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DESPLAZAMIENTO POR DESARROLLO. EL CASO DE LA COMUNIDAD DEL
TAMARINDO EN LA REGION ATLANTICA – COLOMBIA.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C.
2015
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DESPLAZAMIENTO POR DESARROLLO. EL CASO DE LA COMUNIDAD DEL
TAMARINDO EN LA REGION ATLANTICA – COLOMBIA.
OSCAR EDUARDO VARGAS PEDRAZA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C.
2015
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DESPLAZAMIENTO POR DESARROLLO. EL CASO DE LA COMUNIDAD DEL
TAMARINDO EN LA REGION ATLANTICA – COLOMBIA.
OSCAR EDUARDO VARGAS PEDRAZA Trabajo de Grado para obtener Titulo de Politólogo.
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
AIDA JULIETA QUIÑONES TORRES Candidata Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales,
Magíster en Filosofía y Estudios Políticos.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C. 2015
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Agradecimientos a mi familia por el apoyo constante e incondicional en el
desarrollo de toda mi carrera, a mis compañeros que me ayudaron y escoltaron
en todo este proceso, a mi directora de tesis Aida Quiñones por su guía,
comprensión, paciencia y sabiduría.
A las personas que ayudaron a realizar este proyecto, Ana Gómez, Ana María
Arango y a la comunidad del Tamarindo.
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INDICE.
Tabla de Contenido…………………………………………………………………...5
Introducción…………………………………………………………………...............7
Capítulo I. Del problema y su contexto.
1. Planteamiento del problema…………………………………………………8
1.1 Objetivo general y objetivos específicos…………………………………..12
Capítulo II. El Desplazamiento por desarrollo como ruta de despojo.
2. Algunas concepciones sobre el desplazamiento………………..............13
2.1 Desplazamiento por desarrollo…………………………………………….16
2.2 Métodos justificatorios del desplazamiento……………………………… 17
2.3 Desplazamiento, tenencia de tierra y conflicto armado………………....18
2.4 El papel del Estado y causas del desplazamiento……………………….19
2.5 Causas del desplazamiento por desarrollo……………………………….21
Capítulo III Dinámicas de implementación de megaproyectos en el marco del
desarrollo
3. Modelo de desarrollo y desplazamiento: Megaproyectos……………….22
3.1 Derechos que se ven afectados por la implementación del modelo de
desarrollo……………………………………………………………………....24
3.2 Aspectos Jurídicos……………………………………………………………26
3.3 Política y normatividad que respaldan este modelo……………………....29
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Capítulo IV. Introducción de megaproyectos, conflicto y desplazamiento por
desarrollo.
4. Megaproyectos y Escalada del Conflicto…………………………………..31
4.1 Desplazamiento por Desarrollo……………………………………………..34
Capítulo V. estudio de caso. Implementación de megaproyectos de infraestructura:
procesos de violencia y desplazamiento. El Tamarindo – Atlántico.
5. El abordaje del caso: del cómo se configuró tamarindo………………....37
5.1 El lugar de El Tamarindo…………………………………………………….39
5.2 Proyección de las tierras del Tamarindo en la vía del desarrollo……….40
5.3 Desalojo de pobladores, para avanzar en infraestructura…………….....41
5.4 Intervención Institucional a causa del desplazamiento…………………..42
5.5 Intimidación y Amenaza como dispositivos de desplazamiento………...43
5.6 Intereses económicos y modelo de desarrollo…………………...............47
5.7 Aspectos Judiciales y continuidad de la violencia………………………..49
6. Conclusiones…………………………………………………………………..51
7. Referencias Bibliográficas……………………………………………………55
8. Anexos y mapas……………………………………………………………….61
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto da cuenta de la problemática del desplazamiento por
desarrollo, generado por la aplicación políticas encausadas por el modelo
neoliberal. Modelo dentro del cual prima el mercado, con proyectos de gran
envergadura, a la manera de megaproyectos que impulsan una visión de
crecimiento en función de la economía. Con esta visión muchos megaproyectos se
enfocan en la explotación de los recursos naturales, cuyo fin es mejorar las
condiciones de los negocios principalmente para la empresa privada y así
emprender otros proyectos como los de infraestructura que, por consiguiente
viabilizan estos mismos mercados.
En este contexto, con el proyecto se aborda un análisis sobre las políticas y leyes
que promueven este enfoque de desarrollo, generando impacto sobre los
derechos de las personas que se ven afectadas. Con el fin de profundizar la
problemática, se estudia la incidencia de los megaproyectos en uno caso sobre la
región del Atlántico, particularmente en Tamarindo.
El trabajo se divide en cinco capítulos, el primero contextualiza y evidencia el tema
del desplazamiento por desarrollo, deslindándose de los estudios que ligan esta
problemática sólo a temas de conflicto. En el capítulo II, se analiza cómo el
desplazamiento por desarrollo, es un causal de despojo de territorios para dar
paso a los proyectos que impulsan el particular propósito de desarrollo económico;
además se estudia el efecto sobre las poblaciones que se ven impactadas por la
implementación de estos proyectos. Implementación que transita del despojo
hasta el desplazamiento, analizando los métodos justificatorios y el papel del
Estado como promotor de esta problemática.
El capítulo III se enfoca en el tema de megaproyectos, vinculando el problema de
desplazamiento forzado. En el capítulo IV se examina esta introducción de los
megaproyectos como una de las principales causas de conflicto por la tierra, al
tiempo que se elevan las acciones violentas como método de apropiación de la
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tierra. Finalmente en el capítulo V, se analiza el estudio de caso de la zona
Tamarindo, departamento del Atlántico, abordaje que demuestra el
desplazamiento por desarrollo, causado en este caso por la implementación de
megaproyectos de infraestructura, el cual conlleva a otros fines económicos.
Además se aborda el análisis de las formas de despojo, amenaza y violencia, por
medio del cual se articulan grupos armados ilegales con las fuerzas estatales,
evidenciando falencias en las leyes para otorgar permisos y concesiones en la
ejecución de los proyectos de infraestructura.
El enfoque metodológico para abordar la perspectiva empírica, es el estudio de
caso simple. Tipo de investigación que permite poner en evidencia, cómo se teje el
relacionamiento estatal con el despojo y desplazamiento de comunidades.
Profundiza aspectos que determinan las características del modelo de desarrollo,
y establece la relación entre las categorías desarrollo y desplazamiento, como eje
de estudio en el caso de Tamarindo.
CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA Y SU CONTEXTO
1. Planteamiento del Problema
En Colombia, se ha implementado desde los años 1945 y 1950, procesos de
expansión territorial a través de megaproyectos impulsados por el modelo de
industrialización por sustitución de importaciones (ISI), considerado en su
momento, como el mayor generador de crecimiento y desarrollo de la economía.
Este acelerado crecimiento que ya se venía dando en Colombia por medio del
ascenso de las exportaciones de café, estimulado con el apoyo de capital
proveniente del extranjero, orienta un primer momento de la economía donde la
agricultura se relega a un segundo plano, dando mayor importancia a la
modernización, que trae consigo el desarrollo de infraestructura en carreteras, vías
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férreas y sistemas de transporte para el surgimiento de las nuevas industrias
(Garay, 2004).
A partir del año 1967 el desarrollo económico se acelera, con el decreto ley 444 de
1967, se buscó además combinar el modelo económico por medio de una
orientación exportadora mixta, desde la cual se profundizaba el desarrollo de
actividades industriales, generando incentivos por sistemas cambiarios como el
Crawling peg (gota a gota), certificados de abonos tributarios (CAT) y la creación
del Fondo de Promoción de Exportaciones – Proexpo.1 (Garay, 2004). Estos
procesos, provocaron un creciente aumento tanto en la inversión extranjera como
en la llegada de nuevas multinacionales para la explotación de productos agrícolas
y mineros, generando mayor énfasis en los productos mineros. Así, a partir de los
años setenta, se dio lugar a dinamizar tanto la creación de infraestructuras para el
transporte y la posterior exportación (Perafán, 2013).
De 1990 a 1994 la apertura económica, instaurada en el Documento Conpes 2494
del 29 de octubre de 1990, planteó la regulación de las licencias previas de
importaciones, a fin de reducir los costos de diligenciamiento y brindar de manera
ágil y efectiva los trámites para la importaciones en el país. Este procedimiento
tenía como finalidad eliminar los sesgos anti exportadores, y con esto se dio
prioridad a aquellos productos que tienen mayor capacidad de importación y
exportación, provocando un fuerte flujo de mercado en el exterior, con una mirada
estratégica de modernización y renovación industrial, el objetivo de tener una
mayor competitividad y generar grandes motivaciones para el sector
manufacturero (Garay, 2004).
Esta apertura, trajo como consecuencia que las multinacionales iniciaran procesos
de explotación agrícola y minero-energética, invirtiendo gran cantidad de dinero en
1 Desde principio de los años setenta, la economía y exportaciones no volvió a tener un crecimiento, lo cual
provocó un incremento en la inversión extranjera de muchas empresas nacionales con un firme propósito de modernizarlas. Sin embargo esta medida llevó a fortalecer el crecimiento del sector minero, con una mayor dinámica de exportación de productos como el oro, níquel, carbón y petróleo. (Garay, 2004) Esto desembocó en lo que actualmente vemos como una privatización del sector minero.
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modernizar industrias, carreteras, puertos y rutas comerciales2. De igual manera la
problemática ha producido una importante relación con desplazamientos forzados
por la obtención de los recursos. Por ejemplo, en casos como la minería, la
adecuación y construcción de infraestructura, las represas y los monocultivos, han
producido desplazamiento forzado, en tanto los proyectos requieren de grandes
extensiones de tierra. Proyectos que van en aumento, teniendo en cuenta que las
políticas y modelos de desarrollo, tienden cada vez más a concesionar, otorgar
permisos y extensiones de tierras baldías a sectores industriales extractivos y
comerciales, buscando el incremento de la economía.
Con todo, el modelo de desarrollo establecido en el país, ha traído efectos
negativos para la población rural en la distribución de la tierra, por cuanto se
sustenta en tres componentes:(i) el primero se dirige hacia la producción de
monocultivos como el café y la palma para las exportaciones. (ii) El segundo,
ubica la estructura de las agroindustrias, las cuales se basan en la expansión de
propiedades de tierra y baldíos de la nación para la producción de potenciales
agrícolas y ganaderas de grandes empresas; y (iii) el tercero, la exclusión de
medianos y pequeños productores limitando a estos últimos el acceso a la tierra,
otorgando mayores beneficios a empresas con gran capacidad de inversión,
explotación y producción de monocultivos para aumentar la exportación en el país
(Fajardo, 2014).
Esta problemática es una constante en el territorio nacional, puesto que los
conflictos generados por actividades industriales y de monocultivos como la palma
de aceite, café, o productos para generar biocombustibles, de carácter exportador,
vienen ocupando gran cantidad de áreas desde los años sesenta y tienden a
remplazar los sembradíos de arroz, maíz, banano, algodón entre otros, dejando a
2 Proceso que además dio inicio a un certero golpe a la industria nacional, ocasionando que muchos
capitales manufactureros se transformaran con el tiempo, llevando a priorizar sectores extractivos que han originado un aumento del conflicto por la tierra, dada la explotación de los recursos (Molano, 2013).
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los pequeños y medianos productores sin posibilidad de producción o sin tierra
para el desarrollo de sus actividades agrícolas (Fajardo, 2014).
Además este tipo de expansión agrícola o extractiva, requiere a la vez adecuación
de infraestructura, la cual ha significado una correlación en el aumento de
desplazamiento forzado, es decir este mismo coincide con los mismos lugares en
los que se implementa el desarrollo de los megaproyectos. Uno de estos casos, es
el que se presenta con la comunidad de El Tamarindo3, zona ubicada en el
Departamento del Atlántico, constituida por desplazados que llegan al territorio
huyendo de la violencia que se presentaba en sus regiones, principalmente del
Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Desde el año 1996 y 1997 estas
personas llegan a la zona denominada El Tamarindo (territorio administrado por
INCODER), y posteriormente se asientan y arman sus hogares, para desarrollar
sus actividades sociales y económicas en pro de su auto sostenimiento.
En el año 2007 la zona en la que se había asentado esta población, es decretada
como zona franca del Atlántico, y así comienza la construcción de la Zona Franca
Internacional del Atlántico, proyecto que se ubica directamente en El Tamarindo.
El proyecto además es respaldado por medio de la Resolución 13914 de 2007 de
zona franca, determinación que, conlleva a valorizar las tierras y con ello a generar
un importante aumento del precio de las mismas. Con esta transformación se
crean megaproyectos como: (i) la mejora en la vía Juan Mina, (ii) Vía Circunvalar,
(iii) Proyecto Ruta del Sol, ZOFIA y Proyecto inmobiliario de la Caja Promotora de
3 El Tamarindo se le denomina a la zona ubicada en la vía Juan Mina entre el municipio de Galapá y la ciudad
de Barranquilla en el departamento del Atlántico. Actualmente la tierra se encuentra en litigio por la propiedad de la tierra entre empresarios y los campesinos que viven allí. Aun no es claro si la zona pertenece al municipio de Galapá o de la ciudad de Barranquilla. En el desarrollo de este trabajo nos referiremos al Tamarindo como la zona en disputa en donde se encuentran asentados la población campesina y la reclamación de los empresarios. Adicionalmente así es nombrado en los documentos oficiales y trabajos de ong´s que siguen el caso a detalle.
