designia vol2 nº1
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Julio - Diciembre2013Vol. 2 N.1ISSN 2256-4004
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PRESENTACINAl presentar el tercer nmero de la Revista Designia, en proceso de indexacin, de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, deseo destacar la calidad de los trabajos aqu incluidos, fruto del comprometido trabajo de docentes
investigadores de la Universidad, todos ellos aportan de una parte, elementos para una
mejor formacin de nuestros estudiantes, un ejercicio profesional exitoso para nuestros
egresados, y de otra parte coadyuvan en la formacin de investigadores y de profesionales
con sentido tico y responsabilidad social.
El artculo del trabajo del Socilogo Mg. John Freddy Ramrez, es un interesante anlisis
sobre el desarrollo urbano en Colombia en relacin con la normatividad establecida en
la Ley 338 de 1997 y las dificultades de su aplicacin dadas las condiciones socio
econmicas de nuestra poblacin.
La Arquitecta ngela Mara Franco, realiza un cuidadoso estudio sobre los conjuntos
cerrados en Colombia, las leyes bajo las cuales se han desarrollado frente a su estableci-
miento y crecimiento en otros pases de Amrica Latina; el anlisis se complementa con
casos de la ciudad de Tunja y su caracterizacin tanto en lo pblico como en lo privado.
Anlisis urbano arquitectnico del espacio pblico, es el ttulo del trabajo adelantado
por el Arquitecto Mg. Luis Hair Dueas en el cual elabora un marco conceptual para
comprender el espacio pblico como uno de los sistemas urbanos con mayor incidencia en
la conformacin de una ciudad, la resea bibliogrfica que realiza el autor sobre el tema en
diversas partes del mundo es muy til para todos los interesados.
Un tema de gran inters es el que desarrolla maestro en artes Elver Chaparro Las apro-
piaciones de la grfica popular urbana, el estudio exploratorio descriptivo muestra las
expresiones de la cultura popular en el municipio Boyacense de Tibasosa, explica cules
han sido las expresiones grficas, la publicidad y los materiales utilizados para su realizacin.
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Creo que es una temtica poco estudiada en nuestra regin la que explora el profesor
Julin Llanos: El museo del Ciberespacio lugar para la interaccin y la construccin
conjunta de relatos y que nos introduce en el mundo de los museos, guardas de
diferentes expresiones del arte, y el uso de nuevas tecnologas de informacin y
comunicaciones, lo cual le permite a los museos llegar a travs de imgenes digitalizadas
en internet a una gran masa de poblacin de todos los estratos socio culturales y
dnde la expresin artstica (obras de arte) con su categorizaciones y explicaciones
coadyuvan a la formacin en esta importante rea del crecimiento y a incrementar la
cultura de individuos, que de otra forma les es muy difcil alcanzar dadas las limitaciones
para el conocimiento presencial del museo tradicional.
Finalmente, la directora del programa de Diseo Grfico Ana Milena Castro hace una
serie de reflexiones sobre El diseo tipogrfico para libros: una tarea de medicin del
tiempo, resultado de ejercicios acadmicos de aula y de trabajo profesional. En esta
reflexin la autora enfatiza sobre los recursos visuales que comunican al lector de un texto,
o de un libro con los eventos y personajes que describen, igualmente muestra: 1. La
importancia del factor tiempo en la construccin de un libro; tomando ste como una
de la mayores correos de transmisin de la cultura occidental y 2. Los tipos de letras,
caracteres y colores que se utiliza en el diseo tipogrfico.
ROSITA CUERVO PAYERASRectora
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EDITORIALEscritura de ensayos como mtodo de aprendizaje y evaluacinEn este nmero de Designia contamos con una serie de artculos cientficos que se han escrito como ensayos de alto desarrollo y calidad que me lleva a hacer una reflexin acerca de la doble potencialidad que tiene el ensayo acadmico como mtodo de aprendizaje que nuestros estudiantes se pueden
apropiar, y como tcnica de evaluacin de los cursos que orientamos. No slo es un
medio que permite a los docentes e investigadores maduros transmitir conocimientos de
carcter cientfico, sino que lo podemos emplear como una herramienta pedaggica que
permite en nuestros estudiantes universitarios, el desarrollo de competencias asociadas
al razonamiento, la capacidad de anlisis y sntesis, la crtica, la reflexin, la expresin
de ideas o habilidad comunicativa, la creacin; a la vez que nos permite evaluar en ellos
conocimientos especficos sobre un tema de estudio en particular.
Bien se sabe que la realizacin de un ensayo es exigente para el autor avanzado ya que
implica la construccin y organizacin de ideas, pero en ello radica tambin su potencial
como estrategia de aprendizaje que puede ser trabajo en aula con estudiantes universitarios.
Es importante al respecto que en la evaluacin de ensayos se definan criterios y referencias
de valoracin, los cuales se construyen con el estudiante para orientarlo en su elaboracin
y tener reglas de juego claras y explcitas. Hugo Cerd en su texto la Evaluacin como
Experiencia Total (2000) propone algunos indicadores metodolgicos para evaluar
ensayos como: precisin, claridad, relevancia, coherencia, consistencia, continuidad,
propiedad de las citas y referencias, naturalidad y originalidad.
Los ensayos tambin discurren con diferentes niveles de profundidad. En tipologa de
ensayos hay diversidad de formatos y niveles de complejidad. Los ms sencillos son
descriptivos y clasificatorios, luego estn los explicativos hasta llegar a otros ms complejos
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como los de crtica alrededor de ideas, proposiciones, textos u obras y, finalmente, los
de mayor nivel son los ensayos de creacin, segn lo indicado por Hugo Cerd. La
escogencia de realizar unos u otros depender de las pretensiones de la comunicacin
que se pretende divulgar y de las habilidades intereses y expectativas de quien los
propone, realiza o evala.
Una pauta fundamental para realizar ensayos es formularse preguntas e intentar resolverlas
en el ensayo mismo. El desarrollo del tema se hace a travs de explicaciones, argumentos,
comentarios, ejemplos, comparaciones, referencias, a partir de una actividad de investigacin
o, al menos, de consulta, por ende es un ejercicio que refuerza competencias investigativas.
El enfoque es fundamental para la realizacin de ensayos y ello implica asumir una
postura crtica, jams repetitiva o memorstica.
De todo lo mencionado anteriormente, evidenciamos que existe un arsenal de posibilidades
para construir ensayos y evaluar el trabajo de quien lo construye, desde la fase de
planeacin, el manejo de fuentes, la expresin de contenidos, las habilidades de expresin
o comunicativas, el proceso de elaboracin del ensayo y finalmente su resultado. En
sntesis se espera que los ensayos evidencien claridad a travs de su coherencia, cohesin
y lgica textual y tengan un valor por su aporte al conocimiento de las disciplinas de
donde surgen y, en ese sentido, sirven como una poderosa herramienta de aprendizaje y
evaluacin de competencias profesionales y cientficas.
ADRIANA HIDALGO GUERREROEditora
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Academia y poltica: El concepto de urbanismo detrs de la ley 388 de 1997.Academy and politics: The concept of urbanism behind the law 388 of 1997.
Acerca de los conjuntos cerrados: Paradigmas y paradojas.Gated communities: Paradigms and paradoxes.
Anlisis urbano - arquitectnico del espacio pblico. Un marco conceptual.Urban - architectural analysis of public space. A conceptual framework
Apropiaciones de la grfica popular urbana.Appropriations of popular urban graphics.
Diseo tipogrfico para libros: Una tarea de medicin del tiempo.Typographic design for books: a task time measuring.
El museo del ciberespacio: Lugar para la interaccin y la construccin conjunta de relatos.The cyberspace museum: A place for interaction and joint construction of stories
Indicaciones para los autores
John Freddy Ramrez Ros
ngela Mara Franco Meja
Luis Hair Dueas Gmez
Elver Chaparro Cardozo
Ana Milena Castro Fernndez
Julin Llanos Jaramillo
CONTENIDO
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Resumen: Abstract
Palabras clave:
Key words:
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Academy and politics: the concept of urbanism behind the law 388 of 1997
* Socilogo, Magster en Urbanismo. Profesor auxiliar de la Universidad de Boyac. Integrante del grupo de Investigacin Nodos.email: [email protected]
1Este artculo presenta resultados de investi-gacin del proyecto de investigacin: Historia Crtica de la Planeacin Urbana en Colombia. Una Aproximacin Interpretativa desde los Estudios Sociales de la Ciencia. Proyecto Financiado por la Direccin de Investigaciones. Sede Bogot (DIB) de la Universidad Nacional de Colombia.
Urbanism, Land Theory, Urban Policy.
Urbanismo, Teora de la Renta del Suelo, Poltica Urbana.
This research paper describes the interactions between academic and political spheres, re-garding the conception of urbanism according to law 388, 1997, which has given shape to the theory and practice of Colombian urbanism in recent times. The consolida-tion process of its fundamental principle is described, based on the public control on ownership, use and rent of land. By the end, it presents an interpretation of how those process has led local specialists in urbanism to focus more on political positioning of the law than in academically and scientifically strengthen it.
