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DINERO Y POLÍTICA:La cuadratura del círculo de lademocracia en América Latina

Jorge Mario García Laguardia*

1. Democracia y dinero. Marco del debate

En un pequeño país de América Central, Costa Rica, quesegún el Censo de Población, cifras preliminares dadas enenero 2001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos,tiene un total de 3.824,593 habitantes, y en el que según elúltimo corte del Registro electoral de junio del año 2001, elnúmero de personas con derecho a votar es de 2.219.984, lospresupuestos de las campañas electorales son espectaculares.De acuerdo con un estudio hecho por la empresa ServiciosPublicitarios Computarizados, entre el primero de enero al 5de junio de este año, en las elecciones primarias para designarcandidatos a las elecciones generales, se gastaron 640,94millones de colones, equivalentes a cerca de dos millones dedólares. El jefe de campaña de uno de los precandidatoscomentó la información de la empresa y dijo que “escomplicado hablar de gastos de publicidad, prefiero no hacerlopor ahora y que se consigne así, porque se trata denegociaciones privadas” (El financiero, No. 313, 28 de mayo,3 de junio del 2001).

* Ex Director fundador del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ex Presidente de la Corte deConstitucionalidad (Tribunal Constitucional) y ex Procurador de DerechosHumanos (Ombudsman) de Guatemala. Coordinador del Centro de EstudiosConstitucionales México-Centroamérica, Secretario del Comité Directivo delInstituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Miembro del ConsejoCentroamericano de Funpadem, Embajador de Guatemala en Costa Rica.

En la campaña electoral de 1999, en otro pequeño país comoes Guatemala, en Centroamérica, donde el cuerpo electoral esde cerca de cuatro millones de votantes y la población de11.385,000, los partidos son reacios a dar cuenta de sus costosy gastos. Víctor Borge, fundador de la firma Borge y Aso-ciados, quien realiza las encuestas más confiables en la regióncentroamericana, afirmaba, que el Partido de Av a n z a d aNacional en el gobierno, decía tener “cuatro millones dedólares para la campaña, o sea que deben tener ocho”, el FrenteRepublicano Guatemalteco –el más importante de la oposiciónen esa época- “debe tener un presupuesto de seis millones dedólares”. Sabemos -indicaba Borge- que “una campañaganadora en Guatemala, cuesta, mínimo cinco millones dedólares”; sólo para lograr que “los conozcan, necesitan unainversión de radio y televisión durante el primer mes que andaentre 500 y 800 mil dólares”1. Un candidato presidencial quese retiró de la campaña, afirmó que lo hizo por la imposibilidadde captar recursos económicos, ya que puso como condiciónque no fue aceptada, que no se diera dinero en secreto y que “alfinal de la campaña se hiciera un informe público de quiénesdonaron y cuánto dieron”; también denunció que se recibióofertas de dudosa procedencia y porque tuvo dudas “no lasacepté, y por eso me reservo los nombres”2. Según lasestimaciones de expertos se estimó “una inversión global demás de cien millones de quetzales (equivalente a unosveinticinco millones de dólares), los cuales se lanzan a lapecera electoral sin ningún tipo de control”3.

Esta es la situación que se viene acumulando desde hacevarios años y en los países con población mayor los datos sonescalofriantes. Eduardo Posada, indica que el costo de la

Revista IIDH522 [Vol. 34-35

1 “La encuesta”, entrevista con Víctor Borge, fundador de la firma Borge yAsociados, El Periódico, lunes 21 de junio de 1999, Guatemala.

2 “La ley electoral debe reformarse”, entrevista: Oscar Clemente Marroquín,Prensa Libre, Guatemala, 25 de julio de 1999.

3 “Costos de campaña. Gastarán a manos llenas. Nadie les cuenta las costillas”,Prensa Libre, Guatemala, 15 de junio de 1999.

campaña presidencial de los Estados Unidos de 1996, fue de800 millones de dólares. De acuerdo con la revista Fortune, laelección que ganó el Presidente Clinton de los Estados Unidosha sido la más cara de la historia de este país, si no de todo elmundo, ya que fueron 2.000 millones de dólares que segastaron, de los cuales 250 fueron contribuciones sobre lascuales no existen límites.

En la investigación oficial llevada a cabo por la Comisióndel Congreso y por la Fiscal Janet Reno, se evidencia que enesa campaña, se derrumbó el sistema de límites a lascontribuciones electorales y la plena revelación del origen delas mismas, en ambos partidos, y que llegaron contribucionesdel extranjero, sobre todo de corporaciones asiáticas con elobjeto, según apunta un reciente estudio, de “lograr influir enla política que la Casa Blanca adoptase en relación a esaregión”4.

La tendencia es común al resto de Latinoamérica. El PartidoJusticialista en Argentina, reconoció que en la campaña de1995, había efectuado un gasto general de 13.775.876 dólares.Daniel Sabsay llama la atención en que los datos oficiales noreflejan la realidad. En relación a la campaña de 1989, sedetectó que los fondos de origen conocido (aporte del FondoPartidario permanente y aporte de legisladores), sumaban parael Partido Justicialista, 1.832.300 dólares, pero la inversión enpublicidad de ese mismo partido fue de 4.428.446, de lo que sededuce que los fondos de origen desconocido fueron de2.596.146 dólares. Igualmente para la Unión Cívica Radical,los fondos de origen establecido fueron de 1.747.000, pero lainversión en publicidad fue de 5.996.221. El diputadodemocristiano chileno Andrés Palma, confiesa que gastó 13millones de pesos en su campaña de 1993; que su adversario

523Participación Política2001-2002]

4 Zovatto, Daniel, “La financiación política en Iberoamérica: una visiónpreliminar comparada”, en La financiación de la política en Iberoamérica,Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1998, p.XXV.

del distrito, Jaime Orpis, cerca de ciento cincuenta millones ysu compañero de lista del Partido Por la Democracia,Guillermo del Valle, casi cien. Y aterrado, Palma se pregunta“¿De dónde salen tantos recursos?” “¿Quién los paga y acambio de qué?”

En México, con partido hegemónico en ese entonces, elgasto de los partidos se manifestó como muy desigual. En elInforme del Instituto Federal Electoral de 1994, se consigna enuna de sus conclusiones que “el aspecto más relevante adestacar es la notable disparidad que prevaleció entre laserogaciones efectuadas por el Partido RevolucionarioInstitucional y los recursos invertidos por el resto de partidos”.El estudio comparativo permite acercarnos con toda precisióna estas condiciones de desigualdad en las que se desenvuelve lacompetencia de los partidos; se dice que para la elección dediputados un solo partido gastó el 81.2% de los gastos totales,mientras los otros ocho contendientes, en su conjunto,erogaron el 18.8% restante5. En el escándalo sobre estatemática, el ex banquero Carlos Cabal Peniche, acusado defraude y detenido en Australia, admitió haber conspirado confuncionarios de partido oficial para realizar donacionesilegales, equivalentes a cuatro millones de dólares para lacampaña del Presidente Ernesto Zedillo; y el Presidente delpartido en una entrevista admitió que Cabal donó quincemillones de dólares al partido oficial en 1993 y el equivalentea 294 mil dólares a la campaña del doctor Zedillo, pero negóque Cabal haya ordenado el pago de cuatro millones de dólaresa través de sus bancos.

