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DISEÑO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

LA EXPERIENCIA DEL BID EN LA REGION I

Beatriz López RE1/SO1

Estudio Políticas Públicas de SC. Los casos de Argentina, Chile y Uruguay

• Entender las principales manifestaciones de la criminalidad, la violencia y la inseguridad.

• Analizar la Política de Seguridad Ciudadana, su implementación y ejecución.

• Relevar las prácticas más efectivas para combatir la criminalidad y la violencia.

• Identificar los obstáculos y los retos que enfrenta la Política de Seguridad Ciudadana.

• Identificar las oportunidades de apoyo del BID.

Regional: Estudio Políticas Públicas de SC. Los casos de Argentina, Chile y Uruguay

• Panorama de la Seguridad Ciudadana en los países analizados no es positivo.

• Hay una creciente inquietud en la sociedad y un abrumador aumento de la inseguridad y la insatisfacción.

• La mayoría de la gente siente que será víctima de un delito. El temor se ha acrecentado, así como la percepción de riesgo y vulnerabilidad.


• En el último quinquenio (2000-2005) se han elevado los índices de criminalidad, el tráfico y el consumo de drogas, y la violencia.

• Lo anterior ha instalado los problemas de inseguridad subjetiva y objetiva en la agenda de los medios de comunicación y de los gobiernos.


• No hay consenso sobre el diagnóstico y las intervenciones necesarias para combatir el aumento del crimen y la violencia, y disminuir la inseguridad de las personas.

• A pesar de las diferencias, los tres países enfrentan presiones similares que demandan cambios en el nivel estatal central y local.


• Areas críticas para una gestión pública óptima: i) Gestión de la información ii) Desarrollo o estructuración del sistema

estatal-gubernamental iii) Doctrina, enfoque y política iv) Recursos humanos, técnicos y económicos v) Marco de referencia institucional vi) Participación ciudadana vii) Gestion por resultados


i) Gestión de la información. No hay un diagnóstico sobre el estado de la criminalidad y la violencia, en términos de problemas relevantes, evolución de los indicadores vinculados a la seguridad objetiva y subjetiva

• No hay instituciones que promuevan la producción de datos relevantes, y que ésta producción sea periódica.

• Hay un uso intenso de las estadística policial y judicial a pesar de que éstas son parciales y tienen escasa legitimidad pública.


• Las encuestas de victimización son menos frecuentes y recientes, con limitaciones de cobertura. No se las utiliza intensivamente.

• No hay aplicación periódica y tampoco mecanismos que promuevan su uso además de la institución que se ocupa de su implementación.

• Hay reticencia entre las instituciones a compartir información y trabajar conjuntamente.


• Los SIG se emplean sólo para georeferenciar la criminalidad, y rara vez para la prevención social del delito.

• Las encuestas de percepción no son parte de las técnicas que los organismos públicos emplean. Sólo recientemente se observa una apertura a incluir la percepción ciudadana, el temor y la inseguridad subjetiva como componente de la gestión pública.


• En resumen, cuatro debilidades importantes:

- Parcialidad de la información

- Falta de centralidad

- Ausencia de un sistema integrado de informaciones

- No se integra el uso de información para la definición de políticas públicas en este sector.


ii) Desarrollo del sistema estatal-gubernamental

• No hay un desarrollo suficiente del sistema de SC aunque hay esfuerzos en esa dirección.

• El lugar de la SC en la agenda de los gobiernos está subordinada a los esfuerzos y directrices de políticas sociales en sectores tradicionales.


• La gestión pública preventiva frente a la delincuencia y la violencia es un campo de actividad emergente.

• Como tal, debe abrirse espacio entre instituciones y enfoques de más larga data –respuesta policial y sistema criminal- y la política social.


• Escasa permeabilidad de las instituciones a directrices o iniciativas de las instituciones a cargo del sector, generalmente los Ministerios del Interior, Justicia, Seguridad.

• En resumen, otra debilidad importante es que la seguridad ciudadana no tiene referentes institucionales claramente definidos.


iii) Doctrina, enfoque y política. • Se reconoce la relevancia de la seguridad de las

personas y cómo la inseguridad objetiva afecta el derecho ciudadano, pero la SC es un tema polémico en muchos sentidos.

• El debate es ideológico, se ordena en torno a la polarización gobierno-oposición, y evidencia la falta de consensos que dificultan la construcción de coaliciones entre diversos sectores de la sociedad.


• No hay una política y una institucionalidad desarrollada que agrupe a las principales instituciones y que sea capaz de responder a procesos claves y estratégicos en el diseño, ejecución y evaluación.

• Tampoco hay acuerdo suficiente en materia de enfoque y prioridades.

• Una debilidad importante es que las agendas son gubernamentales y no hay mecanismos que aseguren una gestión estatal.


• Se asume la existencia de una política. Sin embargo, ésta no es explícita y generalmente se compone de declaraciones, se confunde con el debate público y las frecuentes crisis de inseguridad de tono mediático.

• Esto explica la creciente insatisfacción ciudadana, que se expresa en una mala evaluación sobre el desempeño y la falta de confianza en autoridades e instituciones, y mayores índices de inseguridad subjetiva.


iv) Recursos humanos, técnicos y económicos. • La cantidad de recursos experimenta los

vaivenes de un sector escasamente definido o no explícito.

