derechos humanos la prevalencia agrupación nacional

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página 5 oportunismo político anular la ley derechos humanos La convocatoria del Frente Amplio a concurrir a la Plaza Libertad el lunes 25 de febrero, ha promovido la más absoluta confusión y eso era visible en los participantes de la concentración. La senadora Lucia Topolansky declaró al principio que el traslado de una jueza no era el fin del mundo y llamo a respetar los fallos de la SCJ. Un poco después dijo que había que promover un Juicio Político a la misma ¿cómo se entiende?. Después señaló que iba a participar en la concentración para apoyar la posición del magistrado discorde con el fallo. Fue una muestra de supremo oportunismo ver en la Plaza Libertad a los responsables de que la ley de Impunidad no se hubiera anulado (el conjunto de la bancada parlamentaria y los principales dirigentes del Frente Amplio). Cuando se presentó la llamada Ley Interpretativa, el compañero Helios Sarthou señaló su “talón de Aquiles” en los argumentos de “inconstitucionalidad” y predijo lo que finalmente ocurrió. Se insistió en el camino de la “Ley Interpretativa” que se reveló como una vía muerta ¿Descuido o acción deliberada? Al igual que el compañero Sarthou en aquella ocasión, defendemos la demanda de la Anulación de la Ley de Impunidad. Y esa sigue siendo una de las banderas centrales con relación a la impunidad. Señalando, claramente, que las vías “intermedias” y los retorcimientos político-jurídicos con los que se pretenden supuestamente despejar los caminos, lo único que han hecho es enredar más las cosas y han terminado por ser funcionales a los partidarios de la consolidación de la impunidad del terrorismo de Estado. Como no podía ser de otra manera, la posición de los dirigentes del bloque mayoritario del PIT-CNT fue la misma. Otra vez, actuaron como bomberos apagando incendios, al servicio del partido de gobierno, sin tomar una sola medida concreta de lucha. Apenas unas inocuas declaraciones “en defensa de la democracia” y la “independencia de los poderes”. Cámara de Comercio y Servicios), donde llamaban a “respetar” las decisiones de la SCJ sin reparar a quienes favorezcan o perjudiquen. Que surjan jueces como la jueza Mota o como el ex fiscal Enrique Viana (para citar solo dos ejemplos) que se apartan de la línea predominante, no elimina lo afirmado sobre la jurisprudencia en un Estado capitalista. La legalidad vigente no está hecha para defender los derechos de la clase trabajadora. Sino para garantizar, ante todo, los derechos de propiedad (privada) de los dueños del dinero y el poder. En filas de la militancia del campo de izquierda (en un sentido amplio) y de los movimientos sociales, se ha generado un gran desconcierto. No obstante, surgen análisis que permiten reflexionar y extraer conclusiones. Al respecto es interesante citar las declaraciones de la politologa e investigadora de la Udelar (Universidad de la República), Fabiana Larrobla: “El vacío generacional que trajo la dictadura al encarcelar y torturar a los jóvenes que querían romper las legitimidades saliéndose de la estructura legal, redujo el debate (sobre la impunidad) a términos jurídicos. Solamente se habla de lo posible o imposible en este terreno, como si la verdad revelada estuviera en los textos de la ley. Ahí esta el triunfo de la derecha, del liberalismo, de la división de poderes, del republicanismo...” (Entrevista en Brecha 1-3-2013) página 4 derechos humanos Agrupación Nacional ProUnir la prevalencia de la impunidad ofensiva de la derecha legalidad vigente En artículos anteriores fuimos dando cuenta del surgimiento de un verdadero “partido de la impunidad”. Es decir, de la existencia de un conglomerado “transversal” que, entrelazando complicidades, reúne a militares, jueces, empresarios, medios de comunicación, dirigentes blancos, colorados y frenteamplistas. Entre los que se destaca el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abanderado de la institución Fuerzas Armadas, como “último recurso” del orden capitalista, y entusiasta promotor de la impunidad del terrorismo de Estado. Este “partido de la impunidad” es, en definitiva, el mejor heredero del pacto del Club Naval y el principal enemigo de la lucha por Memoria, Juicio y Castigo. Como se sabe, esa complicidad tiene otros dos protagonistas centrales. Por un lado, al propio presidente Mujica, quien expresó su voluntad -por ahora fallida-, de indultar “por razones de edad” a los criminales recluidos en la cárcel VIP de Domingo Arena; y para quien la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tiene