Desde la Puerta del Sol

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos

Actualicemos la Ley de

Memoria Histórica y Democrática

(Periodista Digital)

Pedro Sánchez le está saliendo el tiro por la culata.

El Gobierno PSOE-Podemos quería emprender una «cacería franquista» con el

respaldo de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, el Consejo General

del Poder Judicial (CGPJ) advierte que se trata

de una normativa que vulnera la libertad ideo-

lógica, de expresión y de reunión.

Es decir, que atenta contra algunos de los as-

pectos garantizados por la Constitución y que

son imprescindibles para garantizar los valo-

res democráticos de un país.

El CGPJ, que estudiará el próximo lunes 7 de

junio el informe de la ley, ya mostró sus pri-

meras pegas a una normativa que solo busca

acabar con la Fundación Francisco Franco y

otras similares.

Desde el Poder Judicial se han puesto numerosas objeciones al Anteproyecto de Ley de

Memoria Democrática, lo que está crispando los ánimos en el Gobierno. En especial, en

Podemos, donde han transmitido su malestar por el revés judicial a través de las redes

sociales.

A El CGPJ acaba con la «cacería franquista»

de Sánchez:..., José Antonio Puglisi Las enfermeras mártires de Astorga,

Gerardo Hernández «La ruta del odio: 100 respuestas clave

sobre el terrorismo», Fernando José Vaquero Oroquieta

A 90 años de la quema de conventos en la España republicana, Santiago Mata

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lanzó un «tweet» atacando al Poder

Judicial por no darles luz verde en su «cacería franquista».

El Poder Judicial defiende la «libertad ideológica» de apoyar el genocidio de españoles y

los gobiernos terroristas de Franco. El Poder Judicial no entiende que la violencia y el

exterminio de compatriotas no son ninguna ideología y no caben en democracia. Da

miedo.

Un mensaje similar al que fueron difundiendo los «trolls» de la extrema izquierda para

aumentar la presión e intentar intimidar al Poder Judicial.

Las «inocentes» matanzas comunistas

El Consejo General del Poder Judicial también critica la hipocresía de la Ley de Memoria

Democrática, ya que busca

acabar con cualquier organi-

zación franquista, pero exclu-

ye a cualquier víctima de vio-

laciones de derechos huma-

nos en el mismo periodo his-

tórico, pero de las que sean

otros los responsables. Por

ejemplo, del estalinismo.

Una parcialidad en la ley que

va en contra de «las políticas

de memoria desarrolladas en

los distintos Estados miembros de la Unión» y de la importante Resolución del Parlamento

Europeo de 2019 que pide una cultura común de memoria histórica que rechace «los

crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y

autoritarios del pasado».

Así pues, el informe no ve problemas en sancionar las actuaciones que inciten directa o

indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del

franquismo, pero «siempre que por imperativo de la igualdad ínsita en el mismo principio

de dignidad se tutele la dignidad de las distintas víctimas de violaciones de derechos

humanos acaecidas en el periodo histórico contemplado por el legislador.

Una ley antidemocrática

La propuesta de informe que se llevará al Pleno del día 7 para su votación cuenta con

otras numerosas objeciones.

Una de ellas, al apartado que prevé el cierre de fundaciones que hagan «apología del

franquismo», que vulneraría el criterio del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad

de sancionar las ideas.

La apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las

víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los

valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero, como dice el Tribunal

Constitucional, «al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada

o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema demo-

crático. La Constitución –se ha dicho– protege también a quienes la niega».

Así pues, la referencia a la apología del franquismo «invade claramente el derecho a la

libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiterada-

mente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en

la medida que no comporten «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las

víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales»,

no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación.

Además, el informe considera que la ley propuesta vulneraría el derecho de reunión, al

entorpecer la celebración de «actos públicos contrarios a la memoria democrática».

Del ámbito de aplicación del precepto debería quedar claramente excluidos los supuestos

de ejercicio del derecho de reunión […]. Debe recordarse que conforme a la jurispru-

dencia constitucional, el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado por el hecho

de que en ella se expresen idea o se persigan objetivos que puedan ofender o molestar a

otras personas o colectivos.

El informe ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y Roser Bach, el primero

elegido vocal con a propuesta del PP y la segunda, del PSOE. Eso hace probable que

finalmente concite el apoyo de la mayoría del Consejo, si bien un primer intento de pre-

sentar el proyecto de informe encomendado a otros dos vocales también de afinidades

distintas no tuvo resultado.

l pasado día 29 de mayo fueron beatificadas en la Catedral de Astorga las conoci-

das como Enfermeras mártires de Astorga o de Somiedo.