Se estima que la campaña presidencial de RepúblicaDominicana de 1996, fue de unos 21.4 millones de dólares,cifra aproximada, porque ninguno de los partidos informasobre gastos y tampoco la Junta Central Electoral.


5 Dictamen de la Comisión de Consejeros del Consejo General del InstitutoFederal Electoral sobre los informes de gastos de campaña de los partidospolíticos, 7 de abril de 1995.


Como afirma el politólogo sueco Stein Rokkan, “la gentevota, pero los recursos deciden”. El tema del financiamiento delos partidos políticos y de las campañas, pues, constituye lacaja negra del tema mayor de la participación política. En elfondo, se relaciona con el análisis del tema del poder, y por eso“está vinculada a los Arcana imperri”, como apunta HumbertoNjaim, siempre indescifrables. Posiblemente por esto, como enel tema en general, siempre quedarán franjas grises que no seaclararán completamente y que estarán en permanentecuestionamiento. Es en momentos agudamente críticos cuandose ponen en planos analizables. Especialmente, cuando lacrudeza del conflicto desemboca en escándalos que no puedenmantenerse entre bastidores e irrumpen en los escenarios,desbordando a todos los espectadores. Por ejemplo, el recienteescándalo de la CDU en Alemania, cuyas consecuencias finalestodavía están por verse.

Paradigmático es el caso de Italia, donde todo el sistema departidos y el histórico ejemplar experimento de gobierno delcentro-izquierda se vino al suelo y arrasó con dos de losgrandes partidos de la post-guerra, la Democracia Cristiana yel Partido Socialista. En los procesos de liberalización ydemocratización que se produjeron en la década pasada enAmérica Latina, la relación del financiamiento con ladiscutible conducta de los políticos en activo, ha producido unadinerocracia, que pone en peligro no solo el sistema tradicionalde partidos, sino la propia existencia del régimen democráticoconstitucional, que ha erosionado su legitimidad.

En ese contexto, el tema del financiamiento de los partidospolíticos en el fondo es el análisis de la relación entre el dineroy la política, y hace relación con el aumento inusitado de loscostos de participación, los mecanismos de recaudación defondos indispensables para una campaña adecuada, lasconsecuencias que trae la canalización de recursos yfinalmente los tipos de retribución que en caso de triunfo, los


políticos convertidos en funcionarios, deben cumplir, parapagar los favores realizados por los financistas, que no siemprese dedican a actividades lícitas.

Un enfoque jurídico-institucional con visión de cienciapolítica se hace necesario para estudiar el tema. En el fondo, setrata de estudiar los problemas de trato igual y equitativo paratodas las corrientes políticas; el debido respeto a la oposición ya los grupos pequeños; la garantía de una libre competenciaelectoral; la relación entre el costo de las elecciones y elderecho de participación política; la transparencia en lasfuentes de donde se originan los fondos; el posible condicio-namiento de las contribuciones privadas y externas; laobligación de rendición de cuentas y su debido control; ellímite del tiempo y costo de las campañas; y el equitativotratamiento a los diversos contendientes en la publicidad y lapropaganda.

En un enfoque propiamente politológico se examina lafinanciación en sus consecuencias políticas. El problema notiene que ver solamente con la necesidad de un trato equitativo-igual y equilibrado- a todos los actores políticos, sino tambiéncon algo posiblemente más complicado que es la relación entrelos costos cada vez más altos, que inciden en los problemas dela financiación. Este desmesurado gasto electoral, ha con-ducido a una búsqueda desesperada por recursos sanos einsanos de grupos privados, algunos de normal moralidad en elmundo de los negocios, pero muchos de ellos relacionados conla delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de dineroy las contrataciones irregulares. Por supuesto, que en estoscasos, los aportes no son inocentes, sino tratan de condicionara los futuros gobernantes en parlamentos, municipios,ministerios, tribunales y policías. También en lograr tráfico deinfluencias para obtener contrataciones del Estado. A CharlesKeating, jefe del ahorro estadounidense Lincoln Saving andLoans, le preguntaron si los $1.3 millones de dólares que había


donado a las campañas de cinco Senadores, habían influen-ciado su conducta, y contestó secamente: “Eso espero”.

La investigación sobre algunos casos en situaciones límites,ha desatado los escándalos a los que nos tienen acostumbradoslos medios de comunicación, lo que abona en el cuestiona-miento generalizado a la clase política de América Latina,atenazada por la acusación de falta de buen gobierno ycorrupción, lo que produce una falta de legitimidad de todo elsistema. La aparición de outsiders, movimientos espontáneos,saudade por ejercicio autoritario del poder, aumento delabstencionismo electoral, desencanto, desconcierto, y gravescrisis de gobernabilidad, son síntomas de un desarreglogeneralizado, que alimenta un rechazo de los partidos, a laparticipación política y a la política en general, lo que erosionaen su conjunto al régimen democrático.

Las respuestas de: a quién, qué y cómo se financian lospartidos, forman el marco de la temática. Si se financia solo lascampañas electorales o la actividad permanente de lasagrupaciones. Si ese financiamiento es público o privado,interno o externo, o mixto. Si apoya la estructura nacional olocal de los partidos o ambas y si el trato que se da a lospartidos grandes y pequeños, es igual.

El reconocimiento constitucional de los partidos es recienteen América Latina, donde se han sucedido las mismas etapasque se han producido en el constitucionalismo europeo. En unaprimera fase, la actitud de los constituyentes fue semejante a lade los clásicos liberales europeos y norteamericanos. Estabandominados por el mismo temor el “peligroso vicio... delespíritu de partido” que informaba a los padres fundadores y engeneral a los cuerpos intermedios que se colocaban entre elEstado y los ciudadanos, depositarios de la soberanía. Losprimeros constituyentes consideraron a los partidos comofacciones, perniciosas siempre en un estado libre. En una


