Nº 07 - Junio 2013Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales
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Más importante que el número de conflictos es la capacidad del Estado para gestionarlos.
El gobierno la está forjando.
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ONDS
WillaqnikiInforme de diferencias, controversias y conflictos sociales
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - ONDSPresidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú - PCM
Juan Jiménez Mayor Presidente del Consejo de Ministros de la República del Perú
Vladimiro Huaroc Portocarrero Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS - PCM
José Reátegui Bardales, Asesor de la ONDS - PCM
Coordinación y análisis del informeIván Mendoza Villarreal, responsable de la Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM Rosa Pizarro Cabezas, Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM
Análisis y procesamiento de la informaciónJosé Luis Álvarez Ramos, responsable de la Unidad Técnica de Prevención de la ONDS - PCM Pamela Maldonado García, responsable de la Unidad de Prevención y Gestión del Diálogo de la ONDS - PCM
Diseño y diagramaciónMarko Capcha Solís
Séptima edición, 500 ejemplares.Impreso en GMC Digital SACCalle Elías Aguirre 126, Of. 704, Miraflores
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-08236
OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD – ONDS - PCM. Willaqniki N°07. Lima, junio 2013
Nº 07 - Junio 2013Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales
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AID Área de Influencia DirectaANA Autoridad Nacional del AguaDNTDT Dirección Nacional Técnica de Demarcación TerritorialEIA Estudio de Impacto Ambiental ESSALUD Seguro Social de SaludFONCODES Fondo de Compensación y desarrollo SocialIDH Índice de Desarrollo HumanoINEI Instituto nacional de Estadística e InformáticaMIDIS Ministerio de Inclusión SocialMINAM Ministerio del AmbienteMINEM Ministerio de Energía y MinasMINSA Ministerio de SaludMINTRA Ministerio de TrabajoOEA Organización de Estados Americanos OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización ambientalOGCS Oficina de Gestión de Conflictos SocialesONAGI Oficina Nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior ONDS Oficina Nacional de Diálogo y SostenibilidadONG Organismo No GubernamentalPART Programa de Alerta y Respuesta TempranaPCM Presidencia del Consejo de MinistrosPEA Población Económicamente ActivaPNUD Programa de Naciones Unidas para el DesarrolloPRONAA Programa Nacional de Apoyo AlimentarioPUCP Pontificia Universidad Católica del Perú RRCC Relaciones ComunitariasRSE Responsabilidad Social EmpresarialSEIA Sistema Nacional de Evaluación AmbientalUNSCH Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Lista de Acrónimos
Índice
Presentación
El Estado y la conflictividad social en el Perú: enfoques, experiencias y desafíos
Entrevistas:Antonio Araníbar: La conflictividad social en América LatinaAnthony Bebbington: Los retos de la gestión de conflictos sociales en el Perú
Síntesis del Curso Internacional de Gestión Pública y Conflictos Sociales en América Latina: Enfoques, Institucionalidades y Experiencias
Panorama social de la conflictividad:La gestión del diálogo en el mes de mayoAvances en la prevención de conflictos
Algunos casos emblemáticos del mes
ANEXOS ANEXO N°1: Funciones de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ANEXO N°2: Las fuentes del estudio ANEXO N°3: Glosario de términos ANEXO N°4: Programa del Curso Internacional ANEXO N°5: Matriz de casos en Gestión ANEXO N°6: Matriz de casos en Prevención
Presentación
Juan Jiménez MayorPresidente del Consejo de Ministros
El informe Willaqniki llega a su séptima entrega, presentando en esta ocasión las conclusiones del curso internacional “Gestión pública y conflictos sociales: enfoques institucionalidades y experiencias” que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad organizó entre el 20 y 22 de mayo pasado, en alianza con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo público internacional de carácter intergubernamental, con sede en Caracas, y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
El evento contó con la participación de funcionarios públicos de 12 países latinoamericanos y 37 funcionarios peruanos de nivel de gobierno central y regional, que animaron interesantes intercambios y debates sobre las experiencias en la gestión de conflictos de los distintos Estados a los que representaban.
El informe incluye, en primer lugar, la conferencia del Alto Comisionado de la ONDS, "El Estado y la conflictividad social en el Perú actual: enfoques, experiencias y desafíos”, que presenta una visión general de la problemática desde la óptica estatal.
El informe incluye también dos entrevistas: la primera al sr. Antonio Araníbar, experto boliviano en conflictos, quien tuvo a su cargo la conferencia inaugural del evento, en la cual brindó un panorama general de la conflictividad social en la región. El segundo entrevistado es el Dr. Anthony Bebbington, quien hizo una conferencia magistral en torno a la conflictividad socioambiental. Como se comprobará al leerlos, ambos profesionales nos entregan un conjunto de ideas de sumo interés para quienes se hallan comprometidos con la gestión del diálogo y los conflictos sociales.
Por último, Willaqniki N° 7 da a conocer su ya habitual análisis del panorama mensual de los conflictos sociales tratados desde la ONDS-PCM, así como también de los casos en prevención.
Finalmente, la ONDS-PCM considera que la organización del evento que se informa en este número es un importante hito en la reflexión del conflicto desde una perspectiva comparativa, la misma que enriquece el análisis y el debate en torno a la materia, algo que constituye un destacable logro en estos 10 meses de trabajo.
DiálogoRepresentantes y comuneros se expresan tras la entrega simbólica de la Resolución Minis-terial N° 121-2013 por parte de la ONDS - PCM, con la cual se conforma la Mesa de Trabajo para el Desarrollo del Distrito de Corani, Provincia de Carabaya en la Región Puno.15/05/13
Foto archivo ONDS - PCM
Enfoques, experiencias y desafíos:
El Estado y la conflictividad socialen el Perú actual
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Estudios recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han permitido conocer estas variantes, mostrándonos al Perú, Bolivia y Argentina como los países con mayor incidencia de conflictos en América Latina (superior a los 200, entre 2009 y 2010), y que sin embargo, al menos en el caso peruano, no suelen ser normalmente los más violentos y radicales¹. Junto a ello, estas investigaciones han puesto en evidencia algunas características comunes en toda la región: la debilidad institucional del Estado, también con variantes, la desigualdad social, la fragmentación de los movimientos y protestas sociales, entre otros.
Las respuestas de los estados latinoamericanos al desafío de la conflictividad no han sido desde luego similares; dependiendo de las fuerzas políticas a cargo de los gobiernos, tales respuestas han estado en función de distintos factores, entre los que cabe mencionar sus lecturas globales de la realidad; la manera cómo enfocaban e interpretaban las causas de los conflictos y la capacidad de movilización e influ-encia de los actores sociales. Son también importantes las fortalezas y debilidades institucionales; las nor-mas y reglas de juego prexistentes, entre otros. A partir de todo ello, se diseñaron e implementaron diversas estrategias y medidas para trabajar en la gestión de los conflictos.
En las últimas décadas, junto con el avance y consolidación de la democracia, la conflictividad social en nuestra región se ha mostrado como uno de los temas más sensibles y preocupantes, y ha recibido atención creciente por parte de las autoridades y funcionarios públicos, los líderes y fuerzas políticas, los medios académicos, las organizaciones sociales y, en general, la opinión pública.
El panorama regional es sin duda muy complejo, y dista de tener explicaciones fáciles y reduccionistas, presentando una multiplicidad de situaciones de un país a otro, derivadas de la distinta incidencia que los conflictos tienen en cada sociedad, los tipos predominantes, las diferentes intensidades y radicalidades de las protestas y demandas, así como los diversos actores y motivaciones existentes.
En algunos países de la región predominaron los conflictos armados; en otros, los conflictos desatados por la presencia del narcotráfico (a veces en complejo y trágico entrelazamiento con el anterior); encontramos también conflictos socio-ambientales, principalmente aquellos surgidos a propósito de la presencia de industrias extractivas; los conflictos laborales, aquellos que involucran a pueblos indígenas, entre otros.
Vladimiro HuarocDiscurso extraído del Curso Internacional de Gestión Pública y Conflictos Sociales en América Latina
En el caso del Perú, con una débil institucionalidad estatal y un sistema político caracterizado por la precariedad orgánica de la mayoría de los partidos y fuerzas actuantes en la escena política, se ha tenido un conjunto de protestas sociales en general dispersas y fragmentadas a lo largo del territorio; muchas de ellas de corta duración y objetivos puntuales; otras más sostenidas y de mayor aliento. Tomando en cuenta las dos últimas décadas, éstas inicialmente obedecieron a problemas derivados de la gestión de los gobiernos locales; y luego, al promediar la década pasada, la mayoría de conflictos se desencadenaron en torno a la
presencia de industrias extractivas, especialmente de la mediana y gran minería. Lo cual se relaciona a la llegada de grandes inversiones (nacionales y extranjeras) atraídas por las nuevas reglas de juego establecidas en el país a partir de los años noventa y más tarde por el boom de los precios de los minerales.
Sin embargo, debe precisarse que actualmente, la conflictividad social del país incluye también casos asociados a la minería informal e ilegal, hoy uno de los conflictos más complejos y extendidos por todo el Perú; así como a la exploración y explotación de
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derivadas de la minería. Están finalmente los de carácter agrario, que incluyen a pequeños y medianos agricultores, a cocaleros y otros². Todos ellos plantean demandas de distinto contenido y suponen desafíos que el Estado peruano debe afrontar a fin de garan-tizar la gobernabilidad democrática, los derechos ciudadanos, la inversión y el desarrollo inclusivo.
¿Cómo ha respondido el Estado peruano a este panorama de conflictividad social?
Hay que comenzar diciendo que muchas autoridades y funcionarios públicos a nivel nacional, regional o local han desplegado sus mejores esfuerzos y energías en tratar de resolver los conflictos sociales que están bajo sus competencias. Cuando el principal demandado ha sido el Estado en su conjunto, se constata la existencia de sinceros y denodados esfuerzos por lograr la extensión de la cobertura de servicios a la población; cuando el blanco de las protestas han sido las empresas extractivas, se dieron innumerables casos donde los responsables estatales negociaron paciente e incansablemente con los actores sociales implicados, buscando establecer puentes que permitieran el diálogo y el logro de acuerdos entre las partes; muchos debieron además viajar a zonas alejadas, poniendo en riesgo su propia seguridad personal ante eventuales acciones de fuerza realizadas por ciertos manifestantes.
La voluntad y disposición para negociar desde el Estado ha sido entonces un valioso activo, lo que sin embargo, no significa dejar de reconocer también algunas deficiencias y vacíos que han obstaculizado una gestión exitosa de los conflictos.
En primer lugar, cabe mencionar que bajo administraciones anteriores, el tratamiento de los conflictos sociales no ha tenido una visión única y compartida, habiéndose dado enfoques diversos, que podían variar en función de la coyuntura política, de la lectura efectuada por las autoridades y funcionarios responsables, entre otros elementos.
Hemos tenido momentos en que los responsables de la gestión han explicado los conflictos como fruto de una suerte de conspiración o complot de grupos radicales, que buscaban crear zozobra y poner en jaque al gobierno, manipulando las demandas de la población. La conclusión lógica de esta manera de enfocar el conflicto fue fundamentalmente una salida represiva a la situación, lo que también influyó en la aplicación de normas para la criminalización de la protesta. Desafortunadamente, esta óptica ha primado durante buena parte de los años anteriores y, desde luego, sigue estando presente en la actuación de algunas autoridades y funcionarios públicos.
hidrocarburos, principalmente ubicados en la Amazonía, donde la incursión de las empresas en territorios donde habitan pueblos indígenas ha desatado una serie de tensiones sociales. Es también significativo el número de conflictos por demarcación territorial, entendibles en un país donde alrededor del 90% de sus distritos y provincias no tienen límites definidos después de casi 200 años de vida republicana, y en donde muchos de ellos se han “reactivado” ante la presencia de industrias extrac-tivas y problemas de larga data como el acceso a los recursos hídricos y a la distribución de las rentas
EncuentroVladimiro Huaroc y Anthony Bebbington
en el Curso Internacional de Gestión Pública y Conflictos Sociales
en América Latina, PUCP Lima
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Sin embargo, junto a esta mirada dura del conflicto, se ha ido perfilando otra que pone énfasis en los déficits del Estado, el cual no ha sido capaz de atender e integrar a importantes segmentos de la población, ni de crear mecanismos para canalizar sus reclamos, situación que se traduce en una serie de protestas y movilizaciones sociales que presionan sobre el Estado. Para esta mirada, la solución a los conflictos pasa por hacer llegar el Estado a esos sectores excluidos y pobres, creando también los medios institucionales para negociar las tensiones sociales. El enfoque que ha ido primando en este gobierno, el cual apela a un desarrollo inclusivo y que pone en el centro del debate la transformación del conflicto como una oportunidad para lograr el desarrollo tan ansiado por grandes sectores de la población.
En segundo lugar, la respuesta estatal se ha dado ade-más en el marco de la mencionada institucionalidad débil y poco adecuada para afrontar la conflictividad, el Estado ha tenido una reacción tardía, es decir, cuando los conflictos ya se han desatado, y lo frecuente en este caso, ha sido una actuación destinada fundamentalmente a apagar fuegos (“estado bombero”). Lamentablemente, se ha podido comprobar que este tipo de reacción no era sólo fruto de la falta de información oportuna si no que obedecían a rutinas establecidas, diseñadas y practicadas para tiempos “normales”.