el “hedor de la venganza”. Por otro lado, a Tabaré Vázquez (alguien que nunca fue molestado por la dictadura), quien desde su presidencia se opuso a la anulación de la Ley de Impunidad, y que en 2009 intentó -sin lograrlo- una “Reconciliación para un Nunca Más”. Vale decir, “dar vuelta la página” definitivamente. La remoción de la jueza Mariana Motta y su “traslado” al fuero civil, fue la primera señal del nuevo empuje del “partido de la impunidad”. Hay que destacar que la jueza estaba a favor de aplicar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de considerar los crímenes atroces y desapariciones de la dictadura como delitos de “lesa Humanidad” y, por tanto, no sujetos a amnistía, indulto o caducidad en el tiempo. Por otra parte, Mota tenía a su cargo 55 expedientes que involucran a militares policías, y civiles con el terrorismo de Estado, además de la investigación del “misterioso” accidente del avión Air Class se cayó en aguas del Río de la Plata, asunto que le generó conflictos con Fernández Huidobro. Lo mismo sucedió cuando una orden de la jueza para inspeccionar un cuartel en la búsqueda de detenidos-desaparecidos, fue parcialmente desacatada por el ministro de los militares. Muchos de los expedientes contra represores y asesinos se encontraban paralizados, debido a los recursos de “inconstitucionalidad” presentados por sus abogados en contra de la llamada Ley Interpretativa de la Caducidad de la Pretensión Punitiva. Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de remover a la jueza Mota, y luego de la manifestación de protesta que ocupó el edificio donde la jueza prestaba juramento al nuevo cargo, los partidos tradicionales y los grandes medios apoyaron a la SCJ y denunciaron por “subversión” a los indignados. El Frente Amplio se presentó dividido. Algunos se limitaron a plantear su discrepancia con el “traslado” y también con el accionar de los manifestantes. Otros plantearon la necesidad de convocar a los miembros de la SCJ “para dar explicaciones” en el Parlamento, y hasta manejaron la posibilidad de un Juicio Político. El escenario quedó montado para una operación política. El progresismo apunto sus baterías en una “ofensiva de la derecha” lanzada a través de la SCJ: remoción de Mota, sentencia en contra del Impuesto a la Concentración de Inmuebles (ICIR), y declaración de inconstitucionalidad de la llamada Ley Interpretativa. A partir de allí, los “villanos” pasaron a ser los jueces que actuaron “dando la espalda el pueblo”. Omitiendo la responsabilidad del Frente Amplio para que no triunfara la papeleta rosada en el Plebiscito de octubre de 2009. Omitiendo que el “partido de la impunidad” tiene entre sus más conspicuos afiliados a dirigentes del progresismo. Omitiendo reconocer que la llamada “Ley Interpretativa” fue un invento del gobierno Mujica para evitar anular lisa y llanamente la Ley de Impunidad. Y, sobre todo, pasando por alto que los miembros actuales de la SCJ ¡fueron nombrados por unanimidad en un Parlamento donde el progresismo tiene mayoría! La supuesta “independencia del Poder judicial” y en particular el de su máxima instancia, son un mito. En una sociedad capitalista donde existe el antagonismo entre ricos y pobres, entre los que concentran poder económico (y por tanto directa o indirectamente poder político) y los que solo tienen su fuerza de trabajo, es una entelequia, mejor dicho, una falsedad, hablar tanto de un Estado “neutral” como de una “independencia” de la jurisprudencia. Sobran las pruebas: no solo el fallo sobre el ICIR que beneficia a los terratenientes, sino una larguísima lista de sentencias a favor de las patronales, en contra de los trabajadores y de luchadores sociales. Aunque bien podríamos remontarnos a 1985 cuando la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado fue declarada “constitucional”. ¡Donde la Suprema Corte de Justicia aceptaba anular sus propias atribuciones como organismo y su propia y cacareada “independencia”, a favor del Poder Ejecutivo y en última instancia, de los violadores de los derechos humanos! Por si faltaba una confirmación de la naturaleza de clase de esta “justicia”, basta ver la declaración de las cámaras empresariales (Asociación Rural, Cámara de Industrias y

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Page 1: derechos humanos la prevalencia Agrupación Nacional

página 5

oportunismo político

anular la ley

derechos humanos

La convocatoria del Frente Amplio a concurrir a la Plaza

Libertad el lunes 25 de febrero, ha promovido la más absoluta

confusión y eso era visible en los participantes de la

concentración.