Pero, ¿quiénes eran estas enfermeras?, ¿cuándo, cómo y por qué fueron martiri-

zadas?, ¿cuáles son las razones por las que ahora son beatificadas después de que el Papa

Francisco, el 12 de junio de 2019, reconociera que las tres eran mártires asesinadas por

odio a la fe?

Creemos que aquí y ahora, con ocasión de su beatificación, merece la pena que conoz-

camos, en unos casos, o recordemos, en otros, las circunstancias de su muerte después

de que ya lo hayamos hecho en otras ocasiones (La otra memoria, Ed. Actas 2011 pág. 35-

36, Cuadernos de Encuentro nº 122, 2015, pág. 21 y Desde la Puerta del Sol nº 360, 2020,

págs. 2-3).

Se trata de Pilar Gullón Iturriaga, Olga Pérez-Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco

de las que haremos una breve referencia, obligados por las dimensiones que nos impone

la naturaleza de esta publicación. Pero sería imperdonable que el ejemplo de sus vidas

y de sus muertes fuera arrumbado al olvido, el desconocimiento o la ignorancia en el

contexto de la tan traída y llevada «memoria histórica».

En el libro Rosas y margaritas, cuya lectura recomendamos (Laura Sánchez Blanco, Ed.

Actas, Madrid 2016, págs. 179-197) encontramos amplia exposición de sus biografías y

de las causas y circunstancias, ultrajes y muerte que padecieron.

En el mes de octubre de 1936 estas enfermeras de la Cruz Roja, que contaban con 25, 23

y 42 años de edad, respectivamente, y que militaban en la Acción Católica Femenina se

ofrecieron voluntarias para ir al frente, al Hospital de Sangre del Ejército Nacional en Pola

E

de Somiedo en el Puerto de Somiedo, donde fueron hechas prisioneras el día 27 de ese

mismo mes y fusiladas al día siguiente, tras haber sido ultrajadas y conminadas por sus

captores a renegar de sus principios de Dios y Patria.

Pilar, Olga y Octavia fueron voluntarias a este hospital para atender a los enfermos y heri-

dos de guerra que se encontraban allí y cuando les correspondía el relevo, pidieron pró-

rroga para seguir atendiendo a quienes se hallaban allí hospitalizados.

El 27 de octubre un grupo de milicianos asaltó el hospital, algunos soldados pudieron

escapar y a ellas también se les presentó esta oportunidad, pero renunciaron para seguir

atendiendo a los que no podían valerse por sí mismos, siendo apresadas lo mismo que

todos los que se encontraban en el recinto.

Los milicianos remataron a los heridos y se llevaron a los demás cautivos a un corral, de

donde sacaron al Comandante, el médico, el capellán y otros oficiales que fueron fusila-

dos y las enfermeras y dos falangistas fueron obligados a caminar varios kilómetros hasta

la localidad de Pola de Somiedo. A los suboficiales y los soldados rasos se les trasladó a

la retaguardia en calidad de prisione-

ros.

Reiteradamente fueron conminadas a

renegar de su fe religiosa y de España,

a lo que ellas, también reiteradamente,

respondieron exclamando: ¡Viva Espa-

ña! y ¡Viva Cristo Rey!

Al no avenirse a las exigencias de sus

captores fueron sometidas por parte

de los milicianos a ultrajes, vejaciones,

abusos y malos tratos que sufrieron

durante toda la noche, recurriendo los

mismos al chirrido de un carro de bue-

yes para ahogar sus gritos y lamentos.

El día 28 de octubre fueron sacadas de

su reclusión, junto con los dos falangis-

tas, que fueron fusilados, y según testi-

monios del juicio sumarísimo que entendió del caso, unas cuantas milicianas, entre quie-

nes se contaban Felisa Fresnadillo, Josefa Santos, María Sánchez, María Soto y Consuelo

Vázquez, se ofrecieron para dar muerte a las enfermeras, siendo las autoras materiales

de los disparos mortales Evangelina Arienza, Dolores Sierra y Emilia Gómez, después de

despojarlas de sus vestimentas y de sus objetos personales que se repartieron entre

ellas. Antes de fusilarlas sus verdugos insistieron en sus amenazas para que blasfemaran

y renegaran de Cristo y de la Patria, obteniendo de ellas la misma respuesta.

Pilar, Olga y Octavia habían solicitado la presencia de un sacerdote para que las asistiera

espiritualmente en sus últimos momentos, pero esta petición, aunque lo hubieran querido

(lo cual es mucho suponer) sus captores, no pudo ser atendida ya que el capellán había

sido asesinado la víspera.

Concha Espina las asemejó con Jesucristo al que, también, en el momento de su crucifi-

xión, despojaron de sus vestiduras y se las repartieron entre sus verdugos.

