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AÑO 10 N° 107MAYO de 2009

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2 LA REVISTA AGRARIA / 107

Urea, precios y oligopoliosEn lo que va del año, la urea y otros fertilizantes registranuna sustancial caída en los precios, en comparación con2008. A diferencia del año pasado —cuando el alza en elcosto de los fertilizantes afectó a miles de productores agra-rios—, parece que la tendencia a la baja en los precios delos fertilizantes permitirá a los alicaídos productores enfren-tar con menores costos la próxima campaña 2009-2010.

A abril de este año, la urea importada registra una sus-tancial caída en sus precios en el mercado nacional: US$0.26x kg (promedio enero-abril 2009) frente a US$0.49 x kg, quefue el promedio de 2008; esto representa una caída de 47%.Si se compara el precio en abril 2009 (US$0.25 x kg) con elprecio pico que se registró en agosto 2008 (US$0.77 x kg),la caída es de 68%. Si la comparación se hace entre losmismos periodos en ambos años (de enero a abril), la caídaregistrada es de 33%. Los precios actuales son similares alos existentes al inicio de la campaña del año 2007.

La caída del precio internacional de la urea se produjoluego del desplome del precio internacional del petróleo amediados de 2008 (ver gráfico). La respuesta del precio in-ternacional de la urea fue inmediata: de los US$771 x t enque se encontraba en agosto, cayó a US$246 x t en no-viembre —una reducción del 68% en menos de cuatro me-ses—. Sin embargo, la reducción del precio de venta de laurea en el mercado nacional fue considerablemente menor(menos del 6%), pasando de US$1,009 x t (o S/.146 x sacode 50 kg) en agosto, a US$951 x t (o S/.147 x saco de 50kg) en noviembre. Nótese que, debido al incremento en eltipo de cambio, el precio en soles incluso subió.

La enorme diferencia entre la variación nacional e interna-cional de los precios de la urea se debió a la evidente posi-ción oligopólica de tres empresas que, en conjunto, comer-cializan el 99% de las importaciones de urea: Molinos &Cia. (40%), Misti (38%) e Inkafert (21%). Fue ante esta si-

tuación que la Asociación de Productores de Arroz del Vallede Majes, en una medida desesperada, tomó la decisión deadquirir 12,500 t a precios del mercado internacional y co-mercializarlas directamente en el mercado nacional, compi-tiendo con las empresas importadoras (ver LRA 103). La con-secuencia inmediata de tal medida fue una súbita caída delos precios en el mercado local en una proporción similar ala que había sufrido en el mercado mundial. El stock de laasociación, que empezó a venderse en diciembre de 2008,se agotó en marzo pasado (con alguna pérdida), pero losprecios se mantienen estables y no han vuelto a subir. Estaexperiencia ha demostrado que la posición oligopólica delos importadores era la única razón por la que los preciosnacionales de la urea se mantenían altos en medio de uncontexto mundial a la baja.

Las perspectivas de bajos precios de la urea se mantie-nen estables para el presente año. Los resultados de unaencuesta realizada por Reuters a más de 30 analistas mun-diales, el debilitamiento de la demanda del petróleo y la len-tificación de la economía mundial, hacen preveer que los pre-cios del petróleo se recuperarán gradualmente a partir de2010. Siendo la urea un derivado del petróleo, este año todoparece apuntar a que, al menos en este punto, los producto-res no serán castigados.

agroDATAAGROdata urea

Fuente: Aduanas. Elaboración: AgroData-CEPES.*Total de importaciones de urea 2008: US$ Cif 153.50 millones y 277 mil t.

Fuente: Minag-Dgia - Agronet. Elaboración: AgroData-CEPES*Urea, precio internacional Yuzhny y petróleo, hasta abril 2009.

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MAYO de 2009 3

editorial

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Publicación del Centro Peruanode Estudios Sociales

Av. Salaverry 818Jesús María, Lima 11/ Perú

Telf. (511) 4336610 / Fax (511) 4331744Email: [email protected]

Web: www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm

Directora fundadoraBertha Consiglieri

DirectorFernando Eguren

Comité editorialJavier Alvarado, Laureano Del Castillo,Juan Carlos Moreyra, Juan Rheineck,Carlos Rivadeneyra, David Gonzales,

Oscar Franco, Katia Suárez

Corrección/DiagramaciónAntonio Luya / José Rodríguez

Distribución gratuita con La República

os son los hechos que están marcando la coyuntura política del país:la movilización de las poblaciones amazónicas en protesta por losdecretos legislativos que amenazan sus derechos sobre las tierras

que ocupan ancestralmente, y la propuesta de los parlamentarios apristasde establecer el límite de 40 mil hectáreas de tierra agrícola para laspropiedades en la costa.

Los dos hechos están vinculados, pues se ubican en la perspectivaamplia de disputa por los recursos naturales —en este caso, la tierra y lasriquezas que encierra—, cuyo control recae cada vez más en las manosde grandes inversionistas. No solo son las tierras agrícolas, sino tambiénlas que encierran recursos mineros, petroleros y forestales. Este procesode disputa se hace en condiciones totalmente desiguales, pues, por unlado, están los poderosos grupos económicos, extranjeros y nacionales,apoyados por los gobiernos de las últimas dos décadas; y, por otro,poblaciones que ocupan gran parte de esas tierras, sobre las que ejercenun derecho consuetudinario —es el caso de las comunidades campesinasy nativas—, o pequeños propietarios obligados a vender por carecer derecursos económicos y estar marginados de las políticas públicas.

Es preciso notar que, aunque este proceso de concentración de controlde la tierra y otros recursos data de la década pasada, es este gobiernoel que ha puesto especial esmero en su ampliación y consolidación. Claraexpresión de ello es el manifiesto del presidente Alan García, El síndromedel perro del hortelano, que afirma de manera casi literal que loscampesinos no están en capacidad de utilizar sus recursos, pues sonignorantes y pobres, razón por la cual sus derechos de propiedad no sonsino aparentes y, por consiguiente, deben ser transferidos a la graninversión. Este manifiesto, publicado por El Comercio el 28 de octubre de2007, es en realidad la exposición de motivos de los decretos legislativosde junio de 2008, varios de los cuales lesionan los derechos de campesinosy poblaciones nativas y continúan motivando la decidida oposición deestas últimas.

El que los congresistas reconozcan la inconstitucionalidad del D.Leg.1090 y propongan, al mismo tiempo, que no puede haber propiedades demás de 40 mil hectáreas en la costa —una extensión mayor que la mayoríade los valles costeños—, muestra una grave inconsistencia de su posicióncon respecto a la disputa por el control del recurso tierra. Como sedocumenta en este número de LRA, se están formando latifundios másgrandes que los que existían en esta región antes de la reforma agrariade 1969 —ninguno llegó a las 30 mil hectáreas—, con todo lo que ellosignifica de concentración, no solo de poder económico, sino político,social y territorial, amén del riesgo de un nuevo gamonalismo —moderno,sí, pero finalmente gamonalismo—. En realidad, la propuesta congresalda mayor fuerza legal a la formación de latifundios.

contenidocontenidocontenidocontenido

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El espejismo de losarancelesLa restitución arancelaria,¿tendría la efectividad quelos productores esperan?

El llamado de la selvaPor qué la razón está dellado de los nativos

La disputa por los recursos

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La necesidad de un cam-bioSi alguien no se ha beneficia-do del boom agroexportadores el trabajador agrario.

7Especial: Concentraciónde la tierraEl latifundio reaparece

Publicaciones / Normaslegales14


El llamado de la selvaPor qué la razón está del lado de los nativos

Por segunda vez en menos de un año, 1,350comunidades nativas se encuentran en piede lucha en el territorio amazónico, enfras-cadas en un conflicto que pudo evitarse siel gobierno hubiera cumplido el compro-miso que asumió con ellas en agosto delaño pasado. En esa fecha, cuando se dero-garon los decretos legislativos 1015 y 1073—después de una convulsionada protes-ta de los pueblos indígenas—, el presiden-te del Congreso, Javier Velásquez Ques-quén, se comprometió a formar una comi-sión multipartidaria que analizara los cues-tionados decretos, promulgados por el Eje-cutivo en el marco de las atribuciones de-legadas por el Congreso para la implemen-tación del TLC. El compromiso pactadoincluía la presentación a debate del infor-me en el pleno. Fue el incumplimiento deeste compromiso lo que provocó, el 9 deabril pasado, que alrededor de 40 mil nati-vos iniciaran las protestas, que continúanhasta la fecha (ver recuadro).

Razones de pesoLos decretos legislativos que constitu-

yen el meollo de este conflicto han genera-do controversia desde su promulgación, yno solo entre los nativos, sino entre pro-ductores agrarios, ONG y académicos pre-ocupados por el bienestar de las mayorías.Muchos los consideran lesivos para losintereses de varios de los sectores econó-micos y sociales más pobres del país (verLRA 100).

En particular, las comunidades nativas

representadas por la Asociación Interétni-ca de Desarrollo de la Selva Peruana (Ai-desep) reclaman la derogatoria, entre otros,de los decretos legislativos 994 (que pro-mueve la inversión privada en proyectosde irrigación para la ampliación de la fron-tera agrícola), 1020 (de promoción de laorganización de los productores agrariosy la consolidación de la propiedad ruralpara el crédito agrario), 1060 (que regula elSistema Nacional de Innovación Agraria),1064 (que aprueba el régimen jurídico parael aprovechamiento de de las tierras de usoagrario), 1080 (que modifica la Ley Generalde Semillas, Ley 27262), 1089 (que estable-ce el régimen temporal extraordinario de for-malización y titulación de predios rurales),1090 (que aprueba la Ley Forestal y de Fau-na Silvestre) y de la Ley 29833, Ley de Re-cursos Hídricos.

Para ver qué es lo que anda mal con es-tos decretos, tomemos como ejemplo a tresde ellos: el 994, el 1064 y el 1089.

El D.Leg. 994 dictamina que las tierraseriazas son de dominio del Estado, salvoaquellas sobre las que existe título de pro-

Alrededor de 40 mil nativos continuan las protestas que iniciaron el 9 de abril pasado, en demanda de las derogatoria de los decretos que atentan contrasus derechos.

“El Convenio 169 es una norma in-ternacional que tiene rango consti-tucional y por tanto no es necesa-rio reglamentarla para que seacumplida”. Ernesto Álvarez Miran-da, miembro del Tribunal Constitu-cional (TC).

