dos proyectos de nación: campesinado y liberalismo en la región morelense, 1848-1876, irving...

HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA

EN MORELOS Ensayos desde la historia regional

HORACIO CRESPO

LUIS ANAYA MERCHANT (COORDINADORES)

HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA

EN MORELOS Ensayos desde la historia regional

HORACIO CRESPO

LUIS ANAYA MERCHANT (COORDINADORES)

ANGÉLICA GUERRA ULAJE / IRVING REYNOSO JAIME LAURENCE COUDART / HORACIO CRESPO

GABRIELA SOSA SÁNCHEZ / LUIS ANAYA MERCHANT EMMA MALDONADO VICTORIA / ALICIA PUENTE LUTTEROTH

MAURA CAMINO APARICIO / LUIS GERARDO MORALES MORENO

PRIMERA EDICIÓN: 2007 ISBN: 978-968-878-284-2 DR © 2007, Universidad Autónoma del Estado de Morelos Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos El cuidado de la edición, tipografía y corrección de estilo estuvo a cargo de Irving Reynoso Jaime y Horacio Crespo. DISEÑO DE PORTADA: Irving Reynoso Jaime IMPRESIÓN: Dicograf, S. A., DE C. V. Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico Este libro no puede ser fotocopiado ni reproducido total o parcialmente por ningún medio o método sin la autorización por escrito de los coordinadores. This book may not be reproduced, in whole or in part,

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DOS PROYECTOS DE NACIÓN: LIBERALISMO Y CAMPESINADO EN LA REGIÓN

MORELENSE, 1848-1876

IRVING REYNOSO JAIME INTRODUCCIÓN Las reformas en materia electoral y de participación política ciudadana implementadas en las últimas décadas en América Latina, son citadas con frecuencia por tecnócratas y reformistas para proclamar triunfalmente que por primera vez en la historia es posible la participación de las clases “populares” en la vida política nacional. Sin embargo, este argumento implica reconocer, como ha señalado John Tutino, que durante la mayor parte de la historia han sido los grupos dominantes los encargados de construir las naciones.1 En efecto, algunas interpretaciones historiográficas adoptaron dicha visión en lo que se refiere al escenario rural de México durante el siglo XIX. Así, se mostraba a las clases populares del campo como víctimas sumisas y pasivas que solamente asumían una posición políticamente activa cuando sus condiciones de vida llegaban a extremos intolerables, estallando su resentimiento social de forma espontánea a través de revueltas o rebeliones campesinas. De acuerdo con esta visión, los campesinos no eran más que un sector explotado desde el punto de vista económico y subordinado en el ámbito político, individuos incapaces de articular un proyecto político propio y limitados a manifestar su inconformidad de manera violenta e incluso irracional, dejando a las elites liberales el papel protagónico en el proyecto de construcción nacional.

1 TUTINO, John, “Presentación. Campesino y nación: reconstruyendo la historia”, en MALLON, Florencia, Campesino y nación. La construcción de México y Perú poscoloniales, México, CIESAS / El Colegio de San Luis / El Colegio de Michoacán, 2003, p. 30.

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No obstante, los estudios regionales y la perspectiva histórica “desde abajo” han contribuido sustancialmente para ilustrar y poner de relieve el papel activo de los campesinos en las distintas coyunturas políticas y militares de México durante el siglo XIX –como el complicado tránsito del sistema colonial de dominación a las nuevas forma de vida republicana y constitucional–, superando la visión que condenaba a los campesinos a una posición marginal en el ámbito de la política decimonónica.2 De hecho, el propio Tutino, refiriéndose al estudio de Florencia Mallon sobre el papel de los campesinos en la construcción nacional, ha afirmado que: “No podemos conocer bien a los campesinos sin comprender su relación con las naciones. No podemos comprender bien a las naciones sin conocer su relación con los campesinos”.3 Por tanto, el análisis de la práctica política de los campesinos se vuelve fundamental para la explicación histórica de la construcción del Estado-nación. Análisis recientes sobre la participación política de los habitantes del campo demuestran que el nuevo orden republicano que se instaló en México (con los ayuntamientos como célula básica de gobierno y un sistema de elecciones indirecto) no resultó un instrumento efectivo para proteger los intereses de los campesinos y otros grupos subalternos, pues su participación en dicho sistema se fue restringiendo cada vez más, al ser acaparado por grupos ajenos a sus intereses.4 Por otra parte, apelar a la justicia de los altos funcionarios tampoco

2 Véase PITTMAN, Dewitt Kennieth, Hacendados y políticos. Las clases agrarias y

la instalación del Estado oligárquico en México, 1869-1876, México, Fondo de Cultura Económica, 1989; REINA, Leticia, Las rebeliones campesinas en México

(1819-1906), México, Siglo Veintiuno Editores, 1998; MEYER, Jean, Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910), México, SEPSETENTAS 80, 1973 y MALLON, op. cit., 2003. 3 TUTINO, op. cit., p. 29. 4 Eric Hobsbawm afirma que el sistema político de elecciones democráticas no funciona para los campesinos “como clase”, cf. HOBSBAWM, Eric, “Peasants and Politics”, The Journal of Peasants Studies, vol. 1, no. 1, October, 1973, p. 19. Algunos ejemplos de este fenómeno para el caso de México durante las primeras décadas de vida independiente se encuentra en ORTIZ ESCAMILLA, Juan y José Antonio SERRANO

ORTEGA, Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, México, El Colegio de Michoacán / Universidad Veracruzana, 2007.

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representaba una vía efectiva, pues los políticos más importantes

pertenecían a la misma clase social que las elites económicas, o al menos compartían muchos intereses. De ahí que las rebeliones

campesinas o agrarias en el medio rural no fueran movimientos

meramente espontáneos, violentos e irracionales, sino una modalidad distinta de lucha más radical, luego de que en la práctica

los medios legales e institucionales habían demostrado ser ineficientes.

Las revueltas o rebeliones campesinas adquieren en consecuencia una gran relevancia para entender la política en el

ámbito rural decimonónico. Su estudio no es una empresa sencilla, pues dichas rebeliones son muy complejas desde el punto de vista

social e ideológico, en primer lugar por las diferencias económicas y

sociales dentro del campesinado (estratificación interna) y, por otra parte, debido a la participación de otros sectores sociales no

campesinos en dichas revueltas (artesanos, rancheros, comerciantes, pequeños hacendados, profesionistas, maestros, etc.). Pero a pesar

de esta complejidad, todas las rebeliones campesinas comparten un elemento en común: su condición de subalternidad con respecto a

las elites políticas y económicas.

En efecto, durante el siglo XIX la lucha por la construcción nacional en México estuvo caracterizada por las alianzas que se

produjeron entre las facciones liberales en pugna y los grupos campesinos de varias regiones estratégicas. Por supuesto, se trataba

de alianzas claramente verticales, bajo la dirección de las elites liberales, pero en las cuales los grupos campesinos podían presionar

para resolver muchas de sus demandas locales. De modo que a pesar de su condición subordinada, estas alianzas campesinas con el

liberalismo lograron incorporar varias de sus reivindicaciones

políticas y económicas al proyecto hegemónico de nación. Precisamente al ignorar la participación del campesinado y centrar el

análisis en las elites y sus proyectos políticos, se asume con facilidad la visión que éstas tenían sobre los campesinos: un grupo “inculto y

molesto” que había que ignorar a menos que se volviera incontrolable.5 Por el contrario, las movilizaciones rurales no fueron

simples manifestaciones de descontento que emergían

espontáneamente y sin dirección, pues la mayoría de los

5 PITTMAN, op. cit., p. 151.

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levantamientos campesinos tuvieron una fase previa de intentos de negociación y formas de lucha menos subversivas. Sin embargo, una vez reconocida la dimensión política de las luchas campesinas y sus alianzas con el liberalismo, esto no implica afirmar que los grupos dominantes y los sectores subalternos compartieran los mismos intereses ni la misma idea de lo que debía de ser la nación. Existieron, por lo tanto, dos proyectos políticos, el del liberalismo y el de los pueblos campesinos, que si bien podían tener intereses en común –lo cual permitió alianzas coyunturales– también fueron antagónicos en muchos aspectos fundamentales. Por tanto, el propósito de nuestro trabajo consiste en ilustrar en una región determinada –en ese caso, el territorio del actual Estado de Morelos durante el siglo XIX– las características de las luchas campesinas y su enfrentamiento con el proyecto hegemónico de nación de las elites liberales. ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA

