional". A los efectos del artículo 1º, el organismo de aplicación hará la nomenclatura de los agentes perjudiciales y podrá declararlos plagas cuando así pueda considerárselo por su carácter expansivo, invasor o calamitoso. Y en tales casos, se dará a conocer los métodos aconsejados por la técnica agronómica para erradicarlos o establecer sobre ellas un adecuado control (art. 2º). Al mismo tiempo, establece una serie de obligaciones para los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, ocupantes o tenedores de vegetales, sus productos, derivados y envases afectados por plaga, art. 5º, 6º y concordantes. El Decreto también contiene un régimen de sanciones para los infractores al mismo.


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El instrumento legal que actualmente regula las actividades del SENASA, así como su estructura institucional, misiones y funciones es el vigente Decreto Nº 1.585/96, con modificaciones de los Decretos Nº 394/01 y 680/03; otras leyes y resoluciones se adjuntan a continuación.

a) Leyes y normas generales Decreto Ley Nº 3489/58: Designa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación (SAGPyA) como organismo de aplicación, reglamentación y control de la venta de productos químicos y biológicos destinados al tratamiento de enemigos animales y vegetales de las plantas cultivadas. Determina entre otros aspectos: obligatoriedad de registro de productos y de registro de empresas relacionadas; clasificación de productos y sanciones para infractores.

Decreto Nº 5769/59: Reglamenta al Decreto Ley y crea el Registro Nacional de

Terapéutica Vegetal (RNTV) indicando cuales son los productos comprendidos. Fue modificado por los Decretos Nº 8965, 1415 y 7190 y las Disposiciones SNSV 255 y 7.

Decreto Nº 1585/96: Crea el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASA) y establece sus atribuciones. Reglamenta bajo el ámbito de actuación del SENASA la inscripción, importación, exportación, comercialización y utilización de productos fitosanitarios.

Ley Nº 18.284 (Código Alimentario Argentino) y Decreto Nº 815/99 (Sistema

Nacional de Alimentos: Esta legislación implanta la estructura y procedimientos del Sistema Nacional de Alimentos, con carácter obligatorio.

Los principios activos de agroquímicos prohibidos o restringidos en su uso, están

indicados en el Anexo 2. Otras normas de interés son las siguientes:

Disposición SNSV Nº 11/85: Reglamenta las características de envases y embalajes de plaguicidas y establece la clasificación toxicológica de fitosanitarios.

Resolución SAGyP Nº 131/90: Crea la "Línea Jardín" para el Registro Nacional de "Terapéutica Vegetal".

Resolución IASCAV Nº 145/96: Reglamenta las características de etiquetado de productos, especialidades de terapéutica vegetal, para línea agrícola.

Resolución SAGyP Nº 140/95: Establece nuevos requisitos para registrar productos fitosanitarios en el país.

Resolución SAGPyA Nº 440/98: Reglamenta el "proceso de reválida de registros" actualizando las nuevas exigencias a los productos ya registrados con anterioridad en el país.

Resolución SAGyP Nº 583/93: Crea el registro de principios activos, fija vigencias de principios activos y aranceles de inscripción.

Resolución SAGPyA Nº 440/98: Establece los nuevos procedimientos para el registro de productos fitosanitarios aprobando nuevo "Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos fitosanitario en la República Argentina".

Resolución SAGyP Nº 34/93: Determina la obligatoriedad de presentación de certificados de origen y composición de principios activos y productos formulados para la inscripción en el RNTV.


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b) Leyes y normas para residuos de productos fitosanitarios Leyes Nº 18073, Nº 18796 y Nº 20418: Determinan la prohibición parcial o total de

sustancias capaces de afectar la salud humana y animal. Fijan límites máximos de residuos y facilitan al Poder Ejecutivo a modificarlos, a ejercer el poder de policía y sancionar los incumplimientos. Establecen la obligatoriedad de denuncia de un residuo superior al límite por parte del laboratorio que la detecte en un plazo no mayor a las 24 horas. Definen el concepto y aplicación de tolerancia cero y límite administrativo.

Otras normas relacionadas son la Resolución SAGyP Nº 20/95 que actualiza los

límites máximos de residuos de productos fitosanitarios y la Resolución IASCAV Nº 77/96 que actualiza los límites máximos de residuos de Metalaxil, Tiram, Etil Paratión y Metil Paratión.

3. Análisis de un caso: las normas para la lucha contra la Carpocapsa Una evaluación de toda la legislación que rige la sanidad vegetal y en especial, el

control de las plagas, escapa a los alcances de este Informe, no tanto por la especialidad temática del asunto sino, por la complejidad y cantidad de normas vigentes y de organismos con competencia en la aplicación de esas normas, conniventes con omisiones notables de legislación. Sin embargo, se encontró interesante incluir, a modo de ejemplo, el caso de la legislación relacionada con el control de una de las plagas de mayor importancia para economía frutícola argentina: la Carpocapsa (más detalles de este Programa en el ítem B.3.b).

En primer lugar, se reitera que la Ley que rige la lucha contra todas las plagas agrícolas

es, en rigor, un Decreto Ley, promulgado por un gobierno de facto: Nº 6.704/63. Este Decreto fue analizado en un ítem anterior y a modo de síntesis puede concluirse que es adecuado a los fines de definir la autoridad de aplicación en el tema y sus misiones y funciones. Tal vez pueda señalarse que no abre, en forma expresa, la participación de las provincias, no obstante ser la Argentina un país federal, ni promueve formas para la participación de los organismos no gubernamentales (productores).

Con relación específica a la Carpocapsa, los antecedentes legales se remontan al año

1964, con una Disposición de la Dirección de Lucha contra las Plagas de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería (hoy SAGPyA). Es importante destacar que esta plaga afectaba a los manzanares y perales del Alto Valle del Río Negro desde 1920. Y hasta 1964 no hay ninguna señal de aplicación de intervenciones concretas por parte del Estado, no obstante la Disposición citada. El ex IASCAV, emite las Resoluciones 202/1992 13/1993 y 35/1994, que declaran a la Carpocapsa una plaga cuarentenaria y reconocen las barreras fitosanitarias de la Provincia de Mendoza y de la Patagonia. A posteriori, mediante la Resolución Nº 413/1994 el ex IASCAV, declara la constitución de una Comisión Técnica Nacional para programar y coordinar las medidas de control de la Carpocapsa. Para constituirla convoca al INTA, las Provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza y La Pampa, a la Cámara Argentina de


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Fruticultores Integrados, a la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, al Centro Investigación y Asistencia Técnica de la Industria (CIATI) y a la Universidad del Comahue. La Resolución no incluyó a importantes provincias productoras afectadas por la plaga y la Comisión no dejó actas de sus actuaciones ni existen evidencias claras de su influencia en la lucha contra la plaga. Habría que esperar ocho años para la emisión de una nueva herramienta legal y cuarenta desde la declaración de la plaga como cuarentenaria.

La Ley Nacional Nº 25.614 declara a la Carpocapsa como plaga nacional e instala el

Programa Nacional para su erradicación, bajo una forma similar a la Fiebre Aftosa. Además, define a la técnica de la confusión sexual como instrumento para el control y designa a la SAGPyA como autoridad de aplicación de la Ley e indica además, la posibilidad de delegar responsabilidades en los organismos sanitarios provinciales. Pero la Ley no establece, como en el caso de la Fiebre Aftosa, la obligatoriedad de la Ley: “invítase a las provincias a adherir a la presente Ley (artículo 6)”. Y, aunque hace obligatoria la lucha contra la plaga, esto no se cumple por parte de todos los productores.

Un aspecto importante de la Ley está relacionado con la obligatoriedad de la

erradicación de los montes abandonados, hospederos de la plaga y los que están en riesgo fitosanitario. La Ley permite al Estado la erradicación compulsiva del monte pero esta medida rara vez se ha ejecutado, ya que los propietarios levantan recursos de amparo mediante un juez para impedirla. Una situación inversa se ha dado con el “rifle sanitario” en la Aftosa, ya que los propietarios de ganado enfermo, difícilmente consiguen evitar su sacrificio.

En 2004, la SAGPyA emite una Resolución (Nº 427/04) que colide con esta Ley, y que

en cierto sentido la deroga, hecho paradojal dado su carácter de Ley Nacional aprobada por Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. A partir de entonces se han emitido una serie de Resoluciones por parte del SENASA y la SAGPyA que aparentan tener desajustes de tipo conceptual o técnico hacia el control de la plaga y el contenido de la mencionada Ley Nacional: i) la Resolución SENASA 842/02 crea el Programa Obligatorio Fitosanitario Patagónico que sólo contempla la lucha química, dejando de lado la técnica de la Confusión sexual e instala el uso obligatorio del Cuaderno Fitosanitario; ii) la Resolución SENASA 819/02 implanta el programa fitosanitario para las exportaciones de manzanas y peras hacia el Brasil (Sistema de Mitigación de Riesgos), pero deja de considerar al resto de los productores que no se rigen por las exigencias del país vecino; iii) la Resolución SENASA 78/03 extiende el uso del Cuaderno Fitosanitario a la Provincia de Mendoza, lo cual hace evidente el alcance restringido a una región y una provincia, de la intervención y, iv) la Resolución 120/03 que reinstala el Programa Nacional de Control Integral de la Carpocapsa, incluyéndose en esta oportunidad, consideraciones sobre costos del control y fuentes de financiamiento del mismo, pero no una definición taxativa como en el caso de la Lucha contra la Fiebre Aftosa.

Más allá de las bondades y defectos de cada una de esas normas, quedan evidenciadas

con la secuencia expuesta, la multiplicidad normativa, con aspectos contradictorios y las siguientes cuestiones: i) la falta de un programa nacional, con todas las provincias productoras afectadas por la plaga; ii) la existencia de diferentes enfoques técnicos para encarar el control;


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iii) la falta de un presupuesto y, iv) la indefinición de una estructura organizativa de nivel medio, a cargo de las provincias y participación de los organismos privados interesados en el control de la plaga. Esta situación, con matices diferenciales específicos, se repite con la lucha contra la Mosca de los Frutos.

B. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

(SENASA) El Servicio es en la Argentina, el organismo federal competente en el control de las

plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y en todo lo relacionado con su producción, importación, exportación, transporte, almacenamiento, aplicación y destino final de plaguicidas. El SENASA, órgano autárquico y descentralizado que actúa en la jurisdicción de la SAGPyA, tiene competencia además, en la sanidad animal y la calidad de los agroalimentos72.

El Servicio actual surge en 1996 mediante el Decreto Nº 1595/96 que establece la

fusión del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), ambos del ámbito de la SAGPyA. Es el organismo autárquico y descentralizado nacional con competencia directa en todos los temas relacionados con las plagas y enfermedades de la producción vegetal y animal y en la calidad de los alimentos de origen animal y vegetal. El Servicio no demanda recursos al Tesoro Nacional (presupuesto) y se financia con recursos propios que provienen de la recaudación de tasas (90 %) y venta de servicios a los particulares (10 %). En casos excepcionales, como el de la reaparición de la Fiebre Aftosa, el presupuesto nacional provee de recursos al SENASA para las intervenciones correspondientes.

1. Estructura y funciones El SENASA tiene una estructura compuesta por un Consejo de Administración (15

integrantes que representan a las entidades rurales y la agroindustria, las provincias, los consumidores y los trabajadores del propio SENASA) y una coordinación ejecutiva con un presidente y un vicepresidente. La sede central está en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 25 Supervisiones Regionales y 316 oficinas locales. La planta de personal está constituida por 865 veterinarios, 227 agrónomos, 1537 paratécnicos y 935 administrativos. Tiene 8 unidades o direcciones y diversos programas y proyectos, de las cuales se describen en forma sintética a continuación, las directamente vinculadas con la sanidad vegetal73.

