descentralización, servicios públicos y su relación con las estructuras de las finanzas públicas...
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Nicolás L. D’Agnillo FCE-UBA
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DESCENTRALIZACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SU
RELACIÓN CON LAS ESTRUCTURAS DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS EN ARGENTINA
Breve abordaje a los elementos y relaciones que condicionan a
nuestros servicios públicos.
Nicolás L. D’Agnillo
Noviembre 2014 Finanzas Públicas
Nicolás L. D’Agnillo FCE-UBA
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ÍNDICE
Índice -------------------------------------------------------------------------------------------------P. 2
Introducción: causas, enfoques y objeto de este análisis-------------------------------------P. 3
Relación entre la Situación Financiera y los Servicios Públicos descentralizados-------P. 4
Panorama Financiero ante la Descentralización-----------------------------------------------P. 5
Recursos Provinciales, la Correspondencia Fiscal y los Riesgos de su Aplicación------- P. 7
Descentralización, Enfoques y su necesidad de Coordinación-------------------------------P. 12
Análisis Histórico de la Descentralización en Argentina--------------------------------------P. 15
Conclusiones------------------------------------------------------------------------------------------P. 17
Bibliografía--------------------------------------------------------------------------------------------P. 18
Nicolás L. D’Agnillo FCE-UBA
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Introducción: Causas, Enfoque y Objeto de este análisis
Como alumno de nuestra Alta Casa de Estudios, he podido comprobar que en la realidad
existen diferencias (a veces muy notables) entre la teoría y la práctica. De esta forma, un
impuesto puede ser equitativo e ideal en la teoría, pero en la práctica, se desestima por la
imposibilidad técnica de recaudarlo.
Así, una idea puede resultar admirable en los libros, pero traía a la mundana realidad, a
una sociedad humana con determinadas pautas culturales, su idiosincrasia, sus aciertos y
errores, puede bien tener una aplicación, unos objetivos y un funcionamiento distinto a
aquellos supuestos con los que fue concebida: al menos que dichos factores también hayan
sido tenido en cuenta en la teoría.
Creo, pues, que ante ello es conveniente, realizar un breve análisis que dedicaré a la
Descentralización de los servicios públicos en Argentina, a la correspondencia fiscal,
y al éxito o fracaso de sus políticas, basándome en trabajos previos, en las bases
estadísticas que he podido recabar, y en lo aprendido durante mi estudio en Finanzas
Públicas.
Intentaré dilucidar si efectivamente los procesos de descentralización en Argentina
tuvieron o no los resultados que la teoría predicaba, y justificarlo, señalando las
dificultades de la aplicación de estas políticas en la práctica que pueda identificar, y cuáles
serían las alternativas posibles.
Para ello, apelo a una perspectiva Pragmática, a una Redacción Concisa, a las Estadísticas
que he podido recabar de distintas fuentes, y al Enfoque Sistémico.
Dicha Metodología, la del Enfoque Sistémico, consiste en comprender el objeto del análisis
como un todo integrado, como un sistema dónde distintos subsistemas se relacionan entre
sí, y no funcionan como entes aislados, sino que se retroalimentan e interactúan.
Por ende, al referirnos a un proceso de, por ejemplo, “descentralización de la educación”,
la educación a nivel provincial, será considerada como un subsistema de un sistema
mayor, la educación en Argentina, entendiendo que cada parte formará a los futuros
integrantes de los mercados laborales provinciales (con sus heterogeneidades de
ingresos) a su vez suscriptos en el mercado laboral nacional, que comparte políticas
comunes, cuyos fondos se reasignan entre sí, etcétera.
Aclarado esto, procedemos a nuestro análisis.
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1.- Relación entre la Situación Financiera y los Servicios Públicos
descentralizados
La calidad de un servicio público y la capacidad de cumplir con sus objetivos prefijados,
está dada por la disponibilidad de recursos para su desenvolvimiento y por la eficiencia
con la que se aplican dichos recursos.
El considerar como factor la eficiencia con la que se aplican dichos recursos, explica por
qué pueden existir situaciones dónde aún a pesar de la abundancia de los recursos
materiales, el gasto no implica el cumplimiento de los objetivos.
Sin embargo, la variable más relevante, sigue siendo la cantidad de recursos disponibles,
ya que a nulos recursos, no existe forma alguna de que el servicio público pueda
proveerse, y a menores recursos, menor inversión podrá realizarse. El dar una mayor
cantidad o una mejor calidad de determinado servicio público, depende de los montos de
financiamiento disponibles para sufragarlos.