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Vivienda Militar y de Policía CAPROVIMPO, cuyo fin es generar desarrollo para la
región4.
La comunidad que se encuentra asentada en el Tamarindo, desde el año 2007
presenta varios ataques tanto de violencia física como psicológica, además de
claras violaciones a los derechos humanos. Acciones como el desvío de arroyos
para el riego de sus cultivos, quema de cosechas y muerte a sus animales como
cerdos, gallinas y patos, acciones que son usadas como practica intimidatoria.
Con esto, los campesinos son amilanados para que desalojen las tierras, proceso
en el que se involucran tanto actores legales como ilegales (Molano, 2013).
Esta problemática comienza a demostrar rasgos de la relación de los procesos de
desarrollo con actos de violencia y desplazamiento forzado, ya que los proyectos y
megaproyectos promovidos por el Estado demandan gran cantidad de territorios
para la construcción de infraestructuras como carreteras, represas, minerías entre
otras. De esta manera surge la pregunta: ¿Cómo se logra analizar el
desplazamiento por desarrollo, el cual es suscitado por la creación de
megaproyectos de infraestructura, y cómo incide sobre poblaciones como la de
Tamarindo-Atlántico?
1.2 Objetivo general.
Analizar el proceso de desplazamiento por desarrollo, suscitado por la creación de
megaproyectos de infraestructura, con el fin de dar cuenta de la incidencia que
genera sobre poblaciones como la del Tamarindo en la región Atlántico.
4 Desde los años 70 hasta los 90, se evidencia el problema de tierra en la región del Atlántico. El desarrollo
acelerado de la ciudad de Barranquilla trae grandes inversiones de dineros provenientes del narcotráfico generando nuevas formas de conflicto en el campo, que revierten en despojo, tenencia y disputa por la tierra. Para los años 90 la región se encontraba en un dominio paramilitar, principalmente en Malambo, Soledad, Sabanalarga y Galapá. Con la apertura económica en 1994, la economía se dinamizo por medio de los Tratados de Libre Comercio TLC, trayendo consigo la importancia de preparar y desarrollar una infraestructura adecuada para el comercio (Molano, 2013).
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Objetivos específicos.
Determinar las dinámicas de implementación de megaproyectos en el
marco del desarrollo.
Identificar relaciones del desplazamiento por desarrollo generadas por la
introducción de megaproyectos.
Analizar la articulación entre la implementación de megaproyectos de
infraestructura, con procesos de conflicto y desplazamiento.
CAPÍTULO II. EL DESPLAZAMIENTO POR DESARROLLO COMO RUTA DE
DESPOJO
“El desplazamiento forzado de poblaciones siempre tiende a provocar crisis, aun cuando
sea necesario como parte de programas de desarrollo amplios y benéficos. Constituye
una profunda ruptura económica y cultural para todos los afectados. La dislocación rompe
los patrones de vida y la continuidad social; desmantela los modos de producción
existente, desorganiza las redes sociales, causa el empobrecimiento de gran parte de los
desarraigados, amenaza su identidad cultural e incrementa el riesgo de problemas de
salud y epidemias.” Michael Cernea
2. Algunas concepciones sobre el desplazamiento
Con el fin de comprender este marco teórico, es importante tener claridad en la
diferenciación de conceptos que conlleva el desplazamiento. Por un lado no
podemos enlazar el desplazamiento por desarrollo con un desplazamiento
causado por conflictos internos o internacionales ya que los impactos sobre los
individuos no son los mismos, en estos casos, las personas que se ven forzadas a
abandonar su lugar, se les da reconocimiento como refugiados, al tiempo que se
ofrecen condiciones de posible retorno al término del conflicto.
En segundo lugar se encuentran los desplazamientos generados por desastres
naturales que, de cierta manera son atendidos con prioridad por los Estados y bien
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se diferencian de los demás tipos de desplazamientos (Cernea, 2000). En tercer
lugar se encuentra una distinción en las relaciones que se encuentran entre
despojo, desplazamiento y abandono forzado. El despojo se entiende como una
acción o un proceso “en el cual intervienen varios actores, a través de varios
repertorios simultáneos o sucesivos en el tiempo” (Meertens y Sánchez, 2010. P.
46). Procesos que son llevados a cabo a través de métodos como leyes o
políticas, teniendo en cuenta las condiciones que se presenten en cada zona.
Además, el tránsito para posesión de las tierras en estos territorios pasa de la
simple oferta de compraventa, hasta la venta forzada, desalojo, abandono y
despojo de la propiedad. Para cumplir con estos propósitos de posesión de tierras,
los dispositivos pasan por el asesinato, la desaparición, la amenaza, la tortura y el
desplazamiento forzado, lo que a juicio de Meertens y Sánchez (2010) denominan
la Cadena del Despojo (Ver Anexo 1). El desplazamiento forzado pasa entonces a
ser parte de esta cadena, y se da internamente ya que pocas veces tienden a
cruzar fronteras, a diferencia de las dinámicas que se dan en los conflictos
armados.
En esta misma línea de definiciones, el desplazamiento interno establecido en la
Guía de Principios de las Naciones Unidas, instaura que una persona desplazada
internamente, es aquella que de manera individual o grupal es o son obligadas o
forzadas a emigrar o abandonar sus hogares, tierras o lugares donde reside (n)
habitualmente. Las causas son múltiples, van desde el conflicto armado, la
violencia generalizada, las violaciones a los derechos humanos, los desastres
naturales o desastres forjados por el hombre.
Dentro de este marco, las obras de explotación o desarrollo de infraestructuras,
pueden llegar a ser consideradas como desastres generados por el hombre, ya
que las consecuencias e impactos ocasionados por la ejecución de proyectos,
produce desplazamiento forzado, lo cual entraría a ser parte de la definición
instaurada por Naciones Unidas.
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Sin embargo, para el caso de este tipo de desplazamiento es necesario un
enfoque conceptual, sobre las formas en que se ejerce el despojo, como también
se muestran en el modelo de Cadena del Despojo (Anexo 1). Es de aclarar que de
acuerdo con estas definiciones, el desplazamiento genera abandono, que a juicio
de los autores, este desplazamiento no significa despojo. Sin embargo en la
mayoría de los casos si se conducen al despojo, ya que las tierras toman valor y
como han sido abandonadas son blanco fácil para poseerlas. En otros casos se
presentan despojos sin abandono, es decir que las familias siguen viviendo en las
tierras sin tener un usufructo5 ni títulos de propiedad.
El despojo directo y las ventas forzosas, son la principal característica que
enmarcan los desplazamientos por intereses sobre la tierra que, por medio de
ofrecimientos monetarios a un costo menor, los terrenos son comprados y
adquiridos, lejos del precio real. Sin embargo, para defensores y entes
gubernamentales, llegan a cuestionar la legalidad de la apropiación que, como se
muestra en varios estudios, van acompañados de procesos del uso de la violencia
intencional con el objetivo de contrarrestar la oposición de entrega voluntaria de
las tierras (Meertens y Sánchez, 2010).
Con esto, podemos partir del hecho que el desplazamiento forzado va fuertemente
ligado con el despojo de tierras que, para la línea de esta investigación será
importante en la vinculación con los modelos y proyectos de desarrollo, los cuales
traen consecuencias negativas para la sociedad, conduciendo a un cierto sector
de la población a abandonar o perder sus tierras por medio de las diferentes
acciones de despojo. Los individuos o grupos son privados de sus bienes muebles
o inmuebles, territorios o lugares que poseían u ocupaban.
5 Usufructo es entendido como “un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo
de conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible” (Titulo IX, Código Penal de Colombia.)
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Por tanto, estos procesos son llevados a cabo “a partir del ejercicio de la violencia
y la coacción. Se priva de manera permanente a individuos y comunidades de
derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a
predios, propiedades y derechos sociales, económicos y culturales” (Meertens y
Sánchez, 2010. Pg. 49).
2.1 El desplazamiento por desarrollo
Las definiciones anteriores, nos llevan a plantear la estrecha relación entre
despojo y desplazamiento forzado de las poblaciones. Algunos estudios, indican
que existe articulación entre la tierra y el conflicto, lo cual lleva a analizar el destino
y uso de estas tierras que han sido despojadas. En los estudios realizados por
Fajardo (2002), Ibáñez y Querubín (2004), se evidencia que el desplazamiento
forzado en Colombia, es frecuentemente ocasionado en departamentos en los
cuales los índices de registro sobre la concentración de tierra son muy altos. Para
el caso estudiado, se puede afirmar que el centro de la investigación, analiza esta
relación frente al uso de las tierras despojadas, por cuanto es a este fenómeno al
que se le denomina como desplazamiento por desarrollo.
El desplazamiento por desarrollo, se entiende como un proceso en el cual las
personas son despojadas de sus tierras para la implementación de programas de
desarrollo, que pueden ser prácticas o explotaciones legales (Cernea, 2000). Los
proyectos de desarrollo que producen con mayor frecuencia los desplazamientos
son en gran medida los que se dan por el cambio de uso del suelo y agua como lo
son las represas.
Lo anterior significa que, los intereses políticos van ligados con la problemática
que aquí se estudia, ya que muchos de los desplazamientos forzados se deben a
grandes proyectos de infraestructuras y las poblaciones más vulnerables y grupos
étnicos son los más afectados. Porque en la medida que se requiere gran cantidad
de terrenos, son generalmente adquiridos sobre zonas habitadas por comunidades
las cuales son expulsadas de sus territorios. Los Estados manejan conceptos
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como el de interés público o necesidad de proporcionalidad para justificar las
acciones en la ejecución de proyectos y megaproyectos (Petterson, 2002).
El tipo de desplazamiento se da por el desarrollo del modelo económico neoliberal
en Colombia, motivado por la explotación de las riquezas que demandan gran
cantidad de tierras, traen como consecuencia la expulsión de campesinos y
comunidades étnicas. Estos procedimientos son provocados por acciones directas
en complicidad con organismos estatales, gracias a políticas y normatividad que
favorece los intereses económicos de los grandes capitales que, permiten la
adjudicación de tierras robadas en beneficio de sociedades transnacionales,
nacionales o grupos al margen de la ley (Houtart en Schiess, 2007).
Los desplazamientos han llegado a ser instrumentalizado por estos terceros, con
el propósito de tener un control sobre la tierra y sus recursos, con un fin
meramente económico (Sánchez y Ureña, 2014). Fajardo (2002) ha mostrado que
las zonas ricas en recursos naturales y de desarrollo vial y energético, se
demuestra un intenso desplazamiento forzado. En esta medida el desplazamiento
por desarrollo se basa en el uso de métodos coercitivos e intimidatorios que
genera una aceptación de los individuos a cualquier forma de intercambio o
abandono de la tierra. En ciertos casos los individuos o grupos venden sus tierras
a un bajo costo (Ibáñez, Querubín, 2004).
2.2 Métodos justificatorios del desplazamiento
En la mayoría de los casos los desplazamientos son justificados como
reasentamientos, por medio de métodos valorativos que logran dar prioridad a los
proyectos de desarrollo. La valoración se centran en que son de interés público
(Petterson, 2002). El interés público logra generar un análisis del costo-beneficio,
es decir que los beneficios lleguen a una mayor parte de la población. En cuanto a
los efectos negativos como el desplazamiento, son tratados como sacrificios que
se debe hacerse en pro del desarrollo de la nación (Petterson, 2002).
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En segunda instancia se encuentra la autodeterminación, que es una salida
libertaria y estratégica que se centra en mostrar posibles salidas para un desalojo
consensuado de las tierras, teniendo como base que la persona o grupos,
perciban que tiene la libertad de elegir, y es condicionada por los beneficios y
calidad de vida que generaría los proyectos. Por consiguiente, las autoridades
públicas logran controlar los opositores por medio de posibles compensaciones y
obtienen un desplazamiento voluntario (Penz, 2002).
No obstante este método resulta ser costoso y logra beneficios a corto plazo, ya
que la percepción del desplazado se basa en una decisión de “no estar peor”, pero
las condiciones de vulneración aumentan considerablemente al no tener bases
para conformar nuevos entornos de vida óptimos. Por último, el desarrollo de
estos proyectos y políticas se justifican por una equidad, es decir, un método de
justificación a la reducción de la pobreza y a disminuir la brecha de la desigualdad.
Sin embargo la problemática recae en que la carga queda en las poblaciones más
vulnerables y en los principales afectados con la ejecución y los beneficios
finalmente llegan a quienes se encuentran en mejores condiciones y lejanas a las
zonas en que se ejecutan los proyectos (Penz, 2002). Partiendo de este hecho, las
comunidades deben desplazarse de manera forzada para darle paso al desarrollo.