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Cronología deun paro anunciado

Hay quienes han visto una actitud violentista en el paro de los nativos amazónicos.Sin embargo, si algo queda claro después de revisar la secuencia completa de loshechos que se sucedieron antes y después de la convocatoria al paro amazónico, esque los nativos se han portado con auténtica paciencia oriental. Para variar, todoempezó con una promesa incumplida por un alto representante de un poder delEstado, en este caso, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén…• Agosto 2008. En medio de la paralización de las comunidades indígenas de la

Amazonía convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Pe-ruana (Aidesep), el Congreso deroga los D.Legs. 1015 y 1073. El presidente delCongreso, Javier Velásquez Quesquén se compromete a formar una ComisiónMultipartidaria que emita un informe sobre los decretos legislativos promulgadospor el Ejecutivo, el mismo que luego se presentaría al pleno del Congreso.

• 13 de diciembre 2008. La Comisión Multipartidaria presenta su informe. Aducien-do que los congresistas están de vacaciones todo enero, Velásquez Quesquénofrece presentarlo al pleno el 1 de febrero.

• 1 de febrero 2009. Se vence el plazo fijado por el propio presidente del Congreso,Javier Velásquez Quesquén, para llevar al pleno el informe de la Comisión Multi-partidaria. El plazo no es respetado.

• 8 y 9 de febrero 2009. Los líderes de todas las comunidades indígenas que agrupaAidesep se reúnen en Bagua para decidir qué acciones tomar ante el incumpli-miento del Congreso de debatir el informe de la Comisión Multipartidaria.

• 12 de marzo 2009. Se envían cartas Velásquez Quesquén y a otras altas autorida-des, como Yehude Simon, recordándoles el compromiso incumplido.

• 9 de abril 2009. Al cabo de casi un mes sin obtener respuesta de parte de lasautoridades, los nativos deciden iniciar una paralización general. Sin embargo,acuerdan restringir las protestas al interior de sus comunidades.

piedad privada o comunal. Es decir, si unacomunidad campesina o nativa no cuentacon título de propiedad, podría perder sustierras —sin importar si lleva viviendo cin-cuenta, cien o más años sobre ellas—.Para Pedro Castillo —especialista en le-yes, de Cepes— esto es un despropósi-to. «Por un lado, se castiga a las comuni-dades por no tener título de propiedad,estando el Estado obligado a otorgárse-los», sostiene. «Y por otro, se las castigapor la inacción del propio Estado perua-no, que no ha concluido el proceso desaneamiento de los territorios comunalesque viene realizando desde el año 1992,primero con el Proyecto Especial de Titu-lación de Tierras y Catastro Rural (PETT),y ahora con el Cofopri». Diecisiete añosdespués de la creación del PETT, el sa-neamiento de la propiedad comunal aúnno ha concluido, y lo que el D.Leg. 994está haciendo, en la práctica, es castigarpor ello a las comunidades.

El D.Leg. 1064 da un paso más en el des-pojo de las «tierras eriazas» de las comuni-dades: en su artículo 6 excluye las tierraseriazas del total del territorio comunal, sinimportar si están tituladas o no, y pese aque existe una norma especial que las re-conoce como parte de la propiedad comu-nal. En efecto, el D.Leg. 1064 desconoce laLey de Deslinde y Titulación (Ley 24657),que en su artículo 2 reconoce a las tierraseriazas como parte de su territorio.

Igualmente lesivo para los intereses delas comunidades resulta otro aspecto del1064: la eliminación del acuerdo previo en-tre el propietario de la tierra y el inversio-nista como requisito para el inicio de acti-vidades mineras o de hidrocarburos, y laimposición de servidumbres legales u obli-gatorias. Para Castillo, «este cambio gene-rará más conflictos con las comunidadespor la explotación de los recursos minera-les ubicados dentro de su territorio, dadoque ellas se verán impedidas de negociarcon las empresas extractivas la utilizaciónde sus tierras».

El D.Leg. 1089, por su parte, otorga fa-cultades especiales al Cofopri para quedurante cuatro años titule «predios rústi-cos» —categoría dentro de la cual entranlas comunidades—. El problema radica enque la nueva información que este orga-nismo está generando actualmente en susvisitas a campo podría prevalecer sobrela información que figura en el registropredial, vulnerándose así la seguridad ju-

El incumplimiento del compromiso asumido por parte del legislativo en agosto del añopasado generó las protestas amazónicas.

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• 18 de abril 2009. Los jefes regionales del consejo directivo de Aidesep decidenradicalizar la protesta.

• 20 de abril. En una reunión en la PCM, Yehude Simon se compromete con losdirigentes de Aidesep a firmar una resolución que formaría la comisión multisecto-rial Ejecutivo – Aidesep que, a su vez, conformaría una mesa de diálogo gobierno– nativos. Sin embargo, al ser consultado por la prensa, Simon señaló que firmaríala resolución una vez que se levantara el paro amazónico.

• 24 de abril. Velásquez Quesquén accede a poner el Informe de la Comisión Mul-tisectorial a consideración del pleno del Congreso, pero indica que, antes, elpedido debía ser aprobado por la Junta de Portavoces del Congreso. La Junta noaprueba su pase a debate en el pleno.

• 25 – 30 de abril. Tarapoto y Yurimaguas se unen a la paralización.• 9 de mayo. El gobierno declara en emergencia algunos distritos amazónicos de 5

regiones del país1.• 11 y 13 de mayo. Alberto Pizango y Yehude Simon se reúnen, sin llegar a un

acuerdo.• 15 de mayo. Pizango hace un llamado a la insurgencia contra el gobierno.• 16 de mayo. Tras una reunión con la Defensoría del Pueblo, los dirigentes amazó-

nicos anunciaron que desarrollarían su protesta dentro del Estado de Derecho.• 19 de mayo. El D. Leg. 1090 es declarado inconstitucional por la Comisión de

Constitución del Congreso, dándole la razón a los nativos y a muchos otros quedesde hace meses vienen sosteniendo su inconstitucionalidad. Su derogatoria,sin embargo, aún debe ser debatida en el pleno del Congreso. Pero antes, susometimiento al pleno debe ser votado por la misma Junta de Portavoces que el 24de abril no aprobó que el informe de la Comisión Multisectorial pase a pleno…

• 21 de mayo. Sale la resolución suprema que aprueba la conformación de un comitémultisectorial del Ejecutivo y Aidesep para conformar una mesa de diálogo.

• 22 de mayo. Alberto Pizango es denunciado ante el Ministerio Público por alentara la rebelión, sedición y conspiración. Al cierre de esta edición, tenía orden decomparecencia en la Fiscalía para el 2 de junio.

Nota1 Distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, Cusco; Sepahua, en laprovincia de Atalaya, Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, Loreto; Andoas, Pastaza,Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto; e Imaza, en la provinciade Bagua, Amazonas.

rídica de la propiedad comunal. Por otrolado, este decreto puede ser consideradoinconstitucional porque se le ha encarga-do a una entidad del Ejecutivo —Cofo-pri— una función que la Ley Orgánica deGobiernos Regionales considera comoexclusiva de estos gobiernos. De acuer-do con la estructura legislativa del Esta-do peruano, una modificación de esta na-turaleza no puede realizarse mediante undecreto legislativo: para ello se requiereuna ley del Congreso.

Convenio violadoCon una soltura envidiable, algunos

congresistas del oficialismo han dichoque el Convenio 169 —del que el Perúes firmante— no puede ser implementa-do, pues no ha sido reglamentado, yque, por tanto, los reclamos de los nati-vos sobre el particular no tienen sus-tento.

En efecto, uno de los pilares en que sebasan las protestas de los nativos es esedocumento —creado en el marco de la Or-ganización Internacional del Trabajo(OIT)—, el que, entre otras cosas, garanti-za el derecho a la consulta que tienen lascomunidades indígenas y campesinas so-bre toda iniciativa legal que las afecte aellas o a sus territorios.

Con respecto a este tema, el miembrodel Tribunal Constitucional (TC), Ernes-to Álvarez Miranda, opinó que dichanorma internacional tiene rango consti-tucional y, por tanto, no es necesario re-glamentarla para que sea cumplida. Elconstitucionalista señaló esto al comen-tar la sentencia del TC que declaró fun-dada una acción de amparo y ordenó lasuspensión temporal de las labores deexploración y explotación en el área deconservación regional Cordillera Escale-ra, en San Martín, contra las empresasOccidental Petrolera del Perú (hoy Talis-mán Petrolera del Perú), Repsol y Petro-brás. Según dijo, este fallo es vinculantepara los decretos legislativos que hoyson materia de debate. «No es necesariohacer una reglamentación; esta ya debe-ría ser una práctica habitual en cualquierempresa que inicia una exploración ocualquier empresa que comienza a inver-tir en un territorio», sostuvo. «Este de-bería ser un mecanismo esencial, y lasempresas interesadas deberían contac-tar antes a las comunidades nativas yefectuar las consultas».

Se espera que en los próximos días se instale la mesa de diálogo entre el ejecutivo y dirigentesde Aidesep.

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EspecialConcentración de tierras


EspecialConcentración de la tierra

Cuarenta años después de la reformaagraria, la concentración de la propiedad

de la tierra reapareceEl reciente proyecto de ley que limita eltamaño de la propiedad en tierras de la cos-ta peruana, tiene al menos un mérito: con-tribuir a poner en debate el proceso de con-centración de los derechos sobre la tierra—sea en la forma de propiedad, contratos,concesiones u otras modalidades— queestá ocurriendo en el Perú desde media-dos de la década de 1990. La propuesta delApra, sin embargo, más que poner un fre-no al fenómeno, lo que hace en realidad esconsolidarlo, «limitando» a 40 mil hectá-reas el tamaño máximo que puede estar enmanos de un propietario —un área bas-tante mayor que la de cualquier haciendade la costa peruana existente antes de lareforma agraria de 19691.

Los latifundios y la reforma agrariaEl tamaño de la propiedad de la tierra

ha sido siempre materia de controversia.El tema era especialmente sensible en elPerú de antes de la reforma agraria, cuan-do, según el Censo Agropecuario de1961, el 75.9% del área censada estabaconcentrado en la propiedad del 0.4% delas fincas2. La situación era similar en

muchos países de la región. Fue la ideade que la polarización entre latifundios yminifundios era socialmente injusta, asícomo un obstáculo para la democracia ypara la modernización socioeconómica,lo que llevó a plantear la necesidad dehacer reformas agrarias en el Perú y Lati-noamérica a fines de la década de 1950 ycomienzos de 1960.