Debido a esto, es necesario analizar estas relaciones en los procesos de descentralización
de los servicios públicos.
Al descentralizar (en este caso, descentralización concebida como “transferir las
potestades y titularidad sobre un servicio desde un nivel superior a un nivel inferior de
gobierno”), no sólo se transfiere la capacidad decisoria dentro de un marco normativo
nacional (más o menos desarrollado), sino que se transfiere el gasto al nivel hacia el cual
se descentraliza, en este caso, las provincias.
Y la transferencia de dichos gastos, los limita a la situación del nuevo erario al que se los
transfiere. Si los recursos que ingresan a dicho erario son suficientes, podrá mantenerse el
nivel del gasto. Si los recursos que ingresan a dicho erario superan los gastos que se
transfieren, podrá ampliarse ese gasto y mejorarse el servicio. Si los recursos que ingresan
a dicho erario no alcanzan a cubrir los gastos que se transfieren, dicho gasto se recortará, y
se limitará el servicio.
Por ende, es menester a analizar dichos ingresos y egresos, que componen al erario
provincial, y que condicionarán el alcance de sus políticas públicas.
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2.- Panorama Financiero ante la Descentralización
Puede decirse que existen dos orígenes de financiación de estos servicios públicos
transferidos a las provincias: los recursos obtenidos por la propia provincia, y los
recursos transferidos por el Estado Nacional. Los obtenidos por la propia provincia,
divididos principalmente entre tributos recaudados y endeudamiento. Los transferidos
desde el Estado Nacional, corresponden principalmente a la Coparticipación federal, al
resto de las transferencias de Recursos de Origen Nacional (RON) a los estados
provinciales, y otras transferencias.
Y, en cuanto a erogaciones, como fue señalado, la descentralización de los servicios
públicos, implica una descentralización del gasto, y su transferencia a las provincias.
Entonces, sería lógico suponer que si el 50% del gasto público lo realizan las provincias,
éstas cuenten con el 50% de los recursos (si estos conviene sean “recursos obtenidos por
la propia provincia”, o “transferencias del Estado Nacional”, es un debate que revisaré más
adelante), de forma de que alcancen a sufragar sus gastos.
Sin embargo, podemos identificar dos tendencias inversas:
La descentralización del gasto se observa cada vez más acentuada, pero los recursos
siguen la tendencia inversa, pues corresponden cada vez en mayor medida al Estado
Nacional, progresivamente más centralizados.
El siguiente gráfico muestra gráficamente la situación:
Fuente: “La descentralización y el financiamiento de políticas sociales eficaces: impactos, desafíos y
reformas” (Cetrángolo y Goldschmit), CEPAL.
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Y ante esto, resulta necesario detenernos a analizar este gasto por intervalos:
Esto nos permite ver cuándo se han producido los mayores saltos en las políticas de
descentralización: El primer lustro de la década de los noventa, en especial el período de
1990-1994, marca un momento que requiere de una especial atención, al verse una súbita
transferencia de 8.1 puntos de gasto desde la nación hacia las provincias.
Ahondaremos más adelante sobre el contexto y las causas, pero a priori pueden señalarse
como representativos de esto la Ley Federal de Educación y el Pacto Federal Educativo,
ambos de 1993, siendo la educación un caso testigo de estas transferencias de gastos del
Estado Nacional a los Estados Provinciales.
Aun así, puede adelantarse una de las conclusiones de este trabajo con el mero análisis de
las cifras:
Al transferirse los gastos de un servicio público desde el nivel nacional al nivel provincial
sin contrapartida de ingresos al erario provincial, el servicio:
1. Se limita por la falta de recursos; o,
2. El erario provincial se endeuda para pagar gastos corrientes; o,
3. Se generan relaciones de dependencia al volver a las finanzas provinciales
subsidiarias de las nacionales, por medio de transferencias no sistematizadas.
Estas transferencias no sistematizadas ni incluidas en la coparticipación (y que admiten
una gran discrecionalidad en su asignación), muestran una tendencia a cobrar cada vez
mayor importancia, como se ve en el siguiente gráfico:
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Fuente: “La descentralización y el financiamiento de políticas sociales eficaces: impactos, desafíos y
reformas” (Cetrángolo y Goldschmit), CEPAL.