REGIÓN “MORELENSE” La región de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas –núcleo territorial del actual Estado de Morelos– se articuló desde la época colonial en base a la relación simbiótica entre haciendas azucareras y pueblos de indios. Los abundantes recursos territoriales y acuíferos de la región, la disponibilidad de mano de obra, el acceso al mercado novohispano más importante –la ciudad de México–, más una serie de factores internos y externos, propiciaron que la agroindustria azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas alcanzara el primer lugar en producción, mientras que el azúcar se convirtió, después de la plata, en el segundo producto mercantil más importante de Nueva España.6 Los propietarios de las haciendas azucareras de la región no conformaban una simple elite local o regional, se trataba de influyentes y poderosos comerciantes capitalinos, pertenecientes al

6 Sobre la región azucarera morelense véase CRESPO, Horacio et. al., Historia del azúcar en México, 2 vols., México, Azúcar S. A. / Fondo de Cultura Económica, 1988; SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, Azúcar y Poder. Estructura socioeconómica de las Alcaldías Mayores de Cuernavaca y Cuautla de

Amilpas, 1730-1821, México, UAEM / Editorial Praxis, 2001.


Consulado de Comerciantes de la ciudad de México, quienes desde finales del siglo XVIII adquirieron haciendas azucareras y desplazaron a la iglesia como la principal propietaria de fincas en las subdelegaciones de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas. Estos comerciantes convertidos en hacendados integraron la producción y comercialización del dulce, invirtieron en mejoras técnicas para incrementar la producción y recurrieron a sus redes de influencia social, comercial y política para lograr que durante la primera mitad del siglo XIX, una época de incertidumbre política y económica, la producción azucarera de sus haciendas continuara al alza.7 Por su parte, los pueblos de indios de la región se vieron afectados desde finales del siglo XVI por una serie de epidemias que diezmaron su población drásticamente. Esto generó que la corona instituyera una política proteccionista a favor de la población indígena, prohibiendo que se utilizara a los indios para laborar en las haciendas azucareras. Además, las autoridades virreinales desplazaron a la población sobreviviente de sus lugares de origen para congregarlos en un solo pueblo, o los sujetaron políticamente a una cabecera.8 Esta situación fue aprovechada por las haciendas azucareras, la cuales invadieron y se apropiaron por diversos mecanismos legales y extralegales de las tierras de los pueblos. Cuando en el siglo XVIII la población indígena se recuperó, enfrentó serios problemas de subsistencia debido a la escasez de tierras, por lo que muchos indios sin tierra o con muy poca fueron a laborar como jornaleros, arrendatarios o trabajadores permanentes en las haciendas azucareras. Los sectores desposeídos de los pueblos permitieron a los hacendados abandonar el sistema esclavista de trabajo –implantado desde la prohibición de emplear a los indios–, generándose desde entonces la conflictiva relación entre pueblos y haciendas que caracterizaría la época colonial y sentando las bases

7 Véase SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, “Las incertidumbres del cambio: redes sociales y mercantiles de los hacendados-comerciantes azucareros del centro de México (1800-1834)”, en Historia Mexicana, LVI: 3, 2007, pp. 919-968. 8 Sobre las congregaciones: MENTZ, Brígida von, Pueblos de indios, mulatos y

mestizos, 1770-1870, México, CIESAS, 1988, pp. 71-79 y MARTIN, Cheryl E., Rural Society in Colonial Morelos, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1985, pp. 25-28.

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para las revueltas y rebeliones del siglo XIX, que alcanzarían su cenit en la insurgencia zapatista.9 El proyecto liberal que comenzó a construirse en las primeras décadas del siglo XIX –primero con la constitución de Cádiz de 1812 y posteriormente con la constitución federal de 1824– consideraba a la propiedad comunal de los pueblos de indios como un obstáculo para el desarrollo agrícola, pues impedía la comercialización de la tierra y su adjudicación a título individual para formar una sociedad de pequeños propietarios. Por ello se tomaron medidas para disminuir el poder local de los pueblos y reducir su representatividad política, pues las repúblicas de indios se habían mostrado como un instrumento importante en la defensa de sus tierras comunales y demás recursos económicos durante la época colonial.10 De esta forma, por medio del control de los instrumentos políticos locales, la elite azucarera consiguió amortiguar la conflictividad social con los pueblos, al menos hasta mediados de los años cuarenta. En efecto, las elecciones municipales y, por tanto, los cargos de los ayuntamientos constitucionales, fueron controlados por los hacendados y sus representantes para disminuir el control de las comunidades sobre sus recursos territoriales. Por

9 CRESPO et. al., Historia del azúcar…, p. 88. Las tensiones sociales y económicas entres pueblos y haciendas durante la época colonial y el siglo XIX están documentadas en varios trabajos, véase WOBESER, Gisela von, La hacienda azucarera en la época colonial, México, SEP / UNAM, 1998, pp. 124-138; MARTIN, op. cit., pp. 177-192; REINA, op. cit., pp. 157-177; SOTELO

INCLÁN, Jesús, Raíz y razón de Zapata, México, Comisión Federal de Electricidad, 1970, SÁNCHEZ SANTIRÓ, Azúcar y poder… y HERNÁNDEZ

CHÁVEZ, Alicia, Anenecuilco. Memoria y vida de un pueblo, México, El Colegio de México, 1991. 10 Una descripción y análisis de las características de las repúblicas de indios en TANCK DE ESTRADA, Dorothy, Pueblos de indios y educación en el México

colonial, 1750-1821, México, El Colegio de México, 1999; y TANCK DE

ESTRADA, Dorothy, Atlas ilustrado de los pueblos de indios. Nueva España, 1800, Mapas de Jorge Luis MIRANDA GARCÍA y Dorothy TANCK DE ESTRADA, con la colaboración de Tania Lilia CHÁVEZ SOTO, México, El Colegio de México / El Colegio Mexiquense / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Fomento Cultural Banamex, 2005. Algunos comentarios sobre las repúblicas de indios de la región “morelense” en MENTZ, op. cit., pp. 71-79 y MARTIN, op. cit., pp. 25-28.


otra parte, las milicias cívicas –el brazo armado de los ayuntamientos– siempre estuvieron mal organizadas, sufrieron la escasez de recursos económicos y de armamento, así como de una buena instrucción militar. En cambio, los hacendados azucareros contaban con sus propias fuerzas rurales, organizadas con los trabajadores de sus fincas, correctamente armadas y financiadas con sus abundantes recursos económicos.11 Esto no quiere decir que la conflictividad social desapareciera, nada más alejado de la realidad, sino que las disputas entre pueblos y haciendas, o entre un pueblo y otro, fueron menos frecuentes y su intensidad más moderada. Así, por ejemplo, durante la década de los años veinte del siglo XIX, se suscitaron conflictos en los pueblos de Tesoyuca, Jiutepec, Tepoztlán y Tejalpa, así como en las haciendas de San Vicente, Atlacomulco, Oacalco y Chiconcuac. En los años treinta la hacienda de San Vicente entabló un litigio contra el pueblo de Amatitlán, que se resolvió a favor de la hacienda por medio de una permuta de tierras que afectó gravemente a los vecinos del pueblo. Al llegar a los años cuarenta los conflictos territoriales seguían siendo relativamente pocos; sabemos que en 1844 ocurrieron dos disputas, una entre el pueblo de Mazatepec y la hacienda de Miacatlán, y otra donde se enfrentaron la hacienda de Chiconcuac y el pueblo de Tesoyuca.12 Sin embargo, fue a partir de 1848, en el contexto de la intervención norteamericana, cuando las rebeliones campesinas irrumpieron con mayor furia, aprovechando la debilidad del gobierno para iniciar disputas por cuestiones de tierra y autonomía, pago de impuestos y la renta de tierras, motivadas tanto contra las autoridades municipales como contra hacendados o caciques locales, y mezcladas en muchos casos con sentimientos antiespañoles.13 Los ocho conflictos entre pueblos y haciendas registrados en el periodo 1848-1854 se dieron precisamente en el 11 REYNOSO JAIME, Irving, Poder local y conflictividad social: haciendas,

ayuntamientos y milicias del distrito de Cuernavaca durante el primer liberalismo,

1810-1835, Tesis de Maestría en Historia Moderna y Contemporánea, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 2007. 12 SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, “El distrito de Cuernavaca en la primera mitad del siglo XIX: cambio político, continuidad económica y control de los recursos naturales”, mecanoscrito, s. f. 13 FLORESCANO, Enrique, Etnia, Estado y Nación, México, Taurus, 2001, p. 323; MALLON, op. cit., pp. 307-309; REINA, op. cit., p. II.

