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EL CONGRESO DE GUERRERO CONTIGO

SÍNTESIS INFORMATIVA (Columnas) FECHA: 20 Abril 2015

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Columnas

AMLO, UNA ESPERANZA Diario: La Jornada Guerrero ( EDITORIAL) En su visita hecha ayer a Pungarabato, el líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), André Manuel López Obrador, dejó en claro que sigue representando la esperanza de muchos guerrerenses, quienes se concentraron para escuchar su mensaje y verlo de cerca. Es claro que López Obrador no se concreta a impulsar a los candidatos que participan en las elecciones de 2015, sino que proyecta al Morena a las de 2018, en las que seguramente será el candidato presidencial. Mucha gente acudió al evento en el que reiteró que, si gana la gubernatura Morena, se vendrá a Guerrero a vivir un año para servir a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros como asesor. El anuncio entusiasma a la gente que ve en él una posibilidad de cambio en un estado que sufre un ancestral rezago. Ayer dio a conocer los 25 compromisos de Morena con Guerrero y hoy los presentará en un acto que se efectuará en Zihuatanejo. Los candidatos y la dirigencia estatal de Morena ven en la visita de López Obrador, una posibilidad de alcanzar una mayor penetración en el electorado guerrerense, para acortar la distancia que les llevan el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Flores Astudillo; Beatriz Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática y Luis Walton Aburto, de Movimiento Ciudadano. López Obrador remarca en que se debe insistir en el verdadero cambio, pues Guerrero, expone, es el laboratorio de lo que pasará en 2018. Esta entidad suriana es considerada por el dirigente como la plataforma de lanzamiento. Por eso mismo ha puesto especial énfasis en apoyar a los candidatos de Morena.

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Si bien se ha dicho que la contienda es entre el PRI y el PRD o el PRI y MC, Morena se resiste a quedar enquistado y lucha por abrir su propio espacio. En este contexto, la visita de López Obrador viene a ser oxígeno para las campañas de sus candidatos, cuyo trabajo se verá reflejado en la jornada del 7 de junio y se tomará como un impulso para las elecciones de 2018.


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PODER JUDICIAL Diario: La Jornada Guerrero ( Roberto Ramírez Bravo ) Durante casi un mes, los trabajadores de Poder Judicial en Guerrero han mantenido un movimiento laboral que por sus características se está convirtiendo en un acontecimiento histórico y que debería atraer más la atención de las propias autoridades y de la sociedad civil. En el transcurso de los días, los trabajadores han recibido muestras de solidaridad tanto de los candidatos que buscan la gubernatura del estado –Alberto López Rosas y Jorge Camacho, de los partidos Humanista y Acción Nacional los visitaron para darles su apoyo, y Beatriz Mojica, del PRD, les manifestó su solidaridad-, como de otros actores, entre ellos los normalistas, maestros de la Ceteg, y de manera muy significativa, el payasito Chacharita, quien convivió con los hijos de los paristas. El movimiento laboral es relevante porque se trata de un sector que antes no había tenido una actividad sindical significativa, porque permitió exhibir las triquiñuelas de que se valen los magistrados para colocar a sus familiares y recomendados en cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia sin respetar derechos de los trabajadores que tienen antigüedad y que reúnen los requisitos para tener ascensos, y porque también ha exhibido la forma en que se les paga, con salarios de hambre que no garantizan una aplicación real y puntual de la justicia. El origen del problema fue el incumplimiento en una minuta firmada el año pasado, según la cual el Tribunal Superior de Justicia se comprometía a incrementar 35 por ciento de salario, pero que a la hora de los hechos sólo ofrece 10 por ciento. Ahí incumplieron tanto los diputados que no presupuestaron el incremento, como los magistrados que no buscaron una salida al problema, y el Ejecutivo, que quiso resolver con la fuerza policiaca un movimiento laboral. Para comprender el drama de los trabajadores, valgan unos datos: un proyectista percibe un salario base de 3, 152.78 pesos a la quincena; una secretaria auxiliar de acuerdos, 2 mil


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466 pesos; un oficial administrativo, de base, 3 mil 287; un secretario de Acuerdos de un juzgado de paz gana 2 mil 55 pesos, y así por el estilo. Los trabajadores han mantenido un paro con muchas dificultades, la más sentida es la retención de sus salarios, de por sí bastante precarios, y el hecho de que la mayoría no tiene ningún otro ingreso y por tanto enfrenta ahora problemas básicos para comer y dar de comer a sus hijos. Precisamente los niños son un punto toral en el movimiento, porque muchos tienen que acompañar a sus padres o sus madres durante las guardias diurnas o nocturnas, y enfrentar las mismas dificultades que sus parientes en el paro. Conmovedor fue el reclamo de un niño a su madre por alimento, que alguien transfirió de una conversación privada por audio de WhatsApp y que se convirtió en un mensaje viral entre los trabajadores. Los paristas se han mantenido con el ánimo resuelto y han resistido las presiones que los magistrados han hecho para obligarlos a levantar el movimiento, y las amenazas de las averiguaciones previas en su contra e incluso los intentos de culparlos de secuestro cuando la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín quedó en el interior del Palacio de Justicia cuando los trabajadores lo tomaron la semana pasada. Aunque no todos los trabajadores se han sumado al paro, los que lo han hecho han dado muestras de cohesión y solidaridad. Perla Maldonado, la activa dirigente sindical, se ha convertido en una figura toral a la hora de cohesionar el esfuerzo colectivo. A despecho de ello, los magistrados y el Ejecutivo –el gobernador, el secretario de Gobierno– se han mantenido en la estrechez de miras que significa desconocer la validez del movimiento y amagar con reprimirlo. La acción más visible de la torpeza gubernamental quedó en evidencia cuando se ordenó a los policías golpear a las mujeres y niños que estaban en el plantón para desalojarlos, y los uniformados se negaron, y fueron sancionados por ello.


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El triste papel que los dos poderes están haciendo –aliados en la ignominia para cooptar o reprimir un movimiento legítimo– y el que el Legislativo hace, al permanecer omiso, van a quedar sin duda en la historia frente a un gremio que antes de ahora era poco visible, pero que ha demostrado entereza y mucha decisión. Pero eso será después. Como han dicho en diversos tonos los colegios y agrupaciones de abogados, es imperativo que hoy, en el presente que aún no es historia, el Tribunal Superior de Justicia resuelva este problema antes de que termine por estallarle en las manos


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OTRO PAIS “¿DE QUÉ TENDRÍA QUE PERDONAR EL PUEBLO AL PRD?” Diario: El Sur (Tomás Tenorio Galindo) La noche fatídica del 26 de septiembre en Iguala, y la enorme responsabilidad y descrédito que cayó sobre el PRD por la matanza y desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ofusca a la candidata de ese partido al gobierno de Guerrero, Beatriz Mojica Morga. Quizá con el criterio irresponsable de que todo pasa y por lo tanto también el episodio de Iguala pasará al olvido, lo que entonces nos llevaría a la desconsoladora conclusión de que nada importa en la vida, Beatriz Mojica dijo la semana pasada que “hay una cosa que no queda clara, ¿de qué tendría que perdonar el pueblo de Guerrero al PRD?”. Esa óptica sin compromiso, sin solidaridad ni compasión por el destino de los demás, destroza la visión que estuvo en el origen de izquierda del PRD y desnuda las ambiciones que anidan entre los actuales dirigentes de ese partido. “El pueblo de Guerrero le está dando otra oportunidad al PRD” en estas elecciones, dijo también la candidata perredista, “porque somos mucho más que dos personajes que están en la cárcel”, en referencia al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, encarcelados por haber ordenado el ataque contra los estudiantes a los policías municipales y sus socios del grupo delictivo Guerreros Unidos. “Creo que Ayotzinapa no sólo le pegó a un partido político, hay que decirlo con todas sus letras, le pegó al sistema político guerrerense y al mexicano”, agregaría Beatriz Mojica, en franca evasión del papel concreto, específico e intransferible que el PRD –y la corriente Nueva Izquierda de Los Chuchos– tuvo en la incubación de la matanza. (El Universal, 17 de abril de 2015). La admisión llana y humilde de su responsabilidad en el caso Ayotzinapa, con su necesario componente ético y moral, y la asimilación de las consecuencias de todo ello, es una acción que el PRD no ha sido capaz de realizar hasta ahora. El interés del grupo hegemónico de Los Chuchos de permanecer a toda costa en el negocio de la política, lo llevó a cometer todos los errores que era posible cometer frente a un acontecimiento tan terrible y tan comprometedor. La protección que el PRD ofreció a Abarca en los días


