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Diagnóstico de programas, políticas y estrategias clave para atender los eventos de sequía y sus impactos en el sector agropecuario

Guillermo Donoso y Elisa Blanco

Departamento de Economía Agraria

Pontificia Universidad Católica de Chile

18 de junio de 2020

Resumen Ejecutivo

1. Chile es un país que históricamente ha estado expuesto a sequías. Con el panorama climático global, se proyecta una disminución en las precipitaciones y aumentos de temperatura en prácticamente en todo el territorio chileno, lo que agravaría la situación. Estos cambios implican una amenaza para el sector silvoagropecuario ya que es uno de los sectores económicos con mayor vulnerabilidad frente a sequías. Es por esta razón que en el último tiempo ha cobrado fuerza la necesidad de desarrollar estrategias para enfrentar esta creciente escasez.

2. En el presente informe se revisa el mapa institucional nacional, así como las estrategias con las que hoy en día se cuentan, para hacer frente a situaciones de sequía que afectan al sector agropecuario. En cuanto a las instituciones públicas involucradas, se evidencia que el reconocimiento oficial de una condición de sequía que afecta al país, así como los mecanismos de respuesta para hacer frente a dicha condición recaen fundamentalmente en cuatro Ministerios, los cuales son el MININT, MINAGRI, MOP, y MINDEF. Pese a ello, son más de 15 agencias públicas y privadas que también participan, generando problemas de coordinación, a los ya detectados problemas de desempeño.

3. Adicionalmente, se evidencia que las políticas de gestión de sequías han sido principalmente reactivas. Chile no cuenta con una política de gestión del riesgo explicita y clara para el sector silvoagropecuario. Solo en la última década el MINAGRI incorporó un enfoque prospectivo para una gestión del riesgo de desastres (GRD), en general, y para la gestión del riesgo de sequías (GRS), en particular. Este cambio se evidencia con la creación de un Departamento de Gestión Integral de Riesgos (DGIR). Este departamento lidera las estrategias de gestión de riesgos, articulando todos los Servicios y Secretarías Regionales del MINAGRI, así como coordinando con los otros Ministerios

4. En cuanto a las políticas o estrategias para hacer frente a eventos de sequías, éstas se han analizado en cuanto a si contribuyen para preparase previo a situaciones de escasez hídrica (etapa de preparación); durante las mismas (etapa de enfrentamiento); o bien, si corresponden a estrategias para brindar asistencia posterior a que los eventos ocurran (etapa de recuperación).

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Políticas o estrategias que contribuyen para preparase previo a situaciones de escasez hídrica (etapa de preparación)

5. En materia de preparase previo a situaciones de escasez hídrica, se identifica que los últimos años se ha avanzado en la elaboración de estrategias y políticas que contemplan acciones para afrontar eventos de sequía. Se contemplan estrategias a corto y mediano plazo, así como un número de acciones a través de los cuales se busca asegurar la sostenibilidad del sector agropecuario frente a eventos de sequía. Sin embargo, se identifican brechas tales como

• Un acercamiento sectorial a la problemática, sin contar con la participación formal de agencias de distintos ministerios.

• Un bajo nivel de continuidad de las políticas en el tiempo, principalmente por el alto grado de vinculación político-administrativa.

• Falta de participación de representantes locales, para asegurar el mejor destino de las inversiones.

6. Nulo avance en desarrollo e implementación de planes de manejo de cuencas para incrementar la resiliencia hídrica. La DGA está redactando, en estos momentos, Planes Estratégicos por cuencas. Éstos apoyan la adopción de una Gestión Integrada de Cuencas para el país. Sin embargo, corresponden más bien a una cartera de proyectos, y no a Planes GIRH, con recursos específicos para asegurar su ejecución y continuidad; una estructura de gobernanza local empoderada; instancias formales de integración inter-cuenca; así como con instancias de reevaluación de los mismos planes en el tiempo.

7. No existe, un sistema diseñado y operacional con criterios de alerta hidrometeorológica respecto a sequías, inundaciones o crecidas. No obstante, se evidencia un avance en sistemas para generar información hidrometeorológica para la toma de decisiones de los agricultores. De estas destaca la Red Agroclimática Nacional (RAN), que integra en el portal Agromet la información proveniente de varias redes previamente existentes, entregando información de manera uniforme, consistente y con cobertura a lo largo de todo el país.

8. Sin embargo, se identifica la existencia de múltiples otras redes y plataformas meteorológicas, con datos que provienen de distintos servicios, con temporalidades diversas, así como con enfoques más especializados que otras. Todas indican ser la plataforma única que reúne los indicadores o parámetros de búsqueda más frecuente por parte de productores o usuarios. Sin embargo, la información sigue estando diseminada entre distintas plataformas, servicios y centros de investigación.

9. La red de información hidrológica de la DGA es una red diseñada con criterios fundamentalmente de administración de recursos hídricos (otorgamiento de derechos de aprovechamiento). Esta no cuenta con suficiente información y mecanismos de difusión para considerarse un sistema de información hidrológica efectiva para apoyar la toma de decisiones.

10. En cuanto a inversiones en infraestructura el gobierno busca enfrentar el problema en el mediano largo y plazo mediante una importante inversión en infraestructura con un Plan de Embalses Priorizados contempla una cartera de 26 proyectos por US$6.000 millones, que beneficiará a 285 mil hectáreas con seguridad de riego mayor al 85% y creará 120

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mil hectáreas de riego nuevas. A esto se suman las inversiones en nuevas fuentes de agua, como la desalinización, la explotación de acuíferos profundos, y el reúso de aguas servidas, y la recarga de acuíferos.

11. Existen apoyos a productores para instalar sistemas más eficientes de almacenamiento y uso de agua. Hasta el momento, estas estrategias han sido lo suficientemente flexibles para adaptarse a las nuevas necesidades. Sin embargo, se advierte que éstas deben estar asociadas o vinculadas a planes de gestión integrada de cuencas que considere eficiencia uso de agua a nivel cuenca, con tal de no comprometer la seguridad hídrica.

12. Destaca, también, los programas de apoyo de INDAP. Con foco en los pequeños productores agrícolas campesinos, el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) del INDAP, ejecuta proyectos para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas. Una de las líneas está enfocada en Concursos de Riego, enfocado en mitigar el déficit hídrico y asegurar la producción de la Agricultura Familiar Campesina en situación de sequía. Ejemplo de ello son los concursos para cofinanciar obras intraprediales para la implementación de riego por goteo en frutales, hortalizas, chacras y praderas, publicados el año 2019 para la región de la Araucanía.

13. Además, existe un número de iniciativas públicas para fomentar la implementación de buenas prácticas agropecuarias para enfrentar eventos de sequías. Sin embargo, no se identifica que dichas iniciativas estén alineadas a una política específica.

Políticas o estrategias de apoyo durante situaciones de escasez hídrica (etapa de enfrentamiento)

14. Pese a la existencia de un proceso formal, existe un manejo informal significativo en la definición de tales situaciones, así como en la entrega de recursos. Este fenómeno estaría dejando entrever que los procesos formales no están otorgando la flexibilidad, rapidez y entendimiento local, que herramientas de este estilo requieren.

15. No se evidencian servicios de asesoría financiera o servicios de apoyo directo a los productores para la subsistencia.

Políticas o estrategias de recuperación durante y después situaciones de escasez hídrica (etapa de recuperación)

16. En cuanto a medidas para recuperarse frente a eventos de sequía, se rescata únicamente el decreto de emergencia agrícola, que busca mitigar el impacto en el flujo de caja de los pequeños productores como resultado de periodos de sequias extremas.

17. El INDAP en situaciones de sequía extrema, revisa las condiciones de préstamos realizados a los productores renegociando las condiciones y plazos. En casos extremos se han condonado préstamos.

18. Los seguros agrícolas no se han adaptado a cubrir las necesidades para enfrentar sequías meteorológicas e hidrológicas. Solo el seguro agrícola de cereales cubre contra sequías, en el caso que la producción se realice en secano. No hay seguros agrícolas que cubran los impactos de una reducción en la disponibilidad de agua para riego, producto de una sequía hidrológica. Además, Chile no cuenta con seguros agrícolas para eventos climáticos indexados.

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Abreviaturas

AC Asociación de Canalistas

ASOEX Asociación de Exportadores de Chile

BPGH Buenas Prácticas para la Gestión Hídrica

CA Comunidades de Aguas

CAS Comunidades de Aguas Subterráneas

CIDERH Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos

CIREN Centro de Información de Recursos Naturales

CNR Comisión Nacional de Riego

CNEA Comisión Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático

CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

CONAF Corporación Nacional Forestal

CONICYT Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

CORFO Corporación para el Fomento de la Producción

CPA Catastro Público de Aguas

CPR Constitución Política de la República de Chile

(CR)2 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia

DAA Derechos de Aprovechamiento de Aguas

DFL Decreto con Fuerza de Ley

DGA Dirección General de Aguas

DGIR Departamento de Gestión Integral de Riesgos

DMC Dirección Meteorológica de Chile

DIRPLAN

DOH Dirección de Obras Hidráulicas

DS Decreto Supremo

FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola

FIA Fundación para la Innovación Agraria

FIC Fondo de Innovación para la Competitividad

FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional

FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico

GIRH Gestión Integrada de Recursos Hídricos

GORE Gobiernos Regionales

GRD Gestión del Riesgo de Desastres

GRH Gestión de Recursos Hídricos.

GRS Gestión del Riesgo de Sequías

INDAP Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario

INIA Instituto de Investigación Agropecuaria

JdV Juntas de Vigilancia

MINAGRI Ministerio de Agricultura

MMA Ministerio de Medio Ambiente

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MOP Ministerio de Obras Públicas

ONEMI Oficina Nacional de Emergencias

OUA Organizaciones de usuarios de agua

PNGRD Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

PRODESAL Programa de Desarrollo Local

RAN Red Agroclimática Nacional

SEGRA Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas

SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional

UEA Unidad de Emergencias Agrícolas

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Contenido

1 Introducción .................................................................................................................................... 8

2 Mapeo de las instituciones en la gestión de sequías que afectan al sector agropecuario ................ 11

2.1 Ministerio de Obras Públicas (MOP) ....................................................................................... 12

2.2 Ministerio de Agricultura (MINAGRI) ...................................................................................... 13

2.3 Ministerio de Defensa (MINDEF) ............................................................................................ 15

2.4 Ministerio del Interior (MININT) ............................................................................................. 15

2.5 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON) ....................................................... 15

2.6 Ministerio de Ciencia Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINi+D+I) .............................. 15

2.7 Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) ............................................................................ 16

2.8 Comentarios finales ............................................................................................................... 17

3 Caracterización de las estrategias, planes y programas en Chile para enfrentar eventos de sequía,

en un contexto de cambio climático ...................................................................................................... 18

3.1 Apoyo a los productores agropecuarios en la preparación para los periodos de sequias (etapa

de preparación) ................................................................................................................................. 18

3.1.1 Desarrollo e implementación de planes de gestión integrada de recursos hídricos para

incrementar la resiliencia hídrica ................................................................................................... 18

3.1.2 Apoyo a la implementación de buenas prácticas agropecuarias que incrementen la

resiliencia hídrica ........................................................................................................................... 20

3.1.3 Apoyo a la investigación en materia de gestión, variedades más resistentes y tecnología

frente a sequía, así como nuevas fuentes ....................................................................................... 21

3.1.4 Información disponible para la toma de decisiones (situación de la red de estaciones

agrometeorológicas – frente a necesidades de información precisa, frecuente y localizada) .......... 25

3.1.5 Asistencia técnica para preparar a los productores para periodos prolongados de sequías

31

3.1.6 Apoyo a productores para instalar sistemas más eficientes de almacenamiento y uso de

agua en periodos de sequías (sistemas eficientes de riego). ........................................................... 32

3.1.7 Apoyo el desarrollo y la comprar de seguros agropecuarios por parte de los productores

agropecuarios para las sequías. ..................................................................................................... 37

3.1.8 Asistencia técnica financiera para diseminar las opciones de seguros a los productores

agropecuarios. ............................................................................................................................... 38

3.2 Apoyo a los productores agropecuarios durante las sequías (etapa de enfrentamiento) ......... 38

3.2.1 Políticas para enfrentar eventos o situaciones de sequía ................................................ 38

3.2.2 Acceso a safety nets por parte de pequeños productores durante las sequías extremas. 41

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3.3 Asistencia a los negocios agropecuarios durante y después de las sequías extremas (etapa de

recuperación) .................................................................................................................................... 42

3.3.1 Medidas para mitigar el impacto en el flujo de caja de los negocios agropecuarios como

resultado de periodos de sequías extremas. .................................................................................. 42

4 Principales brechas y oportunidades identificadas ......................................................................... 45

4.1 Desafíos del Sistema Institucional .......................................................................................... 45

4.2 Análisis de las Herramientas Disponibles para Enfrentar Eventos de Sequía ........................... 46

5 Referencias .................................................................................................................................... 48

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1 Introducción

En los últimos años, el estrés hídrico en Chile ha aumentado por diversos factores. Estos incluyen el crecimiento de la población, la rápida urbanización, la contaminación del agua, la mayor demanda por el recurso y la mayor variabilidad en el suministro. Actualmente, el país se encuentra clasificado en un estado de estrés hídrico “alto” a “extremadamente alto” (World Resources Institute, 2020), variando a lo largo del país. Es así como todas las regiones al norte del Maule enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto, mientras que la región de Ñuble un estrés alto, y Bio-bio y Araucanía medio alto.

La sequía de los años 1967 – 1969 se ha considerado como la peor sequía en un período de 100 años. El sector silvoagropecuario sufrió graves daños cuyo impacto se estimó en US$1.000 millones, y generó un desempleo de entre 225.000 y 450.000 personas (Unesco, 2012). Le sigue la sequía de 1998-1999, que Aldunce y González (2009) señalan como el tercer año más seco del siglo en Chile. Este afectó aproximadamente 600.000 hectáreas estimando pérdidas por US$250 millones en el sector agropecuario en el período comprendido entre 1994 y 1997. Desde el año 2010 el país enfrenta una de las sequías más severas, superando la sequía de los años 1967 – 1969 (CR2, 2019). Esta ha abarcado el territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y de La Araucanía con un déficit de precipitaciones ininterrumpida que fluctúa entre 45% a 80% dependiendo de la localización. Producto de esta, se evidencia un 70% de déficit en los caudales medios en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, y una disminución en la disponibilidad de aguas subterráneas.

Donoso y Vicuña (2019), usan el indicador SPEI1 (Beguería et al., 2010, 2014), para determinar la magnitud, intensidad y duración de los eventos de sequía en Chile. Encuentran que entre los años 2012 y 2016 existió un porcentaje generalizado de más de 70% de meses con valores de SPEI negativos, referido a situaciones de escasez hídrica, entre las zonas centro-norte, centro y centro-sur de Chile, abarcando desde la región de Atacama hasta la región de los Lagos (Figura 1). En algunas zonas de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía la situación de sequía es más relevante, presentándose un déficit en más del 90% de los meses. En la zona norte y austral existen lugares en donde menos del 50% del tiempo el indicador presenta valores negativos, principalmente debido efectos de un balance positivo entre la disponibilidad de agua por precipitación y la demandada por evapotranspiración.