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contexto de la guerra contra Estados Unidos y las condiciones sociales y económicas que prevalecieron en el territorio después de la intervención.14 No podemos determinar hasta que punto los conflictos campesinos que estallaron en la región azucarera de Cuernavaca durante la intervención norteamericana fueron movimientos defensivos u ofensivos, es decir, si se trataba de proteger las tierras comunales –todavía en posesión de los pueblos– ante la expansión territorial de las haciendas, o más bien pretendían recuperar las tierras que los hacendados les habían usurpado en el pasado. Evidentemente coexistieron los dos tipos de conflictos territoriales, pero ignoramos cuál fue el más característico. Sin embargo, no es la intención de este trabajo escudriñar dichas cuestiones, sino la de mostrar cómo a partir de las rebeliones campesinas de mediados del siglo XIX en la región azucarera “morelense”, podemos ilustrar cabalmente la oposición que existía entre el proyecto liberal de las elites y el de las comunidades campesinas. Para dicho propósito vamos a concentrar nuestro análisis en la zona sur-occidente de la región azucarera, es decir, los partidos de Cuernavaca y Tetecala. En esta zona se instalaron las haciendas más pequeñas y las de menor producción, situación que puede explicar que ahí se concentraran la mayoría de los conflictos por los recursos naturales, ya que el avance territorial de las haciendas no era tan fuerte como en los valles azucareros de Cuautla y Yautepec, donde las grandes haciendas habían arrinconado territorialmente a los pueblos desde la época colonial.15 Delimitada así nuestra zona de estudio, analizaremos de forma general las alianzas que los campesinos realizaron con algunas facciones liberales, ilustrando el fenómeno en base a tres líneas temáticas: la configuración territorial de los pueblos, las características de las revueltas o rebeliones campesinas y, finalmente, el saldo positivo o negativo de las alianzas con el liberalismo para los pueblos campesinos durante el tercer cuarto del siglo XIX, en el contexto de la creación del Estado de Morelos.

14 SÁNCHEZ SANTIRÓ, “El distrito de Cuernavaca…”. 15 Véase REYNOSO JAIME, Irving, La conformación de las elites locales. El caso de

la región de Tetecala, 1850-1910, Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades - Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2005.


ALIANZAS CAMPESINAS Y CONFIGURACIÓN TERRITORIAL Las enconadas luchas políticas y militares de la primera mitad del siglo XIX, además de impactar en el terreno social y económico, también influyeron en la configuración territorial de los pueblos. En 1825, la ley municipal del Estado de México decretó la creación de 17 ayuntamientos constitucionales en el distrito de Cuernavaca,16 una división municipal que permaneció casi inalterada hasta 1850, a no ser por algunas modificaciones que ocurrieron precisamente en la zona sur-occidente del distrito, donde se instalaron los ayuntamientos de Tetecala y Miacatlán. Lo relevante de esta organización municipal, es que las cabeceras de los ayuntamientos de la zona se instalaron en el lugar de residencia de los hacendados azucareros (Miacatlán y Tetecala), desplazando a la antigua cabecera de curato (Mazatepec) y reduciéndola a la condición de pueblo sujeto. En Tetecala habitaban prominentes familias de hacendados, como los Silva y los Sáenz de la Peña, dueños de las haciendas de Actopan y Cocoyotla, respectivamente. Asimismo, en Miacatlán tenían su centro de poder la familia Pérez Palacios, cuya hacienda San Salvador venía enfrentando constantes litigios por aguas y tierras desde finales del siglo XVIII con los pueblos vecinos de Mazatepec y Coatetelco.17 Hay que remarcar el hecho de que los Pérez Palacios de Miacatlán no eran una simple familia de “riquillos” locales, sino una de las familias más poderosas de toda la región en el ámbito político, económico y militar. Así, Francisco Pérez Palacios, dueño de la hacienda azucarera de San Salvador, fue alcalde de Cuernavaca en 1814, alcalde de Miacatlán en 1820, apoderado legal del ayuntamiento de Coatlán en 1823 y prefecto del distrito de Cuernavaca entre 1830 y 1832. Sus parientes también participaron activamente en al negocio azucarero y la política del distrito: Pedro y José Pérez Palacios fueron administradores de la hacienda de Cocoyoc en 1807 y 1814 respectivamente; Ramón Pérez Palacios fungió como subprefecto de Cuernavaca en 1825, mientras que Juan Pérez Palacios fue prefecto del distrito en 1830. Asimismo, Ángel Pérez Palacios se desempeñó como comandante militar de

16 ORELLANA, Ignacio, Descripción geográfica y estadística del distrito de Cuernavaca, 1826, México, CIESAS, 1985. 17 MENTZ, op. cit., pp. 104-105.

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Cuernavaca entre 1830 y 1835, mientras que Luis Pérez Palacios fue electo diputado estatal para la legislatura de 1831 a 1832.18 Por esta razón, cuando Juan Álvarez intento ganarse el respaldo de los campesinos del distrito de Cuernavaca, apoyó las demandas de autonomía municipal de los pueblos para debilitar el poder político de los hacendados azucareros. En efecto, a finales de 1848, después de la intervención norteamericana y con el soporte de Juan Álvarez, el ayuntamiento de Miacatlán desapareció o, mejor dicho, cambió de cabecera. Así, Mazatepec se convirtió en cabecera del nuevo ayuntamientos que llevó su nombre, y Miacatlán y Coatetelco quedaron como pueblos sujetos (junto con las hacienda de San Salvador).19 La formación del ayuntamiento de Mazatepec fue un duro golpe asestado por Juan Álvarez al poder político de la familia Pérez Palacios en la zona. Al año siguiente, el 2 de junio de 1849, se otorgó una mayor representación política a la zona con la creación del partido de Tetecala, compuesto por la municipalidad del mismo nombre como cabecera y los ayuntamientos de Mazatepec, Jojutla, Ixtla y Tlaquiltenango.20 La elección de Tetecala como cabecera de partido pudo obedecer a su importancia comercial, pero también al objetivo de debilitar aún más el poder político de los Pérez Palacios, avecindados en Miacatlán. Sin embargo, en 1858 la influencia política de los hacendados fue determinante para que le fueran segregadas varias tierras al ayuntamiento de Mazatepec, con las cuales se constituyó Miacatlán como un municipio nuevo, devolviendo en parte a los hacendados azucareros la representación político-territorial perdida una década antes.21 Así, hemos visto con estos sencillos ejemplos que las alianzas de los campesinos con las facciones liberales podían incidir efectivamente en la consecución de ciertas demandas políticas, en este caso, la autonomía municipal. Sin embargo, como apuntamos en la introducción de este trabajo, en otros aspectos los intereses

18 REYNOSO JAIME, Poder local…, p. 130. 19 LÓPEZ GONZÁLEZ, Valentín, Historia general del Estado de Morelos, Tomo I, Antecedentes y formación del Estado de Morelos, Cuernavaca, Centro de Estudios Históricos y Sociales, 1994, p. 71. 20 Ibid., p. 73. 21 MENTZ, op. cit., p. 146.