2.3 Desplazamiento, tenencia de tierra y conflicto armado.
En la misma línea es importante resaltar la relación que se encuentra entre el
desplazamiento forzado, la tenencia de la tierra y las dinámicas de violencia. Estas
tres se configuran para causar los desplazamientos masivos en las poblaciones,
como se ha referido existe una estrecha relación entre la tenencia de tierra como
objetivo económico, el desplazamiento forzado como causa directa y el uso de la
violencia como estrategia para la obtención de las tierras. Si bien en la mayoría de
investigaciones sobre el tema hacen gran alusión al conflicto armado como causa
principal del desplazamiento, los análisis muestran que la tenencia de la tierra, la
explotación de recursos y posibles desarrollos de megaproyectos, constituyen una
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prolongación de los conflictos a través del tiempo, dinamizado con la violencia
para obtener sus metas (Ibáñez, Querubín, 2004).
Para abordar con mayor profundidad la relación entre desplazamiento, tenencia
de tierra y conflicto armado, es importante resaltar el papel de las fuerzas
económicas y políticas con base al mantenimiento del statu quo, ya que han
preservado gran parte de la propiedad agraria y una sobre concentración de tierra,
en lo cual se involucran narcotraficantes, terratenientes e intereses de
multinacionales dirigido hacia las agroindustrias o megaproyectos viales y
energéticos, afianzando el control de tierras. En este contexto el efectos del
modelo de desarrollo, se centra en entregar extensos territorios para la
construcción de estos proyectos, provocando conflictos por la propiedad de la
tierra (Fajardo, 2002). El mismo Fajardo describe la forma en como la violencia y
el conflicto armado, han ampliado el espectro de la concentración de la tierra a
controles territoriales específicos, en la medida que ya no solo se busca este
control, sino el de los recursos que poseen.
2.4 El papel del Estado y causas del desplazamiento.
Con el fin de la segunda guerra mundial hasta los años 60, los Estados ven como
alternativa la modernizador y de desarrollo para los países del tercer mundo, con
ejecución de proyectos que fomenten el aumento de capital. Sin embargo, la
misma perspectiva tiene grandes costos al capital social, lo cual se consideraba
como un mal necesario (Penz, 2002). En las últimas décadas se ha implementado
“nuevos paradigmas del desarrollo”, que recalcan la importancia de promover la
reducción de la pobreza, la justicia social, los derechos humanos y la protección
del medio ambiente, con esto, pareciera que se pone en la balanza los beneficios,
pero también los costos del desarrollo (Courtland, 2003). El Banco Mundial que
dese los años 80, se caracterizó por impulsar los proyectos de desarrollo, incluye
en estos proyectos los de transporte (vías férreas, carreteras y puertos), al tiempo
el represamiento de agua y desvíos de ríos.
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Los Estados desarrollan políticas con el fin de impulsar las grandes empresas
nacionales y multinacionales, fomentando la libre exportación por medio de
tratados de libre comercio entre las naciones. Lo anterior, demanda grandes
avances tanto en la industria como en la infraestructura, provocando la
financiación en las construcción de presas, corredores ferrocarriles, transporte,
aeropuerto, puertos, infraestructura urbana, inicio de operaciones mineras y
proyectos agrícolas. Todos estos procesos son necesarios para el desarrollo
nacional y regional y sin embargo estos intereses nacionales, a largo plazo entran
en conflicto con las comunidades, ocasionando afectaciones directas como es el
desplazamiento (Cernea, 1988).
El modelo económico establecido aumenta las brechas de inequidad e injusticia,
condenando a los países en vías de desarrollo, no sólo a esta injusticia sino la
violencia y el desplazamiento. Cernea (2000) plantea que las causas que
ocasionan riesgos a la hora de un eventual desplazamiento pueden ser por falta
de tierras, trabajo, vivienda, marginación, inseguridad alimentaria, aumento de
mortalidad, perdida de acceso a la propiedad común, desintegración social, falta
de acceso a los servicios comunitarios y violación a los derechos humanos. En el
caso del desplazamiento por desarrollo, Cernea, advirtiere que el problema de
tierras es la principal consecuencia del desarraigo, ya que la expropiación, elimina
las fuentes de sustento, afectando las actividades y los medios de vida
establecidos.6
6 La desintegración social es lo que más caracteriza a las poblaciones desplazadas, ya que se pierde los
patrones de organización social. Las familias se dispersan y el tejido social dentro de la comunidad rompe todo vínculo en la ausencia de una o varias familias. A este proceso hay que añadir que en las comunidades étnicas se rompen los vínculos simbólicos tradicionales, bien sean religiosos o culturales (Cernea, 2000) Las raíces culturales se destrozan al abandonar las tierras, o ser destruidas por los proyectos que se encuentran en ejecución.
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2.5 Causas del desplazamiento por desarrollo.
Como bien se ha señalado, un de las principales dinámicas que se produce en el
marco del desarrollo, están ligadas a la construcción de carreteras, puertos, vías
férreas y la explotación agrícola y minero-energética a gran escala. Estos
proyectos son conocidos como megaproyectos, y por lo general traen como
resultado la expulsión, apropiación y desplazamiento de las familias y
comunidades. Se estima que más de 25 millones de personas se encuentran en
condiciones de desplazamiento en todo el mundo, sin embargo el número de
personas desplazados por causa de los proyectos de desarrollo podrían ser mayor
(IDMC, 2000).
Cernea (2000) asevera además que estos procesos de desarrollo afectan de
manera directa a la población, y generan riesgos en cuanto a la perdida de trabajo,
vivienda, inseguridad alimentaria, aumento en la mortalidad, marginación y
desintegración social. Con todo, se hace evidente que el costo hacia las
comunidades que rodean los proyectos en ejecución es desproporcionado, en la
medida que son poblaciones en condiciones de pobreza y marginación, lo cual
agravará la desigualdad social (Courtland, 2003).
Los costos sustantivos de las familias desplazadas son muy altos, y con dificultad
se logra recuperar las perdidas en aspectos físicos o intangibles. Entendiendo los
aspectos físicos como la tierra en la que se desarrolla y construye todo el tejido
social de las familias. En la mayoría de los casos las familias cuentan con poco
tiempo para lograr una organización simple del abandono de sus tierras,
ocasionando la venta de las mismas a muy bajos costo, pero también sin ninguna
compensación por los terrenos. Se suma a esto que la mayoría de familias
campesinas, indígenas o comunidades étnicas, no poseen títulos de propiedad,
motivo que dificulta una lucha jurídica por permanecer en las zonas (Ibáñez,
Querubín, 2004).
31
CAPÍTULO III DINÁMICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEGAPROYECTOS EN
EL MARCO DEL DESARROLLO
3. Modelo de desarrollo y desplazamiento: Megaproyectos
La acumulación como aspecto principal del capitalismo, que rige el nuevo modelo
económico es el que promociona el libre mercado, el cual se basa en acuerdos
que garantizan la propiedad privada. Autores como Marx (1967) y Hegel (1967)
identificaron la problemática de la “liberación mercantil”, en los principios del
neoliberalismo y liberalismo, señalando que el Estado no se desarrollará en
armonía, si no que producirá altos niveles de desigualdad social e inestabilidad
provocando crisis por acumulación de propiedades; es decir una privatización de
la tierra acompañada con expulsiones.
Los costos sociales del desarrollo, traen a su vez pérdidas sociales y ecológicas
por los efectos devastadores como la deforestación, sequia de ríos, pérdida de
biodiversidad, pero también efectos como el desplazamiento forzado7. Es decir los
modelos de desarrollo actualmente establecidos en la mayoría de los gobiernos,
privilegian el crecimiento económico, fomentando el desarrollo de las naciones
tanto desde el punto de vista económico como de infraestructura. Sin embargo,
estos modelos son impuestos legalmente, tienden a anular la función redistributiva
del Estado de bienestar, generando beneficios a muy pocos o a ciertos sectores
económicos de la sociedad (Harvey, 2005).
El principio de los modelos de desarrollo deben incitar la inversión, e impulsar los
mercados, pese a esto, los resultados no llenan los requisitos mínimos para un
desarrollo social, estimulando eso sí, el crecimiento per cápita de los Estados,
cuyo fin es la transformación hacia la industrialización (Grueso, 2009). Naciones
7 Es importante resaltar que los procesos de desplazamiento en aras al desarrollo se dio en Colombia desde
1889 a 1925, en donde los pequeños propietarios tenían constantes luchas con los terratenientes aun cuando se acude a instancias institucionales para resolver las disputas sobre las tierras. Desde 1925 desemboca en conflictos violentos que desembocan en la expulsión de los colonos por el auge agrícola para la exportación en donde la debilidad estatal forjo esa nueva forma de capturas de rentas en aras del desarrollo agrícola y exportador del país. (Ibáñez, Querubín, 2004)
32
Unidas (2011) refiere que los beneficios per cápita de los gobiernos, deben incluir
a todos los miembros de la comunidad en este crecimiento económico; no
obstante este modelo no forja criterios de participación ni de distribución equitativa
a todos los miembros de la sociedad. En Estados donde la concentración de la
tierra y de capitales son muy altos, el modelo de desarrollo dificulta los derechos
de propiedad de las mismas, generando beneficios a una pequeña parte de la
sociedad, mientras que la otra parte sufre vacíos sociales como desigualdad
social, pobreza y desposesión de tierras para la explotación de los recursos y
adecuación de infraestructuras (Grueso, 2009).
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (2011), reconoce la fragilidad
de los modelos de desarrollo, por cuanto “gracias” a estos, se presentan grandes
índices de violación a los derechos humanos, uso de métodos de fuerza y
violencia, donde el despojo de tierra ha sido el resultado de todo este proceso de
implementación del modelo de desarrollo.
En este sentido The Internal Displacement Monitoring Centre IDMC, en 1994,
arroja que entre 1986 y 1993, los programas financiados por el Banco Mundial
(BM) provocaron un importante desplazamiento, en el que más de la mitad de los
desplazamientos, eran causados por proyectos de aprovisionamiento de agua,
transporte y de infraestructuras. El estudio concluye que (…) “a comienzos de los
90, la construcción de 300 grandes embalses (de más de 15 metros) cada año,
desplazó cuatro millones de personas. Los proyectos de infraestructura urbana y
transportes produjeron seis millones de desplazados por año” (IDMC, 2000. Pg1).
En el caso de Colombia se tuvo que emitir la Sentencia T-025 de 20048 al ser tan
evidente el desplazamiento por desarrollo, causado por megaproyectos,
agroindustria, minería, turismo y obras de infraestructura en los territorios
8 Sentencia T-025 de 2004: “La Sentencia T-025, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de
2004,el Estado debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas, dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada, prevaleciendo siempre la efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de las políticas públicas. .” Documento resumen ( ACNUR, 2004)
33
ocupados por comunidades vulnerables, factores que han sido identificados como
generadores del desplazamiento y confinamiento, así como violación a los
derechos humanos de las comunidades (Grueso, 2009).
El desarrollo económico es visto sin embargo, como única salida para el progreso,
no obstante estas acciones provocan consecuencias negativas como el
desplazamiento. Es decir, el desplazamiento por desarrollo se fundamenta en las
iniciativas del mismo Estado que, por medio de leyes y permisos de concesión y
ejecución de los proyectos, hace prevalecer el modelo de desarrollo frente a los
derechos de la población.
3.1 Derechos que se ven afectados por la implementación del modelo de
desarrollo.
En Colombia después de la apertura económica de los años noventa, se
fomentaron los tratados de libre comercio, cuyo fin era llamar a la inversión
extranjera y lograr un impulso a las empresas exportadoras. Con este propósito, el
gobierno creó leyes para ofrecer facilidades a los empresarios, acción que infringió
los derechos del campesinado y las comunidades que se vieron afectadas tanto
por la implementación de las leyes como en la adecuación infraestructural para el
desarrollo de las mismas.
Un ejemplo de esta infracción o violación de derechos se hizo evidente en el caso
de Carimagua en el departamento del Meta, allí se despoja a los campesinos de
sus tierras y se adjudica y entrega la misma por vías legales a la empresa privada
para su explotación. El entonces Ministro de Agricultura argumentó, que al evaluar
la inversión que se necesitaría para poner a producir la tierra, debería ser
entregada “al sector de los empresarios, comprometiéndolos con la generación de
empleo y la construcción de obras de infraestructura en el sector” (Grueso, 2009).
De acuerdo con esta decisión el propósito era lograr productividad y si fuera
necesario, invertir cerca de 200 mil millones de pesos, dinero que a juicio del
34
Ministro de Agricultura ni el mismo gobierno, ni los desplazados cuentan con él
para inversión o satisfacción de necesidades.
La instauración de modelos neoliberales en los Estados, concibe una instauración
del desarrollo. Esto, sin tener en cuenta los costos que traen consigo para las
comunidades más pequeñas y vulnerables. François Houtart (2007), presidente
del Tribunal Internacional de Opinión sobre el desplazamiento forzado en
Colombia, aclara que: “El desplazamiento se realiza con la complicidad y a veces
la acción directa de los organismos estatales” (Schiess, 2007). Así mismo señala
que la gran mayoría de desplazados en el país, se generan por la implementación
por la sobreexplotación de materias primas y extensión de los monocultivos para
la exportación de productos agropecuarios y producción de agro-combustibles.