Las respuestas además de tardías han sido improvisadas en la medida que no existen protocolos o mecanismos establecidos, lo que deja a la iniciativa del funcionario respectivo el tipo de respuesta que muchas veces se da. En este sentido, el Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART) que se viene desarrollando en la ONDS tiene la intencionalidad de abordar estas deficiencias, lo cual permitirá no solo encarar la situación conflictiva en sus fases tempra-nas, sino dar respuestas concertadas y articuladas que permitan su sostenibilidad en el tiempo.
Por otra parte, la solución a muchos conflictos ha pasado por el establecimiento de compromisos y acuerdos entre el Estado, la población y otros actores sociales, firmándose actas que, en muchos casos, posteriormente no se cumplían o lo hacían parcial-mente, lo cual ha provocado el rebrote de algunos conflictos que parecían resueltos. Bajo esta evidencia, desde la ONDS estamos convencidos que “los conflictos no terminan con un acta de acuerdos”, sino que es necesaria una relación sostenida con los actores enfrentados así como un proceso de seguimiento y monitoreo que nos permita asegurar el buen desarrollo de los mismos.
Cabe también mencionar que el mismo Estado ha sido uno de los generadores de conflictos, muchos de ellos
absolutamente evitables pero que, la inexperiencia, los estilos de actuación, e incluso la simple desidia de algunas autoridades y funcionarios, han terminado provocando el escalamiento y la crisis de muchas situaciones. Alguna decisión administrativa, emitida sin analizar ni prever las consecuencias sociales que tendría, han sido factores que desataban tensiones y protestas que, con una adecuada evaluación previa, no hubieran existido.
En relación a la capacidad institucional instalada para el tratamiento de los conflictos ha habido sin duda varias iniciativas para mejorar las capacidades públicas en la materia, vía la creación de algunas oficinas e instancias especializadas como parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otros sectores de gobierno, algunas de ellas con el apoyo de la cooperación internacional, que ha permitido, entre otras cosas, la capacitación de funcionarios públicos, la confección de algunas herramientas, protocolos y procedimientos para la gestión de conflictos.
Es así que, en el año 2010 se crea la Oficina de Gestión de conflictos Sociales (OGCS), el antecedente inmediato de la actual Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS). En años recientes, se crearon también algunas oficinas o unidades de gestión de conflictos dentro de algunos ministerios, como en el caso de Energía y Minas, Ambiente o Vivienda.
En esta misma línea, cabe también mencionar el desa-rrollo de un proyecto como el PREVCON (Prevención de Conflictos), apoyado por la Unión Europea en el marco de su cooperación con la PCM. Esta iniciativa permitió la elaboración de diversos materiales de ca-pacitación y apoyo para las labores de los funcio-narios encargados de la gestión de los conflictos, y contribuyó a instalar la idea acerca de la necesidad de ampliar el enfoque del trabajo hacia la prevención.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, crea en el año 2004 su Unidad de Conflictos Sociales, posterior-mente convertida en Adjuntía, desde la cual se recoge mes a mes estadísticas de la conflictividad del país, interviniendo también en algunos casos como media-dor, en concordancia con sus funciones de ente supervisor de organismos públicos y encargado de la defensa de los derechos ciudadanos. Hasta hace poco, los Reportes mensuales de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo fueron prácticamente los únicos que circulaban en el país como fuente de información de la conflictividad en el Perú, los cuales han servido para evidenciar el número, la ubicación y las demandas de los actores de cada conflicto social.
Estos esfuerzos, sin embargo, no han logrado una reducción sustancial de los conflictos sociales menos aún de las intensidades de algunos. Durante la última
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década se ha avanzado muy poco en la prevención de conflictos; a esto se suma que han persistido algunas ideas que responden a enfoques represivos que no ayudan a una comprensión profunda de la naturaleza y las causas de los conflictos, y es por eso que, a principios de la administración del Presidente Humala, encontramos un Estado jaqueado por los conflictos, especialmente mineros, varios de los cuales, por su intensidad y radicalidad crearon problemas para la gobernabilidad del país, con el agravante de que la respuesta a los mismos no fue la más adecuada en todos los casos.
La gestión pública de conflictos vigente
En julio del 2012, el Presidente Ollanta Humala se comprometió a un cambio en la gestión de conflictos dando la posta a un nuevo equipo con el desafío de trabajar en nuevas iniciativas que permitieran disminuir la conflictividad social
Es así que en el mes de octubre del 2012, nace la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), la misma que actualmente se encarga de abordar los conflictos con un enfoque innovador, basado en el diálogo y la solución pacífica de los mismos, el cual además pretende anticiparse a los problemas, poniendo énfasis en las labores de prevención. Se busca asimismo comprender las causas de fondo de la conflictividad y diseñar, a partir de ello, las estrategias adecuadas para tratarla.
La ONDS apela a estrategias de carácter integral e intersectorial, coordinando y armonizando las intervenciones de distintos sectores, orientadas a la creación de acuerdos y consensos, transformando pacíficamente los conflictos en oportunidades para el desarrollo, estableciendo además mecanismos que permitan darle sostenibilidad a los compromisos pactados.
Esto ha permitido unos avances iniciales que consideramos auspiciosos: en los primeros 10 meses de trabajo, hemos resuelto 32 conflictos sociales y, sobre todo, estamos logrando que unos 53 casos sean tratados en una fase temprana, antes de su escalamiento. En los 10 meses que tenemos al frente de la gestión de la Oficina, hemos logrado asimismo avanzar en casos que llevaron a la transformación de los conflictos en oportunidades de desarrollo para las poblaciones involucradas, como por ejemplo, la Mesa de Desarrollo de Cañaris (actualmente en proceso), donde se ha llegado a acuerdos para la inversión en
proyectos de desarrollo que beneficien a la población de tres distritos del área del proyecto.
Este es un primer paso en los esfuerzos de la administración del Presidente Humala por construir capacidades adecuadas para gestionar los conflictos sociales desde el Estado, buscando además soluciones integrales; por un lado, promover la inversión y el desarrollo, pero también, por otro lado, la defensa de los derechos ciudadanos. En la medida que las capacidades institucionales para tratar la conflictividad se fortalezcan y la población visualice al Estado como un garante y protector de sus derechos y de los recursos naturales, mayor será su eficacia para afirmar la gobernabilidad democrática y mayor su legitimidad social, lo cual representa uno de los objetivos principales del trabajo que viene realizando la ONDS.
¹ CALDERON GUTIERRES, Fernando (coordinador). La protesta social en América Latina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2012. p. 121² Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – PCM. Willaqniki: Informe de Diferencias, controversias y conflictos sociales. Lima, varios números.
“La ONDS apela a estrategias de carácter integral e intersectorial, coordinando y armonizando las intervenciones de distintos sectores, orientadas a la creación de acuerdos y consensos, trans-formando pacíficamente los conflictos en oportunidades para el desarrollo, estableciendo además mecanismos que permitan darle sostenibilidad a los compromisos pactados”.
“En la medida que las capacidades institucionales para tratar la conflictividad se fortalezcan y la población visualice al Estado como un garante y protector de sus derechos y de los recursos naturales, mayor será su eficacia para afirmar la gobernabilidad democrática y mayor su legi-timidad social”.
Entre el 20 y 22 de mayo del 2013 se llevó a cabo el curso internacional: Gestión Pública y Conflictos Sociales en América Latina: enfoques, institucio-nalidades y experiencias, evento organizado conjuntamente por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir, ambos de la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno Nacional, y la Escuela Iberoamericana de Administración y P o l í t i c a s P ú b l i c a s ( E I A P P ) d e l C e n t r o Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
El evento contó con la participación de académicos e investigadores de la conflictividad social en la región latinoamericana, así como miembros de entidades estatales relacionados con la gestión de conflictos sociales. Los participantes y conferencistas del curso provinieron de diferentes países de América Latina y El Caribe, así como de las distintas regiones del país.
En esta oportunidad, hemos aprovechado la presencia de dos connotados investigadores como Antonio Araníbar (PNUD) y Anthony Bebbington (Clark University, EEUU) para conversar con ellos algunos temas relevantes sobre la conflictividad social en América Latina, problemas metodológicos para su abordaje, las características de los conflictos en el Perú y los retos para su gestión y transformación, entre otros temas.
Entrevistas
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“El Perú es uno de los países con mayores conflictos sociales de la región, pero estos son relativamente poco violentos”
América Latina. Esto es una buena noticia para las democracias Latinoamericanas, porque quiere decir que las sociedades están reivindicando sus derechos y están concibiendo cada vez más la democracia como una democracia de ciudadanía.
El segundo hallazgo es que si están presentes en toda la región es porque hay una plataforma común y compartida. Nos estamos refiriendo a que los conflictos emergen en sociedades marcadas por estructuras de poder fuertemente concentradas; con economías escasamente competitivas y con dificultades para generar empleo y mecanismos de inclusión; con mecanismos de representación política débiles y cuestionados; y con instituciones estatales que en muchos casos tienen poca legitimidad; y finalmente, con mecanismos escasos para el reconocimiento de identidades culturales. Las desigualdades de las sociedades Latinoamericanas son la base desde donde se desarrollan los conflictos.
Nuestro primer entrevistado es economista por la Universidad de Paris IX y candidato a doctor en Econometría por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro fundador y coordinador para América Latina del Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como experto en prospectiva política y asesoría estratégica, ha trabajado en dieciséis países de América Latina, el mundo árabe y los Balcanes. Como investigador en temas de desarrollo y democracia en América Latina, es miembro de la red de investigadores del Informe de Desarrollo Humano y es coordinador de la colección de Cuadernos de Prospectiva Política, entre los que se encuentra el libro “La protesta social en América Latina” publicada por la editorial Siglo XXI en Noviembre de 2012.
¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste el libro “La protesta social en América Latina”?
En el proyecto quisimos estudiar la dinámica social de los conflictos sociales en América Latina, por la sencilla razón de tener la visión de que la democracia es en esencia un orden conflictivo. En el último tiempo, ha habido un despertar de expectativas, los cambios y la emergencia de nuevos actores nos hace darnos cuenta que los conflictos sociales son un dato de la democracia Latinoamericana.
¿Qué es lo que hemos encontrado? Lo primero es que, el conflicto social está presente en todos los países de
Antonio Araníbar (Economista – Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos – PNUD)
“El conflicto social está presente en todos los países de América Latina. Esto es una buena noticia para las democracias Latinoamericanas, porque quiere decir que las sociedades están reivindicando sus derechos y están concibiendo cada vez más la democracia como una democracia de ciudadanía”.
El tercer hallazgo es que los actores en conflicto para incidir en la agenda pública y en la formulación de política, necesitan hacerse un espacio entre los medios y viceversa, los medios por distintas razones reportan los conflictos, aunque muchas veces con sesgo. Es ahí, en esa parte pública y mediática donde se crean y recrean las relaciones de poder que subyacen a los conflictos.
El cuarto hallazgo es que los conflictos están vehiculando demandas pragmáticas de los ciuda-danos. Ellos saben dónde les aprieta el zapato y es importante entender desde una gestión de conflictos sociales, qué es lo que está detrás de los conflictos, cuáles son las demandas centrales y cuáles son las transformaciones que le están pidiendo al Estado.
Ese es el quinto hallazgo: el Estado es el actor central de los juegos de poder, en toda América Latina el 70% lo interpela porque para la gente sabe que es ahí donde está la posibilidad de resolución de sus problemas.
Por último, el hallazgo del informe es que la situación ideal desde el punto de vista normativo, es aquella en la cual coexisten conflictos (ya que es una sociedad que está reivindicando sus derechos) con canales institucionales para procesarlos. Entonces hay un doble mensaje: por un lado, el conflicto es parte de la ecuación democrática, es necesario para profundizar el ejercicio democrático. No es negativo en sí mismo, más bien encierra un potencial muy profundo de transformación de las realidades sociales. Y por otra parte, la mejor forma política para procesar los conflictos sociales en democracia es la política constructivista, que es recuperar la política en el sentido de reconocer al otro, entender las identidades en juego, promover espacios efectivos de diálogo y negociación. A partir de una mirada de transformación del conflicto, se puede convertir una situación conflictiva en potencialidad para el desarrollo de la región.
¿Cuáles serían las particularidades de la conflictividad en el Perú?
Desde la perspectiva comparada regional, lo que hemos encontrado es que el Perú es uno de los países con mayores conflictos sociales de la región, pero estos son relativamente poco violentos.
Desde una perspectiva temporal, relativamente corta, lo que se puede ver en el caso del Perú es que ha habido un cambio en el patrón de conflictividad social en los últimos años. El punto de inflexión se encuentra en el año 2008: hemos pasado de 50 a 250 conflictos al mes, además hemos pasado a que el 90% de los conflictos que tenemos se den en las regiones. El mapa
de conflictos del Perú es realmente un mapa descentralizado. Además, hemos visto cómo los conflictos socio-ambientales se han vuelto la principal preocupación en el país.
