el caso santa ana

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El caso Santa Ana, en Puno El proyecto Santa Ana, ubicado en la región Puno, consta de seis concesiones mineras en un total de 5,400 hectáreas. Estas concesiones se encuentran ubicadas en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. El proceso de concesión se dio mediante la modalidad de petitorio minero, el mismo que fue solicitado por Jenny Karina Villavicencio Gardini, en mayo de 2004. La misma persona gestionó, previa solicitud de petitorio, un acuerdo con los pobladores del distrito de Huacullani, ya que las zonas peticionadas estaban completamente superpuestas a la zona reservada Aymara Lupaca, declarada temporalmente mediante Decreto Supremo 002‐96‐AG para la protección de flora y fauna silvestre. Posteriorimente, en el mismo año, los petitorios pasaron a convertirse en el proyecto Santa Ana cuando Villavicencio Gardini los vende a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company sucursal del Perú (BCMC). Actualmente, BCMC es la titular de los derechos mineros del proyecto y ha realizado actividades de exploración desde mediados de 2004. Tiene programado empezar la etapa de producción de las minas para el año 2012. Los puntos clave del conflicto fueron: La superposición de áreas concesionadas con la zona reservada Aymara Lupaca (zonas de biodiversidad y valor cultural), la misma que es cuestionada por los habitantes del distrito de Kelluyo (Chucuito). Aunque es cierto que fue consentida por los habitantes del distrito de Huacullani donde se ubica el proyecto Santa Anta. El otro tema es la titularidad de una empresa extranjera en zona de frontera. El DS 083‐2007‐EM que, contraviniendo el artículo 71 de la Constitución, autoriza la presencia de una empresa extranjera declarando de necesidad pública la inversión privada del Proyecto Santa Ana. Esta situación habría despertado preocupación y alarma en la población respecto de los posibles riesgos de contaminación ambiental y a la salud de la población. Del mismo modo el proyecto minero pone en cuestión la intangibilidad de zonas reservadas. Esta actitud tiene como antecedentes las denuncias hechas años anteriores sobre la contaminación de ríos y otros recursos hidrográficos en otras provincias de Puno como resultado de la minería formal e informal. Tras meses de movilizaciones por parte de las comunidades aimaras, las mismas que dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos, el gobierno central revocó, en junio del 2011, la concesión del proyecto minero a la canadiense Bear Creek.

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El caso Santa Ana, en Puno El proyecto Santa Ana, ubicado en la regin Puno, consta de seis concesiones mineras en un total de 5,400 hectreas. Estas concesiones se encuentran ubicadas en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito.Elproceso de concesin se dio mediante la modalidad de petitorio minero, el mismo que fue solicitado por Jenny Karina Villavicencio Gardini, en mayo de 2004. La misma persona gestion, previa solicitud de petitorio, un acuerdo con los pobladores del distrito de Huacullani, ya que las zonas peticionadas estaban completamente superpuestas a la zona reservada Aymara Lupaca, declarada temporalmente mediante Decreto Supremo 00296AG para la proteccin de flora y fauna silvestre.Posteriorimente, en el mismo ao, los petitorios pasaron a convertirse en el proyecto Santa Ana cuando Villavicencio Gardini los vende a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company sucursal del Per (BCMC). Actualmente, BCMC es la titular de los derechos mineros del proyecto y ha realizado actividades de exploracin desde mediados de 2004. Tiene programado empezar la etapa de produccin de las minas para el ao 2012. Los puntos clave del conflicto fueron: La superposicin de reas concesionadas con la zona reservada Aymara Lupaca(zonas de biodiversidad y valor cultural), la misma que es cuestionada por los habitantes del distrito de Kelluyo (Chucuito). Aunque es cierto que fue consentida por los habitantes del distrito de Huacullani donde se ubica el proyecto Santa Anta. El otro tema es la titularidad de una empresa extranjera en zona de frontera. El DS 0832007EM que, contraviniendo el artculo 71 de la Constitucin, autoriza la presencia de una empresa extranjera declarando de necesidad pblica la inversin privada del Proyecto Santa Ana.Esta situacin habra despertado preocupacin y alarma en la poblacin respecto de los posibles riesgos de contaminacin ambiental y a la salud de la poblacin. Del mismo modo el proyecto minero pone en cuestin la intangibilidad de zonas reservadas. Esta actitud tiene como antecedentes las denuncias hechas aos anteriores sobre la contaminacin de ros y otros recursos hidrogrficos en otras provincias de Puno como resultado de la minera formal e informal.Tras meses de movilizaciones por parte de las comunidades aimaras, las mismas que dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos, el gobierno central revoc, en junio del 2011, la concesin del proyecto minero a la canadiense Bear Creek.La empresa minera planeaba invertir unos 71 millones de dlares en la mina Santa Ana para desarrollarla desde el 2012 y producir unas 5 millones de onzas de plata en los primeros seis aos.http://muqui.org/adjuntos/RM_03-11-2011.pdf. http://www.descentralizacion.org.pe/apcaa/archivosaa/3c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/NIA3_2011.pdf[1]

RetornoSanta Ana volver a operar solo con licencia socialLunes, 19 de mayo de 2014 | 4:30 am

Minera. El proyecto de Santa Ana est ubicado a 50 kilmetros de la frontera con Bolivia.0Primer Juzgado Constitucional de Lima le dio la razn a minera canadiense, pero an no habr explotacin.Carlos Bessombes B.La empresa minera Bear Creek de capital canadiense puede volver a operar las concesiones mineras de Santa Ana (Puno), gracias a una sentencia del Primer Juzgado Constitucional de Lima que dej sin efecto lo dispuesto en un Decreto Supremo del 2011.An cuando Bear Creek saluda dicha noticia, se muestra cauta, pues asegura que no entrar en la fase de explotacin sin antes contar con la licencia social de las poblaciones aledaas al proyecto que se encuentra ubicado a solo50 km de la frontera con Bolivia.En ese sentido, Andrs Franco, vice presidente de desarrollo corporativo de Bear Creek, seal que se viene trabajando con la poblacin cercana al proyecto explicndoles los temas ambientales y el impacto social, sin embargo de no tener la aprobacin social mencion que la empresa se retirar de la zona y se concentrar en su proyecto ms importante que tiene en el Per como es el proyecto minero Corani, tambin en Puno, que se estima demandar una inversin de US$ 574 millones.La poblacin debe entender que no es una inversin millonaria en Santa Ana, se habla de unos US$ 60 millones, con los que se puede dar un respaldo pero no a todo Puno. Estamos pendientes que se consiga el tema social porque si no nos dan la puerta libre, la obra no va y nos centraremos en otros proyectos, precis.Sin embargo, Bear Creek se muestra confiado, pues el dilogo con la comunidad est avanzado. Solo en trabajo social se calcula una inversin de unos US$ 20 millones.antecedentesEn el 2011, antes de finalizar el mandato presidencial de Alan Garca, Puno estuvo en el ojo de la tormenta debido a la alta conflictividad social que paraliz la regin.La razn, diversos frentes de defensa se mostraron en desacuerdo al avance de algunos proyectos mineros. Este conflicto gener la emisin de un paquete de normas legales, tal como la derogacin delDS 083-2007 que autorizaba la concesin a Bear Creek, la adecuacin de los petitorios mineros y la suspensin de admisin de los mismos por 36 meses en Puno (D.S 033-2011- EM).La claveEl proyecto Santa Ana tiene reservas de minerales probadas y probables que hacen un total de 63,2 millones de onzas de plata, con una vida til de 11 aos que podra ser ampliable a 18 aos, produciendo 75 millones de onzas de plata.