segunda fase y con motivo de la ampliación del catálogo dederechos individuales que recogieron las constitucionesliberales del siglo pasado, se incorporó el derecho deasociación, que en un amplio sentido genérico reconocía el dehacerlo con finalidades políticas y formalizaba limitaciones alas organizaciones religiosas, al constitucionalizar un puntoprogramático de la reforma liberal en algunos países,especialmente en México y Centroamérica. Basados en eseamparo constitucional, los viejos partidos históricos y susefímeras derivaciones electorales, pudieron sobrevivir bajo labenemérita paciencia del poder público. El paso alreconocimiento expreso se dio con la promulgación de lasconstituciones de post-guerra que fortalecieron los principiosdel constitucionalismo social. Aunque se produjo unatergiversación en su tratamiento. Algún autor se dolía de laconspiración del silencio que se había abatido sobre lospartidos políticos, ante la actitud reacia de los constituyentes ylegisladores para reconocerlos. Pero pronto apareció una nuevaconspiración producto del régimen de exclusión política que seimplantó en la región. Una conspiración de la manipulaciónconstitucional y legal. Una actividad maximalista, en el sentidode un tratamiento cuidadoso y extenso del régimen partidario,que en gran medida se orientó a su control por parte del poderpúblico. Requisitos -a primera vista inofensivos- de afiliación,reconocimiento, actividades, programas, antecedentes de ladirigencia y financiamiento, reflejaban una encubiertaintención limitativa, que dejó en manos de los gobiernos através de órganos específicos electorales de control, la decisiónsobre la existencia misma de los partidos y naturalmente de suactividad. Todo ese marco legal se construyó para controlar lavida partidaria y para mantener un régimen de pluralismorestringido, que impidió la participación de la oposición y ensituaciones límites y reiteradas, se usó para controlar losescrutinios y realizar fraudes electorales. Los procesos detransición que se iniciaron en la década pasada, condujeron a la


promulgación de nuevas constituciones o a reformassustanciales de las existentes, en las que se reconoció elpluralismo y se dio fin al régimen de exclusión, reconociendoen algunos casos a los partidos su calidad de organismos dederecho público, como entes auxiliares del Estado.

Esta calidad justifica la existencia de un financiamientopúblico para los partidos por la función que realizan,argumento que se fortalece al considerar que este tipo deapoyo, hace posible una competencia equitativa y los preservade la influencia negativa de los grandes intereses económicosprivados. Por otra parte, si se considera que son institucionesrepresentantes de la voluntad popular, se concluye que debenser financiados directamente por ciudadanos miembros osimplemente simpatizantes sin restricción, y que elfinanciamiento público podría condicionar esa situación.

La regulación es reciente y en general se orienta a preservarciertos principios de la democracia liberal. Entre ellos:

1. El de la igualdad, que pretende que los participantes en lacompetencia política tengan un trato equitativo, en cuanto ala ayuda pública o privada, y también en cuanto a fijar laduración de las campañas;

2. La independencia de las fuerzas políticas, no solo delEstado, sino también de los grupos de presión de carácterprivado, vigilando el origen de las contribuciones, lapublicidad de los ingresos y el control del gasto;

3. Libertad de expresión en el nivel de la participación de lasorganizaciones y del derecho de información, en el nivelde los ciudadanos, lo que tiene que ver con el contenido dela propaganda y publicidad.

El marco jurídico que se ha establecido en diversas legis-laciones, con mayor o menor amplitud, se refiere a lasprestaciones que se otorgan a los partidos y a las limitaciones


que se establecen en su captación y uso. Dichas prestacionespueden ser proporcionadas por el Estado, y consistir en dineroentregado directamente con diversas modalidades, para cubrirlos gastos de la actividad permanente o solo electoral de lospartidos, o en una ayuda indirecta que se logra, poniendo adisposición de las fuerzas políticas los medios de comu-nicación para su propaganda e información, proporcionandolocales públicos para la realización de sus actividades, yconcediéndoles ciertas prerrogativas económicas, comoexenciones fiscales o facilidades para la administración de susfondos. También el financiamiento puede provenir de fuentesprivadas, caso en el cual las legislaciones, se refieren al origende los fondos, prohibiendo las donaciones anónimas, fijandomontos topes en relación con el financiamiento público yregulando las donaciones del extranjero.

Las limitaciones, por otra parte, pueden referirse al aspectoeconómico-financiero y a otro propiamente organizativo. Así,en cuanto al primer aspecto, se pueden fijar topes de tiempo ygasto en las campañas, limites al monto que se puede recibir; yen cuanto al segundo aspecto, se puede regular el período depropaganda y campaña, los requisitos que deben cumplir lospartidos para realizarla, regulación sobre el contenido y laforma de la propaganda electoral y permanente.

En general, pues, el marco legal hace relación a los aportes,públicos o privados; a las limitaciones relativas al origen,monto y transparencia del financiamiento privado; yfinalmente a los mecanismos de auditoría y control de estacaptación y gasto6.

6 Análisis globales sobre la regulación pueden verse en del Castillo, Pilar, Lafinanciación de los partidos y candidatos en las democracias occidentales,Siglo XXI, Madrid, 1991; del Castillo, Pilar y Daniel Zovatto, editores, Lafinanciación de la política en Ibero a m é r i c a, Instituto Interamericano deDerechos Humanos – Centro de Asesoría y Promoción Electoral, San José deCosta Rica, 1998; La legislación electoral de Iberoamérica: un análisis


Por otra parte, en el análisis del mismo se debe poneratención en aspectos importantes, entre ellos los siguientes:identificación de los sujetos pasivos (partidos, comités cívicos,candidaturas independientes, coaliciones, etc.), a efecto deestablecer los requisitos para ser objeto de financiamiento y laequidad en su otorgamiento; el objeto de la financiación nosolo para las campañas sino el trabajo ordinario de lasorganizaciones y su destino para formación cívica y fortalecercultura política; el acceso equitativo a los medios decomunicación estatales y privados, distribuyendo tiempo yespacios para garantizar el principio de igualdad en lacompetencia; la oportunidad en que se otorga la ayuda paragarantizar también equidad y fortalecer el funcionamiento delos partidos; y los controles y las sanciones a efecto degarantizar la transparencia de los eventos y de la participaciónpolítica en general.

Dentro de la crisis general, ya muy comentada, de lospartidos políticos, estos siguen teniendo tres fuentesprincipales de recursos. La estatal, en la casi mayoría de lospaíses, la llamada deuda política, que es una suma proporcionala los votos obtenidos en las elecciones, que de hecho, se haconvertido en una colaboración subsidiaria. Los aportes de losafiliados y simpatizantes que cada vez se reducen más por ladeserción de la participación política como conductageneralizada; el viejo y hermoso voluntariado de los partidosha desaparecido por completo y se requiere contratar serviciosde mercenarios que muchas veces son profesionales que le

comparado, Ministerio del Interior y Agencia de Cooperación Internacional,Madrid, 1992; Regulaciones sobre el financiamiento público y privado de lospartidos políticos. Estudio comparado de 17 países latinoamericanos, InstitutoFederal Electoral, México, 1994; Navas Carbó, Xiomara, “La financiaciónelectoral en América Latina. Subvenciones y gastos” en Tratado del DerechoElectoral Comparado Latinoamericano, Fondo de Cultura Económica, México,1993; Schefold, Dian, “Financiamiento de los partidos políticos. Análisiscomparado”, Partidos Políticos en la democracia, Josef Thesing y WilhemHofmeister editores, Konrad Adenawer Stiftung y CIDELA, Buenos Aires,1995.