Este artculo de reflexin derivado de investi-gacin describe el conjunto de interacciones establecidas entre las esferas acadmica y poltica alrededor de la visin del urbanismo que encierra la vigente Ley 338 de 1997 de ordenamiento territorial en Colombia. Se describe el proceso de consolidacin de dicha Ley en torno a su principio fundamental basado en el control pblico de la tenencia, el uso y la renta del suelo. Al final se pre-senta una interpretacin de cmo tal proceso ha llevado a los especialistas locales en urbanismo a concentarse ms en posicionarla polticamente que en fortalecerla acadmica y cientficamente.
JOHN FREDDY RAMREZ ROS*
Academia y poltica: El concepto de urbanismo detrs
de la ley 388 de 1997 1
Recibido: 10-jul-2013Aceptado: 3-oct-2013
Ramrez, J.F. (2013). Academia y poltica: El concepto de urbanismo detrs de la ley 388 de 1997. Designia, 2(1), 8-22.
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INTRODUCCIN
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Esta reflexin derivada de investigacin tiene como objetivo explicar el conjunto de procesos sociales acaecidos en las esferas acadmica y poltica, los cuales dieron forma a la visin contempornea de urbanismo en Colombia y cuyo mximo logro fue la promulgacin en 1997 de la Ley 388. Esta
Ley trajo consigo un renacer del inters por la disciplina urbanstica en la dcada
de los noventa, luego de que en los aos ochenta se perdiera dicha motivacin y
se opacaran varias de las instituciones dedicadas al estudio de tal rea. Al final se
propone un punto de debate alrededor de la siguiente pregunta: hasta qu punto
los urbanistas se han concentrado ms en desarrollar los principios de la Ley 388,
actuando como consultores e incluso polticos pero relegando la reflexin acadmica
y cientfica acerca de la disciplina? Para debatir con base en este cuestionamiento
es necesario entender todo el proceso de consolidacin de la Ley y de la visin de
urbanismo en ella contenida.
FUNDAMENTOS DE LA ECONOMA CLSICA Y DEL
DERECHO MODERNO EN LA TEORA CONTEMPORNEA
DE LA RENTA DEL SUELO.
La Ley 338 basa la prctica profesional del urbanismo en el principio de que el suelo y su renta pueden ser legtimamente regulados por el Estado (Cf. Maldonado, 2003, p. 13). Sin embargo, es preciso hacer algunas anotaciones generales sobre el origen y la evolucin de la Teora de la Renta
del Suelo (TRS), conocida por muchos especialistas que en el plano local han
soportado la consolidacin de dicho fundamento en la Ley.
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Es importante hacer primero mencin
del pensador britnico David Ricardo
quien en el siglo XVII habra sido el
primero en formular una aproximacin
inicial a la TRS. Ricardo vivi en
una Gran Bretaa cuya sociedad en
trnsito a la modernidad volvi objeto
de amplio debate tanto la naturaleza
de las rentas derivadas de todo tipo
de propiedad como la forma en que
el incipiente Estado mercantilista del
momento poda obtener recursos de
las mismas. El terico formul una
divisin de las rentas para permitir al
Estado la aplicacin de cargas imposi-
tivas (impuestos) sobre ellas. Dentro
de dicha divisin incluy la renta del
suelo que, a diferencia de la producida
por otros bienes como el trabajo y el
capital, se generaba sin la mediacin
de proceso productivo alguno (Cf.
Alfonso, 2003, p. 53; Morales,
2003, p. 339).
Aunque en la actualidad se hable con toda naturalidad de la renta del suelo, para
aquel entonces resultaba revolucionario hacer ese tipo de mencin. No debe olvidarse
que en el sistema econmico y social feudalista el suelo no era considerado una
propiedad transable sino heredable, en otras palabras, una bendicin acumulable y
orientada a ejercer un control sobre el territorio con base en la creencia del reino de
Dios en la tierra. As pues, la divisin de Ricardo uno de los primeros postulados
de la economa clsica supona un cambio en la mentalidad respecto a la naturaleza
de la posesin del suelo, al destacar que era un bien, s generaba una renta, y por
ese mismo camino, poda ser demandado u ofertado como cualquier otra mercanca.
La clase burguesa en ascenso para ese entonces, y de la cual haca parte el mismo
Ricardo, amenazaba as los cimientos ideolgicos del estamento, ya decadente, de
los seores feudales. Precisamente, la visin de estos ltimos en relacin con la
propiedad del suelo se mantena como un gran obstculo para la consolidacin plena
del sistema econmico basado en el capital y el libre intercambio de mercancas.
Para solucionar tal inconveniente se consider necesario que el Estado interviniera con
impuestos a la renta producida por ese tipo de bien. Hasta este punto el afn de
la burguesa inglesa era facilitar la inclusin del suelo dentro de las lgicas del libre
mercado. No obstante, fue en la Francia napolenica durante el siglo XVIII donde
realmente se dio el debate sobre la naturaleza de la propiedad del suelo y la capacidad
estatal no solo de imponer cargas sino tambin de confiscarlo en pro del bien
pblico. De hecho, el Cdigo Civil napolenico inclua ya algunas indicaciones al
respecto y facultaba al Estado para tomar control directo de las tierras que considerara
necesarias para el logro de sus fines.
De esta manera, en Francia se desarroll con mayor perfeccin una TRS sustentada
en ese control sobre el suelo y cuyos tericos ms destacados han sido Joseph
Comby, Christian Topalov, Karl Polanyi y Vicent Renard, quienes se han caracterizado
por demostrar que el tema no solo es econmico sino tambin jurdico y de poltica
urbana (Cf. Maldonado, 2003, p. 211).
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PRIMEROS ANTECEDENTES ACADMICOS LOCALES DE LA VISIN
DEL URBANISMO EN LA LEY 388
Desde finales de la dcada de los setenta, algunos consultores se mostraban muy interesados en la TRS, particularmente en relacin con el problema de la vivienda urbana que desde mediados del siglo XX y gracias a los intensos flujos migratorios del campo a la ciudad, se haba vuelto prioritario tanto en el mbito acadmico como en el de la poltica pblica.
Uno de los primeros y ms importantes especialistas en referirse a este asunto fue el
economista y urbanista Humberto Molina. En el texto La investigacin urbana en
Amrica Latina. Caminos recorridos y por recorrer, se destaca de l lo siguiente:
Sin duda el aporte terico de Molina al anlisis de la vivienda es uno de los ms
importantes en Colombia y an en Amrica Latina. En general este anlisis parte
de la premisa de que la vivienda debe ser estudiada como un elemento
constitutivo del espacio urbano capitalista y, por lo tanto, el problema de la
vivienda en el caso colombiano no puede ser examinado independientemente de
las condiciones que acompaan el surgimiento del fenmeno urbano en formaciones
sociales capitalistas subdesarrolladas. Desde esta perspectiva Molina hace una
amplia reflexin sobre la naturaleza de la vivienda mostrando sus mltiples facetas
en tanto que bien necesario, bien inmueble o mercanca. Ello le permite dilucidar
los factores que inciden en la dinmica del dficit habitacional, esto es, la
estructura de la demanda de vivienda y sus diferentes formas de produccin.
Para complementar su anlisis intenta esclarecer tambin las leyes que, a travs
de las rentas del suelo, regulan la segregacin del espacio urbano y la propia
localizacin de la vivienda (Senz & Velsquez, 1989, p. 127).
Por su parte, los especialistas en
Colombia desde mediados de la
dcada de 1970 comenzaron a
estudiar y entender este tipo de
debates sobre la renta y la naturaleza
de la propiedad del suelo, y poco a
poco fueron introduciendo en las lgicas
acadmicas y polticas locales los
principios originados en las sociedades
europeas. A continuacin se explica
de qu forma se hizo esa incorporacin.
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en aras de comprender las dinmicas de su mercado en Colombia y Latinoamrica.
Al respecto, trabaj de la mano con investigadores del Centro de Estudios Urbanos
y Regionales de la Universidad de Buenos Aires, erigido para la poca como un
reconocido instituto de investigacin de los fenmenos latinoamericanos de urbanizacin
informal. Aos ms tarde, Molina retom las conceptualizaciones que sobre TRS
consign el economista canadiense Lauchlin Currie en su libro Urbanizacin y
Desarrollo. Un diseo para el crecimiento metropolitano (1988). Dicha obra es
clave, pues en ella Currie incorpor los costos del incremento del valor del suelo en
los precios finales de la vivienda edificada de forma masiva y, sobre todo, en la
financiacin de su construccin. Cabe recordar que Currie defenda el modelo del
ahorro individual como el mejor mecanismo para el financiamiento de la vivienda
urbana en un contexto de progresiva liberalizacin de las cargas del planeamiento,
concentradas predominantemente en manos del sector pblico. En Colombia, tal
ahorro inspirara la famosa figura bancaria de la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante (UPAC), que si bien no fue creacin de Currie, sirvi en parte para
desmontar el sistema pblico de construccin de vivienda liderado hasta la dcada
de los setenta por el Instituto de Crdito Territorial.