1 El indicador SPEI que es una extensión del SPI (Mckee et al., 1993) tiene en cuenta tanto la precipitación como la evapotranspiración potencial (PET) para

determinar la magnitud, intensidad y duración de los eventos de sequía. El estudio de Donoso y Vicuña (2019) utilizó la información de 96 estaciones meteorológicas

que miden temperatura y precipitación para calcular el indicador de sequía SPEI, cuyo cálculo implica el ajuste de una serie temporal que considera el balance

evapotranspiración/precipitación a una distribución de probabilidad teórica que se ajuste de la mejor manera posible a la distribución de los datos (generalmente

Log-Logística o Gamma), de modo de poder calcular a partir de ella las anomalías agregadas a los intervalos de tiempo requeridos por el usuario. Estas anomalías

están centradas en cero, de modo tal que aquellos valores que estén sobre este umbral representan una combinación mes/año (que puede o no estar agregada)

con un balance hidrológico positivo, mientras que lo contrario ocurre en valores bajo el cero, caso en el cual hablamos de una situación de escasez hídrica o sequía.

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Figura 1: Porcentaje de meses con SPEI negativos para el periodo 2012-2016 (Donoso y

Vicuña, 2019).

Además, las predicciones indican que esta situación se acentuará a lo largo de los años (Roy et al., 2018). Para ello, la organización meteorológica mundial recomienda considerar al menos 30 años de datos para realizar comparaciones. De esta forma, utilizando como periodo histórico el intervalo de años 1985-2015 y como periodo futuro 2030-2060, Donoso y Vicuña (2019) concluyen que se reducirán las precipitaciones prácticamente en todo el territorio chileno, con excepción de algunas zonas del norte grande (Figura 2a). A la vez, prácticamente en todo Chile (con excepción de la zona austral) los modelos prevén aumentos de temperatura de al menos 1°C (Figura 2b).

Los potenciales impactos asociados a este tipo de cambios implican una amenaza al sector silvoagropecuario ya que es uno de los sectores económicos con mayor vulnerabilidad frente a las sequías. Es por esta razón que en el último tiempo ha cobrado fuerza la necesidad de desarrollar estrategias para enfrentar esta creciente escasez. En ese contexto, el Gobierno está desarrollando un conjunto de medidas a corto, mediano y largo plazo para responder a la emergencia y prepararse ante futuros eventos, especialmente asegurando el abastecimiento de agua para las personas, y al mismo tiempo, implementando un plan que permita continuar con la actividad económica y productiva, el desarrollo agrícola y agropecuario, y el turismo, entre otros. Se ha puesto énfasis en la necesidad de que Chile se adecúe a las transformaciones que está experimentando.

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Figura 2: a) Cambio porcentual de precipitaciones y b) cambio de temperaturas, ambos como un ensamble de 30 modelos de circulación general (GCM, por sus siglas en inglés) comparados entre 1985-2015 con 2030-2060 (Donoso y Vicuña, 2019)2

El gobierno busca enfrentar el problema en el mediano largo y plazo mediante una importante inversión en infraestructura, con especial foco en 169 Sistemas de Agua Potable Rural por más de $135 mil millones, lo que, se espera, permitirá un aumento de cobertura desde 53% a 100% al 2024. Además, el Plan de Embalses Priorizados contempla una cartera de 26 proyectos por US$6.000 millones, que beneficiaría a 285 mil hectáreas con seguridad de riego mayor al 85% y creará 120 mil hectáreas de riego nuevas. A esto se suman las inversiones en nuevas fuentes de agua, como la desalinización, la explotación de acuíferos profundos, y el reúso de aguas servidas, y la recarga de acuíferos.

Dentro de los proyectos de mayor envergadura, destaca también el estudio de la Evaluación de proyecto de una Carretera Hídrica Nacional, en su primera fase, de análisis de la oferta y demanda hídrica disponible. Esta primera etapa, desarrollada por el Laboratorio de Análisis Territorial (LAT) de la Universidad de Chile para la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile

2 La zona achurada indica mayor incertidumbre entre modelos, vale decir no existe certeza en que si las tendencias serán negativas y/o positivas.

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(ASOEX) y CORFO, indica que al menos desde el punto de vista físico y legal, existirían caudales disponibles desde algunas de las cuencas estudiadas durante ciertos meses del año, así como el potencial de expandir a futuro la superficie agrícola, principalmente en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama. De esta forma, se están analizando los proyectos presentados por la corporación Reguemos Chile de nombre Carretera Hídrica, el proyecto Aquatacama de la empresa francesa Vía Marina, y el proyecto Vía Hídrica del Norte de Chile, como posibles inversiones en la forma de concesiones, para el trasvase de aguas desde el sur al norte del país.

Igualmente, se está trabajando en Planes Estratégicos de Recursos Hídricos, mejoras en la fiscalización y control de extracciones, modernización a la normativa actual, y proyectos de investigación y desarrollo.

Sin embargo, Camus et al., (2016), a partir de un análisis retrospectivo de las principales iniciativas impulsadas en el país para enfrentar las distintas crisis que le afectan, concluye que éstas han sido principalmente reactivas. Solo en la última década Chile comenzó a adoptar un enfoque prospectivo en la gestión de desastres (UNISDR, 2010). Similarmente, hasta el año 2008, Chile no contaba con una política de gestión del riesgo para el sector silvoagropecuario (Meza, 2014; FAO and IICA, 2017).

En el contexto de esta situación y del diálogo que mantiene el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el país, este informe presenta un diagnóstico de programas, políticas y estrategias clave para atender los eventos de sequía y sus impactos en el sector agropecuario. Los objetivos específicos son:

1. Realizar un mapeo de las instituciones en la gestión de sequías que afectan al sector agropecuario.

2. Identificar y realizar una caracterización de las herramientas existentes (estrategias, planes y programas) en Chile para la preparación, respuesta y recuperación de la producción agropecuaria frente a eventos de sequía, en un contexto de cambio climático.

3. Realizar un mapeo de los actores claves (nacionales/internacionales) que esté trabajando el tema de las sequías en Chile y del tipo de trabajo que están llevando a cabo.

2 Mapeo de las instituciones en la gestión de sequías que afectan al sector agropecuario

El Banco Mundial (2013) identificó que la institucionalidad del agua en Chile involucra a 43 organismos públicos y privados, al centro de las cuales la más relevante es la Dirección General de Aguas (DGA), que depende del Ministerio de Obras Públicas (MOP). De estas, se identifican 11 instituciones públicas y 4 privadas que cumplen funciones para atender los eventos de sequía y sus impactos en el sector agropecuario (Figura 3).

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Figura 3: Institucionalidad para atender los eventos de sequía y sus impactos en el sector agropecuario

A continuación, se presenta una breve descripción de este mapeo institucional.

2.1 Ministerio de Obras Públicas (MOP)

El DFL 850 (Gobierno de Chile, 1998) establece que el MOP es el Ministerio que está a cargo de planear, estudiar, proyectar, construir, ampliar, reparar, conservar y explotar la infraestructura pública, donde se incluyen obras hidráulicas, y otros elementos utilizados para la gestión de recursos hídricos (GRH).

Dentro del MOP, la Dirección General de Aguas (DGA) es el servicio encargado de promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad. Más específicamente tiene las siguientes potestades y atribuciones (artículos 298 y siguientes Código de Aguas):

1. Asignación originaria, constitución o creación de nuevos derechos de aprovechamiento, ya sea sobre aguas superficiales o subterráneas.

2. Planificación hidrológica en las fuentes naturales, debiendo efectuar recomendaciones para el aprovechamiento de las aguas y disponer medidas para evitar el agotamiento de los acuíferos.

3. Investigación, medición y monitoreo del agua tanto de la cantidad como la calidad de los recursos hídricos. En este contexto, por ejemplo, la DGA mantiene y opera el servicio hidrométrico nacional.

4. Fiscalización de las aguas en fuentes naturales, de aguas superficiales y subterráneas. En este sentido, tiene potestades para impedir, denunciar y sancionar cualquier afectación a la cantidad y calidad de dichas aguas; y para evitar que en los cauces naturales se construyan, modifiquen o destruyan obras sin su autorización previa.

5. Supervigilar a las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas, en función de las reglas y modelo que establece en este punto el Código de Aguas.

Instituciones Públicas

MOP MINDEF MININT MINECON MINi+D+I

DGA CNR INIA DMC ONEMI CORFO ANID

DOH CIREN FIA

INDAP

JdV AC CA CAS

MINAGRI

Organizaciones de Usuarios de Aguas

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6. Llevar, poblar y gestionar el Catastro Público de Aguas (CPA), que es el registro administrativo en que debe constar toda la información del recurso hídrico, y que está conformado por una serie de inventarios, archivos y registros. Este CPA es regulado a través del Decreto Supremo (DS) 1.220, en vigencia desde el año 1998.

La DGA se desconcentra territorialmente en Direcciones Regionales de Aguas, las cuales se encuentran en las capitales regionales respectivas, existiendo también, en algunos casos puntuales, Direcciones Provinciales de Aguas.

Adicionalmente, la DGA tiene el mandato de calificar, mediante resolución, las sequías que tienen un carácter de extraordinarias. Dicha calificación, es requerida para que el Presidente de la República, a petición o con informe de la misma DGA, pueda, en épocas de extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez hídrica (Artículo 314 del Código de Aguas de Chile de 1981).

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), también del MOP, tiene el objetivo de proveer de servicios de infraestructura hidráulica que permitan una óptima gestión del agua.

2.2 Ministerio de Agricultura (MINAGRI)

El DFL 294 (Gobierno de Chile, 1960) establece las funciones y estructura del MINAGRI. Indica que el MINAGRI tiene las funciones de fomentar, orientar y coordinar la industria agropecuaria del país. Su objetivo es, fundamentalmente, obtener el aumento de la producción nacional; la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente, y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo. Con este fin cuenta con los siguientes servicios con atribuciones en la gestión del agua y gestión de riesgos.

1. La Comisión Nacional de Riego (CNR) tiene el objetivo de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, además de la administración de la Ley 18.450 que fomenta las obras privadas de construcción y reparación de obras de riego y drenaje y promueve el desarrollo agrícola de los productores de las áreas beneficiadas.

2. El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) proporciona información de recursos naturales renovables, a través de una base de datos geo-referenciada de recursos hídricos y clima, entre otros.

3. La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) es la agencia cuya misión es fomentar una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo, articulando y apoyando iniciativas de personas y entidades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y los agricultores de todas las regiones del territorio nacional.

4. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, vinculada al Ministerio de Agricultura de Chile. Su fin es la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías sustentables para la innovación del sector agroalimentario. INIA ha desarrollado investigación científica aplicada respecto del cambio climático global (CCG) y su impacto en el sector agropecuario, con el fin de elaborar e implementar estrategias, tecnologías y buenas prácticas que permitan mitigar los impactos, adaptando la agricultura nacional a los nuevos escenarios.

5. El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) tiene por objetivo fomentar y apoyar el desarrollo productivo y sustentable de la pequeña agricultura, conformada por campesinas/os, pequeñas/os productoras/es y sus familias. A través de sus programas y servicios busca promover el desarrollo tecnológico del sector para mejorar su capacidad

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comercial, empresarial y organizacional, ofreciendo bonos para subsanar problemas frecuentes de origen hídrico a pequeños agricultores.

Núñez Cobo y Verbist (2018) destacan que desde el año 2015 el MINAGRI incorporó un enfoque prospectivo para una gestión del riesgo de desastres (GRD), en general, y para la gestión del riesgo de sequías (GRS), en particular. Este cambio se evidencia con la creación de un Departamento de Gestión Integral de Riesgos (DGIR). Este departamento lidera las estrategias de gestión de riesgos, articulando todos los Servicios y Secretarías Regionales del MINAGRI, así como coordinar con los otros Ministerios y Organismos Internacionales. Más específicamente sus objetivos son (MINAGRI, 2020):

1. Fortalecer la capacidad de adaptación a la variabilidad y cambio climático del sector agropecuario, y formular medidas de mitigación que permitan tener una agricultura sostenible.

2. Promover la generación de conocimiento y su difusión entre los agricultores para que mejoren su capacidad de resiliencia, así como para potenciar el trabajo propio de las instituciones del agro en el ámbito de la gestión de riesgos.

3. Establecer planes de acción que contribuyan a minimizar las pérdidas económicas que en el sector agropecuario pueden ocurrir a consecuencia de diferentes tipos de siniestros, con énfasis en el apoyo de los productores de menor tamaño.

4. Contribuir en la definición y coordinación de las medidas de respuesta y recuperación que permitan al agricultor volver, en el menor tiempo posible, a su actividad económica luego de ocurrida una catástrofe.

Además, se crea la Comisión Asesora Nacional de Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios (Gobierno de Chile, 2017). Su objetivo es asesorar técnicamente al Ministro de Agricultura en la formulación de una estrategia ministerial para la gestión integral de los riesgos que afectan a la actividad silvoagropecuaria. El Secretario Ejecutivo de la Comisión es el Coordinador(a) Nacional de Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Agricultura. Esta comisión está conformada por:

1. Ministro de Agricultura quien la preside; 2. Director(a) Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario; 3. Director(a) Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero; 4. Secretario(a) Ejecutivo(a) Comisión Nacional de Riego; 5. Director(a) Ejecutivo(a) de la Corporación Nacional Forestal; 6. Coordinador(a) Nacional de Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Agricultura.

En cada región del país se crea una Comisión Asesora Regional de Gestión Integral de Riesgos. Las comisiones regionales reemplazan en todas sus funciones a las Comisiones Regionales de Emergencias Agrícolas y de Gestión del Riesgo Climático (CREA). Estas asisten técnicamente a la autoridad regional en las siguientes materias (Gobierno de Chile, 2017):

1. Planes regionales para el manejo integral de los riesgos agropecuarios coordinados con el Departamento de Gestión Integral de Riesgos y sus sub-departamentos;

2. Coordinación ministerial regional para la promoción y ejecución de instrumentos relacionados con la gestión integral de riesgos, específicamente de los seguros agrícolas;

3. Coordinación regional con otros organismos del Estado y del sector privado vinculados a su competencia;

4. Coordinación de instancias regionales especiales para el tratamiento de temáticas específicas propias de su competencia; y

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5. Procedimiento para evaluar la solicitud de declaración de emergencia agrícola por parte del Ministro de Agricultura.

2.3 Ministerio de Defensa (MINDEF)

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), creada en 1973 (Gobierno de Chile, 1973), depende del Ministerio de Defensa (MINDEF), y es el organismo responsable de la información meteorológica, cuyo propósito es satisfacer las necesidades de información y previsión meteorológica de todas las actividades nacionales. Además, realiza investigación meteorológica, en coordinación con organismos nacionales e internacionales, y administra el Banco Nacional de Datos Meteorológicos.

2.4 Ministerio del Interior (MININT)

Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) es un organismo técnico encargado de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior. Su misión es planificar, impulsar, articular y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o de aquellos provocados por la acción humana.

La ONEMI ha liderado la constitución en el país de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en el marco de los compromisos del Chile frente al Marco de Acción de Hyogo 2005–2015. El año 2014 se presentó el primer instrumento nacional en materias de reducción del Riesgo de Desastres, denominada Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD). En el 2015, ONEMI constituyó la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (Gobierno de Chile, 2015a). Esta tiene como función principal ser el agente promotor a nivel nacional de la reducción del riesgo de desastres. En lo que respecta a la sequía, propiamente tal, ésta es reconocida explícitamente en el PNGRD, aunque no es abordada como tema específico de dicha política, mientras que en los aspectos normativos es destacada en relación con la Ley 19.061 de 1999, que establece Normas sobre Fomento a Obras de Riego en Zonas Afectadas por Sismos o Catástrofes (ONEMI, 2018).