Los cuerpos de las asesinadas quedaron al descubierto, desnudos y en el lugar donde se

habían producido los hechos durante el resto de la jornada hasta que fueron sepultados

al anochecer en un prado de Somiedo.

De los responsables de estos hechos, el jefe de las milicias Genaro Arias Herrero «El

Patas», fue detenido en octubre de 1937, procesado y ejecutado.

Cuando el Ejército Nacional liberó Asturias, los restos mortales de los dos falangistas y

de las enfermeras fueron exhumados y trasladados los de ellas a Astorga el 31 de octubre

de 1938 para recibir cristiana sepultura en tres nichos en la Catedral de Astorga. El Ayun-

tamiento les dedicó una calle.

Salvo error u omisión por nuestra parte, no nos consta que ningún grupo feminista se haya

adherido a estos actos en memoria de aquellas mujeres ultrajadas y asesinadas.

l terrorismo apenas forma parte, según los sondeos demoscópicos, de las preocu-

paciones más apremiantes de los españoles. Desaparecida ETA –más bien recon-

vertida, diríamos nosotros– y con un terrorismo islamista en estado latente, otras

son las cuestiones que nos angustian cotidianamente: el poliédrico impacto de la pande-

mia del CoVid-19, la crisis económica, el futuro de las pensiones, la creciente inseguri-

dad ciudadana, la «okupación» de viviendas y otras propiedades, la corrupción entre los

políticos, la «precarización»; pero también, aunque no siempre recogidas por los son-

deos oficiales, el deterioro de la salud mental individual y colectiva, el declive demográ-

fico, el separatismo musulmán en tantos barrios y pueblos españoles, la persistencia del

secesionismo en Cataluña…

No obstante, determinadas noticias –caso de los homenajes a los terroristas de ETA, el

acercamiento de muchos presos de la banda a prisiones vascas y su entorno, o la impu-

nidad que siguen disfrutando los autores y colaboradores de trescientos asesinatos– vie-

nen generando no pocas quejas por parte de sus víctimas y desde sus asociaciones, sin

embargo, tan divididas. En suma: el terrorismo, algunas de sus dinámicas y, mayormen-

te, sus efectos más perversos, siguen aquí; entre nosotros.

Para reflexionar sobre estas cuestiones tan incómodas, que por otra parte tanto «aburren»

a muchos de nuestros compatriotas y que los políticos tratan de eludir en profundidad,

hoy entrevistamos al navarro Fernando José Vaquero Oroquieta; autor entre otros, del

libro La ruta del odio. 100 respuestas claves sobre el terrorismo. Un libro del que acaba de

ver su segunda edición actualizada y revisada.

¿Qué sentido tiene lanzar al mercado una nueva edición de un libro ya publicado hace

10 años?

E

Efectivamente son muchos los libros que vienen publicándose en España, especialmente

en los últimos dos o tres años, abordando diversas perspectivas de la historia más recién-

te del terrorismo. Sin duda, el transcurso del tiempo está facilitando nuevas líneas de

investigación del fenómeno, así como testimonios de víctimas, que habían mantenido si-

lencio hasta ahora, o por parte de protagonistas de la lucha contra esta lacra que ya pue-

den empezar a hablar.

Por ello, un texto –es el caso– que aborde tan dispares perspectivas, resumiendo sus

principales interrogantes, historia y efectos, es más necesario que nunca; pues su estruc-

tura y contenidos permiten ordenar, sistematizar y profundizar en un panorama sectorial

aparentemente tan disperso como plural y voluminoso.

¿Por qué una segunda edición? En los años transcurridos

desde la primera han acaecido muchos episodios que,

si bien cualitativamente no aportan novedades decisi-

vas, sí han generado enormes sufrimientos y constantes

informaciones y temores que nos han acompañado coti-

dianamente. Estoy pensando en novedades tecnológi-

cas como es el empleo de los drones en estas coyuntu-

ras, la aparición del concepto de «guerra híbrida», la

reconversión de ETA, la consolidación de una supuesta

«disidencia radical» en la periferia de la autodenomi-

nada «izquierda abertzale», la salvaje eclosión de Esta-

do Islámico, el impacto en la adormecida Europa de los

«lobos solitarios» islamistas… Todo ello lo estudiamos,

eso sí, con la mirada siempre puesta en los orígenes ilus-

trados y modernos del terrorismo y su desarrollo a mo-

do de «ciencia» por el marxismo-leninismo; sin caer en

confusiones o tipologías facilonas.

¿Confusiones facilonas? ¿A qué se refiere?

Es muy común incurrir en narrativas simplistas de «buenos» y «malos», «blanco» o «ne-

gro». En ocasiones las cosas son más complejas. Así, considero que es necesario recordar

siempre que el primer terrorismo moderno fue «de Estado»; el desarrollado por los

jacobinos en Francia y que llegó hasta el genocidio de la población civil de la Vendée.