Posteriormente, en la dcada de los ochenta, Samuel Jaramillo, tras haber realizado
estudios de doctorado en economa urbana en Francia, escribi dos de sus primeras
reflexiones sobre TRS: Renta absoluta y composicin orgnica del capital (1981) y
Crisis de los medios de consumo colectivo urbano y capitalismo perifrico (1984).
Igualmente el arquitecto-urbanista Enrique Pealosa lider una famosa Declaracin Sobre
los Asentamientos Humanos (1976) en Vancouver (Canad) que planteaba lo siguiente:
Como fuentes de inspiracin para
incorporar la TRS, Molina tuvo, al
principio, las apreciaciones del
economista italiano Piero Sraffa,
fundador de la Escuela Neorricardiana.
Dicha Escuela se inspiraba en los
postulados de Ricardo sobre la
renta del suelo, si bien modific en
la teora del economista clsico la
dimensin del plusvalor, la cual haba
sido profundamente desarrollada por
otro economista, Karl Marx. Sraffa, a
diferencia de Ricardo y Marx, enfatiz
en el hecho de que el valor de uso y
el valor de cambio se dan de forma
simultnea en cualquier mercanca
(incluyendo el suelo). Por ejemplo, un
agente econmico puede de manera
apriorstica establecer el precio actual
y futuro de un lote, dado que prices
cannot be determined before the
actual rate of profit is known, both
prices and the rate of profit can be
determined simultaneously (Bha-
radwaj, 1971, citado por Lucarelli,
2007, p.15).
Estas discusiones fueron conocidas
de primera mano por Molina, quien
comenz a repensar las condiciones
del suelo, entendido como mercanca,
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comienzos de la dcada de los setenta. Curiosamente, cuando se empieza a indagar
el tema en Colombia, el urbanismo como disciplina y profesin agenciada desde
la esfera pblica entra en una profunda crisis cuyo impacto se reflej en el eclipse
de las instituciones pblicas que haban enseado su prctica bajo el mencionado
paradigma. Brand (2001) describe el ocaso de la planificacin estatal a finales de
dicha dcada de la siguiente manera: se produjo un divorcio entre las disciplinas
acadmicas y las instituciones del gobierno, periodo en el cual tambin se desva-
neci cualquier gran proyecto socio-espacial (p. 20). Tal situacin, de entrada,
no distaba mucho de cuanto suceda al profesional en planificacin en el mundo
occidental, en un contexto de crisis generalizada que haca difcil mantener un papel
a los planificadores como actores polticos, estratgicos y profesionales encargados
de la planeacin (Healey, Mc Dougall, & Thomas, 1982, p. 13).
A mediados de la dcada de los ochenta, algunos acadmicos y consultores se
interesaron de nuevo en la TRS. Arquitectos como Carolina Barco, Liliana Bonilla,
Jos Salazar y el socilogo Fabio Velsquez, comenzaron a explorar sistemas de
ordenamiento territorial europeo para entender los principios de UR utilizados en los
mismos. Al respecto, el caso espaol result ilustrativo. El ordenamiento territorial
en Espaa se basaba en el supuesto de que el aprovechamiento urbanstico de un
suelo es otorgado por la administracin como representante de los ciudadanos y
no es ya facultad connatural de la propiedad del suelo (Garca, 2003, p. 306).
Tal avance se logr por medio de la promulgacin de la Constitucin Espaola de
1978, al incorporar la funcin pblica de la actividad urbanstica. A su vez, los
especialistas locales tambin recogieron desarrollos tericos, acerca de instrumentos
de planificacin, formulados por el Instituto de Instrumentos Municipales de
Desarrollo Urbano de Francia. Como se mencion, desde la poca napolenica el
tema haba sido abordado en este pas, de ah su consolidacin y configuracin en
referente fundamental para los estudiosos colombianos.
Todo Estado tiene derecho a
planificar y a administrar la
utilizacin del suelo, que es uno
de sus recursos ms importantes,
en tal forma que el crecimiento de
los centros de poblacin tanto
urbanos como rurales se base en
un plan amplio de utilizacin del
suelo. Esas medidas deben
asegurar la realizacin de los
objetivos bsicos de la reforma
social y econmica para cada
nacin, de conformidad con su
sistema y sus leyes de tenencia de
la tierra (Declaracin, 1976, p.
1144).
Detrs de estos primeros intentos
locales por hablar de la TRS se
esconda el paradigma del Estado
interventor, tan robusto hasta
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No sobra mencionar que antes de la primera LRU, en el periodo comprendido entre
1970 y 1989 se presentaron 17 proyectos de ley sobre tal particular (Cf. Pinilla,
2003, p. 238). Si bien las reformas de 1936 y 1968 a la Constitucin de
1886 ya haban incorporado el fundamento de la funcin social de la propiedad en
el ordenamiento jurdico colombiano, nunca se desarrollaron instrumentos efectivos
para dar cumplimiento a ese principio constitucional en el mbito especfico de
la gestin del uso (Cf. Giraldo, 2003, p. 141). En relacin con esta realidad,
Caicedo (1990) afirma:
del Artculo 30 de la Constitucin Nacional solo se daba aplicacin a la primera
parte del inciso 1. La expropiacin, a pesar de encontrarse consagrada desde la
Ley 1 de 1943 para asuntos urbanos, emerga como una disposicin inaplicable;
la funcin social de la propiedad solo tendra consagracin legal para el
sector rural (p. 238).
Siempre estuvo presente la queja de que dcadas atrs el Estado en su conjunto, y
las instituciones encargadas de fomentar la construccin de urbanizaciones, haban
omitido el control efectivo de las rentas del suelo (Cf. Molina, 2003, p. 115;
Jaramillo, 2003, p. 129). Incluso, algunos haban sido perseguidos, amenazados,
acusados de comunistas, o de diablillo con cachos por tratar de incorporar estos
asuntos en la Ley (Cf. Valencia, 2003, p. 100-101; Borrero, 2003, p. 105;
Molina, 2003, p. 117). No obstante, a finales de los setenta surgi la Ley 61
de 1978, impulsada por los senadores Luis Carlos Galn y Roberto Arenas (Cf.
Valencia, 2003, p. 101), que a pesar de ser revocada casi en su totalidad por la
Corte Suprema de Justicia, represent un abrebocas a la Ley 9 de 1989. Ahora
CONSOLIDACIN POLTICA
DE LA LEY 388 DE 1997
La bsqueda por establecer un sistema de ordenamiento territorial para el pas por parte de quienes haban conocido las experiencias espaola y francesa, tuvo un primer gran aliado poltico en el congresista liberal y
luego presidente Ernesto Samper. Para
los especialistas era claro: requeran
una primera Ley de Reforma Urbana
(LRU) si pretendan posicionar el
sistema urbanstico en que estaban
interesados. Sin embargo, vean difcil
la consecucin de dicho propsito en
un medio social y poltico ultracon-
servador que no estaba dispuesto a
dejar sus privilegios absolutos sobre la
propiedad del suelo. Al respecto, la
historia poltica del pas haba puesto
en evidencia la ausencia de buena
voluntad para una reforma urbana, y
con ella, regular el derecho sobre la
propiedad del suelo y sus rentas. La
nica excepcin en este sentido se
remita a lo tradicionalmente legitimado
como contribucin de valorizacin
(Cf. Jaramillo, 2003, ps. 131, 132).
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planificacin urbana. Contribuy a superar la nocin de que planificar ciudades
era simplemente hacer diseo urbanstico, zonificar usos del suelo y establecer un
estatuto procedimental cuyo cumplimiento garantizaba obtener una licencia de
construccin; pero no fue suficiente porque no se disearon instrumentos eficaces
de actuacin y aplicacin. Precisamente con la Ley 388 de 1997 se dio un
paso fundamental para darle a la actividad del ordenamiento urbanstico el rango
de una funcin pblica, as como para modernizar la concepcin y los instrumentos
del planeamiento (p. 124).