¿Qué es lo que está detrás, por qué se ha dado esto? Nuestros estudios indican que ha habido dos factores centrales. Uno tiene que ver con el dinamismo de la economía. En ese periodo de la inflexión se han dado concesiones mineras y petroleras a un ritmo sin precedentes. En un año se han dado tantas concesiones como en los cinco años anteriores. Esto significa que ha habido mucha actividad en el territorio y por su puesto eso implica muchos intereses encontrados. Al mismo tiempo ha habido iniciativas para criminalizar la protesta social. Entonces, esto lejos de resolver el tema del conflicto, simplemente lo que ha hecho es generar una escalada de mayor conflicto y de mayor violencia.
Existen dos variables claves para saber qué es lo que está sucediendo: Primero es el clima social, en el Perú distintos indicadores de encuesta señalan de forma reiterativa que, si bien estamos en un proceso de crecimiento acelerado muy importante y de modernización del país, pues hay un malestar social generalizado con los resultados de este crecimiento. Lo segundo es cómo la sociedad y el Estado reaccionan ante los conflictos. En contextos donde hay un malestar social tan generalizado y en los que se tiende a negar el conflicto y a reprimirlo, solo podemos esperar más conflictos y más violencia. El caso de Chile es interesante pues se observa instituciones sólidas pero que no tienen la capacidad y la flexibilidad para atender las demandas sociales, y en consecuencia pueden verse involucradas en crisis. Por tanto no es solo una cuestión de instituciones fuertes, es cuestión de instituciones con resiliencia, flexibles y con capacidad de escucha a las demandas de la gente. Y que al escuchar esas demandas y entenderlas, pues genere soluciones de fondo a los temas que están planteando.
“Ha habido iniciativas para criminalizar la protesta social. Entonces, esto lejos de resolver el tema del conflicto, simplemente lo que ha hecho es generar una escalada de mayor conflicto y de mayor violencia”.
“Es importante entender desde una gestión de conflictos sociales, qué es lo que está detrás de los conflictos, cuáles son las demandas centrales y cuáles son las transformaciones que le están pi-diendo al Estado”.
¿Qué rol podrían tener las empresas privadas en este enfoque de transformación del conflicto?
Es importante que se retraten las distintas miradas que sobre el conflicto existen en una sociedad y que también se reproducen en el sector empresarial. Una mirada es negar el conflicto, lo cual puede ser una mirada aceptable desde Lima, pero no así desde las comunidades donde se está viviendo el conflicto. La segunda mirada es criminalizar el conflicto. Ésta es aún peor que la primera, pues lo que hace es aumentar la espiral de violencia al apostar por la vía de la
represión. Otra mirada es resolver el conflicto uno por uno. Es la lógica del bombero. Y esa lógica en un contexto como el peruano simplemente es de difícil aplicación, pues estamos hablando de 250 conflictos en un mes en todo el territorio.
Entonces lo que hay que privilegiar es una mirada de transformación del conflicto, comprender qué es lo que está detrás. Y aquí el rol del sector empresarial es fundamental. Los peruanos valoran el crecimiento económico que tienen, valoran el incremento de la
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EntrevistaComisionado Luis Silva-Novoa conversa con Antonio Araníbar
Campus PUCP, Lima
competitividad del país, y lo que ello abre como oportunidades de desarrollo para todos. Pero al mismo tiempo se dan cuenta, porque lo sienten en su vida cotidiana, del deterioro en su propia calidad de vida.
Lo que estoy diciendo es que es muy importante que se tome consciencia de los temas que están detrás. Porque no es una intervención aislada. De alguna forma es importante comprender que es la capacidad de absorción de las inversiones extranjeras del país la que está en cuestión. Los conflictos se han multiplicado también en la medida en que ha habido un boom de inversión, que es positiva para el país, pero también que ha adolecido de una regulación ambiental estatal.
Pensando especialmente en el rol que debe asumir el Estado en el Perú ¿en qué deberíamos enfocarnos para lograr que esta coyuntura de crecimiento económico se traduzca en un desarrollo real para la población?
Hemos publicado un documento titulado “Perú. La oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo” en el que planteamos que, lo que están poniendo en cuestión los conflictos en el país, es la necesidad de más y mejor Estado. Esta es una tendencia que está presente en todos los países de la región. Y por más y mejor Estado no pensamos en el regreso al pasado, sino plantearnos seriamente en el contexto peruano, qué tipo de reforma del Estado necesitamos para darle sostenibilidad y crecimiento económico.
Uno de los temas importantes en la reforma del Estado es comprender la importancia de los mecanismos de mediación entre el Estado y la sociedad, es decir, la política. El clima de anti-política, pensar que la política es mala, nos ha llevado a prescindir de ella y ha hecho mucho más difícil gestionar los conflictos. Por tanto, es fundamental para tener esa reforma del Estado pensar esa reforma política.
También se ha logrado mucho con programas sociales. Se han muchas cosas acá en el Perú que son para exportar al resto de América Latina, pero es importante articular estas políticas en un esquema de protección social que les genere y les brinde mecanismos de seguridad humana a los menos incluidos del crecimiento. Y que al mismo tiempo genere mecanismos de movilidad social para los excluidos del crecimiento.
Finalmente, es muy importante la descentralización. No es un dato menor que el 90% de los conflictos se generen fuera de Lima ¿Qué es lo que nos esta señalando esto? Es que hay un proceso de descentralización que es muy benéfico para el país, pero que necesita ser relanzado, reimpulsado. Hay nuevos actores que desde las regiones están buscando construir estas alianzas, ser reconocidos y finalmente ser incorporados en el modelo de desarrollo y necesitan una respuesta desde el centro. Entonces, es importante pensar qué Estado necesita el crecimiento peruano para convertirse en un desarrollo sustentable y sostenible.
“Los conflictos se han multiplicado también en la medida en que ha habido un boom de inversión, que es positiva para el país, pero también que ha adolecido de una regulación ambiental estatal”.
“Lo que están poniendo en cuestión los conflictos en el país, es la necesidad de más y mejor Estado”.
“El clima de anti-política, pensar que la política es mala, nos ha llevado a prescindir de ella y ha hecho mucho más difícil gestionar los conflictos”.
Antonio Aranibar La Protesta Social en América Latina, 2013
El informe revela que las tensiones sociales, institucionales y culturales en América Latina son numerosas, en comparación con otras regiones, y se caracterizan por un alto grado de participación ciudadana.
Los países de América Latina con mayor número de protestas sociales son los que también presentan mayores desigualdades socioeconómicas y gobiernos con capacidad limitada para manejar disturbios. El informe examinó más de 2.300 protestas sociales en la región mediante el monitoreo de 54 periódicos en 17 países entre octubre de 2009 y septiembre de 2010.
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Anthony Bebbington (Geógrafo – Clark University EEUU)
Nuestro segundo entrevistado es director de la Escuela de Geografía y el Milton P. y Alice C/ Higgins, Profesor de Ambiente y Sociedad en Clark University, EEUU, y de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU, ha sido Profesor Becado del Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales del Reino Unido, y ha recibido becas del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Humanas de la Universidad de Stanford y de la Universidad Libre/Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania entre otros.
Entre 2011-2012, presidió un panel de expertos nombrado por los Ministros de Economía y de Medio Ambiente de El Salvador para monitorear la preparación de una Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero. Anteriormente, ha ocupado cargos académicos en las Universidades de Cambridge y de Colorado-Boulder, como científico social en el Banco Mundial y como investigador en centros privados de investigación. Sus libros publicados recientemente son:
· En español: Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la Región Andina (IEP, 2013) y Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas (IEP, 2011/2007)
· En ingles: Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil and Gas in Latin America (2013, with Jeff Bury, Universidad de Texas Press), Social conflicto, economic development and extractive industries (Routledge, 2012) y Can NGOs make a difference? The challenge of development alternatives (Zed, 2008, with S. Hickey and D. Mitlin).
¿Qué características particulares tienen los conflictos sociales en el Perú actualmente?
La conflictividad en relación a las Industrias Extractivas tiene que ver con un modelo de desarrollo, que no solamente es peruano, pero si tiene una manifestación más desarrollada aquí. [En estos conflictos] Hay una relación general donde las formas de transformación política y económica van relacionadas con procesos sociales y de conflictividad social.
“Los conflictos no son anti-estatales,buscan una estructura. Están entre imaginando y exigiendo un nuevo Estado. No un Estado desde cero, sino un Estado que funcione de otra manera”
“La conflictividad en relación a las Industrias Extractivas tiene que ver con un modelo de desarrollo, que no solamente es peruano, pero si tiene una manifestación más desarrollada aquí”.
EntrevistaComisionados Iván Mendozay Rosa Pizarro dialogando conAnthony Bebbington Campus PUCP, Lima
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Hay otra particularidad que no es única en el Perú, pero si es importante de tomar en cuenta, es la relación entre lo que sucede ahora con el periodo de violencia interna. Una comparación de esto se puede ver en El Salvador (yo estoy trabajando con colegas del Ministerio del Medioambiente) y ahí ellos leen la relación entre la gestión de recursos naturales y vulnerabilidades ambientales y sociales en términos, entre otras cosas, de las herencias de las divisiones sociales que vienen desde la guerra en El Salvador.
De la misma manera, las desarticulaciones de la sociedad peruana, la distancia que se agudizó con la violencia o conflicto interno es también parte del contexto de esta conflictividad de hoy en día, donde tienes un montón de actores buscando rentas, expresando quejas, pero también intentando consciente o inconscientemente de reconstruir un Estado y una relación entre la Sociedad, Estado y Economía que se quedó muy desarticulada a raíz de toda la violencia que hubo.
Una de las consecuencias de la guerra interna en el país fue la fragmentación social, un tejido social roto y con esto la crisis de representación política ¿tú estás viendo por ahí esto de la guerra interna, de las herencias, o por otro lado?
Me refiero más bien a un conjunto de herencias. La desarticulación hasta la destrucción de movimientos sociales y liderazgos de movimiento sociales, fue una de ellas, pues todas estas son otras formas de representatividad, y estando ausentes implica que la población buscará otras formas de expresarse. Pero hay otro factor que es la hiperinflación que afectó mucho a los sectores rurales y campesinos, ese fue un factor negativo. La misma experiencia de la violencia también, al respecto hay la sensación que tenemos la capacidad de ser tan violentos (que es una herencia que da un poco de miedo) pero al mismo tiempo, hay la sensación que de alguna manera tenemos que tapar esta historia, no reflexionar sobre ella, e ir por un cierto tipo de modernidad que todos vamos a aceptar, no imponerla, pero sí crear distancia de ese pasado.
Hay algo importante que tú has mencionado ahora, y que lo han mencionado también otros expositores, y es que una de las características de los conflictos sociales es su fragmentación social, ¿esto es así?
No tanto así, creo que a veces en las ciencias sociales existen ciertos códigos que se dicen sin la reflexión u orientación necesaria, uno de ellos es la fragmentación social. A veces [los científicos sociales], entramos con la noción de sindicatos, de movilización social y como ahora no encontramos e s t a s o r g a n i z a c i o n e s , d e c i m o s q u e h a y fragmentación, pero puede ser que hay otra lógica,
otra estructura que no estamos logrando ver en los conflictos sociales. No quiero decir que todos los científicos sociales estemos equivocados, pero puede haber algo de eso. [La fragmentación social a veces] funciona como este código neoliberal, que a veces se usa, tapando la diversidad, cuando hay muchas lógicas en juego detrás de ello.
Por eso yo creo que las palabras que se usan son importantes, porque son parte de un proceso de construcción de algo. De alguna manera, toda la reflexión en América Latina sobre desarrollo territorial, se da, no porque hay territorios predefinidos, sino porque hay una red de personas entre académicos, funcionarios públicos, pensadores, quienes piensan que un desarrollo hacia el futuro debería ser más descentralizado que en el pasado, y todos ellos están buscando un lenguaje que va a permitir una reflexión que incorpore la noción de desarrollo descentralizado en el mismo lenguaje.
Utilizando ciertos términos, un proceso puede inducir estas mismas categorías en la vida real, si insistimos que hay territorios, vamos a crear territorios, vamos a creer en ellos; y por lo tanto, vamos a crearlos y permitir que existan. Y ahí el riesgo con el sobredimensionamiento de la fragmentación social, si seguimos insistiendo que hay fragmentación social, seguimos viendo que hay fragmentación social…
Tú mencionabas que los conflictos no son expresión de cosas puntuales que se ven en cada caso, y en eso han coincidido muchas de las apreciaciones durante el curso. Si no es así ¿Qué es lo que están demandando? ¿Qué es lo más grande o lo macro que se está demandando en los conflictos?
Yo matizaría este comentario, cada conflicto tiene su historia local. Yo soy geógrafo e insistimos sobre la importancia de los lugares específicos, entonces no es exacto decir que todos los conflictos son lo mismo, son expresiones de articulaciones entre procesos mayores e historias regionales y locales, pero sí, tienen mucho que ver con los procesos mayores.