2.5 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON)

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) tiene a su cargo el apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas. Con este fin, se elaboró el Plan de Inversiones Estratégicas en Recursos Hídricos para la Competitividad que tiene como objetivo ejecutar un plan integrado de estudios de pre-inversión y proyectos de impacto estratégico en recursos hídricos, cuyo objeto sea fomentar la competitividad, reducir brechas de estado/mercado, y generar externalidades positivas en la actividad económica y productiva en la Meso-Región Norte Chico (Atacama, Coquimbo y Valparaíso). El Programa fue diseñado en coordinación con DGA, DOH, CNR, y Empresa Concesionaria de Servicios Sanitario (ECONSSA) actuando como Organismos Aliados, y financiado por CORFO y el Gobierno Regional (GORE) de la Región de Atacama.

2.6 Ministerio de Ciencia Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINi+D+I)

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que reemplaza a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), es el servicio encargado de administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y

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desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica, de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

2.7 Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA)

Las “organizaciones de usuarios de aguas” son los entes colectivos a los cuales la ley les ha encomendado la gestión descentralizada de las aguas.

Para entender cómo surgen o a partir de qué situación nacen estas organizaciones de usuarios, debe señalarse que el mismo Código de Aguas, en su artículo 186, se encarga de precisar que dichas instituciones podrán organizarse, si en una misma fuente hídrica natural u obra artificial de aprovechamiento de tales aguas, hay dos o más titulares de derechos de aprovechamiento.

Al definir las organizaciones de usuarios de aguas, podemos identificar algunos elementos característicos de estas entidades:

1. Son un espacio de autogobierno o autogestión, pues son sus propios miembros, los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, quienes deciden la forma en que se repartirán las aguas entre ellos, además de otras atribuciones que la ley les asigna.

2. Son entes totalmente privados, integrados, por los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas respectivos, sin ninguna participación o intervención pública en dicha conformación.

3. Autogestionan también su patrimonio, el que se integra con las cuotas sociales que pagan sus miembros, y las multas que pueden cobrar a estos últimos, entre otros.

4. Toman las aguas de la fuente hídrica, las distribuyen entre los titulares de derechos de aprovechamiento que las conforman, y construyen, explotan y mejoran las obras hidráulicas comunes que se encuentren bajo su ámbito competencial.

En el sistema chileno se consagran tres tipos de organizaciones de usuarios de aguas, las cuales tienen una larga tradición e historia:

1. Las comunidades de aguas (CA), que actúan a nivel de una obra artificial común (como un canal, por ejemplo), reuniendo a todos los particulares que emplean esa obra para ejercer sus derechos de aprovechamiento. Estas comunidades pueden organizarse respecto a aguas superficiales o subterráneas; existiendo, en la práctica, muchas más comunidades de aguas superficiales que comunidades de aguas subterráneas (CAS).

2. Las asociaciones de canalistas (AC) tienen también competencia en torno a una obra artificial común, y se organizan en torno a aguas superficiales. Su número es bastante menos reducido que el de comunidades de aguas, con las cuales la principal diferencia se encuentra en la forma de constitución de las mismas.

3. Las juntas de vigilancia (JdV), actúan a nivel de una fuente natural, ejerciendo jurisdicción, por regla general, sobre toda su extensión, y reuniendo, como sus miembros, a comunidades de aguas, asociaciones de canalistas y a algunos titulares individuales. Así, por ejemplo, gestionan normalmente todo un río, desde cordillera a mar, salvo los casos en que opera el seccionamiento o la sectorización. De acuerdo a la ley, a las JdV les corresponde la gestión y administración conjunta de todas las aguas de una cuenca, incluyendo superficiales y subterráneas. No obstante, su accionar ha estado focalizado en las aguas superficiales, siendo todavía muy incipiente su actividad respecto a las aguas subterráneas.

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2.8 Comentarios finales

Los ejes de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025 apuntan directamente a resolver situaciones de sequía. El segundo eje de Mejorar la Institucionalidad propone, dentro de una serie de medidas, aumentar las facultades de fiscalización y las sanciones; mientras que el tercer eje lleva de título: Enfrentar la Escasez. En cuanto a la Política Nacional para los Recursos Hídricos del año 2015, uno de los objetivos específicos se ha enfocado en diseñar, elaborar e implementar distintos programas y acciones que permitan mitigar los efectos de la sequía. En específico, el eje 2: Medidas para Enfrentar el Déficit Hídrico considera reorientar los instrumentos públicos y recursos para enfrentar los desequilibrios hídricos, considerarán fondos exclusivos de la CNR, INDAP, DOH y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que contribuyan a la solución de los problemas causados por los desequilibrios hídricos.

A la vez, en los últimos años, se han realizado esfuerzos para incorporar el cambio climático en la planificación de los recursos hídricos. Se creó una Oficina de Cambio Climático dentro del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Las amenazas climáticas debidas al cambio global han sido abordadas mediante la elaboración de un Plan de Acción Nacional al Cambio Climatico 2008-2012 (PANCC I) seguido de su actualización, el Plan de Acción Nacional al Cambio Climatico 2017-2022 (PANCC II). En ambos, se establecieron las principales líneas de acción en materia de vulnerabilidad y adaptación para el país. Aquí destacan los Planes de Adaptación Sectoriales al Cambio Climatico.

En cuanto al Plan Adaptación del Sector Silvogropecuario, las medidas propuestas incluyen la mejora en la competitividad; en el fomento a la investigación e innovación; promover la sustentabilidad; de información y transparencia; así como en aspectos institucionales del Ministerio de Agricultura y sus servicios.

Se evidencia que el reconocimiento oficial de una condición de sequía que afecta al país, así como los mecanismos de respuesta para hacer frente a dicha condición recaen fundamentalmente en cuatro Ministerios, los cuales son el MININT, MINAGRI, MOP, y MINDEF. Al respecto, el Banco Mundial (2013) detectó que existe un deficiente desempeño de varias funciones relacionadas al manejo de sequías. Las funciones relacionadas a la GRS que presentan mayores problemas se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Funciones con mayores problemas de desempeño (en base a Banco Mundial, 2013)

Nº Función Detalle

1.

Operación del sistema de información, comunicación, ciencia y tecnología

Elaboración balance hídrico nacional

Generación, recolección, análisis y diseminación de información sobre disponibilidad de los recursos hídricos

2.

Formulación y seguimiento de la implementación de políticas y planes hídricos

Desarrollo políticas de gestión del recurso hídrico

Desarrollo políticas de adaptación al cambio climático

3. Prevención y atención de emergencia Atención de situaciones de emergencias por sequías

4.

Diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Planificación de infraestructura hidráulica

Autorización de obras hidráulicas

Construcción de proyectos de infraestructura hidráulica

5. Consideración de aspectos multisectoriales, sociales y ambientales en la GRH

Análisis de los impactos en el recurso hídrico de las inversiones para mejorar de la eficiencia de uso de agua en el sector agrícola

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Esta evaluación se explica, en parte, por la deficiente coordinación entre las instituciones que intervienen en la GRS. Además, se debe a la existencia de superposiciones y duplicidades que afectan la efectividad de la GRS. Las principales duplicidades son:

1. Obtención y difusión de información hidrológica y meteorológica, en la cual participan múltiples instituciones, tales como la DGA, DOH, CNR y DMC y otras. Estas generan distintas informaciones con poco nivel de intercambio o coordinación lo que genera incertidumbre sobre la calidad de la información e insuficientes datos para la gestión.

2. Realización y actualización de balances hídricos a nivel de cuenca, donde se identifica la superposición de la DGA y la CNR.

3. Desarrollo de estudios de cambio climático y su difusión, para el cual intervienen instituciones variadas como DGA, DMC, MINAGRI, MINi+D+I, Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y la Academia.

Adicionalmente, existen importantes funciones que presentan vacíos de relevancia tales como la planificación del recurso hídrico a nivel de las cuencas, que permita generar una visión integrada, coherente y sustentable de mediano y largo plazo para su desarrollo y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).

3 Caracterización de las estrategias, planes y programas en Chile para enfrentar eventos de sequía, en un contexto de cambio climático

3.1 Apoyo a los productores agropecuarios en la preparación para los periodos de sequias (etapa de preparación)

3.1.1 Desarrollo e implementación de planes de gestión integrada de recursos hídricos para incrementar la resiliencia hídrica

La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) indica cinco ejes en los cuales se debiesen enfocar la elaboración de políticas y generación de reformas, en relación a la situación hídrica chilena. El primero de ellos, denominado “gestión eficiente y sustentable” propone el desarrollo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) a lo largo del país.

Luego del cambio de gobierno ocurrido el año 2014, se publica el Plan Nacional de Recursos Hídricos el 2015, basado en cuatro ejes. Para llevarla a cabo, se menciona el uso de instrumentos como el desarrollo de Planes Nacionales, Regionales y a nivel de las principales cuencas hidrográficas. En específico, el eje 1: El Estado Como Agente Responsable y Participativo, considera el desarrollo de planes GIRH como política nacional; y el eje 2: Medidas para Enfrentar el Déficit Hídrico, incluye un plan de embalses.

La materialización de estas políticas se lleva a cabo a través de la elaboración de los llamados Planes Estratégicos de Gestión Integrada de Cuencas, los cuales se proyectan desarrollar en 40 cuencas del país para el año 2022. Entre los aspectos a resaltar de esta estrategia, se encuentra el haber planteado lineamientos generales para el desarrollo de cada plan de cuenca siendo lo

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suficientemente estructurado para brindar información alineada a nivel nacional y al mismo tiempo, lo suficientemente flexible que permita capturar la especificidad de cada cuenca. Pese a ello, éstos no contemplan recursos para su ejecución, ni contemplan aspectos de gobernanza, lo que compromete la real continuidad de los planes. De hecho, más bien corresponden a una cartera de acciones, sin un proceso de actualización permanente ni la acción coordinada entre el sector público y privado. De esta forma, estos planes podrían no verse ejecutados en la práctica, al igual que lo ocurrido con iniciativas anteriores.

En octubre del año 2019 el Gobierno presenta la Mesa Nacional del Agua cuyo objetivo es proponer un plan para hacer frente a la crisis hídrica que atraviesa el país. Su trabajo esta orientado entre otros, a desarrollar los contenidos centrales de una política hídrica de largo plazo. Además de ello, contempla identificar la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en el mediano y largo plazo, así como definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar la política hídrica de largo plazo. Está conformada por distintos ministerios, agencias públicas, senadores, diputados y representantes sectoriales. Actualmente, se encuentran analizando los resultados de una primera Consulta Digital del Agua, realizada en línea, que dará pie a un segundo proceso de participación ciudadana, que se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 2020.

La importancia de incorporar en el país instrumentos de planificación con un enfoque de GIRH no es algo nuevo. Al contrario, se puede listar un número de proyectos para la elaboración de planes de gestión integrada de cuencas, como ha sido el caso de las siguientes iniciativas:

1. Proyecto BID/Cuencas (1993) preparado por la DGA, DOH, DIRPLAN y CONAF, con el apoyo del BID

2. Proyecto de Gestión de los Recursos Hídricos. Corporación de Cuenca del río Biobío (1995) con aportes del Banco Mundial y la Cooperación Francesa, orientada a la creación de un organismo de cuencas, sobre la base de la experiencia francesa.

3. Elaboración del Plan de GIRH para la Cuenca del Río Copiapó, Fase I3, por la Fundación CSIRO Chile Research con financiamiento de la DGA.

4. Elaboración del Plan de GIRH para la Cuenca del Choapa4, por Rodhos Asesorías y Proyectos LTDA con financiamiento de la DGA.

5. Plan de GIRH del Río Rapel desarrollado con el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins5.

6. Planes desarrollados con apoyo de la CNR, como el del Río Elqui y Ñuble6.

Sin embargo, los planes GIRH elaborados no se materializaron, básicamente por poco respaldo gubernamental y la necesidad de asignar recursos, financieros y humanos, adicionales a los que constituyen las asignaciones habituales de los servicios públicos involucrados.

En términos generales, no se observan progresos en el marco institucional y legal que permitan incorporar una visión integradora de mediano y largo plazo en las decisiones sobre el manejo del agua a nivel de las cuencas y del país (World Bank, 2011; Peña et al., 2011). Peña (2018) señala que las funciones de la DGA en este tema son de “planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales”, pero reducida a “formular recomendaciones para su aprovechamiento”, y sin

3 DGA (2015) https://dga.mop.gob.cl/estudiospublicaciones/Series%20documentales/Informe_Final_para_Empaste_01_10_2015.pdf

4 DGA (2017) http://documentos.dga.cl/ADM5793v1.pdf

5 CSIRO (2018) https://research.csiro.au/gestionrapel/es/inicio/

6 CNR (2017) http://documentos.dga.cl/ADM5741.pdf

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incorporar instrumentos específicos para incidir en forma efectiva en la gestión del agua. Por ende, existen obstáculos importantes que han impedido la adopción decidida de un marco integrado de gestión del agua en Chile.

3.1.2 Apoyo a la implementación de buenas prácticas agropecuarias que incrementen la resiliencia hídrica

A nivel gubernamental, se considera el desarrollo de buenas prácticas, sin embargo, en materia de resiliencia hídrica su rango de acción es limitado. A continuación, se destacan algunas iniciativas relevantes.

Se está desarrollado una certificación voluntaria llamada Buenas Prácticas para la Gestión Hídrica (BPGH)7. Este es un programa de certificación voluntaria, que evalúa la situación actual de las prácticas de gestión hídrica de una Organización de Usuarios de Aguas (OUA), en base a instrumentos y evidencias, para promover el mejoramiento continuo en cinco dimensiones: desarrollo organizacional, administración financiera, operaciones hídricas, vinculación y planificación. Este programa es financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Coquimbo. El proyecto BPGH, abarca el área de influencia de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes (JVRE) en la cuenca del río Elqui, y es ejecutado por el PROMMRA de la Universidad de La Serena. Se espera esté completamente desarrollado para julio de 2020, considerando un manual de BPGH, y un curso e-learning para facilitar su adopción.

En materia de promoción a la adopción de mejores prácticas en materia de gestión local de las aguas, la CNR contempla como producto estratégico el desarrollo de estudios, programas y proyectos que incentiven la gestión y el uso eficiente de los recursos hídricos para riego. Con este fin, ha desarrollado Programas de Fortalecimiento, así como de Saneamiento y Regularización, y de Transferencia Tecnológica en múltiples cuencas del país. Tan solo el año 2018 se llevaron a cabo 57 iniciativas por un monto de CLP $3.400 millones, que incluyen un diagnóstico de riego en el canal Imperial, en el marco del Plan Impulso Araucanía; el fortalecimiento a Comunidades de Aguas Subterráneas de La Ligua-Petorca en la región de Valparaíso; diagnóstico de obras de acumulación en las regiones de Aysén y Magallanes; capacitación en adaptación al Cambio Climático entre las regiones de Atacama y Los Lagos; y transferencia para el uso del recurso hídrico en la región Metropolitana y O’Higgins; entre otros8.

Con foco en los pequeños productores agrícolas campesinos, el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) del INDAP, ejecuta proyectos para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas. Una de las líneas está enfocada en Concursos de Riego, enfocado en mitigar el déficit hídrico y asegurar la producción de la Agricultura Familiar Campesina en situación de sequía. Ejemplo de ello son los concursos para cofinanciar obras intraprediales para la implementación de riego por goteo en frutales, hortalizas, chacras y praderas, publicados el año 2019 para la región de la Araucanía.