La Ley 9 fue un primer paso en el afianzamiento de un sistema urbanstico para el
pas. Pero como indica Molina, se requiri una profundizacin de sus principios en
un nuevo marco: la Ley de Desarrollo Territorial 388 de 1997. sta, al incorpo-
rar los avances de la Constitucin Poltica de Colombia proferida en 1991, dio
sentido de utilidad prctica al viejo principio constitucional consistente en que la
propiedad es una funcin social y cumple una funcin ecolgica. En la nueva Carta
se consagr, por ejemplo: es deber del Estado velar por la integridad del Espacio
Pblico () las entidades pblicas regularn la utilizacin del suelo y del espacio
areo urbano en defensa del inters comn () cobrarn la plusvala generada por
la accin urbanstica (Art. 82). En fin, la Constitucin del 91 reforz el hecho de
que en la Ley, la planeacin urbana tuviera como soporte epistmico la nocin de
que el suelo y su renta podan ser legtimamente regulados (Cf. Maldonado,
2003, p. 13). Esto afirma Ezquiaga (2005) sobre la Ley 388:
La Ley adopt el modelo europeo y espaol en dos aspectos esenciales: el
principio de primaca del Plan, es decir, el entendimiento de que el planeamiento
constituye la base necesaria y fundamental de la ordenacin urbana y la
consecuente vinculacin de la propiedad del suelo a un rgimen jurdico
determinado, establecido por aquel, y la relacin dialctica entre Ley y Plan,
segn la cual esta aporta una cobertura general pero son los Planes quienes deben
concretarla y materializarla en un territorio determinado, requisito sin el cual la Ley
no despliega su potencialidad (p. 18).
bien, as como Misael Pastrana
Borrero a comienzos de los aos
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de las ideas de Lauchlin Currie, al
impulsar la promulgacin del Plan de
Desarrollo de las Cuatro Estrategias,
basado en las ideas de planeacin
del economista canadiense, Samper
hizo algo parecido con su apoyo a la
presentacin y posterior aprobacin
en el Congreso de la primera ley de
Reforma Urbana, conocida por el
nombre de Ley 9 de 1989, que
contena el principio del control por
parte del Estado de las rentas del sue-
lo y fue el germen de la posterior Ley
388 de 1997. Al respecto Molina
(2003) afirma:
La experiencia con la Ley 9
contribuy de manera significati-
va porque con ella se introdujo
una nueva concepcin sobre la
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Adems, la eleccin popular de alcaldes permiti a muchos especialistas en UR
participar de los nuevos gobiernos locales, incorporando en los planes de desarrollo
aquellos principios de la TRS cuyo foco recaa en la necesidad de garantizar la
participacin de la poblacin en la realizacin de sus derechos y deberes en el
territorio. En tal sentido, esto afirmaba un exalcalde de Bogot:
Creo que las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 ofrecen un material especialmente
rico para alcanzar propsitos como los mencionados en cumplimiento de normas,
toda vez que recogen acuerdos polticos y acuerdos ticos, construidos por nuestra
sociedad en torno a un elemento esencial de la ciudad: la ocupacin y el uso del
territorio, y los recogen no solamente en materia fsico-econmica, sino tambin en
materia social y cultural (Mockus, 2003, p. 20).
Finalmente, la promulgacin de la Ley 388 de Ordenamiento Territorial oblig a los
municipios a incorporar en la construccin de sus Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) los instrumentos de gestin y uso del suelo. Esta exigencia comenz a jalonar
la consolidacin de una subesfera acadmica interesada en efectuar actividades de
docencia, extensin e investigacin sobre dichos instrumentos, como se explica en el
siguiente apartado.
En la esfera poltica se generaron
nuevas dinmicas para concretar los
objetivos de la LRU. Se hicieron
comunes las consultas a expertos y el
fomento a una participacin ciudadana
que llevaba el sello de claro activismo
pedaggico y poltico, pues mientras
se peda a los ciudadanos su opinin
sobre la ciudad, se les enseaba a
valorar el carcter de sta como cons-
truccin social. Asimismo, aparecieron
misiones destinadas a indagar entre la
comunidad acadmica y la sociedad
civil su visin del uso del uso. Ejemplo
de ello fueron las siguientes misiones,
promovidas por el Estado en
colaboracin con la academia:
Antioquia Siglo XXI (1989),
Bogot Siglo XXI (1990-1992),
Programa Ciudadano Cali que
Queremos (1992), y Consulta
Nacional Urbana (1992).
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de investigaciones en asuntos relacionados con Derecho urbanstico, instrumentos de
gestin urbana, economa urbana, hbitat y calidad de vida, entre otros. Igualmente,
motiv la aparicin de jvenes especialistas, quienes enriquecieron el trabajo de los
primeros expertos. Merece destacarse el surgimiento en 1992 de la primera Maestra
en Urbanismo del pas en la Universidad Nacional. Un ao ms tarde se fund la
Asociacin Colombiana de Investigadores Urbano-Regionales (ACIUR).
Las actividades de extensin de las universidades tambin se vieron beneficiadas por
este nuevo panorama. Por ejemplo, a finales de los noventa el Centro de Investiga-
ciones para el Desarrollo Regional (CIDER) de la Universidad de los Andes, vincul
sus investigadores al Comit de Poltica Habitacional de la administracin distrital en
Bogot. Ellos llevaron a cabo los estudios necesarios para la fase de estructuracin
de la Operacin Urbanstica Nuevo Usme, una de las primeras operaciones estratgicas
paradigmticas derivadas del primer POT en la capital (Cf. Gonzlez, 2003,
p. 31). En 2005, en el seno de la Universidad Nacional, surgi el Instituto de
Estudios Urbanos liderado por el especialista Paul Bromberg. Entre sus funciones,
este centro acogi el apoyo en la formacin de nuevos investigadores, como tambin
el trabajo de consultora con los gobiernos locales en polticas de ordenamiento, de
acuerdo con los principios claramente establecidos en la Ley 388.
Asimismo, sobresale el Programa Latinoamericano y del Caribe del centro internacional
de investigacin Lincoln Institute of Land Policy de Estados Unidos, entidad sin
nimo de lucro fundada en 1974 que desde la dcada de los noventa ha fortalecido
una labor pedaggica en la formacin y asesora a ciudadanos, acadmicos y polticos
en temas relacionados con la TRS. Se potenciara, adems, el trabajo investigativo
de especialistas como la abogada y urbanista Mara Mercedes Maldonado, quien
abander la construccin de un corpus terico para posibilitar la consolidacin de la
visin de urbanismo de la Ley 388. Tal proceso la llev a ocupar en 2012 el
cargo de Secretaria de Planeacin Distrital de Bogot, lo cual habra sido
inimaginable dcadas atrs.
EL BOOM DEL URBANISMO
EN LA ESFERA ACADMICA
COLOMBIANA CON LA
FORMULACIN Y
PROMULGACIN
DE LA LEY 388
A finales de la dcada de los noventa, los especialistas locales en urbanismo lograron introducir en el mbito de la poltica pblica los principios de TRS que haban considerado funda-mentales para el desarrollo de las ciudades colombianas. Este logro poltico propici la creacin de
postgrados, asociaciones e institutos
acadmicos centrados en estudios
urbansticos en el campo cientfico.
De cierta manera, el xito que signific
la Ley 388 impact el surgimiento de
una subesfera acadmica interesada
en dichos temas. La nueva legislacin,
derivada primero de la Ley 9 y luego
de la Ley 388, impuls el desarrollo
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ROLES CONFUNDIDOS? UNA REFLEXIN FINAL
La aplicacin de la visin de urbanismo consignada en la Ley 388 no ha sido fcil. La sociedad colombiana an registra altos y alarmantes niveles de pobreza, desigualdad y concentracin de la riqueza y la tierra. En un medio social como este, la ejecucin de los principios e instrumentos derivados de la
Ley ha generado toda clase de conflictos, mientras que la imposicin de obligaciones
a los propietarios del suelo se ha convertido en una tarea llena de inconvenientes
sociales, legales y polticos. Tales condiciones han puesto a los urbanistas en
Colombia en una difcil situacin. En el campo de la poltica, algunos se han
involucrado de lleno con quienes son sus hacedores para presionar cambios; otros
saltan recurrentemente de esta esfera a la acadmica y viceversa en la medida que las
circunstancias les sean favorables. En una dinmica tan tormentosa como esta, los
especialistas obtienen pequeos y eventuales avances, pero la mayor parte del
tiempo, profundas decepciones.
Ahora bien, el compromiso existente pone sobre el tapete el papel actual de los
especialistas y su pertinencia con las reformas sociales y urbanas que necesita la
sociedad para posibilitar el funcionamiento de los principios urbansticos. Hay
quienes se han vinculado plenamente con la lucha por el cambio social, pues
entienden su visin de urbanismo como una de las apuestas ms claras y decididas
de nuestra sociedad en la construccin de un sentido de lo comn o de lo colectivo
y en la creacin de espacios de democracia y convivencia (Maldonado, 2003,
p. 233). En consecuencia, los fundamentos que defienden, basados en la TRS y
consignados en la Ley 388, los compromete polticamente y les da un aire de
vanguardistas sociales, orientados hacia la superacin de la exclusin social y el
logro de la justicia social (Cf. Jaramillo, 2003, p. 103).
As entonces, curiosamente la Ley
revivi el inters por el urbanismo en
el campo acadmico y le abri un
espacio que se ha mantenido vigente
entre la opinin pblica, como ha
ocurrido, por ejemplo, con el caso
de la revisin del POT de Bogot
o las discusiones sobre las polticas
nacionales de vivienda social. Sin
embargo, dicho espacio tambin
puede convertirse en una amenaza a la
vigencia misma de la disciplina si los
urbanistas se concentran tan solo en la
implementacin legal de los principios
que han defendido, pues tal condicin
los llevara, a la postre, a olvidar su
desarrollo disciplinar autnomo en el
campo cientfico. Al respecto, se
hace una reflexin final en el
siguiente apartado.
