Estado de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el
Congreso de la República:
La semana del 28 de agosto empezará con ocho proyectos en trámite.
En la semana del 21 al 25 de agosto sólo estaban agendados para debate Reforma Política e Innovación Agropecuaria, el primero avanzó ligeramente y el segundo sigue estancado. Se suman dos nuevos proyectos que recientemente radicó el Gobierno con los cuales busca regular el sistema nacional catastral multipropósito y habilitar la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales de la ley 2° de 1959.
Luego de la reunión que sostuvo el Gobierno con voceros de los partidos y coordinadores de ponencia, se preveía un acuerdo para la votación del articulado del proyecto de Reforma Política. Sin embargo, los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes presentaron 144 proposiciones lo que obligó a discutir y someter a votación artículo por artículo, y alcanzaron a votar tres de los 21 artículos del proyecto de ley.
Una de las reformas que quería introducir el proyecto inicialmente, era que para que tuvieran efecto las decisiones que limitan derechos
políticos a servidores públicos de elección popular tendrían que ser confirmadas por la jurisdicción contenciosa administrativa, con el propósito de cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos que exige que sólo una autoridad judicial pueda limitar el ejercicio de los derechos políticos. El Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República fueron enfáticos en conservar sus facultades a pesar de estar en contra de los estándares internacionales de los derechos humanos, el Gobierno Nacional no defendió con fuerza el tema y se concertó que el artículo fuera retirado, tal como ocurrió en la votación de una proposición que proponía su eliminación. . Entre 2009 y 2016, la Procuraduría profirió 7.771 decisiones sancionatorias, dentro de las cuales 3.224 correspondieron a 1.587 alcaldes municipales, 1.111 concejales, 104 gobernadores, 182 personeros y 240 gerentes de diferentes entes, entre otros cargos. (Boletín 1057 PGN ) No se trata
de defender a quienes cometan actos de corrupción, sino de garantizar el derecho a que la limitación de los derechos políticos solo pueda realizarse mediante decisión judicial, y no administrativa. . La discusión del artículo que buscaba habilitar el uso de los medios digitales en la recolección de apoyos para promover los mecanismos de participación ciudadana giró alrededor de su redacción, principalmente en la sujeción de esta herramienta a una reglamentación por ley, que fue proposición del Representante Hernán Penagos, lo que implicará que, de aprobarse la Reforma Política, habría que presentar un proyecto de ley para regular la materia, cuando podría regularse vía decreto o resolución, permitiendo así agilidad y oportunidad. Postergar esta reforma, banaliza la discusión sobre la importancia que tienen los medios digitales para hacer efectiva la participación ciudadana en la promoción de consultas populares, cabildos abiertos y revocatorias de mandato. Los Representantes conocen esta consecuencia y con estas decisiones aprueban una norma que no tendrá mayor fuerza en términos prácticos, pero además impiden que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos a promover mecanismos de participación en condiciones más favorables. Las proposiciones aprobadas para la modificación del artículo 3, reducen las exigencias a los partidos políticos en relación con sus afiliados y el ejercicio de la democracia interna. En conclusión, en las cinco sesiones (de primer debate) que se han realizado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes sólo se ha avanzado en tres artículos de los 21 que conforman el proyecto, y con estas modificaciones, en vez de mejorar lo que en realidad están haciendo es atenuando el propósito de generar cambios en la cultura política.
El Gobierno y la Unidad Nacional, principales responsables de la lentitud legislativa. Buena parte de la responsabilidad de lentitud legislativa les atañe al Gobierno Nacional y a los partidos que conforman la Unidad Nacional porque no han hecho el esfuerzo suficiente en concretar acuerdos políticos que saquen adelante una Reforma Política. No se explica que luego de varias reuniones con voceros y ponentes, sé hayan presentado 144 proposiciones para introducir cambios en el proyecto.
Cambio Radical en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
“le puso el freno de mano a la reforma política”
Los Representantes de Cambio Radical en la Comisión Primera, Carlos Jiménez López
(Cundinamarca), Jorge Rozo Rodríguez (Valle del Cauca) y Rodrigo Lara (Bogotá), además de incurrir
en actos irrespetuosos, suelen intervenir para desviar el debate del asunto principal en discusión,
o para volver a debates que ya se han superado; presentan proposiciones (que retiran, modifican y
vuelven a radicar), y en ocasiones se ausentan durante las sesiones, y al momento de las votaciones
se retiran del recinto.