Pienso que, consciente e inconscientemente, muchas de las demandas de los actores en los conflictos, son demandas para un cambio en estos procesos mayores, un cambio en los sistemas de planificación; un cambio en los procesos mediante los cuales la sociedad llega a una definición de los tipos de desarrollo que quiere; cambios en los procesos mayores que definen las relaciones entre Estado central, sub-nacional y Estado local; cambios en los procesos mayores que estructuran cómo las demandas ciudadanas se expresan y como éstas pueden ser expresadas y escuchadas.
Los conflictos no son anti-estatales para nada… buscan (un poco en la oscuridad) una estructura y crear una estructura, son conflictos que buscan imaginar. Están entre imaginando y exigiendo un nuevo Estado. No un Estado desde cero, sino un Estado que funcione de otra manera.
Eso está en la base del primer reto para la gestión de conflictos que tú mencionaste, pero además dijiste que los conflictos son parte de una estructura, o son expresión de estructuras institucionales diversas y además expresan identidades y discursos sociales distintos, nos gustaría que nos amplíes esta idea.
Lo que yo intenté plantear es, que sí, un tema en los conflictos tiene que ver entre los distintos discursos, entre las distintas ideas, como por ejemplo, qué impli-ca ser moderno o ser peruano… distintas ideas acerca de qué es el desarrollo. Entonces, un desafío para un sistema o una estructura que busca gestionar y responder a los conflictos, es reconocer que lo que está en juego, en parte, es un conflicto de imaginarios y de discursos; y por lo tanto, hay que entender el proceso de gestión como un elemento de construcción de otra manera de imaginar el país y otra manera de imaginar el desarrollo y otra manera de imaginar la relación Estado – Sociedad. Entonces, la misma gestión de conflictos también puede ser productiva, puede pro-ducir otras maneras de ver las cosas… el reto entonces es que hay que ir construyendo otros discursos.
Creo que hay antecedentes de esto en el Perú, considero que la Defensoría [del Pueblo] ha logrado crear cierto discurso reconocido por muchos acerca de la importancia de los derechos, de diferentes tipos de derechos, esto es un logro, y esto es producto de cierta manera de responder a la conflictividad… creo que, algunos de los involucrados en el proceso estaban construyendo conscientemente un discurso sobre la centralidad de algunos derechos.
Me parece bien interesante como reto para la gestión crear sentidos y esto nos trae a colación, lo que se está intentando desde la Oficina de Diálogo. Desde su creación, la ONDS está intentando decir que el tema central de la gestión no pasa por el conflicto si no por el diálogo ¿Cómo ves tú esto, crees que en un plazo más largo el tema de gestionar el conflicto pase por impulsar el diálogo?
Me parece importante que la Oficina tenga claridad sobre qué tipo de imaginario quiere construir, en este caso puede ser la centralidad del diálogo. Pero sería importante también reflexionar acerca de qué tipo de discursos mayores se quieren construir a partir de este proceso. Y para el caso peruano puede ser que este discurso mayor sea una cultura política que se basa en una voluntad para el diálogo. Pienso en una experiencia menor, con Mockus, cuando era alcalde de Bogotá, quien evidentemente entró con la noción que desde la alcaldía iba a construir otra manera de ser bogotano, otra manera de interactuar entre bogotanos, hasta con cosas muy raras […] Yo creo que mucha gente en Bogotá dirá que logró algo con eso, parecía muy gaseoso, pero si logró algunos cambios en las interacciones sociales en la ciudad.
Uno de los panelistas de tu conferencia decía que no solo hace falta dialogar, sino negociar, y hay que dialogar sobre el conflicto ¿esto va en la línea de lo que más o menos tú estás diciendo?
No puedo hablar por él, pero algo tiene que ver […] Una cosa es conscientemente inducir una cultura del diálogo, una cultura política que se basa en una actitud dialogante, pero también hay que reconocer que cuando uno está dialogando hay cosas muy duras de por medio, muy importantes y no hay que pretender que no existen; y por lo tanto, diálogo implica negociación de temas de fondo.
En este sentido, la combinación de diálogo y desa-rrollo me parece importante, pero hay que reconocer que existe diálogo porque tenemos discrepancias acerca del desarrollo que queremos. Y es importante reconocer estas diferencias, no celebrarlas o profundizarlas, hay que reconocerlas desde el inicio para saber por qué estamos dialogando.
“Consciente e inconscientemente, muchas de las demandas de los actores en los conflictos, son demandas para un cambio en estos procesos ma-yores, un cambio en los sistemas de planificación; un cambio en los procesos mediante los cuales la sociedad llega a una definición de los tipos de desarrollo que quiere; cambios en los procesos mayores que definen las relaciones entre Estado central, sub-nacional y Estado local; cambios en los procesos mayores que estructuran cómo las demandas ciudadanas se expresan y como éstas pueden ser expresadas y escuchadas”.
“Un desafío para un sistema o una estructura que busca gestionar y responder a los conflictos, es reconocer que lo que está en juego, en parte, es un conflicto de imaginarios y de discursos; y por lo tanto,hay que entender el proceso de gestión como un elemento de construcción de otra manera de imaginar el país y otra manera de imaginar el desarrollo y otra manera de imaginar la relación Estado – Sociedad”.
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Una dimensión importante es que la resolución de estas contradicciones es a través de una cultura dialogante y no una cultura de confrontación, pero nunca hay que perder de vista que hay cosas de fondo en juego, porque si no, seguimos tratando los síntomas y no las causas.
Otra cosa que queríamos preguntarte es acerca de la incertidumbre... decías que estos mapas de concesiones mineras lo que hacen es generar incertidumbre, nos gustaría que nos expliques un poco más al respecto
La reflexión [que hice acerca de los mapas de concesiones mineras] viene de algo que se dice mucho, y tienen razón en parte, estos mapas sobredimensionan la presencia de la actividad extractiva, y esto es cierto.
La pregunta es ¿Entonces qué están mapeando, qué están visualizando estos mapas? Creo que por un lado están visualizando una geografía de derechos adquiridos, porque si tienes una concesión tienes un derecho y son derechos que están sobre la superficie junto a otros derechos que ya existían desde antes. Al existir estos derechos sobrepuestos y al existir la posibilidad que podría haber industrias extractivas sobre estas áreas (dadas por la misma concesión), esto crea la incertidumbre… porque el futuro que tú creías –de la chacra, del pueblo- podría ser un futuro muy distinto y no tienes control sobre esto.
También son mapas que visualizan la posibilidad de irrupción de nuevas asimetrías de poder muy profundas en estos espacios, por ahí iba mi reflexión. Estos mapas si quieren decir algo, estos mapas no están mapeando la presencia de la actividad extractiva como tal, pero si están mapeando las consecuencias de la entrega no muy planificada de concesiones y de derechos para los dueños de las concesiones, y están mapeando las consecuencias de esta entrega de derechos sobrepuestos y una de estas consecuencias es el futuro incierto.
Como Oficina de Diálogo nos interpela directa-mente, pues es claro que esta incertidumbre nos genera inseguridad y muchas veces esto puede estar en el origen de conflictos ¿cómo puede tratar una oficina de conflictos este tema?
Alex [Diez] dijo una cosa importante: una cosa es reconocer que siempre hay incertidumbre, pero lo que está pasando es la agudización de incerti-dumbres. Entonces en un contexto en el cual vives con esta incertidumbre, lo que tú necesitas como ciudadano es saber que puedo confiar en Mi Estado y puedo confiar que Mi Estado va a defender mis derechos. Y como se ha dicho en todos estos días, es
que buena parte de la población no tiene confianza en su Estado, en todos los países de la región pasa esto, pero en el Perú es un tema serio.
Si uno va con esta lectura, la implicancia para una Oficina de Diálogo, es que uno de sus objetivos debería ser contribuir conscientemente en el proceso de reconstruir la legitimidad del Estado; y por lo tanto, la confianza de la población en que el Estado va a defender sus derechos ante terceros. Esto no implica que sean siempre sus derechos los que primen, porque hay otros derechos sobrepuestos pero por lo menos pueden confiar que esto va a ser un proceso claro, transparente y de fácil acceso para cualquier ciudadano.
Creo que cuando Alex [Diez] decía que lo hay que construir es seguridad, su idea era construir la seguridad que tú sabes que Tu Estado te va defender, y creo que esa seguridad no existe en muchos lugares. Quiero preguntarte sobre de las ONGs o la idea que se tiene de ellas como asesores, intermediarios entre las empresas y el Estado por un lado, y las comunidades por otro. Digo esto, porque se puede argüir que algunas ONGs ponen obstáculos a las empresas o agudizan el conflicto.
Esa es una visión parcial y parcializada. Las ONGS o la figura de la ONGs existen para permitir que algunas personas puedan lograr objetivos que parecen muy difíciles de lograr sin ellas. Las ONGs fueron creadas como un vehículo, las ONGs fueron creadas para lograr objetivos importantes en lo ético, lo social y lo político. Y en algunos casos, aunque este es un fenómeno más reciente, para lograr objetivos económicos netamente de las personas que trabajan dentro de la ONG, pero esto es lo que menos hay.
“Una dimensión importante es que la resolución de estas contradicciones es a través de una cultura dialogante y no una cultura de confrontación, pero nunca hay que perder de vista que hay cosas de fondo en juego, porque si no, seguimos tratando los síntomas y no las causas”.
“La implicancia para una Oficina de Diálogo, es que uno de sus objetivos debería ser contribuir conscientemente en el proceso de reconstruir la legitimidad del Estado; y por lo tanto, la confianza de la población en que el Estado va a defender sus derechos ante terceros”.
Una segunda reflexión es que acá hay personas quienes ahora están trabajando en el Estado pero que antes trabajaron para las ONGs […]. Las ONGs han sido espacios de aprendizaje para mucha gente que luego han llegado a ámbitos mayores y lo han hecho conscientemente para operar a nivel nacional y regional. Creo que hay ciertos intereses que quieren construir discursos negativos acerca de las ONGs, también acerca del Estado. Y creo, que estos lenguajes que manipulan hay que leerlos con el contexto de grupos con intereses que inducen estos discursos, y ahí hay otra tarea para la Oficina de Diálogo, de reconocer e inducir que estos actores organizados de la sociedad civil, apoyan y contribuyen mucho, y son tus aliados, y que en muchos casos, han sido espacios en los que ustedes mismos han trabajado.
Algo importante que mencionaste acerca de las ONGS, es que en un espacio en donde existen grandes asimetrías de poder, las ONGS han venido a cerrar brechas o al menos aproximarlas, entonces por ahí también podría ir el papel o los roles de las ONGs en estos conflictos
Las ONGs que dan información, en espacios donde no hay información, las ONGs que dan asistencia jurídica a quienes no tienen acceso a abogados y que están peleando con empresas que tienen pequeños ejércitos de abogados.
Pero hay que ser consciente que el Estado ha creado también estas asimetrías, no es que siempre tiene que haber asimetrías. Por ejemplo en temas de acceso a la información, para seguir con el ejemplo de las concesiones, tienes un sistema de entrega de concesiones donde Tú como Estado sabes que la concesión está allí, Tú como empresa sabes, pero la población que vive ahí no sabe; entonces estás creando asimetrías [de información] desde el Estado.
Finalmente queríamos saber ¿cómo ves el aporte de la academia a la gestión de conflictos y la relación de la academia con los gestores?
La línea divisoria entre académicos y gestores no es tan obvia… La idea es que hay mucho que aprender sobre los conflictos y no solo aprender para fines de interés personal o académico de investigación y enseñanza, sino aprender para repensar estructuras estatales, para repensar los procesos administrativos y maneras de organizar las relaciones entre niveles de gobierno.
Por otro lado, a nivel propositivo puede haber un espacio en donde se puede aunar los esfuerzos entre los que trabajan el día a día en la gestión de conflictos; y los que, por su lugar de trabajo, tienen un poco más de flexibilidad y espacio para pensar más allá, pero no
se trata de pensar solitariamente sino en diálogo con aquellos que están en el día a día. En este sentido, lo más sencillo que se podría imaginar en este proceso son relaciones puntuales entre un departamento X (aquí en la Católica, por ejemplo) para trabajar un conflicto X que permita sacar lecciones mayores. Una cosa más estructural, en el sentido institucional, podría ser una suerte de Observatorio que sea un espacio ni estatal, ni puramente de la universidad, sino que cumpla diversos papeles al mismo tiempo. Por ejemplo, que cumpla el papel de ir observando el día a día, ir documentando y creando bases de datos, pero que tiene además, otro rol, que es ir analizando las tendencias y patrones mayores de estos datos e ir sacando las lecciones mayores.
Ahora es importante estar consciente que tú estás construyendo lecciones para alguien (las empresas, la sociedad, el Estado, entre otras) y para que tus lecciones tengan algún tipo de impacto en todos estos ámbitos, es necesario construir este Observatorio de alguna manera para que tus productos tengan legitimidad y credibilidad con los distintos actores. Para concluir, lo que yo veo después de esta reunión, es que ya existen redes, hay redes de gente trabajando en el Estado y que están buscando aprender, lo que se trata de hacer es facilitar esto.
Este libro parte de la convicción de que la expansión de las industrias extractivas en América Latina, y particularmente en la región andina y amazónica, se está dando a tal escala y velocidad que está transformando a las sociedades, las economías políticas y los territorios en los que viene ocurriendo.