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posteriores a los hechos, tarea asumida por el diputado Sebastián de la Rosa y por el mismo dirigente nacional, entonces Jesús Zambrano, y el perdón de dientes para afuera con el que Carlos Navarrete, una vez que reemplazó a Zambrano, pretendió contener las implicaciones para su partido, son parte de la infamia. Lo es también la simulación y la actitud evasiva que la candidata del PRD ha desplegado en su campaña, como tratar de dispersar las culpas entre todo el sistema político para desvanecer la del PRD. La presunción de que no hay nada que el pueblo de Guerrero deba perdonarle al PRD, descansa en el supuesto de que los diez años de gobiernos perredistas trajeron felicidad, cuando es exactamente lo contrario, pues fue en este periodo cuando todo se echó a perder definitivamente en materia de inseguridad pública y violencia, y se agudizó la represión y los asesinatos contra los movimientos sociales, mientras por otro lado los índices de pobreza y marginación del estado siguieron intactos. Para terminar igual que los gobiernos del PRI, a los gobiernos del PRD les faltaba una matanza como la de Aguas Blancas, y esa ocurrió en Iguala, con el agravante de que se trata del crimen colectivo más atroz que registra la historia del país desde los tiempos de la Revolución. En ese contexto, sólo con una mezcla de cinismo y soberbia puede alguien preguntar “¿de qué tendría que perdonar el pueblo de Guerrero al PRD?”. El fracaso de los dos gobiernos del PRD en Guerrero, el de Zeferino Torreblanca Galindo y el de Ángel Aguirre Rivero, no fue algo fortuito. El hecho mismo de que esos personajes hayan sido sus cartas para encabezar el gobierno, era reflejo de la descomposición moral que carcomió a ese partido. Por consecuencia, la matanza y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue el resultado de un sistema de conducta alegremente fomentado por las corrientes del PRD, que durante años dejaron a un lado principios, escrúpulos y ética, y privilegiaron sus intereses políticos y económicos. No tiene nada de sorprendente que un criminal como José Luis Abarca llegara al PRD y se convirtiera con gran facilidad en alcalde de Iguala, pues ese partido estaba (y está) abierto a esa clase de figuras, que van con las alforjas llenas de dinero para repartir. Una prueba viva de lo anterior puede encontrarse en el insólito caso del diputado Bernardo Ortega Jiménez, coordinador de la fracción del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, quien ocupa esas posiciones pese a que su


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hermano (como antes su padre, asesinado hace cuatro años) es el jefe de la banda de Los Ardillos. Es como si en Michoacán el Congreso estuviera presidido por un hermano de La Tuta. Cómo pudo un político con semejante historia familiar ascender a esas posiciones, no es algo que al PRD le haya interesado explicar. Y las autoridades han mantenido hasta ahora un silencio cómplice. Pero tan hay conciencia en el PRD de que existe un problema de integridad con el caso de Bernardo Ortega, que los dirigentes de su propia corriente, la de Los Chuchos, le impidieron en estas elecciones ser candidato a diputado federal. Sin embargo, Ortega Jiménez ha acompañado a Beatriz Mojica, sin que a la candidata perredista le perturbe en lo mínimo el singular perfil de su compañero de partido. Entonces, “¿de qué tendría que perdonar el pueblo de Guerrero al PRD?”. [email protected]


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CIRCO, MAROMA Y TEATRO DE LOS CANDIDATOS CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA, TLACHINOLLAN Diario: El Sur (Tlachinollan) *Toda nuestra solidaridad con la base trabajadora del poder judicial del Estado, que con gran valor y dignidad ha sabido defender sus derechos laborales. El panorama de Guerrero no sólo es tétrico por la violencia que se enseñorea en el estado, sino por la sombría trayectoria de los candidatos y candidatas que nada proponen a una sociedad agraviada y hastiada de tanto político embustero, deshonesto, bandido, delincuente y sátrapa. Es inadmisible que ante tanta criminalidad perpetrada por las fuerzas militares y policiacas, contra una población que reclama sus derechos, no exista un régimen de responsabilidad estatal que castigue a quienes atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos ante un estado maltrecho, donde la impunidad y la corrupción forman parte del repertorio delincuencial de los gobernantes. En Guerrero el uso de la fuerza es la ley por antonomasia, y la normalidad democrática consiste en violar los derechos humanos de la población, así como fabricar delitos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. No sólo padecemos una frágil institucionalidad, sino que somos rehenes de las mafias políticas que han trastocado el estado de derecho y la misma norma constitucional. Los 311 asesinatos acaecidos en Acapulco, en los primeros cuatro meses de 2015, son parte de los hechos cotidianos que se registran en el puerto y que no preocupan a las autoridades. Son las estadísticas de la degradación y la banalidad de la vida. Es el termómetro de la descomposición social y política que a nadie afecta, por el contrario, como sociedad tenemos que acostumbrarnos a convivir con la delincuencia, a verla como un mal menor y a vivir bajo su yugo. La autoridad real en los municipios no es la que se encarga de administrar para sus bolsillos los Ramos 33 y 26, sino los grupos delincuenciales que tienen sometida a la población; que maneja a su antojo los negocios ilícitos y que tienen el control territorial de los municipios. Tampoco la población siente confianza en los funcionarios que procuran y administran justicia, porque saben que la justicia estatal está supeditada a


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los intereses políticos y mafiosos de los grupos de poder. Los encargados de la seguridad no necesariamente velan por la seguridad de la población, sino que están para cuidar a la alta burocracia y defender los intereses económicos de la clase poderosa. Esto no generaría tanto daño a la población, si los elementos policiacos cumplieran con sus responsabilidades públicas. Lo perverso es que los jefes que comandan estas corporaciones colaboran con el crimen organizado y utilizan todo el aparato de seguridad para cometer atracos y crímenes contra la población inerme. Este colapso que vive el estado no es motivo de alarma entre las elites políticas. Aunque está el foco rojo encendido, a causa de las malas actuaciones de los mismos gobernantes, no hay un tratamiento de fondo a los problemas estructurales, que son añejos y que hunden sus raíces en las acciones delincuenciales de quienes gobiernan. Lo que le interesa al poder presidencial es que no se afecte su proyecto político, que las reformas estructurales avancen en su aplicación en los estados y que haya gente leal en estas entidades, que haga el trabajo de administrar los conflictos, de bajar los niveles de intensidad, de poder desactivarlos con los métodos más nefastos (compra de líderes, flujo de dinero para la atención de demandas sociales) con la finalidad de impedir que el estado naufrague y así salir avante en el próximo proceso electoral. Los candidatos para gobernador del estado no tienen el arrojo, ni la estatura para abordar los temas más espinosos, que han colocado al borde de la exasperación a amplios sectores de la población, que ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos, y que en lugar de ser atendida, ha sido ignorada y despreciada. La postura de los candidatos no ha sido autocrítica, mucho menos han asumido parte de su responsabilidad como autoridades o servidores públicos que fueron, al omitir una postura de cara a la sociedad, sobre los trágicos hechos de Iguala, donde los policías municipales, en contubernio con los grupos de la delincuencia organizada, asesinaron a seis personas, entre ellas a tres estudiantes y desaparecieron a 43 jóvenes más de la Normal de Ayotzinapa. Esta falta de congruencia política con la población más agraviada del estado de quien predican que van a servir y atender, se manifiesta en la falta de sensibilidad para comprender y respetar el dolor de los padres y madres de familia, quienes como sujetos políticos han fijado una postura de suspender las elecciones, hasta dar con el paradero de sus


