derechos de los extranjeros en espaÑa. … · curso de enseñanza abierta departamento de derecho...

Curso de Enseñanza Abierta Departamento de Derecho Político de la UNED

1

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. DELIMITACIÓN CONSTITUCIONAL, JURISPRUDENCIAL

Y LEGISLATIVA

Por

Juan Manuel GOIG MARTÍNEZ

Apéndice documental y guía didáctica

PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

DEPARTAMENTO DE DERECHO POLÍTICO

UNED

CURSO 2008/2009


2

PRESENTACIÓN.- La inmigración y, en especial, su régimen de derechos y libertades, constituye uno de los temas que mayor interés ha despertado en España durante los últimos tiempos. Los procesos o flujos migratorios no son un producto del Siglo que acaba de terminar. Los desplazamientos humanos en busca de mejores condiciones de vida y de horizontes personales más amplios han existido siempre. La emigración es un hecho social, un derecho natural de la persona vinculada al principio de libertad El incremento de los flujos migratorios constituye fuente de preocupación creciente de los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales e intergubernamentales, puesto que dichos flujos tienen una gran repercusión en las relaciones sociales y políticas, no sólo entre los países de origen y receptores de la inmigración, sino también internas. Este trasfondo y la diversa apertura de la comunidad en que se manifiesta la diversidad cultural son fenómenos que, en mayor o menor medida, van a determinar un mayor o menor grado de pluralismo que desembocará en un mayor o menor nivel de racismo y xenofobia. Y ello constituye, además, un aspecto no concluido puesto que la periferia seguirá teniendo muchos problemas económicos y sociales, y en muchos lugares estos problemas empeorarán debido al aumento constante de la población y, sobre todo, de la desigualdad, lo que derivará en el incremento de los flujos migratorios y el paralelo incremento de los problemas económicos y de convivencia y en la posible aparición de enfrentamientos y conflictos. Aunque el tema de la inmigración, en especial de la inmigración no regularizada, pueda parecer un tema especialmente económico, cuya reciprocidad se manifiesta, de un lado, en la necesidad de superar ciertos ingresos que en el Estado de origen son imposibles de obtener, y de otro, en el incremento de mano de obra en Estados que sufren problemas de desempleo interno y que, al no poder absorber la nueva mano de obra ve como se incrementan ciertas bolsas de pobreza, no constituye la inmigración un tema exclusivamente económico, que sin duda lo es, puesto que la inmigración , tanto regularizada como no regularizada, determina la convivencia de distintas culturas. A lo largo del Curso se intentará dar respuesta a estas propuestas, partiendo de un estudio del contenido del llamado "derecho de extranjería" y la imbricación


3

de sus contenidos en las necesarias políticas de inmigración que deberían ser asumidas. Sin embargo, el principal objetivo del presente Curso consiste en la idea de ofrecer un juicio respecto del alcance y contenido de los derechos de los inmigrantes en relación con los ámbitos interno y externo del Estado español. A través del estudio de la Constitución española, de la legislación sobre derechos de los inmigrantes, de las leyes que regulan los derechos constitucionales, del Derecho Convencional y de la interpretación del Tribunal Constitucional, y mediante una visión conjunta del ordenamiento jurídico español, se intentará ofrecer una visión del régimen de derechos fundamentales de los inmigrantes como elemento integrante del Derecho de extranjería y de las Políticas nacionales de inmigración y como elemento fundamental para la integración de la población inmigrante y la superación de los posibles conflictos que la convivencia entre distintos nacionales pueda originar. El presente Curso pretende mostrar algunos aspectos teóricos sobre el ámbito constitucional, legislativo y jurisprudencial que incide directamente sobre el estatus en materia de inmigración. No pretende ser este Curso un proceso de formación exhaustiva y unidireccional sobre la materia. Lo primero, porque el destinatario de este Curso, lo es tanto el profesional en la materia como el experto, pero también todas aquellas personas que tienen interés sobre el tema pero desconocen el alcance del mismo. Lo segundo porque sobre el régimen de derechos y libertades de los inmigrantes en España caben distintas posturas e interpretaciones. Los/as alumnos/as que se han matriculado en este Curso, encontrarán, en las siguientes páginas -y en otras que irán recibiendo a lo largo del Curso- un apoyo documental, legislativo y jurisprudencial, necesario para superar satisfactoriamente los contenidos asignados, y que se verán plasmados en el Trabajo que deberán presentar a su finalización al objeto de obtener la acreditación necesaria.