A partir de una sostenida reflexión colectiva de los coautores y de una constelación de acuciosos estudios de casos –llevados a cabo por destacados académicos y especialistas de América del Norte, Latinoamérica y Europa– en torno a las interacciones entre Estados, empresas, ONG, campesinados y poblaciones indígenas, se aborda una interrogante fundamental: ¿Cómo los conflictos en torno a la extracción de recursos naturales pueden llevar a un cambio institucional progresivo?
Anthony BebbingtonIndustrias extractivas,conflicto social y dinámicasInstitucionales en la Región Andina2013
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Síntesis
Arriba: diversas conferencias durante el 20, 21 y 22 de mayo en la PUCP. Sobre estas líneas: foto grupal de los asistentes al curso internacional, provenientes de América Latina, diversas regiones del Perú y Lima.
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El 20, 21 y 22 de mayo del presente año la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) orga-nizó el curso internacional: “Gestión pública y conflictos sociales en América Latina: Enfoques, institucionalidades y experiencias”. Este evento, realizado en Lima, fue fruto de un acuerdo entre la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo de carácter intergubernamental orientado a la modernización de las administración públicas en Iberoamérica.
El principal objetivo del Curso Internacional fue abordar los desafíos que representa la gestión de conflictos sociales en América Latina, a fin de lograr una mayor comprensión de su naturaleza, conocer las características de las respuestas estatales y compartir las lecciones que se vienen implementando en los diferentes países de la región para la gestión de conflictos. Para ese fin, la Oficina Nacional de Diálogo y sostenibilidad (ONDS) trabajó en estrecha coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad adscrita a la PCM quien tiene, entre otros, el objetivo de mejorar las capacidades de los trabajadores públicos del Estado Peruano.
En el curso participaron funcionarios públicos de 12 países de la región: Paraguay, Uruguay, Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Cuba, México, Argentina, República Dominicana y Brasil;
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“Gestión Pública y Conflictos Sociales en América Latina: Enfoques, Institucionalidades y Experiencias”
Curso Internacional
además, funcionarios públicos de 8 Gobiernos Regionales: Piura, San Martín, Loreto, Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno y Ancash; y funcionarios públicos de diferentes sectores del Gobierno Nacional: ONDS – PCM, MINEM, MINAM, Vivienda, MININTER, MIDIS, OEFA y ANA.
Asimismo, se contó con la participación de investigadores internacionales y nacionales de la conflictividad social, quienes presentaron los resultados de sus últimos trabajos y reflexionaron acerca de los alcances y retos para la gestión de los conflictos sociales. Entre los conferencistas internacionales tuvimos la participación de: Antonio Araníbar (PAPEP – PNUD), Anthony Bebbington (Clark University – EEUU) y Rafael D´Armas (OEA); y entre los conferencistas nacionales tuvimos la participación de Carlos Meléndez (FLACSO – Ecuador), Ricardo Morel (Compañía Minera Antamina) y César Bedoya (ONG PRODIALOGO). Además contamos con la participación de comentaristas provenientes tanto del ámbito académico como de la gestión pública, entre ellos: Manuel Bernales (MINEM), Eduardo Ballón (Secretarion Ejecutivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales), Alejandro Diez (PUCP) y Carlos Chirinos (MINAM). (Para más detalles se puede consultar el programa del Curso Internacional en Anexos).
Una motivación fundamental de la ONDS para organizar e impulsar la realización de este curso es nuestra convicción de que resulta absolutamente indispensable avanzar en la tarea de comprender la conflictividad social en su multidimensionalidad y complejidad, que nos pueda ayudar para mejorar y flexibilizar los marcos desde donde nos acercamos, como gestores, al abordaje de los conflictos sociales en nuestro país y en el resto de países de la región.
Para nosotros, esta oportunidad también representó una valiosa experiencia para conocer e intercambiar el trabajo llevado a cabo en materia de conflictos sociales, en los distintos sectores y niveles del gobierno, así como en cada uno de los países latinoamericanos, haciendo énfasis en sus logros y avances, sus limitaciones e insuficiencias. Esta práctica resulta muy constructiva para quienes hemos asumido el reto de generar políticas públicas orientadas a procesar y tratar la conflictividad social.
Consideramos fundamental la tarea de construir mayores capacidades para gestionar los conflictos sociales, lo que supone reflexionar sobre lo avanzado en la materia y construir instrumentos y herramientas claves para ello, con enfoques que apunten a establecer acuerdos y consensos duraderos, en el marco de una consolidación de la gobernabilidad democrática, respetando los Derechos Humanos y ciudadanos, y fomentando una cultura de paz.
Para la ONDS es importante generar espacios de intercambio entre académicos y gestores de conflictos, a fin de reflexionar sobre las causas de los conflictos, los enfoques y las prácticas desarrolladas para su gestión. En este sentido, nuestra intención es continuar estos espacios de intercambio y aprendizaje que nos ayuden a profundizar las materias de interés.
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A continuación, se presenta un resumen de las principales temáticas abordadas en las conferencias magistrales desarrolladas durante el curso:
Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de:
· Antonio Araníbar (PAPEP – PNUD), el lunes 21 expuso sobre: “La conflictividad social en América Latina: enfoques, tipos y tendencias”, en la que presentó los resultados del último trabajo de investigación de prospectiva política realizada por el proyecto PAPEP del PNUD.
· Anthony Bebbington: el martes 22 expuso sobre “Los Conflictos Socio-Ambientales en América Latina y su Gestión”, donde presentó las principales características de los conflictos socio-ambientales en la región, así como los retos para la gestión pública en el tratamiento de la conflictividad.
· Carlos Meléndez: “La doble brecha de intermediación: Conflictividad social en el Perú 2000-2013”, expuesta el miércoles 23 de mayo, donde presentó los principales resultados de su investigación en torno a la dimensión política de los conflictos sociales en nuestro país.
· Rafael D'Armas, César Bedoya y Ricardo Morel: “Potencialidades y limitaciones del diálogo” quienes presentaron sus reflexiones en torno al tema del diálogo como mecanismo y forma de tratar el conflicto.
PRINCIPALES CONCLUSIONES TEMÁTICAS
1. La naturaleza de los conflictos sociales
Todos los conferencistas coincidieron de algún modo, en considerar que los conflictos sociales son consustanciales a los sistemas democráticos, lo que implica que el problema no es la existencia misma de éstos, sino la respuesta ante ellos.
Los conflictos sociales están presentes en todos los países de la región, y por tanto hay una plataforma común en todo ellos: grandes brechas de desigualdad que no sólo se expresan a nivel económico, sino también político, lo que supone una “desigualdad” en el trato con sus ciudadanos. Existe además, una gran desconfianza en el Estado y sus instituciones, que es uno de los factores que agudizan los conflictos.
Los conflictos sociales son expresión de cambios mayores que vienen sucediendo en los países de la región. Para Antonio Araníbar, esto se traduce en un cambio en la matriz de la política económica regional, que está pasando de un neo-liberalismo a un neo-desarrollismo; sin embargo, el riesgo de este nuevo
modelo es su transformación en un neo-extractivismo, que se evidencia por una re-primarización de las exportaciones en varios países (entre ellos el Perú); y que tiene implicancias en el plano económico como una mayor presión sobre los recursos naturales sin una visión política adecuada que asegure la sostenibilidad ambiental.
Bajo esta misma lógica, los conflictos socio-ambientales en varios países de la región, son fruto de transformaciones económicas y políticas que impactan sobre el territorio y las formas de vida. En el plano económico estamos ante un escenario de incremento masivo de industrias extractivas (minería e hidrocarburos, principalmente); y en el político, ante una débil institucionalidad estatal, incapaz de regular o planificar la intervención e impacto de este tipo de actividades. Para A. Bebbington, por ejemplo, esto ha supuesto la creación de espacios con geografías sobrepuestas, las que crean espacios de incertidumbre, que son factor de potenciales conflictos sociales.
A pesar de este aumento importante en el número e intensidad de conflictos en todos los países, éstos tienen un potencial transformador importante y generan oportunidades para el cambio institucional. Esto demanda un giro en la perspectiva para ponderar su potencial como un factor de cambio.
Una de las principales evidencias encontradas respecto a la conflictividad en la región, es que el Estado, como actor, es el principal interpelado en todos los conflictos. En este sentido, se pide un mejor Estado con instituciones de calidad y que atienda las demandas de servicios de sus ciudadanos.
2. Principales componentes de la conflictividad social
Hay varios factores sociales, culturales, políticos y económicos que se entrelazan para dar como resultado una mayor o menor conflictividad en un país o región. En todos los casos, los conferencistas mencionan una situación macro (políticas económicas y actuación del Estado), que están por encima de las demandas de los actores en conflicto; sin embargo, proponen también relevar ciertos factores (o variables) que, conjugados, pueden derivar en situaciones de alta o baja conflictividad.
Para A. Aranibar, existen dos factores que se conjugan para presentar o proyectar escenarios de conflictividad en la región: 1) El Clima Social, entendido éste como la satisfacción o malestar de la sociedad frente a temas tan vastos como la democracia, la economía, el Estado, entre otros, así como la extensión de estos “nichos” de insatisfacción,
los cuales pueden ser muy locales o localizados o, por el contrario, presentarse muy extendidos o generalizados; y 2) La capacidad del Estado para procesar el conflicto, la que puede presentarse en dos lógicas opuestas: represiva por un lado y dialógica por el otro. La combinación de estos factores permite que, en algunos países como el Perú, existan altos niveles de conflictividad con una suerte de tolerancia del Estado hacia el conflicto (alto nivel de insatisfacción, con mecanismos dialógicos o tolerantes para enfrentar la movilización).
Anthony Bebbington propone poner en relevancia una dimensión simbólica para comprender los conflictos sociales, entendida ésta como los imaginarios, las visiones y las percepciones que están en juego (y lucha) en un escenario de geografías sobrepuestas. El autor menciona factores como la incertidumbre, el riesgo, la pérdida, el control del espacio, la diferencia en la distribución de oportunidades y costos frente a la actividad minera (o extractiva), y la construcción de imaginarios o discursos, que pueden llevar a mayores niveles de conflictividad.
No se trata sólo de “imaginarios” pues cada factor tiene un correlato “real”. Un elemento que ha contribuido a la generación de mayor incertidumbre ha sido la superposición de derechos adquiridos en un mismo territorio, como resultado del aumento significativo de concesiones mineras. Es por esto que al llegar la empresa a la zona donde está dada la concesión minera, se termine la certeza de la población local acerca de lo que puede ocurrir con sus tierras, sus casas, su comunidad, etc. Esta incerti-dumbre se incrementa por la falta de información, pero también por la falta de seguridad y control de la situación. Si bien esta situación no lleva por sí misma al conflicto, contribuye a su desencadenamiento y lo potencia. De esta manera, cada factor considerado puede contribuir a generar una mayor cantidad de conflictos así como a su intensidad.
Carlos Meléndez, por su parte, considera relevante la dimensión política de los conflictos. El autor menciona que en todos los casos estudiados en el país se encuentra una brecha en la intermediación política, existiendo lo que él llama una doble brecha: horizontal, que implica que las demandas sociales presentes en las protestas no tienen un correlato en la representación política (partidos políticos o movimientos electorales); y una brecha vertical, que implica que las demandas producidas en un nivel local no trascienden a otros ámbitos mayores (provincial, regional o nacional). Prestar atención al plano político, supone canalizar las demandas que emergen de los conflictos a través de partidos políti-cos, pero si éstos no existen o se hallan fragmentados,
las demandas e intereses no pueden ser representadas en un nivel mayor o por fuera del mismo movimiento. En consecuencia, se tiene en el Perú, una “democracia sin partidos” y una “movilización sin movimientos”.
3. Retos para la gestión de conflictos sociales
La principal idea transmitida por todos los expositores es que el conflicto social, cualquier sea su naturaleza y causas, son hechos consustanciales a la democracia y a cambios políticos de mayor relevancia; por ende, se debe desterrar la idea de “combatirlos” o “eliminarlos” como situaciones indeseables. La gestión entonces debe poder dar respuestas ante estas situaciones, que impliquen cambios y transformaciones profundas y correspondan a las causas de los conflictos.
Para A. Araníbar, es necesario poner en juego una política constructivista que pueda dar cuenta de la pluralidad (de visiones), que promueva la convivencia entre diferentes, que busque atender las causas estructurales del conflicto, y se aproxime al conflicto como una oportunidad para impulsar transformaciones.
“El problema central no radica en la presencia de conflictos en una sociedad sino en la ausencia de capacidades para gestionarlos progresivamente desde el Estado. Muchos conflictos tienden a escalar por falta de marcos institucionales capaces de ofrecer plataformas de diálogo y negociación efectivos… El horizonte deseable [en un sistema democrático] es aquel donde existen conflictos sociales y capacidades institucionales para procesarlos”.
Para A. Bebbington también es necesario que la gestión responda a las causas que subyacen al conflicto. En este sentido, el autor dejó en el tintero algunas preguntas provocadoras:
· ¿Gestión de conflictos para qué? para facilitar la inversión, para reducir tensión y violencia, para construir algo nuevo, como parte del aprendizaje social. De la respuesta de esta pregunta primaria, puede derivarse el estilo de gestión así como el objetivo principal del acercamiento hacia el conflicto.