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hijos. No hemos escuchado de ninguno de los candidatos y la candidata propuestas relacionadas con los temas de fondo, sobre cómo combatir la inseguridad y hacer frente a la violencia. Qué planteamientos hay que retomar de la sociedad civil para atacar de fondo la corrupción y acabar con las acciones impunes de las autoridades. Cómo depurar las corporaciones policíacas y hacer planteamientos más integrales en cuanto a un modelo de seguridad ciudadana, donde se garantice la participación de la sociedad en los sistemas de control y monitoreo. Es imprescindible hacer cambios de fondo en el sistema de procuración de justicia, que tiene que acabar con los cotos de poder, las prácticas institucionalizadas de la corrupción, la depuración y saneamiento de la policía ministerial y de los mismos agentes del Ministerio Público, que violan los derechos humanos, así como desincorporar los servicios periciales de la fiscalía, para garantizar su profesionalización e independencia. La justicia y rendición de cuentas no han estado en el centro del debate público entre los candidatos a gobernador, no sólo evaden los temas, sino lo que es peor, ni siquiera saben qué decir y mucho menos qué proponer. Como candidatos de un estado donde el problema de las desapariciones forzadas es sumamente grave, no vemos un posicionamiento claro de cómo se tiene que hacer frente a esta crisis, que ha devastado a un país, que ha sido evidenciado de que hay registros de más de 23 mil desapariciones y que el mismo Estado mexicano ha sido emplazado por la ONU para que tome medidas drásticas que reviertan esta crisis humanitaria y den con el paradero de las personas desaparecidas, que investiguen a los responsables y garanticen medidas de no repetición. En Guerrero es importante que se atiendan las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, de que se retiren las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Este incumplimiento se ha traducido en que tanto la Marina como el Ejército cometan violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en varias regiones del estado y que ninguna autoridad ha investigado estos hechos. Es urgente reconducir las políticas de seguridad pública hacia el paradigma de la seguridad ciudadana, con énfasis en la rendición de cuentas. En el estado ninguna autoridad ha sido castigada por violar los derechos


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humanos de la población, por el contrario, han fortalecido su poder y se sienten intocables. Esta realidad tan deleznable por los graves daños que han ocasionado no puede mantenerse inalterada, por ello, como guerrerenses tendremos que luchar para que se elimine el fuero político de los servidores públicos, porque todos y todas sabemos que se trata de una figura que ha sido utilizada por la clase política del estado, y del país, como garantía de impunidad. Sólo así los gobernantes que han agraviado a la sociedad podrán ser investigados y ser sujetos a un proceso judicial. Para que estén donde deben estar, en la cárcel. Lejos estamos como sociedad de ver a candidatos que tengan el pulso de los problemas que más nos afectan, y que elaboren propuestas retroalimentadas por la sociedad. Lo que hemos visto y escuchado son discursos vacuos, sin contenido ni planteamientos serios. Es el rollo cantinflesco que forma parte del espectáculo circense, al que nos han acostumbrados los malos políticos. Sus campañas se reducen a anunciar cuántos nuevos adeptos se adhirieron a sus candidaturas y decir de qué partidos provienen. Esa es la gran noticia con un fotomontaje para apantallar a los adversarios y seguir alimentando con mentiras un proceso electoral que no atrae ni convoca a la sociedad. Es la mera simulación de personajes que se mueven en la opacidad y que hacen acuerdos por debajo de la mesa, con líderes corruptos con tal de obtener el triunfo. Otra forma de hacer campaña es echar lodo al contrincante, para generar noticia y mostrar quién tiene más saliva para denigrar al adversario. Estos desfiguros de los candidatos, su falta de compromiso con la población que más ha luchado por un cambio real, sus actos frívolos y llenos de cursilería, no nos hablan de un proceso electoral serio, donde se está definiendo el rumbo político del estado, más bien, nos dejan entrever que estamos ante un espectáculo donde los candidatos hacen show al subir a las pasarelas, hacen circo y maroma para pedir votos y son subsidiados por el erario público, por mostrar sus atributos como embaucadores del pueblo. Esta defraudación de la clase política es lo que ha generado la revuelta contra las elecciones. Ya no más circo, maroma y teatro de los candidatos.


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LEYES ELECTORALES ABSURDAS QUE GENERAN CORRUPCIÓN Diario: El Sur (Jorge G. Castañeda) Las campañas negativas se han vuelto una constante en las contiendas electorales contemporáneas. En parte porque es más fácil criticar o denunciar que proponer; en parte porque es más barato y accesible la crítica o la denuncia que tesis programáticas complejas; y en parte porque gracias a los medios modernos de comunicación, existe una gran cantidad de información. En muchos países se ha intentado acotar o prohibir las campañas negativas, casi nunca con éxito. La tentación para cualquier candidato o partido de atacar a su rival con revelaciones en ocasiones calumniosas o verdades a medias, es demasiado grande. En un país tan poco acostumbrado a la democracia, al Estado de derecho y a la modernidad, como México, se buscan leyes que prohíban estas campañas negativas, creyendo que lo que no sale en un spot simplemente no sale. Esto revela un infantilismo democrático y se vuelve incluso más absurdo cuando sucede en el contexto de dos características nuevas de la actualidad política mexicana. La primera son las redes sociales, que no son más que un sustituto del boca a boca. La segunda, es que gracias a la reciente democratización del país, a la mayor independencia de los medios mexicanos, y a la mayor presencia de los medios extranjeros, hay más escándalos que nunca, es decir hay más materia prima y más canales de difusión para las campañas negativas. Por todo ello resulta francamente ridículo buscar que el INE prohíba o saque del aire spots como los del PRD utilizando la figura de López Dóriga, los del PAN denunciando a César Camacho por sus relojes y a Enrique Peña Nieto por las dimensiones de sus comitivas, o las del PRI atacando al gobernador de Sonora por sus propiedades. El tema no es si estas acusaciones son ciertas o no; el tema no es si se vician las campañas; lo que importa es únicamente si estas prohibiciones son eficaces y son democráticas. No son ni lo uno ni lo otro. No son eficaces porque siempre habrá un nuevo escándalo que denunciar, y porque cualquier spot bajado del aire puede ser subido a las redes sin la regulación del INE. Y antidemocráticos porque la mejor manera


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de evitar la difusión de mentiras es con verdades difundidas a través del mismo medio. Si es falso –como yo sé a ciencia cierta que lo es– que EPN haya llevado una comitiva de 200 personas a Londres, la mejor manera de combatir esa falsedad es informando cuántas personas que acompañaron a EPN a Londres, pagaron su propio boleto y alojamiento, como fue el caso de mi hermano. La mejor respuesta que puede dar César Camacho ante las acusaciones de tener una debilidad por los relojes caros, es deshaciéndose de ellos o en todo caso no usarlos mientras sea candidato a diputado. Mientras sigamos de este modo, nuestros legisladores, afortunadamente muy rústicos hasta ahora, encontrarán nuevas maniobras para darle la vuelta a las leyes de la reforma electoral anterior, y los candidatos y partidos estarán buscando nuevas fórmulas para darle la vuelta a las que vienen. Todos perdemos una gran cantidad de tiempo, de dinero y de imaginación en esta búsqueda que tan fácilmente se podría eliminar, al entender algún día en México que las leyes absurdas lo único que hacen es generar corrupción e ideas brillantes para violarlas.