4

GUÍA DIDÁCTICA Para la superación de este Curso, los/as alumnos/as deberán presentar un Trabajo de Investigación sobre los contenidos del mismo. Para la realización del Trabajo, es imprescindible que se haya manejado y trabajado buena parte del material que se le ha suminstrado al alumno/a, bien mediante documentos legislativos, recensiones de jurisprudencia, monografías …, bien mediante la lectura de algunas de las obras que constan en el Repertorio Bibliográfico que se incluye en la presente documentación. Pero también se hace indispensable que el alumno/a conozca todas las novedades que sobre la materia se están produciendo constantemente, tanto a través de los medios de comunicación, como mediante la actuación de los poderes públicos que tienen competencia sobre el tema. Creemos que es de gran interés para los/as alumnos/as el acceso periódico a las páginas web que se indican –cuyos contenidos, excepcionalmente completos, agradecemos desde estas páginas-, puesto que en ellas encontrarán las novedades legislativas (Legislación; Reglamento, etc) y jurisprudenciales que se van produciendo constantemente sobre extranjería, tanto en el ámbito estatal como de la Unión Europea, como datos estadísticos y trabajos o artículos científicos y de opinión, así como otros datos de interés: http://www.extranjeria.info http://europa.eu.int De interés, por la información que se ofrece es la página del IMSERSO: http://www.imrsersomigracion.upco.es , desde donde podrá acceder a:

- Páginas web españolas relacionadas con temas migratorios - Páginas web extranjeras relacionadas con temas de extranjería:

o Banco mundial: http://www.bancomundial.org o Comisaría europea de empleo y asuntos sociales: http://stop-

discriminación.info/ o Observatorio Europeo de Racismo y Xenofobia(en inglés y

francés): http://eumc.at o Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:

http://unhchr.ch o Organización Internacional del Trabajo: http://ilo.org

Además de la consulta directa a estas páginas web, desde la dirección y el profesorado del Curso le serán remitidos cuantos documentos consideremos de interés para la comprensión y conocimiento de la materia.


5

Cualquier duda que los/as alumnos/as puedan tener, le serán resueltas

por los Profesores del Curso en las siguientes direcciones: Comunicación postal: Juan Manuel GOIG MARTÍNEZ Departamento de Derecho Político Facultad de Derecho UNED. C/ Obispo Trejo s/n. Ciudad Universitaria Madrid. 28040 Comunicación vía correo electrónico: [email protected] Comunicación telefónica: 913988018 los martes por la tarde y los miércoles mañana y tarde. El Trabajo deberá tener una extensión no inferior a 20 folios, por una sóla cara y a doble espacio. La extensión máxima queda a la libre voluntad del alumno/a, no obstante, se recomienda que no supere los 40 folios. El Tema deberá ser elegido libremente por el/la alumno/a siempre que tenga una relación directa con el tema que estamos tratando en el presente Curso. La elección del tema del Trabajo tendrá, creemos, relación directa con el nivel de formación y de actividad laboral de los alumnos/as, entendiendo que aquellos/as alumnos/as cuya actividad profesional , u otro tipo de actividad, esté relacionado con la inmigración y extranjería, pude, perfectamente, orientar su Trabajo de Investigación, en torno a su actividad laboral. No obstante, para los/as alumnos/as que encuentren dificultades para la elección de un Trabajo de Investigación, el Equipo Docente propone, con carácter orientativo, los siguientes temas: - Derechos de los inmigrantes en la Constitución española de 1978. - Derechos de los inmigrantes en el Derecho Comparado. - Tratamiento de los derechos de los inmigrantes en la legislación española. - El Derecho a la educación de los inmigrantes en España. - El Derecho a la tutela judicial efectiva de los inmigrantes en España. - Los derechos de reunión, asociación y manifestación, de los inmigrantes en

España. - Derechos de los inmigrantes en España dependiendo de su situación

administrativa. - El criterio de residencia legal como determinante para el ejercicio por los

inmigrantes de los derechos fundamentales. - El derecho de reagrupación familiar.