La reforma agraria aplicada por el gobier-no de Velasco Alvarado expropió las propie-dades por encima de 150 hectáreas de tierrasde cultivo bajo riego. Pero, al adjudicarlas asus trabajadores, no las subdividió; al con-trario: en varios casos incluso unió variashaciendas para formar una sola cooperativaagraria de producción (CAP) o una sociedadagrícola de interés social (SAIS; estas últi-mas, a partir de las haciendas ganaderas dela sierra). El argumento fue que era necesariomantener las economías de escala, que seperderían con la subdivisión.

El hecho, sin embargo, es que, a los po-cos años, la inmensa mayoría de CAP ySAIS fracasaron, y los propios beneficia-rios de la reforma agraria las liquidaron yparcelaron en predios familiares. Estas de-cenas de miles de familias se sumaron a loscentenares de miles de pequeños agricul-tores que desde entonces constituyen lainmensa mayoría de productores del cam-po en el Perú.

Inicio del proceso de concentraciónLa modificación de reglas de juego que

ha hecho posible el nuevo proceso de con-

Con Fujimori el criterio cambió, puesel acceso a los recursos naturalesde la nación fue limitándose cadavez más a los grandes inversionis-tas, llegándose a los extremos enel actual gobierno de Alan García.

El proyecto de ley presentado por el Apra, que propone limitar a 40 mil hectáreas del tamaño de las propiedades agrícolas en la costa, ha puestonuevamente en debate el proceso de concentración de los derechos sobre la tierra.

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centración de la propiedad3 —sobre el quetrata este especial de LRA— se inició conalgunos cambios legislativos apenas co-menzado el gobierno elegido de FernandoBelaunde (1980-1985). Este da el DecretoLegislativo 002 en diciembre de su primeraño de mandato, poniendo fin a la reformaagraria y legalizando las parcelaciones, queya se habían ido produciendo informalmen-te. En su gobierno y en el primero de AlanGarcía (1985-1990) también se dieron nor-mas sobre la utilización de tierras eriazassusceptibles de ser irrigadas. En 1988, elD.S. 029-88-AG elevó el límite del tamañode la propiedad en irrigaciones de la costaa 450 hectáreas, triplicando el límite impues-to por la reforma agraria.

Alberto Fujimori (1990-2000) aplicó,como se sabe, una política económica neo-liberal que, con algunas modificaciones,sigue vigente en la actualidad. En ese con-texto, dio pasos más decididos hacia la eli-minación de restricciones a la liberalizacióndel mercado de tierras. El D.S. 011-91-AGpermitió la intervención de las sociedadesanónimas en el dominio y conducción dela propiedad agraria, así como la conduc-ción indirecta, el arrendamiento y la hipo-teca, todo lo cual estaba prohibido por lareforma agraria. También autorizó propie-dades de hasta 1,000 hectáreas en tierrasque se incorporasen al cultivo medianteobras de irrigación por iniciativa privada.

La progresiva desprotección de lastierras comunales

En 1991, el Decreto Legislativo 653, Leyde Promoción de Inversiones en el SectorAgrario, determinó, entre otras cosas, quelas tierras eriazas son propiedad del Esta-do, incluidas las de las comunidades si esque no tenían título; y autorizó, adicional-mente, el arrendamiento de tierras comu-nales. Esta desprotección de las tierrascomunales fue luego ampliada por la Cons-titución de 1993, que permitió su venta. En1995 se dio la Ley 26505, llamada Ley deTierras, que removió todo límite al tamañode las propiedades y a las transferenciasde tierras. Una modificatoria de ella fijó,además, que el otorgamiento de servidum-bre para las empresas mineras debía pasarpor un acuerdo previo con el propietariode las tierras —muchos de ellos comuni-dades campesinas—, si no, se establece-ría la servidumbre minera. Uno de los de-

La ley puede fijarlos límites y laextensión de latierra según laspeculiaridades decada zona».Constitución Políticadel Perú (1993), art. 88.

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La propuesta que puso eltema en debate

El 29 de abril pasado, el congresistaaprista Alfredo Cenzano presentó elproyecto de ley 3194, que proponefijar en 40 mil hectáreas el límite deextensión de la propiedad agrícola enla costa. A continuación, extractos dedeclaraciones del congresista Cen-zano a LRA: «Pareciera que los em-presarios han considerado que estoya es una ley, pero este es solo unproyecto de ley que recién está en laComisión Agraria y está para ser de-batido y analizado. El considerar 40mil hectáreas [como límite a la pro-piedad en la costa] es algo referen-cial, no rígido. Considerando que eneste momento no hay empresas ocompromisos de posesión que lle-guen a esa cantidad, podría ser in-cluso menos. Lo fundamental es evi-tar el latifundio, evitar la concentra-ción monopólica en zonas de cultivo, especialmente en la costa, que es donde sepresentan las mayores oportunidades de desarrollo agrícola en el Perú. Lo quequeremos es que la mayor cantidad de estas hectáreas sea productiva; es decir,determinemos la tenencia de la tierra agrícola en términos de productividad. Ese esel debate que queremos estructurar. De ninguna manera puede considerarse queestamos aplicando una nueva reforma agraria; esta se hizo sobre terrenos posesio-nados. Aquí lo que queremos es establecer una regulación con respecto al latifun-dio, como ya existe en otros países».

cretos legislativos emitidos por el actualgobierno en junio de 2008 fue más allá, es-tableciendo que las servidumbres son otor-gadas de oficio, sin consulta previa de nin-gún tipo.

En 1997, la Ley de Titulación de las co-munidades campesinas de la costa introdu-jo la figura de «abandono de tierras» paralas tierras comunales que dejaban de ser

cultivadas, las que pasarían a dominio delEstado, contraviniendo la Ley de Tierras.

En este camino, el actual gobierno no hasido menos decidido que el de Fujimori.De conformidad con la orientación políticaexpuesta en el manifiesto El síndrome delperro del hortelano4 por el propio presi-dente García, el gobierno promulgó variosdecretos legislativos en el primer semestrede 2008 que debilitaron aún más los dere-chos de las comunidades campesinas ypueblos nativos sobre la tierra, y que hanprovocado —sobre todo entre estos últi-mos— una fuerte reacción adversa que yaobligó al Congreso a introducir algunasmodificaciones en los decretos y a ponerotras en agenda.

¿Qué hay de malo conla concentración?

El gran dinamismo demostrado por laagricultura de exportación costeña en losúltimos quince años ha sido generado en

Congresista Alfredo Cenzano.



gran medida por empresas agrarias que tie-nen importantes extensiones de tierras.Estas empresas han introducido formas degestión modernas, tecnologías de últimageneración (incluyendo riego por goteoregulado por computadoras) y han apren-dido a moverse en el complicado mercadointernacional. El argumento a favor de lagran propiedad se basa básicamente enestas constataciones.

El problema reside en que la suma de uni-dades empresariales exitosas no necesaria-mente da como resultado un desarrollo ru-ral incluyente, equitativo, exitoso y soste-nible, que es hacia el que supuestamentedebería orientarse nuestro país5. Por el con-trario, la concentración de la propiedad y decapitales implica también una concentraciónde poder, y esto puede representar una im-portante limitación para las oportunidadesde otras personas e instituciones.

Poca duda cabe de que una empresaagraria o un grupo reducido de ellas puedadominar todo un valle, generando una in-fluencia desmedida en los gobiernos mu-nicipales, en las juntas de regantes, en elpropio gobierno regional y en la sociedadmisma, en una suerte de gamonalismo delsiglo XXI. Dentro de las áreas de empre-sas azucareras como Cartavio y Casagran-de —hoy, parte del Grupo Gloria—, ¡la po-blación supera las cien mil personas! Acáya no estamos hablando solo de propie-dad de la tierra, sino de control territorial.(Lo propio puede decirse de las concesio-nes mineras y petroleras.) Esto ya está su-cediendo. Estas empresas pueden pasarpor encima de los derechos laborales; dehecho, ocurre con frecuencia. No soloobstaculizan la formación de sindicatos—apenas sí existen, a pesar de que se es-tima en más de 100 mil el número de asala-riados que laboran en las empresas agro-exportadoras—, sino que pueden impedirfácilmente las inspecciones del Ministe-rio de Trabajo. No es ese el tipo de desa-rrollo que necesita el país; más aún si casilas tres cuartas partes de la población ru-ral están clasificadas como pobres o muypobres.

Por lo demás, el supuesto de que cuan-to mayor es la empresa agraria más eficien-te es, no ha pasado la prueba de ningúnestudio serio que lo confirme. Quienes sos-tienen este supuesto son los propios inte-resados: los inversionistas, los políticos

Poca duda cabe de que una em-presa agraria o un grupo reducidode ellas pueda dominar todo unvalle, generando una influencia des-medida en los gobiernos municipa-les, en las juntas de regantes, enel propio gobierno regional y en lasociedad misma, en una suerte degamonalismo del siglo XXI.

«Poner un límite a lapropiedad de la tierra es

lo menos eficiente»José Chlimper, empresario

agroexportador

«El problema que quieren resolver nose resuelve limitando la extensión dela propiedad. Lo que hay que regulares el abuso de la posición de domi-nio, como está regulado en una seriede otras actividades. Si somos el prin-cipal empleador del valle, el principalusuario del agua, el principal compra-dor de un producto agrícola, enton-ces tenemos que hay una posiciónde dominio —y este es un tema quees necesario tratar—. Pero la posi-ción de dominio es relativa al tamañodel valle y de la zona. ¿Qué pasa si enun valle de 14 mil hectáreas alguientiene 12 mil? Ahí hay posición dedominio, pero estamos bien lejos delas 40 mil. Por eso estoy en contra de que se ponga un límite a la propiedad de latierra, pues me parece lo menos eficiente. Primero, porque legitima, en el caso deeste proyecto de ley, el latifundio de 39 mil hectáreas, sin decir nada sobre eleventual abuso de posición de dominio; y segundo, porque elimina la posibilidadde contar con unidades productivas mayores, que sí se podrían necesitar, porejemplo, para biocombustibles en zonas desérticas de la costa peruana donde hayexceso de agua. Si lo que queremos es regular el abuso de posición de domino,entonces el Estado debe intervenir, no sé si Indecopi o una nueva organización,pero este es un tema que ya está normado en el Perú y quizá no abarca estas áreas.Entonces, hay que hacer que las abarque».

neoliberales y los profesionales de esa mis-ma orientación. Más aún, hay un debateinternacional sobre si la agricultura fami-liar —que no debe confundirse con el mi-nifundio— es más eficiente que las exten-sas empresas agrícolas, y lo es en muchosrespectos, incluidos los ambientales, la crea-ción de empleo y la seguridad alimentaria—tres criterios que precisamente definenla calidad del tipo de desarrollo—. En elPerú, por añadidura, las políticas públicasson claramente pro gran empresa; y la pe-queña empresa, particularmente la rural,está claramente marginada del acceso arecursos que podrían mejorar notablemen-te su desempeño.