campesinos chocaban con el proyecto de las elites liberales, como veremos a continuación al analizar el papel de las Guardias Nacionales, comandadas por Juan Álvarez, en la lucha por los recursos naturales de la región azucarera de Cuernavaca. JUAN ÁLVAREZ Y LOS CAMPESINOS DEL DISTRITO DE CUERNAVACA Cuando se supo en 1847 que Veracruz había sido tomada por las tropas norteamericanas, inmediatamente comenzó a organizarse la defensa militar del distrito de Cuernavaca. Una parte de las fuerzas de Cuernavaca partieron hacia Acapulco para entrevistarse con el general Juan Álvarez, comandante de la División del Sur del ejército regular. Como medida defensiva, la caballería del partido de Tetecala resguardaba los caminos de la tierra caliente que conectaban con el distrito de Acapulco, zona de influencia alvarista.22 La incapacidad del ejército regular para afrontar la intervención extranjera motivó la creación en 1847 de un cuerpo de ciudadanos armados que sirviera como un apoyo militar del gobierno: la Guardia Nacional. Los batallones de esta guardia estaban organizados en base a los pueblos y se integraban por voluntarios, quienes elegían a sus propios oficiales, lo cuales generalmente eran comerciantes o individuos que pertenecían al grupo de notables de cada pueblo. En el distrito de Cuernavaca los comandantes de la Guardia Nacional eran Isidoro Carrillo de Xochitepec, Agustín Trejo de Tepoztlán, Guadalupe Rubio de Coatlán del Río, José Manuel Arellano de Tetecala, Manuel Casales de Tlaquiltenango y Amado Popoca de Tepalcingo. Todos estos comandantes estaban bajo las órdenes del general Juan Álvarez.23 Con la premisa de mantener el orden y proteger el territorio contra el invasor extranjero, algunos batallones de la Guardia Nacional aprovecharon la situación para luchar por sus propios intereses, como lo muestra claramente el caso de la actuación del teniente coronel José Manuel Arellano, comandante del batallón de

22 LÓPEZ GONZÁLEZ, Valentín, La intervención norteamericana en Cuernavaca, 1848, Cuernavaca, Cuadernos Históricos Morelenses, 1988, p. 9. 23 MALLON, op. cit., pp. 310, 326.

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Tetecala.24 Durante los primeros meses de 1848, campesinos de los alrededores de Tetecala y Miacatlán atacaron algunas haciendas de la zona debido a la usurpación de tierras comunales que éstas habían cometido en los pueblos, pedían la restitución de sus tierras amenazando con obstruir el suministro de víveres a Cuernavaca, ciudad que se encontraba ocupada por el ejército estadounidense desde finales de 1847. Los campesinos que participaron en estas revueltas estaban dirigidos por Manuel Arellano, comandante de la Guardia Nacional, y aseguraban contar con el apoyo de Juan Álvarez.25 Los blancos de estos ataques fueron las haciendas de Chiconcuac y San Salvador Miacatlán, cuyos sucesos fueron referidos en México por El Monitor Republicano, y en los Estados Unidos por el diario American Star:

El Correo de Cuernavaca ha traído ayer la infausta noticia de que en el distrito de Cuernavaca ha estallado una revolución capitaneada por los célebres coroneles de la Guardia Nacional Guadalupe Rubio y D. N. [sic] Arellano y que tiene por objeto la distribución de

24 En un artículo que presenta una visión mítica de la fundación de Tetecala, Manuel Arellano aparece como el “constructor y fundador” del pueblo, adscrito a las tropas insurgentes y simpatizante de Vicente Guerrero; posteriormente se menciona que en 1857 fue nombrado por Juárez “jefe de la zona de Tetecala”, dedicándose a organizar grupos armados para combatir el bandolerismo de la región, Cf. GARCÍA BUENO, José Antonio, Retratos Morelenses, Tomo I, Cuernavaca, Editorial Jus, 1951, pp. 68-69. En la historiografía académica la primera referencia a este personaje la hace Brígida von Mentz en 1992: “la figura de José Manuel Arellano –líder campesino aparentemente– aún es difícil de esclarecer, pero por lo menos los habitantes de Tetecala se quejan amargamente de sus arbitrariedades y atrocidades cometidas en sus pueblos”, MENTZ, Brígida von, “La división social del trabajo entre ciudad y campo: el caso de la Prefectura de Cuernavaca, 1770-1880”, en La ciudad y el campo en la historia de México. Memoria de la VII Reunión de Historiadores Mexicanos y

Norteamericanos, Oaxaca, México, 23-26 octubre de 1985, México, UNAM, 1992, p. 556, nota 42. El estudio de Leticia Reina sobre las rebeliones campesinas (REINA, Las rebeliones…, 1998) fue el primero en arrogar luz sobre las acciones de Arellano, haciendo énfasis en su conflictiva relación con Juan Álvarez. Finalmente, el análisis de Florencia Mallon lo sitúa en un contexto más amplio en el sentido de su pertenencia a la Guardia Nacional, sus alianzas con el campesinado y su adhesión a las metas y objetivos de las clases subalternas, MALLON, op. cit., 2003. 25 REINA, op. cit., p. 157.


terrenos y la muerte de los polkos. Esto acredita que las miras son de rapiña y de trastornos: e inmediatamente han comenzado los desórdenes. En Tetecala han asaltado al centinela, le han echado sobre la guardia, marcharon sobre las inmediatas haciendas con un partido numeroso de indios, quienes en señal de poseedores mandaron quitar las mojoneras y en la hacienda de los Pérez Palacios [en Miacatlán] han comenzado a dar un ataque. Aproximadamente 300 indios atacaron la Hacienda de Chiconcuac, eran alrededor de las diez de la mañana y los indios iban armados con garrotes, piedras, cuchillos y cuantas armas de fuego, el administrador o agente, Félix tomó una posición junto con tres sirvientes en la torre de la capilla. Los indios iniciaron el ataque poniendo una línea divisoria entre ellos y el patio. Se dispararon muchos tiros, por lo que murió uno de los sirvientes de Félix. También murieron tres indios y tres fueron heridos. [Manuel Arellano era el] cabecilla de todos estos levantados.26

Días después de los acontecimientos en Chiconcuac los batallones ocuparon la hacienda de San Vicente, donde levantaron nuevas mojoneras como una señal de la recuperación de las tierras comunales. El liderazgo que Manuel Arellano asumió en estas revueltas puso seriamente en entredicho la posición de Juan Álvarez como general a cargo de la defensa de la región, pues el ejército mexicano además de hacer frente al invasor tenía que defender las propiedades de los hacendados. El hecho de que las Guardias Nacionales apoyaran a los campesinos en sus luchas agrarias era un agravante más que justificaba la invasión extranjera. Así lo entendieron los hacendados, quienes solicitaron al ejército norteamericano protección para sus propiedades. Lucas Alamán, administrador del duque de Terranova y Monteleone –heredero de las propiedades de Hernán Cortés en el distrito, entre las que se contaban la hacienda azucarera de Atlacomulco– se reunió en 1848 en la ciudad de México con el general Scott, con el fin de conseguir su respaldo militar para proteger a las haciendas azucareras del distrito, principal motor

26 American Star, no. 132, 4/03/1848, p. 3; no. 133, 5/03/1848, p. 2; no. 134, 7/03/1848, p. 3, citado por El Monitor Republicano, núm. 1025, 01/03/1848, en este diario se responsabiliza de los disturbios de la región al general Juan Álvarez. Ambos citados en LÓPEZ GONZÁLEZ, La

intervención…, p. 23.