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PLAN B *MUERTES JUSTAS E INJUSTAS Diario: El Sur (Lydia Cacho) ¿Qué sucede en un país que celebra el asesinato de algunos y marcha en contra de la muerte de otros? Tal vez la pregunta es: qué tuvo que suceder para que México esté fracturado de tal forma que una parte de la sociedad, que se dice en busca de justicia, celebre e incluso goce de las masacres perpetradas contra autoridades y fuerzas de seguridad. Fueron 15 los policías asesinados la semana pasada en Jalisco, una de las fallecidas es mujer. Hay cinco agentes de la Fuerza Única Rural que fueron heridos, entre ellos una mujer, y que se encuentran graves en clínicas de Guadalajara y Puerto Vallarta. Este ataque mortal fue resultado de una venganza por el reciente arresto de una docena de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto nos recuerda que hay efectivamente un grupo de personas dentro de las fuerzas policiacas que están haciendo su trabajo, léase perseguir, detener y esperar a que los jueces procesen a quienes cometen delitos graves. Impresiona descubrir cientos de voces iracundas celebrando la muerte de estos agentes, voces que comúnmente se elevan contra el asesinato de víctimas civiles, de los 43 y de otros casos notables. Sumado a ello, está el vergonzoso papel que juegan personas como el senador Javier Lozano, que celebra el sufrimiento de quienes se rebelan contra el gobierno y a su vez promueve los tribunales mediáticos y da por culpables a los presuntos inocentes. Luego de ocho años de violencia sostenida, en un país sin Estado de derecho, en el que muy pocas personas defienden el debido proceso judicial y prefieren los tribunales mediáticos, las venganzas a domicilio o la humillación pública como justicia poética, han contaminado peligrosamente el debate sobre la necesidad de reconstrucción del tejido social que erradicará la corrupción. El experto Marco Lara Klahr ha descrito los tribunales mediáticos como “una práctica institucional que implica tortura y en general tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conculca la dignidad de las personas y su presunción de inocencia, y que revictimiza a las víctimas”. Para que estos falsos tribunales funcionen, las autoridades, incapaces de


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hacer su trabajo en el marco de la legalidad, necesitan a los medios y periodistas para instrumentalizarla y a la sociedad para hacer eco. Es decir, para exhibir a los detenidos y a las propias víctimas sin que un juez conozca el caso, están algunos medios y las redes sociales, a quienes la PGR o sus derivadas en los estados arrojan carnada sangrienta cada vez que quieren hacer creer que el gobierno hace su trabajo para detener la violencia. Por otro lado, tenemos a quienes aseguran una falacia insostenible: que sin tribunales mediáticos habría más impunidad. Como si exhibir a personas detenidas implicara que hay administración y procuración de justicia. Sin duda, son muchos nuestros problemas, pero uno de los más peligrosos radica en que la justicia depende de los gobernantes y no de los tribunales; las fiscalías siguen operando bajo el viejo esquema de los bomberos judiciales, de los telefonemas para pedir los “favorcitos” que constituyen la semilla de la impunidad y de alguna manera, la sociedad es cómplice de la permanencia de este esquema. En esta confusión, la mayoría de periodistas y ciudadanos/as ignora el contenido del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que justamente pretende impulsar nuevas prácticas que favorezcan la justicia y la construcción del Estado de derecho, para absolutamente toda la población. La paradoja que pone en peligro la seguridad es justamente que incluso periodistas o activistas que defienden el debido proceso, le niegan ese derecho a policías y militares. Comparto el hartazgo y la indignación frente a los abusos de poder, pero no justifica que les neguemos el derecho a unos para favorecer a otros. Porque ese círculo vicioso imposibilita el cambio. Existe una tensión entre el deseo de hacer la guerra ante la ausencia de justicia y el miedo resentido, a la vez paralizante ante el patriarcado político que lo mismo manda encarcelar que asesinar, desaparecer o vituperar para desacreditar personas y causas de tal forma que con recursos del Estado y del pueblo descomponen la realidad noticiosa hasta convertirla en apenas una turbia madeja de palabrería confusa. No confiamos en las instituciones, porque quienes las manejan y dirigen son los cancerberos del poder; si bien es cierto que una parte de la policía es escudo de protección de esos cancerberos frente a la sociedad civil, hay cientos de policías que intentan desde dentro hacer bien su trabajo; arrebatar su dignidad humana por la profesión que eligieron es inaceptable.


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La confusión incita a mayor corrupción, a más violencia y venganza como símil de una justicia. Nos quejamos de las televisoras, pero reproducimos sus notas de tribunal mediático. Aun cuando resultará lento, urge un periodismo renovado para cambiar el discurso judicial. Llevará tiempo y paciencia recomponer el sistema de justicia y el Estado de derecho, pero de no hacerlo, la impunidad nunca desaparecerá. Hay que esforzarnos para que los políticos se sometan a la justicia, en lugar de tenerla sometida y valorar la vida humana, para no seguirle el juego a la PGR. Sí, aun la de criminales, si queremos justicia para nosotros debemos dejar de pedir humillación y venganza para “los otros”. Porque usted y yo somos las y los otros frente al espejo. @lydiacachosi


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ESTRICTAMENTE PERSONAL *EL AMPARO DE ARISTEGUI Diario: El Sur (Raymundo Riva Palacio) El amparo que otorgó un juez a la conductora de radio y televisión Carmen Aristegui, para obligar a la empresa MVS a que la reinstalen en su noticiero, es un monstruo de mil cabezas que, si avanzara hasta convertirse en jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia, tendría un impacto tan grande que modificaría la industria de la información en medios electrónicos, y afectaría lo que se quiere fortalecer: la libertad de prensa. El argumento es que la concesión de un bien y servicio público del Estado, obliga a una empresa privada a dialogar y llegar al acuerdo de respetarle su espacio porque es de “relevancia social”. El recurso utilizado por la defensa de Aristegui desconoce el ámbito laboral en donde ubicó el diferendo MVS, que puede ser solucionado al liquidar el contrato de prestación de servicios –un paquete de salario, comisiones de publicidad, y prestaciones como un vehículo blindado–, conforme a la ley, y lo coloca en las disposiciones generales del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) en materia de concesiones. El argumento del representante de Aristegui, el abogado Javier Quijano, convenció al juez Fernando Silva para otorgarle un amparo a la conductora, quien al llevar el diferendo a la LFRT sienta el precedente de que quien ocupe un espacio de “relevancia social” y ejerza un “periodismo crítico”, está protegido para hacer de su espacio en medios electrónicos un territorio libre e independiente de la empresa, inamovible bajo cualquier consideración siempre y cuando entre en esa categoría. Así, crea ínsulas de las que la voz detrás del micrófono es dueño(a). Visto de manera superficial, es el ideal del gremio: el empresario pone el espacio y paga al comunicador, a quien si tiene “relevancia social” y hace “periodismo crítico”, nadie podrá despedirlo hasta que deje de ser “relevante” y se vuelva acrítico. Pero ¿quién define qué es “periodismo crítico”? Si el espíritu del amparo es el señalamiento de Aristegui que el gobierno presionó para que saliera del aire, entonces ¿“periodismo crítico” es aquél que critique al gobierno? El ingenio de Quijano convirtió que los actos de autoridad del