Finalmente, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) tiene a disposición un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, que incluye proyectos para financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso. Bajo esta línea de financiamiento, se ha impulsado, por ejemplo, un programa para la

7 PROMMRA, Universidad de La Serena (2018) http://prommra.cl/index.php/bpgh/

8 CNR (2019) https://www.cnr.gob.cl/cuenta-publica-2018/

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promoción, elaboración y evaluación de proyectos de riego enfocado en cultivos tolerantes a la sequía, en la Región de Atacama9. Dicho programa resultó en una guía para el uso de cultivos indígenas de mayor resiliencia ante eventos de sequía. Otros proyectos similares han apoyado con obras de almacenamiento de agua y regadío también.

A la vez, la certificación voluntaria de buenas prácticas agrícolas por iniciativa privada es la más adoptada en el país y tiene como objetivo la producción de alimentos sanos, inocuos y de calidad. Dentro de las prácticas, se considera la utilización sostenible de los recursos naturales, incluidas las aguas. Sin embargo, ello se enfoca en evitar la contaminación del recurso, dejando sin mención el manejo de aguas en períodos de sequías u otra situación similar. De esta forma, aspectos relativos al control de sequías no son contemplados ni medidos. Un ejemplo que lo considera es el módulo Spring, de la certificación GLOBAL G.A.P. Este módulo se ha incorporado para reflejar la gestión sostenible del agua por parte de los productores. Considera, por ejemplo, el impacto de los productores en la gestión sostenible de cuencas hidrográficas, la adopción de mejores prácticas en la gestión del agua, y medidas de protección de fuentes de agua, entre otras. Pese a que esta certificación no es obligatoria en el país, es solicitada por algunos países para exportar.

De esta forma, existe un número de iniciativas públicas para fomentar la implementación de buenas prácticas agropecuarias para enfrentar eventos de sequías. Sin embargo, no se identifica que dichas iniciativas estén alineadas a una política específica. Estas provienen principalmente del MINAGRI, aunque también las hay de otras secretarías de Estado. En aquellos casos en que los proyectos o formas de financiamiento provienen de instituciones distintas al MINAGRI, no se observa interconexión entre las organizaciones.

3.1.3 Apoyo a la investigación en materia de gestión, variedades más resistentes y tecnología frente a sequía, así como nuevas fuentes

En materia de investigación, ANID (ex CONICYT) crea el Programa Regional en el año 2000, con la misión del desarrollo científico y tecnológico de las regiones de Chile, de acuerdo con sus prioridades económicas y sociales específicas. Ejemplo de ello es el Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos (CIDERH) nacido el año 2010 con la participación de la Universidad Arturo Prat en Tarapacá. Sus ejes centrales son la investigación en materia de: "Gestión Integrada de Recursos Hídricos" e "Innovación Tecnológica de Sistemas Acuosos".

Además, hay múltiples Centros de Investigación en materia de agua, sequía y desarrollo de variedades más resistentes que han surgido, dentro de los cuales se encuentran:

• Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE) de la Región de Arica y Parinacota, creado el 2001;

• Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), de la Región de Coquimbo. Se funda el 2003, en conjunto con la Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte y el INIA.

• Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso (CERES), de la Región de Valparaíso es una iniciativa asociada a la Pontificia Universidad Catóica de Valparaiso, constituido en el año 2011;

• Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) de la Región del Maule, del año 2009. Con la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule y el INIA.

9 CONADI (2017) http://www.gea.uchile.cl/archivos/cultivo_tolerante_a_la_sequia.pdf

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• Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) ubicado en la Región de O'Higgins con fondos del año 2009, y miembros de la Universidad de Chile y el INIA.

• Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) de la Región de La Araucanía. Fue creado el año 2004 con una asociación entre la Universidad de la Frontera y el INIA.

En relación al desarrollo de investigación en materia de gestión, nuevas fuentes y al desarrollo de variedades o tecnologías para resistir la sequía, hay diversas instituciones y programas enfocadas en ello. Pese a que no se identifica una política nacional oficial, es posible resaltar proyectos particulares que aportan en este aspecto.

Ejemplo de ello son los aportes en investigación otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) de ANID. Pese a no indicar lineamientos especiales para enfocarse en proyectos que traten la adaptación de especies a situaciones de sequía u otros similares, ha financiado y apoyado en este tipo de investigación. En su concurso regular del año 2016, financió el proyecto para que el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola de la Región de la Araucanía, desarrollara el cultivo de lino que se adapte a los efectos del cambio climático10. El mismo año financia un proyecto del CEAZA para aplicar tratamientos de estrés por sequía a árboles frutales (palto, vid y olivo) con diferentes tolerancias a la sequía y comparar sus propiedades transcriptómicas, metabólicas, morfo-anatómicas y ecofisiológicas11.

Otra institución que ha estado involucrada en estos esfuerzos es el INIA. Dentro de la línea de investigación llamada estrategias agronómicas integradas de mitigación/adaptación al cambio climático, ha desarrollado proyectos con apoyo de fondos públicos diversos. Por ejemplo, han desarrollado proyectos para la generación y producción de plantas de Eucalyptus globulus tolerantes a la sequía, con fondos INNOVA, de CORFO12.

Asimismo, FIA ofrece financiamiento para proyectos nacionales y regionales para el desarrollo y adopción de innovaciones en productos, servicios o procesos en empresas vinculadas con el sector agrario, agroalimentario o forestal. A modo de ejemplo, en la Tabla 2 se presentan los principales temas de investigación asociados a la gestión de los recursos hídricos que han sido financiados por FIA en los últimos 10 años.

En general, las convocatorias de FIA son en temas de innovación y emprendimiento. Sin embargo, pese a que sus concursos nacionales en general no tienen lineamientos especiales en el fomento de tecnologías innovadoras frente a sequías, ha financiado investigación de este tipo. Por ejemplo, en los años 2016 y 2017 FIA realizó convocatorias nacionales de investigación en la temática de adaptación al cambio climático a través de una agricultura sustentable. En estas se financiaron investigaciones en estrategias para disminuir requerimientos de agua de riego en frutales perennes, desarrollo de sistemas de riego eficiente para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, biotecnología para la adaptación de cultivos hortícolas, tecnologías para agricultura en suelos salinos, desarrollo de un sistema de gestión hídrica para la Junta de Vigilancia del Río Elqui (organización de usuarios de agua), y el desarrollo de una plataforma de inteligencia para emergencias agrícolas, entre otros.

10 CONICYT (2016)

11 CEAZA (2019) http://www.ceaza.cl/proyectos/

12 CORFO (2007) http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/665?show=full

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Tabla 2: Temas de investigación de gestión de los recursos hídricos financiados por FIA (FIA, 2020)

Tema de Investigación Subtema de Investigación

Descripción Número de

Investigaciones

Herramientas de Control de Flujos

Proyectos cuyos objetivos son aumentar la regulación de los flujos, y lograr identificar en mejor grado los caudales de aguas que escurren en cada sector.

29 Tecnologías de Control

Herramientas de Control de Calidad

Proyectos con objetivos de generar un aumento en el conocimiento de los niveles de calidad de las aguas en cualquiera de sus dimensiones, a lo largo de los flujos.

Herramientas de Control de Gestión

Proyectos con objetivos de mejorar el manejo a nivel nacional de los recursos hídricos.

Herramientas de Cálculo de la Demanda Hídrica

Proyectos cuyos objetivos son estimar la demanda de agua y realizar proyecciones.

Sustentabilidad

Manejo de Cuencas

Proyectos que buscan cuantificar, evaluar y proponer métodos de distribución de las aguas a nivel de cuenca. 31

Efectos del Cambio Climático

Proyectos enfocados en innovaciones para la adaptación al Cambio Climático

Tecnologías en Mejor Uso del Recurso Hídrico

Tecnologías en sistemas de regadío

Proyectos en donde se proponen nuevos sistemas de regadío más eficientes.

2 Tecnologías enfocadas en el estrés hídrico de las plantas

Proyectos cuyos objetivos son identificar aquellas mejoras que se pueden obtener en uso de agua.

Tecnologías para el uso de nuevas fuentes

Desalación Investigaciones relacionadas con técnicas de desalación de agua de mar.

4 Reutilización de Aguas en la agricultura

Investigaciones que exploran métodos de re-uso de aguas en la agricultura.

Además, FIA ha licitado estudios y consultorías en gestión eficiente del recurso hídrico tales como el programa de innovación en el uso eficiente del recurso hídrico para la pequeña agricultura de la Provincia de Melipilla y el fortalecimiento y desarrollo de competencias en el uso eficiente del recurso hídrico para la Región de Antofagasta. Por último, cabe destacar la licitación para el rediseño e implementación del sitio de información de la Red Agroclimática Nacional (RAN), AGROMET, con el objetivo de rediseñar e implementar el nuevo sitio de información de la RAN para optimizar la entrega de información agroclimática a sus diferentes usuarios. Estos proyectos de FIA han permitido dar mayor valor a la RAN, permitiéndole entregar mejor información a los agricultores.

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Por ejemplo, en la versión del concurso del año 201813, el INIA se adjudicó un proyecto para el uso de mallas sombreadoras en vid, con el fin de contrarrestar los aumentos de temperaturas y evapotranspiración producto del cambio climático; y una empresa privada Capta Hydro SpA, un proyecto relativo al pilotaje de sistema de medición y control de caudales de canales artificiales de regadío.

Agroclima del CIREN se dedica a proponer y desarrollar proyectos que permitan a los productores agrícolas tener herramientas para enfrentar los efectos del cambio climático desde el punto de vista productivo y económico. Algunos de los proyectos que han realizado tienen que ver con balances hídricos a nivel de zonas de riego, determinación de aptitud edafoclimática en clima actual y en clima proyectado al año 2030 para especies hortofrutícolas, determinación del impacto de la construcción de embalses mediante el análisis de imágenes LANDSAT en los meses de máxima demanda de riego, por nombrar algunos. La nueva aplicación móbil (app) de CIREN llamada CampoClima entrega información agroclimática de distintas fuentes público y privadas, en una sola plataforma geointeligente. La aplicación asocia automáticamente la estación meteorológica e hidrométrica más cercana a la ubicación del usuario y a la de los predios registrados por el usuario, y entrega información en tiempo real. Esta muestra las tres principales funciones agroclimáticas (evapotranspiración de referencia, acumulación de horas frío y de días grado), útiles para la toma de decisiones productivas, ya sea para estimar demanda hídrica, aplicaciones de agroquímicos, planificación de raleos y/o cosecha, entre muchas otras. También entrega alertas de precipitaciones, vientos, olas de calor y heladas, emitidas por la DMC, permitiendo la prevención y/o mitigación de los riesgos asociados a condiciones climáticas adversas que pudieran afectar la producción.

CORFO implementó el proyecto Plan de Inversiones Estratégicas en Recursos Hídricos para la Competitividad14 tiene como objetivo ejecutar un plan integrado de estudios de pre-inversión y proyectos de impacto estratégico en recursos hídricos, cuyo objeto sea fomentar la competitividad, reducir brechas de estado/mercado, y generar externalidades positivas en la actividad económica y productiva en la Meso-Región Norte Chico (Atacama, Coquimbo y Valparaíso). El Programa fue diseñado en coordinación con DGA, DOH, CNR, y la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (ECONSSA) actuado como Organismos Aliados, y financiado por CORFO y el Gobierno Regional (GORE) de ATACAMA. Se han ejecutado los siguientes 8 estudios:

1. Estándares de telemetría hidrométrica para la GIRH en Chile 2. Ingeniería de detalle de sistema de abastecimiento hídrico desde fuentes no

convencionales con integración de energía renovable, APR Chungungo - La Higuera 3. Evaluación proyecto carretera hídrica nacional etapa 1: caracterización detallada de la

disponibilidad hídrica, demanda potencial, y disposición a pago 4. Caracterización física e hidrológica de cuerpos criosféricos en cuencas estratégicas de la

región de atacama 5. Análisis comparativo de tecnologías emergentes para desalación de agua de mar en

modelos operacionales integrados de menor costo 6. Exploración de aguas subterráneas profundas y acuíferos periféricos en cuencas de la

región de Valparaíso 7. Propuesta de un marco regulatorio-institucional-financiero que viabilice el reúso de las

aguas residuales en chile

13 FIA (2019) http://www.fia.cl/download/convocatorias/2018/concursos_/convocatoria_nacional_proyectos_de_innovacion_2018/Propuestas-Adjudicadas.pdf

14 http://repositoriodigital.corfo.cl/xmlui/handle/11373/10239

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8. Diseño de detalle e implementación de una plataforma web de monitoreo hidrométrico para la gestión integrada del agua en la cuenca del Choapa, IV región

Adicionalmente, en materia de investigaciones, las universidades mantienen un liderazgo en el nivel y número de investigaciones realizadas, en especial por el fomento al desarrollo de centros de investigación especializados a nivel regional. Se identifica la necesidad de fomentar centros de excelencia especializados con enfoque o a escala nacional, para el desarrollo de investigación más integrada entre las problemáticas de las distintas regiones. Paralelo a ello, se requiere promover la formación de profesionales especializados en áreas de recursos hídricos, que permitan abordar estas materias y desafíos de investigación en Chile.

Se identifican también brechas de investigación en cuanto a estudios y proyectos específicamente conducidos a la disminución el uso de los recursos hídricos y aquellos enfocadas en la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Los estudios e investigación que se realiza en esta materia no responden a llamados o concursos específicos, sino que a iniciativas con enfoques generales. Por lo mismo, una propuesta es desarrollar concursos de investigación específica para estos fines.

3.1.4 Información disponible para la toma de decisiones (situación de la red de estaciones agrometeorológicas – frente a necesidades de información precisa, frecuente y localizada)

3.1.4.1 Inversión pública en el sistema de hidrometeorología

3.1.4.1.1 Sistemas de información meteorológica

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, es el organismo responsable de la información meteorológica en el país, cuyo propósito es satisfacer las necesidades de información y previsión meteorológica de todas las actividades nacionales.

El Servicio Agrometeorológico de la DMC ha establecido una relación estratégica con el MINAGRI a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIA's), para la implementación de Centros Regionales de Información Agrometeorológica (CRIA). En este contexto, la DMC interactúa con la Comisión Asesora Regional de Gestión Integral de Riesgos y los distintos Servicios del MINAGRI, para optimizar el servicio al agro e integrar equipos de trabajo, con el fin de beneficiar a los agricultores.

Con el foco en los productores agrícolas, el Sub Departamento de Información, Monitoreo y Prevención del MINAGRI ha conformado la Red Agroclimática Nacional (RAN), que integra en el portal Agromet15, la información proveniente de varias redes previamente existentes, entregando información de manera uniforme, consistente y con cobertura a lo largo de todo el país. Los objetivos específicos de la RAN son (MINAGRI y FDF, 2018):

1. Establecer una Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas EMAs, que entregue información, a través de un sistema informático público confiable y de libre acceso, que se constituya en una herramienta para apoyar la competitividad del sector silvoagropecuario nacional.

15 https://www.agromet.cl/

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2. Asegurar la disponibilidad permanente de información agroclimatológica en todas las zonas de importancia agrícola rural de Chile.

3. Contar con datos agroclimáticos en tiempo real (frecuencia horaria y cada quince minutos) leídos desde una base de datos única que integra, desde el Ministerio de Agricultura, las redes público-privadas de estaciones meteorológicas automáticas.

4. Ampliar la entrega de información agroclimática al productor silvoagropecuario a través de la expansión y aumento de cobertura de las redes de estaciones meteorológicas automáticas EMAs, integrando redes públicas y privadas.