7 Boletín Informativo de la Comisión Federal Electoral,Washington D.C., agostode 1993.


sirven a todos los grupos. En tercer lugar, los aportes privadosde origen variopinto, cuya procedencia es desconocida, poranónima, y cuya transparencia es muy cuestionable. Lospropios candidatos, a espaldas de la organización partidaria,hacen su propio banco de captación; todo ello sin ningún tipode control, lo que configura una zona oscura y muchas vecesdelincuencial, ajena a toda auditoría y por supuesto asanciones, ampliando el margen de impunidad que corroe lasdemocracias contemporáneas.

2. Política y empresarios

La relación entre los políticos y los empresarios, en esteescenario, se ha tornado necesaria y perversa. Un presidentenorteamericano se dolía de lo degradante y desgastante de latarea de obtener dineros para la campaña. En América Latina,seguramente es más deleznable esta tarea, dado el sentidocorporativo de la actividad del Estado en los últimos años.Linda esta actividad con zonas grises, como son el cliente-lismo, los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, lascontrataciones de obras y servicios del Estado, y loscompromisos poco transparentes en beneficio de interesesparticulares.

Lejano es ya el intento de regular el fenómeno. TeodoroRoosevelt propulsó una legislación drástica que prohibiera lasdonaciones de las empresas para fines políticos y se promulgólegislación desde 1907 hasta 1966. En dicha legislación, segúnla Comisión Federal Electoral, se trató de “limitar la influenciadesproporcionada de las personas ricas y de los grupos deintereses especiales sobre el resultado de las eleccionesfederales. Regular los desembolsos para las campañas para queno se cometieran abusos”7. Es la legitimidad de todo el sistemaque se pone en juego y se trata de preservar.


Es dominante la tendencia a la financiación pública enAmérica Latina, pero la financiación privada sigue siendo lamás importante fuente de alimentación política. Esto hacenecesaria una regulación de la relación entre la actividadempresarial y la actividad política. El claro intento de losempresarios y el sector privado en general, de influenciar laspolíticas públicas participando en la actividad política, hacenecesario su control y sometimiento a las reglas de lo público.Esa participación no es inocente y persigue obtener políticaspúblicas favorables a sus intereses.

Esta participación sin controles, pone en peligro el sistemademocrático porque al favorecer a determinados partidos -engeneral proclives a los intereses privados- se rompe elprincipio de igualdad indispensable para una representacióndemocrática y desaparece el voto igual, aunque sea universal ysecreto. Como decía algún analista electoral, no hay campañasderrotadas, sino empobrecidas. Esto además, estimula ladeserción de muchos de los mejores líderes y agrupaciones,que se resisten a aceptar estas indeseables reglas del juego; yque por lo demás, tampoco son convocados, concentrándose enuna negativa marginación.

Hay otro elemento que debemos recordar. Los donantes,apoyan no solo a un partido, sino a todos los posiblesganadores según las encuestas y su propio análisis, paragarantizarse la futura gestión pública, lo que deja indefenso alsolitario elector que no tiene más que la fuerza de su voto,frente a unos partidos, que no presentan claros programas degobierno, sino declaraciones generales que no comprometen sueventual gestión de gobierno.

Ante una competencia celebrada en estas condiciones, cabepreguntarse: ¿A quién representan los funcionarios electos?Aquí aparece claro el poder visible a que se refiere NorbertoBobbio. Porque esta catarata de dinero no sólo influye el día de


las elecciones, en forma directa por medio de una crudacompra de votos -que increíblemente aún se produce enalgunos países- sino indirectamente en el desarrollo delgobierno que se integra, influyendo en la toma de decisiones delos nuevos equipos de gobierno. Se produce, en la línea menoscomprometida, un fácil acceso a los nuevos funcionarios, loque de por sí ya es importante dada la desmesura de laadministración y su influencia; pero en zonas más espinosas yoscuras, la retribución se produce en asuntos de granresponsabilidad que lindan con la corrupción y la delincuencia:omisión o emisión de legislación con dedicatoria, exencionesfiscales, fijación ilegal de aranceles y tarifas, y componendasen contrataciones de obras y servicios públicos, y en losúltimos años procesos de privatización de empresas públicas.Se ha hecho evidente que cuando se producen proyectos dereforma económica de orientación neo-liberal, en el ampliocampo de la permisividad que se ha establecido, se produceuna relación entre los empresarios -de viejo y de nuevo cuño-y los políticos, que abre la puerta a un descarado tráfico deinfluencias.

Por otra parte, en los últimos años se da un fenómenonuevo. El sector empresarial, no solo pretende influir en lasdecisiones, buscar retribución a sus inversiones en el procesopolítico, sino exige ser incorporado al cuerpo gubernamentalen cargos de representación popular en el Parlamento y en elEjecutivo. En la costosa campaña del Presidente LeonelFernández de República Dominicana, varios empresariosaceptaron ser la cabeza visible de un grupo que financió elproceso, y al triunfar, uno de ellos, Diandino Peña fuenombrado Secretario Administrativo de la Presidencia y elotro, José Manuel Bonetti, Secretario de Industria y Comercio.En algunos países, varios de ellos centroamericanos, con eltriunfo de partidos conservadores de base empresarial, se hagobernado con un crudo pacto entre empresarios y sus


gerentes, a espaldas de los intereses de la mayoría de lapoblación. Parlamentarios, ministros, viceministros ydirectores generales, son grandes empresarios, ejecutivos decámaras de comercio e industria, a veces incluso consobresueldos pagados por sus propias empresas lo quereconocen expresamente. La mixtificación es evidente y esnatural que se sospeche de algún conflicto de intereses en sugestión de gobierno. Los intereses corporativos han dejado denecesitar de intermediarios.

En este proceso se produce una privatización del Estado yse pone en peligro el proceso de democratización y la propiagobernabilidad. Una región

como la nuestra acostumbrada a concebir el manejo del Estadoen función de los intereses corporativos no va a reaccionar dela noche a la mañana para quitarse de encima la hipoteca quesobre el sector público han disfrutado los intereses particularesy de grupo. Si no se rompe el círculo vicioso de los pocos ygrandes intereses económicos financiando la actividad políticapara poner en marcha políticas públicas que no lesionen suconjunto específico de intereses, continuaremos ampliando labrecha de desigualdad de oportunidades e inequidad quemarca indeleblemente el desarrollo reciente de nuestraregión8.

3. Anomia y corrupción

Este permisivo dispositivo de canalización de dinero sincontrol, ha permitido que la corrupción penetre en la actividadpolítica libremente. Los medios nos tienen acostumbrados a losescándalos periódicos. Humberto de la Calle, antiguo Registra-

8 Carrillo Flores, Fernando, “La financiación de la política en América Latina”,Red de gobernabilidad y desarrollo para América Latina, Instituto Internacionalde Gobernabilidad, P.N.U.D., Documento 99-04-28.