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gobierno que se enfrentan con el amparo, se trasfirieran a una empresa privada, convirtiéndola, para estos fines, en un ente público. Las preguntas abundan. ¿Cómo se define la “relevancia social” en un noticiero de radio o televisión? Quienes apoyan el recurso del amparo de Aristegui sugieren que tiene que ver con el derecho de las audiencias, que bajo su racional significa la posibilidad de romper con “el monopolio de la opinión pública”. Otros actores en medios de comunicación en un espectro ideológico opuesto al de Aristegui, tienen un concepto diferente sobre el derecho de las audiencias. ¿Cuáles serían las audiencias reconocidas por la ley? ¿Hay audiencias legítimas y audiencias ilegítimas?¿Cómo se miden? ¿Por rating e ingresos de publicidad? Si aquella persona que genera rating e ingresos es un actor de “relevancia social”, ¿quienes no tengan rating y publicidad son excluidas de esa categoría? ¿Cuánto rating y publicidad es necesario para entrar en la categoría? Si un conductor(a) acepta la oferta de otra empresa, ¿puede argumentar su empleador los derechos de audiencia de su estación para impedir su salida? El juez Silva se metió en un terreno delicado que puede ser revolucionario, si el camino iniciado concluye como empezó y las empresas privadas quedan sujetas al régimen del amparo. El alegato del “periodismo crítico” y la “relevancia social” es tóxico para la libertad de empresa, al convertir en intocables a todos aquellos que ingresen en esas categorías, lo que abriría la competencia en los medios electrónicos para ver quién es más critico y cada vez más relevante, como garantía de empleo. El fallo no menciona aspectos de responsabilidad social para nadie, ni parámetros éticos. Esto, por la puerta de atrás, anima al escándalo, donde sin que necesariamente o siempre sea verdad, es detonante de ratings y estos de publicidad. La otra cara de la luna es cómo podrían reaccionar las empresas de radio y televisión para protegerse de la intromisión judicial en la propiedad privada. Se puede pensar que ya no habría contrataciones, sino convenios de prestación de servicios, por lo que las prestaciones sociales para periodistas y comentaristas serían cosa del pasado. Quizás también tendrían que firmar acuerdos, donde se comprometieran a no demandar ni recurrir a recursos como el amparo. Décadas de lucha por mejorar las condiciones salariales de quienes menos ganan y ampliar el entorno


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laboral, serían difuminadas. También, a fin de que no perdieran ingresos de publicidad, las empresas tendrían que asegurarse que a quienes les den micrófono, no hablen mal de quien se anuncie. Los espacios de libertad que hay hoy en día, manejados dentro de una dialéctica de equilibrios y avance gradual, probablemente desaparecerían y, por contrato, se establecerían fronteras a la libertad de expresión del (la) comentarista. Muy probablemente los márgenes de negociación interna que existen hoy en día en los medios electrónicos, se esfumarían. Las empresas se verían obligadas a construir blindajes desde un principio, porque el fallo del juez Silva las coloca en una posición defensiva. El amparo concedido es extremadamente reduccionista a la vez que excesivamente personalista. El juez Silva tejió una malla de protección para Aristegui, a costa de colocar una pistola en la cabeza del resto de los comunicadores y periodistas. [email protected] twitter: @rivapa


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PÁGINAS DE ATOYAC * EL PARAÍSO (QUINTA PARTE) Diario: El Sur (Víctor Cardona Galindo) La creación de la Unidad Académica Preparatoria 45, Lucio Cabañas Barrientos, como hemos visto, no se desmarca de la historia de la Preparatoria 22 que ha influido en la vida municipal de Atoyac. Tampoco se desmarca del viejo proyecto Universidad-Pueblo retomado por maestros de izquierda. Comenzó con la formación de los módulos periféricos de la prepa 22, que más tarde se convertirían en las prepas populares en San Juan de Las Flores, Santo Domingo, Río Santiago, El Paraíso y El Quemado. También maestros de la preparatoria dieron vida al módulo del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) que todavía funciona en las instalaciones de la Ciudad de los Servicios y que ya sacó la primera generación de politólogos. El embrión de ese proyecto educativo surgió en El Quemado y los fundadores del primer módulo fueron Fortunato Hernández Carbajal, ahora candidato a diputado local por Morena, y Carlos Quevedo Quevedo, éste último ya fallecido, de filiación troskista. Esos módulos fueron incorporados a la Preparatoria 22 y sólo tenían el reconocimiento de los estudios basados en los programas de la UAG. Dice Fortunato Hernández que la fundación de los módulos “no fue una acción voluntarista, fue basada en un principio de izquierda, particularmente cuando la derecha no da un paso sin huarache”. En noviembre de 2009, con la nueva reforma educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero, y por decreto del Consejo Universitario, todos los grupos periféricos se convirtieron en preparatorias populares, iniciándose así una nueva etapa en la vida académica de las escuelas incluyendo la de El Paraíso, y a partir de entonces el cargo de coordinador se sustituyó por el de director. Dice Fortunato que luego los módulos trataron de constituirse en un Consejo Municipal de Prepas Populares buscando homogeneizar los problemas administrativos y los asuntos pedagógicos. Este tipo de escuela popular ha ido mejorando cada vez más, impulsados por una fuerza renovadora, pues los fundadores se hicieron a un lado para dar paso a nuevas generaciones de maestros que todavía trabajan sin


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prestaciones. Aún muchos maestros de la prepas populares de la sierra trabajan sin cobrar. Lo hacen por altruismo y por las ganas de que algún día se les reconozca su esfuerzo y se les otorgue la plaza. Fueron José Teodoro Hernández, Fortunato Hernández Carbajal, Atanasio y Roque Peralta Valle los que participaron en el proyecto inicial de los módulos periféricos. Gracias a ese esfuerzo ahora Atoyac es el municipio con más preparatorias populares en todo el estado, es posible que únicamente le gane Acapulco. Las prepas populares siguen la tradición de lucha estudiantil junto a las normales rurales y las casas de estudiantes. Pero además tienen un alto compromiso con su comunidad, los alumnos de las prepas populares han destacado en las campañas de alfabetización. Fortunato considera que en esas prepas el profesor tiene más oportunidad de ejercer la libertad de cátedra, “el currículum trata de rescatar el entorno, más que la didáctica, interesan los contenidos”. Después de 19 años de que se inició este proyecto ya existen profesionistas egresados de esos módulos: doctores, licenciados y maestros. Estos módulos una vez convertidos en prepas populares desarrollan una lucha constante por conseguir los salarios para los maestros. Los directores salen de la planta maestros. Ahora los directores de las preparatorias populares de Atoyac son puras mujeres y están haciendo las cosas muy bien y mejor que en las preparatorias establecidas, son maestras muy entusiastas y luchadoras. A El Quemado, por ejemplo, han venido observadores cubanos. Todas las prepas ya tienen sus claves y en muchos casos ex alumnos son los que están impartiendo clases. Como se puede ver de estas prepas populares la que más avanzó fue la de El Paraíso, donde el extinto presidente municipal Germán Adame Bautista les construyó tres aulas durante su periodo y el rector Javier Saldaña Almazán, les hizo importantes visitas hasta que se logró el reconocimiento y se incorporó a la Universidad como Unidad Académica Preparatoria 45, Lucio Cabañas Barrientos. Actualmente esta escuela preparatoria cuenta con una matrícula de 130 alumnos, atendidos por una planta de 10 profesores: Leonel Lorenzo del Valle, Lucina Calderón Vega, Fortunato Celis Fernández, Juan Manuel Hernández Carrillo, Francisco Santos Castro, Guzmán Reyna, Violeta Catalán González, Tonanzin Rojas Ríos, Salvador Sotelo Mesino y