5. Facilitar que se alcance una agricultura competitiva, basada en decisiones fundadas y de ágil respuesta ante escenarios climáticos cambiantes en sus distintas escalas.

6. Favorecer la inversión privada del sector silvoagropecuario al conocer las características climáticas específicas del territorio para la incorporación de nuevas especies y los productos asociados a éstas.

En la actualidad, la red cuenta con un total de 409 estaciones, con información climática actualizada cada hora o cada quince minutos, y se encuentra disponible las 24 horas, sin restricciones y sin costo. La cantidad de EMAs aportada por cada institución participante en la RAN se presenta en la Figura 4. De esta se observa que las EMAs son aportadas principalmente por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y el MINAGRI a través del INIA.

Figura 4: Porcentaje de EMAs por Institución, periodo 2013-2017 (MINAGRI and FDF, 2018)

El portal entrega información respecto a nueve parámetros, considerando, por ejemplo, temperaturas, duración de lluvias y milímetros caídos, intensidad de radiación solar, y humedad relativa. El area de cobertura que representa cada estación ha sido definida a través del “estudio de la cobertura actual y futura de la RAN” (2015) realizado por el centro AGRIMED de la Universidad de Chile y el INIA financiado por FIA.

La gobernanza de la RAN está dada por el Consorcio Técnico de la RAN (con su Consejo Directivo) y Comité Técnico de la RAN. El Consorcio Tecnológico lo integran instituciones que poseen redes de EMAs y participan en la RAN; las instituciones que actualmente forman el Consorcio Técnico de la RAN son FDF, INIA, Vinos de Chile y ASOEX. A su vez, el Comité Técnico de la RAN es una instancia asesora que apoya al Consejo Directivo. Está constituido por los jefes técnicos de las redes, un representante del Subsecretario de Agricultura, el Jefe del

142; 36%

46; 12%

173; 43%

37; 9%

INIA Vinos de Chile FDF CEAZA

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Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Agricultura, dos profesionales del Sub-departamento de Información, Monitoreo y Prevención, quienes ejercen la Secretaría Técnica y una profesional de FIA.

En materia de proyecciones y simulaciones climáticas, existen distintas plataformas que proveen servicios climáticos ofrecidos por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, ((CR)2). Entre ellos es posible mencionar:

1. Plataforma de Simulaciones Climáticas16: plataforma de visualización y descarga de datos climáticos, implementada para proveer información de proyecciones climáticas para ser utilizada por distintas instituciones de gobierno, comunidad científica y por otros actores que requieran esta información;

2. Explorador Climático17: plataforma que permite acceder a bases de datos meteorológicos, realizar cálculos y estadísticas simples, desplegar los resultados como mapas o series de tiempo y exportarlos a diversos formatos, como una herramienta útil de análisis para apoyar la toma de decisiones;

3. Visualizador Climático (Vismet)18: sistema de despliegue de datos meteorológicos actuales e históricos (precipitación y temperatura del aire), registrados a nivel horario en más de 500 estaciones operadas por la DMC, la DGA y la Red Agroclimática Nacional. El sistema esta orientando al análisis espacial de eventos meteorológicos de corta duración (1-72 horas), incluyendo su seguimiento en tiempo real;

4. Explorador de Cuencas (CAMELS-CL)19: herramienta que integra información física e hidro-meteorológica de cuencas de todo Chile.

De esta forma, se identifica la existencia de múltiples redes y plataformas meteorológicas. Los datos provienen de distintos servicios y se encuentran con temporalidades diversas, así como con enfoques más especializados que otras. Todas indican ser la plataforma única que reúne los indicadores o parámetros de búsqueda más frecuente por parte de productores o usuarios. Sin embargo, la información sigue estando diseminada entre distintas plataformas, servicios y centros de investigación.

3.1.4.1.2 Sistemas de información hidrológica

Actualmente, tres unidades de la DGA generan información hidrometeorológica de manera rutinaria. El Departamento de Hidrología opera la red de estaciones meteorológicas, fluviométricas y de niveles de pozos; la Unidad de Conservación opera la red de calidad de aguas y la red limnológica; finalmente, la Unidad de Glaciología ha instalado en los últimos años una red de estaciones meteorológicas orientadas específicamente a la medición de condiciones meteorológicas en las inmediaciones de glaciares a lo largo de Chile.

De las redes mencionadas arriba, sólo las dos primeras proporcionan datos que son ingresados rutinariamente al Banco Nacional de Aguas (BNA). Las estaciones instaladas por la Unidad de Glaciología aún no entregan información de manera sistemática. La red Hidrometeorológica consta actualmente de 2.895 estaciones. La cobertura de las redes es disímil, y un diagnóstico preliminar se resume en la Tabla 3.

16 http://simulaciones.cr2.cl/

17 http://explorador.cr2.cl/

18 http://vismet.cr2.cl/

19 http://camels.cr2.cl/

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Tabla 3: diagnóstico cualitativo de estado de redes de observación administradas por la DGA

Red Observaciones

Meteorológica Cobertura adecuada en zonas costeras y valle central. Cobertura insuficiente en la zona alta de Chile central (sobre cota 1500 msnm)

Fluviométrica Red actual diseñada con criterios fundamentalmente de administración de recursos hídricos (otorgamiento de derechos de aprovechamiento). Insuficiente información para efectos de investigación sobre recursos hídricos en algunas cuencas hidrográficas.

Sedimentométrica Si bien se encuentra definida, en rigor no opera por problemas de capacidad humana para recolección de muestras. Se carece por completo de información sobre arrastre de fondo en cauces superficiales.

Niveles de pozos Cobertura mínima, adolece de un problema mayor cual es que la mayoría de los pozos que la conforman son además pozos de extracción. La DGA ha iniciado un programa de construcción de piezómetros, que debe avanzar con rapidez. La red actual no permite contestar preguntas de investigación, como por ejemplo las tasas de recarga natural de acuíferos. En total se estima instalar un total de 150 sensores entre las regiones de Arica-Parinacota y de Los Ríos, a un ritmo de 50 sensores anuales.

Calidad de aguas Funciona en algunos sitios donde también operan estaciones fluviométricas. Muestreo puntual con frecuencia trimestral, y las muestras se analizan en el laboratorio de la DGA en Santiago (Santa Rosa), lo que resta eficiencia a la operación.

Limnológica En rigor corresponde a un conjunto reducido de lagos con muestreo, los que se monitorean de acuerdo a criterios de norma secundaria de calidad ambiental.

El 65% de las estaciones se encuentran en las macrozonas Norte y Central, las cuencas de macrozonas Sur y Austral todavía están muy poco representadas (Figura 5)

Figura 5: Estaciones meteorológicas y fluviométricas a lo largo de Chile (en base a Barria et al. (2019)).

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Una de las deficiencias más importantes con respecto a la administración de aguas subterráneas en Chile surge de la inexactitud en la delimitación de los acuíferos, que es fundamental para comprender y representar la recarga y las interacciones superficie-acuífero. El instrumento legal que regula la explotación de los recursos de aguas subterráneas en Chile es el DS 203, promulgado en 2013, que indica que el balance hídrico se calcula sobre los Sectores Hidrogeológicos de Explotación Común (SHAC). Estos SHAC se delimitaron con información cartográfica deficiente y se basaron principalmente en divisiones administrativas, que no explican las divisiones físicas de los acuíferos y pueden conducir a errores en el balance hídrico. Adicionalmente, la DGA no cuenta con los pozos de observación necesarios para generar información del estado de los acuíferos. Además, estos pozos de observación se encuentran concentrados en la macroregión central (Figura 6).

Figura 6: Acuíferos y pozos de observación (en base a Barria et al. (2019)).

Aproximadamente 40 de los cerca de 300 SHAC están modelados actualmente. Se les ha dado prioridad para mejorar su caracterización hidrogeológica, estimar la recarga y, por lo tanto, tener una estimación precisa de la explotación sostenible del agua. Sin embargo, los escenarios futuros no se consideran en la determinación de la explotación sostenible del agua. Hay varias otras deficiencias que deberían mejorarse antes de evaluar el rendimiento del sistema en futuros escenarios económicos y ambientales.

La información recolectada en las redes de estaciones operadas por la DGA es; a partir del 1 de enero de 2014, incorporado a la plataforma computacional del Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA), desde donde quedan disponibles para consulta por parte de los usuarios internos y externos a la DGA. En los últimos años la DGA ha desplegado un esfuerzo importante orientado a tecnologizar su red, reemplazando instrumentos analógicos de medición y grabación, e implementando sistemas de transmisión remota de la información. Para aquellas estaciones que cuentan con transmisión de datos en tiempo real, es posible consultar la información en línea y obtener datos "no oficiales" para una ventana de tiempo de hasta 2 meses anteriores a la fecha de consulta. Sin embargo, aún existe un período de latencia de aproximadamente seis meses

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entre la captura de los datos y la publicación "oficial" de los mismos en el Banco Nacional de Aguas (BNA).

Otro aspecto identificado y considerado relevante respecto de la generación de información es la falta de coordinación entre la DGA y otros agentes que son capaces de contribuir en la generación de información y conocimiento. A lo largo de Chile, existen Universidades y Centros de Investigación con financiamiento de largo plazo (de ANID ex CONICYT, CORFO, Gobiernos Regionales) que tienen como misión la generación de conocimiento sobre los recursos hídricos. Si bien la DGA muchas veces actúa como institución interesada o contraparte en la generación de proyectos de investigación financiados con fondos públicos, en la práctica la DGA no tiene la capacidad ni la experiencia para hacer seguimiento al desarrollo de estas iniciativas. Como resultado, no es posible asegurar que la investigación científica ni la información generada por estos otros actores responda a las necesidades de la DGA, ni que la DGA tenga la posibilidad de aprovechar el nuevo conocimiento generado para adecuar sus prácticas y procedimientos.

3.1.4.2 Inversión pública en alertas tempranas

No existen, en el conjunto de instrumentos operados por la DGA, sistemas diseñados y operacionales con criterios de alerta, ya sea hidrometeorológica (sequías, inundaciones o crecidas) o de calidad ambiental. Actualmente el Departamento de Hidrología de la misma agencia avanza en un estudio para el mejoramiento de la red fluviométrica en las regiones de la zona norte de Chile. Para ello, se analizaron 8 estaciones piloto a objeto de mejorar la medición que actualmente no está siendo registrada por la red de la DGA. Pese a ello, avances en reportes o boletines de alerta temprana han sido desarrollados en forma independiente por otras agencias.

INIA prepara un Boletín Nacional de Análisis de Riesgos Agroclimáticos como un sistema de alerta temprana en forma mensual. Se enfoca en las principales especies frutales, cultivos, y ganadería. Este reporte incluye predicciones de precipitaciones, temperaturas, agua de nieve, y en conjunto, un pronóstico del déficit hídrico de los próximos meses. A la vez, incorpora recomendaciones para confrontar estas condiciones agrometeorológicas por región o zonas geo-climáticas.

Asimismo, la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA) del MINAGRI a su vez, prepara un informe mensual llamado Coyuntura Agroclimática en donde presenta el estado de:

1. Sequías meteorológicas: considerando el nivel de precipitaciones y el Índice de Precipitación Estandarizado en distintas partes del país;

2. Sequías hidrológicas: considerando estadísticas de caudales, nivel de embalses y decretos de escasez hídrica emitidos por el Ministerio de Obras Públicas;

3. Sequías agrícolas: anunciando el Índice de Condición de la Vegetación (VCI); además de 4. Pronósticos meteorológicos obtenidos del DMC.

A la vez, el Observatorio Agroclimático20 del mismo MINAGRI, consiste en un conjunto de mapas y figuras que muestran las condiciones de sequía actuales, y entregan información sobre la frecuencia de sequías pasadas y proyecciones de condiciones climáticas futuras. La plataforma considera mapas y análisis útiles para el monitoreo de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), por ejemplo, para entender su impacto y para acceder boletines preparados por diferentes

20 https://www.agromet.cl/el-observatorio-agroclim%C3%A1tico-de-chile-herramienta-para-la-gesti%C3%B3n-integral-de-la-sequ%C3%AD

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organizaciones activas en su monitoreo y pronóstico. Incluye además mapas para el monitoreo de alertas hidrológicas y agroclimáticas que afectan la agricultura y otros sectores; un monitoreo de la sequía a través de indicadores relevantes; y un atlas de la vulnerabilidad, entre otras. Esta misma agencia realiza el monitoreo de la sequía presentando la situación de la sequía en sus componentes de sequía meteorológica, sequía hidrológica y sequía agrícola.

De esta forma, una vez más, se identifican impulsos aislados para abordar la responsabilidad de prevenir al sector agrícola frente a eventos hidroclimáticos extremos. Destacan los esfuerzos realizados por las agencias del MINAGRI en esta materia, ajustándose en respuesta a las necesidades de sus usuarios. Pese a ello, se identifica una falta de coordinación en la adquisición, manejo y publicación de la información, entre las agencias de una misma secretaría, como con agencias de otros ministerios.

3.1.5 Asistencia técnica para preparar a los productores para periodos prolongados de sequías

Dentro de los servicios entregados por INDAP, se puede mencionar el Bono Legal de Aguas (BLA), cuyo fin es mejorar la condición jurídica de los recursos hídricos utilizados por la Agricultura Familiar Campesina (AFC), como también apoyar la constitución y fortalecimiento de organizaciones de usuarios de aguas conformadas mayoritariamente por pequeños agricultores y campesinos. Estas asesorías técnico-legales, brindan apoyo para la constitución y/o regularización de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA), la conformación de OUAs, así como la actualización de sus estatutos y registros; llevar a cabo gestiones judiciales y resolución de conflictos, entre otras. De esta forma, el brindar asesorías especializadas en el manejo de las aguas, se estaría adelantando frente a situaciones de conflicto hídrico, muchos de ellos surgidos en épocas de sequía. Durante el 2018, para este Bono Legal de Aguas se apalancaron recursos por un total cercano a los M$ 457, lo que corresponde a un 0,5% del presupuesto total de INDAP. Ese año, fueron beneficiados con este fondo 790 usuarios.

INDAP también administra distintos programas de asesoría técnica, donde es posible incorporar, entre otras, asesorías en materia de riego, tecnificación y uso eficiente de los recursos. Administra, entre otros, el Programa Desarrollo Local (PRODESAL), Programa Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y el Programa Desarrollo Integral Pequeños Productores Campesinos del Secano (PADIS). El PRODESAL tiene como objetivo aumentar los ingresos silvoagropecuarios y vincular a los usuarios con las acciones público-privadas en el ámbito de mejoramiento de las condiciones de vida. En este programa se invierten un poco más de 41 mil millones de pesos, lo que corresponde al 17% del presupuesto anual de INDAP. Por otra parte, el PDTI, está orientado a fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización. Este programa tiene asignado un 14% de los recursos presupuestarios anuales de la institución. Finalmente, el PADIS, orientado únicamente a la región de Coquimbo, tiene como objetivo la ampliación de capacidades para sostener y/o mejorar las actividades productivas de autoconsumo y apoyar la incubación o mejoramiento de emprendimientos individuales o asociativos que se desarrollan preferentemente en áreas de secano. Para este programa se destina el 1% de los recursos presupuestarios disponibles.

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3.1.6 Apoyo a productores para instalar sistemas más eficientes de almacenamiento y uso de agua en periodos de sequías (sistemas eficientes de riego).