Representante Lara, ineficiencia deliberada
El comportamiento del Representante Rodrigo
Lara es inaceptable, pues en su calidad de
Presidente de la Cámara, debería garantizar que
el funcionamiento del Congreso sea eficiente.
Dicho comportamiento es lo que ha posibilitado
el trancón legislativo en la Cámara:
1. Boicotea los debates al citar Plenaria al tiempo
que se está discutiendo el proyecto de reforma
política en la Comisión Primera.
2. Llega a las sesiones y se retira en varias ocasiones, al regresar pide la palabra e interviene para
desviar las discusiones, para finalmente retirarse al momento de la votación.
3. Tiene bloqueado el nombramiento del ponente para el Proyecto de Circunscripciones Especiales
de Paz, debido a que no ha dado traslado del proyecto, que reposa en su escritorio, hacia la Comisión
Primera para que se haga la designación.
4. Lo mismo ocurre con el proyecto de ley sobre Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo primer
debate debe darse de manera conjunta en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. El Senado
ya asignó la ponencia a Horacio Serpa.
5. La manera como llama al proyecto de reforma política es “monstruo legislativo” lo que es a todas
luces inadecuado e irrespetuoso…
Con esta conducta falta a las obligaciones que como Presidente de la Cámara establece el
reglamento del Congreso de Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar
su debido trámite y genera un trancón en la Cámara de Representantes. En el caso del proyecto de
reforma política esta conducta podría generar que para el momento en que comience el debate
electoral, aun no estén fijadas las reglas de juego.
La reiterada ausencia de los Senadores estanca el trámite del Sistema de Innovación
Agropecuaria
Por cuarta vez fracasó el último debate en Plenaria del Senado al proyecto de ley del Sistema de Innovación Agropecuaria, citado para el pasado 22 de agosto y posteriormente para el 23. A este proyecto, que fue presentado el primero de marzo de este año y que fue aprobado en primer debate de comisiones conjuntas y en la Plenaria de la Cámara, no se le ha podido dar trámite por el ausentismo reiterado de los Senadores (cerca de 60 no estaban), al retraso en dar inicio a la sesión
y la imposibilidad de votar los impedimentos debido a que los miembros del Centro Democrático se retiran del recinto y de esa forma no se alcanza el corum. A esto se suma que el Ministro de Agricultura no demuestra suficiente compromiso pues no se presenta en las sesiones; sin embargo, algunos de los asesores del Ministerio con teléfono en mano, llaman a los senadores que no se encuentran para reclamarles por su ausencia.
El Centro Democrático presenta tres proyectos de ley para echarle reversa a varios temas claves de la implementación del Acuerdo Final.
Mientras la Cámara está bloqueada y el
Senado está de vacaciones respecto al
procedimiento legislativo especial, el Centro
Democrático presentó vía ordinaria tres
proyectos de ley que buscan “hacer trizas” el
avance en la implementación del Acuerdo
Final. A dos de estos proyectos ya les radicó
ponencia, aunque todavía no hay fecha para
iniciar su debate.
Uno de ellos busca modificar el Decreto Ley
888 de 2017, con el cual se hicieron cambios en la estructura de la Contraloría y se creó la Unidad
Delegada para el Postconflicto, adscrita al despacho del Contralor, para coordinar y hacer
seguimiento a los recursos públicos destinados para la implementación, de la institucionalidad
encargada de cumplir los compromisos y las políticas diseñadas y desarrolladas por ellas. Con este
proyecto modificatorio, el Centro Democrático busca que la Unidad se reduzca a un grupo funcional,
conformado por antiguos funcionarios de la Contraloría.
El segundo, que no tiene ponencia radicada todavía, está relacionado con la modificación del
Decreto 902 de 2017, con el cual se adoptaron medidas para acceso y formalización de tierras (fondo
de tierras).