6

Como ya se ha indicado anteriormente, el Trabajo deberá presentarse a doble espacio y por una sóla cara, y deberá prestarse especial atención a todos los aspectos formales del mismo. De especial interés es que los/as alumnos/as reflejen de manera adecuada, mediante las correspondientes citas –que preferiblemente deben de ir a pié de página- las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales que han utilizado para la realización del Trabajo. Las citas seguirán el siguiente esquema:

a) Cuando se cite un Libro:

- Autor o autores; Título (en cursiva), Ciudad, Editorial, Año y páginas. Ejemplo: Núñez Rivero, C; Goig Martínez, J.M. y Núñez Martínez, Mª.A.- Derecho Constitucional Comparado y Derecho Político Iberoamericano, Madrid, Universitas-UNED, 2003, pág. 50. b) Cuando se cite de un Artículo de una Revista:

- Autor o autores; Título del Artículo; Título de la Revista (en cursiva); Ciudad, Editorial (si la hubiera), Número de la Revista, Año y páginas. Ejemplo: García Rodríguez, I.- “Inmigración y derechos humanos” en Social Mes a Mes, nº 61, 2001, págs 67-70. c) Cuando se cite una Sentencia:

- Identificación del Tribunal; Ordinal (si lo hubiera) y fescha. Ejemplo: STC 47/99, de 23 de abril (cuando se trate de una Sentencia del Tribunal Constitucional) STS de 23 de abril de 1999 (Si se trata de una sentencia del Tribunal Supremo)

Un adecuado sistema de citas permite al Profesor que lee el Trabajo saber de dónde ha obtenido el/la alumno/a las fuentes de conocimiento y evita que el Trabajo de Investigación haya sido copiado de diversas aportaciones doctrinales y jurisprudenciales , lo que implicaría que el /la alumno/a no superase el presente Curso. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER PRESENTADOS ANTES DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2009 A LAS DIRECCIONES ANTES INDICADAS INDICANDO: TRABAJO DE ENSEÑANZA ABIERTA. Al final del Trabajo se harán constar, de manera breve las CONCLUSIONES a que ha llegado el/la alumno/a sobre la materia tratada. También deberá indicarse un REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO en que se incluirán los materiales consultados. A continuación se incluye un REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO en el que se contiene alguna de las obras que han abordado el tema. El/la alumno/a deberá consultar algunas obras (por supuesto que no es necesario que consulte todas, le bastará con cuatro, cinco, etc) que elegirá dependiendo del tema que será objeto de su Trabajo.


7

BIBLIOGRAFIA

- Abellán Honrubia, V.- Normas Comunitarias europeas y legislación española sobre establecimiento de personas físicas y sociedades, Madrid, IEA, 1974.

- Aguelo Navarro, P y Alvarez Rodríguez, A.- La Ley de Extranjería. Addenda, Valladolid, Lex Nova y Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 2001.

o La Ley de Exstranjería, Zaragoza, Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 200.

- Aja, E, y otros.- La nueva regulación de la extranjería en España, Barcelona, Instituto de Derecho Público, 2000.

- Alonso Pérez, F.- Régimen jurídico del extranjero en España, Madrid, Ministerio de Interior, 1995.

o Régimen juridico del extranjero en España, Madrid, Dikynson, 1997.