Sobreexplotación que es establecida a través de megaproyectos, entendiendo
estos, como los procesos de intervención a gran escala que dan respuesta a la
explotación económica y a la ocupación territorial dentro del marco del modelo de
desarrollo. Además, para lograr el desarrollo de un megaproyecto, estos deben ser
ejecutados sobre grandes extensiones de tierra, con grandes volúmenes de capital
y unas expectativas de ganancia tanto para las empresas privadas como para los
gobiernos; transformando de igual forma los entornos en donde se desarrollan
(Tierra Digna, 2014).
En esta medida, los impactos de los megaproyectos producidos por la operación y
ejecución de los proyectos de desarrollo, como bien se ha señalado, son
generadores directos de desplazamiento forzado. Los problemas provocados a los
habitantes asentados en las zonas de ejecución generan un grave impacto, tanto
en la salud pública como en las condiciones socio-económicas y culturales
concibiendo además un desarraigo directo en las personas (Tierra Digna, 2014).
Por otra parte el uso de fuerza pública para la protección de los megaproyectos es
una constante en la problemática, por cuanto se busca proteger y asegurar las
inversiones de las empresas en el territorio nacional, lo que constituye un factor
35
adicional de riesgo para las comunidades, ya que es una de las característica que
se mencionan como influyentes en el desplazamiento, a causa del miedo, la
violencia o amenazas directas al oponerse a la ejecución de los megaproyectos.
Las resistencias por parte de los sectores sociales a la oposición de la instalación
y ejecución de estos megaproyectos, son contenidas por las fuerzas estatales
(entendidas como Ejercito Nacional y Policía Nacional), convirtiéndolas en la
principal fuerza contenedora de las organizaciones sociales, generando un registro
de violación a los derechos humanos muy alto, y por lo general goza de
impunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resalta la importancia de
preponderar los impactos negativos en la implementación de proyectos de
desarrollo, por cuanto los derechos humanos que más son violentados, son el
derecho a la vida, y al agua. Asimismo se resalta con preocupación, la violencia
contra líderes y lideresas que se oponen a tales proyectos (CIDH, 2014).
3.2 Aspectos Jurídicos.
El reconocimiento jurídico hacia este tipo de desplazamiento por desarrollo es
nulo, solo organizaciones como Naciones Unidas y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) prestan gran atención a la denuncias interpuestas por
organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento a los casos
denunciados por la comunidades desplazadas. Las instituciones oficiales tanto
nacionales, como locales, no generan procesos para resolver este problema, dado
que el principal argumento que sostienen es el Derecho al Desarrollo9. Derecho
que sin embargo es interpretado al acomodo, en tanto choca con las reales
necesidades. Por el contrario y de acuerdo con el modelo escogido y el
9 La Declaración al Desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas, señala en el artículo 1 que “Todo
ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.” Principio contradictorio a los modelos de desarrollo implantados en Estados como el colombiano, en donde en aras de desarrollo económico, se vulneran los derechos humanos de las comunidades campesinas, indígenas, y afrodescendientes, agudizando el desplazamiento forzado por desarrollo, sin tener una lógica coherente con el principio de este artículo.
36
apalancado para su promoción, es causa del despojo de tierras, desplazamiento
forzado y vínculo con actores armados, por cuanto estos mismos fomentan la
violencia para provocar desplazamiento.
La implementación del modelo neoliberal de desarrollo, concibe una alta demanda
de tierras para la explotación de los recursos naturales, produciendo expulsiones
de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes de las zonas. El
vacío jurídico y las políticas que permiten legalizar este accionar, provoca una
cierta complicidad del Estado, en la medida que las sociedades transnacionales y
nacionales obtienen tierras por medio de la expulsión de las comunidades. Entre
las leyes que respaldan ciertas maneras de desarrollo, se destacan la Ley de
Tierras, Ley de Justicia y Paz y el Código Minero de 2001 (Schiess, 2007). La
acción estatal queda en nulidad frente a los hechos, y tal como el Tribunal
Internacional describe, las leyes actuales permiten que se legalicen este tipo de
tierras, adquiridas de manera violenta con vinculaciones de grupos al margen de la
ley y las mismas fuerzas estatales (Houtart, 2007).
En esta medida el Estado colombiano plantea acciones jurídicas para apropiación
de terrenos, contempladas en la Sentencia C-394 de 2012 para la Ley 1450 de
2011, por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. En
esta ley sobresale el Articulo 83 sobre Motivos de Utilidad Pública, en que se
decreta la expropiación y adquisición de inmuebles y terrenos al declararse de
utilidad pública o interés social para la ejecución de proyectos de infraestructura,
programas y proyectos de renovación urbana y megaproyectos. Estos procesos
impiden que los habitantes permanezcan en los territorios circundantes a los
megaproyectos o logren permanecer en los predios, negando el uso de la tierra
para una actividad distinta a la ordenada por el Gobierno Nacional. Procedimiento
que limita la actividad y desenvolvimiento social de las comunidades, dejando el
terreno libre para el uso de los proyectos y megaproyectos. Con todo, las
operaciones obligan a desalojar las zonas, sin desarrollar consulta previa o
participación en las decisiones que incluyan a las comunidades (Tierra Digna,
37
2014), es así como se promueve el desplazamiento forzado sin garantías de
reparación útiles para la reconstrucción del tejido social y el desarrollo económico-
social de las personas desplazadas.
Este tipo de acciones jurídicas, aunque se tiene conocimiento sobre el gran costo
y problemática para las comunidades, son ratificadas a pesar de las constantes
demandas y críticas sobre los impactos negativos y desplazamientos forzados. En
el año 2012, el Procurador Alejandro Ordoñez, argumento que este tipo de leyes
sobre adquisición de bienes inmuebles son necesarias para:
“los propósitos de aumentar y mejorar la posición de la República de Colombia en los mercados internacionales. (…) Es un presupuesto necesario, porque sin una infraestructura de transporte adecuada, la posición de la República de Colombia en los mercados internacional no puede ni aumentar ni mejorar.” (Corte Constitucional, 2012)
Todo esto significa, que los megaproyectos quedan inmersos en los parámetros
del Gobierno para el uso de las tierras como interés nacional, enmarcados como
Proyectos de Interés Nacional PINES10. Por tanto, la problemática se centra en la
adquisición de las zonas, por medio del cual se aviva los desplazamientos
forzados, problemática que se advierte en el mismo documento Conpes 3762 de
2013. En el cual se reconoce cuatro puntos críticos en la implementación del
PINES. En primer lugar (i) se reconoce las demoras en los pronunciamientos de
las autoridades ambientales. En segundo lugar (ii), el documento manifiesta la
gran cantidad de demandas en relación a las reclamaciones por parte de los
grupos sociales y comunidades por los problemas en las consultas previas. Y por
último (iii), advierte sobre las compras y adquisiciones de los terrenos, ya que los
proyectos y megaproyectos que se van a ejecutar, dificulta la adquisición y
expropiación de los inmuebles. Para terminar se hace una advertencia a aquellos
10
PINES, Política para el Desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, son políticas promovidas por el Estado Colombiano que hasta la fecha albergan 53 proyectos, contenidos en el documento Conpes 3762 de 2013 del Departamento Nacional de Planeación, el cual tiene como objetivo el aumento significativo de la productividad y competitividad de la economía nacional y regional, generar inversión, aumento en la capacidad exportadora de la economía nacional, genere ingresos significativos de la Nación o las regiones y contribuya al cumplimiento de las metas previstas por el PND.
38
trances internos en las Entidades públicas para una posible solución de los
problemas jurídicos (Conpes, 2013).
Además, los marcos regulatorios del gobierno, son flexibilizados y adecuados para
el impulso de proyectos a gran escala, generando grandes vacíos en la protección
de la población afectada. Por ejemplo, el régimen para la obtención de licencias
ambientales y permisos de explotaciones minero-energéticas o permisos para la
construcción y adecuación de infraestructuras, son modificados de tal manera que
se logra evitar restricciones a la hora del desarrollo de los proyectos (Tierra digna,
2014).
3.3 Política y normatividad que respaldan este modelo.
Como se vio anteriormente, los Estados buscan fortalecer sus economías
fomentando modelos de desarrollo que permitan mejoras en la producción y
comercialización de las principales fuentes de explotación. Esto concibe la
implementación de nuevas políticas que se platean en la vía del desarrollo de
sectores productivos con gran capacidad de inversión, de manera tal, que logre
industrializar los Estados (Houtart, 2007).
Las medidas son emprendidas por los Estados, basándose en la idea que los
modelos de desarrollo económico, logran desenvolver parte de los Objetivos Del
Milenio, dentro del cual la meta debe ser la reducción de la pobreza extrema y
garantizar el acceso a la educación, acorde con el modelo pactado por todos los
países del mundo y todas las instituciones de desarrollo. El trabajo es realizado en
conjunto entre Naciones Unidas, sociedad civil y los gobiernos (Objetivos del
Milenio, en ONU, 2014). Los Estados usan este tipo de iniciativas internacionales
como eje fundamental para la construcción de políticas que logren dar soporte a
los modelos de desarrollo, sin tener en cuenta las consecuencias negativas de los
mismos, dejando parte de la población en condiciones de vulneración e incluso
llegando a la violación de los derechos humanos.
39
En esta medida, el conflicto por la tierra se evidencia por medio de las
contradicciones que afectan la vida de las comunidades que se encuentran
asentadas en las zonas previstas para el desarrollo de los megaproyectos. Las
primeras etapas de los megaproyectos, requieren grandes extensiones de
territorio para la construcción de infraestructuras, o grandes terrenos para la
explotación de los recursos que se encuentran en las zonas de interés. Las
políticas gubernamentales presentan grandes vacíos en cuanto al control de daño
y afectaciones hacia la población, ya que no permite que los afectados cuenten
con medidas para recuperar las cadenas productivas y tejidos sociales que se
pierden al ser despojados del espacio en el cual habitaban (Tierra Digna, 2014)
Así mismo el Estado, deja la responsabilidad de reparar y compensar los daños
causados por los proyectos a las mismas empresas encargadas de la ejecución,
sin que frente a esto haya un ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad y
obligación de reparar a los afectados, motivo por el cual, las respuestas no
satisfacen ni reparan de manera adecuada y justa la problemática de
desplazamiento.
Las políticas de reparación a las comunidades desplazadas por desarrollo, son
inexistentes o no aplicadas de manera adecuada, puesto que no hay un
reconocimiento como víctimas. Es decir, las personas despojadas de sus tierras
por motivos de proyectos de desarrollo, son desplazadas no por actores armados
como guerrilla o paramilitares, si no por diferentes actores tanto privados como
estatales, lo que dificulta que al dejar sus tierras por las afectaciones de estos
proyectos, no tengan el estatus de reconocimiento como desplazados y por
consiguiente, no logran acceder a las políticas de protección por situaciones de
desplazamiento (Tierra Digna, 2014).
Por otra parte la relación entre el desplazamiento por desarrollo y las zonas en las
cuales hay megaproyectos son muy evidentes. Un ejemplo de ello se da con los
procesos de restitución de tierras en Colombia. La Unidad Nacional de Restitución
de Tierras (URT) publicó una preocupante cifra, en la cual la gran mayoría de
40
hectáreas micro-focalizadas para la restitución a favor de las víctimas de
desplazamiento forzado (hectáreas de tierras que principalmente son las que
fueron tomadas a la fuerza en el transcurso del conflicto), se encuentran
actualmente ocupadas en un 50% con proyectos extractivos. En todo esto, es
importante resaltar que la mayoría de estas tierras enfocadas a reparar a los
desplazados, son priorizadas por el mismo Gobierno Nacional (Unidad de
restitución de tierras, 2010). Es decir, el análisis resalta como las causas del
despojo de tierras, tienen estrecha relación con la estrategia del gobierno para
lograr fomentar el desarrollo económico, y sin embargo, las respuestas
institucionales dirigidas a los impactos negativos son pocas.
CAPITULO IV. INTRODUCCIÓN DE MEGAPROYECTOS, CONFLICTO Y
DESPLAZAMIENTO POR DESARROLLO
4. Megaproyectos y Escalada del Conflicto
Para entender un megaproyecto y la forma en que produce escalda de conflictos
por la tierra, nos lleva a comprender cómo se involucran también los actores
armados. Los megaproyectos no tienen en si una definición específica, pues por lo
general se habla de grandes proyectos. Sin embargo, entendemos por
megaproyecto de infraestructura el desarrollo de obras a gran escala y de gran
magnitud monetaria que, son realizadas en un territorio determinado, el cual se
caracteriza por tener gran cobertura geográfica.
Estos megaproyectos tienen grandes consecuencias de alteración de los
territorios, tanto físico, como económico, social y cultural. Además tienen como
objetivo el aprovechamiento directo de los recursos naturales (entendidos como
hidroeléctricas, termoeléctricas, explotación mineral o hidrocarburos) o la creación
de redes físicas para el transporte (carreteras, puertos, vías férreas). Se
caracterizan por tener presupuestos millonarios y ser ejecutados por compañías
privadas nacionales o trasnacionales (Tierra Digna, 2010).
41
Existen otro tipo de definiciones que puede acercarnos a una idea más clara sobre
los megaproyectos, Abedrapo, (2011) lo define como un desarrollo público, el cual
posee largos tiempos de ejecución con grandes exigencias presupuestales muy
elevadas para las economías en las cuales se desarrollan, integrando un elevado
número de actores tanto públicos como privados, desplegando riesgos y
complejidades tecnológicas, jurídicas y ambientales para el logro de su desarrollo,
lo cual conlleva grandes tensiones institucionales.