Hace ya cerca de cincuenta años, unacomisión para la reforma agraria y la vi-vienda, creada por el gobierno de ManuelPrado y conformada por hacendados pro-gresistas para la época, consideró que enla costa los predios no deberían exceder

José Chlimper

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las 250 hectáreas. Que si bien era posibledeterminar, luego de estudios largos y cos-tosos, una «magnitud económica óptima»,ello no era suficiente, pues «existen otrosfactores políticos y sociales, de no menorimportancia, que pueden conducir a unamagnitud máxima diferente de la óptimaeconómica»6. Luego de analizar múltiplesestudios y opiniones, incluyendo los deotros países, la Comisión fijó las siguien-tes magnitudes máximas permisibles: 250hectáreas de terreno de cultivo de riego enla costa, 250 hectáreas de terreno de culti-vo de secano en la sierra y 1,000 hectáreasde cultivo de secano en la selva.

Los parlamentarios que han propuestoel «límite máximo» de 40,000 hectáreas ha-rían bien en ilustrarse sobre el tema. El pre-sidente de la Confiep, por su lado, ha de-clarado que este tema de los límites a lapropiedad es un tema del pasado, y quehay que mirar hacia adelante, no haciaatrás. Resulta que, precisamente, es untema de gran actualidad, pues la concen-tración de la propiedad de la tierra estáocurriendo a una escala global, para pre-ocupación tanto de la FAO como de revis-tas prestigiosas internacionales como Bu-siness Week y The Economist.

La nueva concentración dela propiedad

¿Cuán avanzado está el actual procesode concentración de la propiedad de la tie-rra? El último censo agropecuario data de1994, justo al inicio del proceso; por lo tan-to, no existen cifras detalladas sobre elavance de este proceso. Sin embargo, yaen LRA de octubre de 2007 se llamaba laatención sobre lo que estaba ocurriendo.Se señalaron varios caminos paralelos quellevaban a la concentración, entre ellos: laampliación de la frontera agrícola en la cos-ta; la concentración de la propiedad vía elmercado de tierras; la conversión de lascooperativas agrarias azucareras en empre-sas privadas; los denuncios y concesio-nes a las industrias extractivas; y la pro-ducción de biocombustibles.

Ampliación de la fronteraagrícola en la costa

Hasta antes de la década de 1990, unaparte importante de las nuevas tierras ga-nadas al desierto, gracias a grandes inver-siones en obras de irrigación realizadas con

A partir de la década de los 90 empieza a emerger en el campo peruano, en formacada vez más nítida, un nuevo actor: la gran propiedad agroindustrial. Adquiriendopropiedades por diversas vías, pero principalmente por adjudicación de tierras eria-zas por el Estado, compra de acciones en empresas azucareras y adquisición degrandes parcelas en las subastas públicas de proyectos de irrigación, un grupo deempresas y grupos económicos viene acumulando grandes cantidades de tierras.Este mapa —que no pretende ser exhaustivo, sino que se basa en la información disper-sa y poco sistematizada que caracteriza a este dinámico fenómeno— da cuenta de loavanzado que se encuentra el proceso. (El mapa no registra la concentración de tierra enindustrias extractivas como la minería, petróleo o madera.) Alrededor de un cuarto demillón de hectáreas ya se encuentran en manos de un puñado de estas empresas agroin-dustriales. Como puede observarse, este proceso se viene dando con mayor fuerzaen los departamentos de la costa norte y centro-sur. Destaca La Libertad, que, concerca de 100,000 hectáreas en manos de 13 propietarios, presenta un nivel de concen-tración de tierras muy elevado, resultado de la doble presencia de Chavimochic yvarios de los complejos azucareros más importantes. La presencia de San Martín sedebe básicamente a las plantaciones de palma aceitera del Grupo Romero.

EL NUEVO MAPA DELA GRAN PROPIEDAD RURAL



dineros públicos, eran transferidas, bajodiferentes modalidades, a la mediana y pe-queña propiedad, siendo ejemplo de ello lacolonización de San Lorenzo, en Piura, y lairrigación de Majes, en Arequipa. Esta op-ción expresaba de algún modo una estra-tegia de permitir el acceso de esos secto-res a un recurso natural de la nación —latierra—, puesto en valor gracias a la inver-sión pública.

Con Fujimori el criterio cambió, pues elacceso a los recursos naturales de la na-ción fue limitándose cada vez más a losgrandes inversionistas, llegándose a losextremos en el actual gobierno de AlanGarcía. Las grandes irrigaciones empeza-ron a ser realizadas explícitamente para quelas nuevas tierras fuesen vendidas a agen-tes económicos con importantes recursosde inversión y fuesen dedicadas a culti-vos de exportación de alto valor. Los tér-minos de acceso a estas nuevas tierras hansido, por tanto, excluyentes de los peque-ños, y aun de los medianos agricultores.Más de las tres cuartas partes de la fronte-ra agrícola ampliada con aguas del río San-ta por uno de los principales proyectos deirrigación del país, Chavimochic (que in-cluye la ampliación de los valles de Chao,Virú, Moche y Chicama, todos en el depar-

tamento de La Libertad), fueron adquiri-das por solo once inversionistas (ver cua-dro).

Varias de estas mismas empresas hanexpresado su interés de ampliar sus inver-siones en las nuevas tierras que serían

ganadas al desierto —casi 40,000 hectá-reas— gracias al próximo gran proyectode irrigación, Olmos, en Lambayeque. Ade-más de los valles de Chao y Virú, Campo-sol (el mayor inversionista de Chavimochic)tiene ya una importante presencia en Piura

Ampliación frontera agrícola Proyecto Chavimochic(1994-2006)

Empresa Área bruta (ha) %

Camposol S.A. 9179.52 20.9

Compañía Minera San Simón S.A. 6185.02 14.1

El Rocío S.A. 4901.17 11.2

Empresa Agroindustrial Laredo 3789.69 8.6

Rego Corporation 3778.36 8.6

Green Peru S.A. 1659.61 3.8

Danper Trujillo S.A. 1640.04 3.7

Morava S.A. 1622.07 3.7

Sociedad Agrícola Virú S.A. 1502.89 3.4

Ugás de la Torre Ugarte Manuel 1347.38 3.1

Cefer Agrícola Chavimochic 1304.23 3.0

Subtotal 36909.98 84.1

TOTAL área del proyecto 43870.28 100.0Fuente: Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GEPIP)

Más de las tres cuartas partes de Chavimochic, uno de los principales proyectos de irrigación del país, que incluye la ampliación de los valles de Chao,Virú, Moche y Chicama, todos en el departamento de La Libertad, fueron adquiridas por solo once inversionistas.

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y Barranca, sumando en total 15,500 hec-táreas propias. Tal como lo han manifesta-do públicamente, para las autoridades re-gionales de Lambayeque, Chavimochic esel modelo que se debe seguir. El presiden-te García ha ido más allá: para él, la nuevaetapa de la irrigación del Chira-Piura, Ti-najones, San Lorenzo, Jequetepeque-Zaña,Chavimochic y Chinecas deberían unirseen un solo gran proyecto ordenado de agro-exportación77.

Mercado de tierrasComo ya se mencionó, la legislación que

permitió la apertura del mercado de tierrasfue dándose pausadamente durante la dé-cada de 1980, para alcanzar un punto cul-minante con la llamada Ley de Tierras, de1995. Pero a pesar de tener una vigencia demás de catorce años, no parece que el mer-cado de tierras sea el principal mecanismodel actual proceso de concentración de lapropiedad. En efecto, la proliferación depequeñas propiedades y, con frecuencia,la falta de saneamiento legal de los dere-chos de propiedad, puede desestimular alos inversionistas, quienes tienen de to-dos modos la posibilidad de acceder a tie-rras no ocupadas previamente, como se hamostrado líneas arriba.

Ica ha sido uno de los valles en los queel proceso de compraventa de tierras hasido más activo. Si la escasez de agua nofuese un grave problema —aparentemen-te agudizado por las nuevas empresasagroexportadoras—, posiblemente estastransferencias hubieran sido mayores. Enel valle de Piura también se ha generadoun mercado de tierras relativamente acti-vo, siendo pequeños agricultores los queconstituyen el grueso de los vendedores(ver en esta página y la siguiente los cua-

dros respectivos, en donde se muestranalgunos de los principales compradores enambos valles).

Según el Censo de Productores de Es-párragos de 2005 (una de nuestras pocasfuentes de información comprehensiva,pues no existen censos similares para otroscultivos de exportación), existen 47 empre-

sas, cada una de las cualesdedica en promedio 280hectáreas a este cultivo.Como no todas son mono-productoras, sino que tam-bién dedican sus tierras aotros productos, la exten-sión total de muchas desus propiedades superalargamente ese promedio.La mayoría de estas opera-ciones se encuentra en va-lles de los departamentosde Ica y La Libertad.

Las grandes irrigaciones empeza-ron a ser realizadas explícitamentepara que las nuevas tierras fue-sen vendidas a agentes económi-cos con importantes recursos deinversión y fuesen dedicadas a cul-tivos de exportación de alto valor,resultando, por tanto, excluyentesde los pequeños y, aun, de los me-dianos agricultores.

«Ni una hectárea más allatifundio»

Andrés Luna, dirigente agrario,comunero de la comunidad

campesina Miramar Vichayal,Piura, y ex congresista.