Resumiendo, de las tres posibilidades anteriormente citadas, la posibilidad 1 se traduce en
una caída en la calidad o cantidad de los servicios públicos prestados. La posibilidad 2 se
traduce en comprometer la situación financiera provincial a mediano y largo plazo. La
posibilidad 3 implica la pérdida de la autonomía de decisión del ente provincial, y
condiciona su situación financiera al alineamiento o no al gobierno federal.
Esto fue, efectivamente, lo que ocurriría.
Hoy, dos décadas más tarde, no hay datos que permitan señalar que la situación se haya
modificado. Los conflictos por las dificultades de los erarios provinciales para hacer frente
a los gastos corrientes, los acuses de default, las pujas de otras provincias contra el
gobierno nacional por los recursos de la coparticipación, el sobreendeudamiento de sus
erarios, etcétera, muestran claramente esta situación, cuyo origen sigue estando en esto.
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3. Recursos Provinciales, la Correspondencia Fiscal y los Riesgos
de su Aplicación
Anteriormente señalamos que los ingresos al erario provincial, son propios o nacionales, y
que los propios son principalmente o tributarios, o endeudamiento.
La Correspondencia Fiscal, idea cuyos orígenes se remontan hacia el siglo XIX y que aún
tiene defensores, consistiría básicamente en que cada nivel estatal se financie con recursos
propios, recaudados por ellos mismos mediante impuestos. Así, correría con los costos
políticos del aumento de los mismos si desea incrementar el gasto, y existiría una relación
directa entre lo pagado y los bienes públicos recibidos.
Se eliminaría así, en teoría, la propensión a aumentar indiscriminadamente el gasto al
recibir recursos de niveles superiores, por los cuales el nivel inferior de gobierno no sufre
el costo político de la recaudación.
Además, garantizaría una mayor autonomía de decisión (relacionado con las relaciones de
dependencia que fueron citadas anteriormente en casos de transferencias no
sistematizadas) y mayores incentivos a mantener unas cuentas sanas y al pago de
impuestos a cada nivel según su aplicación del gasto.
Esta idea, sin embargo, precisa de mayor grado de análisis antes de dictaminar su
viabilidad, pues para hablar de Correspondencia Fiscal, debemos remitirnos a los recursos
propios que las provincias obtienen por medio de la recaudación.
Estos tributos de los que se vale para obtener sus recursos son básicamente impuestos
sobre el consumo (Ingresos Brutos) y sobre el Patrimonio (Inmuebles, Automotores). A lo
largo de los últimos años, los Ingresos Brutos ganan cada vez más participación sobre el
total de la recaudación provincial, como se observa en el gráfico:
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Por ende, podemos concluir que la inmensa mayoría de los recursos provinciales
dependen de la recaudación de un impuesto sobre el consumo de bienes y servicios,
como lo son los Ingresos Brutos.
Y por la teoría macroeconómica sabemos que el consumo (en el cual se basa el impuesto),
depende de la actividad económica, del ingreso.
Esto implica, aún sin necesidad de realizar aquel planteo, que a menor actividad
económica, o a menor renta o menor ingreso en las provincias, menor va a ser la
recaudación.
Consiguientemente (si la provincia financiara totalmente con recursos propios sus gastos,
esto es, en existencia de Correspondencia Fiscal) a menor recaudación, menor será la
capacidad de la provincia de financiar sus servicios públicos, y a menor inversión
pública, menor será la productividad, y a menor productividad, se perpetuarán, o podrían
incluso aumentar, el grado de desigualdad en el nivel de ingreso entre provincias.
Así, quedaría determinada una matriz dónde las provincias con menor recaudación, serían
las que proveyeran menos servicios públicos o contaran con los más precarizados,
afectando enormemente su capacidad de proveer igualdad de oportunidades a sus
comunidades, respecto a otras provincias, incidiendo esto en el desarrollo nacional de
forma estructural, y configurando un mapa de zonas “más atrasadas” y “más
desarrolladas”.
A pesar de que exceda los objetivos y el alcance de nuestro trabajo, cabe señalar la
incidencia de estos factores en la creación de un mercado laboral heterogéneo, y la
acentuación de las diferencias regionales dentro de una economía nacional.
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Esto puede acentuarse aún más ante las propuestas de llevar todavía más lejos la
descentralización, y transferir servicios como el educativo a los municipios.
