Fortaleciendo el Desarrollo argentino

Memorando Buenos Aires, 10 de mayo de 2011

Memorando de Políticas para Fortalecer el Desarrollo argentino

Síntesis Ejecutiva

El crecimiento sostenido que por noveno año consecutivo logrará la economía

argentina abre un horizonte de oportunidades para imponer un modelo de desarrollo con

inclusión social, basado en un sector productivo eficiente y competitivo que derrame

empleo, riqueza y bienestar.

Pero ese camino, por el que transita la Argentina desde el año 2003, requiere de un

conjunto de acciones inmediatas como:

1) Continuar con la Política de Administración del comercio exterior: la aplicación de

licencias no automáticas a la importación de productos sensibles está fortaleciendo la

producción nacional, evitando el desplazamiento de productos fabricados por pequeñas y

medianas industrias, y preservando actividades donde se concentra 43% del empleo

industrial. Por esta medida, en 2010 y 2011 se habrán sustituido importaciones por más de

US$ 11.000 millones, dando lugar a la creación de 65.000 nuevos empleos industriales. Se

estima que las empresas argentinas están en condiciones de sustituir un tercio de los

productos que hoy se importan.

2) Participación de los trabajadores en las ganancias empresariales: impulsar una Ley

justa, donde se establezca el mecanismo de reparto de ganancias empresariales,

discutiendo la distribución de utilidades en las convenciones colectivas de trabajo. Esto

permitirá adecuarlas a cada sector de actividad económica contemplando las condiciones y

ciclos particulares de cada una de ellas.

3) Combatir el comercio ilegal y la ocupación del espacio público: la actividad

clandestina no paga impuestos y afecta al comercio organizado, a la industria, al turismo y

la producción primaria. La dimensión del comercio ilegal es alarmante. Hay más de 500

predios clandestinos en todo el país, con alrededor de 60.000 puestos instalados y una

facturación anual estimada en $ 40.500 millones. Estos centros de venta movilizarían el

equivalente a 3% del PIB y evadirían $ 17.000 millones anuales entre IVA, ganancias,

ingresos brutos y cargas sociales. El modelo de comercio basado en la venta ilegal es

incompatible con una política de desarrollo. Hay que iniciar su desmantelamiento y eso

requiere de un marco normativo más severo y la decisión firme de política nacional.

4) Equiparar las alícuotas aportadas a las ART entre pequeñas y grandes empresas, y crear un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para afrontar reclamos de ‘doble vía’: el costo del sistema de ART para una PYME es cuatro veces más alto que para una gran empresa. A eso se suman los reclamos de doble vía que afectan gravemente a las PYMES. La solución es implementar efectivamente el Decreto firmado en 2009, incrementando las alícuotas que abonan las grandes empresas para equipararlas con las que abonan las PYMES. Con el excedente que obtengan las ART, se conformará un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para hacer frente a los reclamos de ‘doble vía’.

5) Creación de un Banco de Inversión y Desarrollo para PYMES y Reforma de la Ley

de Entidades Financieras: mejorar la calidad del crecimiento y continuar creciendo a

tasas altas requiere de un sistema financiero que atienda la inversión productiva de corto,

mediano y largo plazo. Para ello se necesita un Banco de Desarrollo que apoye las

iniciativas PYMES.

Reforma de la Ley de Entidades Financieras para que se eliminen las trabas que la Banca

le pone a las PYMES para otorgar créditos.

6) Mejorar las condiciones de acceso a los Fondos del Bicentenario: en 2010 se

dispusieron recursos por $ 8.000 millones para financiar a empresas en lo que se

denominó Fondo del Bicentenario. Para que estos fondos lleguen con fluidez, es necesario

flexibilizar los requisitos y renovar el compromiso de las entidades responsables de asignar

esos recursos.

7) Regionalización del crédito: el 80% del crédito al sector privado se concentra en

cuatro provincias, postergando a muchas PYMES regionales. Es necesario garantizar la

oferta de crédito en todo el país, estableciendo obligaciones de extensión territorial de

acuerdo a la participación que tienen las entidades privadas en los depósitos. Una opción

es establecer cláusulas para que los programas nacionales tengan una distribución de

cupos presupuestarios por provincias.