72 El organismo es analizado en forma específica por otro componente de Estudio Sectorial: Sanidad y Calidad Agrolimentaria. 73 Otras unidades son: Dirección de Sanidad Animal; de Coordinación Técnica, Legal y Administrativa y de Relaciones Internacionales e Institucionales.


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La Dirección Nacional de Protección Vegetal tiene por competencia la protección fitosanitaria y los productos, subproductos, derivados e insumos relacionados, mediante la elaboración de normas para regular las actividades de las personas físicas, empresas e instituciones públicas y privadas que actúen en el área. Además es de su competencia la programación y ejecución de acciones dirigidas a la vigilancia, detección, control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a la producción vegetal. En su ámbito se ejecutan los Programas Nacionales de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM); Sanidad Citrícola; Supresión de la Carpocapsa (PNSC); Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero; Control de la Avispa Barrenadora de los Pinos; Control de la Langosta; el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas Agrícolas (SINAVIMO) y la Red de Intercambio de Información de Sanidad Agropecuaria del MERCOSUR (REDISAM).

Puede concluirse que esos programas y proyectos definen las prioridades definidas por

el Estado, para las plagas y enfermedades que afectan a la producción vegetal, ya sea por su incidencia en la productividad del sector, la sanidad e inocuidad de los alimentos o por la satisfacción de los mercados interno y externo de productos vegetales. Sin embargo, como se analizará a posteriori, los resultados alcanzados por esas iniciativas han merecido consideraciones dirigidas a su fortalecimiento, ampliación o mejoramiento. Esto es marcadamente necesario con relación a la Carpocapsa que afecta a peras y manzanas, a la Mosca de los Frutos, a la Cancrosis de los Cítricos y a la inocuidad de las frutas y verduras para el consumo en fresco, aunque este último rubro es competencia de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria. La reciente aparición de la Roya de la Soja pondrá a prueba los procedimientos montados para su prevención y control.

La Dirección de Laboratorios y Control Técnico tiene un área específica dedicada a

los estudios y análisis de productos, sustancias, envases, rótulos de productos de origen vegetal y la Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios tiene por función la fiscalización y control de la comercialización y aplicación de productos agroquímicos y veterinarios de calidad e inocuidad adecuadas para los consumidores y el ambiente. Para cumplir esos objetivos se lleva un Registro de los establecimientos sujetos al control del SENASA.

Por último, la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria realiza

actividades de inspección, certificación y registro de productos agroalimentarios para garantizar su sanidad, higiene y calidad a los mercados internos y externos, con base en las normas y convenios vigentes. En su ámbito está el Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos (SICOFHOR), instaurado por la Resolución SENASA Nº 493 de 2001, tiene por objeto el control de la calidad de las frutas y verduras que se comercializan en fresco, incluyendo a los residuos de plaguicidas y microorganismos. Por un lado, puede concluirse que este Sistema y sus normas tienen carácter obligatorio, al igual que las correspondientes al Sistema Nacional de Alimentos (SNCA); en rigor, el SICOFHOR puede ser considerado como una particularización del SNCA para las frutas y verduras de comercialización en fresco. Pero para que el Sistema comience a funcionar, deberán


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alcanzarse numerosas metas y superar diversos obstáculos, institucionales, presupuestarios, técnicos y operativos. Algunas están previstos por el propio SICOFHOR ya que contempla cuatro etapas para su implementación (identificación de productos, definición de patrones de calidad, control de residuos y control de microorganismos; cada etapa tiene prevista actividades de difusión y concientización entre actores del sistema y consumidores).

Es innegable la importancia de la implantación de este sistema de control de inocuidad

de los alimentos frescos, hoy ausente en la mayoría de los mercados de la Argentina pero deberán enfrentarse formidables obstáculos para ponerlo en marcha. En primer lugar deberán prepararse y concretarse acuerdos entre todos los actores institucionales y privados, incluyendo consumidores, de este plano de la producción y comercialización de frutas y verduras frescas; cada sector tiene definidos intereses, a veces conflictivos. Un ejemplo claro es la historia reciente y el presente del Mercado Central de Buenos Aires. En segundo lugar se deberá diseñar un sistema (estructura física y procedimientos) para poder controlar, de acuerdo a normas y patrones definidos de calidad y sanidad, la enorme cantidad de alimentos frescos que son comercializados en el plano mayorista en todas las ciudades del País y por último, deberá definirse el presupuesto y la fuente de recursos para que el sistema funcione en forma adecuada. En la actualidad, el SENASA está implementando la primera etapa prevista, dedicada a la identificación de productos hortícolas frescos.

El SICOFHOR no fue concebido bajo la metodología usual de control de SENASA en

el punto final del proceso sino bajo metodología de prevención, involucrando a todos los actores. Los controles los pone en marcha el particular en su mercado; y a ellos el SENASA los controla, en una proporción representativa y especifica. Lo importante del Sistema es que trabaja en lo que se denomina la “Custodia de Valor”, que deberían realizar todos los eslabones de la cadena productiva y comercial, mediante un protocolo de calidad definido y concertado previamente.

La legislación vigente asigna al SENASA la responsabilidad de registrar los productos

agroquímicos y a las personas físicas o jurídicas que los producen, comercializan, importan, exportan y aplican. Con este objetivo, el SENASA está comenzando a poner en ejecución al Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB), con los fines de: i) controlar, fiscalizar y auditar los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas en el ámbito nacional y verificar, fiscalizar y habilitar los equipos de aplicación y los aplicadores y ii) preservar el patrimonio de terceros, de los daños que pudieran ocasionarse por malas aplicaciones o por uso de productos no legítimos y iii) optimizar y preservar la calidad de los alimentos y materias primas de origen vegetal.

2. Consideraciones sobre el papel del SENASA La complejidad que ha adquirido el comercio mundial de alimentos, las exigencias

crecientes de los consumidores y la importancia que tiene el sector agropecuario en la economía argentina, exigen del SENASA un papel de significativa importancia, basado en un


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conjunto de elementos legales, técnicos, financieros, operativos y administrativos adecuados. ¿En la actualidad, responde el SENASA a ese requerimiento del sector productivo y de los consumidores? Como ya se indicó en la Introducción, la evaluación de la capacidad institucional del SENASA en general, escapa a los fines de este Informe; no obstante esto, a continuación se hacen algunas consideraciones sobre el comportamiento actual y futuro de la Institución.

El éxito conseguido con el Plan de Lucha contra la Fiebre Aftosa en la década de los

’90, significó un considerable aporte al crecimiento económico sectorial y produjo un extendido reconocimiento hacia el SENASA, por parte de personas e instituciones del propio país y del exterior ¿Cuáles fueron las bases de ese logro? En el entendimiento de esta Consultoría, hubo una firme decisión política de controlar el flagelo, en la administración que se hizo cargo del Gobierno en 1989, materializada en: i) una definida y abarcativa base legal; ii) una estructura político-institucional que permitió involucrar, en el Plan, a las entidades sectoriales, las Provincias y el propio SENASA y, iii) una estructura tecnológica que posibilitó desde la identificación y producción de las vacunas hasta la asistencia a los productores. Este éxito permite concluir que el Plan superó los intereses conflictivos que tiene el sector de la producción de carne o que los supo manejar, en el sentido de obtener un bien común para la sociedad, principal misión de toda administración pública (más detalles en el próximo ítem sobre los programas de control de las plagas agrícolas).

Pero en el año 2000 hubo un rebrote de la Fiebre Aftosa que se agravó debido a que en

abril de 1998 se dejó de vacunar; esto fue “ocultado” por largo tiempo a la opinión pública (hasta marzo de 2001), a los países compradores de carne argentina y a los organismos internacionales responsables de la sanidad agropecuaria. Así, la Argentina perdió el “status” de país libre, con un fenomenal impacto negativo en las exportaciones de carne (se estimó una pérdida de 1.000 millones de dólares al año) y, lo que es peor, se deterioró el prestigio de la Institución y apareció una gran desconfianza de los mercados externos. A fines del año 2001 cae el Gobierno, en medio de una grave crisis política y económica y las nuevas autoridades repusieron la misma estructura que había controlado la Aftosa, incluso al conductor del SENASA que había implementado el Plan. Y ese logro se repitió, revirtiéndose las imprevisiones y errores de las conducciones de la SAGPyA y el SENASA que permitieron rebrotes de la epizootia en la Argentina.

Los logros obtenidos en el control de la Fiebre Aftosa no ocultan las omisiones y

deficiencias del SENASA. Por un lado, el Servicio no ha sido inmune a los problemas generales que tiene la administración central del Estado, tanto en la actualización de la capacidad de sus técnicos y administrativos, como en la modernización de su infraestructura física y equipamiento, deficiencias que se magnifican por la falta de una visión conceptual y estratégica del papel del SENASA en los responsables de las conducciones del Organismo, en el pasado reciente. A esto se une, la crónica y generalizada discontinuidad de las políticas y de los funcionarios y técnicos de la administración pública y una apreciable multiplicidad de organismos con similares funciones.


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Una evidencia probatoria de lo afirmado es la voluntad de la conducción actual del SENASA (asumió en diciembre del 2003) de poner en práctica dos programas: uno, denominado “Cambio y Fortalecimiento del SENASA”, para atender los problemas y carencias de la Institución74 y otro de sanidad vegetal para atender las principales plagas de la agricultura. En ambos casos se solicitará apoyo financiero a los organismos multilaterales de crédito; los dos programas están actualmente en preparación, con recursos de preinversión del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

De acuerdo al contenido de numerosos documentos (entre ellos el mencionado en el

párrafo anterior) y los frecuentes reclamos de organismos públicos, instituciones privadas y personas de reconocido predicamento en el tema, las principales carencias del Servicio residen en: i) la falta de una programación estratégica; ii) necesidad de actualización del sistema vigente de Control de Gestión Institucional; iii) el retraso organizativo, en especial del personal, con relación a los avances técnicos de la propia Institución y, iv) su desactualización en equipos y procesos, en especial de informática75. Estas carencias y otras que a continuación son detalladas, se dan en el marco de una omisión de la SAGPyA, en cuanto a la fijación de una política para la sanidad vegetal. En el Cuadro 21 se indican los atributos positivos y debilidades de la Institución.

Cuadro 21

Principales fortalezas y debilidades institucionales del SENASA

FORTALEZAS * DEBILIDADES

− Hay técnicos de adecuada preparación profesional y dotados de experiencia, pero todos los diagnósticos apuntan a una carencia de personal, en especial en las tareas de fiscalización y control y en el interior del país.

− El SENASA no tiene una política de sanidad y calidad agroalimentaria ni un programa que la materialice, acordes a las necesidades actuales del mercado interno y las exportaciones. No hay integración interna de acciones.

− Hay reconocimiento internacional hacia la institución, en especial en la Comunidad Europea, empañado con el ocultamiento del rebrote de la Aftosa, en 2001.

− Hay una indefinición del contenido y alcances de los conceptos de “descentralización” y “regionalización” para renovar la estructura del organismo.

− El personal de laboratorios tiene un buen nivel técnico pero adolece de la infraestructura y equipamiento para cubrir todas sus funciones.

− Presenta carencias en la infraestructura física y el equipamiento (sede central y delegaciones) y deficiencias de organización interna del personal.

− El presupuesto no se ajusta a las necesidades y funciones de la Institución. No hay presupuestación por programa.

− Hay una enorme brecha entre la capacidad técnica del personal y los procedimientos organizativos, incluyendo en esto al Sistema de Control de Gestión Institucional.