De esta forma, cabe señalar que no ha sido un debate únicamente a darse en Argentina:
otros países federales, como Estados Unidos, han creado marcos intelectuales que sirven
como referencias. Robert Reich, economista y Secretario de Trabajo durante la presidencia
de Bill Clinton, dice al respecto de este mismo tema:
“Mientras tanto, muchos de los mercados reales de estados de la nación se mantienen débiles,
especialmente en las comunidades de bajos ingresos. Entonces, los ingresos por los impuestos
locales son bajos.
A medida que nos separamos por ingresos en diferentes comunidades, las escuelas en las
áreas de bajos ingresos tienen menos recursos que nunca.
El resultado es ampliar las disparidades de financiamiento por alumno, para desventaja
directa de los niños pobres.
Los distritos más ricos y que más gastan están ahora mismo aportando alrededor del doble
del financiamiento por alumno que los distritos que menos gastan, de acuerdo a los reportes
de la comisión asesora federal. En algunos estados, como California, el ratio es mayor que de
tres a uno.
Otras naciones avanzadas lo hacen diferente. Sus gobiernos nacionales aportan el 54% de la
financiación, en promedio, y los tributos locales representan menos de la mitad de lo que
cuentan en EE.UU. Y apuntan una participación desproporcionada de financiamiento
nacional a las comunidades más pobres”.-Robert Reich [Traducción propia]
“Meanwhile, many of the nation’s local real estate markets remain weak, especially in lower-income communities. So local tax revenues are down.
As we segregate by income into different communities, schools in lower-income areas have fewer resources than ever.
The result is widening disparities in funding per pupil, to the direct disadvantage of poor kids.
The wealthiest highest-spending districts are now providing about twice as much funding per student as are the lowest-spending districts, according to a federal advisory commission report. In some states, such as California, the ratio is more than three to one.
Other advanced nations do it differently. Their national governments provide 54 percent of funding, on average, and local taxes account for less than half the portion they do in America. And they target a disproportionate share of national funding to poorer communities.”
Paralelamente, la CEPAL advierte:
“El hecho de que las jurisdicciones de mayor ingreso puedan comprometer más recursos propios en beneficio de los servicios públicos locales, puede profundizar las diferencias entre jurisdicciones y agravar un problema de suyo importante en América Latina. Aun cuando tal efecto perverso pueda ser parcialmente neutralizado mediante el uso de transferencias niveladoras, las propias diferencias de base en cuanto a la calidad de los recursos humanos a nivel local, pueden llegar a constituirse en un obstáculo difícil de superar para las jurisdicciones más pequeñas y vulnerables.
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Lo anterior supone un desafío en el diseño de la asignación de funciones entre niveles de gobierno y en la forma de financiamiento de los mismos. “
Podemos decir, entonces, que es necesario sistematizar el aporte nacional por medio
de la Coparticipación u otros mecanismos de compensación orientados a objetivos y con
compromisos sólidos entre los dos niveles estatales, a fin de que la financiación
garantice el desarrollo y la igualdad de oportunidades, brindando servicios públicos
de la misma calidad y acorde a los mismos estándares en las distintas provincias.
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4.- Descentralización, Enfoques y su necesidad de Coordinación
Según C.M. Vilas, existen tres enfoques distintos que abordan los beneficios de la
descentralización de las políticas públicas.
Primero, se encuentra la perspectiva fiscal, para la cual la descentralización es vista como
herramienta del correcto manejo de las cuentas públicas, previniendo la superposición de
esfuerzos y el derroche de recursos, reduciendo los costos de transacción.
Segundo, se encuentra la perspectiva técnica, en la cual la descentralización puede ayudar,
constantes otros factores, a la toma de decisiones más eficientes que conducen a
productos de mayor calidad, contribuyendo a la desburocratización de la gestión pública y
a dotar de mayor transparencia a los procesos y decisiones. Esto puede, asimismo,
relacionarse con el conocimiento de la realidad “in situ”, permitiendo decisiones
adaptadas a cada momento y lugar.
Tercero, se señala a la capacidad democratizadora de la descentralización, aproximando
las decisiones a los actores directamente involucrados, favoreciendo una mayor y más
efectiva participación, circulación de la información, fiscalización social de la gestión
pública, aportando además una mayor legitimación social del gasto.
También se señala que estos tres enfoques normalmente se presentan juntos, con el
predominio de alguno de ellos.
