El aborto en el Perú

En el Perú y el resto del mundo, pocos temas son tan controversiales como el aborto. Nuestro país tiene un código penal que prohíbe el aborto salvo cuando la vida de la madre corre peligro. Europa, Rusia, China, Norteamérica y países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Uruguay tienen una posición más liberal.

A pesar de la oposición radical de la Iglesia Católica, el Perú podría dar un pequeño paso hacia la liberalización del aborto. En el Congreso, la Comisión Revisora del Código Penal ha recomendado permitir el aborto en casos de violación y cuando el feto sufre serias malformaciones.

El debate ha dividido no solamente al gobierno. Una reciente encuesta de la Universidad de Lima arroja un empate técnico cuando la pregunta es si se debe permitir el aborto por violación. Sin embargo, hay una marcada diferencia de opinión entre los estratos sociales.

Según la encuesta, el sector con ingresos económicos más altos muestra un claro respaldo a la despenalización del aborto por violación: un 61,5% está a favor. Otro es el resultado en el sector con los ingresos más bajos. Aquí, solamente el 22% de los encuestados aprueba la despenalización mientras que un 73% se muestra en contra de cambiar la ley (fuente: El Comercio).

La encuesta también plantea el aborto por malformación del feto. En este caso, un 60% de los encuestados con los ingresos más altos se muestra a favor de esta posibilidad, mientras que en el sector con menos ingresos el respaldo solamente alcanza el 39%.

Los encuestadores de la Universidad de Lima vienen planteando ambas preguntas desde el año 2002. Desde entonces, el respaldo general a la despenalización del aborto en casos de violación y de malformación se ha incrementado notablemente: En el primer caso, de 38,1% (2002) a 47,5% (2009) y, en el segundo, de 33,4% (2002) a 51,5% (2009). También es interesante notar que el porcentaje de hombres y mujeres a favor y en contra del aborto no varía de forma significativa.

La enmienda del Código Penal aprobada por la Comisión Revisora sostiene lo siguiente:

No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal en los casos siguientes:

1) Cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente.

2) Cuando es probable que el ser en formación obedezca o desarrolle graves malformaciones o tareas físicas o psíquicas, siempre que exista al respecto el diagnóstico médico especializado.

3) Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, siempre que los hechos hubiesen sido denunciados penalmente, así como de la inseminación artificial o transferencia de un óvulo fecundado no consentidas (fuente: El Comercio).

La pena de muerte en el PerúLas declaraciones del exmandatario se hicieron en medio de una ola de crímenes cometidos por asesinos a sueldo o sicarios, que en lo que va de año han dejado 13 muertos, según cifras de la Policía Nacional. El asesinato de Burgos, hijo del alcalde homónimo de San Juan de Lurigancho, parece responder a un enfrentamiento entre bandas dedicadas a la extorsión, de acuerdo a los indicios recogidos por la Policía hasta el momento.

El líder del Partido Aprista, que gobernó el país de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, recordó que en su última gestión propuso la pena de muerte para violadores y secuestradores de niños, pero que la "politiquería" y las "academias de Derecho" desanimaron al Congreso de analizar el tema.

García hizo referencia de esa forma a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José y firmado en 1969, que restringe la pena de muerte para los delitos más graves en los países que no la han abolido, y que la prohíbe en los demás.

Perú es suscriptor de esta convención y en su Constitución Política de 1993 la pena de muerte está considerada sólo para delitos de traición a la patria en caso de guerra y para terrorismo.

Sin embargo, ni en la peor época de la violencia terrorista en el país se aplicó la pena de muerte y Abimael Guzmán, máximo líder de la banda armada Sendero Luminoso (señalada como la principal responsable de las 69.000 víctimas entre 1980 y 2000), recibió la cadena perpetua por delitos de terrorismo. Tejada dijo que el líder aprista está pidiendo la pena de muerte para la delincuencia, pero que en su último Gobierno estuvo a favor de darle "una segunda oportunidad" a narcotraficantes y delincuentes, en alusión a los indultos y rebajas de condena que otorgó en un caso de presunta corrupción investigado por su comisión.

La Defensoría del Pueblo comentó, a través de Twitter, que la pena de muerte no es la solución para afrontar la delincuencia ni otro tipo de problemas en la sociedad.

En opinión de la Defensoría, se debe dotar de equipamiento y de una justa remuneración a las fuerzas del orden para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país, así como fortalecer el sistema penitenciario y la administración de justicia.

El fiscal general de Perú, José Luis Peláez, declaró en contra de la pena de muerte "por convicción jurídica" y planteó en su lugar hacer una labor de prevención con los niños para cambiar las conductas de violencia desde la infancia. Peláez remarcó que esa propuesta no procede jurídicamente en Perú porque la Carta Magna lo prohíbe y el país es integrante del sistema interamericano de derechos humanos.

"Tendríamos que cambiar la Constitución y salirnos de los convenios internacionales" para aplicar esa pena, indicó el Fiscal de la Nación. De igual forma, el Gobierno peruano rechazó adoptar esa medida, pues según opinó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ninguna pena de muerte resuelve los problemas.

La inseguridad ciudadana en el país fue precisamente el motivo por el cual salió del cargo el antecesor de Villanueva, Juan Jiménez, en octubre pasado. El jefe del gabinete ingresó al Ejecutivo para liderar una serie de encuentros con la oposición y diversos sectores sociales para adoptar medidas de combate a los principales temas de polémica, entre ellos la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Con este panorama, es muy probable que la propuesta sobre la pena de muerte quede nuevamente en el olvido, dado que ni el Ejecutivo ni las principales fuerzas en el Congreso han acogido el planteamiento de García, principalmente por los compromisos con el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. No obstante, el Gobierno de Ollanta Humala tiene muy en claro que su estabilidad depende de la solución que pueda dar a la delincuencia común y el crimen organizado que ha puesto el blanco en las ciudades más grandes del país, que gozan del crecimiento económico de los últimos años.