La senadora Lucia Topolansky declaró al principio que el

traslado de una jueza no era el fin del mundo y llamo a respetar

los fallos de la SCJ. Un poco después dijo que había que

promover un Juicio Político a la misma ¿cómo se entiende?.

Después señaló que iba a participar en la concentración para

apoyar la posición del magistrado discorde con el fallo. Fue

una muestra de supremo oportunismo ver en la Plaza Libertad

a los responsables de que la ley de Impunidad no se hubiera

anulado (el conjunto de la bancada parlamentaria y los

principales dirigentes del Frente Amplio).

Cuando se presentó la llamada Ley Interpretativa, el

compañero Helios Sarthou señaló su “talón de Aquiles” en los

argumentos de “inconstitucionalidad” y predijo lo que

finalmente ocurrió.

Se insistió en el camino de la “Ley Interpretativa” que se reveló

como una vía muerta ¿Descuido o acción deliberada? Al igual

que el compañero Sarthou en aquella ocasión, defendemos la

demanda de la Anulación de la Ley de Impunidad. Y esa sigue

siendo una de las banderas centrales con relación a la

impunidad.

Señalando, claramente, que las vías “intermedias” y los

retorcimientos político-jurídicos con los que se pretenden

supuestamente despejar los caminos, lo único que han hecho

es enredar más las cosas y han terminado por ser funcionales

a los partidarios de la consolidación de la impunidad del

terrorismo de Estado.

Como no podía ser de otra manera, la posición de los

dirigentes del bloque mayoritario del PIT-CNT fue la misma.

Otra vez, actuaron como bomberos apagando incendios, al

servicio del partido de gobierno, sin tomar una sola medida

concreta de lucha. Apenas unas inocuas declaraciones “en

defensa de la democracia” y la “independencia de los

poderes”.

Cámara de Comercio y Servicios), donde llamaban a “respetar” las decisiones de la SCJ sin reparar a quienes favorezcan o perjudiquen. Que surjan jueces como la jueza Mota o como el ex fiscal Enrique Viana (para citar solo dos ejemplos) que se apartan de la línea predominante, no elimina lo afirmado sobre la jurisprudencia en un Estado capitalista. La legalidad vigente no está hecha para defender los derechos de la clase trabajadora. Sino para garantizar, ante todo, los derechos de propiedad (privada) de los dueños del dinero y el poder.

En filas de la militancia del campo de izquierda (en un sentido amplio) y de los movimientos sociales, se ha g e n e r a d o u n g r a n desconcierto. No obstante, s u r g e n a n á l i s i s q u e permiten reflexionar y extraer conclusiones. Al respecto es interesante citar las declaraciones de la politologa e investigadora de la Udelar (Universidad de la República), Fabiana L a r r o b l a : “ E l v a c í o generacional que trajo la dictadura al encarcelar y torturar a los jóvenes que q u e r í a n r o m p e r l a s legitimidades saliéndose de la estructura legal, redujo el debate (sobre la impunidad) a té rminos ju r íd icos . Solamente se habla de lo posible o imposible en este terreno, como si la verdad revelada estuviera en los textos de la ley. Ahí esta el triunfo de la derecha, del liberalismo, de la división de poderes, del republicanismo...” (Entrevista en Brecha 1-3-2013)

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derechos humanos

Agrupación Nacional ProUnir

la prevalencia de la impunidad

ofensiva de la derecha

legalidad vigente

En artículos anteriores fuimos dando cuenta del surgimiento de un verdadero “partido de la impunidad”. Es decir, de la existencia de un conglomerado “transversal” que, entrelazando complicidades, reúne a militares, jueces, empresarios, medios de comunicación, dirigentes blancos, colorados y frenteamplistas. Entre los que se destaca el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abanderado de la institución Fuerzas Armadas, como “último recurso” del orden capitalista, y entusiasta promotor de la impunidad del terrorismo de Estado. Este “partido de la impunidad” es, en definitiva, el mejor heredero del pacto del Club Naval y el principal enemigo de la lucha por Memoria, Juicio y Castigo.