«No concibo al latifundio como salidadel agro, de la sociedad rural. Primero,porque las rentas de este negocio nose quedan en la región; y segundo,porque no quiero que este tipo de ac-tores, ese poder influyente que gozade las rentas y destruye las condicio-nes de sostenibilidad, predomine aquí,en el país. En mi comunidad hay unapetrolera que tiene 13,500 hectáreasbajo, lo que se llama, una servidumbrede ocupación, que significa cesión dederechos de uso total, al punto de quepara poder transitar por aquí, que haycarretera a Talara, tienes que pedir per-miso al guardia que ponen allí; no haytránsito libre. La comunidad ha arren-dado más de la tercera parte de su territorio y, a cambio, recibe miserias. Estos sonlos nuevos actores que hay en el mundo rural, que vienen a hacerse dueños denuestros recursos. Ahora, quien quiera decir que el negocio agrario está condicio-nado a la existencia de una gran propiedad está equivocado. En el valle de Chira, elmodelo que desarrollaron los plataneros es a punta de asociaciones de propietariosde media hectárea, dos hectáreas, tres. Su producción está dedicada al mercadoexterno y compiten con una corporación mundial como la Dole, que está en elmismo valle. Ahorita, sin embargo, yo no podría proponer un número máximo dehectáreas para una propiedad rural. Pero mi propuesta es: ni una hectárea más allatifundio, ni un metro cúbico más de agua. Sobre esa base, conversemos».

Valle de Ica. Adquisición de tierras por compra

Empresas Área (ha)

Agroindustrias AIB S.A. 3,200

Sociedad Agrícola Agrokasa 2,906

Icatom 1,000

IQF del Perú S.A. 912

Complejo Agrícola Beta 607

Agrícola Chapi S.A. 590

Agrícola Athos 500Fuente: Giannina Pastor, «Valle de Ica. Informe de trabajo de campo», CEPES.

Andrés Luna



En general, la información sobre estastransferencias de tierra no es fácilmente ac-cesible, entre otras razones porque sonmúltiples operaciones con pequeños pro-pietarios. Pero algunas de las compras co-nocidas son las efectuadas por el GrupoRomero, de tierras de la antigua cooperati-va Huando, en Huaral (alrededor de 500hectáreas); por Camposol en Piura y Barran-ca; y por Complejo Agrícola Beta en Chicla-yo (1,200 hectáreas) y Piura (200 hectáreas).

Al amparo de algunos decretos legisla-tivos dados en junio de 2008, las tierraseriazas de algunas comunidades campe-sinas que no tenían títulos de propiedadhan sido virtualmente confiscadas por elEstado y puestas en subasta para su com-pra por inversionistas. Ese es el caso delas comunidades campesinas de SantaLucía de Ferreñafe y Olmos, ambas enLambayeque.

Privatización de las cooperativasazucareras

Los complejos agroindustriales de lacosta fueron expropiados por la ReformaAgraria y adjudicados a doce cooperati-vas, con un total de 128 mil hectáreas y27,783 beneficiarios, entre técnicos, em-pleados y obreros de campo8. Por dife-rentes razones —entre ellas una inade-cuada gestión y una crisis económica quese extendió en el Perú entre 1975 y losprimeros años de la década de 1990—, losresultados económicos de las cooperati-vas fueron deficientes y éstas acumula-ron grandes deudas con el Estado. El pre-sidente Fujimori resolvió capitalizar lasdeudas, lo que le permitió convertir al Es-tado en copropietario y luego vender lasacciones a inversionistas privados. En un

Valle de Piura.Adquisición de tierras por

compra

Compradores Área (ha)

Grupo Saturno 1000

Alberto Caparó 4300

Camposol 3000

Grupo Romero 2000

Acuícola R. Mustafá 1500Fuente: Andrés Luna Vargas, «El proceso de concentra-ción del control sobre la tierra. Caso Piura». Mecanogra-

fiado. 2008.

En los últimos años el gobierno peruano ha alentado las inversiones privadas en biocombustibles. En enerode este año, Carlos Leyton, ministro de Agricultura, indicó que en 2009 estas inversiones no bajarían de 300a 400 millones de dólares en la costa y en la selva. En la foto, plantación de palma aceitera.

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Empresas azucareras agroindustriales

Empresa Ubicación y año Accionista mayoritario Área (ha)

Empresa Agroindustrial Tumán Lambayeque 2007 Grupo Oviedo 11,800

Empresa Agroindustrial Pomalca S.A. Lambayeque 2004 Grupo Oviedo 10,000

Industrial Pucalá S.A. Lambayeque 2008 Grupo Huancaruna 6,500

Complejo Agroindustrial Cartavio La Libertad (Ascope) 2007 Grupo Gloria 11,000

Empresa Agroindustrial Casa Grande La Libertad (Ascope) 2006 Grupo Gloria 29,383

Empresa Agroindustrial Chiquitoy S.A. La Libertad2006 Grupo Gloria 3,200

Empresa Agroindustrial Sintuco S.A. La Libertad 2007 Grupo Gloria 1,414

Empresa Agoindustrial Laredo S.A. La Libertad (Virú) 1999 Grupo Manuelita (colombiano) 9,100

Agroindustrias San Jacinto S.A. Ancash (valle del Santa) 1996 Grupo Picasso 16,000

Agroindustrial Paramonga Lima (Barranca) 1997 Grupo Wong 10,000

Industrial Andahuasi Lima (Huacho) Cooperativa Andahuasi / Grupo Wong 7,200

Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. Arequipa (valle Tambo) Grupo Michell (43.48%) 1,200

Total 116,797Fuente: Ministerio de Agricultura, Fernando Cillóniz, Semana Económica; tomado de El Comercio, 17 de mayo 2009, pág. A18 (salvo la información del Grupo Gloria). La información del

Grupo Gloria en http://www.grupogloria.com/

Al amparo de algunos decretos le-gislativos dados en junio de 2008,las tierras eriazas de algunas co-munidades campesinas que no te-nían títulos de propiedad han sidovirtualmente confiscadas por elEstado y puestas en subasta parasu compra por inversionistas.

proceso largo, engorroso y con frecuen-cia poco transparente, las cooperativas,obligadas a transformarse en sociedadesmercantiles, terminaron pasando la mayo-ría de sus acciones a inversionistas pri-vados.

Producción deagrocombustibles

En años recientes se desató entre losinversionistas a nivel mundial un verdade-ro entusiasmo por las perspectivas econó-micas de los agrocombustibles. La obliga-ción de sustituir progresivamente com-bustibles fósiles (petróleo y derivados) porotros de fuentes renovables, sobre todoen Estados Unidos y la Unión Europea,sumada a la imposibilidad de que ellos lle-gasen a ser autosuficientes en su abaste-cimiento, llevó a los inversionistas a inte-resarse en las potencialidades productivasen otros lugares del mundo, sobre todo enlos países en desarrollo.

En el Perú, el gobierno —imitando a lospaíses desarrollados— aprobó una legis-lación en el mismo sentido, que ya estávigente, y alentó entusiastamente estasinversiones9. En la actualidad, las más im-portantes iniciativas para la producciónde etanol se ubican en el valle del río Chi-ra, en el departamento de Piura. La empre-sa de capitales norteamericanos, Maple,

adquirió del Gobierno Regional de Piuramás de 10,000 hectáreas de tierras eriazas,con derecho a agua, para la siembra decaña de azúcar y producción de etanol.La empresa informa que el área total queposee en el departamento es de 11,975hectáreas, lo que sugiere que Maple haido adquiriendo más tierras vía compra alos productores agrarios locales. El Gru-

po Romero —cuyos intereses económi-cos están vinculados a Piura por variasgeneraciones— adquirió, por su lado, másde 3 mil hectáreas en el mismo valle, tam-bién con el mismo propósito, constituyen-do la empresa Caña Brava. Más adelanteaumentaría esta extensión a más de 8 milhectáreas, y proyecta ampliarla a 10, 000hectáreas.

El Grupo Romero también tiene impor-tantes extensiones de tierras en la selvaalta, con cultivos de palma aceitera desti-nados en su mayor parte a la producciónde aceites para consumo humano, perocrecientemente orientados a la producciónde biodiesel. El proyecto Shanusi, en lafrontera de Loreto con San Martín, te-nía sembradas 8,000 hectáreas de pal-mas en el segundo semestre de 200810.En el mismo periodo, Palma del Espino(en Tocache, San Martín) tenía 12,000hectáreas de palmas sembradas (7,500hectáreas en producción)11, con unaproyección de 15,000 hectáreas para elaño 2012.

En el último año, sin embargo, estos en-tusiasmos se han enfriado un tanto, puesel precio del petróleo se redujo (y con ellolas expectativas de ganancias con com-bustibles alternativos), la economía entróen crisis y las supuestas ventajas ambien-tales de los agrocombustibles (etanol y


biodiesel) probaron ser bastante menoresque las esperadas. No obstante, el minis-tro de Agricultura, Carlos Leyton, declaróen enero que en este año las inversionesprivadas en biocombustibles en la costa yla selva no bajarían de 300 millones a 400millones de dólares.

Concesiones minerasLos derechos mineros han aumenta-

do de tal forma que, en siete años, elárea sobre el cual se ejercen ha sido másque duplicada (ver gráfico), alcanzandoa mediados de 2008 una superficie de16.3 millones de hectáreas, equivalen-tes al 12.8% del territorio nacional. Ellono significa que las empresas mineras


controlen directamente todo este territo-rio —que comprenden tanto las áreas enexploración como en explotación—, perosí constituye un factor que compite po-tencialmente con los derechos de laspoblaciones comprendidas en ellas, mu-chas de ellas comunidades campesinas.El temor a la vulneración de los dere-chos de propiedad de la tierra —y delagua que las irriga— de estas poblacio-nes tiene sustento en la historia lejanay cercana y, más recientemente, en elabierto sesgo pro minero del Estado,expresado en una legislación que debi-lita los derechos de los campesinos y

Fuente: CooperAcción

Debido a las grandes deudas que acumularon con el Estado, las cooperativas azucareras fueron obligadas a transformarse en sociedades mercantiles yterminaron pasando una mayoría de sus acciones a inversionistas privados.

Derechos mineros en el Perú

Porcentaje del territorio Departamento departamental

Mas del 40% La Libertad

De 30 a 40% Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Lima, Callao,Áncash, Moquegua

De 20 a 30% Tacna, Arequipa, Ayacucho, Junín

De 10 a 20% Piura, Puno, Lambayeque, Pasco, Cusco, Huánuco,

Menos de 10% Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Tumbes,Ucayali, Loreto

Fuente INGEMMET Junio 2008. En CooperAcción, «Evolución de los derechos Mineros en el Perú», presentación enPower Point. Actualizado al 3 de junio 2008.