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Las preguntas para el debate aqu formuladas son: hasta qu punto esa lucha, apa-
rentemente loable en principio, beneficia el posicionamiento disciplinar y cientfico
del urbanismo en el mbito local? Puede ello resultar a largo plazo un desgaste de
la disciplina y de sus especialistas? Acaso el cambio social, no es en realidad el
resultado de una movilizacin generalizada de la sociedad, un proceso asociado con
otros asuntos que se salen de los alcances del urbanismo?
Resulta entonces paradjico que mientras en el plano local los especialistas parecen
comprometerse con la promulgacin y aplicacin de la Ley 388, los principios teri-
cos urbansticos que se requieren siguen siendo forneos, pues an dependen de los
desarrollos espaoles, franceses y norteamericanos. Esta coyuntura tal vez ocurre por-
que la esencia disciplinar y cientfica en este campo sigue siendo desconocida. Ante
tal complejidad, los urbanistas pueden aportar ms en su calidad de acadmicos y
no simplemente como consultores de paso. El urbanismo en Colombia mantiene una
deuda: fortalecerse a s mismo en aras de hacer ms efectiva su institucionalizacin
poltica.
En conclusin, la legislacin en temas de reforma urbana requiere necesariamente
del desarrollo previo, continuo e independiente del pensamiento disciplinar sobre el
urbanismo en una subesfera acadmica donde mantenga su autonoma. Si bien dicho
proceso no puede desligarse de las contingencias sociales, tampoco puede depender
enteramente de ellas.
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Resumen: Abstract
Palabras clave:
Key words:
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2NGELA MARA FRANCO MEJA*
*Arquitecta, Especialista en Patologa de la construccin.
1El proyecto Una mirada a la dicotoma pblico-privado: hacia la negacin de lo pblico en las calles de los barrios Santa Ins y Los Muiscas de la ciudad de Tunja, del cual se deriva el presente artculo, se desa-rroll con el grupo Nodos, perteneciente al programa de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Boyac.
Gated communities, public space, private space, ownership.
This document constitutes a general reflection on the gated communities, mainly in the Colombian context and with reference to studies carried out in Latin America. Topics related to the appearance of this phenome-non in Colombia, the possible causes for it, as well as issues, paradigms and paradoxes linked with the use and the consumption of these urban units are explored. It is intended that this information provides elements of analysis for the project An overview on the public-private dichotomy: towards the denial of the public in the streets of Santa Ins and Los Muiscas neighborhoods in the city of Tunja, whose objective focuses on unders-tanding the denial of the public, through different urban projects.
Conjunto cerrado, espacio pblico, espacio privado, copropiedad.
Este documento se constituye en una reflexin general alrededor de los conjuntos cerrados, principalmente en el mbito colombiano y tomando como referencia algunos estudios realizados en Latinoamrica. Se escudrian aspectos relacionados con su aparicin en Colombia y las posibles motivaciones de tal surgimiento, como tambin problemticas, paradigmas y paradojas que se asocian con el uso y consumo de estas unidades urbanas. Por medio de dicha informacin se espera aportar elementos de anlisis para el proyecto titulado Una mirada a la dicotoma pblico-privado: hacia la negacin de lo pblico en las calles de los barrios Santa Ins y Los Muiscas de la ciudad de Tunja, cuyo objetivo est centrado en comprender el fenmeno de negacin de lo pblico, a travs de las diferentes actuaciones urbanas.
Gated communities: Paradigms and Paradoxes
Acerca de los conjuntos cerrados: Paradigmas y paradojas 1
Recibido: 9-feb-2012Aceptado: 14-sep-2013
Franco, A. (2013). Acerca de los conjuntos cerrados: Paradigmas y paradojas. Designia, 2(1), 24-42.
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INTRODUCCIN
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El presente artculo se plantea como una aproximacin a la temtica de los conjuntos cerrados, de tal forma que una contextualizacin general, acerca de algunas motivaciones y problemticas asociadas con tales comunidades, permita encontrar elementos de anlisis para su interpretacin en el
marco del proyecto Una mirada a la dicotoma pblico-privado: hacia la negacin de
lo pblico en las calles de los barrios Santa Ins y los Muiscas de la ciudad de Tunja.
Dado que, principalmente en el caso de Santa Ins, el objetivo consiste en develar
las razones de los residentes para optar por un estilo de vida que privilegia lo privado
en detrimento de lo pblico, resulta importante esta aproximacin, pues permite
establecer coincidencias con el origen de otros patrones de vivienda que detonaron
la aparicin de nuevos paradigmas y variantes en la vida colectiva para la sociedad
tunjana. Asimismo, tales desarrollos generaran distintas formas de interaccin de
estas comunidades con el espacio ubicado por fuera de los lmites de su territorio,
para establecer as una escisin entre los mbitos pblico y privado, con las
consecuencias que dicha separacin ha trado para la vida urbana: segregacin,
exclusin y la negacin de la calle como el escenario por excelencia de lo pblico.
Este ltimo aspecto se constituye en el ms relevante, desde el punto de vista de la
investigacin referida, si se tiene en cuenta el desbarajuste ocasionado por
interpretaciones amaadas de la norma que favorecen los intereses de promotores
comerciales e inmobiliarios, los cuales ven en dichas alternativas una opcin para
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aumentar su rentabilidad y ofrecer
condiciones que satisfagan los requeri-
mientos de los pobladores en materia
de seguridad y mejoramiento de su
calidad de vida. Dicho mejoramiento
se sustenta en la posibilidad de: 1.
Pertenecer a una comunidad que se
autogobierna; 2. Disfrutar de un
ambiente rural dentro de la ciudad; 3.
Lograr cierto grado de exclusividad.
Tratar de comprender el fenmeno es
el primer paso para plantear alterna-
tivas de solucin que contribuyan a
mejorar las condiciones del ambiente
urbano, con la premisa de que el
inters colectivo prevalezca sobre
el particular.
GENERALIDADES Y APROXIMACIONES EN COLOMBIA
Algunos referentes sobre conjuntos cerrados
Publicaciones que abordan la temtica de los conjuntos cerrados abundan en el
mbito latinoamericano (Mxico, Chile, Argentina). En este mismo contexto, un
referente para el presente anlisis es la compilacin Barrios Cerrados en Santiago de
Chile: entre la exclusin y la integracin residencial, realizada por Gonzalo Cceres y
Francisco Sabatini, la cual recoge resultados de procesos de investigacin, en su
mayora de estudiantes tesistas o jvenes investigadores, cuyos intereses se relacionan
con las motivaciones de las personas para optar por este estilo de vida. Otros
trabajos contenidos en el mismo texto analizan la identidad, la sociabilidad y
la segregacin residencial.
Sin embargo, resultan escasas las referencias para el caso colombiano. Garzn
(2008) hace alusin a los dos nicos trabajos encontrados: el de scar Alfonso
Roa (2005) acerca del fenmeno de los condominios en los procesos de suburba-
nizacin en municipios adyacentes a Bogot, como tambin las implicaciones en el
consumo de suelo rural; y el de Andrs Ortiz Gmez (2004), quien al estudiar
la expansin de los conjuntos cerrados en Bogot, enfatiza en la desaparicin del
concepto de barrio y plantea el papel del sector inmobiliario y de los instrumentos
de planeacin en el desarrollo de esta tendencia.
Vinculado con el tema de la negacin de lo pblico para el caso de los conjuntos
cerrados, el equipo investigativo integrado por Londoo y Franco (2010) describe
dicho fenmeno en el mbito de la calle para dos barrios de la ciudad de Ibagu.
Adicionalmente, resulta importante la inclusin de algunos artculos de prensa que, a
travs de testimonios, develan problemticas y realidades asociadas a este anhelado
modelo de vida en comunidad, en el mbito colombiano.
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Aparecen en tal definicin los elementos esenciales que caracterizan este patrn de
urbanizacin: homogeneidad arquitectnica y funcional, acceso restringido por la
presencia de un encerramiento, servicios comunitarios y responsabilidades compartidas.
Todos ellos se convierten en factores fundamentales para potenciar su demanda en
aras de mayor seguridad y mejor calidad de vida. Resulta importante resaltar que
el artculo 64 de la mencionada Ley referente a la constitucin de las Unidades
Inmobiliarias Cerradas advierte que dicha constitucin se supedita a las posibles
afectaciones ocasionadas al espacio pblico, lo cual indica una consideracin de ste
como parte inherente a la vida en comunidad. De hecho, la relacin pblico-privado
se promueve en disposiciones relacionadas con los cerramientos, tal como lo expresa
el artculo 71:
Las Unidades Inmobiliarias Cerradas que se autoricen a partir de la presente ley
tendrn cerramientos en setos vivos o cerramientos transparentes que permitan
la integracin visual de los espacios libres privados y edificaciones al espacio
pblico adyacente, sin que ello implique que se prive a la ciudadana de su uso,
goce y disfrute visual, en los trminos del artculo 6 de la Ley 9 de 1989.