En cuanto a los megaproyectos de infraestructura, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), lo define como proyectos de infraestructuras de ingeniería e
instalaciones de larga vida útil, constituidas con base en la prestación de servicios
considerados necesarios para el desarrollo social, político y productivo. En esta
medida también se incluyen los proyectos de transporte, que prestan servicios
para el transporte de bienes y personas, es decir con fines económicos, sociales y
geopolíticos (Abedrapo, 2011).
La violencia ligada a los desplazamientos ocasionados por proyectos de
desarrollo, inicia como un proceso que recae en la sociedad campesina, la cual
fue entendida como un transcurso natural del crecimiento del país, ocasionando
un éxodo hacia las ciudades. Estos desplazamientos forzados fueron vistos como
causas naturales del desarrollo del país, sin embargo esta problemática solo se
centró en las causas del desplazamiento como una derivación del conflicto armado
interno y la violencia que se venía presentando muchos años atrás. Este proceso
produjo que los desplazamientos y expulsiones por la tierra, no fueran vinculados
con los proyectos de desarrollo que se planteaban en el país, dejando de lado un
análisis sobre las variables económicas y modelos de colonialismos internos,
puesto que las elites en el poder, contaban con herramientas de dominio político,
económico y social para argumentar el desarrollo del país (Vidal, 2014).
Por medio de esta implementación que han mantenido los grupos económicos
tradicionales, junto con la apertura de las relaciones globales, las multinacionales
42
entran al país con el objetivo de explotar los recursos del territorio nacional. El
conflicto armado que se ha mantenido por muchos años en Colombia, es usado
para enmascarar las vulneraciones que cometen las multinacionales y los
promotores de los megaproyectos en el país. Las víctimas de estos proyectos
tienen que sufrir el aumento de la presencia y acciones de los grupos armados. En
la mayoría de los casos, cuando se ubica un megaproyecto, se construyen
batallones militares y puestos de policía, con el fin de garantizar la seguridad de
las empresas y proyectos, en la mayoría de las veces pagados por las mismas
empresas, gestando relaciones de cooperación y coordinación para la realización
de acciones militares. Asimismo cuentan con personal armado de seguridad
privada, junto con la aparición de grupos armados al margen de la ley
(especialmente grupos paramilitares), ejecutando acciones de intimidación y
violencia dirigido hacia las comunidades que se encuentran afectadas por los
mismos megaproyectos. Estos grupos armados ilegales, habitualmente se les
atribuyen todos los actos violentos que sufren las comunidades, las cuales tienden
a organizarse para lograr defender sus derechos. (Movimiento Ríos Vivos, 2014)
Los proyectos de desarrollo requieren recursos, a juicio de Vidal (2014) estas
necesidades implican una conexión de los grupos económicos con grupos
violentos para la obtención de las tierras y sus recursos. Por este motivo los
desplazamientos por desarrollo, se ven ligados fuertemente a la violencia,
borrando la distinción entre el desplazamiento por métodos coercitivos y el
desplazamiento por desarrollo, ya que el ejercicio de la violencia y los grupos
detrás de estas acciones (como los grupos paramilitares, guerrilleros y militares)
son usados como métodos represivos para la apropiación de territorios, el
desarrollo de los proyectos y de esta manera lograr despojar a las comunidades
de sus inmuebles, tierras y bienes colectivos. Esta asociación de violencia y
desplazamiento, forja nuevas formas de desplazamiento por desarrollo,
evidenciadas en los proyectos de “minería y el transporte de recursos mineros,
agricultura industrial y la expansión de la frontera agrícola, la construcción de
43
obras de infraestructura, proyectos de transporte (carreteras y autopistas),
transformaciones urbanas y cambio de destino del uso del suelo“(Vidal, 2014).
Por este motivo, los megaproyectos y los promotores de los mismos, se
transforman en actores del conflicto, ya que los métodos y procedimiento que
utilizan, vulneran los derechos de las comunidades, por el cual las victimas tienden
a permearse por la existencia del conflicto armado interno en el país, siendo
interpretadas como parte de las acciones propias de la violencia generalizada en
el país. Por otro lado es importante resaltar las alianzas que establecen las
multinacionales con los actores armados, ya que la cooperación entre ambos logra
sostener sus actividades económicas, junto con la estrategia de obtención de
tierras a la fuerza. Un caso para resaltar ocurrió con la empresa estadounidense
Chiquita Brands, empresa multinacional que tuvo alianzas cooperativistas con los
grupos paramilitares, fomentando métodos de guerra e intimidación para lograr
sus objetivos económicos (Movimientos Ríos Vivos, 2014).
4.1 Desplazamiento por Desarrollo
Como ya se ha planteado a lo largo de la investigación, existen varios conceptos
sobre el desplazamiento por desarrollo, sin embargo para tener una mejor
comprensión y análisis sobre este concepto, vincularemos la definición de Cernea
(2000), junto con las diferentes posturas de organizaciones no gubernamentales
que desarrollan esta problemática. Por ende entenderemos el desplazamiento por
desarrollo como un desalojo de personas o comunidades que no obtienen ningún
tipo de compensación, garantías o mecanismos de atención social y económica,
por lo cual se presenta violación de los derechos humanos por medio de acciones
intimidatorias y violentas a causa de la implementación de proyectos y
megaproyectos, tanto de explotación de recursos como de adecuamiento y
construcción de infraestructuras, producidos por agentes estatales como por
agentes privados en vinculación con actores armados.
44
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Capítulo 8. El derecho a la
nacionalidad, derecho de residencia, libertad de circulación y asilo. 8.9. El
desplazamiento interno) contiene los principios rectores sobre el desplazamiento
causado por el hombre, donde se involucran los casos de proyectos de desarrollo
y megaproyectos a gran escala. En estos principios rectores se establece que, en
los casos de desplazamiento por causas de proyectos de desarrollo, la autoridad
estatal debe adoptar medidas para facilitar a los futuros desplazados información
completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento. Las
autoridades deben intervenir a las personas afectadas, en particular a las mujeres
en la planificación y gestión de su reasentamiento, además de la aplicación de
medidas que garanticen el cumplimiento de la ley cuando sea necesario, con el
respeto a un recurso eficaz, que incluya una revisión de las decisiones por las
autoridades judiciales competentes. Medidas estas, que son obligatorias y
reconocidas por la Corte Constitucional (Vidal, 2014).
Existen limitaciones en la política internacional frente al desplazamiento por
desarrollo, ya que en estas encontramos que no existen políticas claras que
regulen la problemática, ni políticas de atención que incluyan a los afectados de
este fenómeno. Uno de los principios restrictivos es el hecho de dar mayor
atención e importancia al desplazamiento por violencia y conflictos armados. Sin
embargo se estima que cerca de 15 millones de personas son desplazadas por
proyectos de desarrollo por año (Vidal, 2014), lo que implicaría la importancia de
realizar un paralelo en cuanto a las causas del desplazamiento por conflicto
armado y desplazamiento por desarrollo. Es decir, estos dos fenómenos difieren
en su naturaleza y desarrollo, pero los efectos sobre la vulneración de los
derechos humanos son similares, en tanto ambos fenómenos provocan
empobrecimiento, restricciones sociales y vulneración de los derechos humanos.
En esta medida, se afirma que los megaproyectos y proyectos de desarrollo
tienden a tener efectos en los sectores de la población más vulnerables, ya que
esta población no logra acceder a los mecanismos políticos de representación
45
judicial por motivos económicos, restringiéndoles el derecho a ejercer una
apelación institucional frente a la vulneración de sus derechos. Aún cuando el
acceso a los instrumentos jurídicos y al sistema democrático es muy limitado, las
poblaciones afectadas logran emprender y crear movimientos sociales y
organizaciones para el respeto a sus derechos. Estos se fortalecen a través del
uso del derecho a la asociación y a la protesta social, logrando crear espacios de
debate. No obstante en ocasiones estas acciones chocan con la fuerza pública o
en casos más afortunados logran la creación de mesas de concertación, que
generalmente llevan a firmar acuerdos que son incumplidos o que se cumplen
parcialmente por el Estado, generando nuevos ciclos de protesta y de violencia, ya
que las formas represivas del Estado, incluyen el uso de la fuerza, junto con la
relación cooperativista con otros grupos armados privados o ilegales. (Archila,
2001).
Además los debates sobre el desplazamiento por desarrollo y todas las
consecuencias negativas de los proyectos de desarrollo y megaproyectos, se
realizan en condiciones desiguales entre el Estado, sectores económicos y
comunidades afectadas, ya que las condiciones son asimétricas tanto en su
representación política como en sus capacidades legales.
46
CAPITULO V. ESTUDIO DE CASO. IMPLEMENTACIÓN DE
MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: PROCESOS DE
VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO.
EL TAMARINDO – ATLANTICO.
5. El abordaje del caso: del cómo se configuró tamarindo
“Quieren coger este terreno como si no les costara nada, y los campesinos tirarlos para afuera. No tenemos a donde ir, entonces por eso no vamos a salir, vamos a luchar por la tierra. Una casita en
Barranquilla no me sirve porque yo soy campesino y laburo la tierra. No tenemos miedo porque aquí todos somos unidos y como somos unidos nosotros hemos perseverado aquí. Cuando vienen otra vez me preguntan ¿usted todavía está aquí? Y respondo: cada vez que usted venga me va a encontrar aquí. Y me dicen: me lo voy a llevar preso. – les digo: entonces los días que este preso
estaré ausente, pero cuando me suelten aquí vengo. Acá estamos en la lucha y nosotros no vamos a dejar las tierras porque aquí vamos a luchar y esto lo queremos ganar como campesinos que
somos” Habitantes del Tamarindo.
El terreno denominado El Tamarindo (Ver mapa 1), se encuentra ubicado en las
afueras de la ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico, entre el
municipio de Galapá y Barranquilla, carretera La Cordialidad vía Juan Mina. Estos
terrenos tienen una extensión de 250 hectáreas (Fuente), con características
apropiadas para el desarrollo de actividad agrícola, ganadera y piscicultura. En la
actualidad las familias que viven dentro del predio, poseen cultivos de yuca, yame,
calabaza y plátano. Además poseen gallinas, patos y unas cuantas vacas para la
extracción de leche para su consumo personal, adicional han creado pozos para el
cultivo de peces como mojarra y cachama. Característica que permiten a las
familias vivir de una forma estable y productiva, sin embargo y de esta misma
manera, el predio lo hace muy atractivo para personas con gran poder político y
económico, además de empresas que quieren poseer la tierra.
47
Mapa 1. Ubicación geográfica. Departamento del Atlántico. El tamarindo- Colombia
Estos terrenos hasta el año 2007, estaban constituidos por una extensa zona,
divida en cuatro predios que junto con Las Flores, Cuba y el Hato, fueron
ocupadas por familias desplazadas por la violencia en el departamento del
Atlántico. El Tamarindo no posee títulos de propiedad legales11, puesto que la
administración se encontraba en manos del Departamento de Estupefacientes,
para luego hacer parte de las tierras en manos del Instituto de la Reforma Agraria
INCORA. Para el año 2003, por medio del Decreto 1300, las funciones del
INCORA son trasladas al nuevo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INCODER. En esta medida para el Gobierno nacional, el predio era considerado
como baldíos nacionales, motivo por el cual las familias fueron llegando a la zona
11
Se hace mención a títulos de propiedad legales, entendido como documento de propiedad, escritura, con la cual se acredita un predio, finca, vivienda o cualquier bien, en donde se acredita. Estas requieren un seguimiento e introducción a un sistema legal, el cual valida la autenticidad y monitorea las operaciones, costos, impuestos y traspasos. (Ministerios de agricultura y desarrollo rural, 2014) En esta medida, se clarifica que el predio del Tamarindo no posee estos títulos legales, sin embargo varias personas y empresas privadas, dicen tener títulos de propiedad, sin que sean legales, validos o auténticos frente a las autoridades.
48
huyendo de la violencia que vivían en sus tierras en los departamentos de origen.
La comunidad describe este proceso como una oportunidad para rehacer sus
vidas, después de tantos años de violencia, asesinatos y miedos que tenían que
aguantar en sus tierras de origen. María Cedeño, miembro del Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) argumenta que:
“Ellos llegaron entre 1996 – 1997 los campesinos a estos terrenos baldíos, en estos años los paramilitares llegaron a tener su acción bastante fuerte en la región. Le han aparecido diez nuevos dueños a estas tierras, y la gente pregunta porque tanta intensión en estos terrenos si estas personas tenían muchos años donde nadie los había molestado, porque de un año para acá ha venido esta problemática, y porque tanta incursión de altas familias poderosas económicas de la ciudad en este terreno. Y resulta que en esta zona se está construyendo la Zona Franca Internacional del Atlántico. Geoestratégicamente el Tamarindo se encuentra ubicado en una vía que es importante, que conecta Cartagena con Barranquilla. Pero aparte el Tamarindo del otro lado de la ciudad, de la parte de atrás conecta con la Circunvalar que tiene un corredor con la Vía 40 que es la zona portuaria de Barranquilla. Entonces para ellos es más fácil echar a la gente como fuera y tratar de reducir tiempos en transporte y por en medio del Tamarindo construir esta vía y conectar fácilmente a la zona franca.” (ASOTRACAMPO. (Video) Entrevista, Comunidad del Tamarindo – Barranquilla, Colombia, 2011)
Según el censo realizado en el año 2014 por la Gobernación del Atlántico a través
de la Secretaria del Interior, determinan “que las tierras en mención (El Tamarindo,
Hato, El refugio) en la actualidad se encuentran a cargo de la Dirección Nacional
de Estupefacientes DNE por lo tanto, este censo contribuyó la decisión que esta
entidad tome al respecto de la asignación definitiva de los predios a la entidad
solicitante, ya sea el Departamento, municipio o INCODER” (Gobernación del
Atlántico, 2014).