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económico de la región, apoyo que ratificó el general Clark a su llegada a Cuernavaca.27 Esta situación motivó que Juan Álvarez amonestara seriamente a Arellano por su comportamiento. El 3 de marzo, encontrándose en Iguala, le dirigió una carta en los siguientes términos:

[…] cuando dispuse que en Tetecala fuese usted el jefe de aquel batallón, no le ordené que defendiera con él pleitos ajenos ni que por la fuerza se atentase contra las propiedades de ninguna persona; más noble, más santo fue mi objeto, la salvación de la Patria de la invasión que sufre por nuestros enemigos exteriores; y yo creí correspondería usted a ello sin andarse mezclando en patrocinar la justicia o injusticia que tengan los indígenas para reclamar los terrenos que a mano armada están apropiándose. De aquí que hoy pesa sobre usted una tremenda responsabilidad, no sólo por los atentados de proteger el ataque contra los intereses, sino porque se ha distraído usted de los objetos que le recomendé, dejando invadir el distrito por el enemigo, porque ha desesperado con su conducta a los dueños a quienes se ataca y han tenido que apelar al apoyo de armas enemigas ya que no encuentran apoyo en las de su mismo país. Si, por fin, no quiere exponer su responsabilidad, haga cuanto le comunico en orden de esta misma fecha, castigando a los que quieran seguir trastornando el orden entre los pueblos que han alarmado a las haciendas.28

Este altercado entre Manuel Arellano y Juan Álvarez ejemplifica de forma notable las diferencias de intereses de los actores políticos de la época, es también una muestra de las diversas visiones que los grupos subalternos y las elites regionales tenían de la “nación”. Los liberales del grupo de Juan Álvarez afirmaban estar luchando por “la salvación de la Patria”, defendiéndola contra el invasor yanqui, integrando una alianza entre regiones con la finalidad de consolidar una nación y un estado moderno en México. Las comunidades campesinas, en cambio, tenían una visión más estrecha en el sentido territorial de lo que significaba la “nación”. Concentrados en el ámbito de su pueblo, su hacienda y en muchos casos su etnia, las luchas de los campesinos respondían a las necesidades de subsistencia de sus pequeños terruños, de su “patria

27 REINA, op. cit., pp. 157-160; LÓPEZ GONZÁLEZ, La intervención…, p. 15. 28 Archivo Histórico de la Defensa Nacional, exp. XI/481.3/2776, citado por REINA, op. cit., p. 161. Las cursivas son de la autora.


chica”, por lo que sus acciones eran ajenas en muchos casos a los objetivos de la agenda política de las elites.29 Otro aspecto interesante de esta serie de revueltas, además del contenido agrarista en cuanto a la restitución de las tierras se refiere, es que se estaba actuando en contra de los poderes locales de la zona, como en el caso de los ataques contra la hacienda de Miacatlán, propiedad de la familia del comandante Ángel Pérez Palacios. La hacienda de San Salvador fue el núcleo laboral más importante de la zona entre 1820 y 1867, por lo que sus dueños ejercieron un férreo control jerárquico con fuertes matices patriarcales en sus relaciones con los trabajadores de la finca. En el caso del comandante Ángel Pérez Palacios, era miembro de la oligarquía regional y un influyente político en Cuernavaca, donde se destacó por sus donaciones para obras de beneficencia. En su historial político destaca su adhesión al plan conservador de Cuernavaca, organizado por los hacendados azucareros contra las reformas liberales de Gómez Farías en 1834, además de además de liderar varios ejércitos formados por los hacendados para defender sus intereses y propiedades; fue un ferviente admirador de Santa Anna y simpatizante de Maximiliano durante el Segundo Imperio. Gracias a su posición de comandante y prefecto logró afianzar en la región un control tanto político como militar.30 De ahí que en la revuelta dirigida contra la hacienda de Miacatlán, además del problema básico del despojo de tierras, había un trasfondo de viejos agravios políticos sufridos por los pueblos vecinos por parte de este hacendado-comandante. La intervención norteamericana agravó la situación en el campo, pues los enfrentamientos militares destruyeron las parcelas de cultivo y el gobierno incrementó las contribuciones para sostener la guerra. Por otra parte, las constantes rebeliones campesinas ocurridas en la región ocasionaron que los hacendados formaran y financiaran una fuerza rural que protegiera sus propiedades. Las atribuciones legales de esta “policía de seguridad” eran exclusivamente de auxilio al poder judicial como lo establecía la ley del 13 de octubre de 1849, sin embargo, el propósito real más allá de la legislación era la clara defensa de los intereses de la elite azucarera.

29 MALLON, op. cit., pp. 44-45. 30 MENTZ, Pueblos de indios..., pp. 139, 150-151.

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En cada partido del distrito se designó a un jefe de las fuerzas rurales. Sabemos que en el partido de Tetecala el jefe fue don Manuel Sainz de la Peña, quien tenía bajo su mando la protección de las diez haciendas de la zona, y estaba respaldado con el apoyo de un encargado por cada una de ellas: Vicente Sarmina en Cocoyotla, Miguel Murgueitra en Miacatlán, las haciendas de Santa Cruz y San Gabriel estaban a cargo de Norberto Reynoso y Ramón Jaimes respectivamente, San José era resguardada por José María de la Cruz y San Nicolás por Manuel Peña, Joaquín Fandiño y Francisco Aguilar eran los responsables de las haciendas de San Cristóbal y Zacatepec. El propio Manuel Sainz de la Peña, además de ser el jefe de la fuerza rural del partido, se encargaba personalmente de la protección de Actopan, hacienda de su propiedad. El total de esta fuerza rural se componía de una caballería de 364 elementos bien armados.31 Los hacendados estaban cerrando filas para pacificar la región. En 1850 el prefecto de Cuernavaca informa que los españoles Ángel Pérez Palacios, Antonio Gutiérrez y Domingo Díez cubrieron los gastos para armar a algunos “artesanos honrados” que carecían de los medios para armarse ellos mismos. El mismo comandante Pérez Palacios recorría regularmente el distrito para resguardar el orden.32 Pero si bien los hacendados estaban listos para defender militarmente sus propiedades, en el caso de los movimientos encabezados por Manuel Arellano, no fue necesaria una acción violenta para reprimirlos, pues la zona se pacificó con la simple disolución de la alianza entre los campesinos y los soldados de la Guardia Nacional.33 Sin embargo, los acontecimientos recientes había dejado un clima de incertidumbre en la región, el prefecto de

31 Además de patrocinar estas guardias rurales los hacendados también financiaban a las fuerzas de seguridad pública organizadas en cada partido desde 1848, VILLASEÑOR, Alejandro, “Memoria política y estadística de la Prefectura de Cuernavaca presentada al Superior Gobierno Libre y Soberano de México por el Lic. Alejandro Villaseñor, Prefecto del propio Distrito. Imprenta de Cumplido, México, 1850”, en MENTZ, Brígida von, Pueblos en el siglo XIX a través de sus documentos, México, CIESAS, Cuadernos de la Casa Chata, núm. 130, 1986, pp. 46-47; LÓPEZ GONZÁLEZ, Historia…, p. 76. 32 VILLASEÑOR, Memoria 1850, pp. 18, 52-53. 33 REINA, op. cit., p. 158.


Cuernavaca informaba en 1850 que los pueblos se encontraban “descontentos y alarmados á causa de la última revolución de Arellano, que intentó destruir las haciendas”. Llama la atención que en ese mismo año el prefecto mencione que en Tetecala y Yautepec “no existe Guardia Nacional ninguna” pues ésta fue desmovilizada hasta 1856. Tal afirmación puede deberse a un intento por tranquilizar a los hacendados de la región después de las rebeliones campesinas apoyadas por la Guardia Nacional, especialmente en la zona de Tetecala, aunque por otra parte es posible que haya ocurrido un temprano desarme del batallón de Tetecala como consecuencia directa del proceder de Arellano.34 Con los caminos y campos destruidos, el bandolerismo en aumento y los hacendados organizando guardias rurales para su autodefensa, el saldo posterior a la intervención norteamericana en el distrito de Cuernavaca no era muy positivo. Los campesinos no podían albergar grandes esperanzas para el futuro, sobre todo cuando las autoridades locales deslegitimaban sus demandas, como el prefecto de Cuernavaca, quien afirmaba que los terrenos en posesión de los pueblos eran “sobrados para la felicidad de doble población de la que tienen”, por lo que se quejaba de la “natural indolencia” de los campesinos, y les aconsejaba no andarse entablando en “pleitos injustos”.35 La miopía de las autoridades ante el problema social en el campo, entre otros factores, contribuyó para que a partir de 1850 se profundizaran las manifestaciones de solidaridad entre los pueblos campesinos de la región y las Guardias Nacionales, mostrándose en coaliciones formadas por campesinos, jornaleros, trabajadores sin tierra, pequeños comerciantes y miembros de la Guardia Nacional, que dieron apoyo a las causas agrarias de los pueblos.36 En 1853 se registraron nuevos ataques a las haciendas de la zona de Tetecala, conectados directamente con rebeliones previas en Tepalcingo, distrito de Jonacatepec.37 Hacia 1855, en el contexto de la Revolución de Ayutla, la franja sur-occidental del Distrito de Cuernavaca que comprendía los municipios de Puente de Ixtla, Tetecala y Jojutla, se había convertido en una zona de represión