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Las grandes propiedades que han emergido como actoresprincipales en el actual proceso de concentración de la tierrason, casi todas, monocultivos. Sea que su cultivo de prefe-rencia es el espárrago, la caña de azúcar o la palma aceitera, lamayoría de estas operaciones agrícolas se caracteriza por es-pecializarse en un puñado muy reducido de productos. ¿Cuá-les son los impactos ambientales de esto? «En términos am-bientales, la simplificación excesiva del ecosistema tiene im-pactos en el suelo, el agua, la regulación de plagas y en elmicroclima local», sostiene Roberto Ugas, agrónomo del Pro-grama de Hortalizas de la Universidad Nacional Agraria LaMolina (UNALM). Cien pequeños agricultores cultivando unadiversidad de productos no van a tener el mismo impactoambiental que si todo ese espacio estuviese sembrado solocon caña de azúcar. El agua, por ejemplo, se va a usar en forma

más eficiente porque se combinan cultivos de distinta arqui-tectura, diferentes necesidades. «La productividad unitariadel cultivo es menor en la pequeña producción, sin duda,pero la producción biológica combinada en un sistema diver-sificado es mayor. Es teoría ecológica básica», sostiene Ugas.En cuanto al control de plagas, otra regla ecológica básicadice que a mayor diversidad vegetal hay mayor diversidadanimal y de insectos. Entonces, explica el agrónomo de laUNALM, «si en un valle pequeño alguien llega y siembra tresmil hectáreas de la misma cosa, entonces yo sé que en esevalle voy a tener una reducción enorme del control biológico.Pero esto va a depender de dónde se cultive», observa Ugas.«Yo tendría dificultades en condenar a mucha de la gran agri-cultura que se está desarrollando en el desierto, porque estees un ecosistema mucho más simple».

GRAN PROPIEDAD, GRAN IMPACTO

poblaciones nativas. Es cierto, además,que los impactos económicos, ambien-tales y sociales de las explotacionesmineras van mucho más allá de las áreasconcesionadas o adquiridas en propie-dad por ellas, como lo es también el he-cho de que suelen ejercer una gran in-fluencia sobre las autoridades locales yregionales, que distorsionan el objeti-

vo democratizador que la descentraliza-ción del Estado debería plasmar.

Contratos petroleros enla Amazonía

Los contratos petroleros son muy im-portantes, sobre todo en la región amazó-nica, pues cubren extensas áreas —44millones de hectáreas en diciembre de

2007—, ricas en recursos naturales, perode frágil ecología. Las cuencas del Mara-ñón y del Ucayali son las que tienen másáreas bajo contrato, participando con el56% y el 23% del total, respectivamente.Entre ellas está Maple, empresa ya men-cionada, que planea producir etanol a par-tir de la caña de azúcar en sus plantacio-nes del valle del Chira.



Con frecuencia, estos contratos sesuperponen a los derechos territorialesde poblaciones nativas que los ocupanancestralmente, y la exploración y ex-plotación son realizadas muchas vecessin consulta alguna. Además de la de-forestación, las explotaciones petrole-ras contaminan los ríos y afectan nega-tivamente la calidad de vida de los po-bladores.

En varias ocasiones estas poblacionesse han movilizado contra la violación desus derechos sobre el territorio que ocu-

El boom de la agroindustria en el país, en regiones como Ica, también generó la compra de tierras de gran extensión para el cultivo de espárragoentre otros.

Concesiones forestalesMarzo 2007

Departamento Área (ha)

Ucayali 2,943,061

San Martín 497,793

M. de Dios 1,278,402

Huánuco 288,374

Loreto 2,676,528

Total 7,684,158Fuente: INRENA, marzo 2007. Instituto del Bien Común

Elaboración: CEPES

Principales empresaspetroleras en la Amazonía

peruanaDiciembre 2007

Empresa Área (ha) %

Petrobras 5,634,268 12.8Petroperu*

Petrobras 3,189,562 7.2

Burlington 3,373,066 7.7

Repsol 3,278,227 7.4

Occidental 3,003,700 6.8

Hess 2,923,482 6.6

Sapet 2,743,299 6.2

Pluspetrol 2,368,323 5.4

Pacific 1,881,287 4.3

Hunt Oil 1,870,863 4.2

Pan Andean 1,761,160 4.0

Maple 212,049 0.5

Subtotal 32,239,286 73.2

Total 44,037,824 100.0Fuente: Instituto del Bien Común - SICNA.

Elaboración: CEPES. * En convenio

REGANDO EL DESIERTO. Una pe-culiaridad de las propiedades de granextensión que han surgido en la últi-ma década y media es que se ha desa-rrollado, en gran medida, sobre áreasno ocupadas: tierras eriazas. La agri-cultura que se hace sobre estas áreaspone de relieve la importancia crucialdel agua como factor de producciónen la costa peruana, al punto que elvalor de muchas tierras eriazas radicamás en el derecho al agua que vienecon ella, que en la tierra misma. Al-gunos dirigentes agrarios ya se em-piezan a referir a esta realidad comoel «latifundio del agua».

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La mina,arriba; laciudad, abajoLa minería suele tener unimpacto local —económi-co, social, político o am-biental— que va muchomás allá de las tierras queexplota. En pocos lugareses esto tan evidente comoen el caso de Yanacocha,la mina de oro más grandede Sudamérica, vecina deCajamarca, la capital del de-partamento del mismo nom-bre. Para bien o para mal,es innegable que Yanaco-cha ha tenido un enormeimpacto en las decenas decomunidades campesinasde su entorno, en los pre-cios de la ciudad de Caja-marca (desde alimentoshasta inmuebles), en lapráctica de las costumbrestradicionales, en el merca-do laboral, etc. Una granoperación minera tiene elpotencial de trastocarlotodo en el ámbito local. Perocomo el Perú carece de unazonificación territorial, laactividad minera puededarse en cualquier lugar delpaís, con la sola excepciónde zonas urbanas y áreasprotegidas. De hecho, másde la tercera parte de algu-nos departamentos estábajo concesiones mineras:es el caso de La Libertad,Cajamarca, Apurímac,Huancavelica, Lima y Án-cash. La minería podría de-sarrollarse en dichas zonasen cualquier momento, conel consiguiente impacto sobre las formas de vida de la gente que actualmente viveen esos territorios.


pan, protestas que han alcanzado nivelesinéditos al manifestarse por la derogato-ria de los decretos legislativos del primersemestre de 2008.

Concesiones forestalesFinalmente, las áreas concesionadas

para explotaciones forestales son tambiénmuy significativas, pues superan las 7.6millones de hectáreas. Estas cifras adquie-ren su real magnitud al sumar las áreas delos contratos petroleros y de las concesio-nes mineras, y llegan a representar aproxi-madamente el 70 % del área total de la Ama-zonía en el país.

Notas1 La hacienda más grande de la costa perua-na en los tiempos previos a la reforma agra-ria de 1969 era la legendaria Casa Grande,cuyo sector costeño se extendía sobre alre-dedor de 29 mil hectáreas.2 ICIRA, El hombre y la tierra en AméricaLatina. Estudio realizado por el Comité In-teramericano de Desarrollo Agrícola.3 Sobre este proceso, ver Fernando Eguren, «Laspolíticas agrarias en la última década: una eva-luación». En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (edi-tores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIAX. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la web,en www.sepia.org.pe.4 Publicado en El Comercio el 28 de octubredel año 2007.5 Lo de exitoso tiene que pasar la prueba deltiempo. Hace años los propietarios de la em-presa norteamericana de automóviles Gene-ral Motors afirmaban con inocultable sober-bia: «lo que es bueno para la General Mo-tors es bueno para los Estados Unidos». Hoy,la GM está al borde de la quiebra.6 «La reforma agraria en el Perú». Docu-mentos I, pág. 64. Comisión para la Refor-ma Agraria y la Vivienda. Lima, s.f.7 Declaraciones recogidas en www.noticiastrujillo.com el 17 de febrero de 2007.8 Fuente: Dirección General de ReformaAgraria y Asentamiento Rural, Reforma agra-ria en cifras. Documento de trabajo No. 06-79. Lima, 1979, mimeo. En: Matos y Mejía,La reforma agraria en el Perú. IEP, 1980, p.182.9 En 2001, el gobierno desarrolló el PlanNacional de Desarrollo de Palma Aceitera,que contemplaba que para los primeros diezaños se debían tener 50,000 hectáreas depalma. Según el gerente general de Palmasdel Espino, a mediados de 2008 había en elPerú 30,000 hectáreas sembradas de pal-mas y 17,000 en etapa productiva, y estimóque para atender la demanda actual de bio-diesel en el Perú serían suficientes 13,500hectáreas del cultivo. Según declaracionesdel jefe del Instituto Nacional de Recursos

Naturales (Inrena) en julio de 2008, la Ama-zonía peruana tiene un potencial de más deun millón de hectáreas con condiciones ap-tas para el cultivo de palma aceitera (fuen-te: www.mercadoenergia.com).10 Desde 2005, campesinos de la zona protestanporque consideran que parte de estas plantacio-

nes se han hecho sobre tierras que ellos ocupa-ban, algo que, según indican, el PETT se negó areconocer en su momento por presiones del Gru-po Romero (http://www.wrm.org.uy/boletin/109/opinion.html#_Peru).11 http://mercadoenergia.com/mercado/tag/biodiesel

Imagen satelital de la ciudad de Cajamarca (abajo) y lamina Yanacocha (arriba). Fuente: Google Earth.


Sin lugar a dudas, el sector agroindustriales el más próspero del agro peruano. Sustrabajadores y trabajadoras, sin embargo,laboran en pésimas condiciones gracias al«régimen laboral agrario», una figura legalcreada originalmente para favorecer a laagricultura deprimida. Ahora, el Congresode la República se ha planteado unadisyuntiva: modificar o eliminar este régi-men laboral. Lo que el Poder Legislativodecida con respecto a esta ley afectará lavida de miles de trabajadoras y trabajado-res que se ganan la vida en las empresasagroindustriales del país.