Pero también hay que poner sobre la mesa que el terrorismo que sufrió España antes de

la guerra civil fue de carácter «táctico», subordinado, por tanto, a las estrategias de levan-

tamiento de masas impulsadas por partidos de izquierda y anarquistas, o de golpe de

estado marxista; sumado todo ello al fenómeno, entonces «normal» de las milicias de

partido. En este contexto hay que traer a colación al olvidado «derecho a la defensa y a

la represalia» bajo el que se ampararon muchos católicos, de diversas formaciones políti-

cas, ante el riesgo de ser aniquilados por sus declarados enemigos mortales; quienes, no

lo olvidemos, eran fieles imitadores de los modelos marcados por los genocidios comu-

nistas. No obstante, soy consciente de que esta perspectiva entra en colisión con los dog-

mas de la mal llamada Memoria Histórica y sus efectos, según los casos, orientados a la

equidistancia o la extirpación de la historia de sectores enteros de población.

Con todo lo que nos está exponiendo, el panorama del terrorismo se muestra más y más

confuso… ¿No podría proporcionarnos una definición de terrorismo que nos ayude a

centrar estas realidades?

Me parece una objeción muy cierta. Realmente existen cientos de definiciones de terro-

rismo que circulan, por escrito o de palabra, por las redes sociales y tantos documentos;

muchas de ellas tributarias de prejuicios ideológicos u orientadas al albur del talante del

investigador de turno. Por ello, propongo una de las mejores que conozco y que dice que

es «el propósito de matar y destruir indistintamente hombres y bienes, mediante el uso

sistemático del terror con una intención ideológica totalitaria», entendiendo por terror la

«violencia criminal indiscrimi-

nada que procura un efecto mu-

cho mayor que el mal causado

directamente, mediante una

amenaza dirigida a toda la so-

ciedad», lo que se persigue por

medio de una «compleja estra-

tegia puesta al servicio de un

fin ideológico […] obteniendo

una amplia repercusión políti-

ca, potenciada por la publici-

dad que obtienen sus nefandas

acciones»; todo lo que lleva a

sus autores a entenderla como una actividad «rentable» políticamente. Se trata del quinto

punto de la olvidada Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus

consecuencias, de la LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de

22 de noviembre de 2002. Entiendo que no necesita comentarios.

Hoy ETA no mata. Entonces, se viene alegando, ¿disfrutamos, ya, de una democracia

madura, serena y apacible?

¡Para nada! Los efectos del terrorismo perviven entre nosotros, no digamos ya en Vas-

congadas y Navarra, donde se produjo una verdadera «limpieza étnico-política», implan-

tándose allí una «ley del silencio» todavía vigente y claramente perceptible; no en vano,

en estos espacios, únicamente se escucha hablar de política en voz alta y sin miedo a un

único sector: el abertzale. Los demás continúan callando. Y todo ello sin entrar en los

trescientos asesinatos sin resolver, los miles de «chivatazos» de los que se sirvieron los

terroristas para eliminar a quienes señalaron como enemigos a extirpar. De tal modo, en

la sociedad vasca y navarra se instaló una deshumanización del «españolazo»: «algo ha-

brá hecho», «que no hubiera venido», «bien pudo haberse largado», «la política para los

políticos», «es el mejor lugar del mundo para vivir, salvo el problemilla que tienen algu-

nos», etc. Esa mentalidad, que va de la justificación expresa del terrorismo a la inhibición

de buena parte de la sociedad mirando hacia otro lado, pervive. Podríamos resumir la

situación de esta manera: ETA se ha ido, se han quedado sus «manadas», los políticos

pasan de largo, la sociedad olvida… Además, falta muchísimo por saberse: «diálogos»,

agendas ocultas, origen de tantas filtraciones, razones de tanta inhibición de los poderes

del Estado, beneficiarios reales del terrorismo…

¿Y por lo que se refiere al terrorismo islamista?

Persistirá entre nosotros. Ya fuere de la mano de «lobos solitarios», de activadas «células

durmientes», o de nuevas organizaciones, con la excusa de viejos o nuevos agravios su-

puestamente sufridos por los musulmanes en cualquier lugar del mundo. Razones políti-

co-teológicas no van a faltar: la globalización las difundirá, las modernas tecnologías de

la comunicación las sostendrá, y la libertad de movimientos de personas y mercaderías

las articulará. Es inevitable: ya han atentado anteriormente y con mucho éxito. Por ello,

si somos una sociedad que aspira a tener un futuro, debemos fortalecer nuestras razones

para la resistencia ante futuros ataques.

¿No es una perspectiva exageradamente pesimista?