34 VILLASEÑOR, op. cit., pp. 9, 53. 35 Ibid., p. 32. 36 MALLON, op. cit., pp. 310-311, 569. 37 REINA, op. cit., p. 167.

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gubernamental debido a que geográficamente era una puerta de fácil acceso al estado de Guerrero y al movimiento alvarista que combatía contra el régimen de Santa Anna. Esa represión no hizo más que recrudecer el clima de violencia en la zona, pues a principios de 1855 las haciendas de Cocoyotla, San Nicolás y Treinta Pesos, y los pueblos de Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Tetelpa, Jojutla, Tlaltizapan y Tetecala, fueron escenario una vez más de acciones subversivas.38 A finales de año la represión se había radicalizado, al grado de que Juan Álvarez informaba en una carta a Comonfort que debido a los últimos asesinatos cometidos en Tetecala marcharía hacia esa población para combatir al “partido retrógrado”.39 De esta forma, las Guardias Nacionales seguían desempeñando un papel fundamental en los movimientos políticos de la época y fueron pieza clave en el triunfo de la Revolución de Ayutla y para reprimir al movimiento conservador de Zacapoaxtla, en 1856, que se oponía a las reformas liberales. La alianza entre las guardias y los pueblos seguía vigente, como bien lo sabían los hacendados de la región azucarera de Cuernavaca, quienes después del triunfo de la Guardia Nacional en Zacapoaxtla, pidieron al gobierno que se custodiara el regreso de los batallones para evitar que éstos ayudaran a los pueblos en sus luchas contra las haciendas. Hay que destacar que Nicolás de la Portilla, el encargado de vigilar el regreso de las guardias, informaba que con excepción del grupo comandado por Manuel Arellano, “todos los demás desertaron por compañías enteras, cometiendo grandes crímenes”. Sin embargo, lejos de que esto se convirtiera en una buena referencia para el comandante, recordó que el “citado Arellano tiene muy desfavorables antecedentes, pues por los tribunales ha sido sentenciado el año de 1848 al presidio de San Juan de Ulúa, por delito de robo”.40 Es claro que a pesar de los servicios prestados a la causa liberal se comenzaba a desacreditar a los miembros de la Guardia Nacional que tenían antecedentes de colaboración con los pueblos.

38 MALLON, op. cit., pp. 321-322. 39 ÁLVAREZ, Juan, Manifiesto del ciudadano… a los pueblos cultos de Europa y

América, 1856, presentación de Valentín LÓPEZ GONZÁLEZ, Cuernavaca, Cuadernos Históricos Morelenses, 1999, p. 14. 40 MALLON, op. cit., p. 332.


No era para menos, pues las rebeliones campesinas estaban llegando a niveles amenazantes para la estabilidad económica de la elite azucarera. En abril de 1856 se organizaron levantamientos armados en Puente de Ixtla y Tetecala, en esta localidad los campesinos quemaron una parte de la hacienda de Actopan. Para las autoridades de Tetecala el principal sospechoso de organizar estos movimientos resultaba obvio: Manuel Arellano. Se acusó al comandante de organizar en Tetecala juntas clandestinas con fines políticos, y se solicitó inmediatamente una fuerza armada para sitiar a las localidades afectadas.41 Cómo antes sucediera con la hacienda de Ángel Pérez Palacios en Miacatlán, ahora el descontento campesino se vertía sobre la propiedad de Manuel Sainz de la Peña, ni más ni menos que el jefe de las guardias armadas de las haciendas del partido. Este hacendado había desempeñado el cargo de subprefecto en Tetecala, aunque al parecer no con muy buenos resultados, ya que en 1855 se le acusó de asesinato, y los vecinos de Tetecala pidieron que se le obligara a pagar los “daños y perjuicios” que causó durante su administración.42 Hay que enfatizar el hecho de que las luchas campesinas de la zona sur-occidente del distrito de Cuernavaca se caracterizaron básicamente por dos objetivos: la búsqueda de mayor autonomía política y, sobre todo, las demandas de restitución de tierras. Una situación sustancialmente distinta comenzaba a manifestarse en el oriente del distrito (los valles azucareros de Cuautla y Yautepec) a consecuencia del proletariado agrícola que había surgido en la zona de las grandes haciendas. Entre 1856 y 1857, los trabajadores de las

41 REINA, op. cit., p. 171. 42 AGN, Justicia, vol. 545, exp. 35, fs. 238-239, vol. 230B, exp. 48, fs. 284-287. Manuel Sainz de la Peña es mejor conocido como el descubridor de las Grutas de Cacahuamilpa, hallazgo producto de una casualidad ocurrida mientras era perseguido por la justicia en 1834, por haber herido en un altercado violento a Juan Puyodi, siendo escondido por los habitantes de Cacahuamilpa en una caverna que formaba parte de las grutas. En 1835 se organizaría la primera expedición a dichas grutas dirigida por el Secretario de la Legación Francesa, barón de Gross, Ignacio Serrano y el barón de René de Predreauville, cf. El Orden, Periódico Oficial del Estado de Morelos, núm. 15, 19 de septiembre de 1885, p. 2; DÍEZ, Domingo, “Bosquejo geográfico e histórico del Estado de Morelos” en Bibliografía del Estado de Morelos, México, Monografías Bibliográficas Mexicanas 27, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1933, p. CXIX.

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haciendas de Santa Inés, Pantitlán y Atlihuayán, realizaron diversos ataques a las fincas y llegaron al extremo de incendiar los campos cañeros como una medida de presión para obtener mejor un aumento en el pago de los jornales. Esta demanda es una muestra de que las relaciones de producción en el campo habían sufrido importantes transformaciones, pues ya no se luchaba por la restitución de tierras, sino por mejores condiciones laborales, en este caso, un aumento “salarial”. A su vez, hay signos de la formación de una conciencia de clase manifiesta en la solidaridad entre soldados y campesinos, como lo ejemplifica la rebelión contra la hacienda de Santa Inés en 1850, en la que los soldados de la Guardia Nacional e incluso los pertenecientes a la guardia de las haciendas, se negaron a reprimir el levantamiento, explicando que entre los miembros de la revuelta se encontraban “hermanos” que pertenecían a su misma “clase popular”.43 No obstante, la separación de los campesinos de la tierra (su principal medio de producción), no significó necesariamente la instalación de relaciones capitalistas en el campo. Asimismo, no todos los tumultos sociales acontecidos en las haciendas reflejaban una crisis de las relaciones sociales, en muchos casos el uso de la violencia era una alternativa a la que recurrían los pueblos para hacer política “con el garrote y la piedra”, sobre todo cuando los accesos a otras vías de mediación más institucionales se habían cerrado.44 Con el triunfo de la revolución de Ayutla y la llegada de Comonfort a la presidencia en 1855 –luego de la renuncia de Juan Álvarez–, el gobierno liberal se vio en el dilema de atender las demandas de sus aliados campesinos. Desafortunadamente para la causa de los pueblos, la reacción del gobierno fue la represión y el desarme de las guardias nacionales a partir de 1856, rompiendo de forma definitiva la alianza que los liberales había establecido con los pueblos sureños. El argumento que se usó para justificar estas acciones giraba en torno al fantasma de la “guerra de castas”, una amenaza que, según las autoridades, se había propagado en la región como consecuencia del proceder de las guardias nacionales, cuyos batallones otorgaron su apoyo a los pueblos de “indios-campesinos”, contra las propiedades de los “hacendados-

43 REINA, op. cit., pp. 21-22, 163, 170. 44 FLORESCANO, op. cit., p. 210.


españoles”. Así, por medio de un discurso racista, se comenzaba a

excluir a los grupos subalternos –campesinos, jornaleros, pequeños comerciantes, indígenas, mestizos, trabajadores de las haciendas– de

la agenda política para la construcción del estado mexicano.45

EL DESENCANTO CAMPESINO HACIA EL PROYECTO LIBERAL Los habitantes de los pueblos del distrito de Cuernavaca

participaron activamente en los conflictos militares acontecidos durante la guerra de Reforma. En términos generales, la elite

azucarera y sus allegados apoyaron al bando conservador, mientras que los campesinos, arrendatarios, jornaleros y pequeños

comerciantes, mostraros sus simpatías por el grupo liberal. Sin embargo, hacia 1861, el balance del impacto de las reformas

liberales en los pueblos no era muy alentador.