9 Zovatto, “La financiación política…”, p. XXII.

dor Electoral de Colombia, nos recuerda que hasta no hacemucho, la truculencia electoral era difícilmente sancionada yaún hoy no lo es en la medida requerida; recuerda que sepensaba que cierta dosis de fraude electoral era propio de lascampañas electorales y que “todo esto hacía parte de lapicaresca política”. Pero picaresca o no, buen humor o no, elrégimen y las instituciones se resienten, el modelo democráticose resquebraja y los ciudadanos, cada vez más hastiados ydesencantados de todos y de todo, pasan a la acción yabandonan la pasividad imponiendo acciones de castigo.

La corrupción en este campo se entiende “para decirlo conpalabras de Landfried: el mal uso y el abuso de poder, deorigen público o privado, para fines partidistas o personales através de la violación de normas de Derecho. En otras palabras,la entrega de dinero o bienes así como la prestación deservicios, que se realizan en forma encubierta y/o ilícita a favorde un partido y/o candidato por una o más personas (natural,jurídica, nacional, extranjera o también autoridad o funcionariopúblico) con el fin de obtener un beneficio posterior”9. Susmanifestaciones son de múltiples cabezas.

La infiltración de las mafias en las campañas ha sidodocumentada, hasta judicialmente en los últimos años, siendolos casos de Italia y Colombia los más publicitados. Pero portodos lados el asunto aparece, aunque en la mayoría de lospaíses la investigación no llega a sus últimas consecuencias enun encubrimiento cómplice de los propios actores. En España,la Comisión Parlamentaria de investigación del caso Flickconcluyó que no hubo evidencia sobre el financiamientoexterno del consorcio alemán; en Bolivia, la dirección deAcción Democrática Nacionalista, expulsó a un importantedirigente por las sospechas de su relación con el narcotráfico yel ex Presidente Jaime Paz Zamora, se retiró temporalmente de


la vida política, ante la denuncia de un narcotraficante de haberapoyado las campañas del partido; en el Perú, en 1980, CarlosL a m b e rg, vinculado al partido Aprista, fue procesado ysentenciado judicialmente por narcotráfico; y en una de lasúltimas campañas presidenciales en Guatemala, los dosgrandes partidos, se acusaron mutuamente de haber recibidoayuda del narcotráfico y del contrabando organizado, sin quese investigaran estas afirmaciones.

Esto ha unificado una opinión a favor del control, que losprotagonistas en la mayoría de los casos, se resisten aestablecer formalmente y a aplicar adecuadamente donde se hareconocido. Es muy reveladora la respuesta a la ConsultaPopular de 1977 en el Ecuador; se convocó a la ciudadanía aexpresarse sobre la siguiente pregunta: “Está usted de acuerdoen que se fijen límites a los gastos electorales y se establezcanmecanismos para controlar los gastos electorales y seestablezcan mecanismos para controlar el origen de losrecursos destinados a las campañas electorales?”. El setentapor ciento de la votación válida se pronunció favorablemente.

4. Crisis de los partidos

Se hace necesario ampliar la reflexión sobre la situación delos partidos en los actuales procesos de transición yconsolidación, en relación con su financiamiento. Este vaaparejado al reconocimiento constitucional al que nosreferimos antes. Con excepciones que los consideran comoentes auxiliares del Estado, en general se les considera comoasociaciones privadas que realizan funciones públicas o deinterés general. Es la tesis que formuló el Tr i b u n a lConstitucional Español en conocida sentencia del año ochentay uno, en la cual consideró que los partidos contribuían a laformación y manifestación de la voluntad popular, lo que los


convierte en organizaciones sociales con relevancia cons-titucional10. En El Salvador, el artículo 85 de la Constituciónde 1984, estableció que “el sistema político es pluralista y seexpresa por medio de los partidos políticos, que son el únicoinstrumento para el ejercicio de la representación del pueblodentro del gobierno”, con lo cual se instituyó el monopolio dela representación a favor de los partidos y en Guatemala yHonduras se les considera como instituciones de derechopúblico de carácter constitucional.

En su origen los partidos se constituyen como asociacionesde ciudadanos sin ninguna intervención del Estado y en estecaso no existe, ni se conciben, regulaciones sobre sufinanciamiento. Pero al constitucionalizarse y establecer unarelación con el Estado, la consecuencia natural es la regulaciónsobre diferentes cuestiones, entre ellas el financiamiento. ElEstado “al asignarles a los partidos ciertas funciones, asume laresponsabilidad de que los partidos puedan cumplirefectivamente esas tareas”11. El financiamiento públicoaparece como natural, en busca de garantizar la independenciade los partidos frente a los intereses privados, proporcionarequidad en la competencia electoral y frenar el eventualfinanciamiento ilegal. En una vertiente opuesta se argumentaque la ayuda estatal quita responsabilidades a los dirigentespartidarios, burocratiza aún más las cúpulas de dirección,fortaleciendo su rigidez, aísla a los partidarios y simpatizantesde la organización, fomenta un exagerado multipartidismoperturbador, y distrae recursos estatales que debieran des-

10 “Los partidos políticos (tienen) carácter de organizaciones sociales conrelevancia constitucional. (Son) formaciones sociales cuya libre creación yactuación garantiza la Ley Suprema... (STC 23/1984. FJ40) Llorente, FranciscoR u b i o, D e rechos Fundamentales y principios constitucionales. DoctrinaJurisprudencial, editorial Ariel, Barcelona, 1995.

11 García Laguardia, Jorge Mario, “Constitucionalización de los partidospolíticos”, Diccionario Electoral, Centro de Asesoría y Promoción Electoral –Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1989,pp. 155-161; del mismo autor, “Constitución y partidos políticos en Guatemala”,Derechos Humanos y democracia, Comisión Nacional de Derechos Humanos,México, 1997, pp. 159-181.


12 Schefold, Dian, “Financiamiento de los partidos políticos: análisis comparadode los sistemas europeos”, Partidos políticos en la democracia…, p. 398.

tinarse a otras prioridades. Por lo que se piensa en un sistemamixto de financiación con controles adecuados. Marc Carrillo,Magistrado de la Junta Central de España afirmaba que

en materia del financiamiento el Parlamento ha de respondercon una ley que asuma las necesidades de los partidos en unasociedad democrática, en la que sin dejar de ser asociacionesprivadas ejercen funciones de relevancia pública... Quiere ellodecir, que desde el mantenimiento de un sistema mixto que,por tanto, no excluye la aportación pública, se hace necesarioestablecer unas condiciones mucho más abiertas para que, conel imprescindible requisito de la más completa publicidadsobre lo recibido, los partidos puedan nutrirse de aportacionesen cuantía adecuada a sus necesidades, procedentes de lainiciativa privada a través de vías diversificadas12.