3.1.6.1 Instrumentos financieros para apoyar/incentivar las inversiones en preparación para sequías

En Chile, a principios del Siglo XX, el Estado asume el liderazgo en la construcción de las grandes obras, sobre todo a partir de la Ley General de Riego dictada en 1929, que creó el Departamento de Riego de la Dirección General de Obras Públicas, hoy DOH, acción que se prolongó hasta 1970. En los inicios de la década de los ochenta, el gobierno de la época decidió que las obras de regadío serían responsabilidad del sector privado. Pereira y Gross (2004) señalan que la reducción de la participación del Estado condujo a un deterioro de las obras de riego a lo largo del país y a la paralización de nuevas obras medianas y grandes.

En 1980, el nuevo gobierno reconoce esta situación y decide apoyar la construcción, rehabilitación y reparación de la infraestructura de riego, bajo el concepto de co-financiamiento por parte de los agricultores interesados. Con este fin el año 1985 se dicta la Ley 18.450 sobre Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. Esta consiste en un fomento directo a la inversión privada en proyectos de riego y drenaje tanto para obras comunitarias (obras civiles extraprediales para conducción, distribución de agua y para drenaje), como para obras individuales (tecnificación, puesta en riego y drenaje al interior del predio). El objetivo de esta Ley es que agricultores y organizaciones de usuarios de agua, con énfasis en los pequeños y medianos agricultores, aumenten su superficie regada y/o mejoren la seguridad y eficiencia del riego. El fin es incrementar la superficie regada del país, mejorar el abastecimiento de agua en aquellas áreas regadas en forma deficitaria, incentivar un uso más eficiente de la aplicación del agua e incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria, esto último, eliminando el mal drenaje o facilitando la puesta en riego de suelos actualmente de secano (Gobierno de Chile, 1985). Sus objetivos específicos son (CNR, 2016):

1. Bonificar el costo de estudios, construcción, y rehabilitación de obras de riego y drenaje y de proyectos integrales de riego y drenaje que incorporen el concepto de uso multipropósito, y

2. Bonificar inversiones en equipos y elementos de riego mecánico, y en general toda obra de puesta en riego.

Es importante destacar que la Ley 18.450 además permite potenciar la actividad de las organizaciones de usuarios de aguas y focalizar recursos hacia la recuperación de la calidad de riego de aguas contaminadas, la infiltración para la recarga de acuíferos, el apoyo a la agricultura sustentable, y fomentar el uso y generación de energías renovables no convencionales, entre otras áreas.

El programa asigna montos de bonificaciones para proyectos a través de concursos de la CNR. La bonificación máxima oscila entre 70% para el caso de proyectos grandes (>40 ha. ponderadas beneficiadas) y 90% para pequeños agricultores21. La suma del costo de las obras y el monto de las inversiones que presenten los proyectos intraprediales, para efectos de la bonificación, no podrá exceder de UF30.000, sin perjuicio de que el costo total de la obra pueda ser mayor siendo la diferencia de cargo del postulante.

21 Definido según lo establecido en la ley orgánica del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

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Con el fin de aumentar la capacidad de acumulación de agua para el riego, a partir del año 2014 se incorporó a la Ley 18.450 bonificaciones para (i) la construcción y rehabilitación de obras de captación, conducción, acumulación y distribución cuyo costo de construcción no superen UF30.000, y (ii) la inversión en proyectos integrales de riego y drenaje, de uso múltiple, cuyo costo este entre UF30.000 y UF250.000. Los proyectos que se pueden postular se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Tipología de proyectos (Gobierno de Chile, 1985)

Proyectos Tipos de proyectos

Acumulación Embalses, tranques de regulación

Conducción Canales, revestimiento, entubamiento

Mejoramiento eficiencia de la gestión

Obras de arte, calidad de aguas, telemetría

Drenaje Obras de drenaje

Infiltración Acuíferos subterráneos

Tecnificación Sistemas tecnificados tales como microaspersión y goteo

Energía Renovable No Convencionales

Hidrogeneración (menor a 20MW), energía eólica, fotovoltaica

Se introduce el concepto de proyectos integrales y multipropósito de riego:

1. Proyectos Integrales de Riego: Considera el conjunto de obras de riego e infraestructura hidráulica, desde su estudio hasta su terminación.

2. Proyectos de Riego Multipropósito: Son proyectos de riego que consideren formas complementarias de aprovechamiento, tales como agua potable, hidrogeneración, control de crecidas, ecoturismo, e infiltración, entre otros.

Los proyectos de riego multipropósitos permiten presentar proyectos de riego con obras complementarias asociadas que no son propiamente de riego, o en colaboración con entidades que no tienen fines agrícolas, pero que pueden aportar recursos para realizar una gran obra de riego, además de tener beneficios asociados a la comunidad. Para proyectos de hasta UF30.000 se mantiene el porcentaje máximo de bonificación (Tabla 5). En el caso de las inversiones que superen las UF30.000, el porcentaje máximo de bonificación autorizado es decreciente y proporcional al monto que supere las UF30.000 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 6).

Tabla 5: Máxima bonificación para agricultores (Gobierno de Chile, 1985)

Costo de Inversión

Productres INDAP

Pequeños productores Productores medianos

Miles UF Riego (%)

Proyectos multi-

integrales (%)

Proyectos de riego

multipropósito (%)

Proyectos multi-

integrales (%)

Proyectos de riego

multipropósito (%)

< 30 90 90 80 70 70

30 - 60 85 88 40 25 53

(Gobierno de Chile, 2015b)

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Tabla 6: Máxima bonificación para Organizaciones de Usuarios de Agua (Gobierno de Chile, 1985)

Costo de Inversión

Organizaciones de Usuarios de Agua

Miles UF Multi

propósito Riego

< 30 80 80

30 - 60 50 80

60 - 90 40 75

90 - 120 30 70

120 - 150 25 65

150 - 180 20 60

180 - 210 15 55

210 - 240 10 50

240 - 250 8 45

(Gobierno de Chile, 2015b)

A través de los años, se ha evidenciado que existe una relación causa efecto entre el propósito de aumentar la superficie regada y mejorar la seguridad y eficiencia del riego, y el cumplimiento del fin de mejorar la competitividad y desarrollo del sector agrícola (Donoso, 2017). Entre el 2010 y 2018 se beneficiaron a mas de 282.000 productores, invirtiendo aproximadamente $660.000 millones, de los cuales el 80% ha sido para pequeños agricultores. La superficie tecnificada acumulada aumentó en un 10% en dicho período. Del estudio del Programa, se concluye que el subsidio a las inversiones en riego y drenaje es una herramienta que contribuye en forma eficaz al logro de un desarrollo agrícola competitivo.

Es importante señalar, sin embargo, que no es evidente cuánto del aumento en la eficiencia de riego se debe realmente al programa. Por ejemplo, es probable que algunos proyectos se ejecutarían aún sin ser subsidiados, especialmente en el caso de los productores grandes y medianos. Cabe señalar que en un estudio que abarcó hasta 1996, el 75% de los que recibieron la bonificación declararon que sin el subsidio no hubiesen desarrollado los proyectos. Se requiere de más investigación en este tema para obtener una evaluación más precisa del impacto de la Ley de Fomento al Riego (Ley 18.450).

Asimismo, se identifica que pese a que los objetivos de la Ley se han mantenido prácticamente rígidos desde su formulación, a través del desarrollo de concursos anuales dirigidos a zonas y nichos específicos, ésta ha podido adaptarse a los nuevos desafíos del país. Ejemplo de ello es la incorporación de concursos específicos intraprediales, no solo para la mejora en la canalización y conducción, sino que también en la implementación de telemetría y automatización de compuertas. Aquí también se han incorporado subsidios específicos para mejorar la eficiencia energética de los predios, y el establecimiento de mini centrales hidroeléctricas en los mismos canales. De esta forma, la flexibilidad de la Ley estaría permitiendo una mejor adaptación frente a nuevas exigencias hidroclimáticas, entre ellas, fenómenos de sequía.

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Sin embargo, al igual que en otros países, la evidencia muestra que los incrementos en eficiencia de riego no han generado un ahorro o disminución en el consumo de agua por parte de los agricultores; este efecto se conoce como la Paradoja de Jevon’s o el efecto rebote (Gómez and Pérez, 2013; Grafton et al., 2018). Por ende, esta estrategia, en la práctica, no ha preparado a los agricultores para enfrentar sequías. Por el contrario, a través del uso del subsidio, se termina afectando la sostenibilidad hídrica local y aumentando la vulnerabilidad del sector silvoagropecuario frente a estos fenómenos.

En términos generales, se observa que la Ley ha resultado ser una política nacional que promociona el desarrollo tecnológico en materia de irrigación y drenaje, se ajusta a la alta variabilidad hidroclimática chilena, y ha podido adaptarse a un panorama climático cambiante. Además, por el solo hecho de tener la figura de “comisión”, contempla un proceso participativo entre agencias de distintos ministerios, tanto a nivel central como regional, con las Comisiones Regional de Riego (CRR). Sin embargo, se percibe la falta de una planificación coordinada de los concursos a escala de cuenca, considerando la presión hídrica que estas mejoras tecnológicas contemplan, y que afectan tanto la sostenibilidad hídrica, como la sostenibilidad alimentaria del lugar.

Esta Ley tiene vencimiento en diciembre del año 2021 y actualmente se está proponiendo una prórroga de la vigencia de la Ley por 15 años. Para hacerlo, se están considerando las siguientes modificaciones, relevantes desde el punto de vista de preparar a los agricultores para enfrentar sequías. Se destacan las siguientes:

1. Reclasificar la tipología de los beneficiarios para limitar la participación de agricultores de más de 100 has.

2. Incorporar un nuevo enfoque conceptual denominado "ahorro de agua". Se incluiría un nuevo factor de ponderación a proyectos que dispongan de agua para otros usos.

3. En zonas de escasez hídrica se propone limitar la bonificación a proyectos que incorporen nuevas superficies de riego.

4. Establecer mecanismos que faciliten la postulación en caso de emergencias agrícolas o situaciones de catástrofe.

5. Fomentar la formación y fortalecimiento de la gestión de las OUAs.

El Programa de Riego Asociativo de INDAP aborda el problema de la escasez hídrica a través de varios instrumentos que permiten a los pequeños agricultores prepararse ante la ocurrencia de períodos de sequía extrema, como también para enfrentarla, de manera de disminuir el impacto que este fenómeno pueda ocasionar en sus sistemas productivos y puedan mantenerse en la actividad agrícola, generando los productos hortofrutícolas y pecuarios básicos para la alimentación del país. Este subsidia los proyectos de seguridad de riego y la incorporación de nueva superficie de riego a través del mejoramiento de los sistemas existentes. En las condiciones de secano son localizadas para la utilización más eficaz y eficiente del recurso hídrico. En este sentido, en cuanto a las obras individuales, normalmente se financia la construcción de estanques acumuladores de aguas lluvia y acumuladores de aguas subterráneas, mejoramiento de vertientes, construcción de pozos y tecnificación de riego (riego por goteo y microaspersión) incluyendo la bomba de captación y sistema de distribución. En cuanto a obras asociativas, dirigidas a AC y CA, se financia principalmente la construcción de bocatomas, el revestimiento de canales, sifones y tranques comunitarios.

Estos instrumentos operan bajo la lógica de la demanda. Es decir, dependen de las solicitudes que se presenten por parte de los agricultores, en concordancia con el Plan de Intervención de los Servicios de Asesoría Técnica, bajo una lógica de proyectos concursables. Por lo anterior,

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los agricultores deben disponer de capacidades para evaluar las condiciones que afectan a sus sistemas productivos y acceder a los instrumentos adecuados para dar solución o mitigar los impactos del problema. En este aspecto, el agricultor cuenta con la asesoría que pueden darle los mismos funcionarios de INDAP, como a los asesores técnicos externos que se vinculan con ellos a través del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y del Programa de Desarrollo Local (Prodesal). Ambos programas, SAT y Prodesal, en su carácter de servicios de asesoría técnica agronómica y pecuaria, otorgados por profesionales y técnicos del agro dispuestos en todo el territorio de la Región Metropolitana y del país en general, permiten atender los requerimientos para una adecuada preparación de los usuarios de INDAP al cambio climático, como a la intervención de sus sistemas productivos con prácticas agronómicas tendientes a promover la adaptación de los cultivos a las condiciones de escasez hídrica o a la reconversión de especies y/o variedades agrícolas, para enfrentar la sequía en mejores condiciones. La orientación y direccionamiento de los contenidos del SAT y PRODESAL pueden ser impulsados por INDAP a través de los respectivos contratos y Convenios que suscriba con los operadores, de manera que las acciones queden reflejadas en los planes de trabajos y sean evaluados posteriormente por las instancias institucionales fiscalizadoras de estos servicios.

En materias de inversión de riego, INDAP dispone de los siguientes programas e instrumentos que apoyan esta labor:

1. Programa de Obras menores de Riego (POMR), que otorga incentivos hasta el 95% del costo total bruto del proyecto con tope de $M 3.500 para proyectos individuales y, en caso de proyectos asociativos, un tope de M$ 3.500 por usuario de INDAP que sea beneficiario del proyecto y de M$ 35.000 por proyecto.

2. Programa de Riego y Drenaje Intrapredial (PRI), que otorga incentivos hasta el 90% del costo total bruto del proyecto con tope de $M 8.000 para proyectos de personas naturales y M$ 15.000 para proyectos de personas jurídicas, incluida la formulación del proyecto y apoyo en la ejecución y puesta en marcha de la obra.

3. Programa de Riego Asociativo (PRA), que otorga incentivos hasta el 90% del costo total bruto del proyecto con tope de $M 60.000 por proyecto de riego extrapredial y/o mixto (extra e intrapredial), incluida la formulación del proyecto y apoyo en la ejecución y puesta en marcha de la obra.

También se debe mencionar el Programa de Estudios de Riego y Drenaje que permite financiar consultorías destinadas a la elaboración de estudios y análisis en las siguientes áreas de especialidad: a) planificación y prefactibilidad de proyectos vinculados al desarrollo de recursos hídricos; b) ingeniería básica, como por ejemplo estudios de uso y calidad del agua y suelo, estudios hidrogeológicos, estudios ambientales, etc.; c) ingeniería civil, hidráulica, mecánica, eléctrica y de energías renovables, asociadas a la disponibilidad y uso de energías renovables no convencionales asociados a un proyecto o a un sistema de abastecimiento de aguas; entre otros. Este programa financia estudios hasta el 99% de su costo total con un tope de 1.500 UF.

Paralelo a lo anterior, el Programa Normal de Créditos de Largo Plazo también puede apoyar las inversiones en riego, tanto en complemento a las obras aprobadas en los concursos anteriormente descritos, como también en forma separada, en respuesta a solicitudes de agricultores que no participan de los concursos.

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3.1.6.2 Asistencia técnica a los productores en diseñar sistemas eficientes y efectivos

En cuanto a programas de asistencia técnica, INDAP es la agencia encargada de promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos. Para ello, desarrolla Servicios de Asesoría Técnica (SAT) con el fin de mejorar el nivel de competitividad de los negocios de los productores de la Agricultura Familiar Campesina a partir del aumento de la productividad, la calidad y/o la agregación de valor de sus productos y servicios. Esta herramienta funciona como un subsidio de hasta un 80%, que puede utilizarse para el desarrollo de capacidades para mejorar productividad, calidad y agregación de valor; promoción de un desarrollo sustentable, entre otras. Se han utilizado también para preparar a productores en sus diseños de riego frente a sequías, pese a no ser su principal foco. Los recursos asignados para este programa se elevan aproximadamente a M$ 11.209, correspondiendo al 5% del presupuesto anual de INDAP.