8) Promover un Nodo de Programas Financieros y No Financieros de Apoyo a

PYMES (NAPY) creando un organismo encargado de monitorear su gestión y

ejecución: la Argentina dispone de una diversificación amplia de programas de apoyo y

financiamiento a PYMES, que no se conocen, no se ejecutan o su asignación se demora.

Sólo a nivel nacional hay más de 120 programas. Para darle eficiencia a esos instrumentos

se invita a crear un organismo dentro de la SEPYME que centralice y divulgue la

información relacionada con toda la cartera de programas a PYMES vigentes en el país.

9) Fortalecer los mecanismos vigentes de promoción del empleo PYME: la economía

ingresó en una fase de crecimiento caracterizada por una menor elasticidad empleo-

producto. Para continuar creando empleo se sugiere ampliar y agilizar mecanismos de

promoción como el sistema de compensaciones de impuestos nacionales a empresas que

incorporen y formalicen personal.

10) Transición tributaria: avanzar hacia un sistema tributario de perfil productivo y social:

La reestructuración tributaria necesaria en esta primera etapa involucra impulsar un

Régimen Especial de Capitalización del Impuesto a las Ganancias de las Micro, Pequeñas

y Medianas Empresas que inviertan; eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta y

gravar la renta financiera. Atender las deformaciones que provoca el impuesto a los débitos

y créditos bancarios, que hoy alientan la evasión.

Memorando de Políticas para Fortalecer el Desarrollo argentino

El crecimiento sostenido que por noveno año consecutivo logra la economía argentina abre

un horizonte de oportunidades para imponer un modelo de desarrollo con inclusión social,

basado en un sector productivo eficiente y competitivo que, a través de la inversión

productiva y la incorporación de tecnología, derrame empleo, riqueza y bienestar. Ese

camino, por el que transita la Argentina desde el año 2003, requiere de un conjunto de

acciones inmediatas que posibiliten aprovechar las bonanzas derivadas de una coyuntura

macroeconómica favorable y de un contexto de estabilidad política y financiera inédito en la

historia económica argentina, para fortalecer las bases del crecimiento. Es destacable

cómo en nueve años (2003-2011) el país acumulará un crecimiento económico de 90%,

una expansión industrial de 100,7%, un incremento de 206% en sus exportaciones,

US$115.000 millones de ingresos netos de divisas generados sólo por superávit comercial,

e indicadores sociales en franca recuperación como lo es la creación de 5 millones de

empleo y una tasa de desempleo reducida a sólo 7,3% con mejoras visibles en la calidad

del trabajo. El fortalecimiento de las bases del crecimiento logrado hasta el momento

permitirá reconfigurar el aparato productivo en función de un modelo de país que priorice la

producción y la inversión como mecanismos esenciales para inducir cambios estructurales

que promuevan el desarrollo argentino. Sin dudas que el crecimiento económico ha tenido

un impulso muy importante en el fortalecimiento del mercado interno, y para lograrlo se

combinaron una serie de políticas de aliento a la producción y al empleo con políticas

sociales que permiten mejores condiciones de vida y perspectivas futuras alentadoras a

una porción de la población que durante años permaneció excluida y marginada. Sin

embargo, estos atributos, que deben ser concebidos como políticas de Estado y tener

continuidad en el tiempo, requieren complementarse con cambios más profundos que

permitan simultáneamente: 1) Afianzar las múltiples estrategias productivas encaradas por

el gobierno con la comprensión de su impacto positivo por el conjunto de los sectores

económicos.

2) Mejorar la calidad de la producción para darle sostenibilidad de mediano y largo plazo al crecimiento.

3) Resolver un conjunto de problemáticas de gestión que persisten.

4) Incluir en ese crecimiento a todos los actores y sectores económicos, incluyendo a la industria, el comercio, el turismo, a las economías regionales y afianzando el rol indiscutible que tienen las mujeres y jóvenes empresarios en este proceso.