La norma legal que sustenta este régi-men laboral es la Ley 27360, «Ley queaprueba las normas de promoción del sec-tor agrario». Publicada hace ocho años, el30 de octubre de 2000, esta ley amplió lavigencia de las medidas de promoción delsector agrario hasta el año 20101, reiteró lavigencia de un régimen tributario para elsector agrario (consistente en menoresobligaciones fiscales), el régimen de se-guridad social con menos contri-buciones al sistema deaseguramiento

La imperiosa necesidad de un cambioSi hay alguien que no se ha beneficiado hasta ahora del boom agroexportador es el trabajador

agrario. El Congreso tiene ahora la oportunidad de acabar con esta injusta situación.Por Miguel Calisaya Arangoitia, sociólogo de la Asociación Aurora Vivar.

en salud y —en un acto a todas luces in-justificado— incorporó al exitoso sectoragroindustrial2 en el goce de todos los be-neficios para la promoción de la inversiónagraria. Más grave aún, quizá, fue que laley creó un régimen laboral con menoresobligaciones empresariales ante trabajado-ras3 y trabajadores. Así fue como el sectormás moderno, rentable y floreciente de laagricultura nacional empezó a beneficiarsede las ventajas promocionales originalmen-te otorgadas al sector menos dinámico ymás informal del agro peruano.

El trabajador subvencionaal empresario

El régimen laboral agrario establecido porla Ley 27360 es un régimen laboral discri-minatorio, pues disminuye los derechos delos trabajadores y las trabajadoras agra-rias e instaura remuneraciones que, en lapráctica, son inferiores a la remuneraciónmínima legal; (para una comparación de losderechos de los trabajadores agrarios con

los trabajadores pertenecien-tes al régimen general de la

actividad privada, ver el cuadro en la pági-na siguiente).

La Ley 27360 establece que la remunera-ción mínima agraria es de S/. 643.87 men-suales o S/.21.46 diarios. Agrega la ley queen estas remuneraciones están incluidasla CTS y las dos gratificaciones anuales.En la práctica, este sistema de remunera-ción licúa las gratificaciones y la CTS en laremuneración diaria, semanal o mensual, einstaura salarios inferiores a los que debe-ría ganar legalmente un trabajador o traba-jadora del sector agroexportador.

Para ver esto con claridad, supongamosque una trabajadora de una empresa agro-exportadora gane (en todo caso, deberíaganar como mínimo) la remuneración míni-ma vital (RMV) señalada en el régimen ge-neral de la actividad privada, es decir S/.550 mensuales. Si le agregamos lo que lecorrespondería mensualmente por CTS ylas dos gratificaciones anuales, esta traba-jadora debería recibir cuando menos S/.687.5 mensuales o S/. 22.92 diarios. Puesresulta que, gracias a la Ley 27360, estatrabajadora recibiría menos que la RMV: S/.43.63 menos al mes o S/.1.45 menos por

Trabajador de empresa agroexportadora, cosechando pimiento piquillo.

MAYO de 2009 21

día. En otras palabras, la ley determina paralos trabajadores del sector remuneracionesmenores a las que deberían recibir.

Si multiplicamos esos S/.43.63 mensua-les por los aproximadamente 150,000 tra-bajadores y trabajadoras que laboran parael sector agroexportador en todo el Perú,las empresas dejan de pagar, en conjunto,S/.6’544,500 por mes: S/.218,150 por día.Anualmente, esa suma asciende a S/.78’534,000. Es decir, gracias a la Ley 27360,los empresarios suman a las ganancias queobtienen por la alta rentabilidad de los pro-ductos de agroexportación peruanos, lossalarios que dejan de pagar a sus trabaja-dores.

Gracias a esta ley, cada trabajador agra-rio cede al empresario agroindustrial S/.529.25 al año. En otras palabras, la Ley27360 ha expropiado las remuneracionesde los trabajadores agrarios para benefi-ciar la rentabilidad empresarial. Con sussalarios, ellos están subvencionando lasagroexportaciones.

Este régimen no se aplica solamente a lostrabajadores temporales —los que podríanameritar un régimen laboral especial de estetipo—, sino también a los trabajadores querealizan labores permanentes y a los contra-tados por tiempo indefinido (trabajadoresestables), sean obreros o empleados. Así,una obrera que labora ininterrumpidamentedurante todo el año para un solo emplea-dor, o el planillero de la empresa que realizalabores de oficina durante todo el año, noconocen las gratificaciones de ley ni en ju-lio ni en diciembre, ni conocen lo que esrecibir el depósito de su CTS.

La disyuntiva del CongresoEl 27 de junio de 2006, como parte de

las medidas destinadas a establecer lascompensaciones a los sectores afecta-

dos por el TLC con Estados Unidos —¿el sector agroindustrial, perjudicado porel TLC? De Ripley—, el Congreso apro-bó la Ley 28810, «Ley que amplía la vi-gencia de la Ley 27360, Ley que apruebalas normas de promoción del sector agra-rio». ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de di-ciembre de 2021.

Estimamos que no existen causas obje-tivas para que uno de los sectores conmayor crecimiento de las exportaciones notradicionales, el sector agroindustrial, sesiga beneficiando de las medidas que sírequieren los sectores menos dinámicosdel agro, con menos tecnología, con me-nos tasas de capitalización y con muchomás dificultades que el exitoso sector de laagroindustria.

Como mencionábamos al inicio de esteartículo, el Congreso de la República haplanteado una disyuntiva: se modifica elrégimen laboral agrario4 o se le elimina5. Laprimera alternativa plantea modificar el ré-gimen laboral agrario en términos más fa-

vorables para las obreras y obreros quemueven la locomotora de la agro exporta-ción: calculando la remuneración agraria apartir de la remuneración mínima vital, equi-parando la duración de las vacaciones y laindemnización por despido arbitrario a losque están bajo el régimen de la actividadprivada, y reservando únicamente el régi-men actual a las trabajadoras y los trabaja-dores temporales.

El Congreso de la República puede per-manecer en la inacción y permitir que mi-les de trabajadores se sigan perjudicandocon el injusto régimen laboral agrario. Opuede actuar y evitar que las siguientesgeneraciones de trabajadores y trabaja-doras agrarios continúen laborando comociudadanos de segunda categoría, conderechos recortados y una vida marcadapor la violación de sus derechos huma-nos laborales.

Notas1 Entonces regía la Ley 26865, «Modifican elD.Leg. 885, Ley de Promoción del Sector Agra-rio», que establecía que el régimen de promo-ción agrario vencía el 31 de diciembre de 2006.Tanto esta ley como la Ley 27360 forman partede una serie de dispositivos que, desde 1996,han renovado el régimen temporal de promo-ción al sector agrario.2 La ley también hizo lo propio con la actividadavícola que utilice maíz amarillo duro nacio-nal.3 La fuerza laboral de la agroindustria está cons-tituida principalmente por mujeres.4 Proyecto de ley 2545/2007-CR, presentado porla congresista Gloria Ramos, de CompromisoDemocrático, a iniciativa de la Asociación Au-rora Vivar.5 Proyecto de Ley Nº 2406/2007-CR, presentadopor la congresista Marta Acosta Zárate, del Par-tido Nacionalista Peruano.

Beneficios del RégimenLaboral Agrario

Remuneración Mínima del Sector Agra-rio: S/.21.46 al día, S/.643.8 al mes.

CTS: No reciben (está incluida en la remu-neración diaria).

Gratificaciones legales: No reciben (in-cluida en la remuneración diaria).

Indemnización por despido arbitrario:Media remuneración por cada año de ser-vicios, con un tope de seis sueldos.

Quince días de descanso vacacional.

Beneficios del Régimen LaboralGeneral de la Actividad Privada

Remuneración Mínima Vital (RMV):S/.18.33 por dia, S/.550 al mes.

CTS: Una remuneración al año.

Gratificaciones legales: Dos remunera-ciones al año.

Indemnización por despido arbitrario:Una remuneración y media por cada año deservicios, con un tope de doce sueldos.

Treinta días de descanso vacacional.

Cuadro comparativo de beneficios, de acuerdo al régimen laboral

Solo en muy pocas empresas agroexportadoras, los trabajadores han logrado sindicalizarse.


VISIONES DEL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES.IMPACTOS DE TRES PROYECTOS DE DESARROLLOAGROPECUARIO EN LAS COMUNIDADES SURANDI-NAS DEL PERÚ DURANTE EL PERIODO DE VIOLEN-CIA INTERNA (1980-1995). Fabiola Yeckting Vilela.

Instituto Francés de Estudios Andi-nos (IFEA), Centro Bartolomé de lasCasas (CBC), Embajada de Francia,Servicios Educativos Rurales (SER).Lima, agosto 2008, 233 págs.En el libro, la autora se pregunta de dón-de provienen las visiones de desarrollo delos comuneros, cómo son puestas enpráctica en las comunidades del altiplanoy cuál es su aporte al ejercicio de la ciuda-danía, comparándolas con otras expues-tas en el debate actual en las cienciassociales. Muestra el proceso que siguie-ron tres proyectos de desarrollo agrope-cuario: PAMPA I, II y CECI Alpaca. Resumesus estrategias de intervención, plantea

las diferencias entre las ideas, los mecanismos y resultadosde la práctica del desarrollo entre los diferentes actores. Final-mente, reflexiona junto con los propios actores sobre sus ima-ginarios y percepciones del desarrollo, y propone un diálogoentre las diferentes visiones.

PUNTO DE ENCUENTRO. CREANDO UNA CULTURADE DIÁLOGO PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLIC-TOS EN EL PERÚ. Comisión Andina de Juristas. Lima,febrero 2009, 156 págs.Los conflictos sociales en el Perú se han multiplicado en losúltimos años. A su vez, la descentralización de funciones, respon-sabilidades y recursos ha motivado que los gobiernos regiona-les aparezcan como referentes en el ámbito local y regional de

las situaciones de conflicto. Forta-lecer la descentralización y la de-mocracia pasa por diseñar una es-trategia que evite que estos gobier-nos sean arrastrados por la diná-mica del conflicto. Por ello, la Co-misión Andina de Juristas (CAJ) hadesarrollado un proyecto que bus-ca la generación de unidades degestión y prevención de conflictos.Esta publicación recoge los talle-res realizados durante el proyecto.