El tercer proyecto busca eliminar la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de
las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que se creó al interior de la Fiscalía por el Decreto
Ley 898 de 2017. Argumentan que con la creación de la Unidad se desconocen funciones al ente
investigador, además de su desacuerdo en que el director de dicha Unidad sea nombrado por el
Comité de Escogencia, así como que se pueda emplear en contra de quienes sean críticos del
Acuerdo Final y su implementación.
La pregunta que desde varios sectores surge es ¿Por qué el Centro Democrático no quiere que se
persiga a los sucesores del paramilitarismo? y ¿por qué se oponen con tanto ahínco a que se
prohíba el paramilitarismo en la Constitución?
Congresistas se le adelantan al Gobierno,
presentando proyectos sobre
Participación Ciudadana
Como el Gobierno no ha presentado el
proyecto de ley orgánica para reformar la ley
152 de 1994 (ley orgánica del Plan de
Desarrollo) y adecuarla a las necesidades del
Acuerdo Final, y tampoco ha llevado al
Congreso el proyecto de ley estatutaria de
garantías para la participación de las
organizaciones sociales y la movilización y protesta, algunos Congresistas han radicado proyectos
que regulan estos temas, y que serían radicados por el procedimiento legislativo ordinario. El primer
caso es el de la Representante Angélica Lozano del partido Verde y el segundo, del Senador Roy
Barreras del Partido de la U.
De esta forma se generan fisuras e incluso colisiones porque estos proyectos, aunque tratan temas
que se relacionan con el Acuerdo Final, se tramitarán por vía ordinaria, y no tienen la obligación de
guardar conexidad estricta con el Acuerdo Final, obligación que sí tienen los proyectos que se
tramitan vía “fast track”. Lo que no se explica, es cómo el Gobierno no ha presentado por ejemplo
el proyecto de reforma a la ley 152, cuando se conoce que ya acordó este punto en la CSIVI.
Se presentaron dos nuevos proyectos de ley para avanzar en la Reforma Rural Integral
Recientemente, el Gobierno presentó dos
nuevos proyectos relacionados el punto 1 del
Acuerdo Final. Uno para regular el Sistema
Nacional Catastral Multipropósito, con el que
se quieren realizar cambios estructurales en
aspectos metodológicos, operativos y
financieros que permitan modernizar la
información de estos inventarios de bienes
inmuebles públicos y privados determinados
por su ubicación y localización cartográfica.
El otro, permitiría el otorgamiento de uso de baldíos que se hallan dentro de zonas que por sus
características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades agroforestales
compatibles con los objetivos de las reservas forestales.
La preocupación es que si hay lentitud en los otros dos proyectos que se están tramitando
relacionados con el punto 1, Innovación Agropecuaria y Adecuación de Tierras, asalta la duda sobre
qué tanto podrán progresar estas iniciativas en el Congreso.
Estabilidad jurídica del Acuerdo Final y reintegración política de las FARC-EP los temas
de la semana en la Corte Constitucional
El miércoles 23 de agosto, el alto
tribunal realizó una audiencia pública
con el objetivo de reunir elementos
de juicio para decidir la
constitucionalidad del acto legislativo
03 de 2017, que establece las
medidas y condiciones para la
reintegración y participación política
de las FARC-EP. A la audiencia
asistieron representantes del Estado,
congresistas, organizaciones sociales
y ex-constituyentes.
La Registraduría, pese a que apoyó las posturas de defensa de la norma que presentaron el Gobierno
y el Consejo Nacional Electoral, solicitó al primero un reglamento que le permita identificar quiénes
fueron miembros de las FARC y que se establezcan las reglas para tener claridad sobre beneficiarios
de esta normativa.
Por otro lado, esta semana se conoció la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero sobre el
Acto Legislativo 2 de 2017 “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución
con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En la ponencia el magistrado propone
declarar inexequibles dos apartes de dicho Acto Legislativo:
"las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo
establecido en el acuerdo final” y "las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo
acordado, preservando los contenidos y principios del Acuerdo Final". Si la mayoría de la Corte
Constituional aprueba esta ponencia se le quitaría fuerza al Acuerdo Final y los cambios que buscan
estabilizar la paz en el país tendrían más riesgos.