* En rigor, en la descripción de estas categorías, a sus fortalezas también hay que agregar debilidades.

74 “Cambio y Fortaleimiento del SENASA Documento de Trabajo”. Amaya, Jorge y Casamiquela, Carlos (Presidente y vicepresidente del SENASA). Buenos Aires, diciembre 2003. 75 Entre otras carencias y problemas pueden señalarse la falta de una estructura detallada de asignación del personal técnico y administrativo, de acuerdo a un Manual de Organización y Métodos Interno; la ausencia de un esquema que permita la justa valorización de los empleados de correcto desempeño, con relación a los de deficiente aplicación y la falta de un programa de capacitación del personal, acorde a las necesidades y planes de la Institución. Asimismo puede señalarse que la multiciplidad de normas (resoluciones, disposiciones, decretos) vigentes y el elevado número de Registros existentes en la Institución, pueden atentar contra la eficiencia y transparencia necesarias para un organismo público.


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3. Los programas de lucha contra las plagas agrícolas del SENASA

El SENASA tiene acciones de prevención y control para varias plagas de la agricultura

pero las prioritarias son: Carpocapsa, Mosca de los Frutos, Picudo del Algodonero, Cancrosis y Mancha Negra de los Cítricos y Avispa de los Pinos76. A continuación se analizan las dos primeras por la existencia de programas concretos de lucha ejecutadas por el Servicio y por la importancia que tiene la producción involucrada (frutas de consumo y exportables: pera, manzanas, cítricos), el número de productores y los problemas económicos, sociales y ambientales involucrados.

a) Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos

Estructura y antecedentes La Mosca de los Frutos, como ya se indicó, causa pérdidas significativas a la

frutihorticultura y es una de las principales barreras no arancelarias que dificulta la expansión de esa actividad. Los requisitos fitosanitarios establecidos en el comercio internacional limitan el ingreso a determinados mercados o exigen complejos y onerosos tratamientos cuarentenarios, para autorizar el ingreso de productos hospederos provenientes de países considerados infestados por la plaga77.

Para superar esas restricciones, fue creado (Resolución IASCAV Nº 134/94), el

Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM). Sus principales objetivos son: i) Certificar zonas libres de Mosca de los Frutos en la Argentina para reconocimiento nacional e internacional; ii) proteger las zonas libres o liberadas de la plaga y iii) implementar el PROCEM en todo el País, objetivo que aún está distante de haberse cumplido.

La estrategia de intervención se basa en una regionalización78 del Programa, con una

coordinación nacional a cargo del SENASA trabajando juntamente con Gobiernos 76 Sobre las restantes plagas puede indicarse que: i) en el marco de una significativa reducción del cultivo del algodón (pasó de casi un millón de hectáreas en 1996/97 a unas 300.000 ha), el SENASA está ejecutando con resultado aceptable, un proyecto para controlar el ingreso del Picudo del Algodonero desde el Paraguay, con recursos externos (PROSAP/BID); ii) para la Avispa Barrenadora de los Pinos esta Consultoría no consiguió obtener una precisión de la magnitud económica de los perjuicios que la plaga en las forestaciones de pino del pero aún así, puede afirmarse que no son actualmente relevantes de acuerdo a información de observadores y profesionales forestales y, iii) por el contrario, la Cancrosis y la Mancha Negra de los Cítricos tienen una gran repecursión negativa en la citricultura del NEA y del NOA por las restrcciones que impone la Comunidad Europea, en especial España, a las exprotaciones, pero el SENASA no realiza más que actividades de certificación de exportaciones. 77 En la Argentina hay dos especies de Moscas de la fruta: Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tepphritidae) conocida como mosca del Mediterráneo, la cual es originaria de Africa e introducida en el país a principios del siglo XX, y Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) mosca sudamericana de la fruta, especie nativa de amplia distribución en la Región Neotropical. 78 I. Región Sur o Patagonia, II. Región Nuevo Cuyo, III. Región NOA, IV. Región NEA y V. Región Centro.


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Provinciales, INTA, Universidades Nacionales, Asociación de Productores y Organismos Internacionales. Al contrario de lo que ocurre con la Carpocapsa, no hay una ley nacional para el control de la plaga.

Las acciones del PROCEM, para las cinco grandes regiones agroecológicas y

considerando el status de la plaga, se ejecutan con organizaciones con diversos participantes, de acuerdo a cada realidad regional y provincial, con la coordinación técnica y normativa del SENASA. En la Región Patagónica actúa la FUNBAPA, integrada por representantes de los gobiernos provinciales (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires), el SENASA y organizaciones privadas (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados y Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén). En Mendoza, coordina las actividades el ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza); en la Provincia de San Juan, la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería (Dirección de Sanidad Vegetal de San Juan) y La Rioja, la Dirección General de Recursos Agropecuarios y Agroindustrias.

Para alcanzar el propósito de erradicación de la plaga en las áreas definidas, las instituciones comprometidas en el Programa, conducen las actividades relacionadas con: i) Red de Detección de Dípteros Tefrítidos (monitoreo standarizado y acorde a exigencias internacionales); ii) aislamiento de las Regiones bajo Programa mediante el sistema de Barreras Fitosanitarias; iii) aplicación del Manejo Integrado de la Plaga (MIP); iv) capacitación y difusión y, v) control directo de la plaga con la Técnica del Insecto Estéril (TIE). La estrategia de erradicación del PROCEM, basada en la TIE, se apoya en la provisión de este insumo que brindan los dos insectarios que tiene el país, en las Provincias de Mendoza y de San Juan79.

El Programa, de alcance nacional, da prioridad a las regiones donde hay cultivos frutihortícolas de relevancia económica. El SENASA (Resolución 515/01) ha establecido dentro del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM), las siguientes categorías de área, de acuerdo con el estado de situación de la plaga y del nivel de protección cuarentenaria implementado.

Area en Etapa de Diagnóstico: Areas donde se inició el monitoreo (trampeo de individuos adultos y muestreo de frutos), con el objetivo de definir la presencia de la plaga y su dinámica poblacional. Es necesario, como mínimo un año de prospección antes de evaluar el paso a la siguiente categoría. El monitoreo es ejecutado de acuerdo a lo establecido por el PROCEM para cada situación.

Area de Escasa Prevalencia: Cumple en forma oficial, con estas condiciones: i) hay sistema cuarentenario y programa anual aprobados; ii) sistema de detección de plaga operativo; iii) desarrollo del Plan de Control; v) ejecución de Acciones Localizadas de Control y vi) Plan Oficial de Auditorías coordinado por SENASA. Cumple además con estos requisitos: i) MTD (Mosca/ trampa/ día) fértil menor a 0,01 y ii) zona de contingencia definida.

Area Bajo Control: Se cumple en forma oficial, con estas condiciones: i) presencia de Sistema Cuarentenario;

Area Libre: es aquel área que se encuentra dentro del área protegida y cumple con lo establecido en el Sub-

79 La Bioplanta de Mendoza está reconocida internacionalmente y provee material biológico (140 millones semanales de pupas estériles), al PROCEM y a Programas de Mosca de los Frutos de otros países. Otro insectario en actividad se encuentra ubicado en la Provincia de San Juan, y produce aproximadamente 20 millones de pupas por semana.


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ii) programa anual aprobado iii) hay sistema de detección de la plaga y Plan de Control y iv) Plan Oficial de Auditorías organizado y coordinado por el SENASA.

Estándar Regional en Protección Fitosanitaria 3.2.1, desarrollado y aprobado por el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE).

Situación de la plaga en el país En el marco de lo expuesto, la situación actual de las distintas Regiones atendidas por

el PROCEM puede ser definida así (Mapa 3):


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Mapa 3 Situación de la Mosca de los Frutos en el país

Referencias:

1. Valles Andinos Patagónicos: Área Libre 2. Provincia de Mendoza: Área de Escasa Prevalencia 3 R. Patagónica: Área de Escasa Prevalencia de C. capitata y Área Libre de A. fraterculus. 4. Malargüe y el Sosneado (Mendoza): Área Libre 5. Valle de Uco (Mendoza): Área Libre 6. S. Juan y La Rioja: Disminución de las poblaciones de plaga. 7. Valle del Bermejo (La Rioja): Área de Escasa Prevalencia de C. capitata.


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− Valles Andinos Patagónicos: Área Libre de

Moscas de los Frutos de importancia económica, Resolución SENASA No. 194/99.

− Valle del Bermejo (La Rioja): Área de Escasa Prevalencia de Mosca del Mediterráneo (C. capitata) Disposición SENASA 14/04.

− Mendoza: Area de Escasa Prevalencia de Mosca (C. capitata). Disposición SENASA 01/02.

− R. Patagónica: Área Libre de Moscas de los Frutos (A. fraterculus). Disposición SENASA 4/04.

− R. Patagónica: Área de Escasa Prevalencia de Mosca (C. capitata). Disposición 03/20 SENASA.

− Valle de Uco (Mendoza): Área Libre de Mosca de los Frutos al. Disposición SENASA 15/04.

− Malargüe y el Sosneado (Mendoza): Area Libre de Moscas de los Frutos Disposición SENASA 6/03.

− S. Juan y La Rioja: Disminución de las poblaciones de plaga.

El financiamiento del PROCEM

El aporte nacional se concreta mediante el presupuesto oficial del SENASA, con un

monto anual estimado de $ 150.000, que incluye auditorias, eventos de capacitación y gastos de movilidad. A nivel provincial o regional, no existe una forma de operación única sino que se utilizan diferentes modalidades de financiamiento y montos anuales. En Mendoza se financia con recursos del presupuesto provincial para el ISCAMEN (aproximadamente $ 5.500.000 anuales).

En la Provincia de San Juan también se destinan al Programa recursos del presupuesto provincial, sumados a un fondo especial que se genera con un impuesto a los emprendimientos frutícolas con diferimiento impositivo ($/año 1.500.000) y en La Rioja hay un proyecto del PROSAP/SAGPyA con recursos del BID que otorga unos $ 600.000 por año.

En la Patagonia, el presupuesto para el año 2005 rondó los $ 1.855.000, provenientes de la recaudación de un canon (Resolución SAGPyA Nº 120/03), de $ 2,50 por tonelada de fruta fresca, que aportan los productores y, en parte, de la recaudación que se realiza en la Barrera Fitozoosanitaria de la Patagonia. Las provincias patagónicas realizan un aporte menor en la afectación de algún personal y de estructura edilicia.

b) Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa (PNSC) Marco legal y estructura El Programa, creado por Resolución de la SAGPyA Nº 1269/04 que reformuló al Plan

vigente, está organizado con una Coordinación Nacional, un Consejo Técnico Asesor y Programas Regionales y Provinciales. La Comisión Técnica Nacional propone las normas y actividades para el control de la plaga y evalúa la marcha de las acciones. Está integrada por el SENASA, el INTA, las Provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja y


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San Juan; la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI); la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén, la Sociedad de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de Mendoza, las Facultades de Ciencias Agrarias del Comahue y Cuyo, el CONICET y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA).

La Coordinación Nacional, conformada por un Coordinador Nacional y su Asistente

Técnico, encamina las propuestas de los programas provinciales y regionales; evalúa su ejecución y aprueba sus planes operativos anuales. El Consejo Técnico Asesor, integrado por el INTA, las Facultades mencionadas y el CONICET, realiza los estudios técnicos que solicita la Comisión Técnica y hace recomendaciones para el eficaz desarrollo del Programa Nacional.