Para nada: ¡es por completo realista! Todo análisis socio-cultural, al igual que cualquier

ideología y propuesta de acción política, se basa en una antropología. La que yo asumo,

sobre la que sustento mis análisis y reflexiones, es la propia de la decadente y antaño

cristiana Europa: que entiende que el ser humano está herido por el mal que, misteriosa-

mente, siempre porta consigo. Las antropologías optimistas –ilustrada, liberal, marxista,

vitalista, anarquista, escatológico-islamista, transhumanista o utópica de cualquier signo–

son las que nos han llevado a los genocidios, los gulags y, previamente, al terrorismo

«científico» que elaboraron los marxistas-leninistas. Unos sujetos cuyos herederos, re-

convertidos en «populistas de izquierdas» o ambiguamente como «antifascistas», también

siguen esperando su oportunidad.

(Aleteia) Doctor en Historia. Autor de Holocausto católico. Los mártires de la Guerra Civil (Esfera de los Libros, 2013).

Por qué dejaron de confiar los católicos españoles en la Segunda República, cuando

desde el primer momento manifestaron aceptarla? Un repaso de los hechos del 11

al 13 de mayo de 1931 ofrece muchas respuestas

El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española. Menos de un mes

después, a partir del 11 de mayo, se organizó una quema de edificios religiosos que sería

tolerada por las autoridades republicanas.

Ese fuego provocó, en la mayoría de los católicos, una desconfianza insalvable hacia el

nuevo régimen.

Después de Málaga, donde ardieron 41 edificios, Madrid, fue la ciudad más afectada, con

once edificios incendiados. En la capital fue, sobre todo, donde estalló este fenómeno

que, por repetir otros anteriores, recibió el nombre de Quema de conventos.

Aunque las víctimas mortales no lo fueron por odio a la religión, se considera el primer

paso de una persecución religiosa, que se volvería sangrienta en los asesinatos revolú-

cionarios de octubre de 1934, y en el holocausto desatado al comienzo de la Guerra Civil.

La Iglesia ante la República

Al proclamarse la República, los obispos españoles recordaron a los católicos su deber

de acatar el nuevo régimen. Por su parte, el Gobierno provisional manifestó, por una

parte, su deseo de respetar la libertad religiosa, y por otro el de disminuir la influencia

de la Iglesia en la sociedad.

¿

En todo caso, acudió al Vaticano para garantizarse la obediencia de los obispos, asegu-

rando al nuncio Federico Tedeschini que, mientras no hubiera otra norma respetaría el

Concordato de 1851.

El 24 de abril transmitía el Nuncio a los obispos la petición del cardenal secretario de

Estado del Vaticano (Pacelli, futuro papa

Pío XII), de exigir a los católicos «que res-

peten los Poderes constituidos y obe-

dezcan a ellos para el mantenimiento del

orden y para el bien común».

El 29 de abril el propio Pacelli animaba a

los obispos a influir en las elecciones

constituyentes de junio, poniéndoles el

ejemplo de Baviera, que él había presen-

ciado siendo nuncio, donde tras el fin de

la Primera Guerra Mundial, los católicos constituyeron el grupo parlamentario más nume-

roso.

Anticlericalismo gubernamental

Aparte ciertas medidas poco relevantes aunque de corte populista, como disolver las

órdenes militares, suspender la participación oficial en actos religiosos o someter los

bienes eclesiásticos a tributación, el Gobierno movió ficha contra el Concordato en mayo

expulsando a la Iglesia de los consejos educativos (día 5) y declarando voluntaria la

asignatura de Religión (día 6).

Días antes, el 1 de mayo, el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, había

publicado una carta pastoral en la que, sin hacer reproches a la República recién nacida,

elogiaba al régimen anterior, afirmando que «la Monarquía en general fue respetuosa

con los derechos de la Iglesia».

Frente a la airada reacción de los republicanos más radicales contra el cardenal, respon-

dieron los arzobispos españoles, reunidos el 9 de mayo. Se quejaron «de la persecución

de que es objeto por parte del Gobierno» el cardenal de Toledo, pero no se solidarizaron

con el contenido de la pastoral.

Una venganza organizada en el Ateneo

El domingo 10 de mayo celebraron los monárquicos en Madrid una reunión autorizada,

con el fin de organizarse como partido. Pero bien fuera por la imprudencia de los monár-

quicos al poner los acordes de la Marcha Real (actual Himno de España), bien por la agre-

sividad de los republicanos, se produjeron disturbios.

Ante ellos intervino la Guardia Civil, causando dos muertos y con ello la ira de los radi-

cales que, reunidos en el Ateneo de Madrid (que presidía el ministro de la Guerra, Manu-

el Azaña), decidieron hacer acopio de combustible para quemar iglesias en la madre-

gada siguiente.