Una segunda herramienta ofrecida por INDAP es el Programa de Asesoría Técnica Especializada y Gestoión Comercial, cuyo objetivo es desarrollar de forma sostenible el nivel de competitividad del negocio o sistema productivo, de los pequeños productores agrícolas y campesinos, por medio de acciones de asesoría técnica especializada y/o de gestión comercial. Dentro de sus líneas estratégicas se encuentra la entrega de asesoría técnica o de gestión especializada.

Asimismo, como se mencionaba previamente, INDAP cuenta con el Programa Desarrollo Local (PRODESAL), Programa Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y el Programa Desarrollo Integral Pequeños Productores Campesinos del Secano (PADIS), los cuales asesoran a los productores en materias de riego también.

3.1.7 Apoyo el desarrollo y la comprar de seguros agropecuarios por parte de los productores agropecuarios para las sequías.

3.1.7.1 Disponibilidad de productos de seguros agropecuarios para eventos climáticos, como la sequía

El Comité de Seguros del Agro, “Agroseguros”, es una entidad creada por el Consejo de CORFO el año 2000, con la finalidad de desarrollar y promover los Seguros para el Agro, y administrar un Subsidio del Estado para el copago de las primas de los Seguros Agropecuarios. Sin embargo, es importante destacar que solo el seguro agrícola de cereales cubre contra sequías, en el caso que la producción se realice en secano. No hay seguros agrícolas que cubran los impactos de una reducción en la disponibilidad de agua para riego, producto de una sequía meteorológica extensa.

Chile no cuenta con seguros agrícolas para eventos climáticos indexados. LatinRisk (2014) estudió la factibilidad de implementar un seguro agrícola catastrófico dirigido a la pequeña agricultura, cuyo propósito sería que los productores puedan recibir un apoyo económico que coadyuve en su recuperación. Este estudio concluye que es factible y que para avanzar se debe diseñar el modelo operativo.

Enesa (2014), con financiamiento BID, realizó un estudio para el diseño de un seguro indexado para ganado ovino con cobertura de falta de pastos por adversidades climáticas en la zona de secano interior de las regiones de Maule y Biobío en Chile. Este seguro cubriría todas aquellas adversidades climáticas que provocan una reducción en la disponibilidad de pasto que se puede

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valorar mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés).

IRI (2017), centro de investigación de la Columbia University, concluyó que existe potencial de desarrollo de un esquema de seguros indexados para el sector ganadero. Los principales riesgos identificados, con potencial de desarrollo de un esquema de seguros indexados, fueron la sequía y el exceso hídrico:

1. Especialmente importantes en la temporada primavera-verano (septiembre a febrero) y otoño (marzo a mayo) para la sequía, y la

2. Temporada otoño-invierno-primavera (marzo a agosto) para el riesgo de exceso hídrico.

Por lo tanto, se requiere realizar el diseño y validación de los índices, como también evaluar el diseño de los seguros de sequía y exceso hídrico para el sector ganadero.

3.1.8 Asistencia técnica financiera para diseminar las opciones de seguros a los productores agropecuarios.

Además de ofrecer programas de asesoría técnica y legal, INDAP se plantea como una agencia con alto despliegue local. De esta forma, además de las 16 Direcciones Regionales, posee 113 agencias de área y 23 oficinas de área. Las Agencias de Área son el nivel institucional a través del cual se reciben y procesan las solicitudes de asesorías y financiamiento de los pequeños productores y sus asociaciones. Por otra parte -sobre la base de normas y conocimientos sistematizados- se responde a sus demandas, entregándoles en forma directa (o a través de terceros) un conjunto de servicios institucionales, cautelando que los recursos públicos invertidos abran nuevas oportunidades y generen mayores capacidades económicas, productivas e institucionales en el medio rural. Existen además Consejos Asesores Regionales (CAR) y Comités Asesores de Área (CAA), ambas instancias donde INDAP invita a la comunidad campesina a participar de manera más activa en las políticas de desarrollo productivo, en lo económico, en lo social, comercial y organizacional. Es a través de estos mecanismos que se ofrece información y asistencia frente a las ofertas de seguros agrícolas, así como se guía el mejor uso de los recursos disponibles.

3.2 Apoyo a los productores agropecuarios durante las sequías (etapa de enfrentamiento)

3.2.1 Políticas para enfrentar eventos o situaciones de sequía

Existen medidas o políticas para paliar los efectos de la sequía estipulados en el Código de Aguas. De acuerdo con el documento legal, el Presidente puede declarar un área con Zona de Escasez, en lugares extraordinariamente secos por un período de seis meses no prorrogables (Art. 314, Código del Agua). En la práctica, ocurre que en lugares donde se vence la declaración y la situación de sequía continúa, se decreta escasez por medio de un nuevo decreto a los pocos días.

Durante estos períodos, se proveen instrumentos determinados a usuarios y a la población en general para reducir los daños derivados de la sequía. En detalle:

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1. La DGA puede autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo;

2. Si no hay acuerdo entre los usuarios, la DGA podrá redistribuir las aguas para reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía.

3. En aquellas corrientes naturales o en los cauces artificiales sin una organización de usuarios formal, la DGA puede, a petición de terceros, hacerse cargo de la distribución; así como

4. La DGA puede suspender las atribuciones de las OUAs y los seccionamientos de corrientes naturales.

En el período 2008-2018, esta herramienta ha sido ampliamente utilizada, ya que se han decretado 90 zonas de escasez (Figura 7).

Figura 7: Decretos de Zona de Escasez por año (Elaboración propia con datos DGA (2019))

Además, la DGA tiene tres formas de intervenir en períodos secos, restringiendo la concesión de los derechos de aguas subterráneas con el objetivo de proteger la sostenibilidad de los acuíferos:

1. Reducción temporal en la explotación de aguas subterráneas-prorrateo (Art. 62, Código del Agua): exige que el agua disponible se distribuya entre todos los usuarios, reduciendo su uso proporcionalmente a su derecho de agua.

2. Zona de prohibición (Art. 63, Código del agua): ordena que la prohibición constituya nuevos derechos de agua.

3. Área de restricción (Art. 65, Código del agua): exige la prohibición de constituir derechos permanentes sobre el agua. Por lo tanto, solo puede otorgar derechos provisionales.

La medida de reducción temporal en la explotación de aguas subterráneas sufrió una modificación en enero de 2018, pudiendo ser declarada de oficio por la DGA. Previo a la reforma, solo procedía ante la petición de uno o más afectados. En estas líneas, se ha desarrollado un informe técnico para evaluar la factibilidad técnica de declarar dicha medida, en la cuenca de los ríos La Ligua y Petorca.

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En cuanto a la declaración de zonas de prohibición, esta medida está actualmente decretada en 6 sectores del país, entre las regiones de Arica y Parinacota, al norte, y la región de Valparaíso, al centro del país. En cuanto a la resolución de áreas de restricción, esta se ha decretado en 153 sectores del país, distribuidos entre el norte y centro-sur.

Paralelo a ello, la DGIR puede decretar emergencias agrícolas, una medida enfocada a zonas afectadas por fenómenos climáticos o catástrofes naturales que dañan la actividad silvoagropecuaria, en especial la forestación, cultivos y ganadería, lo que en definitiva compromete las actividades económicas de pequeños y medianos productores. Esta resolución autoriza el uso de determinados recursos presupuestarios para financiar medidas paliativas o soluciones. Estos recursos no suelen estar vinculados a planes locales, e incluso, muchas veces las medidas involucran soluciones corto placista, como la instalación de pozos en cauces de río, que terminan amenazando más aún la sostenibilidad hídrica de la zona.

Un ejemplo rescatable es el proceso llevado a cabo para la definición de Emergencia Hídrica en el Río Aconcagua en septiembre de 2018, a partir de la cual surgió el Plan Integral Río Aconcagua, llamado también Plan Aconcagua. Para ello, se formó una mesa técnica entre representantes de las cuatro JdV del río, y el MOP. Así, se llevó a cabo la formulación las acciones de mediano plazo, incluyendo la construcción de nuevos pozos, y la habilitación de piscinas de racarga de acuífero. Este mecanismo se replicó para el Río Petorca, con el surgimiento del Plan Petorca.

Además, cuando un desastre alcanza niveles superlativos, el Poder Ejecutivo puede declarar Zona de Catástrofe, por medio de la Ley 16.282, lo cual permite tomar una serie de medidas y liberar recursos para enfrentar esta situación de crisis en áreas específicas afectadas (Gobierno de Chile, 1997; y sus modificaciones posteriores 1986, 1991, 2003, 2010 y 2012). El Ministerio del Interior tiene a su cargo la planificación y coordinación de las actividades que establece esta ley. A partir de la declaración de Zona de Catástrofe, la normativa establece excepciones en cuanto a cambios en los presupuestos públicos para facilitar la gestión de daños y de ayuda a damnificados, en este sentido se establece un marco para generar préstamos con garantías especiales, recibir y canalizar donaciones con facilidades tales como exención de impuestos y tarifas de carga o descarga, movilización, almacenaje entre otros cargos, con el fin de agilizar la ayuda recibida

La cuantía, calidad y condiciones de la ayuda, colaboración o beneficios que reciba el damnificado, se condicionan por la autoridad que corresponda considerando fundamentalmente la situación económica y la magnitud del daño de quien reciba la ayuda

Las Municipalidades, en caso de catástrofe, pueden solicitar la modificación de sus presupuestos, en relación a los gastos que éstos demanden. El Fisco puede efectuar aportes extraordinarios a las Municipalidades afectadas

La DGA, a solicitud de las JdV, AC, y CA, puede tomar a su cargo el financiamiento de los gastos derivados del cumplimiento de las funciones propias de estas entidades, en las zonas afectadas. Los gastos que realice la DGA, serán de cargo de los beneficiados y reembolsados en la forma y condiciones que la propia DGA determine. En casos calificados el Estado podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos, con cargo a los recursos propios de la DGA o a aquellos que se concedan con ocasión de la catástrofe.

De esta forma, existen hoy en día medidas para hacer frente a sequías, así como para limitar el uso de las aguas en estos períodos. Sin embargo, no todas estas medidas se han utilizado en

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igual medida, teniendo menor uso aquellas políticas más restrictivas y aquellas con respuestas de corto plazo. Asimismo, pese a que se rigen por indicadores climáticos formales, el mayor uso de las distintas herramientas muchas veces se rige por parámetros informales. Por ejemplo, los decretos de zonas de prohibición y de áreas de restricción han dependido de informes técnicos de una periodicidad que no se ajusta a las rápidas y cambiantes tendencias climáticas de la zona, por lo que muchas veces no se encuentran actualizados o incluso se contradicen entre ellos. A la vez, el nivel de magnitud e impacto de una sequía depende de más parámetros que aquellos de tipo hidro-climático. Así, es de entender que el uso de estas herramientas muchas veces surge de solicitudes locales o de alertas por parte de la población, y no a partir de informes técnicos. Esto, sin mencionar la inexistencia de un sistema de alerta climática vinculada a estas medidas de reducción temporal. Por lo mismo, pese a que existe una respuesta para hacer frente a las emergencias climáticas de sequía, las estrategias utilizadas, así como los beneficiarios de éstas, puede que no sean las más eficientes o los más necesitados.

3.2.2 Acceso a safety nets por parte de pequeños productores durante las sequías extremas.

3.2.2.1 Servicios de asesoría financiera

No se evidencian servicios de asesoría financiera para enfrentar períodos de sequías.

3.2.2.2 Servicios de apoyo directo a los productores para la subsistencia (farm household allowances);

Los principales instrumentos de apoyo se implementan a través del SAG e INDAP. El Bono de Emergencia Agrícola por Sequía y el Bono de Emergencia para Pequeñas Obras de Riego son básicamente de INDAP para sus usuarios actuales o potenciales, en tanto que los Operativos Sanitarios de Emergencia se hacen en conjunto con el SAG para prevenir enfermedades en animales producto de la escasez de agua. Al SAG le corresponde también aplicar el Subsidio a la Recuperación de Suelos Degradados, para financiar praderas suplementarias y vertientes de emergencia de usuarios INDAP; el Programa Sanitario Ganadero, para agricultores INDAP y No INDAP, y el Subsidio a la Inversión en Recuperación de Suelos Degradados, para agricultores No INDAP.

El Bono, pese a ser gestionado en épocas de emergencia únicamente, termina siendo un gran sumidero de recursos para la institución. Tan solo el 2019, se destinaron cerca de 10 mil millones de pesos en estos bonos de emergencia, lo que corresponde a un 4% del total de recursos disponibles para la agencia. El año 2018, los apoyos brindados en emergencia fueron destinados a beneficiar a 11.699 agricultores.

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3.3 Asistencia a los negocios agropecuarios durante y después de las sequías extremas (etapa de recuperación)

3.3.1 Medidas para mitigar el impacto en el flujo de caja de los negocios agropecuarios como resultado de periodos de sequías extremas.

3.3.1.1 Desarrollo de instrumentos financieros para apoyar negocios agropecuarios (drought concessional loans)

No se evidenciaron instrumentos financieros para apoyar negocios agropecuarios.

3.3.1.2 Apoyo a los productores en la contratación de seguros agrícolas

Los recursos para el pago de los subsidios y gastos operacionales del Comité de Seguros del Agro, “Agroseguros”, provienen del presupuesto del Ministerio de Agricultura y son traspasados anualmente a CORFO mediante un Convenio de Transferencia de Fondos.

Agroseguros es administrado y dirigido por un Consejo Directivo de cinco miembros designados por el Ministro de Agricultura, el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y el Ministro de Hacienda. Sus integrantes son:

1. Dos miembros designados por el Ministerio de Agricultura, uno de los cuales será Presidente del Consejo según indicación del mismo Ministro, y al otro le corresponderá reemplazarlo en caso de ausencia.

2. Dos miembros designados por el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO. 3. Un miembro designado por el Ministro de Hacienda.

El Comité cuenta con un Director Ejecutivo elegido por el Consejo Directivo, a quién le corresponde la ejecución, mediante resoluciones, de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo y ejercer las demás funciones y cumplir con otros deberes que se estime conveniente asignarle. También corresponderá al Director Ejecutivo representar judicial y extrajudicialmente a la CORFO en todos los asuntos que competen al Comité.

Tendrán acceso al Subsidio:

1. Los productores agropecuarios que cuenten con Iniciación de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, y sean contribuyentes del impuesto al valor agregado, IVA.

2. Los productores que NO posean iniciación de actividades, pero estén siendo atendidos como clientes de crédito, por parte de alguna de las siguientes instituciones:

a. Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). b. Banco del Estado de Chile y Filiales. c. Otros bancos e instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia

de Bancos e Instituciones Financieras. d. Cooperativas de Ahorro y Crédito e. Instituciones que operen con instrumentos financieros de CORFO y/o de otros

organismos del Estado.

Los montos asegurados para este tipo de beneficiarios no podrán superar la cantidad de UF250, por temporada agrícola.

Las condiciones del cofinanciamiento son las siguientes:

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1. El subsidio base cubrirá el 40% de la prima neta cobrada en la respectiva póliza de seguro o contrato de cobertura y se expresará en Unidades de Fomento.

2. El subsidio base incluirá, además, un subsidio de un monto fijo equivalente a UF1 por cada póliza de seguro o contrato de cobertura.