La base legal está en el Decreto Nº 15.334/32, que declara a la Carpocapsa plaga

nacional de la agricultura y las disposiciones del Decreto-Ley Nacional Nº 6.704/63, de Sanidad Vegetal. La importancia de la plaga ha llevado, en julio de 2002, a la promulgación de la Ley Nacional Nº 25.614, de “Promoción para la Erradicación de la Carpocapsa, mediante la Técnica de la Confusión Sexual de los Insectos”. La autoridad de aplicación de la Ley es la SAGPyA y por delegación (Resolución Reglamentaria Nº 257/02), el SENASA. La Ley establece, entre otros aspectos, beneficios impositivos para la adquisición de bienes y servicios para la lucha contra la Carpocapsa mediante la Técnica de la Confusión Sexual. Las Provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza tienen las Leyes Nº 3.106, 2.272 y 6.333, respectivamente, para el control de la plaga.

Los principales objetivos del Programa son: i) Mejorar la sanidad y calidad de la fruta

de pepita y carozo, mediante la reducción de los niveles de daño provocados por Carpocapsa; ii) intensificar la Fiscalización Fitosanitaria de la producción de fruta fresca de pepita y subproductos a lo largo de toda la cadena productiva; iii) incrementar el control de la plaga mediante la erradicación de montes abandonados y/o de riesgo fitosanitario; iv) difundir la adopción de técnicas alternativas no contaminantes para el manejo de la plaga, a través de una campaña de comunicación dirigida a los distintos participantes de la producción frutícola en la Región; v) coordinar el funcionamiento de las Comisiones Fitosanitarias Locales (CFL) para el control de la plaga otorgando una mayor participación de los productores en el diseño de la campaña y el uso de los recursos y vi) apoyar la generación y adaptación de técnicas alternativas para el manejo de la plaga no contaminantes del ambiente y que favorezcan la obtención de fruta con bajo nivel de residuos.

Programas regionales y provinciales Desde 1996 se ejecuta, en los valles irrigados de la Patagonia, el Programa de

Supresión de Carpocapsa, bajo la responsabilidad de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA), entidad que integra a las organizaciones de productores, al SENASA y los Estados Provinciales. Para lograr la supresión, el Programa promueve y apoya la implantación del Manejo Integrado de Plagas, con una reducción sustancial del uso actual de plaguicidas contra Carpocapsa, posibilitada por la implantación de la TCS.


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La Provincia de Mendoza, desde el año 2000, ejecuta el Proyecto de Supresión de

Carpocapsa y Grafolita en Montes Frutales, a través del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMen) y con financiamiento del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP/SAGPyA). La Provincia de La Rioja, si bien no tiene vigente un programa oficial de lucha, afecta recursos para la disponibilidad de agroquímicos en los pequeños productores de nueces. La Provincia de San Juan, por el contrario, aún no ha iniciado acciones de control de la Carpocapsa en su territorio.

Métodos y técnicas de control El sistema actual de lucha o control de la plaga en la Argentina, esta basado en el uso

de insecticidas de amplio espectro, mediante pulverizaciones con agroquímicos. Esta forma de lucha, que alcanzó en el año 2003 a 77 % de la superficie cultivada con frutas de pepita, ha generado resistencia por parte de la plaga a ciertos principios activos (principalmente a los piretroides), con la consiguiente disminución de su efectividad y el incremento del número de aplicaciones en la estrategia de control (ver Capítulo I, ítem B.3.).

La tendencia a la reducción en las tolerancias de residuos de agroquímicos en fruta

fresca por parte de los mercados compradores, hace que esos productos no puedan utilizarse en el período cercano a la cosecha. Por otra parte, existe un número cada vez más restringido de insecticidas específicos, situación que disminuye la posibilidad de contar con una amplia oferta de los mismos para la lucha contra la Carpocapsa.

En ese marco, los métodos aplicados y recomendados por el Programa son el control

químico mencionado, para bajar el nivel poblacional de Carpocapsa y luego poder aplicar el método denominado Técnica de Confusión Sexual (TCS), basado en la utilización de semioquímicos, sustancias que los insectos emplean para comunicarse (feromonas sintéticas que cumplen la función de atractivo sexual). El uso de estas sustancias permite desorientar a los machos de Carpocapsa, evitando así el encuentro con las hembras de la especie y, por lo tanto, el apareamiento y posterior reproducción. Para Carpocapsa, este método ha demostrado su eficiencia en el control y su uso se está imponiendo en las zonas de producción de fruta de pepita del mundo que aspiran a producir bajo pautas de Manejo Integrado de Plagas. La aplicación de esta técnica, presenta importantes ventajas respecto al control tradicional, entre las cuales pueden citarse: reducción del impacto sobre el ambiente y de los residuos de plaguicidas en fruta; mantenimiento o incremento de poblaciones de enemigos naturales de las plagas; retraso en la aparición de resistencia a los plaguicidas; mayor seguridad del trabajo del productor y operarios de chacra; menor uso de la maquinaria e importante reducción del daño en fruta80. 80 Otros métodos de bajo impacto ambiental son el Control biológico, poco aplicado en la Argentina, sustentado en una serie de enemigos naturales de la Carpocapsa (Virus de la Granulosis, avispas de los géneros Trichogramma, Ascogaster y Mastrus y nematodos) y la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en la aplicación de radiación sobre machos criados en forma masiva para esterilizarlos ción y luego liberarlo para el apareamiento que no dejará descendencia.


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Como complementos, el Programa considera al Control cultural (raspado de troncos;

colocación de fajas de cartón corrugado; limpieza de puntales; poda y conducción; raleo de frutos; remoción de envases de cosecha y erradicación de montes abandonados y en riesgo fitosanitario) y la Cuarentena vegetal (procedimientos para proteger las áreas que alcanzaron un nivel poblacional más reducido de la plaga, como controles en puestos de barreras, tratamientos cuarentenarios y medidas técnicas y legales para evitar la introducción de la plaga a las zonas resguardadas).

Financiamiento del PNSC En la Región Patagónica, campaña 2005, la FUNBAPA presupuestó aproximadamente

$ 1.100.000, incluyendo los gastos del Sistema de Mitigación de Riesgo de Carpocapsa para Brasil.

El principal sostén económico de las actividades de control son los propios

productores, que actualmente aportan, mediante un Canon Contributivo Obligatorio, al sostenimiento de los programas fitosanitarios de la Región Patagónica (Resolución SAGPyA Nº 120/03). Los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén afectan recursos, fundamentalmente para el financiamiento de agroquímicos y dispenser de la feromona para la aplicación de la TCS. El PNSC desarrolla acciones de fiscalización ejecutadas por el SENASA y las Provincias y de capacitación sobre las buenas prácticas para el control de la plaga y para la implementación de la TCS.

En la provincia de Mendoza, donde la incidencia de la plaga es menor, ya se cuenta

con una importante red de monitoreo y alerta, desarrollada con apoyo del PROSAP/SAGPyA y se están ejecutando actividades para la implementación del MIP. Mendoza ejecutó en 2003, el tercer tramo del desembolso del proyecto PROSAP, estimado en usd$ 2.401.975, incluyendo las actividades del Sistema de Mitigación de Riesgo para exportar al Brasil.

c) Consideraciones sobre los programas de lucha Realizar evaluación de actividades es un procedimiento complejo y requiere

información de diversos aspectos que no dispone esta Consultoría. Aún así no puede dejar de señalarse que, no obstante la diversidad y cantidad de actividades que realizan las dos iniciativas públicas de sanidad vegetal, diversos hechos de indudable importancia comercial y económica, están exigiendo la profundización y ampliación territorial del PNSC y del PROCEM. En este entendimiento, a continuación se hacen algunas consideraciones sobre los dos Programas; previamente, con el fin de analizar comparativamente los elementos que conforman estos dos programas, con el exitoso Plan de Lucha contra la Fiebre Aftosa,


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también ejecutado por el SENASA, se describe en forma resumida la mencionada iniciativa de sanidad animal.

Una referencia: el Plan de Lucha contra la Fiebre Aftosa En enero de 1994, se promulga la Ley Nacional Nº 24.305 que posibilitó la

erradicación de la Fiebre Aftosa. El análisis de esta Ley y de las instituciones que la pusieron en práctica puede ayudar a comprender las carencias y falencias que tiene en la actualidad, la lucha contra las plagas agrícolas. Sus principales disposiciones son:

− Declara de interés nacional la erradicación de la

Fiebre Aftosa y responsabiliza a la Comisión Nacional de la evaluación periódica del Plan.

− Define una técnica de lucha y crea un Plan con acciones para la erradicación

− Establece una estructura institucional para planificar, organizar, ejecutar, fiscalizar, seguir y evaluar el Plan de lucha

− Otorga a instituciones locales sin fines de lucro, el papel de ejecutoras de las acciones del Plan y el de promotoras de las acciones propuestas

− Determina la obligación del cumplimiento por los productores de las acciones del Plan, la denuncia de casos de enfermedad, la obtención de los certificados de vacunación y la tenencia de la documentación para el movimiento de animales

− Reserva para el SENASA, la fiscalización del Plan y la legalización, vía resoluciones, de las decisiones tomadas en con la autoridad máxima del Plan: Comisión Nacional de Lucha contra la Aftosa

La Ley está reglamentada por un Decreto Nacional (Nº 643/96), se dicta en junio de

1996 (tres años más tarde) y tiene un Anexo de 63 artículos, complementarios a los 24 de la Ley. En términos jurídicos e institucionales, se entiende que el éxito del Plan se debe a su legitimidad, apoyada en una Ley Nacional y la correspondiente reglamentación.

Con relación a la estructura institucional debe indicarse que la Ley Nº 24.305 y su Decreto definen la estructura institucional del Plan, con su vértice o autoridad máxima, en la Comisión Nacional de Lucha contra la Aftosa (CNLA); un plano medio representado por las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (COPROSAs) y su base operativa, en las Fundaciones y Entes Locales de Lucha Sanitaria.

La Ley le asigna al SENASA el papel de autoridad de aplicación y de órgano rector

del Plan. También lo nombra responsable final de la planificación, ejecución y fiscalización del programa, pero a continuación establece que el SENASA delega en las COPROSAs, creadas también por Ley, la ejecución de las acciones en cada provincia. Determina asimismo, que la CNLA debe estar presidida por la autoridad máxima del SENASA y tener representantes de las entidades privadas de la ganadería (Sociedad Rural y otras) y de las COPROSAs. Esta Comisión, según el Decreto Nº 643/96, configura el cuerpo orgánico participativo del Plan y es la receptora de las propuestas elevadas por las Fundaciones y Entes locales a través de las COPROSAs. La CNLA debe intervenir en la elaboración de la planificación, el seguimiento y la evaluación del Plan.


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Las Comisiones Provinciales o Regionales están integradas, según la Ley, por dos

representantes del SENASA, dos del gobierno provincial (o uno por cada provincia si la Comisión es regional), un miembro de la Asociación de Veterinarios Provincial (o de cada una de las provincias), según el caso, y un miembro de las entidades de productores que actúan en cada provincia, así como representantes de la industria. Cada COPROSA o Comisión Regional está presidida por el representante del gobierno local o por uno de los representantes de los gobiernos provinciales si la Comisión es regional. La Ley detalla claramente cuales son las funciones y atribuciones de las Comisiones Provinciales.

La Ley, en su artículo 7, convalida las Fundaciones y Entes Locales de Lucha

Sanitaria existentes hasta enero 1994 (Resolución SAGyP 574/88). El artículo es claro respecto al papel reservado para las Fundaciones: “Ejecutarán tareas establecidas para las mismas en el plan nacional y sobre ellas estará asentado a nivel local el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa”. El artículo 8 de la Ley, establece además una condición clave para la intervención de las Fundaciones: determina que el área geográfica de acción de las mismas será el partido, departamento o jurisdicción equivalente en el ámbito provincial. Esto significa que ninguna de ellas puede superar el ámbito geográfico de una provincia.