El ministro de Gobernación (Interior), Miguel Maura, que no había tenido problemas de

orden público durante el cambio de régimen (hasta el punto de que escribió: «nos regala-

ron el poder; nosotros no hicimos sino recoger en nuestras manos cuidadosamente, amo-

rosamente, pacíficamente, a España»), recibió del capitán Arturo Menéndez un chivatazo

y se lo tomó en serio, según publicaría en el libro Así cayó Alfonso XIII (página 333):

Mi informador me aseguraba haber oído a los que dirigían el intento dar las órdenes a

unos cuantos mozalbetes a quienes repartían, con las listas de los conventos que habían

de ser incendiados, la gasolina y los trapos necesarios

para tan culta labor. El dirigente de esos gamberros era

el mecánico Pablo Rada, que acompañó a Ramón Franco

en el vuelo del Plus Ultra.

Azaña, del lado de los incendiarios

Maura, que ya antes de recibir el chivatazo había pedido

sin éxito que la fuerza pública impidiera posibles desór-

denes, pidió entonces a Azaña que fuera al Ateneo para

frenar los incendios, a lo que este se negó «en redondo»

tras asegurar que «son tonterías, pero si fuese verdad, se-

ría una muestra de la Justicia Inmanente».

Acudió entonces el ministro de Gobernación al presidente

del Gobierno (y futuro presidente de la República), Niceto

Alcalá-Zamora, con quien compartía ideología conserva-

dora y fe católica, pero que era igualmente reacio a usar

la fuerza:

–Tranquilícese, Migué, mañana a las nueve nos reunimos

en Consejo y todo se arreglará.

Según opinaba Maura, los socialistas Largo Caballero y Prieto fueron los únicos partida-

rios de mantener el orden, pero se sentían obligados a apoyar a un Azaña muy distinto al

que, en 1932, daría orden de aplastar una sublevación anarquista en Manresa dando a los

militares de plazo «quince minutos entre la llegada de las tropas al lugar de los sucesos

y la extinción de estos».

Mientras tomaba asiento el Consejo de Ministros, llegó la noticia del incendio de la resi-

dencia de los Jesuitas en la Calle de la Flor. Ante la amenaza de dimitir, Alcalá-Zamora

pidió calma a Maura porque aquello era «fogata de virutas. No tiene la cosa la importancia

que usted le da. Son unos cuantos chiquillos que juega a la revolución y todo se calmará

enseguida».

Fue entonces, siempre según Maura, cuando al vaticinar este que si no le dejaban sacar

la fuerza pública arderían todos los conventos de Madrid, espetó Azaña:

–Eso no. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano.

Los incendiarios presentan sus respetos

Incluso después de los incendios, el Gobierno se opuso a detener a sus autores, si bien

Largo Caballero, en nombre de los socialistas, criticó esa actitud y se abstuvo para no

asumir la responsabilidad de una represión.

Para sorpresa de Maura, después de que Marcelino Domingo (hijo de un guardia civil,

había pasado por la CNT y Esquerra Republicana antes de fundar el Partido Republicano

Radical) hablara de ir a negociar con los incendiarios, se presentó en la sala el mismísimo

Pablo Rada, a quien Marcelino Domingo saludó efusivamente con un: «¡amigo Rada!».

A pesar de esa cordialidad, en la tarde del 11 el Gobierno declaró el estado de guerra

en Madrid y al día siguiente cesó allí la quema. Pero, mientras tanto, se extendió a varias

localidades andaluzas y de Levante. El balance de daños en la capital fue:

–Jesuitas de la Calle la Flor: Se quemó la segunda mayor biblioteca de España, con 80.000

volúmenes, incluyendo incunables y primeras ediciones de obras de Lope de Vega, Que-

vedo, Calderón de la Barca o Saavedra Fajardo.

–ICAI calle Alberto Aguilera, centro de Artes y Oficios de Areneros (ambos de los jesui-

tas).

–Iglesia de Santa Teresa y San José (Plaza de España).

–Colegio del Sagrado Corazón (Chamartín).

–Colegio Nuestra Señora de las Maravillas (Cuatro Caminos).

–Convento de las Mercedarias Calzadas de San Fernando (se desenterraron y pasearon

cadáveres de monjas y luego se echaron al fuego).

–Colegio de María Auxiliadora (salesianas).

–Convento de las Bernardas (Vallecas).

Andalucía: muertos en Atarfe

En Málaga, fue también la actitud pasiva, cuando no complaciente, del gobernador mili-

tar, general Juan García Gómez-Caminero, la que propició que se imitara lo sucedido en

Madrid. Con aún mayor alcance, ya que ardieron 41 edificios a partir de la madrugada

del 12 de mayo.

Caminero retiró a la Guardia Civil y envió a Azaña un telegrama en línea con las inquietu-

des del ministro de la Guerra:

–Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará.