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Ferdinaldo Benítez Castro. Ante los maestros y ante la mirada incrédula todavía de muchos, durante la sesión permanente del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que se llevó a cabo, el 15 diciembre de 2014, ahí en la sierra, los consejeros universitarios aprobaron por unanimidad que la que la Preparatoria Popular de El Paraíso se convirtiera en la Preparatoria 45 de la UAG, a la que se le asignó el nombre de Lucio Cabañas Barrientos. También durante la sesión del consejo, que duró cerca de tres horas, se aprobó la creación de la escuela de Ciencias en Desarrollo Regional que tendrá su campus en El Pericón, municipio de Tecoanapa y que llevará el nombre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y cuyos restos son los únicos identificados hasta la fecha. Esta histórica sesión del Consejo inició con un minuto de silencio en memoria de Alexander Mora de quien estuvieron presentes su padre Ezequiel Mora y su hermano Omar, así como una representación de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que iban vestidos con playeras negras, con leyendas de “Justicia” o “Alexander vive” y una manta que decía: “Los estudiantes no dejaremos que nuestras voces sean calladas por balas”. “Esta será la primera institución de nivel medio superior que se constituye oficialmente en la sierra guerrerense”, señaló el rector Javier Saldaña Almazán, al incorporar la Preparatoria 45. El rector, que estuvo acompañado en todo momento por el presidente municipal de Atoyac, Ediberto Tabares Cisneros, manifestó que ese hecho es histórico, que es el pago de una deuda educativa de la UAG con el pueblo guerrerense, un tributo para Rosalío Wences Reza iniciador del proyecto Universidad-Pueblo y para los caídos del movimiento de 1960 en Chilpancingo. Yo agregaría que también fue la consolidación de los sueños de aquellos hombres y mujeres que iniciaron el proyecto, que lo impulsaron y lo mantuvieron vivo. Los consejeros, el rector y el presidente municipal encabezaron una marcha desde la entrada del pueblo a la cancha del Inmecafé donde se llevó a cabo la histórica sesión del Consejo Universitario. En la caminata participaron alumnos y maestros de las preparatorias populares de Río Santiago, El Paraíso, San Juan de las Flores, autoridades locales, así como


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académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero que asistieron a ese evento sin precedente en la sierra de Atoyac y de Guerrero. Aquí también el rector entregó reconocimientos y medallas a los maestros eméritos de la Universidad de Guerrero: Berenice Illades Aguilar, José Legorreta Soberanis y Ramón Reyes Carreto, así como equipos de cómputo a profesores de las preparatorias asistentes. Por su parte el presidente municipal Ediberto Tabarez Cisneros en su mensaje recordó que el reconocimiento a la preparatoria es una petición que tenía la población de El Paraíso desde hace 16 años y gracias a la gestión conjunta con la directora del plantel, Lucina Calderón Vega, hoy es una realidad, “es un hecho que le agradecemos, rector, porque es lo que necesita Guerrero, a ciudadanos comprometidos con la educación y con esta acción hace un municipio más fuerte en beneficio de nuestros jóvenes”. Aprovechó para pedirle al gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, que se destinen recursos suficientes para la educación y no sólo para la UAG si no también para la Normal de Ayotzinapa “porque es así como tenemos que salir adelante en Guerrero a través del fortalecimiento a la educación, por eso, en Atoyac somos el único municipio donde le estamos dando esa importancia a las preparatorias populares”. El alcalde anunció que en enero del 2015 se empezaría la construcción de aulas escolares en las preparatorias populares de las comunidades de San Juan de las Flores, El Quemado, Río Santiago y a estas dos últimas localidades se les dotará de una camioneta para que los alumnos de los pueblos aledaños puedan trasladarse a tomar sus clases “yo creo que lejos de falsos discursos esto es lo que necesita la educación en nuestro estado que verdaderamente exista ese compromiso de los gobiernos municipales, estatales y federales”. Informó que su gobierno apoya con los gastos de transporte a los maestros para que acudan a laborar a la extensión de la Preparatoria 45 en El Edén “y para el próximo año les estaremos entregando una camioneta”. Solicitó la intervención del rector para que se consolide la construcción de un hospital regional en El Paraíso. Esa fue una petición que le hicieron los habitantes al presidente de México Enrique Peña Nieto cuando visitó a La Pintada en mayo pasado y es un compromiso con el gobernador Rogelio Ortega Martínez.


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“Por muchos años rector, El Paraíso ha luchado por ser cabecera municipal, porque aglomera desde Río Santiago hasta El Tambor y El Iris el 30 por ciento de la población del municipio, por eso estamos en la mejor disposición de contribuir como gobierno en esta iniciativa; porque necesitamos que El Paraíso y nuestra sierra realmente progrese”, dijo con convicción del presidente municipal de Atoyac. Luego a inicio de este año, el 16 de enero, la comunidad de El Paraíso se volvió a vestir de fiesta y se convirtió en el escenario de la firma del decreto con el que la Sierra se constituye como la Octava Región económica de Guerrero. Luego de 25 años de gestión por parte de dirigentes de organizaciones y líderes sociales. El primer mandatario del estado, Rogelio Ortega Martínez, decretó el pasado 16 de enero el reconocimiento de la Sierra como octava región económica del estado, en un acto bien lucido en la comunidad de El Paraíso. Con este decreto se modificó la geografía estatal. En los libros de texto del próximo siclo escolar ya vendrá incluida la octava región: La Sierra, que sin duda como orografía y su gente, tienen rasgos identitarios que los hacen diferentes de la Costa Grande y de la Tierra Caliente, pero habrá que definirlos todavía académicamente con un estudios histórico y antropológico, para esto la Universidad Autónoma de Guerrero ya tiene trabajo. Este fue otro acto sin precedentes. Desde temprana hora, en la cancha deportiva de El Paraíso se llevó a cabo una audiencia pública, con la participación de funcionarios y personal de las dependencias del gobierno del estado. También se dio atención médica, se hicieron estudios de la vista y de papanicolau de manera gratuita en módulos que instaló la Secretaría de Salud. La Secretaría de Cultura instaló una muestra con la gastronomía típica de la zona serrana y se presentaron danzas tradicionales de la región, como la danza de El Cortés de Mariano Arroyo y Los Chinelos de El Paraíso, las bandas de música de viento acompañaron el momento con su particular estilo y se escucharon las melodías del trío Los Primaveros del Sur que son originarios de la localidad. En su intervención, ese día, Rogelio Ortega remarcó que con la firma del decreto se les hacía justicia jurídica y social a comunidades que han permanecido en el rezago, además que representaba un homenaje al profesor Lucio Cabañas Barrientos. Cómo ven.