Como se sabe, esa complicidad tiene otros dos protagonistas centrales. Por un lado, al propio presidente Mujica, quien expresó su voluntad -por ahora fallida-, de indultar “por razones de edad” a los criminales recluidos en la cárcel VIP de Domingo Arena; y para quien la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tiene el “hedor de la venganza”. Por otro lado, a Tabaré Vázquez (alguien que nunca fue molestado por la dictadura), quien desde su presidencia se opuso a la anulación de la Ley de Impunidad, y que en 2009 intentó -sin lograrlo- una “Reconciliación para un Nunca Más”. Vale decir, “dar vuelta la página” definitivamente.

La remoción de la jueza Mariana Motta y su “traslado” al fuero civil, fue la primera señal del nuevo empuje del “partido de la impunidad”. Hay que destacar que la jueza estaba a favor de aplicar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de considerar los crímenes atroces y desapariciones de la dictadura como delitos de “lesa Humanidad” y, por tanto, no sujetos a amnistía, indulto o caducidad en el tiempo.

Por otra parte, Mota tenía a su cargo 55 expedientes que involucran a militares policías, y civiles con el terrorismo de Estado, además de la investigación del “misterioso” accidente del avión Air Class se cayó en aguas del Río de la Plata, asunto que le generó conflictos con Fernández Huidobro. Lo mismo sucedió cuando una orden de la jueza para inspeccionar un cuartel en la búsqueda de detenidos-desaparecidos, fue parcialmente desacatada por el ministro de los militares. Muchos de los expedientes contra represores y asesinos se encontraban paralizados, debido a los recursos de “inconstitucionalidad” presentados por sus abogados en contra de la llamada Ley Interpretativa de la Caducidad de la Pretensión Punitiva.

Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de

remover a la jueza Mota, y luego de la manifestación de protesta que ocupó el edificio donde la jueza prestaba juramento al nuevo cargo, los partidos tradicionales y los grandes medios apoyaron a la SCJ y denunciaron por “subversión” a los indignados. El Frente Amplio se presentó dividido. Algunos se limitaron a plantear su discrepancia con el “traslado” y también con el accionar de los manifestantes. Otros plantearon la necesidad de convocar a los miembros de la SCJ “para dar explicaciones” en el Parlamento, y hasta manejaron la posibilidad de un Juicio Político.

El escenario quedó montado para una operación política. El progresismo apunto sus baterías en una “ofensiva de la derecha” lanzada a través de la SCJ: remoción de Mota, sentencia en contra del Impuesto a la Concentración de Inmuebles (ICIR), y declaración de inconstitucionalidad de la llamada Ley Interpretativa. A partir de allí, los “villanos” pasaron a ser los jueces que actuaron “dando la espalda el pueblo”. Omitiendo la responsabilidad del Frente Amplio para que no triunfara la papeleta rosada en el Plebiscito de octubre de 2009. Omitiendo que el “partido de la impunidad” tiene entre sus más conspicuos afiliados a dirigentes del progresismo. Omitiendo reconocer que la llamada “Ley Interpretativa” fue un invento del gobierno Mujica para evitar anular lisa y llanamente la Ley de Impunidad. Y, sobre todo, pasando por alto que los miembros actuales de la SCJ ¡fueron nombrados por unanimidad en un Parlamento donde el progresismo tiene mayoría!

La supuesta “independencia del Poder judicial” y en particular el de su máxima instancia, son un mito. En una sociedad capitalista donde existe el antagonismo entre ricos y pobres, entre los que concentran poder económico (y por tanto directa o indirectamente poder político) y los que solo tienen su fuerza de trabajo, es una entelequia, mejor dicho, una falsedad, hablar tanto de un Estado “neutral” como de una “independencia” de la jurisprudencia. Sobran las pruebas: no solo el fallo sobre el ICIR que beneficia a los terratenientes, sino una larguísima lista de sentencias a favor de las patronales, en contra de los trabajadores y de luchadores sociales. Aunque bien podríamos remontarnos a 1985 cuando la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado fue declarada “constitucional”. ¡Donde la Suprema Corte de Justicia aceptaba anular sus propias atribuciones como organismo y su propia y cacareada “independencia”, a favor del Poder Ejecutivo y en última instancia, de los violadores de los derechos humanos!