• Falta de planificación y capacidad para promover la convergencia de recursos económicos, técnicos y humanos.

• La crisis económica del 2001-2003 tuvo un fuerte impacto en materia de seguridad y protección social.


• La escasa información no permite observar con claridad el rumbo de esfuerzos y recursos. Hay señales de dispersión de esfuerzos, recursos y medios.

• Esto se relaciona con la ausencia de prácticas sustentadas de planificación y la insuficiente explicitación de objetivos y metas monitoreables.


v) Marco de referencia institucional • Principal desafio: la definición y el

fortalecimiento de una institucionalidad funcional a las necesidades de conducción y gerenciamiento de los esfuerzos públicos.

• Esto no significa cuestionar la definición legal del órgano responsible en la materia.


• La redefinición es necesaria y contraresta la creencia de que la inseguridad es un tema del Ministerio (a cargo), y acortaría la distancia entre el plano legal y el operativo, que dificulta la operacionalización de las políticas.


• Una debilidad es la inexistencia de una institucionalidad y enfoques legitimados al interior del Estado y la sociedad civil, haciendo evidente el tema del liderazgo en el sector.

• Insuficiente coordinación, limitada capacidad de gerenciamiento intersectorial y escasez de socios estratégicos, especialmente al momento de promover reformas.

• No hay órganos de consulta permanentes que promuevan la integración técnica y operativa de áreas necesarias para la seguridad.


vi) Participación ciudadana

• La tendencia general es el creciente empoderamiento de la sociedad civil en este campo.

• Hay un contraste entre el discurso de la participación ciudadana y la formulación de mecanismos operativos que canalicen la participación social.


• El involucramiento radica más en espacios para la demanda y la crisis, que en la construcción de redes permanentes de actuación.

• La participación ciudadana no tiene el doble efecto de la vigilancia y responsabilización de la autoridad ante la ciudadanía y la cogestión en procesos críticos de las intervenciones.

• Es necesario fortalecer instancias de participación de mejor calidad y representación.


vii) Gestión por resultados: • Hay insuficiencia de capacidades

institucionales y habilidades técnicas.• Es necesario: - Introducir un enfoque de planificación en el

sector. - Fortalecer instancias permanentes de

coordinación, planificación, evaluación y control de gestión.

- Promover la evaluación de las estrategias e intervenciones.


• En resumen, debilidades estructurales que debieran superarse son:

i) marco regulatorio e institucionalidad; ii) capacidad de gestión de un órgano

ejecutivo encargado del diseño e implementación de políticas integrales;

iii) desarrollo de un área de soporte técnico e informaciones para diagnósticos actualizados y focalizados;


iv) promoción de órganos de consulta, asesoría y/o cogestión de la seguridad;

v) instancias de participación social eficaces y gestión local de la inseguridad;

vi) fortalecimiento de la gobernabilidad a través de mecanismos de control interno (accountability).


• Señales de cambios en los tres países:• Transition “inconclusa” en el campo del diseño

y ejecución de políticas para enfrentar el delito, la violencia y la inseguridad.

• Oportunidades: i) El lugar del delito y el temor han adquirido

mayor relevancia. Lo que antes era situacional y focalizado hoy es un problema social generalizado y característico de las ciudades.


ii) La vulnerabilidad y el miedo al crimen violento es un problema en si. Cada vez son más necesarias intervenciones que reduzcan los niveles de inseguridad subjetiva.

iii) Ha empezado el desarrollo de un nuevo enfoque de seguridad que describe un espectro diferente de riesgos y demandas.


iv) Hay esfuerzos por desarrollar políticas públicas que no dependan ni del incremento del poder estatal ni de la reducción de las libertades civiles;

v) Proteger a las personas es el tema más recurrente en la política penal. Hay un creciente énfasis en la necesidad de más seguridad, contención de los peligros e identificación y manejo de los riesgos.


vi) Posicionamiento de la víctima como eje central de las políticas. La víctima es un actor más representativo. Su experiencia se considera común y colectiva, en lugar de individual y atípica. Hay mayor énfasis en los grupos vulnerables.

vii) Cuestionamiento a respuesta tradicional del Estado/gobierno. Percepción generalizada de que los esfuerzos están mal coordinados. Mayor conciencia de que el control del delito debe ser reforzado con más recursos y capacidades, pero también que se necesitan reformas.


viii) Los gobiernos son más concientes de sus limitaciones y por tanto hay una mayor apertura a recientes desarrollos en relación a la producción y gestión de seguridad.

ix) En paralelo a un discurso basado en la retribución, dominado por el castigo, se cuestiona la eficacia rehabilitadora del sistema penitenciario. Las tasas de reclusión se elevan pero el problema de la criminalidad e inseguridad no se detiene. Con ello se inicia el debate y la búsqueda de modos no punitivos de gestionar el delito.


x) Hay intentos de cambio en las respuestas del Estado ante el delito. Los recursos invertidos y la existencia de programas llevan a pensar que hay más preocupación por prevenir.

xi) Diversificación de actores. Hay cada vez más convicción sobre el rol de los gobiernos locales y la comunidad organizada.

xii) Hay más redes de coalición y esquemas de trabajo interagencial para promover la prevención del delito y fortalecer la seguridad comunitaria.

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