5.1 El lugar de El Tamarindo.
El Tamarindo desde el año 1999, se encontraba divido en cuatro predios; El
Mirador, Beitjala, Granja Catalina y Campo Natacha. Las primeras familias se
ubican en estos predios huyendo de la violencia de sus regiones, principalmente
provenientes de departamentos cercanos, como Bolívar, Sucre, y Magdalena,
zonas que fueron fuertemente golpeadas por los grupos paramilitares desde
principios de los años 90 (entrevista Defensoría del Pueblo). Los primeros
asentamientos registrados en la región atlántica por la Defensoría del Pueblo, se
49
remontan a este mismo año, de este modo al municipio de Barranquilla entre 1999
y 2001 llegaron cerca de 24.958 personas desplazadas. El sistema RUT de la
Conferencia Episcopal de Colombia, 2013; estima que los principales
desplazamientos forzados en las regiones vecinas al Atlántico, fueron ocasionadas
por paramilitares en un 56.5%, 1,08% por la Fuerza Pública y un 9,94% por grupos
combatientes no identificados (Tamarindo Resiste, 2013).
Las familias que se ubicaron en el Tamarindo, se asentaron en el territorio desde
1997, momento en el cual inician la construcción de sus hogares, ya que la
mayoría de población llegó a la zona con pocas maletas, dinero y elementos que
lograron rescatar al huir de la violencia, acompañado de sus hijos, esposos y
demás miembros familiares que vivían la misma situación. El predio actualmente
lo constituyen 180 familias de las cuales en su mayoría son campesinos y
personas que han trabajado toda su vida en actividades agrónomas, que han sido
pasados por tradiciones familiares. Posteriormente el proceso de reconstrucción y
tejido social se forja a través de actividades como la agricultura, ganadería y
pesca, ya que la mayoría de los miembros de las familias, no poseen educación
técnica, motivo que dificulta la búsqueda de empleo en la ciudad de Barranquilla.
Estas familias se organizan por medio de la creación de Asotracampo, motivados
por la protección y ayuda comunitaria para lograr una convivencia optima y lograr
mejoras en la finca y el trabajo productivo.
5.2 Proyección de las tierras del Tamarindo en la vía del desarrollo.
El conflicto y la violencia hacia los miembros de la comunidad del Tamarindo, se
presenta desde el año 2007, momento en que la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), expide la Resolución 13914 de 2007, la
cual establece que entre el Municipio de Galapá y la ciudad de Barranquilla, se
declara como zona franca, dando pie para la construcción del megaproyecto Zona
Franca Internacional del Atlántico ZOFIA, un área de 1.200.000 metros cuadrados
(Ver mapa2). Está área además ha sido proyectada para el desarrollo industrial,
50
comercial y económico de la región, con disponibilidad de lotes urbanizados,
bodegas y oficinas para la renta y venta (ZOFIA, 2014). Los lotes que comprende
el Tamarindo, se incluyen dentro de las zonas de construcción y ejecución del
megaproyecto ZOFIA, además años posteriores se da la nueva concesión da la
construcción de la vía Ruta del Sol, y lograr conectar las zonas portuarias de la
costa atlántica con el centro del país (Ver nexo 2).
5.3 Desalojo de pobladores, para avanzar en infraestructura.
Las acciones policivas o diligencias para desalojar a las familias del territorio
inician en el 2008, momento en el cual se llevan a cabo más de 35 acciones por
medio de la medida de Lanzamiento por Ocupación de Hecho. Es importante
resaltar que esta medida la pueden realizar los agentes estatales siempre y
cuando la ocupación no lleve más de 30 días.
Estas primeras diligencias de desalojo la realizó un inspector de la Alcaldía de
Barranquilla, junto con miembros del Escuadrón Antidisturbios de la Policía
Nacional ESMAD, el cual se encontraba acompañado por un grupo de civiles no
identificados, armados con palos y machetes, los cuales proceden a destruir las
casas de madera y los cultivos de la comunidad (Información privada de
organizaciones no gubernamentales).
Por otra parte los terrenos aumentan su precio, y se vuelven muy atractivas para
las empresas y particulares privados de la región. Los predios son reclamados por
empresas y el mismo Estado para la ejecución del proyecto. El primer predio del
Tamarindo denominado El Mirador, es reclamado por Julio Muvdi Duarte. El predio
Campo Natacha, es reclamado por Finanzas del Norte y CIA, Inversiones del
Prado. Abdala Saieh. Beitjala, es reclamado por la empresa Invermas S.A. y
finalmente el predio Granja Catalina por Negocios Abdala Tarud S.A. Muchas de
estas empresas son conformadas por familias de gran poder en la región, incluso
ocupando cargos públicos como la familia Char. Gran parte de estas sociedades
empresariales, se encuentran investigadas y están fuertemente ligadas con delitos
51
de narcotráfico y vínculos con paramilitares en la región. Estas sociedades se
encuentran además dentro de la llamada Lista Clinton, como empresas vinculadas
al narcotráfico (Ver anexo 3).
5.4 Intervención Institucional a causa del desplazamiento.
El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo inicia desde los primeros años de
los asentamientos de las familias, ya que las personas que ocupaban el predio del
Tamarindo se encontraban en condiciones de desplazamiento forzado por la
violencia, motivo por el cual el Gobierno local y nacional, tuvo que realizar
acompañamiento a estas familias, por su condición como víctimas del conflicto
armado.
La defensora comunitaria Ana María Gómez, perteneciente a la Defensoría del
Pueblo en esos años, describe cómo a la comunidad se le vulneran los derechos
humanos en aras del desarrollo de la región, desconociendo las normas legales
que rigen todos los procedimientos, y desconociendo además, todo tipo de normas
legales. La Defensoría hace gran énfasis en la ilegalidad de las acciones y en la
capacidad de ignorar que las familias asentadas allí, se encuentran en condición
de victimas por el desplazamiento, por lo cual no podrían ser desalojadas de las
tierras sin una reubicación y reparación digna por parte del Gobierno Nacional,
que garantizara la estabilidad económica y respeto a los derechos fundamentales.
En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo, explica que las primeras diligencias
las lleva a cabo la Policía Nacional con autorización directa de la alcaldía de
Barranquilla. El terreno era considerado baldío hasta el año 1982, cuando se da el
primer proceso de sucesión según la comisión encargada. Los habitantes del
Tamarindo afirman que nunca se le ha dado un documento que especifique las
escrituras o propiedad de los terrenos, solo hasta el año 2013, la gobernación del
Atlántico, en cabeza del gobernador José Antonio Segebre. Asimismo asegura
que se está en un proceso de búsqueda de terrenos para la reubicación de las
familias y solo un pequeño grupo de víctimas no ha querido llegar la conciliación.
52
Además considera que el grupo de familias son personas en invasión de un sector
industrial, los cuales buscan un interés económico, ya que las tierras se
valorizaron desde la declaración de zona franca de la DIAN (Verdad Abierta,
2015). Sin embargo la defensora comunitaria Ana Gómez, afirma que los procesos
de reubicación por parte de las autoridades competentes, son inadecuadas para
las familias que viven allí, puesto que en su mayoría, se trata de una reubicación
en barrios a las afueras de Barranquilla, sin terreno para el desarrollo de la
actividad agrícola, lo cual perjudica fuertemente tanto económico como social a las
familias, considerando que en su mayoría son familias campesinas que llegaron al
Tamarindo huyendo de la guerra.
5.5 Intimidación y Amenaza como dispositivos de desplazamiento.
Las amenazas en los años posteriores a la construcción del megaproyecto ZOFIA,
junto con los proyectos inmobiliarios, adecuación de vías y construcción de la
nueva Ruta del Sol aumentan de forma exacerbada. Los líderes son perseguidos e
intimidados de manera directa por medio de acciones violentas, de manera
indirecta por medio de amenazas que llegan por terceros y acciones simbólicas
como la quema de cultivos o por cartas y panfletos. Estas acciones ocasionan el
desplazamiento de unos de sus líderes. La Defensoría del Pueblo junto con el
Colectivo de Abogados José Alvear y defensores de derechos humanos,
denuncian que las acciones son realizadas con la articulación del Ejercito Militar,
la Policía Nacional y por grupos armados de vigilancia privada llamado “Seguridad
911”.
Esta empresa según testimonios de la comunidad y de la defensora comunitaria
Ana Gómez, realiza acciones intimidatorias, disparos, destrucción de cultivos y
casas, matanza de ganado y envenenamiento de pozos el cual contenía cultivos
de cachama. La empresa de Seguridad 911 no posee licencia de la Súper
Intendencia y Vigilancia, además de la ausencia de una licencia de
funcionamiento, por lo cual para la Defensoría del Pueblo y para la comunidad del
53
Tamarindo, son consideradas como actores armados ilegales. Es importante
resaltar que las investigaciones realizadas a Seguridad 911, revelan que la
propietaria es la ex empresaria del chance Enilse del Rosario López, alias “La
gata”, que en la actualidad está cumpliendo pena de cárcel por vínculos con los
paramilitares que operaban en región del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar y
Córdoba. La Fiscalía General de la Nación encontró que “La gata” usaba la
empresa de Seguridad 911 para el lavado de dinero del Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de la vinculación de ex
miembros de grupos paramilitares dentro de la empresa de seguridad (Verdad
Abierta, 2014).
Con todo, las familias del Tamarindo, describen la empresa Seguridad 911, como
una forma fácil de ir adquiriendo las tierras para las personas que dicen ser
propietarias, realizando acciones de hostigamientos en las noches, y efectuando
amenazas directas como lo describe uno de los campesinos del Tamarindo:
“Últimamente hemos tenido bastantes amenazas de una entidad llamada 911, pero antes del 911 ha venido un señor que se llama Cristian Manotas a hacer el desalojo junto con el ESMAD y una parte contraria que dicen ser los dueños del terreno para reclamar estas tierras, pero ellos no son dueños porque no presentan ningún documento.” (ASOTRACAMPO. (Video) Entrevista, Comunidad del Tamarindo – Barranquilla, Colombia, 2011).
Ana Gómez, en su informe, resalta el uso excesivo de la fuerza por parte de las
autoridades, ya que utilizan gas lacrimógeno, balas de goma y el uso de
maquinaria pesada para destruir las casas, a esto se añade disparos con armas
de fuego por parte del Ejercito Nacional, dejando un saldo de 14 heridos en 2013.
Posteriormente en la investigación realizada por Molano, argumenta que ese día
Alex García, miembro del ejército, disparo con pistola 7.65mm, por orden de
Lesman Parra, hermano del lugarteniente del “Caracol” Libardo Parra. Los Parra
años después se encuentran en investigación por ser los cabecillas del llamado
Cartel de la Tierra (Molano, 2013).
La empresa 911, continúa realizando hostigamientos constantes, generalmente en
las noches, amenazando tanto a las familias como a los líderes campesinos. Las
54
familias del Tamarindo tienen que organizar patrullas nocturnas para evitar que
sus hogares sean quemados y destruidos nuevamente. La población realiza otra
denuncia ante la Defensoría del Pueblo, por medio de la cual expresa la
preocupación por las acciones realizadas por el señor Rubén Darío Mestizo,
miembro del Ejercito Nacional y representante de La Caja Compensadora Militar,
argumentaba que la diligencia se realizó dentro de los marcos legales, ya que los
terrenos fueron adquiridos por la familia Cárdenas. Sin embargo como se
evidencia en los documentos del INCODER, los terrenos no poseen títulos de
propiedad y se encuentran en proceso de litigio. Aun así la zona es cercada e
inicia la construcción de la urbanización militar, la cual ya se encuentra
actualmente por finalizar.
Otra de las denuncias realizadas a la Defensoría del Pueblo, seccional
Barranquilla, describen como los desalojos son llevados por parte de la inspectora
quinta de la Policía Nacional Berlys Roa. La inspectora llega con orden de
desalojo sin un documento claro que argumente las razones del mismo. La
inspectora llega al Tamarindo, acompañada por agentes del ESMAD, después de
un enfrentamiento con la comunidad, son destruidos los cultivos y casas con
maquinaria pesada y motosierras (información confidencial). La defensora
comunitaria Ana Gómez realiza el acompañamiento, por el cual las violaciones a
los derechos humanos se evidencian, además del no reconocimiento como
comunidad desplazada, teniendo gran impacto psicológico en las familias, ya que
el uso de motosierras logra despertar los recuerdos atemorizantes del pasado por
hechos ocasionados por grupos al margen de la ley. Uno de los habitantes del
Tamarindo describe los hechos violentos que tienen que sufrir:
“Le tumbaron la casa a un señor y a la señora, y lo pusieron en un taburete, en un asiento, operando como en una forma como operan los grupos al margen de la ley, llámese paramilitares o guerrilla y lo pusieron sentadito ahí mientras que iban a tumbar la casa y después le dijeron: una hora para que desocupes” (ASOTRACAMPO. (Video) Entrevista, Comunidad del Tamarindo – Barranquilla, Colombia, 2011).