En resumen, el éxito del Plan tiene una de sus bases en una estructura institucional

acorde con el sistema federal, armónica, equilibrada, y flexible, especialmente en lo que hace a la ejecución de las acciones. Es muy importante remarcar que la estructura del Plan prevé la función de evaluación y designa como responsable de la misma al órgano máximo: la CNLA. Consideraciones sobre el PNSC

Para este Programa pueden indicarse como problemas y restricciones que requieren la profundización y ampliación territorial indicada en el párrafo inicial a los siguientes: i) los daños de la plaga han crecido en estos últimos años, con fuerte repercusión en el ingreso del productor; ii) los mercados externos aumentan periódicamente las exigencias de inocuidad y calidad de las frutas frescas y los productos elaborados a partir de las mismas; iii) la plaga está demostrando mayor resistencia a los plaguicidas; iv) el impacto ambiental negativo de esos plaguicidas exige la implementación de alternativas más amigables con el medio ambiente; y, v) el impacto que ha producido en los productores, la crisis económica de lo últimos años y la devaluación monetaria de inicios del año 2002.

Una de las principales limitaciones del PNSC, en especial del Programa de la Región

Patagónica, reside en su financiamiento, captado a través del Canon Contributivo, ya que no es suficiente para imprimir un ritmo de ejecución que permita alcanzar las metas y objetivos planteados. Estas restricciones financieras afectan sobre todo la posibilidad de continuar difundiendo las nuevas tecnologías a disposición, particularmente en lo que concierne al empleo de feromonas de confusión sexual y las tareas de monitoreo y fiscalización de estas plagas.


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En forma similar al PROCEM, para poder suprimir estas plagas se debe garantizar un

adecuado funcionamiento del sistema de protección cuarentenaria y el cumplimiento de las normas legales de sanidad vegetal. La supervisión de los actuales sistemas de monitoreo y fiscalización no cubren a la totalidad de productores y la difusión de las modernas tecnologías de control es aún incipiente (abarca el 6 % del total de los fruticultores de la Patagonia y no se usa en Cuyo).

La presencia de montes frutales abandonados representa un serio impedimento para el

avance y consolidación del PNSC, al no contarse con los recursos financieros necesarios para la erradicación de los mismos. La falta de una reglamentación de las Leyes de Sanidad Vegetal provinciales, constituye también impedimentos para lograr solución a estas situaciones.

En resumen y recordando los problemas y limitaciones de los productores del Alto Valle (ítem I.C.1.), la consolidación del PNSC exigirá a los responsables de la sanidad vegetal en el plano federal, una política que permita: i) diseñar y ejecutar acciones consensuadas entre todos los actores de la fruticultura regional y ii) contar con los recursos económicos suficientes. Las tecnologías, las instituciones y los recursos humanos existen y están disponibles. A diferencia de la lucha contra la Aftosa, no existe un “rifle sanitario” (en este caso decomiso), sobre los cajones de frutas que no evidencien, mediante su Documento de Transito Vegetal, el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios.

Comentarios sobre el PROCEM Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que el PROCEM ha conseguido importantes logros

y las instituciones y personas involucradas, también han alcanzado un significativo crecimiento técnico y operacional. La coordinación de SENASA está reconocida a nivel nacional (por los gobiernos provinciales) y fuera del país por otros países e instituciones internacionales y se cuenta con medidas de protección cuarentenaria eficientes y eficaces, en el orden interno y externo. Por último, hay un financiamiento parcial, que incluye el aporte de los productores y un alto porcentaje de regiones o provincias que cuentan con recursos propios o créditos externos.

Es necesario, por otro lado, ampliar el Programa a todo el territorio nacional para

disminuir la cantidad de barreras internas y tratamientos para movimientos dentro del territorio nacional y la brusca baja del riesgo de reintroducción de la plaga de una zona a otra del territorio nacional. Asimismo, debe respetarse el compromiso multilateral que asumió el País, para reducir el uso de bromuro de metilo, sustancia que se utiliza para la desinfección de productos en tránsito desde un área infestada a una libre o de baja prevalencia.

Para concretar estos objetivos y consolidar los logros obtenidos, el Programa debe

enfrentar y superar diversos problemas, entre otros: i) países limítrofes que tienen peor condición en relación a la plaga que Argentina y no adoptan medidas de control; ii) periodos


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de baja rentabilidad de la producción (bajos precios, adversidades climáticas) que provoca desatención a las acciones del Programa; iii) rechazo de apicultores y determinados grupos ecologistas a la utilización de control químico; iv) baja prioridad al Programa para la política fitosanitaria de determinadas provincias y, v) escaso recursos humanos capacitados en las regiones o provincias que deberían sumarse al Programa.

En un plano de los requerimientos del propio PROCEM, pueden sugerirse como

mejoras y necesidades: i) llevar el Programa a todo el País, definiendo para cada territorio, aún los que no tienen cultivos comerciales, su papel en el control de la plaga; ii) mantener los status alcanzados; iii) consolidar los logros obtenidos en La Rioja y San Juan y revertir los retrocesos observados en años recientes; iv) fijar acciones para el NEA y el NOA y v) definir la provisión de mosca estéril para el Programa y las actividades propias de cada Provincia. El SENASA en la actualidad está preparando dos programas para presentarlos ante el PROSAP/SAGPyA. Uno de ellos, denominado Programa Nacional de Sanidad Vegetal, está conformado por tres proyectos de control y prevención par la Mosca de los Frutos, la Carpocapsa y la Avispa Barrenadora de los Pinos; a estos proyectos, se una un componente general y transversal de fortalecimiento de todas las instituciones que habrán de participar en la ejecución de esas tres iniciativas. El otro programa está destinado al fortalecimiento exclusivo del SENASA.

4. Los organismos públicos de sanidad vegetal en las provincias argentinas

En este Informe no se ha considerado con el detalle que merecen, los organismos públicos y privados de las provincias dedicados a la sanidad vegetal. Puede señalarse que todas las provincias adhieren a la ley nacional de agroquímicos y que, a su vez, tienen leyes y normas propias en el tema y sus autoridades de aplicación.

Y no siempre la calidad y dotación de recursos presupuestarios para esos organismos

está relacionada con la importancia del sector agrícola en las provincias. Una de las excepciones es la Provincia de Mendoza, ya que cuenta con una institución de sanidad vegetal de reconocida calidad y experiencia (ISCAMen); otra situación particular es la de fruticultura del Alto Valle, Provincia de Río Negro, que se ve beneficiada por las actividades del INTA Alto Valle, el LIBIQUIMA y el CIATI.

Un examen superficial de los proyectos de fortalecimiento del área de sanidad vegetal

que diversas provincias han elevado al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales y que esta Consultoría tuvo oportunidad de revisar, permiten concluir que en la mayoría hay autoreconocidos déficit de capacidad institucional para atender los problemas fitosanitarios (casos de las Provincias de Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, San Juan, Corrientes, Misiones y Tucumán).


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5. Instituciones mixtas y privadas La Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) y Programa de Agroinsumos Regional (PAR) La FUNBAPA es una entidad privada sin fines de lucro que fue creada en 1992 a

iniciativa de los productores agropecuarios patagónicos. Entre sus objetivos estatutarios se encuentra la protección fitosanitaria de la Patagonia a través de la operación de una barrera de control para el aislamiento de la región. La Fundación está integrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los Gobiernos de las Provincias Patagónicas y las Cámaras Empresariales y Asociaciones de productores agropecuarios de la región.

Por delegación de la SAGPyA/SENASA, la FUNBAPA ejecuta el Programa Nacional

de Erradicación de la Mosca de los Frutos y el Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa para la región Patagónica. Existe una Comisión Regional de Sanidad Vegetal, responsable del seguimiento de las acciones de ambos programas. Además, la FUNBAPA fue durante los tres primeros años de su creación, administradora del Programa de Agroinsumos Regional (PAR), actualmente ejecutado por la Provincia de Río Negro. Este Programa atiende el financiamiento del agroquímico fundamental para el control de la primera generación de la Carpocapsa, consistente en cinco aplicaciones de Metil Azinfós, para ser destinado al sector productor de frutas. Esta orientado a los productores pequeños y medianos, que acrediten la condición de productor de fruta de pepita (manzanas, peras y membrillos), con superficies que hayan sido plantadas en el año 1998 o anteriores en las Provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Comité Regional del Noreste Argentino (CORENEA) Este Comité está integrado por: i) el Gobierno Nacional (SENASA); ii) los Gobiernos

de las Provincias de Misiones (Ministerio de Asuntos Agrarios), Corrientes (Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo), Entre Ríos (Secretaría de la Producción) y Buenos Aires (Ministerio de Asuntos Agrarios); iii) la Asociación de Fruticultores de Misiones; iv) el Sector Productor de la Comisión Mixta Provincial del Citrus de Corrientes; v) la Federación del Citrus de Entre Ríos; vi) la Cámara de Exportadores del NEA ( CANEA) y, vii) la Cámara de Productores y Empacadores de la Zona Noreste de la Provincia de Buenos Aires. Son integrantes Asesores el INTA, las Entidades de Ingenieros Agrónomos y el Instituto Interamericano de Ciencias Agropecuarias (IICA).

Los objetivos del Comité son: i) velar por el correcto cumplimiento y aplicación de las

normas en vigencia o a dictarse, que aseguren la sanidad y calidad citrícola, incluyendo los viveros de citrus; ii) confeccionar y aprobar los programas sanitarios y de calidad citrícola para las provincias que componen el CORENEA; iii) identificar y gestionar los fondos y presupuestos para la ejecución de los programas adheridos al Programa Nacional de Sanidad


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Citrícola, generados para cada una de las Provincias integrantes del CORENEA; iv) proponer y gestionar el dictado de normas jurídicas que permitan el mejor cumplimiento de los programas y de los objetivos fitosanitarios y de calidad, para la citricultura de las provincias integrantes; v) proponer estrategias que permitan el levantamiento de las medidas restrictivas al ingreso de productos citrícolas de las provincias integrantes, en otros países; vi) coordinar acciones con organismos e instituciones privadas u oficiales, provinciales o nacionales, que permitan alcanzar una fluidez en el comercio interno, que beneficie a la economía de la región preservando y mejorando, a la vez, las condiciones sanitarias de las áreas protegidas y vii) celebrar convenios de cooperación con otras entidades.

Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE - Corrientes) Creada por Decreto provincial Nº 3267/98, la COPROSAVE se encuentra integrada

por representantes del Ministerio de Producción Trabajo y Turismo, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la Provincia de Corrientes y por los siguientes sectores productivos: citrícola, hortícola, arrocero, algodonero y forestal.

La Comisión cumple las siguientes funciones: i) proponer orientaciones a las políticas

y estrategias fitosanitarias y de calidad vegetal para la Provincia; ii) proponer el dictado de las normas que resulten necesarias para la ejecución de los programas de sanidad y calidad vegetal que se establezcan en la Provincia; iii)participar en la elaboración de los programas de trabajo y los planes operativos anuales a ser ejecutados por el Servicio de Sanidad Vegetal del Ministerio de Producción y Desarrollo; iv) administrar los fondos que se generen por la aplicación de la Tasa de Retribución de Servicios que cree el Poder Ejecutivo para el financiamiento de las actividades de sanidad y calidad vegetal; v) coordinar las acciones con los demás Organismos e Instituciones Oficiales y Privadas vinculadas a la problemática sanitaria y de calidad vegetal a efectos de tornar más eficaz y eficiente su accionar, celebrando los convenios de cooperación que resulten necesarios.