En base a esos objetivos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) plantea diez medidas de acción estratégicas:

1) Continuar con la Política de Administración del comercio exterior La aplicación de licencias no automáticas a las importaciones de productos sensibles está fortaleciendo visiblemente la producción nacional, evitando el desplazamiento del mercado local de productos fabricados por pequeñas y medianas industrias y preservando actividades donde se concentra el 43% del empleo industrial. Mediante la implementación de esa medida, sólo en 2010 y 2011 se habrán sustituido importaciones por más de US$ 11.000 millones, dando lugar a la creación de 65.000 nuevos empleos industriales. El resultado favorable de la estrategia comercial argentina queda reflejado no sólo en el menor ritmo de crecimiento de las importaciones, sino en tasas de desempleo de un dígito que por primera vez en décadas puede sostener la Argentina. Hoy que el país vuelve a tener una industria competitiva, que la economía crece y crea empleo, que hay estabilidad política, económica y financiera pero que las importaciones reaparecen amenazantes, se necesita de la administración decidida y eficiente del comercio exterior para fortalecer al productor nacional y no dejarlo librado a las reglas no siempre equitativas del mercado. Se estima que la estructura de producción de las empresas argentinas, principalmente PYMES, estaría en condiciones de sustituir al menos un tercio de los productos que hoy se importan, pero para ello se requiere continuar con la aplicación de licencias no automáticas, y que los sectores económicos involucrados comprendan el sentido y alcance de esta estrategia como parte de una política productiva general. 2) Participación de los trabajadores en las ganancias empresariales Impulsar una Ley justa a través de la cual se establezca el mecanismo de reparto de ganancias empresariales, discutiendo la distribución de utilidades en las convenciones colectivas de trabajo. Esto permitirá adecuarlas a cada sector de actividad económica contemplando las condiciones y ciclos particulares de cada una de ellas. A partir de la vigencia de la ley propuesta, las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo, en el marco de la Ley Nº 14.250, deberán negociar la forma de participación de los trabajadores en las ganancias o en los resultados de las empresas. Los Acuerdos que se suscriban por la aplicación de la Ley deberán contener: a) reglas claras y objetivas en cuanto a la fijación de los derechos sustantivos de participación de los trabajadores; b) los procedimientos y mecanismos para la determinación de la ganancia o resultado sobre el que participará el trabajador; c) la forma en que las partes puedan verificar la veracidad de la información sobre el cual se haya establecido la distribución; d) los plazos y forma en que se abonará el importe resultante de la participación del trabajador en la ganancia o resultado de la empresa; e) las inclusiones y exclusiones de empresas y/o categorías de empleados de la obligación de participar a sus empleados en las ganancias o resultados. La participación de los trabajadores en las ganancias o en los resultados de la empresa no integrará ni sustituirá al salario legal o convencional. De la misma manera, las sumas que el empleador abone al trabajador por ese concepto, y que sea resultado de la negociación colectiva entre las partes, y debidamente homologado por la autoridad de aplicación, serán consideradas sumas no remunerativas a todos los efectos legales.

Es importante cumplir con la Constitución Nacional, pero evitando debilitar el proceso de crecimiento del empleo formal. 3) Combatir el comercio ilegal y la ocupación del espacio público La actividad clandestina no paga impuestos. El avance de la venta ilegal en calles, parques, veredas, locales y predios públicos o privados afecta en forma creciente al comercio organizado, extendiéndose a sectores en pleno auge como el turismo. Si bien inicialmente fue un fenómeno casi exclusivo de las grandes ciudades que proliferó con la crisis de 2001-2002, esa modalidad de venta se expande velozmente hacia el interior del país generado situaciones de deslealtad e injusticia con los comercios que cumplen con todas las normativas legales. A las asimetrías generadas debe agregarse la pérdida de recaudación tributaria en los diferentes ámbitos de gobierno y la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral que inciden sobre la calidad de vida de los hogares. La dimensión del comercio ilegal queda plasmada en los siguientes datos:

Hay más de 500 predios clandestinos funcionando en el país, con un universo de casi 60.000 puestos instalados y una facturación anual estimada en $ 40.500 millones. Estos centros clandestinos de venta movilizarían el equivalente a 3% del PIB y evadirían $ 17.000 millones anuales entre IVA, ganancias, ingresos brutos y cargas sociales. Con ese dinero, que representa 4,2% de la recaudación de 2010, se podrían realizar múltiples obras, programas sociales o implementar programas de incentivos tributarios a PYMES que invierten. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires funcionan 22 Saladitas localizadas en galpones, cines desocupados o plazas, que dispondrían de 1.792 stands, facturando alrededor de $ 1.000 millones al año. A estas ferias habría que sumarles otros 1.800 puestos de manteros en las calles. En la Salada trabajan 20.000 personas que venden alrededor de $ 12.900 millones al año. La Salada, definida internacionalmente como epicentro del fraude y la falsificación, agrupa a vendedores de todos los estratos de ingresos. Su dimensión es tanta, que concurre más gente a comprar a esos predios que a centros mayoristas tradicionales. El modelo de comercio basado en la ilegalidad, el trabajo esclavo, la evasión y la falsificación está desarmando el mercado interno e imponiendo la informalidad como modelo social. Claramente, la venta ilegal es incompatible con una política de desarrollo y se necesitan iniciativas urgentes para comenzar su total desmantelamiento. Si bien eso involucra decisiones en los niveles de gobierno provincial y municipal, un marco normativo más severo y la decisión firme de política nacional contribuirán seriamente a la normalización de una situación que se ha prolongado en el tiempo y que crece a pesar del ciclo económico favorable. Cada puesto de trabajo ilegal elimina un puesto de trabajo formal en el comercio minorista y perjudica la continuidad de las empresas pequeñas y medianas que ya deben lidiar contra la expansión de las grandes superficies comerciales que crecieron sin límites normativos en muchas ciudades. Al mismo tiempo, la cadena de ilegalidad traslada la informalidad a otros sectores claves, como la industria, el turismo y la producción primaria, entre otros.

4) Equiparar las alícuotas aportadas a las ART entre pequeñas y grandes empresas, y crear un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para hacer frente a los reclamos de ‘doble vía’. A pesar del decreto de necesidad y urgencia firmado en el año 2009 donde se ordena a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y a la Superintendencia de Seguros a generar las condiciones necesarias para equiparar el valor de las alícuotas aportadas entre empresas, las diferencias persisten: el costo del sistema de ART para una PYME sigue siendo cuatro veces más alto que para una gran empresa. Según datos de la SRT, las empresas de hasta 100 trabajadores que emplean 3.130.000 trabajadores y que representan el 40,14% de los asalariados inscriptos al sistema, abonan una alícuota promedio del 4,63% de la masa salarial, mientras que las empresas de más de 100 trabajadores pagan una alícuota promedio de 1,63% de la masa salarial. A esa diferencia notable se suman dos factores: a) en la renovación de los contratos se están produciendo aumentos de 60% de las alícuotas; y b) la laguna que ofrece este sistema continúa dando lugar a reclamos de doble vía que afectan gravemente a las PYMES. Efectivamente, la doble vía habilitada por la Corte Suprema permite reclamos directos a las empresas ante la Justicia civil que, según estimaciones, ya han derivado en más de 75.000 juicios por US$ 2.300 millones. Para superar estas distorsiones sólo se debe instrumentar el Decreto firmado en el año 2009, lo que implica incrementar las alícuotas que abonan las grandes empresas de manera que se equiparen con las que abonan las PYMES, y con el excedente que obtengan las ART conformar un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para hacer frente a los reclamos de ‘doble vía’ que perjudican seriamente a las PYMES que no pueden costear las demandas por la instancia civil. 5) Creación de un Banco de Inversión y Desarrollo para PYMES y Reforma de la Ley de Entidades Financieras Mejorar la calidad del crecimiento y continuar creciendo a tasas altas requiere de un sistema financiero que atienda la inversión productiva de corto, mediano y largo plazo. En función de esa necesidad y entendiendo que las PYMES mediante la incorporación de tecnología, la investigación y el desarrollo y la generación de valor agregado son las que modernizan el entramado productivo del país y sostienen el empleo, se requiere reorientar el crédito hacia el sector productivo. Las PYMES necesitan un acceso más fluido al financiamiento. El crédito en el país es visiblemente escaso, representa apenas 14% del PIB (en Chile es 65% del PIB o en Brasil 70%) y está focalizado a consumo personal, financiamiento con tarjetas y comerciales de muy corto plazo. Para superar esto, se solicita: Reforma de la Ley de Entidades Financieras para que se eliminen las trabas que la Banca le pone a las PYMES para otorgar créditos. Creación de un Banco de Desarrollo, hoy ausente en el mercado financiero argentino. Existen un conjunto de experiencias internacionales que demuestran la importancia de esas instituciones para incentivar la inversión productiva, devolviendo el crédito de mediano y largo plazo a sectores estratégicos de la economía nacional.