CRISIS. ANÁLISIS Y PERS-PECTIVAS DE LA CRISISECONÓMICA MUNDIAL DESDE EL PERÚ. GermánAlarco (comp.). CENTRUM, Centro de Negocios y Gru-po Editorial Norma. Lima, abril 2009, 386 págs.Aunque todavía no se perciba el golpe en los bolsillos de lamayoría de peruanos, los indicadores económicos ya reflejanlos impactos de la crisis interna-cional en el Perú. La crisis, que lle-gó por contagio al mercado de va-lores, ya afectó a las exportacio-nes y al sistema bancario. De ahípasó a tener un impacto sobre lademanda, el producto, la inversiónprivada nacional y extranjera, elempleo, la distribución del ingre-so y los niveles de pobreza. En losdiferentes artículos que formanesta publicación se busca enten-der y discutir los posibles impac-tos, extraer enseñanzas y diseñarrespuestas colectivas.

ionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicaciones

Gobiernos regionalesA través del Acuerdo 044-2009-GRA/CR-AREQUIPA (6 de mayo) se aprueba elPlan Regional de Desarrollo Ganaderode Puno al 2015.

Mediante el Acuerdo 049-2009-GR.LAMB/CR (15 mayo) se declara deinterés la iniciativa privada denominada«Proyecto Irrigación Olmos».

Con la Ordenanza 050-2009-CR/GRC.CUSCO (22 de mayo) se declara deinterés público la protección y conservaciónambiental de las 18 áreas priorizadas parala conservación regional en Cusco: Cho-quequirao, corredor biológico Marcapata-Camanti, Ausangate, bosques de Polyle-pis de la Cordillera del Vilcanota, humedalLucre-Huarcapay, bosques de Polylepis dela Cordillera de Vilcabamba, rodales de

Puya Raimondii-Lares, Suyckutambo-Echoccollo, comunidad Villa Virgen, naciónQuero, Huachipaeri, reserva de Chuyapi, Pa-chatusan, Cuatro Lagunas-Pomacanchi,cañón del Apurímac-Pacaypata, Urusayhua,Lacco Yavero, y comunidad campesina Po-mancanchi (sector Pumawasi).

AgriculturaCon la R.Jef. 134-2009-AG-SENASA (5de mayo) se declara en estado de emer-gencia a las regiones de Tacna y Moque-gua por haberse detectado un brote demosca de la fruta en el sector Copare(Tacna) y en el sector Valle (Moquegua).

La R.D. 02-2009-AG-DGFFS (14 de mayo)aprueba el cupo nacional de exportaciónde madera de la especie caoba para el año2009, compuesto por 851 árboles.

PCMCon el D.S. 027-2009-PCM (9 de mayo)se declara el estado de emergencia endiversos distritos de Cusco, Ucayali, Lo-reto y Amazonas, en el marco de la de-nominada «Movilización por los PueblosAmazónicos».

Mediante el D.S. 031-2009-PCM (20 demayo) se crea la comisión multisectorial en-tre el Estado y representantes de Aidesep,que abordará la problemática de los pue-blos indígenas de la Amazonía peruana.

AmbienteA través del D.S. 010-2009-MINAM (16 demayo) se establece el área de conser-vación regional-comunal «TamshiyacuTahuayo», sobre una superficie de420,080.25 ha en Loreto.

Visite: www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm

Normas legales Normas legales Normas legales Normas legales

MAYO de 2009 23

Agricultura familiarConveagro reiteró su respaldo y adhesión a la campaña desplegadapor el Foro Rural Mundial a fin de lograr que la Organización de lasNaciones Unidas (ONU) declare un «Año internacional de la agricultu-ra familiar».

La campaña se sustenta en que «la agricultura familiar es muchomás que un modelo de economía agraria: es la base de la producciónsostenible de alimentos, de la gestión medioambiental del territorioy de su biodiversidad, fuente de importantes dimensiones culturalesde cada pueblo y, en definitiva, un pilar fundamental del desarrollointegral de las naciones».

Cabe indicar que se ha pedido la adhesión del gobierno peruano através del Ministerio de Agricultura.

Fortaleciendo los Conveagro regionales

Restitución de arancelesEn el marco de la unidad agraria, Conveagro y laJunta de Usuarios de Riego demandaron la restitu-ción de los aranceles aplicados a los productosagropecuarios, que fueron eliminados en marzo de2008 para evitar —según el Ministerio de Econo-mía— el incremento de los precios al consumidor yenfrentar la inflación generada por la crisis finan-ciera.La demanda fue enviada al Acuerdo Nacional, PCM,Minag y todas las bancadas parlamentarias, a la es-pera de una reacción en apoyo del agro nacional.

Solidaridad con la AmazoníaFederico León y León, presidente de Conveagro, expresó al presiden-te de Aidesep, Alberto Pizango, la solidaridad del agro peruano conlas comunidades amazónicas, en la visita que el dirigente indígenahizo a Conveagro. El congresista Roger Najar compartió el gesto.

Durante las cuatro reuniones descentralizadas en las que se convocóa dirigentes de los 17 Conveagro regionales en Chiclayo, Ayacucho,Lima y Puno, se coincidió en destacar como tarea prioritaria el forta-lecimiento del foro, con base en la capacidad propositiva de los gre-mios agrarios organizados. Para ello se acordó impulsar, de maneracolegiada y coordinada, acciones que generen espacios permanentesde diálogo interregional, enmarcados en los lineamientos de la polí-tica de Conveagro nacional.

Entre los temas de agenda están el establecimiento de coordi-nadoras regionales, la presencia en el Consejo Directivo, las mesas

de diálogo con los gobiernos regionales y la defensa de la produc-ción nacional. También figuran la formación de comités de gremiosagrarios regionales, el restablecimiento del autogravamen, la pre-sencia en los presupuestos participativos y el fomento de laasociatividad de pequeños productores para mejorar sucompetitividad.

Asimismo, se ha incluido la actualización de agendas agrarias, lapriorización de la inversión regional en el agro, el impulso del consu-mo interno y la garantía de la seguridad alimentaria, la titulación ycréditos oportunos.

Preda en el TCMediante una carta dirigida al Dr. Juan Vergara Gotelli, presidentedel Tribunal Constitucional (TC), y a todos los magistrados de eseorganismo, Conveagro ha solicitado la ratificación de la Ley 29264,Preda, y que se declare infundado el pedido de inconstitucionalidadplanteado por el Poder Ejecutivo.


El espejismo de losaranceles

La restitución de los aranceles es una demanda permanentede los gremios agrarios. Pero, ¿tendría esta medida la

efectividad que los productores esperan?

Una de las principales consecuencias delproceso de liberalización comercial que viveel país ha sido la eliminación total y acele-rada de los aranceles de los productos agra-rios. Debido a esto, el Estado se halla aho-ra tremendamente limitado en sus opcio-nes de política agraria (por ejemplo, ya nopuede establecer mecanismos de estabili-zación de precios o de protección en fron-tera del agro), y el agricultor nacional en-cuentra más desprotegido que nunca fren-te a la competencia subsidiada de los culti-vos procedentes de las grandes economías.

En este contexto, los gremios de pro-ductores agrarios demandan la restituciónde aranceles a los niveles de mayo de 2004.La pregunta que se busca responder enesta nota, es, en el contexto actual, ¿quétan efectiva sería esta medida con relaciónal mejoramiento del ingreso percibido porlos pequeños agricultores?

Uno de los pocos estudios realizadosen el Perú sobre los efectos de la desgra-vación en los precios pagados al pequeñoagricultor es el del economista Javier Es-cobal1. Tras analizar el mercado del trigo,Escobal concluye que la protección basa-da en el encarecimiento de los costos deimportación –por ejemplo, alza de arance-les— no garantiza una mejora sustancialde los precios internos que recibe el agri-cultor, ya que los factores determinantesde estos precios se encuentran en los sis-temas de comercialización internos. Enotras palabras, la existencia de mercadoscontrolados por un número reducido deempresas no permite que la protección víaaranceles no se traduzca necesariamenteen mejores precios pagados al pequeñoproductor. Así por ejemplo, en el caso deltrigo, Escobal afirma que «la evidencia es-

tadística y econométrica que aquí se pre-senta es contundente: mayor protecciónen frontera, vía mayor arancel o sobretasaa la importación de trigo y derivados, nosignifica, en ningún caso mayores preciosreales para el productor de supuestos sus-titutos en el consumo».

Esto no significa que los gremios agra-rios deben abandonar la bandera arancela-ria. Por el contrario, mientras los países ri-cos no dejen de exportarnos productosfuertemente subsidiados, este no dejará deser un reclamo legítimo de defensa de laproducción nacional. Por otra parte, la im-plementación de medidas arancelarias po-dría beneficiar a otros sectores de la socie-dad nacional, sobretodo en productos delos que importamos grandes cantidades,como lo demostró un reciente estudio deCepes para productos como el maíz amari-llo y el azúcar12.

Pero los aranceles solo tendrán plenaefectividad en un mercado libre de las dis-torsiones que hoy están tan extendidas enel agro nacional, y es por eso que, cuandose trata de enfrentar las distorsiones enlos precios internacionales, las propues-tas de los gremios agrarios deben ir másallá de medidas correctivas en frontera –como los aranceles— y deben priorizar la

definición de una política nacional que velepor la transparencia de los mercados, me-diante la consolidación de una entidad re-guladora efectiva. De igual manera, se hacenecesaria la definición de una política agra-ria que apoye, promueva y estimule la for-mación y consolidación de las organiza-ciones agrarias, fortaleciendo su institu-cionalidad y asociatividad en todas susformas, a fin de lograr economías de escalay acceso a distintos servicios y mercados.Esto permitirá que todos los eslabones –yno sólo los que se encuentran más arribaen la cadena— obtengan ventajas, evitán-dose la concentración de beneficios3.

Notas1 «Política comercial y competitividad de la in-dustria molinera nacional». Javier Escobal,2002. Sus recomendaciones apuntan a «elimi-nar los cuellos de botella de la comercializa-ción», que él considera el principal problemadel sector, en vez de recurrir a políticas de tipoarancelario.2 «Impacto de la Eliminación del Sistema Pe-ruano de Franja de Precios y Opciones de Polí-ticas para compensar sus efectos en el sectoragrario», Cepes, 2006. Concurso de Investiga-ción CIES 2004 (ACDI-IDRC).1 Para una revisión más completa, se sugiererevisar la Plataforma Agraria – Propuestas delos Gremios Agrarios Peruanos, CONVEAGRO,2004.

e junio. aÑo 10 n° 107 la revista agraria se distribuye...

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