El Comité Regional Fitosanitario del Noroeste Argentino (CORENOA) y la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA) El Comité está formado por los Secretarios del área de cada una de las cuatro

provincias que forman la Región (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca), más un representante de la SAGPyA (de acuerdo a la Resolución nº 638 por delegación es del SENASA) y un representante de AFINOA. La existencia de este Comité ha sido validada por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca por Resolución Nº 638 y sus funciones son las de fijar políticas del sector para la Región. Por su reglamento interno (Resolución Nº 922/92), está facultado a celebrar convenios de cooperación con instituciones privadas y a administrar fondos con base en un Programa Operativo aprobado.


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La Asociación es una organización civil sin fines de lucro, constituida en mayo de

1991 y reconocida por la SAGPyA por la Resolución Nº 45. Sus funciones son: i) cooperar con las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales en la implementación de las medidas de combate a las plagas y enfermedades que afecten la libre comercialización de los productos frutihortícolas de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca; ii) colaborar económicamente, mediante convenios, con las autoridades nacionales y provinciales, para implantar medios de defensa fitosanitaria de la Región NOA y iii) facilitar la labor de fiscalización y control de los entes oficiales pertinentes. Los miembros de la asociación, de acuerdo a su estatuto, deben ser productores citrícolas o personas físicas que participen en sociedades productoras.

En 1992 se celebró un convenio de administración entre el IASCAV (actualmente

SENASA) y AFINOA, para los aranceles que se aplican sobre productos frescos o industrializados que se encuentren incluidos en los planes de acción elaborados y aprobados por CORENOA. Salta y Jujuy han suscrito convenios con AFINOA de cooperación fitosanitaria para la prevención del ingreso de la Cancrosis de los Cítricos u otras enfermedades. Así, por estos convenios se emplazó un sistema de barreras fitosanitarias, con gastos a cargo de AFINOA.

C. LA INVESTIGACIÓN EN SANIDAD VEGETAL

En este Informe tampoco se pudo analizar y evaluar con la importancia debida, la investigación en sanidad vegetal en el plano federal (INTA) y en las provincias. La excepción es el breve análisis que se ha hecho de la investigación que realiza el INTA Alto Valle (Río Negro) con relación a la Carpocapsa, las alarmas sobre la plaga, el Programa Integrado de Fruta y la investigación fitosanitaria en general, con reconocidos y notables resultados positivos.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene la actividad de

investigación en el contexto de su Programa Nacional y los Planes Tecnológicos Regionales; el Programa opera dando orientación en la asignación de recursos, promueve convenios con otras instituciones afines, supervisa la calidad científica y técnica de los proyectos específicos y orienta también el seguimiento y evaluación de los proyectos. Cada regional a su vez tiene proyectos de investigación acordes a los temas de la agricultura local. Relacionados con el control de plagas deben señalarse, el Programa Nacional de Protección Vegetal en primer lugar y en segundo, el de Gestión Ambiental; también tiene Programas Nacionales para cada gran rubro de la agricultura: frutas, cereales, etc.,

El INTA tiene además, proyectos especiales de investigación en el tema sanitario,

entre los que cabe destacar, el ya citado de Monitoreo de Ecotoxicología en Aves, dos


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proyectos vinculados a la sustitución del Bromuro de metilo en el cultivo de frutillas, verduras y tabaco y una iniciativa dedicada al Manejo Integrado de Plagas.

Otra institución con amplia experiencia en investigación agronómica y, en especial

sanidad vegetal, es la Estación Experimental Obispo Colombres, de la Provincia de Tucumán.

D. LA SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Y EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS El Sistema (SNCA) se ocupa de la producción y comercialización de alimentos, como

autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino, versión local del Codex Alimentarius. El Sistema fue creado mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 815 del año 1999 y tiene carácter obligatorio en todo el país. Entre otras áreas temáticas, el SNCA tiene responsabilidad de control y normatización de la inocuidad de los alimentos y en este plano, para los residuos de plaguicidas. Está constituido por la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), el SENASA y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La CONAL, en el ámbito del Ministerio de Salud, funciona como unidad técnica de apoyo y asesoramiento técnico al SNCA e integra a representes de la SAGPyA, la Secretaría de Salud del Ministerio, la ANMAT, la Secretaría de la Competencia, el SENASA, las Provincias; tiene un Consejo Asesor conformado por representantes del sector privado alimentario.

En líneas generales puede decirse que el SENASA se ocupa de la sanidad y calidad de

los alimentos frescos y la ANMAT de los procesados. Las misiones y funciones, que son similares para ambos organismos, se relacionan con la preservación de la inocuidad y calidad alimentaria, a través del registro de productos, el control de unidades productivas y de productos, la expedición de certificados, la fiscalización de importaciones y la certificación de exportaciones, la normatización y control de los envasados y rotulados y la coordinación de responsabilidades con las provincias y municipios.

La mera descripción de esta estructura de la administración pública dedicada a la

sanidad vegetal y a la calidad de los alimentos, aunque muy resumida, indica la posibilidad de ocurrencia de ineficiencias, gastos prescindibles y superposición de misiones y funciones, sin excluir con esto, la existencia de áreas donde no hay una intervención del Estado y debería haberla. E. EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y LAS

INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS En el plano nacional o federal, el Ministerio de Salud y Desarrollo Sustentable tiene misiones y funciones específicas en todo lo atinente a la toxicología y epidemiología de la


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población y, en este carácter, en todo lo relacionado por intoxicaciones causadas, accidental o intencionalmente, por plaguicidas. A su vez, el Ministerio de Trabajo, por medio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se ocupa como autoridad de aplicación de la legislación y normas dedicadas a la salud laboral y los riesgos del trabajo, en este caso para los trabajadores rurales y los trabajadores de la industria de agroquímicos y similares.

1. Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones Este Programa tiene por objetivo la disminución de los riesgos para la salud humana, de

la exposición a las sustancias químicas, incluyendo los plaguicidas de uso agropecuario. Con ese fin general, el Programa procura: i) hacer la caracterización epidemiológica y el establecimiento de normas para las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de las intoxicaciones; ii) mejorar el intercambio de información toxicológica y el funcionamiento de las unidades asistenciales de Toxicología Clínica del país, incluyendo los Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica (CIAATs) y los Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos (LACTs), y iii) promover la capacitación en Toxicología Clínica y Epidemiología Aplicada.

El Programa, iniciado en 1.999 por Resolución Ministerial Nº 222, cuenta con el apoyo

de la OPS/OMS para las tareas de capacitación y de la GTZ, para todo lo relacionado con los Registros de Intoxicaciones. Uno de sus principales objetivos es establecer un patrón homogéneo y uniforme para todo el país, del registro de las intoxicaciones, incluso acorde a los usados por la Red Internacional INTOX de la CEPIS-OPS-GTZ. La padronización del levantamiento de la información sobre los intoxicados es un elemento clave para la programación de actividades de prevención y, en la Argentina como en la mayoría de los países latinoamericanos, existía, y aún existe, una enorme variedad en las formas de adquirir y de consignar la información proveniente de los afectados por intoxicaciones. En el ámbito del Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones, opera la REDARTOX, Red Argentina de Toxicología, creada también en 1999, con el objetivo de mejorar el intercambio de información temática, armonizar registros y normas y promover la investigación y la prevención de las intoxicaciones.

2. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) La denuncia de intoxicaciones por plaguicidas en el caso de brotes81, es obligatoria por la Ley Nacional Nº 15.465 (Notificaciones Médicas Obligatorias). En el Registro del SINAVE hay dos tipos de intoxicaciones que guardan estrecha relación con los temas de este Informe: los accidentes con patologías relacionadas con intoxicaciones por pesticidas (sin otra discriminación) y las enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA). A diferencia del

81 Casos agudos y masivos, con una ó más áreas de incidencia.


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Registro de Consultas, en este Sistema se consignan los casos tratados por organismos médicos, generalmente públicos. 3. Programa Nacional de Riesgos Químicos El Programa fue creado en el año 2000, por la Resolución Nº 527 del Ministerio de Salud, con el objetivo general de minimizar los riesgos para la salud humana, asociados a la exposición a las sustancias químicas. Sus objetivos específicos son la promoción de mecanismos sustentables de gestión de sustancias químicas para limitar los riesgos para la salud humana; la identificación de riesgos y situaciones para organizar su vigilancia y control y las vías, recursos y mecanismos para promover una información oportuna, veraz y actualizada sobre los riesgos del manejo de las sustancias químicas y la promoción del trabajo intersectorial, facilitando la comunicación entre las áreas vinculadas al problema.

El Programa realiza actividades de asistencia técnica en intervenciones directas sobre problemas concretos; imparte capacitación y colabora en los procesos de normatización de los mecanismos de manejo y administración de las sustancias químicas. Recibe recursos del presupuesto nacional y también aportes de UNITAR, GTZ y CEPIS-OPS. Entre otros, cabe mencionar su participación en los trabajos de campo y monitoreo de población expuesta a agroquímicos en las localidades de Colonia Aurora, Provincia de Misiones y Bigand y Lanteri, Provincia de Santa Fe (ítem I.E.2.). F. LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR RURAL

La Superintendencia es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.577 Riesgos del Trabajo y en su área se creó el Centro de Información y Asesoramiento en Toxicología Laboral (PREVENTOX) para poner a disposición del trabajador, un centro de consulta gratuita sobre la exposición a sustancias químicas peligrosas y los efectos que ejercen sobre el ser humano. El Centro asesora al trabajador que manipula sustancias químicas, acerca de los exámenes periódicos, las características que debe asumir el examen clínico y los medios de diagnóstico que se deben emplear, estipulando la frecuencia de los mismos. También aconseja sobre qué hacer con un paciente intoxicado o con una enfermedad profesional. G. LOS ORGANISMOS AMBIENTALES Y LA CONTAMINACION

En el gobierno federal, fuera de los tratados precedentes, hay dos organismos que

tienen competencia en la calidad del ambiente y sus recursos naturales: La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En la primera no hay programas específicos dedicados a la contaminación originada por el control de plagas o


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por la fabricación, transporte, almacenamiento o destino final de los plaguicidas agrícolas. Existe el Programa Ozono dedicado a la mitigación del uso de las sustancias que deprimen el ozono en la estratosfera y que ha destinado proyectos a ser ejecutados por el INTA y el SENASA (reducción del uso de Bromuro de metilo en la agricultura).

En la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Dirección Nacional de Conservación y

Protección de los Recursos Hídricos, se ejecuta el Programa de Calidad del Agua con el fin de tratar los aspectos concernientes a la calidad del agua ambiente. Sus objetivos específicos son: i) proponer pautas de calidad de agua ambiente para fundamentar la asignación de destinos a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con especificación de objetivos de calidad para los mismos; ii) desarrollar normas destinadas a preservar y recuperar la calidad de los recursos hídricos; iii) evaluar las características de calidad de los cuerpos de agua y hacer diagnósticos de su condición y aptitud y iv) analizar aspectos de la calidad del agua ambiente involucrados en la formulación de planes hídricos. No tienen elaborados indicadores para plaguicidas ni hicieron diagnósticos de ningún cuerpo de agua para determinar plaguicidas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) pertenece a la Subsecretaría de Recursos

Hídricos (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y en su ámbito se está ejecutando el Programa Nacional de Calidad de Agua, que ejecutó los proyectos de investigación descritos en el ítem I.E.2.