Las leyes de desamortización –Ley Lerdo (1856)–, que adjudicaban la propiedad comunal a título individual, minaron la red

legal de defensa de las tierras comunales, acelerando y liquidando el proceso de diferenciación interna en los pueblos que se venía

gestando desde mediados del siglo XVIII. Por otra parte, su autonomía política se fue diezmando progresivamente por

diferentes mecanismos, y las vías de negociación con las autoridades

locales y distritales se volvieron cada vez más excluyentes.46 Las constantes guerras entre facciones internas en el país, aunado a las

intervenciones extranjeras, provocaron un aumento gravoso de los impuestos que acrecentó el malestar en las comunidades. Por

último, el desarme de la Guardia Nacional fue otra medida desfavorable para los pueblos, ya que se terminó por desarticular al

aliado más cercano con que contaban en sus luchas sociales. Cuando el partido conservador logró instaurar en México el

Segundo Imperio a cargo de Maximiliano de Habsburgo, se dieron

algunas disposiciones legales a favor de las clases bajas e indígenas. En un principio la política agraria del emperador siguió los mismos

preceptos de la Ley Lerdo, pero cuando Napoleón III comenzó a retirarle su ayuda militar y económica, Maximiliano se vio en la

necesidad de ganarse el apoyo popular para mantener su posición en

45 MALLON, op. cit., pp. 341-342. 46 Ibid., pp. 342-343.

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el país. Con la mira puesta en este objetivo creó en 1865 la Junta

Protectora de las Clases Menesterosas, y emitió decretos que reglamentaban el trato de los trabajadores del campo y dirimían las

diferencias sobre tierras y aguas entre los pueblos. En 1866 crearía

una ley sobre terrenos de comunidad y repartimiento. No obstante, la ejecución de estas medidas fue muy difícil de llevar a la práctica,

pues las autoridades locales –encargadas de hacer valer estas leyes– estaban estrechamente vinculadas con los hacendados e impidieron

de una u otra forma que los campesinos usaran las leyes a su favor.47 Al final de la intervención –fracasada la opción

conservadora– el campesinado no tenía muchas razones para esperar que el programa de gobierno de los liberales pudiera

mejorar sus condiciones de vida. Pronto la administración del

general Francisco Leyva, en el recién creado Estado de Morelos, les daría la oportunidad de constatarlo. Esta nueva entidad federativa se

creó en 1869 a partir de lo que fue el Tercer Distrito Militar del Estado de México, contando con el amplio respaldo del presidente

Juárez, quien estaba reconociendo de esta forma el apoyo que los políticos y militares de la región prestaron a la causa republicana.

Por el contrario, el grupo de hacendados azucareros se opuso

rotundamente a la separación del Estado de México, pues un nuevo estado debilitaría su control político en la región, al tener que

entenderse con el gobernador, y no con un funcionario de menor nivel, más fácil de manejar, como lo era el prefecto.

Los temores de los propietarios se vieron confirmados cuando se supo que Leyva era el candidato de Juárez para la

gubernatura de Morelos, un viejo conocido suyo por el apoyo brindado a los pueblos sureños en sus demandas agrarias contra las

haciendas. Por esta razón, los propietarios dieron su apoyo al

candidato opositor a Leyva en las elecciones de 1869, quien no pertenecía a la coalición juarista en el poder: general Porfirio Díaz.

A pesar de este importante apoyo, el triunfo fue para Leyva en unas elecciones muy cuestionadas por acusaciones de fraude, lo que

marcaría además su ruptura definitiva con Díaz, antiguo colega de lucha durante la intervención.48 Lo cierto es que la victoria de Leyva

47 Ibid., pp. 351-352. 48 Para un análisis de la creación del Estado de Morelos y la administración de Leyva véase PITTMAN, op. cit., 1989; MALLON, op. cit., pp. 495-505.


no estuvo respaldada por un fuerte apoyo entre los campesinos de

algunas zonas, especialmente en el oriente del Estado. El primer conflicto al que se enfrentó Leyva como

gobernador fue la disputa regional para decidir si la capital se

ubicaría en Cuernavaca o Cuautla. Los argumentos de cada grupo giraban en torno a la relevancia histórica que ambas ciudades

detentaban en el desarrollo de la región, así como su importancia económica. Finalmente fue decisivo el mayor desarrollo urbano de

Cuernavaca y su proximidad a la ciudad de México para ser designada capital, disposición que tuvo un alto costo político para

Leyva, ganándose la enemistad de los pueblos del oriente –en los alrededores de Cuautla y Yautepec– quienes lo acusaron de no

atender las demandas de los pueblos campesinos y preocuparse

solamente de la política capitalina y el desarrollo de las ciudades. Dichas acusaciones no carecían de fundamento, ya que la política

agraria continuaba con el espíritu de asignar a título individual las tierras comunales. Después de todo Leyva era un liberal que veía en

las tierras comunales un obstáculo para el desarrollo agrícola. Así que para los campesinos del estado su situación no había mejorado

con respecto a la época del Segundo Imperio.49 Los hacendados no

tenían una mejor opinión del gobierno de Leyva, quien creó un impuesto extraordinario que hacía recaer la principal carga fiscal

sobre sus empresas con el propósito de equilibrar el presupuesto del Estado, medida que provocó un prolongado pleito legal entre los

hacendados y el gobernador.50 El problema para Leyva fue que intentó consolidar su

gobierno en base a una pretendida “clase media” que en Morelos era prácticamente inexistente, o al menos políticamente irrelevante.

Confrontó al grupo más poderoso política y económicamente, y no

supo conseguir el respaldo de los pueblos campesinos que habían demostrado pertenecer al sector más dinámico de la sociedad rural

en las últimas décadas.51 A pesar de la debilidad de su gobierno, Leyva consiguió la

reelección por dos periodos más, en 1873 y 1875, aunque no faltaron los enconados ataques de sus detractores en la prensa local

y nacional durante las campañas políticas, sobre todo en su primera

49 MALLON, op. cit., p. 504. 50 PITTMAN, op. cit., pp. 79-90. 51 Ibid., pp. 30, 44.

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reelección, que fue la más conflictiva, ya que Leyva comenzaba a dar signos que buscar una mejor relación con los hacendados durante su segundo mandato, situación que hizo que la segunda reelección se efectuara con menores dificultades. No obstante, estaba claro que la columna principal de Leyva como político no estaba en ninguna de las fuerzas sociales de la entidad, sino en el gobierno federal, apoyado por Juárez y posteriormente por Lerdo de Tejada. Mientras sus benefactores se mantuvieran en el gobierno federal, la posición de Leyva en Morelos estaría segura. Pero Leyva sabía muy bien que la estabilidad del gobierno se encontraba constantemente amenazada. Ya desde marzo de 1870 las actividades rebeldes en el oriente de Morelos preocupaban al gobierno de Leyva, principalmente en Cuautla y Jonacatepec, donde operaban grupos armados de campesinos comandados por Rosario Aragón y Manuel Negrete. Se temía que esta rebelión se expandiera hacia el distrito de Tetecala, ubicado al sur de la capital del Estado, que de producirse colocaría a Cuernavaca en una posición muy peligrosa, cercada por grupos de inconformes. El gobierno estatal mantenía cierta calma por los antecedentes alvaristas de los pueblos del sur, los cuales en principio se mostraron menos agresivos hacia el régimen leyvista.52 Sin embargo, para mediados de 1876, el descontento se había extendido por todo el Estado. Las fuerzas de Negrete y Aragón, ahora en colaboración con Porfirio Díaz, conseguían cada vez más simpatizantes incluso en los lugares que tradicionalmente habían apoyado al leyvismo, como Tepoztlán,