Entre las obras de arte desaparecidas en

esos incendios destaca el Cristo de la Bue-

na Muerte de Mena, quemado en la mañana

del 12 de mayo en la iglesia de Santo

Domingo (no suele ser conocido que el que

pasean los legionarios es solo una copia).

De esa serie de profanaciones cabe desta-

car la de la Iglesia de La Merced, que fue

completamente destruida, y las cometidas

en la Iglesia de San Pablo, donde los incen-

diarios profanaron las tumbas y pasearon por las calles la cabeza del cadáver de un

sacerdote clavada en una estaca.

En Sevilla, si bien el 11 de mayo quemaron un colegio de Jesuitas, una iglesia, una capilla

y tres residencias de religiosos, la Guardia Civil impidió la quema de otras tres iglesias.

Y el día 12 se declaró allí el estado de guerra, aunque aún se incendiaron iglesias en Lora

del Río (tres), Coria del Río (otras tres) y se expulsó a religiosas en Alcalá de Guadaira y

Carmona.

Ardieron también escuelas y un periódico

En Granada intervinieron los bomberos, y el general Manuel González Carrasco, vetera-

no de África, decretó el estado de guerra el día 12. Aun así, quemaron el diario La Gaceta

del Sur, los Luises, la residencia de los Redentoristas, la Iglesias de los Hospitalicos, el

Convento de religiosas de Santiago y el de los Capuchinos.

En la misma provincia, se produjeron incendios en el convento de Santa Clara de Loja y

la residencia de Jesuitas en Santa Fe. Fue precisamente tras montar un control en Atarfe

para detener a los causantes de ese incendio, cuando se tiroteó un coche que no se detu-

vo, matando a sus ocupantes, una familia que nada tenía que ver con los disturbios.

En Cádiz capital quemaron cuatro conventos, en Jerez hubo dos asaltos, pero la mayor

violencia se cometió en Algeciras, donde ardieron la iglesia y las cuatro capillas existen-

tes. En Córdoba quemaron el convento de San Cayetano.

Murcia y Levante

En Murcia quemaron la Iglesia de la Purísima (y la talla de Salzillo), además de un quiosco

del diario La Verdad, y se intentó la quema de dos conventos.

Alicante fue el único lugar donde ardió el palacio episcopal. No ardió el monasterio de la

Santa Faz gracias a la intervención del al-

calde, Lorenzo Carbonell, del mismo

Partido Republicano Radical de Marce-

lino Domingo, que tan efusivamente salu-

dó a Pablo Rada. En cambio, sí quemaron

cinco colegios, dos iglesias y seis con-

ventos, entre ellos el de la Preciosísima

Sangre de Cristo.

En Valencia, quemaron un colegio (La

Presentación) y dos conventos, resultan-

do asaltados otros dos y el seminario.

Represión o bromas

La quema impune de más de un centenar de edificios religiosos y obras de incalculable

valor dio la sensación de que la Iglesia «había recibido lo que se merecía», como decía

la pintada que se hizo en la fachada de la residencia de Jesuitas de la Calle la Flor: «Por

ladrones».

La prensa se hizo eco a fin de mes de la detención en Madrid de «algunos de los indivi-

duos que tomaron parte en la quema de conventos y que se llevaron distintos objetos de

valor» (El Orzán, 27 de mayo, página 4). Pero no parece constar que nadie fuera procesa-

do ni castigado de ningún modo.

Quien sí salió de España el mismo día 12 fue el cardenal Segura, quien aunque regresó

fue luego expulsado y tendría que dimitir.

Los gobernantes que habían hecho oídos sordos a las advertencias no solo no asumieron

ninguna responsabilidad, sino que hicieron broma del asunto, al repetir en la prensa de

la época la afirmación que el 11 de mayo hizo el ministro de Gobernación (Maura) el apo-

yo de republicanos y socialista a las fuerzas del orden en Zaragoza, que hizo innecesario

declarar allí el estado de guerra:

Esto revela –ha dicho el ministro de la Gobernación– la eficacia de la ciudadana ayuda,

pues en el programa del Gobierno no figura la quema de conventos.

El tono de las declaraciones de Azaña era directamente ridículo, y así el 13 de mayo,

mientras declaraba que «en Málaga habían sido quemados muchos conventos y que aho-

ra reinaba la tranquilidad» (¿como efecto de la quema?), añadiendo «que se ha averigua-

do que la quema de los conventos la dirigía un individuo que ocupaba un carruaje» (que

en algunos periódicos, como La Voz de Menorca del día 15, se convertía en «un señor

elegante»).