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APOYO ¿IMPARCIAL? A PARISTAS DEL TSJ Diario: Pueblo (David Martínez Téllez) En el conflicto que enfrentan algunos trabajadores del poder Judicial local y autoridades de éste hay algo que debe preocupar a más de uno: el apoyo que están brindando abiertamente algunos abogados postulantes y organizaciones de abogados y otras organizaciones sociales puede afectar seriamente la independencia e imparcialidad de la justicia del fuero local. Esto no es cosa menor, sobre todo, si aspiramos todos como sociedad, a contar con jueces –y con personal de apoyo a su función jurisdiccional- independientes, probos e imparciales. En esa lógica debiera inscribirse también la participación de los mismos abogados paristas que, según han dicho, buscan también mejorar el mismo sistema de justicia local. Sin embargo, parece que no se han dado cuenta de ello o no han querido darse cuenta. Nadie, o casi nadie, actúa solo porque sí, siempre –o casi siempre- hay un interés velado o desvelado en lo que se hace. Eso ni duda cabe. De ahí lo grave del asunto. Me explico: La interacción entre abogados e integrantes de diversas organizaciones sociales y los trabajadores paristas del poder Judicial del estado, propiciada a invitación de éstos, para que aquellos los respalden en su lucha, e incluso en el cierre permanente de las instalaciones de la Judicatura y así seguir impidiendo el acceso a la justicia, genera indudablemente compromisos de apoyo recíproco y lazos de amistad forzada entre todos ellos, que probablemente se vean reflejados en las funciones que realicen los trabajadores jurisdiccionales en paro. Es preocupante que servidores públicos de la Judicatura comprometan la credibilidad del servicio de impartición de justicia, al realizar pactos de activismo político y de lucha social con agrupaciones sociales, jurídicas y partidistas ajenas a la institución encargada de impartir justicia y, por ende, de restablecer el orden y la pacificación social. Alianzas que son totalmente inapropiadas e inviables, debido a la delicada función que aquellos tienen encomendada. Los funcionarios del poder Judicial del estado, ya desarrollen funciones administrativas o ya jurisdiccionales, tienen el inquebrantable deber de encausar su actuación oficial con


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sujeción a la ley; de ninguna manera le está permitido llevar a cabo sus funciones bajo influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social o de las partes en los procesos que se tramitan en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior compromete claramente la independencia e imparcialidad de la justicia, porque parafraseando a López Portillo: “no te apoyo para que resuelvan en mi contra”. Por ello, el servidor público judicial no puede – o no debe- solicitar y obtener este tipo de apoyo; hacerlo, implica comprometer los principios señalados, pero también la credibilidad de la justicia local, que, con todas sus deficiencias, ha contribuido a mantener ciertos márgenes de estabilidad social. He aquí también el compromiso social de los propios abogados, organizados o no, y demás organizaciones sociales: con todo respeto, no hay que abonarle más al conflicto, abstengamos de involucrarnos activamente en este; exijamos, sí, a las partes la pronta la solución porque la sociedad así lo demanda.


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APUNTES. EL ERROR DE ORTEGA Diario: Pueblo (Fernando Pineda Ménez) Si les digo que le tocó bailar con la más fea es obvio que estoy recurriendo a lugares comunes, pero corro ese riesgo porque ya quisiera ver en su lugar al más pintado de los conspicuos críticos haciéndole frente a ese avispero que dejó don Ángel. Rogelio Ortega, el gobernador, ha hecho lo que ha podido y aunque son pocos los logros y difíciles de apreciar cuando se observan con mala leche, ahí va, paso a paso, tranquilizando los ánimos y abriéndole paso a un aterrizaje más o menos decoroso de la encomienda. La tragedia de Iguala provocó en el estado y en el país una crispación y condiciones de enojo, tristeza, indignación y desconfianza tales que generaron un ambiente hostil en que los detalles más nimios se vuelven obstáculos para el acuerdo. Cierto que la política nace siempre del conflicto, pero el diálogo requiere de voluntad y altura de miras. Sin diálogo no hay solución al conflicto, no hay salida. Las medidas de fuerza y excesos, de donde vengan, sólo obstaculizan el acuerdo y Rogelio ha tenido, deben reconocérsele, la claridad suficiente para no recurrir a los aparatos del Estado y hacerle caso a los muchos que quisieran mano dura. Abre las puertas de Casa Guerrero, ofrece diálogo, Rosa Icela, su esposa, ha desempeñado su papel muy dignamente. Pero… siempre el pero. Se le ocurrió al amigo Navarrete, líder nacional perredista, armar un trabuco en Michoacán con la presencia de todos los gallones de su partido. Ahí anduvo Rogelio de invitado de lujo y hasta con aventón en helicóptero y el hecho, que no hubiera tenido mayores consecuencias que admitirlo como un simple error, se convirtió en la piedra de toque para desatar el vendaval puesto que en Morelia también se presentó Beatriz Mojica, la candidata. Error tras error, pues el acto era partidista y la presencia de Bety agravó el asunto para Rogelio. Fue un error y punto. No hay vuelta de hoja, pero que de ahí se deriven todas las especulaciones de si ayuda por debajo del agua y con recursos ilícitos los actos de la candidata en Guerrero ya es ir demasiado lejos, porque Rogelio es buen académico y buena persona, pero no tonto. Sabe que vive en casa de cristal y cualquier movimiento en falso lo delataría. Nadie puede probar que ha hecho lo que dicen que hace.


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Hoy en el PRD y en todos los partidos se discute si ratificarlo o no en el cargo, pero sustituirlo sería un remedio peor que la enfermedad, entonces sí quién sabe si no avanzarían los provocadores hasta impedir el desarrollo de la jornada electoral. Si de por sí andamos como andamos, andaríamos peor con otro cambio de gobernador. Cierto que lo de Morelia fue un error, seguramente él mismo lo admite aunque no lo declare, pero de ahí a exponer al estado a una situación caótica, es mucho arriesgue. Lo curioso es que los diputados que andan más interesados en no ratificar o en hacerle al cuento sean exactamente del mismo partido del que dicen que ayuda a trasmano. No se entiende, a menos que se trate de, ahora sí, intentar obligarlo a que ayude porque ayude, aunque no quiera. Una especie de derecho de piso como el que tan de moda han puesto los bribones de las mafias que nos tienen azorrillados. Parece que quieren decirle: Si quieres seguir en el cargo, paga tu cuota. Sea como sea es inadmisible por no entenderse. Espléndido sería un jalón de orejas del Congreso para que nadie del aparato oficial, tanto del estado como de los municipios se meta en el proceso, pero jugar con fuego como lo hacen algunos diputados con la complacencia de sus dirigentes, me parece ultra peligroso y… tonto. Se comprende en otros partidos, pero no entre los amarillos quienes supuestamente son los compañeros del gobernador. Rogelio no es el mejor gobernante pero nadie puede regatearle el mérito de hacerle la lucha para que el desvencijado barco que es Guerrero con tanto golpe no se vaya a pique para contento de ya saben quién.


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LOS SOBORNOS DE ROGELIO ORTEGA: ¿TRES MILLONES POR DIPUTADO? Diario: Pueblo (Julio Román J.) Resulta difícil saber realmente cuánto dinero se ha gastado Rogelio Ortega comprando liderazgos y medios de comunicación con tal de mantenerse en el poder. Desde hace algunos días, corre con fuerza el rumor de una serie de sobornos que el hoy gobernador interino ha ofrecido a los diputados del Congreso del estado a fin de ganar su voto y evitar su salida. La cifra, según ha trascendido, es por la friolera de tres millones de pesos por cabeza. Tal rumor no extraña si se considera la obvia desesperación de Ortega por aferrarse al poder. Ante la imposibilidad de concretar los acuerdos que requiere entre la clase política, la intensa campaña de imagen y relaciones públicas que hoy realiza era de esperarse. La prensa y las distintas plataformas digitales dan cuenta de ello. Una simple mirada basta para confirmar la absurda cantidad de “bots” y mensajes estructurados a modo para apoyar su permanencia. Aunque esto es reprobable, el tema de los sobornos sobrepasa todo límite y resulta denigrante para la ciudadanía guerrerense. Si admitimos que a estas alturas Rogelio Ortega es capaz de todo, incluso de desviar cantidades millonarias de recursos públicos, no debe esperarse mucha congruencia ni mesura de su parte. Ya llegará el momento en que responda por sus malos manejos. Ahora, la obligación de los guerrerenses debe ser la de vigilar a todos aquellos que respalden su continuidad, en particular a los líderes de los partidos y a los diputados del Congreso del estado. Aunque exista cierta lealtad hacia Ortega por parte de algunas pocas figuras, y por ende, un legítimo derecho de defender su permanencia, ante el rechazo que genera la imagen del hoy gobernador interino y tras los trascendidos sobre sus turbios manejos, quienes decidan salir en su defensa deberán contemplar que cargarán sobre sus espaldas una sombra de sospecha por haber vendido su lealtad y deberán asumir las responsabilidades sociales, políticas y jurídicas que de tal acto se deriven. Es innegable que el intento de Ortega por posicionarse como un gobernante tolerante que ha traído estabilidad, se