Por su parte, la CEPAL indica que la descentralización debe analizarse en “cuatro
dimensiones”: la institucional, la del desarrollo, de la equidad, y de la participación, los
cuales se muestran en el cuadro a continuación:
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Esto demuestra que la descentralización es un proceso complejo, que involucra muchos
actores, dando una noción de su amplitud y la cantidad de factores que deben
considerarse en su diseño.
Es por eso que la descentralización aún constituye un desafío para tanto la administración
federal como para las distintas administraciones federales y municipales. ¿Cómo lograr en
la práctica, que las ventajas consideradas en los distintos estudios previos, y los diferentes
enfoques y dimensiones, alcancen los resultados que se prevén?
Parte de la clave, se sugiere se encuentra en la planificación previa desde una
perspectiva integral, el establecimiento de metas y objetivos de los programas, la
transparencia y los mecanismos de gobierno abierto, y la creación de una estrategia y
un planeamiento de la inversión que tenga un alcance sistemático y total, capaz de
coordinar desde el Estado federal las políticas de los Estados sub-nacionales sin
afectar su autonomía decisoria en cuanto a la ejecución de los mismos.
Es pues, necesaria, la creación de estándares mínimos nacionales, que garanticen la
homogeneidad del servicio, y su evaluación periódica, a fin de evitar disparidades, que
además puedan redundar en la migración hacia servicios de otras jurisdicciones, poniendo
en tela de juicio la efectividad o no de la descentralización.
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Esto sucede, cuando, por ejemplo, ante la dificultad de los servicios salud de la provincia
de Buenos Aires para brindar asistencia médica, se utilizan los de la Ciudad de Buenos
Aires, llegándose incluso a documentar casos de cambios de domicilio ficticios con dichos
fines, lo cual suele replicarse en la educación, o con los servicios a nivel municipal (siendo
que algunos municipios cuentan con los mismos, y otros no, con diferencias en el servicio).
Otra evidencia de estas disparidades puede ser la migración desde los servicios
originariamente públicos a otros de gestión privada (aún subvencionados por el Estado),
cada vez más persistente, que se ve en ámbitos como la educación.
En relación a esto, cabe mencionar la Ley Educación Nacional y la Ley de Financiamiento
Educativo. Al respecto, la Ley de Educación Nacional establece responsabilidades
concurrentes de las provincias y la nación en cuanto a la provisión del servicio educativo, y
fija las responsabilidades del Ministerio de Educación en cuanto a la planificación y
evaluación, que también deberá existir en las entidades sub-nacionales.
Sin embargo, habiendo sido señalada la importancia de la que se revisten estas instancias
de planificación y control, queda pendiente analizar el funcionamiento efectivo o no de las
mismas, y la forma en que se expresa en distintas bases de datos afectando a las decisiones
posteriores.
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5.- Análisis Histórico de la Descentralización en Argentina
Tras haber analizado la información expuesta anteriormente, podemos realizar algunas
conclusiones respecto a cómo operó el proceso de descentralización de los servicios
públicos en la Argentina. Esto justificaría, asimismo, porqué otros países, por medio de
mecanismos de descentralización obtuvieron resultados diferentes a nuestra propia
experiencia.
Para eso, es necesario fijar fechas de inicio de dicho proceso (o procesos sucesivos) de
descentralización, y marcar brevemente los orígenes de las circunstancias que llevaron al
proceso de descentralización
Estos orígenes, pueden rastrearse hasta los tiempos de la Organización Nacional, a la
necesidad de la creación de un Estado Federal que adoptara símbolos propios y una
educación unificadora, la creación de unas fuerzas armadas únicas, la organización de la
justicia, así como un Estado nacional que proveyera los servicios públicos básicos
necesarios para que la República asumiera su rol en la división internacional del trabajo.
Dichos procesos, fueron ampliamente centralizados, siendo también centralizados los
ingresos, en su mayoría provenientes de los gravámenes al comercio exterior.
Podemos decir que bajo la Presidencia de Mitre, es visible este enfoque centralista que
lleva al Estado Nacional a tomar las riendas de los servicios públicos como la educación
(nacionalización del Colegio Nacional Buenos Aires, fundación de varias escuelas en las
capitales provinciales) o el transporte (redes ferroviarias, correo, infraestructura como
caminos, etcétera)
Se define así la matriz que se mantendría durante la mayor parte de la muy mentada en
otros trabajos era del Estado de Bienestar y la expansión de los derechos sociales.