· En la medida que los conflictos son expresiones de proyectos políticos mayores ¿La gestión puede lidiar con estos proyectos políticos mayores? ¿Cuál es el mejor espacio de maniobra para esto: las instancias de gobierno, la empresa, los organismos con mayor autonomía? ¿La gestión puede generar propuestas para cambios institucionales?
· En la medida que los conflictos son expresiones de identidades y discursos sociales mayores ¿la gestión
· La voluntad de los actores involucrados en el conflicto, que se obtiene a su vez de otro elemento, la generación de confianza y sinceramiento de información entre ellos.
· Claridad del propósito del proceso de diálogo instalado, el cual debe surgir de un consenso acerca de los principios que lo van regir (transparencia, confidencialidad, por ejemplo).
· El establecimiento de los roles de cada participante.
· La metodología del proceso; especificando, por ejemplo, cómo se van a tomar las decisiones y cómo se manejará la comunicación interna y externa.
Detrás de cada uno de los procesos instituidos (mesas de diálogo, mesas técnicas, mesas de desarrollo, etc.) lo fundamental será reconstruir la confianza y crear consensos.
Finalmente, uno de los aspecto claves para que el diálogo deje ser un mero mecanismo formal y avance hacia una voluntad de acercarse al conflicto es preguntarse ¿para qué el diálogo? Esto pone en relevancia la negociación como fin que va más allá del diálogo. Lo que implica fijarse en espacios que trascienden a la mesa de diálogo y ver procesos mayores donde es posible la participación ciudadana para la toma de decisiones (Alejandro Diez).
de conflictos puede ser un medio para construir otros discursos? Lo que implica pensar en una gestión productora de nuevos sentidos y visiones que vayan posicionándose como legítimas. Esto implica un reto para considerar a la gestión no sólo como “algo que hace”, si no como “algo que produce”.
4. La posibilidad del diálogo
Existe un consenso sobre el diálogo como el mejor instrumento para el tratamiento de los conflictos. Pero además como un proceso que implique una profundización de la democracia y de una cultura política dialógica. Teniendo en cuenta esto ¿Cómo llevar a cabo procesos de diálogo? ¿Cuáles deberían ser las condiciones?
Para Rafael D'Armas, la condición fundamental para el diálogo es la democracia, en consecuencia, éste no puede prosperar en regímenes autoritarios o con democracias débiles. Su consolidación será posible en un país con democracias sólidas. Al respecto, si en algunos casos se observan actores pretendiendo deslegitimar un proceso de diálogo, es necesario analizar si detrás está un cuestionamiento al diálogo en sí mismo o a las condiciones para su realización.
Otro factor importante para el diálogo es ¿Quién debe estar presente en estos espacios? En la mayoría de conflictos socio-ambientales (o mineros), los procesos han sido llevados a cabo por la presencia de dos actores: empresa – comunidad, sólo cuando las tensiones han sido mayores, ha entrado a tallar el Estado como actor. Los procesos han sido bilaterales, cuando lo que se necesita son procesos multiactor (Ricardo Morel). Sin embargo, esta interpelación para que el Estado tenga un rol activo en los procesos de diálogo debería matizarse. Según César Bedoya, si el Estado es uno de los actores demandados o interpelados, su rol no puede estar en la intermediación, como ha estado en muchos casos, sino en la respuesta y la acción.
Otro tema clave es ¿Cómo se conduce este proceso para llevarlo a buen destino? Al respecto, César Bedoya plantea la necesidad de superar el debate sobre la pertinencia de las mesas de diálogo, y avanzar hacia otro nivel: los procedimientos y reglas de juego en un proceso de diálogo. Sin duda, el tener procedimientos claros y hacerlos explícitos sirve para disminuir las probabilidades de malentendidos, estancamientos o retrocesos.
Según César Bedoya, los procesos de diálogo no pueden ser improvisados bajo ninguna circunstancia, y antes de iniciarse deben contar por lo menos, con los siguientes elementos:
29
Alejandro Diez y Carlos Chirinoscomentando la exposición de A. Bebbington. PUCP Lima.
31
Panorama de la conflictividad
La gestión del Diálogo en el mes de mayo
Durante el mes de mayo, la ONDS gestionó un total de 63 casos. Tres casos más en relación al mes anterior, dos de los nuevos casos son de carácter nacional, e involucran a trabajadores del sector público; y el tercero es de carácter local, vinculado a organi-zaciones ronderiles.
El primer conflicto de carácter nacional tiene como principal actor al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, que demanda la reactivación de la Comisión Multisectorial instalada para el levantamiento de la Huelga Nacional Magisterial el año 2012. Su pliego de reclamos incluye la demanda de un pago del 30% adicional por preparación de clases, la garantía de conservar el nivel adquirido por el docente en su carrera, el reconocimiento de pagos de bonificaciones al cumplir los 25 y 30 años de servicios, el pago por sepelio y luto en vía administrativa, cese de docentes al cum-plimiento de año lectivo, capacitaciones, entre otros.
El segundo conflicto tiene también a organizaciones sindicales del Estado como protagonistas. Diversos sindicatos de trabajadores públicos en Lima y provincias vienen exigiendo el retiro del Proyecto de la Ley del Servicio Civil 1846, actualmente en discusión en el Congreso de la República, señalando que tal cual está formulado, afecta la estabilidad laboral de los empleados públicos. La comisión del Congreso que estudia el proyecto acordó postergar la discusión del mismo para escuchar antes a los representantes de los trabajadores.
El tercer caso es el de las rondas y otras organi-zaciones nucleadas en el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huamachuco de la provincia de Sánchez Carrión (departamento de La Libertad),
que declararon una huelga indefinida con bloqueo de carreteras el pasado 26 de mayo. Sus demandas incluyen la preocupación por la seguridad ciudadana, la responsabilidad social en la actividad minera, el retiro de una empresa de transportes por sus frecuentes accidentes, el esclarecimiento de hechos y sanción a los responsables de la muerte de un comunero, y la exigencia de que el Poder Judicial levante la orden de detención contra cuatro dirigentes ronderos denunciados por secuestro agravado, pro-testando también por el pedido de cadena perpetua que para ellos ha solicitado el fiscal. Las autoridades y dirigentes fueron recibidos en Lima por el Presidente del Consejo de Ministros, acordándose la creación de una Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la provin-cia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad (RM N° 139-2013-PCM), que tendrá una vigencia de 12 meses y será presidida por la ONDS. La huelga indefinida fue finalmente levantada tras 9 días.
En cuanto a los tipos de conflicto, en el mes de mayo, los de minería siguen siendo los de mayor importan-cia relativa (23 casos), representando el 35% del total. Los conflictos en torno a la minería informal (11 casos), ocupan la segunda posición, siendo el 17% del total. Los casos asociados a la explotación de hidro-carburos (9), están en tercer lugar y agrupan el 14%.
De esta manera, confirmando tendencias anteriores, los conflictos asociados a actividades extractivas constituyen el grueso de los casos abordados, repre-sentando los dos tercios de los 63 registrados en el mes de mayo. Entre los casos de menor importancia relati-va, figuran los conflictos agrarios (10%), los de demarcación territorial (8%), los laborales (6%), entre otros.
En cuanto a la distribución de estos conflictos en el país, es evidente el predominio de casos en los departamentos donde la actividad minera o de hidrocarburos es relevante, a saber: Cajamarca y Ancash, con diversos proyectos mineros de mediana y gran minería; y Loreto y Piura con proyectos de hidrocarburos y gas.
Cuadro N° 01Conflictos sociales según tipo
Fuente: Sistema de información de la ONDS, actualizado al 03 de junio del 2013
Tipo Número %
Minería 22 35%
Minería ilegal / informal 11 17%
Hidrocarburos 9 14%
Agrarios 6 10%
Demarcación territorial 5 8%
Hídricos 2 3%
Energéticos 1 2%
Laborales 4 6%
Otros 3 5%
Total 63 100%
Cuadro N° 02Conflictos sociales según ubicación
De manera similar al mes anterior, existen 4 conflictos que abarcan ámbitos multiregionales. Los de nivel nacional suman 4 para este mes, uno más en relación al mes anterior, lo cual se relaciona a la inclusión de dos conflictos laborales de alcance nacional, como los ya comentados anteriormente, y a la resolución de un conflicto nacional como el caso de Los Algodoneros que llegó a termino durante este mes.
Región Total %
Cajamarca 7 11%
Ancash 6 10%
Loreto 6 10%
Piura 5 8%
Junín 4 6%
Multiregional 4 6%
Nacional 4 6%
Cusco 3 5%
Lima y Callao 3 5%
Puno 3 5%
*Regiones con 2 casos 12 19%
**Regiones con 1 caso 6 10%
Total 63 100%
Fuente: Sistema de información de la ONDS, actualizado al 03 de junio del 2013
Gráfico 01. Número de conflictos sociales según tipo, mes de abril y mayo
0
5
10
15
20
25
Minería Minería ilegal /informal
Hidrocarburos Agrarios Demarcaciónterritorial
Hídricos Energéticos Laborales Otros
Abril Mayo
Una breve comparación de los tipos de conflictos gestionados por la ONDS entre abril y mayo, permite constatar que el número de casos asociados a la minería, la minería ilegal / informal y demarcación territorial es similar. Se aprecia, de otra parte, un ligero descenso en el número de conflictos agrarios y energéticos (1 en cada uno). Finalmente, se observa también un incremento leve en los conflictos por hidrocarburos (1), laborales (2) y la categoría “otros” (2).
En relación a la ubicación geográfica, con relación al mes anterior, los cambios son bastante leves, apreciándose un ligero incremento de casos en los departamentos de Piura y La Libertad, y también a nivel nacional (1 en cada uno de ellos).
El gráfico que a continuación se presenta, permite observar la distribución geográfica de los conflictos gestionados por ONDS en el mes de mayo, de acuerdo a su ubicación departamental.
41 CASOS EN SEGUIMIENTO
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 03 de junio del 2013.
35 casos en las regiones
03 casos multiregionales- Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua, Nanti y Lote 88- DT San Martín – Loreto
-Majes, Sihuas03 caso nacional
- SUTEP (reactivación de funcionamientode comisión intersectorial)
-Proyecto de la Ley del Servicio Civil- Pequeña Minería y Minería Artesanal
22 CASOS EN TRATAMIENTO
20 casos en las regiones
01 caso multiregional- DT Puno - Moquegua
01 casos nacionales- Pescadores de anchoveta
Ubicación de conflictos según estado
63 CASOS EN GESTIÓN
DT: Demarcación Territorial
33
Registro:
Los casos en prevención
En el mes de mayo, los casos en prevención ascienden a 57, cuatro más que el mes anterior (53). Esta diferencia se explica por el ingreso de nueve casos nuevos y el retiro de otros cinco: uno que escaló hacia conflicto y que está actualmente en tratamiento; y cuatro casos donde se han superado las diferencias, y por tanto, se consideran resueltos.
Entre los nuevos casos que se vienen gestionando se incluyen los siguientes:
· Los problemas de erradicación de hoja de coca sur- gidos entre los cocaleros de Ciudad Constitución y la DIRANDRO y DEVIDA.· Las demandas de los usuarios de la Laguna Parón frente a la Empresa Duke Energy, la cual viene rea- lizando actividades en dicha laguna.· La negativa de la Municipalidad de San Jerónimo de
Tunán de entregar la Licencia de Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para el Distrito de Quilcas – Junín.
· El incumplimiento del Convenio Nº 010 Interinstitu- cional entre el Distritos de San Jerónimo de Tunán y la EPS Mantaro.· Problemas surgidos entre el AA.HH. Satélite Prima- veral y Perú LNG por supuestos malos tratos de parte de la empresa.· Diversos sectores de la población de Marcona de- mandando que la Empresa Shougang Hierro Perú atienda los principales problemas sociales y ambientales de la zona.· Incumplimiento de los acuerdos firmados entre la C o m u n i d a d d e U s i b a m b a y l a M i n e r a Uzulcochaminig S.A.· Demora e incumplimiento en la construcción del Puente Morón (Chosica – Chaclacayo).· Incumplimiento en la ejecución de obras públicas en la Provincia del Manu.
Respecto al tipo de casos comprendidos en prevención se tienen una alta prevalencia de casos en minería, ya que el 40% de ellos corresponde a este tipo. Bastante por debajo, se encuentran “otros” tipos (16%), que agrupa diferencias y controversias relacionadas a temas de desarrollo social o económico de algunas provincias o sectores de la población, y problemas con infraestructura pública. En tercer lugar están los derivados del sector hidrocarburos, que representan el 11% del total. En cuarto lugar, tenemos los casos derivados de problemas por demarcación territorial (9%). El resto de tipos tienen una menor prevalencia.