Por si faltaba una confirmación de la naturaleza de clase de esta “justicia”, basta ver la declaración de las cámaras empresariales (Asociación Rural, Cámara de Industrias y

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no a la megaminería

el gran ausente

conclusiones

Donde hubo muy escasos avances (casi nulo) respecto a una resolución de la asamblea de Rocha del 10 de noviembre de 2012, es en contactar y acercar al movimiento obrero organizado, sindicatos, agrupaciones sindicales, etc,. Seguimos con ese ''debe''. El movimiento sindical conducido por el Pit-Cnt, no tiene ninguna participación en esta asamblea, y las agrupaciones o sindicatos, casi nulo.Una delegación de UTAA, OSDOR y TCC, fueron las únicas participantes del movimiento obrero organizado. Parece ser a que la mayoría de la dirigencia burocrática del PIT-CNT, y de grandes sindicatos, este tema no está en la agenda.

Es importante resaltar el avance y consolidación de esta asamblea. Muy heterogénea. Pero todos muy comprometidos en ''cuidarla'' para que no se rompa y podamos avanzar en una larga y dura lucha que tenemos por delante. Por momentos el debate fue duro, pero siempre con respeto y fraternidad. La ANP, está logrando unir colectivos e individuos de muy diferente extracto ideológico, composición económica, lugar geográfico, etc. Esto genera optimismo y nos hace pensar

seriamente en que podemos avanzar en conjunto y que es posible la unidad de los que luchan. Desde los que pretenden resolver el problema ''particular'' de su zona, y solo por la vía ''institucional'', hasta los que pretenden resolver los temas generales y solo con acciones directas. Todos ceden un poco para avanzar en conjunto. Complementariedad. Eso es positivo, todos los métodos de lucha son válidos. Todos pueden sumar, de acuerdo al nivel de conciencia y movilización de cada zona. Ninguno sustituye, ni elimina a otro. Lo preocupante sigue siendo la ausencia de la clase trabajadora organizada. Es imprescindible su incorporación, no puede haber transformación revolucionaria de la sociedad, y la eterna confrontación entre explotadores y explotados, si el “sujeto histórico” está ausente. No olvidemos, que no solamente los megaproyectos encabezados por trasnacionales son los “culpables” de la “reforma agraria” “al revés”, de la extranjerización, de la explotación de los trabajadores rurales y pequeños productores; también hubo y hay una oligarquía criolla, que ha hecho estragos con los pobres del campo.Cabe resaltar la excelente organización por parte del Colectivo Sauce. Un almuerzo muy sano con verduras, hortalizas, de su propia cosecha. Abundante para todos.Sauce, Canelones, 17 de febrero de 2013.

integrantes pueden participar como colectivos o en forma individual. Se respetarán las definiciones organizativas de cada colectivo en el marco de su autonomía. Es obvio que la mayoría de los participantes en la ANP, tienen militancia político-partidaria, eso no es inconveniente, siempre que se respete los acuerdos y resoluciones de ANP.

b) Quedó pendiente de resolver el relacionamiento con las organizaciones político partidarias. Hay de todo. Quienes no quieren nada con ningún político ni partido, hasta quienes consideran que algunos políticos y algunos partidos nos apoyan y se debería establecer contacto. Otros opinan que algún tipo de contacto o vínculo tenemos que tener. Se resolverá en mayo.

c) Una resolución muy importante fue la de darle un contenido nacional a los problemas. Es decir, algunos plantean puerto en Rocha no, pero quizá en el Chuy si, otros dicen Tacuarembó sin minería, pero si está en Florida, quizá si. Finalmente se acordó que no hay puertos en ningún lugar y los megaproyectos no se aceptan en ningún lugar.

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no a la megaminería3ª Asamblea Nacional Permanente

contra los megaproyectosen defensa de la tierray los bienes naturales

Unos 200 participantes, integrantes de 32 organizaciones sociales de todo el país, se dieron cita a esta 3ª Asamblea Nacional Permanente.La jornada se dividió en tres partes: 1ª) de 10 a 13.30 horas, informe de los colectivos y resolución de plan de lucha para el año, en la modalidad de plenario, 2ª) de 14.30 a 16.30 horas, talleres, sobre dos puntos, a) comunicación, organización, y b) relación de la ANP, con organizaciones político partidarias, 3ª) plenario síntesis de los talleres y resoluciones por acuerdo.