Impulsar inversiones destinadas a la creación de nuevas empresas en provincias con bajo nivel per cápita de MIPYMES. Observando la relación directa entre cantidad de empresas y pobreza, el apuntalamiento financiero de nuevos emprendimientos no sólo

retroalimenta el modelo inversor propuesto sino que le otorga un perfil productivo a la política social que lleva adelante el Gobierno Nacional. En la fase actual de crecimiento que sucede a los coletazos de la crisis internacional, la mayoría de las empresas del país revelan intenciones de invertir en nuevos negocios. Apuntalar la creación y fortalecimiento de empresas innovadoras, de base científica y tecnológica que incrementen la productividad y competitividad global de la economía y creen puestos de trabajo bien remunerados. Ello requiere asignar mayores fondos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para reactivar las acciones vinculadas a apoyar con capital de riesgo a este tipo de emprendimientos. Promover la inversión productiva no sólo permitirá satisfacer la demanda interna y externa, evitando cuellos de botella en la oferta, sino que será un factor clave para que las empresas obtengan mejoras de productividad sin depender tanto de precios relativos como el tipo de cambio. 6) Mejorar las condiciones de acceso a los Fondos del Bicentenario A mediados de 2010 se anunció la disposición de recursos por $ 8.000 millones para financiar a empresas en lo que se denominó Fondo del Bicentenario. Las líneas anunciadas oportunamente son ofrecidas a través de bancos tanto públicos como privados, con una tasa fija de 9,9% anual y a 5 años de plazo. Para que estos fondos lleguen con fluidez, es necesario flexibilizar los requisitos para empresas que cuentan con buenas iniciativas, con proyectos multiplicadores de empleo, generadores de valor agregado o que forman parte de cadenas de valor estratégicas, sumado al compromiso explícito de las entidades responsables de asignar esos recursos. 7) Regionalización del crédito Actualmente, el 81% del crédito al sector privado se concentra en cuatro provincias: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, postergando a muchas PYMES regionales que no tienen acceso local al crédito. Si bien esa concentración es resultado de una Ley de Entidades Financieras obsoleta, que quedó desarticulada del modelo de país productivo, social y federal que se promueve, es necesario garantizar la oferta del servicio en todo el país estableciendo obligaciones de extensión territorial de acuerdo a la participación que tienen las entidades privadas en los depósitos.

Eso evitaría además que las entidades capten el ahorro regional y lo destinen a financiar a grandes empresas multinacionales como sucede ahora. Pese a que se han registrado avances en ese sentido durante los últimos años, persisten asimetrías por resolver. Una opción para avanzar sin esperar los tiempos que implica la modificación de la Ley de Entidades Financieras sería establecer cláusulas para que los programas nacionales tengan una distribución de cupos presupuestarios por provincias, y esto abarca a toda la política pública, incluyendo PYMES, trabajo, industria, ciencia, tecnología e infraestructura. Es una oportunidad para que los Consejos Federales de Producción sean fortalecidos y lograr así mayor articulación de las políticas y los actores PYMES representados en cámaras como CAME, que tienen base regional y empresaria para acompañar estas iniciativas. Conformar un entramado productivo integrado a nivel regional requiere fortalecer las acciones para incentivar la conformación de conglomerados de PYMES a partir del fomento a la creación de clusters o entramados productivos y de servicios de firmas que no

sólo produzcan un mismo o similar producto, sino también que se aboquen de manera integrada, desde diferentes actividades, a la generación de ventajas locales como puede ser la promoción del turismo, la economía del conocimiento, servicios complementarios a las economías regionales (comercio, logística, transporte, entre los destacados). Este enfoque alienta economías de escala, una mejora de la productividad sistémica y la reducción en los costos operativos de las PYMES. Se puede incentivar esta asociatividad con un tratamiento regulatorio e impositivo diferenciado, en forma análoga a cuando se promueve el desarrollo de un polo industrial. 8) Creación de un Nodo de Programas Financieros y No Financieros de Apoyo a PYMES (NAPY) creando un organismo encargado de monitorear la gestión y ejecución del conjunto de programas disponibles en el país La Argentina dispone de una diversificación muy amplia de programas de apoyo y financiamiento a PYMES. Sólo a nivel nacional hay más de 120 programas de asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas, ofrecidas por organismos como la SEPYME, el BICE, Banco Nación, INTI, Ministerio de Ciencias y Tecnología, Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria o de Trabajo, entre otros. A esas iniciativas hay que agregar los numerosos programas de financiamiento disponibles en las provincias, con fondos propios o de organismos multilaterales de crédito o del Consejo Federal de Inversiones, entre otros. Sin embargo, ya sea por desconocimiento, por asimetrías en la información o por ineficiencias de las entidades que deben ejecutar esos programas, la mayoría de las PYMES no acceden a esos planes de estímulo. Frente a esto, se necesita: Crear un organismo de carácter nacional que centralice y divulgue la información relacionada con toda la cartera de programas financieros y no financieros de apoyo a PYMES vigentes en el país.