3. A su vez, se recibirá un subsidio adicional, expresado como porcentaje de la prima neta, para los siguientes casos, que son acumulativos:

a. Contratación colectiva o referida por un aglutinador de demanda: 10% de subsidio adicional para las siguientes condiciones alternativas:

• Pólizas o contratos de cobertura contratados colectivamente acorde a la fórmula prevista bajo el artículo 517 del Código de Comercio.

• Pólizas o contratos de cobertura contratados directamente por el beneficiario asegurado mediante gestión, patrocinio o referencia de un aglutinador de demanda y que, al momento de ser presentada su solicitud de subsidio por parte de la compañía de seguros, el número de pólizas referidas por ese aglutinador de demanda corresponda a un mínimo de diez beneficiarios asegurados.

b. Renovación: 10% de subsidio adicional para aquellas pólizas o contratos de cobertura cuyo asegurado haya tomado, durante la temporada agrícola inmediatamente anterior, al menos una póliza de seguro que cumpla con lo indicado en el punto 2.4 del Reglamento, o al menos un contrato de cobertura que cumpla con lo indicado en el punto 2.6 del Reglamento. Para los efectos del presente literal se entiende que una temporada agrícola es el intervalo de tiempo de un año que comienza el 1° de mayo de un año calendario y se extiende hasta el 30 de abril del año siguiente.

c. Productos nuevos: 10% de subsidio adicional para aquellas pólizas o contratos de cobertura que representen nuevas coberturas, las que serán determinadas por el Consejo Directivo de Agroseguros, y gozarán de la categoría de nuevas, durante el plazo de 24 meses, contados desde la fecha de la resolución que ejecuta el Acuerdo del señalado Consejo que aprueba sus respectivas normas de suscripción.

d. Cereales: 5% de subsidio adicional para aquellas pólizas, cuyo cultivo asegurado corresponda a uno de los cereales asegurables: sea arroz, avena grano, cebada grano, maíz grano, trigo, triticales, centeno u otro cereal que pueda incorporarse por Acuerdo del Consejo Directivo de Agroseguros.

e. Zonas extremas: 5% de subsidio adicional para aquellas pólizas o contratos de cobertura cuya materia asegurada esté ubicada en una de las comunas situadas dentro de las zonas extremas determinadas por la Ley 20.655, esto es, dentro de las Regiones I, XV, XI, XII, además de las Provincias de Chiloé y Palena. Sin perjuicio de lo anterior, el subsidio total por póliza de seguro o contrato de cobertura no podrá sobrepasar el 70% de la prima neta cobrada en el respectivo instrumento, más el subsidio fijo de UF1.

4. El monto total del subsidio general que cada beneficiario reciba no podrá ser superior a UF80 por la contratación de cada póliza de seguro agrícola de cualquier tipo, y/o contratos de cobertura de precios y tipo de cambio.

Para que el beneficiario tenga derecho al subsidio señalado precedentemente, deberá pagar, a satisfacción de la Compañía de Seguros y/o de la “I.C.C.”, la parte no subsidiada de la prima neta y la totalidad del Impuesto al Valor Agregado, IVA, correspondiente a la prima de la respectiva póliza de seguro o del respectivo contrato de cobertura. En caso de incumplimiento total o parcial del pago de la prima se deberá proceder de la forma establecida en el numeral 5.

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Se puede asegurar desde las regiones de Coquimbo a Los Lagos, incluidos los valles de: Azapa, Lluta y Chaca (región de Arica y Parinacota); Valles de Vallenar y Copiapó (región de Atacama) y algunos sectores de las comunas de Camiña, Huara, Colchane, Pica, y Pozo Almonte en la Región de Tarapacá; y valles de Vallenar y Copiapó en la Región de Atacama.

El subsidio consiste en el copago de la prima o costo del seguro que corresponde al 40% de la Prima más un monto fijo de UF1 por póliza (subsidio base), con un tope de UF80 por Póliza.

Adicional al subsidio base, hay un subsidio adicional (acumulativo) según los siguientes criterios:

1. Recontratación (+10%). 2. Contratación colectiva (+10%). 3. Nuevos productos (+10%). 4. Cereales (+5%). 5. Zonas extremas (+5%).

Sin perjuicio de lo anterior, el subsidio total por póliza de seguro o contrato de cobertura no podrá sobrepasar el 70% de la prima neta cobrada en el respectivo instrumento, más el subsidio fijo de UF1.

El Seguro Cereales (incluido cultivos para semilla) Cultivos Industriales Forrajeras, Hortalizas (al aire libre y bajo invernadero) Leguminosas es un seguro de riesgo múltiple que cubre contra fenómenos climáticos, permitiéndole al agricultor recuperar el capital de trabajo invertido en el cultivo asegurado, en caso que resulte dañado por alguno de los fenómenos climáticos cubiertos por la póliza, logrando una mayor estabilidad económica y mejorando su calidad como sujeto de crédito. Los riesgos climáticos cubiertos son:

1. Sequía en secano 2. Lluvia excesiva o extemporánea 3. Heladas 4. Viento 5. Granizo 6. Nieve

El seguro climático para frutales protege a los frutales contra eventos climáticos nominados que afectan a la producción de las plantaciones frutales. De esta manera, se aseguran los costos de producción; valores que dependen de la especie, la edad y la zona de establecimiento de los huertos. Los riesgos climáticos cubiertos son:

1. Lluvia excesiva o extemporánea 2. Heladas 3. Viento 4. Granizo 5. Nieve

El seguro de flores protege a la producción de flores contra los siguientes riesgos climáticos:

1. Heladas 2. Granizo 3. Estructura Invernadero: 4. Incendio

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5. Viento Fuerte

El seguro pecuario permite recuperar el capital de invertido en el ganado asegurado, en caso que resulte dañado o muerto por alguno de los siguientes eventos.

1. Incendio 2. Terremoto 3. Congelación 4. Nieve 5. Erupción Volcánica 6. Intoxicaciones 7. Asfixia por inmersión 8. Caída accidental 9. Rayo

De lo anterior, queda de manifiesto que solo el seguro agrícola de cereales cubre contra sequías, en el caso que la producción se realice en secano. No hay seguros agrícolas que cubran los impactos de una reducción en la disponibilidad de agua para riego, producto de una sequía meteorológica extensa.

3.3.1.3 Apoyo a los productores en el pago de impuestos (income y corporate tax)

1. Extensión de plazos; 2. Pagos parcelados libre de interés; 3. Asesoramiento técnico;

No se evidenció instrumentos de apoyo en el pago de impuestos.

4 Principales brechas y oportunidades identificadas

A lo largo del diagnóstico llevado a cabo con relación a los principales programas, políticas y estrategias con las que el país atiende eventos de sequía, se han identificado una serie de brechas o desafíos pendientes, así como oportunidades para potenciar el sector silvoagropecuario.

4.1 Desafíos del Sistema Institucional

En materia de planificación, se identifica que los últimos años se ha avanzado en la elaboración de estrategias y políticas que contemplan acciones para afrontar eventos de sequía. Dentro de ellas es posible mencionar la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, la Política Nacional para los Recursos Hídricos del año 2015, los Planes Estratégicos de Gestión Integrada de Cuencas, y los Planes de Acción Nacional al Cambio Climático I y II. Todos ellos contemplan estrategias a corto y mediano plazo, así como un número de acciones a través de los cuales efectivamente se estaría asegurando la sostenibilidad del sector agropecuario frente a eventos de sequía.

Pese a ello, se desprende de estas políticas una serie de brechas que es necesario resaltar. Primeramente, todos los planes revisados corresponden a iniciativas promovidas desde una

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agencia sectorial específica, incorporando en menor medida, instancias formales de interacción intersectorial. Ejemplo de ello es la poca interacción identificada entre la DGA con otras agencias sectoriales, como por ejemplo, la DOH, CNR, INDAP, y ONEMI. Aquí, es posible incluso mencionar la ausencia de parte del Ministerio de Energía, en la forma de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o bien de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a lo largo de estas instancias. Esto, considerando que tanto la Política Energética Nacional, llamada también Energía 2050, publicada el 2015, como la Ruta Energética 2018-2022, ambas, consideran el desarrollo de políticas regionales con interacción sectorial. De esta forma, se requiere el desarrollo de políticas para hacer frente a eventos de sequía desde una perspectiva intersectorial, involucrando a agencias representantes de los sectores agrícola/alimentario, hídrico, urbano, energético, e industrial, entre otras. En términos generales, se observa la falta de una política que contemple una planificación a largo plazo del sector agrícola, vinculado a materias de sequía, cambio climático, desarrollo territorial, planificación energética, e impulso económico, por mencionar algunos. Asimismo, dicha planificación debiese contemplar un análisis de riesgo intersectorial.

Como segundo aspecto a considerar, se identifica la poca sostenibilidad de las políticas en el tiempo, principalmente por el alto grado de vinculación político-administrativa de las mismas. Prácticamente con cada cambio de administración, se publican nuevas políticas para hacer frente a los desafíos hídricos, las cuales, pese a que se proyectan a mediano e incluso largo plazo, no suelen tener más de cuatro años de ejecución. Se observa entonces la necesidad de desarrollar políticas con mecanismos que aseguren su continuidad en el tiempo, por ejemplo, permitiendo un grado de reajuste de las metas propuestas y las acciones cada un cierto número de años. Al mismo tiempo, el contar con mecanismos de validación externa, a través de un comité de expertos, o bien, a través del desarrollo de consultas ciudadanas, es posible brindar mayor validez técnica, con el consecuente distanciamiento político.

Finalmente, se desprende la existencia de una alta fragmentación institucional, lo que trae consigo las consecuencias de una descoordinación entre agencias de distintos ministerios, así dentro de las mismas. La mayor expresión de esta falla institucional se visibiliza en la existencia de una ineficiencia e incluso maluso de recursos debido a la duplicidad de funciones. Asimismo, pese a que ha estado presente en las políticas en materia de recursos hídricos, no se observan progresos en el marco institucional y legal que permitan incorporar una visión integradora de mediano y largo plazo en las decisiones sobre el manejo del agua. Esto es especialmente crítico a nivel de las cuencas. Al respecto, la necesidad de una reforma institucional es cada vez más evidente.

4.2 Análisis de las Herramientas Disponibles para Enfrentar Eventos de Sequía

Del análisis llevado a cabo, es posible detectar un gran número de estrategias, políticas y herramientas disponibles para hacer frente a eventos de escasez hídrica. En términos generales, se identifica que ellos estarían cubriendo la necesidad de preparar a los productores previo a la ocurrencia de los desastres. Pese a ello, se identifica nuevamente, una falta de planificación en las acciones, así como la falta de participación de representantes locales, para asegurar el mejor destino de las inversiones.

Pese a que esto ya ha sido mencionado y propuesto en análisis anteriores, se reitera la necesidad de elaborar y ejecutar planes de gestión integrada de cuencas. Se entiende que los Planes Estratégicos que se están redactando en estos momentos promovidos por la DGA, pueden servir

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como una primera instancia para su completo desarrollo. Sin embargo, como se menciona previamente, éstos corresponden más bien a la propuesta de una cartera de proyectos, y no a Planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, como aquellos definidos por la Global Water Partnership (GWP). Se debiese optar al desarrollo de estos planes con recursos específicos para asegurar su ejecución y continuidad; una estructura de gobernanza local empoderada; contemplando instancias formales de integración inter-cuenca; así como con instancias de re-evaluación de los mismos planes cada cierto número de años.

Se identifica además, la necesidad de continuar realizando inversiones en infraestructura, tecnología y educación. En cuanto a inversiones en infraestructura y tecnología, las herramientas disponibles están tendiendo a un avance, por ejemplo, en la eficiencia hídrica y la preparación frente a sequías. Sin embargo, se advierte que éstas deben estar asociadas o vinculadas a planes de desarrollo local, así como a planes sectoriales, por ejemplo, de gestión integrada de cuencas, o planes energéticos regionales. Esto, de forma tal, de no comprometer la seguridad alimentaria o energética, en pro de la seguridad hídrica. Se requiere asimismo contar con indicadores o estrategias de evaluación continua de estas herramientas de financiamiento, de tal forma de poder determinar realmente el impacto de las mismas, así como potenciar sus beneficios e identificar, junto con reparar sus fallas. Todo esto, teniendo el cuidado de no limitar su flexibilidad y capacidad para adaptarse a nuevos desafíos.

Se detecta a su vez la necesidad de generar una plataforma única de información meteoro-hidrológica y de alerta temprana. A diferencia de lo que se encuentra disponible hoy en día, en donde hay múltiples redes y plataformas meteorológicas, se debiese tender a un acuerdo institucional, en donde realmente se ofrezca a los productores un único lugar donde acceder a toda la información necesaria. En esta se debiera considerar:

1. Una clara definición de sequía, con indicadores de seguimiento y de umbrales críticos, en base a lo cual se determina la existencia de una situación de emergencia, antes de que se evidencien impactos. Estas definiciones deben: i) ser válidas regionalmente, y ii) permitir distinciones entre sectores de riego y de secano (por ejemplo, nivel de precipitaciones versus nivel de caudales).

2. Difusión de la alerta: Crear y promover los mecanismos de difusión de información climática, predicciones y recomendaciones oportunas, con el fin de que el agricultor tome decisiones acertadas y a tiempo para enfrentar la sequía (siembra, encaste, otros). Se recomienda establecer protocolos y responsabilidades para la difusión de alerta, haciendo hincapié en los sectores de mayor riesgo.

En materia de investigaciones y educación, es necesario continuar fomentando centros de excelencia especializados en materias hídricas, así como la promoción de formación de profesionales especializados en áreas de recursos hídricos, así como el desarrollo de concursos de investigación específica para estos fines. Los recursos destinados a capacitación, formación de profesionales, e investigaciones, pese a que muchas veces corresponden a esfuerzos a escala nacional, debiesen contar con la asesoría de los centros de investigación regionales, que abordan materias y complejidades específicas de cada localidad.

El país cuenta con un número de medidas formales para diagnosticar y enfrentar las situaciones de sequía una vez que ellas ya están presentes, a escala nacional, regional y local. Existe, sin embargo, un proceso informal significativo en la definición de tales situaciones, así como en la entrega de recursos. Este fenómeno estaría dejando entrever que los procesos formales no están otorgando la flexibilidad, rapidez y entendimiento local, que herramientas de este estilo requieren. De esta manera, en los procesos de definición de emergencia agrícola, por ejemplo, se debiese

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considerar la incorporación de procesos formales de involucramiento de representantes locales, entre ellos, las OUAs, para definir en conjunto un plan de acción, para el uso más eficiente de recursos en el corto y mediano plazo. Formalizar procesos de participación local, como aquellos llevados a cabo para la formulación del Plan Aconcagua, podrían apoyar en esta materia.

En cuanto a medidas para recuperarse frente a eventos de sequía, se identifica las declaraciones de emergencia agrícola. Esta herramienta ha sido ampliamente utilizada en el país, y con el tiempo, se ha ido adaptando a cubrir las necesidades de los productores de secano. Hay una escasez de instrumentos para recuperarse de eventos de sequía en áreas de riego. Por último, están los seguros agrícolas. No obstante, este instrumento se aplica más a otros eventos climáticos que a sequías; solo el de cereales considera protección a sequías meteorológicas. Estos seguros podrían incorporar especificaciones para incorporar eventos de sequía, y, en el mejor de los casos, reconocer eventos climáticos extremos. Esto último, para hacer frente a los fenómenos cambiantes e incertidumbres que se muestran en las proyecciones de escenarios climáticos futuros. De esta forma, se podría pensar en técnicas para brindar mayor flexibilidad a los riesgos climáticos que están cubiertos por los seguros agrícolas.

5 Referencias

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