La víctima paga

Si para los incendiarios los crímenes no tuvieron consecuencias, sí las tuvieron para las

víctimas y para la Iglesia en general, ya que cuajó entre los partidarios de la República

el convencimiento de que era su enemi-

ga, y entre los católicos la viceversa.

El 18 de mayo declaraba ante «el juez que

instruye el sumario por la quema de con-

ventos», el actor Manrique Gil, quien ase-

guró haber presenciado la quema de la

«Iglesia de los Jesuitas»:

Negó que hubiera negligencia por

parte de la policía y aseguró que des-

de el interior del convento se vitoreó

al rey (La Prensa, 19 de mayo, página

7).

Mientras se daba publicidad a esas mentiras, tenía que huir de España el obispo de Mála-

ga, quien el día de la quema se refugió en Gibraltar y el 18 de mayo embarcaba hacia

Italia.

Ese mismo día era expulsado Mateo Múgica, obispo de Vitoria y por tanto de todo el País

Vasco, por haber seguido las instrucciones del Vaticano de tratar de influir en sentido

católico en las elecciones: el mismo periódico que publicaba los fake news del actor Man-

rique Gil justificaría la expulsión de Múgica por su «persistente campaña monárquica».

Aprovechando el estado de guerra, el gobierno mantuvo la prohibición de editar lo mis-

mo periódicos monárquicos como el ABC que católicos como El Debate. Faltos de medios

de propaganda, los católicos resultaron también irrelevantes políticamente.

De 468 diputados elegidos en las Cortes Constituyentes, los católicos no pasaban de 60.

Los más fuertes eran los 26 agrarios –entre los que se contaban solo cinco de Acción

Nacional (la futura Acción Popular, núcleo de la CEDA– y 14 vasconavarros.

Consecuencias a largo plazo

Para los gobernantes de la época, permitir que el terror enmudeciera a los católicos era

cómodo, para excluirlos de la política. Pero esa pasividad complaciente se volvería

contra ellos por dos cauces: uno inmediato, ya que los violentos no se conformarían con

atacar a los pacíficos católicos, y el desorden público se convertiría en uno de los mayo-

res problemas de la República.

Pero, sobre todo, los propios católicos agraviados se convertirían en una piedra que el

estómago de la República no sería capaz de tragar. Los obispos y sacerdotes callaron y

pacificaron. Pero el pueblo no olvidó ni perdonó, y los católicos jamás recuperaron la

confianza en una República a la que ellos no habían agredido.

Y eso que aún faltaban por llegar muchas más injusticias, y entre ellas la de negar, tras

las elecciones de noviembre de 1933, el derecho a gobernar al partido ganador, la

CEDA, organizada básicamente en torno a un electorado católico.

El jefe de la CEDA, Gil Robles, se proclamó republicano. Muchos años después, el obispo

de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay, uno de los que mientras existió la República se

mantuvo en actitud conciliadora y apaciguadora, afirmará que ya entonces ese intento de

reconciliación era vano.

Así recordaba Laureano López Rodó en las Memorias que publicó en 1990 la opinión

expresada por el obispo al director del diario El Debate:

Don Angel Herrera le dijo: ¿No le parece que es hora de que El Debate se proclame

republicano, cuando el país lo es ya? Don Leopoldo le contestó que esto le parecía

simplemente un error de cálculo, porque

si bien al proclamarse la República hubo

cierto entusiasmo, era evidente que, tras

la quema de conventos y otros desmanes,

la mayoría de los católicos españoles per-

dió su fe republicana.

Razones de fondo

El propio Azaña reconoció que su anticleri-

calismo se había vuelto contra él y que fue la

causa de su fracaso.

Si lo que nos preguntamos es por las raíces

de ese odio a la Iglesia católica, quizá quien mejor lo haya explicado sea Stanley G. Payne

–si bien se refería ya a la culminación de ese anticlericalismo en la persecución sangri-

enta–, quien me decía en una entrevista:

No es por culpa de la Iglesia, sino por la existencia de la Iglesia, porque la Iglesia ha sido

siempre la base cultural, espiritual y psicológica sobre todo, el apoyo principal, en cuanto

al orden espiritual e ideológico del sistema establecido, y por eso fue siempre el blanco

de la ira por parte de los elementos radicales de izquierdas, desde la primera parte del

siglo XIX.

Esto es algo que ha pasado también en otros países católicos sobre todo, no en países

protestantes u ortodoxos. Sobre todo en países católicos por el peso específico de la Igle-

sia en esas sociedades, y por eso había brotes también de un anticlericalismo violento en

Francia con la Revolución francesa, y en la última fase de la Revolución mexicana. Pero sí

es un rasgo especial, yo diría también típico, en la guerra civil revolucionaria, en un país

católico latino. Y resulta que el único país que tiene una guerra de esta clase es España.

Francia lo había tenido con la guerra de la Revolución.