Este organismo, dependiente de la SEPYME, tendrá la responsabilidad de monitorear y evaluar la puesta en marcha de la totalidad de los Planes y Programas de asistencia financiera y no financiera a proyectos de PYME y, en caso de retraso administrativo o no aplicación, deberá informar al Ejecutivo.

Parte de su función será el asesoramiento y orientación a los empresarios PYMES que desean acceder a esos programas, el seguimiento de las solicitudes presentadas, la interacción con las unidades ejecutoras o responsables en la adjudicación para incrementar las posibilidades de que las PYMES puedan obtener la ayuda. Para lograrlo, hay que fortalecer los programas de promoción de la internacionalización de las empresas locales, no sólo con la asistencia técnica o financiera para la exportación, sino también para la detección de oportunidades de negocios, o por medio de la integración en las comitivas de promoción gubernamental de ferias y eventos empresarios internacionales a las empresas medianas. Estas acciones facilitarían los primeros contactos con potenciales empresarios clientes y proveedores. 9) Fortalecer los mecanismos vigentes de promoción del empleo PYME La economía ingresó en una fase de crecimiento caracterizada por una menor elasticidad empleo-producto. Para no detener el proceso de mejora tanto en a cantidad como en

calidad del empleo, se solicita fortalecer los mecanismos de promoción del empleo para las PYMES que son las que presentan mayores dificultades de costos y menor poder de negociación. Esto puede lograrse sosteniendo y ampliando los instrumentos impositivos, crediticios y de protección del trabajo formal vigentes. Un mecanismo viable es extender y agilizar el actual sistema de compensaciones de impuestos nacionales (cómputo de las contribuciones patronales a cuenta del Impuesto al Valor Agregado) a más regiones y empresas, garantizando su aplicación efectiva y su actualización automática, sin reparar en su impacto fiscal inmediato sino con una visión de mediano plazo donde el impacto agregado quedará compensado con mayor calidad laboral y empleo. Las compensaciones a PYMES se aplicarán en función del establecimiento de metas de incorporación y formalización de personal. Es evidente que gran parte de las dificultades actuales para la generación del empleo derivan de la degradación de décadas anteriores en la producción nacional, la educación y la cultura del trabajo. Los relevamientos periódicos en el segmento empresario vinculados con la captación de mano de obra develan dificultades para cubrir puestos de trabajo que requieren conocimientos específicos, calificación de oficios, además de puestos de alta calificación. Por ello, es necesario profundizar las acciones para promover una mayor articulación entre la educación y las necesidades del sector productivo en el mediano plazo fortaleciendo, por ejemplo, los institutos de educación terciaria, pero también promover la calificación en el corto plazo, por medio del aliento a los sectores empresarios para que puedan invertir en recursos humanos financiando instancias de capacitación específicas y cubrir su demanda insatisfecha. 10) Transición tributaria: promover cambios sencillos pero necesarios para avanzar hacia un sistema tributario de perfil productivo y social. La reestructuración tributaria necesaria en esta primera etapa involucra: a) Impulsar un Régimen Especial de Capitalización del Impuesto a las Ganancias de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que inviertan. b) Eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta. c) Gravar la renta financiera para alcanzar una equidad horizontal con los gravámenes a las rentas de la producción y del trabajo. d) Atender deformaciones que provoca el impuesto a los débitos y créditos bancarios, para desalentar la evasión impositiva. Sólo mediante el Acuerdo Económico y Social entre los diferentes sectores de la vida nacional y el Estado se podrán establecer las bases fundamentales para darle previsibilidad y continuidad a las políticas económicas, fomentando la producción, el empleo y una distribución más equitativa del ingreso