El tema del financiamiento partidario se relaciona con unomayor, que es el nuevo rol de los partidos en el procesocontemporáneo de anular el papel del Estado y privilegiar ellibre proceso de las fuerzas del mercado sin ningún control. Elataque despiadado contra el Estado de Bienestar, contra losderechos prestacionales de la segunda generación, ha limitadoel clientelismo horizontal de las fuerzas políticas queintercambian prebendas para grandes sectores de la poblacióna cambio de apoyo. En este proceso los partidos se han vistolimitados en sus funciones y sustituidos por otrasorganizaciones de la sociedad civil, como las organizacionesno gubernamentales que colaboran -conscientemente o no- eneste proceso de desprestigio y destrucción del Estado; y losmedios de comunicación, que se convierten en actorespolíticos, muchas veces a su pesar, pero en generalconscientemente, controlados por los grandes intereseseconómicos privados, generalmente vinculados a los partidos


conservadores. Una relación perversa entre una economíaprivada fuerte y sin controles y un estado débil sin políticassociales, debilita el régimen de partidos y pone en peligro lademocracia, si además se le agrega una política de privilegiospara las cámaras empresariales y su sector, y otra que busca eldebilitamiento del movimiento sindical, a través de la simplecoerción o del ataque normativo que ha permitido la libertadde organizar varios sindicatos dentro de la empresa, lo quedebilita su capacidad de influencia y negociación, sobre todoporque la corrupción, que corroe todo, también se haenquistado en las dirigencias sindicales.

El cuadro se ensombrece cuando los partidos colaboran eneste desastre institucional, con los vicios conocidos de surégimen:

1. La p a rt i d i t i s que conlleva la existencia de una grancantidad de agrupaciones sin una verdadera orientaciónideológica y sin base sociológica, que más que colaborar enun proceso de institucionalización, introducen elementos dedispersión y confusión en el régimen político; y que tambiénse manifiesta en la indeseable división de los viejos partidosy en la pulverización de las corrientes históricas;

2. La p a rt i t o c r a c i a, que consiste en la concentración ymonopolización de las decisiones y designación decandidatos en pequeñas cúpulas de dirección partidaria quefuncionan sin ninguna clase de controles; y

3. El patrimonialismo político que se orienta a ocupar elpoder como botín político y económico.

Además existe una limitada participación popular. Enmuchos de los países, los gobiernos se esfuerzan en llamar a lapoblación a participar políticamente. Partidos minoritarios dediversas tendencias no tienen organizaciones que les permitanpresencia a nivel nacional. Se produce una canalización derecursos millonarios hacia partidos que se convierten en


13 Siglo XXI, 23 de noviembre del 2000.

verdaderos aparatos acumuladores de votos, con des-dibujamiento ideológico. Más que partidos, son máquinascaptadoras de electores y no grupos organizados que planteanprogramas de gobierno. Por eso, se da un entremezclamientode los partidos, que nos presenta ese poco reconfortanteespectáculo de “saltos ideológicos acrobáticos”, del que sedolía Sartori. En muchas ocasiones, la oposición y el gobiernoson lo mismo. Las diferencias entre partidos desaparecen y susprogramas, cuando los hay, y sus prácticas, se asemejanmucho. Se produce un patrimonialismo de la actividad políticaque se orienta a ocupar el poder como botín a repartir, unmercado de prebendas, un auténtico mercado político. En eleditorial de un periódico de Guatemala, cuya propietaria es unaempresa regional que tiene diarios en varios países, se afirmatajantemente: “Lo lógico es que los partidos se ganen elfinanciamiento y que los ciudadanos que están de acuerdo consus propuestas y así lo deseen, sean quienes den apoyofinanciero... en el mundo político, al igual que en cualquierotro ámbito, la competencia es lo que garantiza la satisfaccióndel consumidor, o del votante, en este caso. Cerrar las puertasde este mercado es una decisión muy perjudicial para laciudadanía, y que el Congreso no debe tomar, ya que restringe,en cierto modo, el derecho constitucional a elegir y serelecto13.

Las campañas se convierten en costosísimos eventospublicitarios, especialmente a través de la televisión, conaplicación de técnicas específicas de m a r k e t i n g ypersonalizando al máximo los eventos, archivando la discusiónsobre programas o puntos de vista generales sobre la direccióndel Estado y la sociedad. Habría que recordar aquí unaafirmación reciente de Jean Daniel quien dijo que “Lademocracia es un régimen que incita al vicio, pero que estácondenada a la virtud si no quiere desaparecer”.


14 Registro Civil y Electoral en Iberoamérica, Memoria del Seminario paratécnicos gestores de la Administración Electoral de los países iberoamericanos,Centro de Asesoría y promoción Electoral – Instituto Interamericano deDerechos Humanos, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, San José de Costa Rica,1997. En un informe elaborado para Naciones Unidas, se afirma que “siendouno de los objetivos principales de la Reforma (se refiere a la mexicana de 1996)

En los primeros años de las transiciones, el entusiasmo porel fin de los regímenes autoritarios, hizo que el cuerpo electoralse volcara a las urnas y a las calles, en apoyo a los nuevosgobiernos. Pero después del optimismo inicial, se produjo undesencanto, por la ineficacia para solucionar los problemas dela mayoría de la población, envuelta en la inseguridad y lapobreza, que la avalancha neoliberal ha agudizado. Alimentóun desencanto contra los políticos y contra la política engeneral. Todo esto explica, que Fernando Carrillo Flores llamea los partidos cadáveres insepultos de nuestras democracias.

5. Tendencias de la reforma

Fue en la década pasada cuando se puso en primer plano lareforma electoral y dentro de ella el tema de financiamiento.Todo vinculado a los procesos de transición y abandono delautoritarismo. Se abrió paso la idea de una financiación públicaderivada legalmente del reconocimiento constitucional de lospartidos y políticamente, de la necesidad de controlar lascontribuciones privadas, que primero desnaturalizaban lacompetencia democrática y después abrían la puerta a lacorrupción y a la delincuencia organizada. Al presentar unproyecto de ley, el Consejo Nacional Electoral de Colombiaen agosto de 1995, afirmó que “La relación dinero-políticarepresenta en las circunstancias actuales una cohabitaciónmalsana y perversa, cualquiera que sea el origen de ese dinero,pues ella contribuye a deslegitimar el Poder Político, agravadoello por el cuestionamiento moral que significa la presuntainfiltración de financiación procedente del bajo fondo de lacriminalidad organizada”14.