Sin embargo, los procesos de descentralización no tendrían su origen con el declive del
Estado de Bienestar, sino un poco antes.
Para fines de la década de los ‘60, ya se había iniciado el proceso de descentralización de la
educación básica, transfiriéndose más de 680 escuelas en Buenos Aires, la Rioja y Río
Negro a sus respectivas jurisdicciones provinciales.
Para 1978, ya se habían transferido casi la totalidad de las escuelas primarias bajo
jurisdicción nacional, contabilizándose unas 6700 escuelas y unos 44050 docentes.
Este proceso es visible por medio de los números de alumnos matriculados por nivel de
enseñanza y jurisdicción, el cual vemos en el siguiente gráfico:
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Esto continuará con el paso del tiempo, llegando a la década de los ’90, donde el proceso se
acentuará notoriamente.
Resulta necesario detenerse en este período.
Dicha época, marcada por la globalización, la importancia creciente del comercio
internacional, y por las políticas emanadas del “Consenso de Washington”, es de la que
heredamos de forma directa la organización de los servicios públicos actuales y sus gran
parte de su problemática, en parte, por la orientación que le fue dada a los procesos de
descentralización emprendidos en ese momento.
Respecto a esa orientación, podemos decir que se trató de una perspectiva fiscalista, con el
lograr el ajuste fiscal por medio de la reducción del gasto público nacional y su
transferencia hacia las provincias, muchas de las cuales acabarían sin poder financiar
estos servicios, generándose la heterogeneidad en los mismos que aún hoy apreciamos en
muchos territorios de la Argentina.
Sin embargo, aunque la “necesidad de una Disciplina Fiscal”, que requería un ajuste, sí
venía implícita en las máximas del Consenso de Washington, este también señalaba la
“redirección del gasto público desde los subsidios hacia una mayor inversión en los puntos
clave para el desarrollo, servicios favorables para los pobres como la educación básica, la
atención primaria de salud y la infraestructura”.
Así pues, mientras se continuó la política de subsidios a los servicios y empresas que
fueron privatizadas, el gasto público en educación, salud, etcétera, se recortó, de forma
incluso contraria a las máximas que se decía defender.
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6.- Conclusiones
De esta forma, tras todo lo expuesto en el presente trabajo, podemos arribar a ciertas
conclusiones:
1. Existe una relación directa entre la cuantía y modalidad de financiamiento y la
calidad de los servicios públicos, la se manifiesta ante la descentralización de los
servicios del nivel nacional al principal y con el consecuente traspaso del gasto.
2. La descentralización del gasto se observa cada vez más acentuada, pero los
recursos siguen la tendencia inversa, pues corresponden cada vez en mayor
medida al Estado Nacional, progresivamente más centralizados.
3. En Argentina, se observa una tendencia hacia una mayor discrecionalidad en la
transferencia de recursos desde la Nación a las Provincias, perdiendo peso relativo
los recursos de la Coparticipación respecto a otras transferencias de asignación
más arbitraria.
4. Tal estructura del financiamiento genera un grado menor de autonomía en las
decisiones de las provincias respecto a los posicionamientos del gobierno nacional.
5. Aun así, el sugerir que las provincias financien sus servicios públicos
completamente con sus propios recursos, aplicando la “Correspondencia Fiscal”,
debido a que esos recursos dependen del nivel de actividad de cada provincia,
generaría mayores desigualdades en los servicios públicos dentro del país.
6. El Estado Nacional debe compensar estas desigualdades y sistematizar la
transferencia de recursos de acuerdo a una estrategia de desarrollo nacional a
largo plazo.
7. Existe cierto consenso de que la descentralización hacia niveles inferiores de
gobierno favorecería la participación ciudadana, la transparencia de las cuentas
públicas, la legitimación del gasto, y una asignación más efectiva del mismo, al ser
in situ.
8. Sin embargo, reviste de una importancia fundamental la planificación integral de
las políticas públicas, el control y la creación de estándares nacionales que
garanticen una igualdad de oportunidades.
9. El proceso de descentralización no surgió en los ’90 ni con el Consenso de
Washington, sino que es mucho anterior.
10. Los servicios públicos en los ’90 fueron transferidos a las provincias sin
contrapartidas únicamente para eliminar el déficit fiscal nacional, lo cual acarreó
problemas para las finanzas provinciales y perjudicó la calidad de dichos servicios.
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7.- Bibliografía
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