Tipo Número %
Minería 23 40%
Otros 9 16%
Hidrocarburos 6 11%
Demarcación territorial 5 9%
Agrarios 4 7%
Hídricos 3 5%
Energéticos 3 5%
Minería ilegal / informal 2 4%
Laborales 2 4%
Total 57 100%
Fuente: Sistema de información de la ONDS, actualizado al 03 de junio del 2013
Cuadro N° 03Casos en prevención según tipo
En relación al mes anterior, hay algunas pequeñas variaciones, prevaleciendo los principales tipos de diferencias y controversias anteriores, como los relacionados a la minería, “otros” e hidrocarburos. En mayo, se han producido incrementos (uno o dos casos) en los de tipo mineros, “otros”, agrarios e hídricos. De otro lado, los de hidrocarburos,
0
5
10
15
20
25
Minería Otros Hidrocarburos Demarcaciónterritorial
Agrarios Hídricos Energéticos Minería ilegal /informal
Laborales
Abril Mayo
Gráfico 02: Número de casos en prevención según tipo, mes de abril y mayo
Fuente: Sistema de información de la ONDS, actualizado al 03 de junio del 2013
En cuanto a la distribución por regiones, los casos atendidos en prevención se ubican en 21 regiones del país; sólo Lambayeque, La Libertad y Moquegua no se han presentado estas situaciones. Se han encontrado asimismo 5 casos en ámbitos multi-regionales (cada uno en dos regiones). (Ver mapa)
Las regiones que tienen más casos en prevención son Ayacucho y Junín; cada una tiene 6, que equivalen al 22% del total (11% cada una). En segundo lugar, se encuentran las regiones de Lima y Callao, Pasco y ámbitos multi-regionales, cada uno con 5 casos, e individualmente representan el 9%. En tercer lugar, están Ancash y Puno, (4 casos en cada una de ellas). En otras 11 regiones, hay un solo caso visto en prevención.
Región Total %
Ayacucho 6 11%
Junín 6 11%
Lima y Callao 5 9%
Multiregional 5 9%
Pasco 5 9%
Ancash 4 7%
Puno 4 7%
Apurímac 3 5%
Ica 3 5%
Cajamarca 3 5%
*Regiones con 2 casos (1 región) 2 4%
**Regiones con 1 caso
(11 regiones)11 19%
Total 57 100%
Cuadro N° 04Distribución regional de los casos en prevención
energético, y laboral han disminuido en uno. Han permanecido inalterables los casos de demarcación territorial y aquellos relacionados con la minería ilegal e informal.
La novedad en este mes, son los casos de tipo hídrico, ya que anteriormente no se han tratado en etapa de prevención.
35
Comparando los tipos de intervención de la ONDS –gestión del diálogo respecto a prevención- se pueden apreciar algunas semejanzas y diferencias.
Entre las semejanzas se encuentra que, la intervención se concentra sobre todo en aquellos casos relacionados a la industria extractiva (mineros e hidrocarburos); ya que, la mayor parte de los casos en conflicto provienen de estos tipos. Lo cual no es una novedad, pues es una tendencia que se repite en varios de nuestros informes.
La particularidad; sin embargo, se observa en cuanto a las diferencias en la intervención. Al respecto, se observa que, mientras la gestión se concentra -además de las IIEE- en aquellos casos relacionados a la
minería informal e ilegal, cosa que no sucede con la prevención, pues ésta se va concentrando en aquellos casos agrupados como “otros”.
Además, la ubicación geográfica de los casos en ambas formas de intervención es completamente disímil. Respecto a la gestión (seguimiento y tratamiento) se encuentra que la mayoría de conflictos vistos por la ONDS se ubican en Cajamarca, Ancash y Loreto, departamentos en la zona norte del país y donde se vienen dando la mayor cantidad o magnitud de proyectos de mediana y gran minería. Situación diferente para la prevención, pues los casos vistos en esta etapa se ubican mayormente en Ayacucho y Junín.
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 03 de junio del 2013.
52 casos en las regiones
05 casos multiregionales- DT Ancash – Huánuco
- DT Ayacucho – Huancavelica- CCNN Amazonas - Loreto
- ARPI SC: Junín - Pasco- CETICOS: Moquegua - Arequipa
Ubicación geográfica de casos
57 CASOS EN PREVENCIÓN
DT: Demarcación Territorial
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Algunos casos emblemáticos del mes
1. Proyecto Ley del Servicio Civil – Ley 1846
Entre el 29 y 30 de mayo se realizó una paralización de trabajadores públicos, exigiendo retirar del Congreso el Proyecto de Ley del Servicio Civil. Esta medida de fuerza, convocada por los gremios laborales, fue acatada en varias ciudades del país: Lima, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Iquitos, Chiclayo. En la ciudad de Lima, el 30 de mayo, la movilización de los trabaja-dores públicos provocó algunos enfrentamientos con la Policía Nacional, cuando los manifestantes ingresaron a la Plaza Mayor, con el resultado de 11 personas detenidas.
El 31 de mayo, después de los incidentes, el Congreso de la República suspendió el debate del proyecto de Ley, con la voluntad de recoger los comentarios y observaciones de los gremios laborales. Ante este anuncio, la Confederación General de Trabajadores Estatales (CGTE) decidió suspender las medidas de fuerza con la voluntad de iniciar el diálogo respectivo.
Entendiendo el problema
Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2011, existen 1.4 millones de servidores públicos en el país, y cada año ingresan 40,000 nuevos servidores al Estado. En el sistema, coexisten varios regímenes laborales (DL 276: carrera pública, DL 728: sector privado, y CAS) lo que genera, en la práctica, un desorden adminis t ra t ivo , d is tors iones y desmotivaciones. Lo que se encuentra es que, a pesar que los trabajadores realizan funciones similares sus remuneraciones son diferentes, debido al régimen en el cual están adscritos. Se ha llegado al extremo de que existen más de 500 normas sobre empleo público, más de 102 escalas remunerativas y una planilla pública con 400 diferentes conceptos de pago. A esto se suma la existencia de un porcentaje importante de trabajadores contratados temporalmente, aún cuando cumplen funciones permanentes.
Esta gran dispersión y disparidad de normas genera problemas al trabajador (falta de incentivos, alta rotación, distorsión remunerativa) y además al Estado como empleador, pues sus capacidades de gestión y regulación se ven rebasadas. Esto hace necesaria y urgente una reforma en el empleo público, que cree condiciones favorables e incentivos para el trabajador, tanto para atraer a profesionales exitosos como para mejorar las capacidades de quienes ya se encuentran dentro del Estado.
¿Por qué la oposición de los gremios laborales?
A pesar de las eventuales mejoras para los traba-jadores estatales, los gremios laborales se han opuesto a la reforma del sistema. Sus argumentos son los siguientes:
· Lejos de crearse un régimen único en el Estado, la nueva Ley implica la creación de un nuevo régimen, ya que el pase al Servicio Civil es voluntario y no obligatorio.
· La nueva ley vulnera los derechos colectivos de los t raba jadores , pues no permite la l ibre sindicalización o la negociación colectiva en materia de remuneraciones.
· Las evaluaciones a las que se someterían a los trabajadores, podrían significar despidos a causa de la baja calificación.
· Se desconoce si los sueldos de acuerdo a esta nueva Ley serán mejores que los anteriores.
· No se han tomado en cuenta los aportes de los gremios sindicales en la propuesta normativa.
Desafíos para la ONDS
Como ONDS estamos comprometidos con la gobernabilidad democrática del país, lo que incluye promover cambios institucionales en el Estado, entre ellos una reforma del empleo público, que respondan
a las necesidades del país en el marco del respeto de los derechos laborales y de una concertación con los sectores involucrados, posición que comparte el Poder Ejecutivo en su conjunto.
Todo proceso de reforma implica cambios que no siempre son fáciles de comprender, generándose resistencias. Lo que viene sucediendo con este proyecto de Ley es un ejemplo de esto. Por ello, la opción por el diálogo y el consenso es la salida adecuada para llegar a un entendimiento entre las partes y despejar las dudas que puedan existir en el proceso. Este no es un camino fácil, por el contrario, es duro y complejo, pero necesario para generar un cambio sostenible en el tiempo.
Por tanto, saludamos la decisión de los gremios de levantar la medida de fuerza para llevar a cabo un proceso de diálogo que implique una reforma concer-tada y consensuada. Asimismo, consideramos impor-tante la postura del Congreso de la República, en relevar la discusión con el ánimo de recoger diversas opiniones, lo que permitirá mejorar la norma.
2. Paralización del SUTEP – CONARE
El 30 de mayo se realizó una paralización de los docentes agremiados en el SUTEP – CONARE. Esta medida de fuerza tuvo concentraciones en Lima, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna y Ucayali. Las demandas del gremio se centran en la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) por considerarla inconstitucional y demandan el respeto de la Ley del Profesorado (25212).
La Ley de Reforma Magisterial, fue aprobada en noviembre del año 2012, y tuvo como antecedentes movilizaciones y paralizaciones de los profesores de todo el país, liderados por el SUTEP y la facción SUTEP – CONARE. El año pasado, los profesores acataron paralizaciones de varios días entre julio y octubre, las que tuvieron una gran repercusión nacio-nal por una huelga de hambre que un grupo de mani-festantes realizó frente al Ministerio de Educación, y los enfrentamientos entre profesores que respondían a distintas facciones políticas dentro del magisterio, evidenciando una ruptura al interior del SUTEP.
A inicios de mayo del 2013, se aprobó el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, que entre otras medidas, permitirá una evaluación de desempeño a los docentes, con el ánimo de mejorar la calidad de la educación pública en el país. Estas evaluaciones se realizarán en agosto del presente año y en febrero próximo, circunstancias que podrían volver a generar tensiones en el gremio, llevando eventualmente a nuevas movilizaciones y hechos de fuerza.
3. Movilizaciones en torno al Proyecto Conga Las movilizaciones en contra de este proyecto minero se remontan al 2011, pero es en el año 2012 cuando se produjeron hechos de violencia con saldos trágicos. El conflicto está actualmente en una etapa de relativa calma, aún cuando se han registrado algunas acciones de protesta en los últimos meses. La última ocurrió el pasado 31 de mayo en la ciudad de Cajamarca, para celebrar un año del paro del 2012. Esta reciente movilización no ha podido replicar la alta convocatoria de años anteriores, indicando una menor capacidad para movilizar y un cierto desgaste de los organizadores de la protesta, pero es necesario seguir con atención si se busca prevenir nuevos estallidos y encontrar salidas constructivas al conflicto.
De otro lado, el 28 de mayo último, en una incursión de ronderos hacia la Laguna El Perol, uno de ellos identificado como José Cueva Huamán fue herido por un miembro de la PNP, en un hecho que aún no ha sido totalmente esclarecido, lo que motivó a los líderes de la protesta a tratar de reactivar las movilizaciones.
Recientemente, la Minera Yanacocha ha concluido la construcción del primero de los reservorios a los que se comprometió (Challhuagón), el cual sería entregado en algunas semanas, iniciándose en breve además los trabajos para el segundo reservorio denominado El Perol. La noticia ha motivado declaraciones de ciertos dirigentes opuestos al proyecto, intentando elevar el nivel de la protesta, social (La República, 03 de junio 2013).
4. Crimen de dirigente nativo ashaninka
El día 27 de mayo del 2013, Mauro Pio Peña, dirigente de la Comunidad Nativa Nuevo Amanecer Hawai fue asesinado en Satipo, Junín. A pesar que el 28 de mayo, dos personas fueron detenidas por este asesinato, entre ellos Víctor Raúl Romero Cierto – presunto autor intelectual- los motivos del crimen aún no están esclarecidos, pero se sospecha que se trata de un ajuste de cuentas. Al respecto, algunos familiares mencionaron que el dirigente habría recibido amenazas de muerte de parte de empresas madereras y de invasores de tierras.
El problema de fondo se relaciona con la disputa que mantienen las comunidades Ashaninkas con algunas empresas madereras, a las que acusan de incursionar en sus territorios para depredar los bosques.
ExperienciasEl 23 de mayo del año en curso se desarrolló una reunión de intercambio de experiencias en relación a la inversión minera. En la cual participaron diversos sectores de gobierno, entre ellos el Presidente del Consejo de Ministros, empresarios mineros y el líder de las comunidades autóctonas de Canadá, Glenn Nolan.
ParticipantesEntre los representantes de diversos sectores y empresas interesadas por el diálogo y consenso estuvieron, Catalina Vargas Torres, Gerente General de Minera Huaquilla SAC, Augusto Baertl Montori, Presidente Ejecutivo del Directorio de Gestión de Negocios e Inversiones y Agrícola Chapi, Eva Arias de Sologuren, Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
39
Glenn Nolan:
“Sabemos que las comunidades siempre se oponen a cualquier forma de cambio, si es que no comprenden a dónde los lleva esta reforma. Por ello el diálogo directo y transparente genera confianza, respeto y crea una muy buena relación de trabajo entre las compañías y las comunidades”.
Anexos
ANEXO N° 1 Funciones de la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad
El DS. 106-2012-PCM, publicado el pasado 25 de octubre, le asigna a la ONDS 10 funciones:
1. Proponer lineamientos y estrategias de diálogo, mediación, negociación.
2. Participar en la mediación y negociación de controversias, diferencias y conflictos sociales para los que sea requerido por los sectores e instancias de gobierno.