ayudar a crear un sistema de partidos más plural así como unas condiciones decompetencia más equitativas, el haber privilegiado el financiamiento público enprincipio parece una medida correcta y compatible con esa finalidad, por losefectos positivos que éste suele tener en disminuir la posibilidad de entrada dedinero ilegal, los actos de corrupción así como la influencia desmedida de losgrandes grupos económicos en las decisiones de los partidos. Pese a que noexiste una fórmula ideal en cuanto a la combinación entre financiamientopúblico y privado, lo cierto es que la fórmula 90 a 10 a favor del financiamientopúblico luce excesiva, no habiendo antecedentes a nivel comparadolatinoamericano de una relación tan marcadamente favorable a la subvenciónpública como la mexicana. Cabe advertir, sin embargo, como la experienciacomparada lo demuestra, que el financiamiento público no es la palanca, y quesi bien puede coadyuvar en disminuir los vicios arriba apuntados lo cierto es queno los elimina por completo. España e Italia son dos claros ejemplos de ello. EnAlemania por su parte, en los últimos años ha tenido lugar un tenso debate en elque se recogen razones importantes en contra de que los partidos dependanmayoritariamente del Estado. De ahí la importancia de evaluar, en el medianoplazo, los posibles efectos no deseados o perversos que podrían sobrevenircomo consecuencia de una excesiva dependencia financiera del Estado, enparticular, la eventual petrificación del sistema de partidos a favor de los másgrandes, así como el peligro de que las fuerzas políticas devengan en partidosanquilosados con la consiguiente pérdida de contacto con sus adherentes. Porello esta marcada preeminencia del financiamiento público debe ser vista comouna etapa transitoria, sólo justificada por la necesidad de crear condiciones mástransparentes y equitativas de partidos más pluralista”, Análisis del sistemaelectoral mexicano. Informe de un grupo de expert o s, Instituto FederalElectoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Oficina deServicios para proyectos de las Naciones Unidas, Programa de las NacionesUnidas para la Desarrollo, México,1997, p. 39.

En esta década los proyectos de reforma se sucedenininterrumpidamente, en un proceso de l e g i s l a c i ó ninterminable como dicen los alemanes, con variados matices,pero de todos ellos se puede identificar algunos temasrecurrentes, basados en algunos principios que uno de losproyectos identifica así:

1. Igualdad material, al buscar otorgar oportunidadesequitativas a todos los contendientes en las justaselectorales;

2. Favorabilidad, al proteger a las candidaturas de las fuerzasmenores;

3. Proporcionalidad al distribuir los aportes estatales enrelación con el caudal electoral de los grupos;

4. Transparencia, al establecer mecanismos de control de laactividad político electoral, en manos de los ciudadanos,con amplia publicidad y auditorías.


Debemos recordar la prevención que Dieter Nohlen hizohace muchos años y que hoy es generalmente compartida: queno hay fórmulas mejores en sentido absoluto, que no existenmodelos ideales en materia electoral. Es la realidad y losrequerimientos históricos específicos de cada momento ylugar, los que determinan el marco de la regulación necesaria.Debe tenerse presente qué objetivos se buscan, los que, entreotros, pueden ser: el fortalecimiento del régimen de partidos,un mayor grado de transparencia en la constitución del poderpolítico, la ampliación y profundización de la democratizaciónde la actividad política, la claridad y honestidad en el origen delos fondos, la reducción de la influencia de los grupos depresión y los intereses privados, propiciar un equilibrioadecuado entre los partidos, evitar los abusivos costos de lascampañas electorales, o incentivar la participación de losciudadanos y su capacitación, o todos.

En el caudal de proyectos de reforma se pueden identificaralgunos aspectos:

1. Financiación estatal parcial, en un sistema mixto, que tratade equilibrar los beneficios y las desventajas de los sistemaspúblico y privado de financiación;

2. Preocupación cada vez mayor, de imponer límitesadecuados a la financiación privada, estableciendoprohibiciones a las donaciones de personas jurídicas;

3. Reducción de la duración de las campañas en buscar delimitar el gasto;

4. Límites a los gastos de campañas, y equilibrio entre lafinanciación pública y la privada;

5. Controles a la propaganda política en los medios decomunicación, la televisión, la radio y la prensa escrita. Sepretende lograr un acceso a los medios en condiciones deigualdad; la prohibición de propaganda polucionante; fijarnormas de la propaganda orientándola a la explicación de


los programas, en casos límite, como un proyectocolombiano se establece que toda la propaganda estéfinanciada por el Estado, se prohibe la contratación privadade los medios;

6. En esta línea, se pretende que parte de la financiación seadestinada a programas de educación cívica, de formación deuna cultura democrática por medio de la capacitación de losciudadanos;

7. Obligar a la identidad de los donantes, lo que se considerael nudo gordiano de la cuestión, por lo que se prohiben lasdonaciones anónimas.

8. También se ha reflexionado en dos aspectos íntimamenterelacionados: el control y las sanciones. Se pretende que losgastos de los partidos sean públicos y auditadosadecuadamente, que deban ser publicados en los diariosoficiales y en otros de los de mayor circulación; que elcontrol se haga por órganos independientes y con poderesvinculantes. Los Tribunales Electorales, que deberáncumplir esta función. No lo han hecho en la forma esperadaen la mayoría de los países. Se ha endurecido el régimensancionatorio: se crean nuevos delitos electorales y sedecretan inelegibilidades y la revocatoria de la elección;

9. Mucho se ha argumentado sobre un aspecto instrumental: eltransporte el día de las elecciones. Parece ser convenienteque el Estado asuma esta obligación para evitar que laasimetría en la disponibilidad beneficie a unos partidos endetrimento de los más pobres;

1 0.Finalmente, debe llamarse la atención en lo que se considerael peligro de los dineros del extranjero, que pueden implicarexcesos intervencionistas. El caso Flick puso el tema porprimer vez en el tintero, pero en Nicaragua el asunto tomócaracteres casi grotescos. Una partida especial delpresupuesto de los Estados Unidos, en 1990, se destinó a la


Unión Nacional Opositora, lo que fue un hecho único en lahistoria electoral de Nicaragua y posiblemente de AméricaLatina; y el partido de gobierno, el Frente Sandinista,reconoció también haber recibido donaciones privadasexternas.

6. Reflexiones finales

El tema del financiamiento de los partidos y de la políticaen general, es el tema esencial con el que entramos al sigloveintiuno. La década del ochenta del siglo pasado, el siglo XX,se inició con un difícil y precario proceso, que aún hoy serecorre dificultosamente, de transiciones democráticas yabandono de regímenes autoritarios sumamente duros, que conbase en la doctrina de la seguridad nacional, y persiguiendoreales y supuestos adversarios de un régimen democráticoliberal (tutelado por las fuerzas armadas, partidosconservadores de extrema derecha, representantes de intereseseconómicos privados y por intereses extranjeros sobre todonorteamericanos) cometieron aberrantes y dantescas viola-ciones a los derechos humanos.