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PERSONAS CONSULTADAS

Pablo Cortese – Director de Vigilancia y Monitoreo (SENASA) Diego Quiroga – Funcionario SENASA Diana Guillen – Directora Nacional de Protección Vegetal (SENASA) Fernando Lavaggi – Responsable de SICOFHOR y SIFFAB (SENASA) Alfredo Gomila – Coordinador del Proyecto Control del Picudo del Algodonero (SENASA) Eduardo Butler – Director, Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios (SENASA) Diego Ciancaglini – Coordinador, Coordinación de Agroquímicos y Biológicos (SENASA) Ricardo Sanchez – Coordinador del Programa de Sanidad Vegetal (PROSAVE SENASA) Claudia Cartes – Delegada SENASA en el Río Negro. Liliana Cichón - INTA Alto Valle del Río Negro Graciela Putruelle - INTA Concordia Pablo Gomez Riera – Director de Planificación del INTA Mario Bogliani – Instituto de Ingeniería Rural (INTA) Lorenzo Ferretjans – Funcionario del ISCAMen (Mendoza) Susana García - Ministerio de Salud Gloria Llorens – Directora del Centro Nacional de Intoxicaciones Viviana Crapanzano – Funcionaria del Centro Nacional de Intoxicaciones Nelson Alveano – Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Ministerio de Trabajo) Carlos Vaca - Consultor de la SRT Rubén Goransky - Subsecretaría de Recursos Hídricos Alberto Natale - INA (Programa Nacional de Calidad del Agua) Pablo Isally - Secretaria de Medio Ambiente Eduardo Wright – Facultad de Agronomía (Cátedra de Fitopatología) Marcelo Carmona - Facultad de Agronomía (Cátedra de Fitopatología Daniel Pórfido – CASAFE (Gerente Técnico) Muncha Diaz Cano – Consultora (ex coordinadora SICOFHOR) Alfredo Faggionato - Gerente DOLE (empresa exportadora de frutas) Pedro Campos – SYNGENTA (Gerente Regional)


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BIBLIOGRAFIA 1. Control Fitosanitario. Maccarini Leandro. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires, 1988. 2. Cambio y fortalecimiento del SENASA. Amaya, Jorge y Casamiquela, Carlos. SENASA,

Buenos Aires, diciembre 2003. 3. Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en la agricultura. Organización

Mundial de la Salud (OMS) y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Ginebra, 1992.

4. La Roya de la soja: atento y a tiempo. Carmona, Marcelo y Melo Reis, Erlei. Ed. SYNGENTA. Buenos Aires, enero 2004.

5. Por un campo sano: ¿Cómo estamos en sanidad agropecuaria? Ed. Bolsa de Cereales. Buenos Aires, mayo 2004.

6. Fruticultura moderna – 9 años de Cooperación Técnica. Ed. INTA y GTZ. Alto Valle del Río negro, 1999.

7. Empleo rural en tiempos de flexibilidad. Aparicio, S. y Benencia R. (Coordinadores). Ed. La Colmena, Buenos Aires, 1999.

8. Estudio de base para la implementación de un sistema de certificación de la calidad la sanidad de la producción agrícola. Gutman, G. Ed. Ministerio de Asuntos Agrarios (Prov. de Buenos Aires) y FAO. La Plata, Provincia de Buenos Aires, 2003.

9. Fruticultura en perspectiva. Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de la Provincia de Río Negro. Viedma, Río Negro, 1996.

10. Censar ‘93” Censo Agrícola Rionegrino. Ministerio de Economía, Gobierno de la Provincia de Río Negro. Viedma, Provincia de Río Negro, 1994.

11. Agriculture, pesticides and the environment - Policy options. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). París, 1997.

12. Directrices para la protección de personas que manipulan plaguicidas en climas tropicales. FAO, Roma, 1990.

13. Guidelines on good practice for aerial and ground applications of pesticides. FAO, Roma, 2001.

14. Normas revisadas sobre criterios ecológicos para el registro de plaguicidas. FAO, Roma, 1995.

15. Manual sobre Desarrollo y Empleo de las Especificaciones de la FAO y de la OMS para Plaguicidas. FAO, Roma, 2002.

16. Directrices para el registro y control de los plaguicidas. FAO, Roma, 1985. 17. Directrices sobre la introducción inicial y elaboración posterior, de un sistema nacional

sencillo de registro y control de plaguicidas. FAO, Roma, 1991. 18. Código internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas. FAO,

Roma, 2003. 19. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria – Nuevo texto revisado. FAO,

Roma, 1999. 20. Glossary of phitosanitary terms. FAO, Roma, 2002. 21. Normas internacionales para medidas fitosanitarias - Análisis de riesgo de plagas para

plagas cuarentenarias. FAO, Roma, 2001. 22. Pesticide residues in food - Report 2004. FAO, Roma, 2004.


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ANEXO 1

EL SECTOR AGROPECUARIO Importancia en la economía y probable evolución

1. Participación sectorial La participación del valor agregado del Sector Agropecuario en el PBI total de la

Argentina fue, en el año 2002, de 6 % y de 20 %, en el valor agregado de los sectores productores de bienes82. Dentro del Sector, la agricultura hizo la mayor contribución (63 % del total), seguida de la ganadería (31%).

La importancia económica del Sector aumenta si se considera su participación en las

exportaciones: las de origen agropecuario representan casi la mitad sobre el total de las exportaciones nacionales, con un valor de usd$ 13,1 miles de millones. Esa participación está compuesta en 43% por exportaciones de productos agropecuarios primarios y en 57% por manufacturas de origen agropecuario. Del mencionado valor, 20 % corresponde a pellets de soja, 19% a cereales, 13% a aceites vegetales y 10% a semillas oleaginosas; así, 62% del total de las exportaciones del sector pertenecen al complejo cerealero y oleaginoso. El 38% restante se reparte entre pieles y cueros, 6 %; pescados y mariscos sin elaborar, 5%; frutas frescas, 4%; carnes, 3% y hortalizas y lácteos, 2 %.

El valor de las exportaciones argentinas para el año 2002 creció levemente con

respecto al año 2001 (3,2%, según datos del INDEC). Este incremento corresponde a un crecimiento de las exportaciones de productos primarios del 11 %, liderado por el complejo frutícola (20%); el pesquero (24%) y el algodón (50%). En el complejo cerealero (11%), se destaca el arroz (38%).

El empleo generado por el sector agropecuario y su participación en la recuperación

del crecimiento y la superación del desempleo, siempre es motivo de polémica entre los analistas. Un estudio reciente señala que en el año 2003, las cadenas agroindustriales fueron responsables de 36 % del empleo total del país (5.592.300 puestos) y que esa proporción aumentó 8 %, con relación a 198483. El estudio, hecho sobre 17 cadenas de producción y comercialización, indica que por cada empleo directo de los 1.158.600 que hay en la etapa primaria, se generan casi 4 puestos de trabajo en otros sectores (4.433.700 empleos). El estudio señala además que, en 2001, 35 % de la población argentina vivía en zonas predominantemente agropecuarias o bien, con residencia en las ciudades pero vinculada con alguna actividad agroindustrial.

82 Subsectores: agricultura, ganadería, caza y silvicultura – Estimaciones preliminares en millones de pesos, a precios de 1993, de la Dirección de Cuentas Nacionales, INDEC. 83 “La generación de empleo en las cadenas agroindustriales”, Juan José Llach, Marcela Harriague y Ernesto O’Connor. Fundación Producir Conservando, 2004.


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Para concluir esta resumida descripción de la importancia económica sectorial, se agrega que el Subsector Frutihortícola genera en la Argentina, un producto bruto anual de USD$ 3.000 millones. En su etapa primaria, es el cuarto subsector generador de empleo, con 220.000 personas ocupadas en forma directa y con 300.000 personas en forma indirecta, incluyendo insumos, transporte y comercio. Con respecto al resto del sector agropecuario (agricultura extensiva y ganadería), tiene una oferta de empleo 30 veces superior; es 20 veces mayor su empleo de insumos y en maquinaria y equipos, la inversión es 15 veces superior.

La producción de frutas y verduras representa 12 % del PBI agropecuario y 20% del

PBI agrícola, con una producción estimada en 11 millones de toneladas de distintas especies. Ocupa 4% de la superficie agrícola del país (1.220.000 has), de las cuales, 2 % corresponde a hortalizas y 2 % a frutales. Exporta casi 1.000 millones de dólares al año, entre productos frescos e industrializados.

La producción frutihortícola tiene una importancia significativa en el sector

agropecuario por su amplia distribución geográfica, demanda de mano obra y peso relativo en las “Economías Regionales”. En un plano más específico, el complejo frutícola de las Regiones Patagónica y Cuyana, se ha consolidado como una de las cadenas productivas más importantes del País. Sus exportaciones de fruta fresca, jugos, y frutas procesadas promedian usd$ 380 millones anuales, y su demanda laboral supera los 75.000 puestos de trabajo. Los montes frutícolas del norte de la Patagonia suman una superficie mayor a 47.300 has plantadas con manzanas, peras y otros especies de menor importancia económica regional (Provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa), mientras que en las Provincias de Mendoza y San Juan, hay 22.500 y 1.850 ha. Respectivamente de frutos de pepita. La producción promedio en esos territorios en la década de los ‘90 fue de aproximadamente 1.850.000 t, que representa más del 90 % de las manzanas y peras producidas en el País, involucrando más del 95 % del total exportado como fruta fresca.

2. Pronósticos sobre la evolución del sector 84 a) Cereales, leguminosas y cultivos industriales Se estima un crecimiento de la superficie sembrada de 16 % entre 2003 y 2010 y de

9% entre 2010 y 2016 (aumentos equivalentes a 4,5 y 2,8 millones de ha, respectivamente). Los cultivos que lideran este incremento en el primer período son el girasol, la soja, el trigo y el maíz. Con estas proyecciones se alcanzarían los 100 millones de toneladas en 2010, llegándose a cerca de 116 millones de toneladas en 2016. Se espera también una importante recuperación para productos regionales (maní, algodón, arroz y poroto): en conjunto presentarán un crecimiento hasta 2016, de 1,7 millones de ha.

84 Las estimaciones fueron extraídas fundamentalmente de un trabajo inédito de la SAGPyA: “Escenarios agrícolas para el Bicentenario de la Independencia Nacional”. Area de Análisis Económico de la Dirección de Economía Agropecuaria, marzo 2004.


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En cuanto a las estimaciones de la producción, los mayores crecimientos se esperan para el maíz (8,5 millones de t), la soja (8,3 millones de t), el trigo (6,1 millones de t), el girasol (2,4 millones de t) y el sorgo (2,1 millones de t). Cabe destacar que en los casos del maíz y sorgo se espera un importante incremento de los rendimientos.

La superficie necesaria para llegar a las 100 millones de toneladas en el 2010 se estimó

en 32,7 millones de hectáreas. Es necesario aclarar que esta superficie corresponde a la suma de la primera y segunda ocupación, es decir que la superficie agrícola neta sería inferior. Para lograr los niveles de producción estimados se requerirían unas 3,6 millones de ha adicionales para 2006, lo que podría lograrse mediante un millón adicional de hectáreas agrícolas en la Región Pampeana y unos 2,6 millones de ha extrapampeanas.

b) Frutas y hortalizas Las tendencias pronosticadas para el subsector frutícola, indican que la producción de

peras se verá incrementada por mejoras en los rindes y por una expansión del área actual; en algunos casos (pej. Alto Valle del Río Negro), en detrimento de la superficie cultivada con manzana. Para esta fruta, se prevé que el aumento de la producción se dará más por incrementos de la productividad del monte frutal que de la superficie plantada. En jugos concentrados de pera y manzana, el crecimiento tiene una estimación más conservadora, debido a una disminución de la proporción de fruta destinada a industria y a un aumento esperado en el consumo interno de jugos.