1) Informes de OSDOR, sobre despidos de 180 trabajadores y reclamo de tierras para los que la trabajan, UTAA, acampa desde el 25/2 hasta el 28/2 inclusive en el palacio legislativo reclamando tierra para los cañeros zafrales, Ney Teddy, a quien se le expulsó del campo hace casi dos años, el INC, le embargó el ganado, perdiendo mas de 80 vacas por robo, muerte por hambre, etc, inició un juicio penal contra el INC, que tendrá su primera audiencia el 26/2 en Bella Unión, desde Tacuarembó denuncian clausura de la radio comunitaria La Kandela por parte de la URSEC, están recolectando firmas para realizar un plebiscito departamental con el objetivo de declarar ''Tacuarembó libre de megaminería'', llevan 7.000 firmas de un total de 11.500 que necesitan. En Treinta y Tres también están recolectando firmas. El colectivo de Colonia, plantea elaborar propuestas alternativas, los productores están gravemente afectados por Montes del Plata. Se leyeron las propuestas de los distintos colectivos para un plan de lucha que abarque todo el 2013.

resoluciones

resoluciones

a) Apoyar activamente el campamento de UTAA y OSDOR, en reclamo de tierra. Apoyar a Ney Teddy en su demanda y la recuperación del campo. Días 25, 26 y 27 de febrero. Actividad de la ANP.

b) Realizar una movida en el teatro de verano con propaganda y agitación si la murga ''LA GRAN MUÑECA'', pasa a la liguilla. Ya que es la única murga que se refiere a estos temas de los megaproyectos. Actividad regional Montevideo.

c) 1º de marzo movilización en Rocha. Actividad de la ANP.d) Del 6 al 10 de marzo agitación, propaganda, junta de firmas en Tacuarembó. Fiesta de la Patria Gaucha. Actividad

regional.e) 23 y 24 de marzo fiesta gaucha en Treinta y Tres. Agitación, propaganda y junta de firmas. Actividad regional.f) Desde el 24 al 31 de marzo, agitación y propaganda en el Prado. Actividad de ANP.g) En abril, (fecha a determinar) marcha en Montevideo. El senado estaría aprobando la ley de minería de gran porte.

Actividad de ANP.h) El 26 de mayo 4ª ASAMBLEA NACIONAL, en lugar a determinar.i) El 19 de junio movilización en Sauce. Actividad de ANP.j) Octubre 4ª marcha nacional en Montevideo.k) Se realiza declaración de repudio a URSEC por clausura de LA KANDELA. También declaración de apoyo a Ney Teddy y

repudio al INC.Estas movilizaciones y acciones regionales y nacionales, se instrumentarán en el coordinador del 20 de febrero en el local de LA SOLIDARIA, y el 26 de febrero en la carpa de UTAA Y OSDOR. Para la segunda parte del año, quedan pendientes actividades regionales y nacionales, festivales culturales, etc, que se resolverán en la asamblea del 26 de mayo.

1) Luego del almuerzo, sobre las 14.30 horas se conformaron 10 talleres. Con los puntos antes mencionados. Sobre las 17 horas, se volvió a la modalidad plenario, para recibir las síntesis de los talleres, abrir el debate y aprobar resoluciones.

2) En los talleres hubo coincidencias en los dos puntos tratados. Hasta donde se pudo llegar. Quedaron pendientes algunas discusiones para mayo. Por lo que el plenario prácticamente no debatió. Todas las síntesis de los 10 talleres tuvieron similitud.

a) Fortalecer las regionales, de acuerdo a su cercanía territorial e ir impulsando otras. Fortalecer el grupo de propaganda, blog, correos electrónicos, boletín digital, boletín impreso. Integran 4 compañeros. Agilizar y perfeccionar las comunicaciones. Crear un grupo de finanzas de ANP. 4 compañeros. Mantener la horizontalidad, la participación, el coordinador entre asambleas, los voceros serán elegidos por el coordinador frente a cada circunstancia y serán rotativos.

b) La ANP, es un instrumento de organizaciones sociales. No se aceptarán las organizaciones político-partidarias. Sus