52 Ibid., p. 37. Los pueblos de este distrito habían colaborado con Juan Álvarez y la causa liberal desde mediados de siglo. Por otra parte, si hemos de creer a José Antonio García Bueno el mismo Juárez nombró a Manuel Arellano jefe de la zona de Tetecala en 1857, GARCÍA BUENO, op. cit., p. 69. La conversión de la villa de Tetecala en ciudad en 1873 cuando se le denomina “de la Reforma” en alusión a una estancia de Juárez en esa localidad es otro indicador de la filiación política de las elites locales de la zona. Sobre el título de ciudad a Tetecala véase LÓPEZ GONZÁLEZ, Valentín, 126 años del Poder Legislativo en Morelos, 1o, 2o y 3o Periodo

Constitucional, Tomo I, 1869-1913, Cuernavaca, XLVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos / Centro de Estudios Históricos y Sociales, 1995, p. 44; para la estancia de Juárez en Tetecala véase GALLARDO SÁNCHEZ, Carlos, “Benito Juárez en Morelos, la presencia de su paso, la vigencia de su huella”, en Morelos, Revista de historia y crónica, Año I, núm. 0, abril/julio, 2001, pp. 61-73.


Cuernavaca y Tetecala. Entre los nuevos adeptos destacaban

antiguos miembros de las guardias nacionales, veteranos de la guerra contra los franceses.53

El descontento social en Morelos era un reflejo de lo que

acontecía en el contexto político nacional. A finales de 1876 triunfaría la rebelión de Tuxtepec, derrocando al gobierno de Lerdo

de Tejada y la coalición de políticos juaristas, Leyva incluido. El último tercio del siglo XIX traería importantes transformaciones

sociales y económicas al interior de los pueblos morelenses, ahora bajo la bandera de “orden y progreso”.

CONSIDERACIONES FINALES Contra la visión historiográfica que presenta a los campesinos como

víctimas sumisas, que sólo asumen un papel activo a través de las

revueltas agrarias –generalmente espontáneas, y sin una dirección política–, diversos autores han puesto de manifiesto la complejidad

de los movimientos campesinos para ilustrar su inminente carácter político. No obstante, dichos autores no pierden de vista que se

trata de movimientos políticos subalternos, que enfrentaron con mayor o menor éxito los proyectos hegemónicos de las elites, tanto

políticos como económicos. El historiador Ranahit Guha con sus

trabajos sobre la insurgencia rural en la India, ha reivindicado la existencia de una conciencia política entre los campesinos, afirmado

en contra de las visiones tradicionales que “no había nada que no fuese político” en los movimientos de las masas rurales.54 En el caso

de América Latina, los estudios de Florencia Mallon (concentrados en buena medida en el caso mexicano) han puesto de relieve el

activo papel de los campesinos en la construcción de la nación moderna, incorporando al análisis toda la complejidad social,

económica y cultural del medio rural.55 También sobre México, el

53 MALLON, op. cit., p. 505. 54 Véase GUHA, Ranahit, Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Crítica, 2002. 55 Véase MALLON, Florencia, “Los campesinos y la formación del Estado en el México del siglo XIX: Morelos, 1848-1858”, en Secuencia, núm. 15, septiembre-diciembre, 1989, México, pp. 47-96; y MALLON, Campesino y

nación…, 2003.

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análisis de Eric van Young sobre la insurgencia de 1810, subraya precisamente la existencia de otra insurgencia, la rural-popular (basada en la identidad cultural y la pertenencia étnica) que se combina pero es distinta al proyecto insurgente de la elite criolla.56 En el fondo, estos enfoques son deudores del artículo clásico de Edward P. Thompson sobre la “economía moral de la multitud”, donde el historiador británico critica la explicación tradicional de las revueltas agrarias como movimientos espasmódicos (ocasionados por “razones de estómago”, malas cosechas, precios altos, desempleo), que irrumpen de forma violenta e irracional, generando saqueos, asesinatos, pillaje y degeneración.57 Por el contrario, Thompson demuestra que las acciones colectivas en el medio rural tenía una noción legitimante, pues defendían los derechos y costumbres tradicionales, apoyados por el consenso de la comunidad, de ahí que las revueltas agrarias fueran acciones disciplinadas y con claros objetivos políticos.58 Los estudios regionales sobre la región morelense (sintetizados en este trabajo), demuestran cabalmente la validez de los enfoques arriba mencionados. En efecto, los pueblos no aceptaron de forma pasiva el proyecto de las élites, y al integrarse política y militarmente a la construcción del estado nacional, generaron visiones alternativas al liberalismo de los grupos dominantes, visiones que estuvieron en continua negociación al momento de definir las políticas estatales. El liberalismo de las élites, a grandes rasgos, se enfocaba en el individuo, la propiedad privada y una cultura política secular, mientras que el liberalismo “popular”, generado por los pueblos, estaba más abierto a las modalidades colectivas de explotación y tenencia de la tierra, así como a la identidad cultural y religiosa de las comunidades locales. La alianza que los pueblos del distrito de Cuernavaca –el actual estado de Morelos– hicieron con el general Juan Álvarez, es un buen ejemplo de las interacciones entre las hegemonías comunales y las facciones liberales del nacionalismo emergente. A

56 YOUNG, Eric van, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México,

1810-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 2006. 57 THOMPSON, Edward P., “La economía ‘moral’ de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”, en Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 62-63. 58 Ibid., pp. 65-66.


cambio de apoyar el proyecto liberal de Álvarez –que incluía muchas reivindicaciones populares– las comunidades esperaban ver cumplidas sus demandas sobre tierras y autonomía municipal. No obstante, los puntos de convergencia entre ambos proyectos tenían sus límites, como lo demostró la coyuntura de la intervención norteamericana, en la cual los batallones de la Guardia Nacional, bajo las órdenes de Álvarez, tenían la consigna de proteger las propiedades de las haciendas. Cómo hemos apuntado, en lugar de acatar las órdenes, los batallones arremetieron contra las haciendas, recuperando tierras reclamadas por sus pueblos, tirando mojoneras, apresando a los administradores y estableciendo nuevos límites territoriales. Así, mientras Álvarez defendía a la “nación” de la invasión extranjera, las clases subalternas luchaban por “su patria chica”, es decir, por recuperar las tierras con las cuales lograban su subsistencia. Por tanto, la antigua visión de los campesinos y demás habitantes del medio rural, como víctimas pasivas que actúan motivados por la presión de sus inaceptables condiciones de vida, debe ser abandonada. También la opinión que niega a las clases subalternas la posibilidad de generar movimientos políticos propios con un liderazgo desde adentro, cuando se afirma, por ejemplo, que el campesinado necesita la dirección de otros grupos, debido a su diferenciación interna que la impide crear un liderazgo político unificado. Sin embargo, lo que queda claro, luego del análisis de las luchas agrarias en la región morelense durante el siglo XIX, es que las alianzas de los sectores subalternos con el liberalismo estuvieron muy lejos de satisfacer las demandas populares. Se trató, en definitiva, de alianzas asimétricas que beneficiaron al proyecto hegemónico de las elites orientado a la construcción nacional, y no a las reivindicaciones locales sobre restitución de tierras, mayor autonomía y respeto a la identidad cultural. Las problemáticas sociales y económicas no resueltas durante el siglo XIX por el liberalismo, explican en parte la violenta irrupción del movimiento zapatista en la región morelense durante las primeras décadas del siglo XX; y el hecho que después de la revolución, campesinos de varias regiones se aliaran a grupos políticos más radicales, como los

Irving Reynoso 58

comunistas, para dar cause a sus demandas sociales, políticas y económicas.59

59 Véase, por ejemplo, el caso del radicalismo campesino en el estado de Veracruz, FALCÓN, Romana, El agrarismo en Veracruz. La etapa radical (1928-

1935), México, El Colegio de México, 1977.

dos proyectos de nación: campesinado y liberalismo en la región morelense, 1848-1876, irving...

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