Esas transiciones tenían un signo variado, porque no selimitaban a retornar a un régimen democrático, que en varioscasos durante muchísimos años no había existido. Era unproceso en varias direcciones: de la guerra a la paz, porque enmuchos países había surgido una insurgencia armadaantisistema; del militarismo al fortalecimiento del poder civil,porque las fuerzas armadas se habían hecho cargo del gobiernoejerciendo competencias que nadie les había otorgado; y delautoritarismo a la democracia, buscando una nueva formainstitucional que recuperara, donde había existido, o quecreara, donde era necesario, una nueva institucionalización delEstado de Derecho.


En ninguno de los procesos de transición, que caminarontodos por consultas electorales, muchas de ellas elecciones deapertura, se reimplantó el andamiaje institucional de losregímenes conservadores. Estas elecciones, aunque fueronlibres y limpias, fueron organizadas por los viejos regímenesautoritarios y semi-autoritarios, y produjeron cambiosesenciales, abriendo el camino de la transición y estableciendonuevas reglas del juego político.

Se dio una mezcla de continuidades y cambios en lasinstituciones y comportamientos electorales; se llamó laatención en aspectos institucionales y se propugnó porreformas esenciales en el sistema electoral, orientadas aobjetivos específicos y diversos en cada país: superar unahipotética ingobernabilidad, fortalecer el sistema de partidos,terminar con el régimen de exclusión política que imposibilitóla participación de partidos y tendencias y bloqueó la expresiónde la oposición; o evitar la polarización ideológica indeseableque impedía coaliciones estables. El objetivo común siemprefue: la búsqueda de un nuevo régimen auténticamentedemocrático.

En todo el proceso de transición, que en algunos países,parece ser permanente por lo prolongada, hemos vividoabocados a una persistente reforma electoral. Es que el sistemaelectoral que se adopta, y las decisiones que dentro de él setomen en diversos aspectos, tiene consecuencias sobre elrégimen político, en cuanto a su estabilidad, legitimidad yconflictividad. Los efectos de los sistemas electorales, y de lasdecisiones normativas, dependen de estructuras sociales,condiciones institucionales y comportamientos políticos ytambién de la forma en que esos diversos elementos seinterrelacionan. Las comparaciones se deben hacer con sumacautela, porque ellas no indican derroteros óptimos, noimplican lecciones que aprender. Todos los elementosindicados, deberían relacionarse más bien con otras variables:


15 Gros Espiell, Héctor, La Corte Electoral, Instituto Interamericano de DerechosHumanos y Centro de Asesoría y Promoción Electoral, San José CostaRica,1990, pp. 33 y 115.

cultura política, historia de la región y de los países, modelo dedesarrollo económico social, decisiones constitucionales,homogeneidad o heterogeneidad de la población y actitudes delos actores sociales y políticos.

En la década del ochenta y parte de la presente, los temascentrales de la reforma electoral, tuvieron como objetivo,superar el régimen de exclusión y crear el andamiajeinstitucional que permitiera una competencia equitativa ylegítima, objetivo logrado en términos generales. Un aportelatinoamericano esencial en esta línea, poco subrayado todavía,consiste en la creación del Poder Electoral, rompiendo el viejoesquema de la división de poderes, y rescatando una vieja ideabolivariana. En el Uruguay, La Constitución de 1934“constitucionalizó la existencia de la Corte Electoral dedicandotoda su Sección XVIII (Artos. 278 a 281 a la JusticiaElectoral”, Corte que dotada

constitucionalmente de atribuciones propias, creada con lafinalidad de regular y controlar todo el proceso electoral, quedentro del sistema constitucional, no se incluye dentro deninguno de los poderes representativos. Es un órgano suigeneris, cuya organización, funcionamiento y competenciasestán constitucionalmente previstas, que no integra ni dependede ningún poder del Gobierno y cuyos actos definitivos estánal margen de toda posibilidad de revisión por cualquier otroórgano administrativo, legislativo o judicial, sin perjuicio de laresponsabilidad política, penal o administrativo del servicio ode sus agentes15.

En el Decreto Número 17 de la Junta Fundadora de la SegundaRepública en Costa Rica, en 1948, se estableció que el TribunalElectoral se llamara Supremo, por tratarse de un Tribunal “quedisfrutará de todas las ventajas de un Poder del Estado”, y en


la Constitución de Nicaragua de 1987, en su artículo 7, seindica expresamente que los órganos de gobierno son: “ElPoder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y elPoder Electoral”. Tendencia que parece tomar forma y fuerzaal establecerse Tribunales Electorales independientes y conamplias atribuciones en la mayoría de los países. Esto hapermitido que las elecciones sean libres, limpias ycompetitivas.

Hoy, superada en gran medida esta etapa, creemos que laagenda político-electoral ha cambiado. El tema central es el delrescate de los partidos y de la ética política perdida, siqueremos salvar la democracia. La consolidación de lademocracia, como quería Sartori, “tiene el principal desafío enalcanzar una mejor calidad de la política”. Debemos repensarla forma de hacer política como el arte de procesar el biencomún y no solo acompañar el espontaneísmo sin reglas delmercado en busca de la satisfacción de intereses personales ysectoriales. Es necesario elevar su nivel donde aún lo tiene ydevolverle su prestigio histórico. Rescatar una escala devalores de participación y compromiso social. Para esto,debemos regular y controlar las relaciones entre el dinero -limpio y sucio- y la política, resguardando su ética, pararesguardarnos todos.

Es necesario que las acciones públicas se tiñan de necesariasvaloraciones éticas. Rodrigo Borja se lamenta con razón de nosaber:

...de dónde ha surgido el criterio, por desgracia muygeneralizado, de que la actividad política está exenta o debeestarlo, de limitaciones morales. El divorcio entre la moral yla política ha causado mucho daño a las sociedades. Si hay unaacción humana que, por su transcendencia social, debe estarrigurosamente sometida a la moral, esa es la política.. Todaslas acciones humanas deben estarlo... Pero con mayor razón la


16 Borja, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica,México, 1997, passim.

de conducir los destinos de los pueblos... para gobernar serequiere de una credencial ética, una legitimidad. Solo asípuede nacer en los gobernados la obligación moral de laobediencia... Mandar es hacerse creer, tener crédito, suscitarcreencias. La corrupción gubernativa... erosiona la autoridad,afecta la credibilidad de los órganos del poder y se convierteen una de las acechanzas más peligrosas contra lagobernabilidad democrática de un pueblo porque corroe losvalores ético-sociales sobre los que descansa la organizacióncomunitaria. La sociedad, entonces, puede entrar en una suertede anomia, es decir, de falta de referencias morales para elcomportamiento de las personas, de modo que no puedandistinguir lo lícito de lo ilícito, lo bueno de lo malo, lopermitido de lo prohibido. Esta confusión total de valores, a suvez, alimenta una corrupción generalizada y contagiosa,gravemente desestabilizadora del régimen político. Lainmoralidad suele expandirse en una forma de metástasis ytoma cada vez mayores partes del cuerpo social16.

dinero y polÍtica: la cuadratura del círculo de la ... · la política que la casa blanca...

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