(Congreso de la Repblica de Colombia, 2001, Ttulo III, Captulo II).
Sin embargo, no se perciben muchos acatamientos a esta normatividad, pues siguen
encontrndose actuaciones que atentan contra el derecho de los ciudadanos al
disfrute de su entorno construido. De otro lado, las violaciones no solo se dan en
el marco de los lmites: tambin la bsqueda de una mayor rentabilidad lleva a los
promotores inmobiliarios a ocupar cada centmetro disponible en detrimento de las
reas verdes que muchas veces han actuado como gancho publicitario para optar por
este estilo de vida.
Definicin y generalidades
Hablar de conjuntos cerrados, en primera instancia, sugiere la necesidad de esclarecer su definicin, para saber a qu se hace referencia cuando se utiliza dicha
expresin. El artculo 63 de la Ley
675 de 2001, define as las
Unidades Inmobiliarias Cerradas:
Son conjuntos de edificios, casas
y dems construcciones integradas
arquitectnica y funcionalmente,
que comparten elementos
estructurales y constructivos, reas
comunes de circulacin, recreacin,
reunin, instalaciones tcnicas,
zonas verdes y de disfrute visual;
cuyos propietarios participan
proporcionalmente en el pago de
expensas comunes, tales como los
servicios pblicos comunitarios,
vigilancia, mantenimiento y mejoras.
El acceso a tales conjuntos
inmobiliarios se encuentra
restringido por un encerramiento y
controles de ingreso (Congreso de
la Repblica de Colombia, 2001,
Ttulo III, Captulo I).
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Por supuesto que las generalizaciones resultan odiosas y tambin debera hacerse
referencia a las excepciones. Pero no es el objetivo en este anlisis. Por el contrario,
llamar la atencin sobre el fenmeno de negacin es una obligacin tica en aras de
incentivar la movilizacin de futuras generaciones de arquitectos, quienes procuren
actuaciones que desborden los intereses eminentemente econmicos. Aun as, a
manera de ejemplo del acatamiento de la Ley se muestra un conjunto cerrado donde
la fachada hace las veces de cerramiento, lo cual permite mantener una relacin con
la calle mientras se conserva la seguridad. Podra afirmarse que mientras la ley y las
Se evidencia entonces la escasez de
zonas verdes y de recreacin apropiadas
para el juego y el esparcimiento. Al
respecto, situaciones como estas
resultan frecuentes: madres en busca
de sol para sus bebs, nios vidos de
un poco de diversin, ancianos deseosos
de disfrutar de las bondades de la
naturaleza. No obstante, los espacios
habilitados para tales fines no ofrecen
las condiciones adecuadas en cuanto
a calidad y cantidad, pues carecen de
amueblamiento, arborizacin y de la
holgura necesaria para su desarrollo.
Ciertamente, la seguridad ofrecida
no se compensa con las carencias de
estas zonas comunitarias, convertidas
en residuos cuyo propsito es cumplir
con los mnimos de la normativa en
lo referente a retiros. De tal forma se
diluyen las expectativas de los usuarios
que optaron por esta solucin.
Figuras 1 y 2. Espacios residuales utilizados para el juego y el esparcimiento en un conjunto cerrado de Tunja.
Fuente: la autora
Figuras 3 y 4. Conjunto cerrado La Mansin, localiza-do en la zona cntrica de Tunja.
Fuente: la autora
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normativas procuran, en apariencia, la
prevalencia del inters general, promo-
tores, especuladores y negociantes de
la arquitectura desarrollan propuestas
amaadas a sus intereses, cometiendo
ilcitos que repercuten en la totalidad
de la ciudadana e impiden el
desarrollo de ciudades donde se
garantice la inclusin, la equidad
y una buena calidad de vida.
ACERCA DEL ORIGEN DE LOS
CONJUNTOS CERRADOS
Una vez abordada la definicin, se requiere una aproximacin al origen de los conjuntos cerrados en Colombia. Si bien ste no constituye el tema central del presente
texto, su consideracin se amerita a
manera de introduccin. Resulta difcil
precisar la fecha exacta de origen del
fenmeno. Algunos datos hacen
suponer que su gnesis se produce
como parte del desarrollo de la
arquitectura moderna hacia la dcada
de 1940. El primer indicio reseado
habla de la aparicin de Ciudad
Restrepo en Bogot, hacia 1939,
conjunto de apartamentos de renta
para clase media gestionado por los
hermanos Restrepo, empresarios de
la poca (Mendoza, 2004) y desarrollado por Gabriel Serrano Camargo Cullar.
Mendoza afirma que dicho conjunto destacaba su novedosa concepcin de patios
y servicios comunales en dos manzanas de vivienda, toda una nocin de alta
densidad que se adelant ostensiblemente a los tipos urbanos de los aos 50 y
60. (p. 64). Agrega que su corta vida til en la ciudad refuerza estos postulados
de novedad del primer conjunto cerrado de apartamentos y aparta-estudios de
concepcin moderna edificado en el pas (p. 64).
Sin embargo, existen otras versiones que datan el origen hacia la segunda mitad del
siglo XX. En 1996, el peridico El Tiempo consult a distintos arquitectos en Cali,
quienes expresaron: en 1970, en Bogot, la compaa Pedro Gmez dise la
primera unidad cerrada, con el tiempo ese proyecto se difundi por todo el territo-
rio nacional, segn se cuenta en el artculo Conjuntos cerrados, un estilo de vida
(prr. 2). En la misma nota se agrega que, de acuerdo con Gustavo lvarez Zapata
los conjuntos cerrados comenzaron a disearse para un segmento medio-alto, hoy en
da este tipo de vivienda se populariz hasta llegar a la clase ms econmica y en tal
sentido se ven, en Cali, viviendas de inters social que cuentan con reas comunes
para recreacin, pues esto, sin duda, aumenta la calidad de vida (prr. 6).
Debe tenerse en cuenta que la popularizacin en sectores menos favorecidos o
estratos bajos, aparece como una conducta aprendida o imitada para mantener un
aparente nivel de vida orientado por la exclusividad que sugiere la pertenencia a
estas comunidades. Para las clases populares el espacio urbano cumple un papel de
escenario de las actividades y expresin de las manifestaciones cotidianas. Viviescas
(1989) lo expresa as cuando se refiere a la forma como se ha realizado histrica-
mente el control poltico del espacio urbano en Colombia por parte de las clases
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dominantes y con el apoyo de los
estamentos militares del Estado. En
este sentido, tambin alude a la
planeacin como forma de control y
al alejamiento que, mediante dicho
manejo, el ciudadano ha experimentado
respecto a los espacios de disfrute
situados por fuera de los lmites de la
vida privada.
La esfera de lo pblico, expresada
en la calle, cambia su connotacin
al tratarse de las clases media y alta.
Para las primeras, Viviescas afirma que
estas van aceptando, introyectando y
asumiendo que la calle es un espacio
asignado a la circulacin de vehculos.
Con relacin a las segundas, aduce:
no solamente consideran la calle algo
ajeno al ciudadano sino que incluso
la consideran un lugar sumamente
peligroso (p. 116).
En los dos casos presentados en las figuras 5 y 6 el encerramiento no es lo censurable,
sino la suspensin de vas que, al ser privatizadas, dejan de cumplir su funcin bsica
como espacio pblico para la movilidad peatonal y vehicular. Se evidencia entonces
la prevalencia del inters particular sobre el general, orientacin contraria al espritu
de las leyes que en materia de ordenamiento y planificacin intentan establecer unos
mnimos para la convivencia urbana.
Ahora bien, cmo se produjo la aparicin de los conjuntos cerrados? Cmo se
ha llegado a este estado de cosas en lo referente a la segregacin y negacin del
espacio pblico a causa de dichas iniciativas?
Antecedentes
Buscar los antecedentes conduce a las propuestas de Germn Samper Gnecco,
uno de los arquitectos con mayor experiencia en el campo de la vivienda social en
Colombia, quien a travs de una larga investigacin logr generar planteamientos de
diseo para el caso de Bogot encaminados a detener el proceso desencadenado
por el rpido crecimiento de la capital a partir de la dcada de 1960. De acuerdo
con Samper (1993) surgi un nuevo concepto que comprenda:
Figuras 5 y 6. Privatizacin de la calle por la conformacin de peque-os ncleos residenciales en el barrio Santa Ins de Tunja.
Fuente: la autora
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La ubicacin de una parcela amplia de terreno; la cual se subdividira bajo una
nueva concepcin de agrupacin de viviendas, a manera de una supermanzana;
para, finalmente, establecer una determinada jerarqua vial en su interior, una red
amplia para automviles y penetraciones locales para servir las viviendas (p. 26).