3. Promover una cultura de paz, de promoción y respeto de los derechos humanos y demás valores democráticos.
4. Implementar, con los diversos niveles de Gobierno, los mecanismos de alerta temprana y prevención de diferencias, controversias y conflictos.
5. Coordinar con todas las entidades del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales y Locales, la debida atención del proceso de diálogo, media-ción y negociación, la solución de controversias y conflictos sociales.
6. Articular con los diferentes sectores de gobierno estrategias de comunicaciones, destinadas a la prevención de conflictos sociales.
7. Requerir a todas las entidades públicas información en materia de conflictos sociales.
8. Desarrollar y difundir metodologías para la prevención y mejor gestión de controversias, diferencias y conflictos sociales.
9. Contribuir a la generación de capacidades de diálogo, mediación y negociación, para la prevención y gestión de las controversias, diferencias y conflictos sociales.
10. Promover y realizar investigaciones y estudios para la promoción del diálogo y la prevención y gestión de controversias, diferencias y conflictos sociales.
ANEXO N° 2 Las fuentes del estudio
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad trabaja con información de diversa procedencia. La fuente primaria para este estudio son las visitas de campo realizadas por el personal de la ONDS en el cumplimiento de sus funciones, las cuales alimentan el sistema de información de la Oficina, complementadas por fuentes secundarias de diversa naturaleza entre las que cabe mencionar las siguientes:
1) Los diversos sectores del Gobierno Nacional que deben abordar los conflictos bajo su competencia, incluyendo aquéllos que tienen unidades dedicadas al tratamiento de los conflictos (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, entre otros).
2) La Defensoría del Pueblo a través de sus Reportes Mensuales, boletines diarios e Informes Defensoriales.
3) Medios de comunicación: prensa escrita, audio-visual y virtual a nivel nacional y regional.
El Sistema de Información de la ONDS centraliza los datos sobre los conflictos, recogidos en una matriz incluida en el último anexo del presente informe. Se ha creado también una matriz específica para los casos de prevención, también anexada al citado informe. Todos los datos presentados en los cuadros analizados pro-ceden de estas matrices.
La captura de información primaria permite una identificación detallada de actores políticos, organizaciones sociales, actitudes de la población, proyectos de inversión, entre otros, facilitando la elaboración periódica de estadísticas sobre la conflictividad y el diálogo en el país. Asimismo, esta información suministra pistas para planificar estrategias y desarrollar acciones de prevención y solución de conflictos sociales.
41
Diálogo: es el espacio en el cual las personas se reúnen para construir un entendimiento mutuo más allá de sus diferencias, con el objetivo de generar resultados positivos a través de la conversación. Además, promueve valores de respeto y tolerancia, y requiere de habilidades para escuchar y comunicar efecti-vamente².
Diferencia: conflicto de juicio u opinión (“conflicto cognitivo”), que ocurre cuando una de las partes considera que la(s) otra(s) ha(n) llegado a conclusiones equivocadas sobre hechos rea les . Se t ra ta fundamentalmente de una contraposición de opiniones.
Controversia: oposición de intereses o posiciones acerca de un hecho, una acción o decisión. Un interés es un objetivo o meta que persigue un grupo social, en tanto una posición es la visión o representación que dicho grupo se ha forjado, ambas en torno a un hecho, acción o decisión concreta.
Conflicto social: proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya resolución, se requiere la intervención del estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos.
Prevención: actividad que se realiza de manera anticipada al desencadenamiento de un conflicto social o, en su defecto, al escalamiento o crisis del mismo.
Tratamiento: actividad realizada cuando el conflicto social se manifiesta abiertamente, pudiendo incluso llegar a hacer crisis. Cuando esto ocurre, la Oficina busca lograr el desescalamiento del mismo, tratando de canalizarlo hacia una solución a través del diálogo y la negociación.
Seguimiento: monitoreo y seguimiento de los mecanismos establecidos para la solución del conflicto (mesas de diálogo, grupos de trabajo, entre otros).
Escalamiento: es la manifestación del conflicto social, que ocurre cuando los actores sociales desencadenan acciones públicas de rechazo a una decisión u omisión por parte del Estado, y se confrontan a través de procesos públicos espontáneos o institucionales.
Crisis: cuando el conflicto desborda los canales institucionales previstos normativamente para su tratamiento; suelen generarse por acción de un actor que polariza y desencadena hechos para conseguir un resultado favorable³.
Desescalamiento: en esta fase se levantan las medidas de fuerza y existe un diálogo entre los actores. El conflicto ha logrado ingresar a una fase de negociación entre los actores sociales, las autoridades del Ejecutivo y las autoridades de los Gobiernos Regionales.
La transformación de los conflictos: es un proceso de cambio constructivo de las relaciones entre los miembros de una sociedad y las estructuras subyacentes, especialmente de la relación Estado – ciudadano. Es un mecanismo de adaptación de las necesidades de individuos y grupos en las instituciones políticas, sociales y económicas como requisito para el desarrollo sostenible. Cultura de paz: “un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen en primer plano a los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia; así como, la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas.”
Gobernabilidad: capacidad del Estado para gestionar los asuntos públicos y mantener la legitimidad de las instituciones públicas.
² Programa de Apoyo para una cultura de Paz y el Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención y el Manejo Constructivo de Conflictos PrevCon-PCM. Transformación democrática: una propuesta para el abordaje de los conflictos sociales. pp,69.³ En esta fase la PCM asume el liderazgo y promueve el diálogo permanente. Se invoca a los actores a generar acuerdos; articula el control de la crisis con los sectores competentes y se despliega la fuerza pública para garantizar los DDHH de las personas.
ANEXO N° 3 Glosario de términos
Curso Internacional
Gestión pública y conflictos sociales en América Latina: enfoques, institucionalidades y experiencias
Lima, Perú, del 20 al 22 de mayo del 2013
Auditorio Dammert, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú
PROGRAMA
09:00 am
Registro de participantes
09:30 am
Ceremonia de inauguración
Palabras de bienvenida del Representante de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), Sr. Nelson De Freitas
Palabras del Presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –
SERVIR, Dr. Juan Carlos Cortés Carcelén
10:15 am
Palabras de inauguración y
Conferencia magistral: Enfoques e institucionalidades para la gestión del diálogo desde el Estado Peruano
A cargo del Alto Comisionado de la
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad -
ONDS, Vladimiro Huaroc Portocarrero
10:45 am
Coffee Break
11:15
am
Conferencia
magistral: La conflictividad social en América Latina: enfoques, tipos y tendencias
A cargo de Antonio Araníbar (PNUD)
12:00
pm
Panel de comentarios
Manuel Bernales (Ministerio de Energía y Minas -MINEM)
Eduardo Ballón (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo -DESCO)
12:30 pm Ronda de preguntas y respuestas
01:00 pm Almuerzo
Lunes 20 de Mayo
ANEXO N° 4 Programa Curso internacional
Gestión pública y conflictos sociales en América Latina: enfoques, institucionalidades y experiencias
C U R S O I N T E R N A C I O N A L
43
02:30 pm Panel temático: Conflictos sociales, escenarios y demandas urbanas
Jesualdo Arzuaga (Procuraduría General de la Nación -
Colombia) “Caso Toma Parque de la Hoja por familias desplazadas”
Renzo Luis Patiño Cornejo (INPE -
Perú) “Conflicto social en torno al proyecto de ampliación del establecimiento penitenciario”
César Zarzosa (Ministerio de Vivienda
-
Perú) “Intervención preventiva de conflictos sociales en torno a agua y saneamiento en Lima y Callao”
03:30
pm
Ronda de Debate
04:00 pm Coffee Break
04:30 pm Panel temático: Conflictos sociales, relaciones laborales y reformas económicas
Oscar Rocha (Gobierno Provincial de Salta -
Argentina) “Conflicto social en torno a la privatización en los 90’s de la empresa estatal YPF”
Pedro Solier (MTPE -
Perú) “Caso Conflicto laboral entre sindicatos de trabajadores y
Southern Peru Cooper Corporation”
05:15
pm
Ronda de Debate
05:45
pm
Síntesis de la jornada
06:00 pm Cierre de la Jornada
09:00 am
Conferencia
magistral: Los Conflictos socio-ambientales en América Latina
A cargo de Anthony Bebbington (Universidad de Clark, Estados Unidos)
09:45
am
Panel de comentarios
Carlos Chirinos
(Ministerio del Ambiente –
Perú)
Alejandro Diez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
10:15
am
Ronda de preguntas y respuestas
10:45
am
Coffee Break
11:15 am Panel temático: Recursos naturales, empresas extractivas y conflictos socio-ambientales
Juan Baca Dorado (OEFA- Perú) “Conflicto Socio-ambiental en la Cuenca del Nanay, Maynas, Región Loreto”
Martes 21 de Mayo
Gestión pública y conflictos sociales en América Latina: enfoques, institucionalidades y experiencias
C U R S O I N T E R N A C I O N A L
Maximiliano Ruiz Rosales (Gobierno Regional Piura – Perú) “El caso del Proyecto Gasoducto Punta Lagunas en Bahía Sechura, Piura”
Luis Andrade Olazo (Perú) “Conflicto Social en Espinar: Minería, Desarrollo Local y Rol del Estado”
12:15
pm
Ronda de Debate
12:45
pm
Almuerzo
02:30
pm
Panel Temático:
Conflictos sociales,
territorio y pueblos indígenas
Paulo
Maldos (Governo Federal Brasil) “Comunidade Xavante
e Agricultores em Situação de Conflito Social numa Terra Indígena da Amazônia Brasileira”
Omar Landeo (ONDS - Perú) “Controversia en torno a la demarcación Territorial entre Colonos de Villa Atalaya y grupo étnico Ashaninka”
Silvia Reátegui (Gobierno Regional San Martín – Perú) “Conflictos Socio-ambientales y territoriales en San Martín”
03:30
am
Ronda de Debate
04:00
pm
Coffee Break
04:30 pm
Panel temático:
Conflictos sociales, desplazamientos y reubicación de comunidades
Nancy Orellana y Laura Molina
(Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia -
El Salvador) “Gestión del conflicto en torno al desalojo contra la Comunidad Los Héroes,
municipio de Santa Ana”
Francisco Sachero (Secretaría de Acción Social-
Paraguay) “Conflicto por territorio
en
Curuguaty, juicio político al Presidente de la República Fernando Lugo”
Luz Sagástegui (Gobierno Regional San Martín –
Perú) “El caso de la reubicación de los habitantes del Nuevo Porvenir afectados por desastre natural”
05:30 pm
Ronda de Debate
06:00 pm Síntesis de la jornada
06:15
pm
Cierre de Jornada
09:00 am
Conferencia
magistral: Potencialidades y limitaciones del
diálogo y la transformación de conflictos en el Perú
Rafael D’Armas (OEA), Carlos Meléndez (U. Notredame), Ricardo Morel (Antamina) y César Bedoya (PRODIALOGO)
10:15 am Ronda de Debate
Miércoles 22 de Mayo
Gestión pública y conflictos sociales en América Latina: enfoques, institucionalidades y experiencias
C U R S O I N T E R N A C I O N A L
45
10:45 am Coffee Break
11:15 am Panel temático: Conflictos sociales, reformas institucionales y políticas públicas
José Antonio Velásquez (Secretaría de Estado -
Honduras) “El caso de la reforma educativa en Honduras.”
Cariño Morán (Perú) "Conflicto de Intereses en el buen uso de los recursos públicos en la Gestión del PRONAA”
Andres Corrales (SERVIR-
Perú) “El caso de las resistencias a la reforma meritocrática”
12:15
pm
Ronda de Debate
12:45
pm
Almuerzo
03:00 pm
Panel
temático: Otras miradas sobre los conflictos I
Omar
Moreno
(Ministerio de Economía y Finanzas - Panamá) “La labor en Panamá
para rescatar a jóvenes y adolescentes en alto riesgo social”
Mariana Drago (Ministerio de Desarrollo Social - Uruguay) “Adolescentes y Jóvenes desvinculados del sistema educativo y del empleo formal en contexto de extrema pobreza.”
Sindy Valverde (Ministerio de Educación Pública - Costa Rica)
“Aspectos Negativos de
las TICs en la Educación Costarricense”
04:00
pm
Ronda de Debate
04:30 pm
Panel
temático:
Otras miradas sobre los conflictos II
Mariana López (Secretaría de la Función Pública -
México) “Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia”
José
Angulo (Instituto Nacional de Aprendizaje -
Costa Rica) “El abstencionismo como reacción social”
José Berrío (Departamento Administrativo de la Función Pública
-
Colombia)
“Reforma Institucional para la Inclusión Social”
05:30
pm
Ronda de Debate
06:00pm
Clausura
Palabras de clausura por parte del Primer Ministro de la República del Perú, Dr. Juan Jiménez Mayor, Representante Titular del Perú ante el CLAD.
Entrega de Certificados por parte de PCM y EIAPP.
Gestión pública y conflictos sociales en América Latina: enfoques, institucionalidades y experiencias
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Nº 07 - Junio 2013Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales
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Más importante que el número de conflictos es la capacidad del Estado para gestionarlos.
El gobierno la está forjando.
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