55
En los días siguientes, la comunidad es hostigada constantemente, no solo por
parte de la Policía Nacional, sino por patrullajes constantes del Ejército nacional,
llegando al punto de negarle la entrada a la defensora comunitaria.
En los años siguientes, las empresas encargadas del Megaproyecto Ruta del Sol y
representantes de la Gobernación y la Alcaldía de Barranquilla, inician
negociaciones con las familias del Tamarindo. Sin embargo la defensora
comunitaria no es informada ni a las demás organizaciones humanitarias que se
encontraban realizando el seguimiento. Los habitantes argumentan que en las
negociaciones se buscó darle firma a un documento donde se daba el
consentimiento de desalojo y una reubicación en casas a las afueras de
Barranquilla. El defensor es alertado e impide la firma, basándose en que no había
sido informado ni la Defensoría ni las Organizaciones humanitarias de
acompañamiento, puntualizando que las negociaciones no daban una reparación
integral ni justa para las comunidades. Posteriormente se da a conocer que los
terrenos en los cuales se pretendía ubicar a las familias, estaban en problemas
jurídicos, dando una solución al problema de corto plazo (Información de
organizaciones no gubernamentales).
Las amenazas son constantes, no solo hacia los líderes de las familias del
Tamarindo, si no hacia los defensores comunitarios. La defensora Ana María
Gómez, es amenazada y en los días posteriores es abordada en la noche en la
ciudad de Barranquilla, 4 hombres la interceptan e intentan atentar contra su vida.
Ella debe huir de la zona y dar por terminada su acompañamiento a la comunidad
de El Tamarindo. La defensora nos comunica que al realizar una investigación
más a fondo, varios documentos y diarios de campo sobre el acompañamiento a la
comunidad son extraviados. Los documentos fueron perdidos en las oficinas de la
Defensoría de la Ciudad de Barranquilla.
56
5.6 Intereses económicos y modelo de desarrollo.
El modelo de desarrollo que se ha venido implementando a lo largo de muchos
años en Colombia, ha causado que grandes empresas pongan sus ojos en el
territorio nacional para lograr explotar los recursos, en esta medida el gobierno
tiene el interés de implementar políticas y leyes para el libre comercio, teniendo la
necesidad de adecuar el país para el transporte de mercancía hacia todo el
territorio nacional. Estos procesos dan beneficios y facilidades a las empresas
para la ejecución de proyectos y megaproyectos con el fin de generar aumento en
la economía del país. Sin embargo los proyectos ocasionan resultados negativos
para las comunidades que se encuentran alrededor de las zonas de construcción.
Los desplazamientos forzados son inevitables, en la mayoría de los casos las
reubicaciones y reparaciones a las personas son ineficientes.
Los proyectos y Megaproyectos de la región Atlántica, son enmarcados como la
principal estrategia comercial y portuaria que potencializará a la ciudad de
Barranquilla, como la principal plataforma logística del país. (Con los pies en la
Tierra, 2012). Estos megaproyectos dan como gran importancia la ejecución e
implementación de los proyectos, motivo por el cual el desalojo de la comunidad
es visto como una necesidad en pro del desarrollo. La Alcaldía de Barranquilla
justifica los desalojos y desplazamientos forzados por la comunidad, como un eje
primordial del desarrollo de la región. Dentro del Plan de Desarrollo de la Ciudad
de Barranquilla 2012 – 2015, el segundo Eje de “Barranquilla Competitiva”
argumenta que se debe buscar y generar “como ciudad, las condiciones propicias
para atraer mayor inversión privada y lograr que el sector empresarial se
desarrolle de manera eficiente.” (Pg, 31).
En esta medida, en el Articulo 17 del Plan de Desarrollo, argumenta la necesidad
de promover la ciudad con el fin de atraer las inversiones, de manera que se
reduzcan los trámites para el desarrollo de los proyectos, con el fin de convertir la
ciudad como la “Capital estratégica de los Tratados de Libre Comercio.” (Plan de
57
Desarrollo de Barranquilla, 2012). Todas estas medidas son aprobadas y
complementadas dentro del plan de desarrollo a nivel nacional, en el cual los
tramites y condiciones a las grandes empresas para el impulso de megaproyectos
son reducidas, ocasionando que las personas aledañas a las zonas de los
proyectos, sean vulnerados sus derechos.
El otro proyecto en vías del desarrollo y como estrategia para el impulso y
fortalecimiento de los TLC firmado entre el gobierno de Álvaro Uribe y Juan
Manuel Santos, es la ampliación de las carreteras que comunican los puertos con
las principales ciudades del país, junto con la Capital del país. Por tanto, la llegada
del ZOFIA, crea la necesidad de construir una carretera que comunique a los
principales puertos del país y que llegue hasta la capital colombiana. La Ruta del
Sol nace como el megaproyecto de infraestructura vial más grande de los últimos
20 años. Mediante el Documento Conpes 3571 de 2009, se define y prioriza el
proyecto en su primera etapa, comprendido desde Bogotá (El Cortijo), Villeta,
Puerto salgar, San Alberto hasta Santa Marta. Sin embargo el tramo de la
carretera adquiere mayor terreno hasta alcanzar y unir los puertos de Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta, como que evidenciado en los Documentos Conpes 3817
y 3794.
La concesión Ruta del Sol, se realiza por medio de la Resolución 641 del 15 de
diciembre de 2009, en la cual el Instituto nacional de Concesiones (INCO) adjudica
a la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.A. Es de saber, que en los
documentos se establece la necesidad y prioridad de la construcción de la vía
hasta la ciudad de Barranquilla, la cual debe pasar por el ZOFIA, tramo que pasa
por medio de, el Tamarindo. (Ver mapa 3)
Por otra parte después de la declaración del ZOFIA, los terrenos aumentan de
precio, y los hace más atractivos para las grandes empresas. La comunidad del
Tamarindo se encuentra rodeada por la zona franca, la construcción de la Ruta del
Sol, y también posee proyectos de vivienda, lo cual como argumenta el Colectivo
58
de Abogados y la Defensoría del Pueblo, contradice los argumentos de la Alcaldía
de Barranquilla en el que el terreno es de prioridad industrial y comercial de la
región. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CAPROVIMPO), inicia
proyectos urbanísticos como Villas del Rosario y Quintas del Tamarindo. La
Fundación Santo Domingo, también adquiere terrenos en la zona, construyendo el
Megaproyecto Villas de San Pablo iniciando su construcción en el año 2008,
mediante un convenio entre la Fundación Mario Santo Domingo y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (FMSD, 2015), un complejo que alberga más de 340
familias y un total de 832 apartamentos, en un área total de 304 hectáreas del
Tamarindo.
En el caso del Tamarindo, se observa cómo las autoridades estatales, tanto
nacionales como locales, dan prioridad en la construcción del ZOFIA y la ruta Vía
del Sol, sobreponiéndolas al bienestar de la comunidad que se ve implicada en la
construcción de los proyectos, generando grandes impactos a la comunidad (Ver
Anexo 4)
5.7 Aspectos Judiciales y continuidad de la violencia.
Los presuntos propietarios acuden a instancias judiciales, iniciando un litigio
extenso sobre la propiedad de la tierra. Se producen 39 intentos de desalojo en los
cuales se tumban y queman cosechas, confiscan gallinas, cerdos y patos, tumbas
cercas y desvían los arroyos que riegan los cultivos. La mayoría de los desalojos
no pudieron realizarse, ya que la Policía de inspección inmediata no posee la
información concreta ni de identificación de los predios (Molano, 2013). El 28 de
enero del 2012, se realiza un nuevo desalojo, en el cual se encuentra el ESMAD,
Ejercito Nacional y la empresa privada vigilante 911, contratada por los
reclamantes de la propiedad. Nuevamente son quedamos y tumbadas las casa de
las familias con maquinaria pesada. Ana Gómez, defensora comunitaria, ya había
realizado la denuncia sobre la condición de desplazamiento de las familias, e
incluso se les proporciono el certificado de que son población en condición de
59
desplazamiento forzado. El desalojo no pudo realizarse, ya que hubo el
acompañamiento de la Defensoría, y organizaciones como CUT, FANAL, CGT y
45 organizaciones campesinas del Atlántico. (Molano, 2013)
En el año 2013, 300 agentes de policía del ESMAD, ingresan de nuevo al
Tamarindo. Nuevamente son arrasados sus cultivos, viviendas y animales de
granja. Dentro del marco jurídico, la ocupación del terreno lleva más de 15 años,
siendo ilegal realizar un desalojo posterior a los 30 días de ocupación, evitando
cualquier orden de juzgado de la Republica. Nuevamente se presenta una
violación a los derechos de las personas, encabezadas por la reacción inmediata
de policía y los agentes Berly Roa y Genaro Gudill (PDA, 2013). En el mismo año,
la administración municipal de Barranquilla, otorga como persona encargada de la
oficina de los Centros Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana a
Fernando Fiorillo Zapata, en la administración de Alejandro Char, quien estaba
encargado de la designación de inspectores de policía, para cumplir la tarea de
resolver querellas por perturbaciones a la posesión. Fiorillo creó el grupo especial
de reacción inmediata para resolver estos problemas en menor tiempo. Por medio
de la resolución 04 de 2008, se le otorga competencia extraterritorial a los
inspectores para la realización de prácticas de diligencias y levantamiento de
pruebas fuera de su jurisdicción, de tal manera que se le den prioridades y
favorecimientos a los intereses de los particulares, el cual dio como resultado el
“Cartel de las Tierras” en Barranquilla el cual articulaba con antiguos miembros
paramilitares del cartel de la costa. (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2013)
Con estas medidas y libertades para el libre procedimiento de los inspectores de
policía frente al litigio de tierra del Tamarindo, los líderes de derechos humanos
Tomas Ramos y Luis Escorcia, son amenazados de muerte junto con los líderes
de ASOTRACAMPO Manuel Armenta y Juan Martínez. El 12 de abril del año
2013, es asesinado Narciso Teherán, hijo del reclamante de tierra y vicepresidente
de ASOTRACAMPO, dentro del Tamarindo, mientras este dormía. (Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, 2013). En el año 2013 fueron capturados 3
60
miembros de la empresa vigilancia 911, por el asesinato y tortura de Augusto Ortiz
Mejía, habitante de la Beijala en el Tamarindo. Hechos que evidencia el nivel de
violencia y hostigamiento del cual son víctimas las familias del Tamarindo
constantemente.
Todos estos hechos, no sólo han llevado a la violación de derechos humanos, sino
que fueron el detonante del desplazamiento, por causa de la construcción de un
megaproyecto de infraestructura, lo que en definitiva devela los vínculos del
conflicto, con intereses económicos, como causantes del desplazamiento por
desarrollo.
6. Conclusiones
El desplazamiento por desarrollo como se evidenció, se vincula estrechamente
con el modelo económico neoliberal en Colombia, motivado por la explotación de
las riquezas, en la medida que se necesita grandes extensiones de tierra,
generando consecuencias negativas para campesinos y comunidades étnicas por
el despojo y expulsión de sus tierras. Estas acciones son apoyadas mediante
procesos jurídicos, provocado por acciones de los organismos estatales. Es
evidente como lo afirmaba (Houtart en Schiess, 2007) que ls leyes implementadas
dentro de los modelos de desarrollo, traen un vacío jurídico, el cual permite la
adjudicación de las tierras robadas a las comunidades, para ser entregadas en
beneficio a las sociedades económicas nacionales y transnacionales.
Este tipo de acciones evidencian con mayor profundidad la relación entre el
desplazamiento forzado, tenencia de tierra y el conflicto armado, en la medida que
las fuerzas económicas y políticas, preservan gran parte de la propiedad agraria y
manejo de baldíos, dirigiendo los intereses a las multinacionales, agroindustrias y
megaproyectos de infraestructura, con esto se demuestra el afianzamiento del
control y adjudicación de las tierras para propósito económicos. Además se
evidencia que finalmente quienes asumen los costos sociales, son las
poblaciones, quienes son fuertemente afectados, ya que se le da prioridad al
61
modelo de desarrollo para lograr estímulos de inversión e impulso económico,
relegando el desarrollo social, contraponiendo el crecimiento per cápita de los
Estados. Sin embargo este crecimiento económico no cobija a el total de la
población, por el contrario los beneficios son obtenidos por una pequeña parte de
la sociedad, violando los principios de desarrollo establecido por Naciones Unidas,
en la medida que se deben incluir a todos los miembros de la nación en los
procesos tanto económicos como sociales, dejando como resultado un modelo
que no crea criterios participativos ni retributivos en mira de una equidad en la
sociedad.