Apareci as una nueva unidad urbanstica, originalmente denominada vecindario,
que ms tarde tom el nombre de agrupacin de vivienda2. Segn Samper, esta
idea tuvo su nacimiento legal en 1961. Los postulados tericos de la propuesta se
expresan a travs de una serie de dibujos (figura 7) con el nombre de sntesis de
una doctrina3. En ellos se evidencian cinco aspectos: 1. Nocin de vivienda
compacta; 2. Creacin de ncleos residenciales; 3. Separacin del auto y el
peatn; 4. Cambio de escala; 5. Bsqueda de un orden urbano.
2 La agrupacin de vivienda se define
como la obra diseada y ejecutada bajo
un mismo concepto urbanstico y
arquitectnico compuesta por tres o ms
unidades habitacionales, unifamiliares o
multifamiliares, en la cual la existencia y
localizacin de los bienes de propiedad
y uso privado individual estn subordi-
nados a la localizacin de reas y bienes
de propiedad y uso privado comunal.
(Samper, 2011, seccin Vivienda
Sidauto, prr. 1).
3Adems de la Revista Escala nro. 17,
puede encontrarse informacin ms
detallada acerca de esta propuesta en el
libro Recinto urbano: La humanizacin de
la ciudad (Samper, 1993), texto que
permite rastrear no solo el planteamiento
relacionado con las agrupaciones de
vivienda, sino la teorizacin acerca de la
bsqueda de una ciudad hecha a escala
humana, donde tambin tenga cabida el
vehculo. Figura 7. Sntesis de una doctrina
Fuente: Revista Escala, nro. 17
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4Otras referencias al Acuerdo pueden ser
consultadas en Samper (1976). La
ponencia para dicho proyecto describi
en su numeral 5 lo concerniente al
concepto de propiedad comunal al
establecer que tanto las zonas verdes
como otras reas comunes han de ser
propiedad de los vecinos, quienes tienen
la obligacin de mantenerlas. Igualmente,
agreg: Esto tiene dos grandes ventajas:
1 El Distrito se economizar ese manteni-
miento. 2 Se despertar el espritu cvico
entre vecinos al tener mancomunadamente
esta responsabilidad.
5Samper fue elegido concejal para el
perodo 1966 - 1968 en representacin
del Partido Liberal.
Las agrupaciones de vivienda se introdujeron en la legislacin municipal mediante
el Acuerdo 82 de 19674, durante el perodo en que Samper hizo parte
del Concejo de Bogot5.
La dcada de 1970 constituy un cambio en la forma como vena desarrollndose
la actividad edificadora del pas, al reglamentarse un nuevo sistema financiero que
introdujo el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante). Desaparecen
los viejos urbanizadores y surgen grandes empresas promotoras en la construccin de
conjuntos habitacionales con los parmetros del nuevo sistema financiero (Samper,
1993, p. 44). Para 1979 se produjo una nueva reglamentacin, traducida en
el Acuerdo nro. 7 del Concejo de Bogot. La norma favoreca principalmente el
aumento de densidad en reas nuevas y desarrolladas, de tal suerte que se cre un
nuevo patrn urbano con la aparicin de edificios en lotes aislados. Respecto a las
agrupaciones de vivienda, la normativa reglament los servicios comunitarios.
Asimismo, surgi la figura del Conjunto arquitectnico que al contrario de las
agrupaciones de vivienda, de carcter homogneo, vendrn a ser de tipo
heterogneo. (Samper, p. 44).
Como era de esperarse, el patrn urbano incorporado produjo gran controversia.
Segn Samper (1983) los promotores comerciales acuaron el nombre de conjunto
cerrado, trmino inexacto y tendencioso. (p. 45). De igual modo, la reproduccin
del fenmeno del encerramiento (barrios cerrados o enrejados) hizo surgir iniciativas
de vecinos de algunos barrios que acorralados por la inseguridad, han optado por
cerrar las calles con enrejados y porteras, creando accesos nicos restringidos; inter-
pretacin amaada de una norma que persigue precisamente lo contrario (p. 45).
En consecuencia, a pesar de que las iniciativas en torno a las agrupaciones pretendan
dar un carcter ms amable a la ciudad, mediante la creacin de espacios de vivienda
donde se fortaleciera la vida en comunidad, ese espritu originario termin siendo
interpretado en forma arbitraria por los agentes inmobiliarios y comerciales, con el fin
de obtener beneficios en trminos de promocin, pues buena parte de la ciudadana
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Posibles causas y motivaciones para la consolidacin del fenmeno
de los conjuntos cerrados
Algunos autores encuentran la explicacin a la proliferacin de este fenmeno en la
globalizacin, la cual
Es mencionada como un elemento que impulsa o favorece el desarrollo de
ciudades cerradas porque conlleva un modelo econmico donde son las fuerzas
del mercado las que determinan el desarrollo, en este caso, una oferta
inmobiliaria que cree responder a las demandas de mejor calidad de vida,
confort y seguridad. (Ziga, 2007, p. 395).
Para el caso chileno, McKensie (citado por Fernndez, Salcedo y Torres, 2004),
menciona un punto relevante en relacin con la oferta y la demanda:
La expansin de los barrios enrejados tiene su origen en un aumento en la
demanda por este tipo de viviendas, pero adems e incluso ms centralmente
en una fundamental transformacin de la oferta, impulsada por intereses
econmicos de los agentes inmobiliarios y los gobiernos locales (p. 113).
Esta transformacin de la oferta, en el escenario del capitalismo rampante, se encuentra
mediada por un afn de rentabilidad, la cual puede obtenerse con facilidad a travs
de estrategias publicitarias que proponen imaginarios de una placentera comodidad
a los usuarios, a costa casi siempre de una verdadera calidad de vida. Para el caso
del espacio residencial, tal calidad tiene que ver tanto con lo adecuado del mbito
privado en cuanto a dimensiones y funcionalidad como con las condiciones de los
lugares comunales, pues stos deben satisfacer, de acuerdo con lo planteado por los
promotores, necesidades de tipo recreativo y de esparcimiento, en aras de generar
un ambiente agradable. Se pretende suplir as las opciones ofrecidas por el espacio
urbano, con la comodidad de tenerlas cerca, de manera exclusiva y segura.
acept dicha denominacin en vista
de las condiciones de inseguridad,
acrecentadas durante la dcada de
1980.
Probablemente, son esas condiciones
de inseguridad las que se han conver-
tido en motivacin fundamental para
la aparicin de estos enclaves urbanos.
En el caso de Cali, en el referido
artculo Conjuntos cerrados, un estilo
de vida (1996), se afirma: adems
que tienen una portera comn, por lo
general las personas no desconfan de
sus vecinos porque comparten
espacios comunes y poseen una
relacin mucho ms estrecha con ellos
(prr. 7). Ese carcter de vida en
comn, insinuado por dichas unidades,
es uno de los criterios considerados
por quienes asumen este estilo de
vida. Se plantea entonces la pregunta:
por qu surgen los conjuntos cerrados
y cules son las motivaciones o
ventajas para su eleccin?.
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Propuestas como la presentada por Malizia (2011), intentan establecer un modelo
de anlisis de las urbanizaciones cerradas para ciudades intermedias, ante los pocos
estudios que analizan el fenmeno en esta escala especfica. La autora establece una
diferencia entre las razones que predominan en ciudades de distintos tamaos:
En las ciudades de gran tamao la seguridad es la razn que se menciona con ms
frecuencia ya que es probablemente la ms fcil de apoyar con datos estadsticos
y la menos problemtica. No obstante en las ciudades intermedias prevalece otro
aspecto relacionado con el contacto directo con la naturaleza. Este, junto con
la seguridad, adquieren un papel encubridor de otros procesos sociales como la
exclusividad y homogeneidad del grupo social (Introduccin).
En 1990 la prensa colombiana mencionaba las ventajas de vivir en casas, en especial
aquellas localizadas en conjuntos cerrados. Artculos publicados en El Tiempo
publicitaban y fortalecan la idea de estas unidades como opciones que ofrecan
mejor calidad de vida. En este sentido, era frecuente aducir ventajas comparativas
respecto a los apartamentos y las viviendas individuales. Un ejemplo es El sueo
de vivir de nuevo en casas, el cual enfatizaba en la diferencia entre residir en un
apartamento y en una casa, ya que vivir en casa es, definitivamente, otro mundo.
Ofrece una serie de ventajas como la amplitud, la privacidad y la sensacin de tener
el pedazo de tierra donde se vive (prr. 1).