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desmorona ante la actitud represora con la que ha agredido a los trabajadores del poder Judicial, o bien, con la que ha engañado a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa al fingir apoyarles sin mover un dedo para su causa. Y no olvidemos, por supuesto, la continuada ola de violencia que vivimos día a día y a la que las autoridades parecen haberse acostumbrado. En estos momentos, atribuirse como logro cierta estabilidad resulta un auténtico insulto para la ciudadanía. Ante la ingobernabilidad que se vive en gran parte de la entidad, es evidente que mantener el status quo no es una opción para el Estado. Existe coincidencia entre amplios sectores de la sociedad y de la clase política estatal sobre el urgente cambio de mando en Guerrero. Incluso, los distintos candidatos a la gubernatura han expresado o sugerido la necesidad de tomar prontas decisiones. Héctor Astudillo ha declarado que, lejos de lo que decida el Congreso, a Guerrero le urge tener gobernabilidad -algo que evidentemente no se tiene-; Jorge Camacho del PAN, ha dicho con firmeza que fue un error la elección de Ortega; Luis Walton y el Movimiento Ciudadano han rechazado constantemente todo vínculo con el gobernador interino por su injerencia en el proceso electoral y han exigido su salida; Beatriz Mojica del PRD insiste en desvincularse de él, aunque no es del todo clara su posición sobre la permanencia de Rogelio. ¿Será porque a ella y a su partido les conviene que siga en el gobierno? Son tiempos clave para Guerrero. Es momento de que la clase política se comporte a la altura de las decisiones que son necesarias y apueste por el bien de la ciudadanía, antes que por la presión mediática y monetaria de Rogelio Ortega, o bien, por sus intereses personales, de tribu o partido.


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COYUNTURAS POLÍTICAS. COLGARSE DEL CANDIDATO A GOBERNADOR ¿REGRESARÁ AGUIRRE? Diario: Pueblo (Rafael Solano) Luego de un proceso interno donde no hubo complicaciones en cuanto al reparto de candidaturas y un arranque de campaña donde estuvieron junto al candidato a la gubernatura, los aspirantes priistas a diputados locales correspondientes a Chilpancingo, Víctor Manuel Martínez Toledo y María Luisa Vargas Mejía, prácticamente se han colgado de la figura de Héctor Astudillo Flores, porque sólamente cuando éste hace campaña, los otros dos candidatos aparecen. Quizá se trata de la presunción de que el aspirante a la gubernatura va adelante en la contienda a la que le falta poco más de un mes y los votantes se volcarán a votar por la totalidad de candidatos del partido tricolor. ¿Para qué esforzarse entonces? Ya demasiado gasto se hizo en la precampaña. Sus contrincantes en el partido del sol azteca están aprovechando ese exceso de confianza. La candidata por el distrito 01, Socorro Mondragón Sosa y Yuridia Bello Calvo, del distrito 02, ambas exfuncionarias municipales, se reúnen desde algunos días con mujeres a quienes ayudaron a gestionar obras y servicios. Hasta donde se pudo apreciar en una de sus reuniones con colonos, las candidatas a diputadas piden olvidar a qué partido pertenecieron y considerar que al Congreso deben llegar políticos que conozcan cómo gestionar ante diversas instancias de gobierno, sobre todo de tipo federal, la solución de problemas de infraestructura social entre otros. En la anterior contienda, el PRD arañó el triunfo en la presidencia municipal, perdiendo con escaso porcentaje pero ganó las dos diputaciones locales y la federal. PASANDO A UN TEMA DISTANTE, la polémica porque termina la licencia de Ángel Aguirre Rivero, que abandonó el cargo el 23 de octubre para que Rogelio Ortega Martínez asumiera como relevo tres días después, parece inútil. La posibilidad que Aguirre Rivero intente regresar al cargo es mínima; a inicios de enero reapareció en la entidad con los dirigentes del PRD a quienes pareció dar línea en torno a las candidaturas y de inmediato, el gobierno federal aprehendió al


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hermano incómodo del gobernador con licencia, además de un sobrino y varios exfuncionarios estatales acusándolos de latrocinio; por su parte, los maestros disidentes y familiares de los normalistas violentados en Iguala reaccionaron enfurecidos ante la presencia de quien consideran culpable y realizaron otra embestida contra oficinas públicas y vehículos oficiales.


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SURREALISMO POLÍTICO. ¿CONVIENE CAMBIO DE JEFE DEL EJECUTIVO? Diario: Pueblo (Martín Martínez Olvera) El tema de interés de esta semana para los grupos políticos de Guerrero está centrado en la permanencia o no del jefe del Ejecutivo estatal. Entrado el año, se colocó fuerte la información del retorno del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero. A su favor se escribía que “estaba en su derecho” de estar en su estado. Se decía que “tenía derecho a convivir con la ciudadanía”, “de recorrer su entidad”, entre otros. Posteriormente habríamos de ver al político de la Costa Chica sentado en mesas con personajes de la vida pública del estado, desde políticos hasta académicos. No se decía si de trabajo o de alianzas, incluso sólo de cercanía afectiva, que también está en su derecho y en el de todos. El fondo no estaba centrado en lo que “su derecho” le otorgaba de realizar con libertad movimiento en este o en el estado que fuera. El mensaje era claro, se sustentaba en su deseo de recobrar la gubernatura cuyo periodo de licencia vence en abril. Pero surgieron voces que reclamaron también con justificado derecho justicia y arreció el tema de los normalistas desaparecidos, se levantaron más movimientos que hacían señalamientos específicos a la persona del gobernador con licencia para que rindiera cuentas por ese lamentable hecho. Pero también el tema de un no tan claro ejercicio de recursos, la operación de la familia Aguirre durante la administración del hermano gobernador, y el encarcelamiento con señalamientos hacia familiares de Ángel Aguirre, y amigos; así como la renuncia de su hijo –Ángel Aguirre Herrera, diputado que más faltas acumula- a la aspiración por la alcaldía acapulqueña, y otros personajes, algunos de los cuales saldrían del PRD, el mismo Aguirre incluso. Cuando se acerca el día en que el Congreso habrá de revisar la permanencia o no de Rogelio Ortega Martínez, cuando tenga que presentar Ángel Aguirre su solicitud de incorporación a la gubernatura o la renuncia definitiva a la misma, la pregunta sobre cuál será la posición que fijarán las y los diputados de la 60 Legislatura tiene muchas voces y charcos de tinta sobre qué


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conviene. En mi parecer, el gobernador Ortega Martínez debe continuar. Primero, porque ha realizado su trabajo de incorporar al diálogo a los distintos grupos en el tema que llevó a la solicitud de licencia de Aguirre. Porque se ha reunido con otros grupos que actúan en el estado escuchando posiciones de enojo por la no respuesta positiva a sus inquietudes de años. Porque ha sabido articular acciones a favor de la sociedad, con la que ha trabajado a ras de suelo. Pero también porque un cambio generaría inestabilidad, y porque a quien le suceda en el poder no le conviene recibir un gobierno en conflicto. Solo una falla encuentro en el ejercicio de gobierno. Que, más allá de la veda electoral, no ha sabido comunicar los logros de un gobierno humano a la sociedad. Surrealismo.


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