Para las frutas de carozo, también se prevé que el aumento de la producción se dará por

incrementos de la productividad del monte frutal y no de la superficie plantada. El crecimiento de las exportaciones de fruta fresca será factible por el desarrollo de nuevos mercados y el fortalecimiento de los tradicionales y a los bajos niveles de las mismas en conjunción con la alta calidad disponible en ciruelas, cerezas y duraznos.

En los cítricos, para el limón, principal producto de este rubro, se proyecta un

crecimiento en la producción, aunque inferior al estimado para otros cítricos. En el primer caso, se explica por ligeros aumentos de la productividad del monte frutal y de la superficie plantada, manteniendo la tendencia de los últimos años. El crecimiento de las exportaciones de limón fresco ocurriría por el poder negociación de la industria al posicionarse como primer exportador de fruta y jugos. El crecimiento de las exportaciones de otros cítricos se espera fundamentalmente en mandarina y pomelo. En jugos concentrados el crecimiento es más conservador debido a un a disminución de la proporción de fruta destinada a industria y a un aumento esperado en el consumo interno de jugos.

La producción de cebolla y ajo es una de las más dinámicas de la horticultura argentina

por estar orientado a la exportación. La tendencia positiva en las exportaciones en fresco de estos productos se fundamenta en la demanda creciente de este producto en el mercado del Brasil. La producción de ajo en al año 2003 alcanzó 126.000 toneladas y se exportaron 86.000


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toneladas. Se espera un crecimiento productivo del período 2003-2010 de 20 %. La producción de cebolla en el año 2003 fue de 650.000 toneladas, de las cuales 208.000 toneladas se destinaron al mercado externo, en especial el Brasil. El motor del incremento de producción es el mercado externo que fija precios. La producción de tomate se encuentra estancada en un millón de toneladas en los últimos años; sin embargo, se prevé un ligero crecimiento de la producción para los próximos años causado principalmente por la demanda interna tanto de tomate fresco como de tomate industria. La industria procesadora de hortalizas tiene como producto de mayor producción a la papa pre-frita congelada con 92 mil toneladas, de las que se exportan 66 mil toneladas, seguida por la industria conservera.

c) Exportaciones Las exportaciones agroindustriales, que en 2003 representaron cerca 47% del total de

exportaciones de bienes y servicios, deberían alcanzar 49 % en 2010 y 47 % en 2016. La proyección del valor de las exportaciones agroindustriales, a precios constantes, prevé un aumento de 45% para 2010 y de 80%, para 2016, año en que se podría llegar usd$ 30 mil millones, a precios promedio del trienio 2001/03 (Cuadro 1).

Las mayores posibilidades de expansión de las ventas de frutas se ubican en las

exportaciones al hemisferio norte, aprovechando la contra estación ya que, dada la caída del poder adquisitivo de la población argentina y su baja tasa de crecimiento demográfico, no son esperables, incrementos en el consumo interno. Sin embargo, en el mercado externo, que siempre ha demandado volúmenes crecientes de varios productos frutihortícolas, especialmente frescos, comienzan a aparecer serias dificultades de colocación para muchos productos y más aún, para que acceda la mayoría de los productores. Esto se debe a numerosos factores interrelacionados: el costo del transporte, la calidad exigida a los productos, las dificultades para organizar la oferta, la capacidad para afrontar riesgos de los productores, y las exigencias de los mercados demandantes. Así, para poder aumentar las exportaciones, es imprescindible llevar adelante una serie de acciones entre las que cabe destacar la erradicación o supresión de plagas cuarentenarias; la instalación de cadenas de frío y el mejoramiento de los tratamientos poscosecha; la incorporación de las variedades demandadas por el mercado internacional y el mejoramiento de los sistemas de acceso y difusión de información.


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Cuadro 1 Proyección de las Exportaciones para 2010 y 2016

VALOR DE LAS EXPORTACIONES

(en millones de usd$) COMPLEJO

EXPRORTADOR 2003 2010 2016 2003/16

Sojero 7.191 10.070 11.279 4.088 Triguero 1.086 2.107 2.547 1.461 Girasolero 727 1.347 2.035 1.307 Frutihortícola 976 1.669 2.089 1.113 Algodonero 7 125 222 215 Maicero 1.288 1.126 1.366 78 Tabacalero 163 200 240 77 Cerealero (resto) 64 76 93 29 Otros 338 532 680 342

Fuente: “Escenarios agrícolas para el Bicentenario de la Independencia Nacional”. SAGPyA, Area de Análisis Económico de la Dirección de Economía Agropecuaria, marzo 2004.


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ANEXO 2

LISTADO DE PLAGUICIDAS PROHIBIDOS

Nombre de la Nivel de Detalles de la Restricción Origen de la Sustancia Química Restricción (por ejemplo, razón para la acción Año Norma

de control, usos permitidos,...)

2,4,5-T P Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

ALDICARB SR Limitaciones edáficas y de uso: Decreto 2.121/90. 1990 S. Veg.

ALDRIN SR Proh. en bovinos y porcinos:Decreto 2.143/68 1968 S. Anim.

ALDRIN P Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

ALFANAFTILTIOUREA (ANTU) P Proh. Como rodenticida.Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

AMINOTRIAZOL SR Proh. en Tabaco: Disp 80/71 1971 S. Veg.

ARSENICO P Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

ARSÉNICO Y SUS SALES P Proh. como rodenticida.Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

ARSENIATO DE PLOMO P Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

AZINFOS, METIL SR Proh. en cultivos hortícolas y frutales en gral. Res.10/91 1991 S. Veg.

BARIO, SALES DE P Proh. como rodenticida.Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

BICLORURO DE MERCURIO SR Proh. en tabaco. Disp. 80/71 1971 S. Veg.

BROMURO DE METILO SR Proh. para campañas sanitarias y de control de plagas domiciliarias y urbanas Res. 280/98 1998 SALUD

CANFECLOR SR Proh. en bovinos y porcinos:Decreto 2.143/68 1968 S. Anim.

CANFECLOR SR Proh. como gorgogicida: Disp 47/72. En la totalidad del ciclo vegetativo de cereales y

oleaginosos. Disp.79/72 1972 S. Veg.

CAPTAFOL P Decreto 2.121/90. 1990 S. Veg.

CARBOFURAN SR Proh. en peral / manzano.Res. 10/91 1991 S. Veg.

CLORDANO P Decreto 2.143/68. Ley 18.073/69. Decreto 2.678/69 1969 S. Anim.

CLORDANO SR

Proh. en tabaco: Disp. 80/71. Proh. como gorgojicida: Disp. 46/72 Proh. en praderas u

otros cultivos forrajeros. Ley 18.073/69. Dec. 2.678/69 Proh. En la totalidad del ciclo vegetativo de cereales y oleaginosos:

Dec.7.972 USOS PERMITIDOS: Hormiguicida, y tratamiento de suelo.

1971 - 1972 - 1969 S. Veg.

CLORDANO P Proh. en insecticidas domisanitarios. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

CLOROBENCILATO P Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

DAMINOZIDE S Decreto 2.121/90 Importación, venta y uso controlado para producción de crisantemo

Res:175/91. 1990 - 1991 S. Veg.


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D.D.T. SR Proh. en bovinos y porcinos:Decreto 2.143/68 1968 S. Anim.

D.D.T. P Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

D.D.T. P Res. 133/91 1991 SALUD

D.D.T. P Proh. en insecticidas domisanitarios. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

DIBROMURO DE ETILENO P Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

DICLORVOS R Proh. en formulaciones para uso

domisanitario, de liberación continua y prolongada

ANMAT / SALUD

DIELDRIN P Ley 22.289/80 1980 S. Anim. / S. Veg.

DINOCAP S Decreto 2.121/90 1990 S. Veg.

DISULFOTON SR Proh. en manzano y duraznero. Res:10/91 1991 S. Veg.

ENDRIN SR Proh. en bovinos y porcinos. Decreto 2.143/68. 1968 S. Anim.

ENDRIN P Decreto 2.121/90. 1990 S. Veg.

ESTRICNINA, SULFATO P Decreto:2.121/90 1990 S. Veg.

ESTRICNINA P Proh. como rodenticida.Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

ETIL AZINFOS SR Proh. en cultivos hortícolas y frutales en gral. Res.10/91 1991 S. Veg.

ETION SR Proh. en perales / manzanos Res:10/91 1991 S. Veg.

FENIL ACETATO DE MERCURIO SR Proh. en tabaco: Disp. 80/71 1971 S Veg.

FOSFITOS METÁLICOS P Proh. como rodenticida. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

FÓSFORO BLANCO P Proh. como rodenticida. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

H.C.B. SR Proh. en bovinos y porcinos: Decreto 2.143/68 1968 S. Anim.

H.C.B. SR Proh. como gorgojicida:Disp:47/72 Como terap. / para tratamiento de semillas. Res.

10/91. 1972 - 1991 S. Veg.

H.C.H.S. P Ley 22.289/80. 1980 Anim. / S. Veg.

H.C.H. P Proh. en insecticidas domisanitarios. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

HEPTACLORO P Decreto 647/68. Ley 18.073/69. Decreto 2.678/69. 1969 S. Anim.

HEPTACLORO P Todos los usos cancelados.Res. IASCAV 27/93 - 1993 S. Veg.

HEPTACLORO P Proh. en insecticidas domisanitarios. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

LINDANO SR Proh. en bovinos y porcinos: Decreto 2.143/68 1968 S. Anim.

LINDANO SR

Proh. en Tabaco: Disp.80/71. Proh. como Gorgojicida.Disp:47/72 USOS

PERMITIDOS: Tucuricida en Campos naturales, Hormiguicida para Tratamiento de

suelos y de semillas

1971 - 1972 S. Veg.


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LINDANO SR USO PERMITIDO como pediculicida y escabicida. Res. 133/91 1991 SALUD

LINDANO P Proh. en insecticidas domisanitarios. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

METOXICLORO P Proh. en insecticidas domisanitarios. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

METOXICLORO SR

Proh. en bovinos y porcinos. Decreto 2.143/68. Proh. como gorgojicida:Disp:47/72 En la totalidad del ciclo vegetal de cereales y

oleag. Disp:79/72.

1968 - 1972 S. Anim

MIREX P Prohibición total. Res. 627/99 1999 SENASA

MONOCROTOFOS SR Proh. en cultivos hortícolas y frutales en gral. Res.10/91. Prohibido en cultivos de alfalfa.

Res. 396/96 1991 - 1996 S. Veg.

MONOCROTOFOS P Prohibición total. Res. 182/99 1999 SENASA

MONOFLUORO-ACETAMIDA P Proh. como rodenticida. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

MONOFLUORO-ACETATO DE SODIO P Proh. como rodenticida. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT / SALUD

PARATION P Res. 7/96 1996 SALUD

PARATION (ETIL) P Res. SAGYP 606/93 1993 SAGYP

PARATION (METIL) P Res. SAGYP 606/93 1993 SAGYP

PCP P Res. 356/94 1994 SALUD

TALIO, SALES DE P Proh. como rodenticida. Disp. 7.292/98 1998 ANMAT/SALUD

6 Referencias: Res.: Resolución Disp.: Disposición Proh.: Prohibido Prohibido (P) - Severamente restringido (SR) - Suspendido (S) S. Veg. : Sanidad Vegetal - S. Anim. : Sanidad Animal SAGYP: Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (ex-Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca) SALUD.: Ministerio de Salud de la Nación (ex- Ministerio de Salud Pública) ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dependiente del Ministerio de Salud

el control de las plagas en la agricultura argentina

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