Otro artculo del mismo ao, titulado El auge de la casa campestre, planteaba la
relacin entre oferta y demanda, al considerar las estrategias de los promotores inmo-
biliarios para captar un nuevo segmento de clientes compuesto por todas las familias
que desean urbanizaciones campestres. Condominios donde la vida se enriquece de
aire libre, deportes, recreacin y naturaleza. (prr. 2). Esta oferta, que se convirti
en un factor de popularizacin y proliferacin del modelo emergente, era vista como
un mecanismo empleado por los empresarios para afrontar las dificultades del sector
Sin embargo, la misma ansia de
rentabilidad obstruye el anhelado
sueo de la vida en comunidad. En
efecto, en numerosos casos las familias
son confinadas al hacinamiento, se ven
enfrentadas a deficiencias de espacios
comunales y sus dbiles relaciones con
los vecinos suelen limitarse a encuentros
en las reas de circulacin o celebra-
ciones en fechas especiales.
Razones y ventajas para la eleccin
de los conjuntos cerrados
Son varias las razones esgrimidas para
tomar la decisin de habitar en un
conjunto cerrado. stas van desde la
exclusividad de pertenecer a un grupo
que se autogobierna y adquiere cierta
independencia, hasta la seguridad
obtenida gracias a los cerramientos y
controles restringidos.
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Los testimonios de residentes de los conjuntos parecen confirmar esa razn. A
manera de ejemplo, Alberto Arias, vecino de uno de ellos, expres en Conjuntos
cerrados, un estilo de vida: uno se siente ms seguro al tener una portera (prr.
5). En el mismo artculo de El Tiempo tambin se manifestaba:
Los conjuntos de casas le permiten a la gente tener todas las comodidades de
una vivienda individual sin preocuparse por dejar la casa sola porque, adems
que tiene una portera comn, por lo general las personas no desconfan de sus
vecinos porque comparten espacios comunes y poseen una relacin mucho ms
estrecha con ellos. (prr. 7).
Se expresan aqu dos elementos que, segn Fernndez, Salcedo y Torres (2004),
han sido establecidos por otros autores como motivos para la adquisicin de una
propiedad en un conjunto cerrado: seguridad ante el miedo al crimen y sentido de
comunidad. Ciertamente, esto ltimo puede ser accesorio para algunos compradores,
quienes solo lo ven como una particularidad destacada por los promotores inmobi-
liarios. Pero en cuanto a la seguridad, posiblemente tambin entraa el inters de
mantener un estatus, el cual se gana psicolgicamente con la existencia del muro y
del acceso controlado (p. 118).
edificador que ha registrado muy bajos
indicadores de crecimiento durante los
ltimos dos aos. La nica opcin es
optimizar el producto para ofrecerlo
en nuevos mercados. (prr. 8).
Cabe recalcar en la seguridad como
motivacin primordial para optar por
estas alternativas. El afn de seguridad
es sin duda parte del fenmeno de los
barrios cerrados, aunque en diversas
investigaciones se le otorgue un peso
distinto (...) es tanto un elemento que
oferta el mercado inmobiliario a travs
de la publicidad, como una demanda
de los consumidores, que adems
piden comodidades y una serie de
servicios relacionados al esparcimiento.
(Ziga, 2007, p. 396).Figura 8. Portera de conjunto cerrado Tunja
Fuente: la autora
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Otro factor vinculado a la oferta y a las razones para elegir estas agrupaciones
residenciales, son los atractivos ofrecidos a los nios. As se promocionaba en el
artculo As son los apartamentos, aparecido en El Tiempo en 1992, una de ellas:
Le ha sido imposible encontrar un lugar cmodo y funcional para vivir, en
donde los nios puedan gozar de suficiente espacio para realizar sus juegos y,
adems, que est cerca del colegio? No se desespere. Ese sitio existe al norte
de Bogot. Exactamente en la carrera 24 A con calle 151 cerca del Centro
Comercial Cedritos. Es el Parque Residencial El Cedral, un lugar tranquilo y
seguro rodeado de urbanizaciones debidamente planificadas. (prr. 1).
Adicionalmente, el anhelo de ruralidad o de cierto sentimiento antiurbano, presente
en las clases medias y altas, termina siendo cautivado ante la posibilidad de entrar en
contacto con la naturaleza mediante las reas verdes reservadas para tal fin.
Recientemente, en particular en Bogot, este aspecto se ha convertido en un asunto
fundamental, cuya incidencia ha llevado a los sectores socioeconmicos ms altos a
alejarse del entorno urbano para residir en conjuntos o condominios campestres con
extensas zonas verdes y lotes generosos, donde se levantan amplias y cmodas casas:
Guillermo Montejo, quien vive desde hace un ao y medio en la urbanizacin
Altos de Yerbabuena, coincide en afirmar que desde que sali de Bogot ha ganado
calidad de vida (Colmenares, 2006, prr. 10).
Paradigmas y paradojas en el uso y consumo de los conjuntos cerrados
En relacin con las implicaciones de los conjuntos cerrados para la vida urbana,
Viviescas (1989) seala la exacerbacin del encerramiento y afirma que estos
condominios, adems de propiciar la destruccin de la trama natural de las ciudades,
han contribuido a potenciar los niveles de agresividad en ellas. Viviescas tambin
En este mismo sentido Lucio, Ramrez
y Crdenas (2010), afirman el
estatus asociado a la residencia en
comunidades cerradas es cada vez
un aspecto ms relevante en todo el
mundo, y tiene implicaciones sociales
relacionadas con la bsqueda de
exclusividad y autosegregacin
(p. 3). Y agregan:
Las comunidades cerradas estn
proliferando con frecuencia como
resultado de la creacin de un
refugio exclusivo para las clases
alta y media. Las comodidades de
estas comunidades y la capacidad
de autogobierno son aspectos que
han garantizado su aceptacin en
casi todos los pases del mundo
(p.17).
El concepto de refugio puede enten-
derse como alusin a las condiciones
dadas por el conjunto cerrado, toda
vez que aparta o separa grupos de
poblacin, pero a la vez mbitos de
interaccin y sociabilidad al generar
una distancia entre aquello asociado
a lo que ocurre afuera y lo que tiene
una relacin con la privacidad, la
intimidad, cuanto sucede adentro.
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De igual manera, es necesario mencionar varias situaciones paradjicas. En lo
referente a la seguridad, factor prioritario al elegir esta opcin, son numerosas las
denuncias acerca de hechos que atentan contra la tranquilidad de los habitantes:
frecuentes robos de vehculos, ahogamiento de nios en piscinas, hurtos en aparta-
mentos, entre otros. En relacin con la convivencia, tambin se suscitan problemticas:
manejo del espacio pblico, recoleccin y disposicin de basuras, logstica de
los estacionamientos, normas de polica. Estas realidades diluyen o transforman la
creencia de que los conjuntos son el paradigma de una vida comunitaria plena y sin
obstculos para la interaccin. Por el contrario, para algunos autores el encerramiento
no representa una garanta hacia la generacin de mejores condiciones de seguridad,
sociabilidad y autogobierno, pues si bien estas comunidades pueden tener sus
propias reglas, stas no pueden ir en contrava de los derechos fundamentales de los
residentes (La corte se mete, 2008, prr. 1).
A pesar de que leyes del orden nacional favorecen el desarrollo de unidades
inmobiliarias cerradas, paradjicamente el mismo Estado encargado de controlar,
vigilar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos declar, por medio de la
Corte Constitucional, inexequible el inciso de la Ley 675 del 2001, que permita
a los propietarios de conjuntos residenciales convertirse en unidades inmobiliarias
cerradas, tal como se inform en No ms unidades cerradas (2002, prr. 3).
Se elimin as la posibilidad de constituir en Bogot, sobre el espacio pblico, tales
comunidades. En el mismo artculo de El Tiempo se mencion que la sentencia haba
destacado el valor social de dicho espacio y su contribucin al mejoramiento de la
calidad de vida urbana, toda vez que ayuda a neutralizar, as sea en una mnima
parte, las agresiones propias de una gran ciudad o de los centros habitacionales
modernos (prr. 6). Pero no solo en la capital se hizo la guerra a los cerramientos
de los conjuntos. El litigio desatado en Medelln en torno a dicha problemtica en
el 2004, dejo establecido un enfrentamiento entre las esferas pblica y privada.
plantea el marginamiento, la
negacin o el desarraigo del
espacio pblico, lo cual se evidencia
con ms fuerza en los barrios exclusivos.
Segn el autor, un caso de desapa-
ricin de los elementos constitutivos
de dicho espacio se aprecia en el
barrio El Poblado de Medelln. All
hay reas enteras donde no se han
construido aceras. Solo existe la va
para que pase el carro entre las mallas
y murallas que marcan claramente los
lmites de la propiedad privada (p.
134). Sobre esta negacin de lo
pblico, Londoo y Franco (2010)
apuntan:
Evidentemente, resulta innegable el
impacto que representa para la
ciudad las actuaciones individualistas
o de pequeos grupos, que en el
caso de los conjuntos cerrados o
barrios cerrados () develan un
sentido de exclusin expresado
fsicamente a travs de la presencia
de elementos fronterizos, que esta-
blecen niveles de exclusividad para
la comunidad que all reside (p. 7).
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