En esta medida también se concluye que los marcos regulatorios del gobierno,
son flexibilizados para lograr el impulso y ejecución de proyectos y
megaproyectos, provocando falencias en la atención y protección a la población
afectada por los proyectos, provocando la modificación de permisos para la
construcción y adecuación de infraestructura, de tal manera que se logra evitar
ciertas restricciones para la ejecución de los mismos.
Por otra parte el estudio revela como las causas del despojo de tierra, son
instrumentalizadas como forma estratégica del gobierno, por medio de leyes que
obligan a las comunidades a ser desplazadas, enmarcadas en la Ley de Utilidad
Pública, dando prioridad al uso y propiedad de la tierra en beneficio del
fortalecimiento de la nación, por medio de megaproyectos, enmarcados en el
desarrollo.
Los proceso de conflicto por la tierra y violencia, logran concluir que su articulación
con la implementación de megaproyectos, están conexos, ya que la estrategia
para la obtención de la tierra es realizada mediante el uso de la violencia y la
intimidación, forjando vínculos entre los grupos económicos con los grupos
violentos, ocasionando el desplazamiento forzado de las comunidades. El
desplazamiento por desarrollo entonces se concluye que son causados tanto por
los megaproyectos apoyados por leyes estatales, como por el uso de la violencia
62
con fines económicos sobre la tierra, borrando la distinción entre desplazamiento
por la violencia y el desplazamiento por desarrollo, ya que el ejercicio coercitivo es
igual, por medio del cual las acciones son realizas por grupos como paramilitares,
guerrilleros, fuerza pública y seguridad privada, llegando al despojo de las tierras,
inmuebles o bienes colectivos de las comunidades afectadas.
En esta medida el estudio reflejo como el Gobierno no reconoce las victimas por
desplazamiento por desarrollo, enmarcándolas en un papel de oportunismo
económico, negando uno de los principios del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, el cual no reconoce uno de los principios del desplazamiento
como hechos causados por el hombre, en el cual se debe reconocer como hechos
producidos por el hombre los casos de proyectos de desarrollo y megaproyectos.
Los instrumentos de protesta de las comunidades afectadas frente a los
megaproyectos, no son escuchadas ni atendidas por el Gobierno Nacional, así lo
evidencian varias denuncias y peticiones de organizaciones no gubernamentales
frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el cual resaltan la
inequidad frente a los derechos jurídicos, ya que las comunidades no logran
acceder a un derecho de apelación por motivos económicos y burocráticos que les
impiden vales sus derechos como comunidad y como víctimas de desplazamiento
por desarrollo.
Por medio del estudio de caso realizado al Tamarindo en el Atlántico, se logró
documentar y analizar las casusas e impactos del desplazamiento por desarrollo,
en donde la articulación de grupos armados privados ilegales, junto con la fuerza
pública, intimida a la población para que abandonen los predios, y darle paso a los
proyectos de infraestructura, en donde se basan en los derechos primordiales al
desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo de la ciudad de Barranquilla.
Empresas, familias poderosas de la región y actores políticos, continúan
actualmente realizando acciones para tomar y hacer uso de la propiedad,
mediante acciones judiciales, uso de la fuerza policial y militar, junto con la
contratación de seguridad privada para lograr intimidar y hasta asesinar a líderes
63
del Tamarindo, mientras que la comunidad aún prevalece en la lucha por el
derecho a sus tierras, y por su reconocimiento como comunidad desplazada el
cual se le han vulnerado los derechos por preponderar el desarrollo de
megaproyectos en la región.
64
7. Referencias Bibliográficas
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megaproyectos de infraestructura de transporte en Latinoamérica. Washington,
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70
8. Mapas y Anexos
Mapas.
Mapa 1. El Tamarindo.
71
Mapa 2. Zona Franca Internacional del Atlántico (ZOFIA)
Mapa 3. Proyecto Ruta Del Sol
Tomado de PRO Barranquilla.
72
Anexos.
Anexo 1.
Anexo.2
Establecimiento de la Zona Franca Internacional del Atlántico (ZOFIA).
Al tiempo que se establece dicha zona franca, que se ha ubicado sobre la
comunidad de Tamarindo, esta misma se encuentra en un proceso de litigio con
otros reclamantes de estas tierras. Sin embargo, la prioridad sobre las tierras, la
tiene el gobierno al haber implementado el decreto de zona franca, teniendo como
fundamento que el Estado intervendrá en “la explotación de los recursos naturales,
en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los
bienes” en lo público y privado con el fin de mejorar la calidad de vida de los
73
habitantes del país, mejorar calidad de vida, y beneficios del desarrollo.
(Constitución Política de Colombia, 1991. Título XII, Art 334). En este mismo título
de la constitución, los argumentos de los reclamantes de la tierra, basan su
argumento en la prioridad de los modelos de desarrollo del país, y el derecho al
desarrollo de las naciones enmarcado dentro de los derechos de las naciones por
la ONU.
Sobre el Tamarindo el Estado otorgó los permisos y decretos para la ejecución de
los proyectos, dando como prioridad el uso de la tierra a las empresas encargadas
de la ejecución. Lo anterior provocó entonces que las comunidades campesinas
ubicadas en las zonas, fueran desalojadas para dar lugar al inicio de las obras.
Las comunidades son amenazadas para que abandonen la tierra. Es de anotar
que, estos procedimientos son llevados a cabo tanto por actores estatales como
particulares, realizando métodos intimidatorios, en los cuales participan fuerzas
estatales y grupos de seguridad sin permisos de funcionamiento contratados por
particulares. El desplazamiento forzado se presenta como el principal problema de
la comunidad, al ser obligadas a salir del Tamarindo sin una posible reparación
para las familias.
Tamarindo surge como consecuencia del desplazamiento alrededor de los
procesos económicos que se fueron dando en la región con miras al desarrollo y
por la diversidad de intereses que confluyen en un lugar estratégico, allí se
demuestran las características de muchos otros territorios del país donde la
creciente ola de violencia trajo como consecuencia el asesinato y el
desplazamiento de pobladores, dando lugar a la posesión de las tierras por parte
de los diferentes actores armados, en este lugar los paramilitares. Los éxodos
masivos se configuran en desplazamientos hacia otras zonas del Atlántico en
búsqueda de tierra para asentarse con sus familias. En este sentido las familias
llegan al Tamarindo (terrenos administrados por el INCODER desde 1997)
iniciando procesos de restablecimiento de sus familias, buscando formas de
sustento por medio de la actividad agrícola y agropecuaria. Con el desarrollo del
74
megaproyecto ZOFIA en la zona, personas particulares pretenden tomar posesión
del predio, iniciando procesos judiciales para desalojar y despojar los territorios
que la comunidad ha ocupado por más de 15 años.
Anexo 3.
Kingpin Act Designations; Anti-Narcotics Designations Removals; Iraq
Designation Removals 1/10/2012
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals Update
ARMANDO JAAR Y CIA. S.C.S., Carrera 74 No. 76-150, Barranquilla,
Colombia; NIT # 890114337-6 (Colombia) [SDNT]
CARLOS SAIEH Y CIA. S.C.S., Carrera 74 No. 76 - 150, Barranquilla,
Atlántico, Colombia; NIT # 800180437-8 (Colombia) [SDNT]
CONASA S.A. (a.k.a. CONSTRUCTORA ALTAVISTA INTERNACIONAL
S.A.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia; NIT #
802019866-4 (Colombia) [SDNT]
FINANZAS DEL NORTE LTDA. (a.k.a. FINANZAS DEL NORTE LUIS
SAIEH Y CIA. S.C.A.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla,
Colombia; NIT # 890108715-2 (Colombia) [SDNT]
FINANZAS DEL NORTE LUIS SAIEH Y CIA. S.C.A. (f.k.a. FINANZAS DEL
NORTE LTDA.), Calle 77 B No. 57 - 141, Ofc. 917, Barranquilla, Colombia;
NIT # 890108715-2 (Colombia) [SDNT]
INVERSIONES DEL PRADO ABDALA SAIEH Y CIA. S.C.A., Calle 77 B No.
57 - 141, Ofc. 901, Barranquilla, Colombia; NIT # 890108452-0 (Colombia)
[SDNT]
c/o MOISES SAIEH Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Atlántico, Colombia
75
Anexo 4.
Impactos de los megaproyectos en el Tamarindo.
Los grandes impactos que generan la implementación de los planes de desarrollo
hacia las comunidades son permanentes y la violación a los derechos humanos se
evidencian a lo largo del proceso de despojo que han venido sufriendo la
comunidad de El Tamarindo, en donde como se ha argumentado, se da prioridad
a la ejecución del ZOFIA, Ruta del Sol y proyectos inmobiliarios de gran extensión.
La comunidad campesina se ha organizado, y con ayuda de la Defensoría del
Pueblo, Colectivo de Abogados, Movimiento de Victimas y otras organizaciones no
gubernamentales que defienden los derechos sobre las comunidades a la tierra,
han tenido que sufrir amenazas, asesinatos, desalojos violentos y hostigamientos
constantes para darle cabida al desarrollo de la región.
Por otro lado, los impactos de los megaproyectos sobre el predio, pasan desde la
violación de los derechos de las familias que se encuentran en el predio, hasta el
daño ambiental que el terreno sufre por la maquinaria pesada que daña los
cultivos de las familias. Por otro la el envenenamiento de las fuentes de agua,
restringe las formas de subsistencia de las personas, además de causar la muerte
a los peces que ellos cultivan.
En esta última etapa de la investigación, daremos cuentas de los procesos
realizados por las autoridades y por actores armados ilegales. El principal
argumento del Gobierno para justificar el desalojo, es que son invasores del
territorio, y por tanto no tienen derecho sobre la tierra, además de que la prioridad
de la Gobernación y de la Alcaldía es el impulso y desarrollo de los
megaproyectos de la región, de manera que se logre cumplir los objetivos
planteados dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad de Barranquilla.
76
1.1 Conflictos por la tierra y megaproyectos
Los conflictos por la tierra no han sido nuevos, lo que varía son las maneras como
estos se van reorientando, pero los efectos por lo general terminan siendo
comunes a través de los siglos, uno de estos y que ha sido poco explicitado, es el
desplazamiento por desarrollo, ya que siempre se ubica el desplazamiento en
relación con el conflicto armado, con la violencia generada por grupos armados e
intereses políticos, entre otros; y aunque se enfoque el problema por la tierra
como el eje principal del conflicto, por lo general no se vincula con los intereses
que se tiene en términos económicos y políticos en materia de desarrollo.
En este sentido se hace más evidente que factores como los conflictos armados,
violencia nacional o local e incluso desastres naturales, que ocasionen
desplazamientos masivos en la población tengan mayor resonancia. No obstante,
una de las principales dinámicas generadoras de desplazamiento es la que los
ocasiona las decisiones de tipo económico y político que quedan plasmadas en los
planes de desarrollo tanto naciones, como locales. Para el caso de los planes
nacionales que en la vía del crecimiento y desarrollo, incorporan los
megaproyectos y la construcción de infraestructuras. Este tipo de proyectos,
requiere de gran cantidad de tierra para la ejecución de los mismos, por lo cual los
gobiernos organizan toda una serie de medidas que posibiliten el avance de los
mismos, estableciendo el desarrollo como un asunto de utilidad pública, como es
el caso de los “proyectos de infraestructura de transporte” [que obtienen
declaración de] “utilidad pública o interés social12” (Ministerio de Minas, 2014).
Las reformas liberales en Colombia, han demostrado una vinculación entre el
desarrollo económico y lo que esto ha conllevado en relación con la violencia en el
país. El impulso del mercado se encuentra ligado con la regulación en la
12
Procedimiento declaratorio de utilidad pública e interés social. Código EP-P-26 Ministerio de Minas: “Acto administrativo que declara que utilidad pública e interés social, los proyectos y los terrenos necesarios para la ejecución de obras para la prestación de servicio público. Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social: es el acto mediante el cual se califica como utilidad pública e interés social un plan, un proyecto o una ejecución de obras.”
77
distribución de la tierra, proceso que se mantuvo hasta la actualidad en el país.
Las políticas establecidas en los últimos periodos sobre tierras baldías, dejo por
fuera el principio de dotación de tierras para campesinos, incluyendo beneficios y
favorecimientos a empresas y grandes inversiones para el desarrollo, iniciativa
que fue rigidizada en la ley 1133 de 2007 por medio del programa Agro Ingreso
Seguro y reiterado en el proyecto de ley 133, la cual abre la puerta para el uso de
tierras en monocultivos. La apropiación, despojo y uso de la tierra se transforma
en formas de violencia, que “han sido motores del origen y la perduración del
conflicto armado.” (Centro de Memoria Histórica, 2013. Pg. 21)
Siguiendo esta línea, es prescindible mirar el enlace entre los grupos de poder
(económico, empresarial, industria, político) con las modalidades de apropiación
de tierra y de los recursos, limitando el acceso de las comunidades a sus
territorios por medio de procedimientos que combinan ejercicios sistemáticos de la
violencia con políticas de apropiación, distribución y uso de la tierra. Por esto, se
puede afirmar que, el desarrollo de la nación se ha basado en la articulación de las
economías locales con los mercados urbanos, lo cual ha incidido fuertemente en
las formas de apropiación de tierras, circunstancias que se han asociado con el
surgimiento de los conflictos sociales actuales (Fajardo, 2014).