- Alvarez Cortés, J.C.- “Los beneficiarios del derecho de asistencia sanitaria en la Ley de Extranjería” en Relaciones Laborales, nº 4, 2001

- Alvarez Rodríguez, A.- “La Nueva Ley española de extranjería: ¿ruptura o incumplimiento de Tampere?¿innovaciópn o seguimiento del modelo italiano? En Migraciones, nº 7, 2000.

o Nacionalidad y emigración, Madrid, La Ley, 1990. - Alvarez Valdés y Valdés.- La extranjería en la historia del derecho

español. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1992. - Alzaga Villaamil, O (dir).- Comentarios a la Constitución espàñola de

1978., , Varios Vols, Madrid, Edersa-Cortes Generales, 1996, en adelante. - Alzaga Villaamil y otros.- Derecho Político Español, 2 T. Madrid, Edersa,

3ª ed. 2001, 2002. - Alzaga Villaamil, O.- La Constitución española de 1978, Madrid, Ed. El

Foro, 1978. - Apraiz Moreno, F.- Derecho de extranjería, Barcelona, Bosch, 1998. - Aprell Lagasabaster, C.- Régimen administrativo de los Extranjeros en

España. Ciudadanos comunitarios y nacionales de terceros países, Madrid, Pons/U. Málaga, 1994.

- Beauthier, G.H.- Les droits du citoyen européen, Luxemburgo, CCEE, 1990.

- Belucci, S.- Shengen. L’avvio di un Europa senza frontiere, Roma, Eds Robuffo, 1995.

- Biglinio Campos, P (dir).- Ciudadanía y extranjería: Derecho Nacional y Derecho Comparado. Madrid, MacGraw-Hill, 1998.


8

- Borras Rodríguez.- Extranjería, balance y perspectivas, Barcelona, Fundación Paulino Torrás, 1995.

- Bruyerwer, de, P. (Ed).- Les regularisations des ètrangers illégaux dans l’Union européenne, Bruselas Bruylant, 2000.

- Cabanillas Bermúdez, J.M.- Los derechos de los extranjeros en España, Barcelona, Fausal, 1994.

- Charro Baena, P.- Las autorizaciones para trabajo de extranjeros, Pamplona, Aranzadi, 2000.

o “Autorización para trabajar y permisos de trabajo” en Social Mes a Mes, nº 61, 2001.

o “La L.O. 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social:una aproximación crítica” en Aranzadi Laboral, nº 5, 2000.

- Cámara Villar, G.- “El derecho a la educación de los Extranjeros en España”, en Comentario sistemático...Granada, Comares, 2001.

- Campo Colas, del C. Y Morales Madrigal, V.- La Ley de extranjería, Madrid, La Ley, 2001 .

- Chueca Sancho, A.G.- La expulsión de extranjeros en la CEDH, Zaragoza, Egido, 1998.

- Colomer Viadel, A (coord).- Emigrantes y estabilidad en el Mediterráneo. La polémica Ley de extranjería, Madrid, Nomos, 2001.

- Congreso de los Diputados.- Situación de los españoles que viven fuera y de los inmigrantes y refugiados que han llegado a España. Madrid, 1999.

- Defensor del Pueblo.- Informes, estudios y documentos. Situación jurídica y asistencial de los extranjeros en España, Madrid, Publicaciones, 1994.

- De Lucas, J.- Europa:¿Convivir con la diferencia?.Racismo, nacionalidad y derechos de las minorías, Madrid, Tecnos, 1992.

- Escudero Rodríguez, R.- “La protección social de los inmigrantes extracomunitarios en la L.O. 4/2000 y su reforma” en Social Mes a Mes, nº 61, 2001

- Espinar Vicente, J.M.- Comentarios a la Nueva Ley de Extranjería, Alcalá de Henares, 2001.

o “Algunas consideraciones en torno a la nueva Ley de Extranjería” en Social Mes a Mes, nº 61, 2001.

o La extranjería en el sistema español de derecho internacional privado. Granada, Ed, TAT, 1987.

- Espinar Vicente, y Perez Martín, E.- La nacionalidad y la extranjería en el sistema jurídico español, Madrid, Cívitas, 1994.

- Espubles Mota, C y De Lorenzo Segrelles, M.- El nuevo régimen jurídico de la inmigración en España, Valencia, Tirant lo Blanc, 2001

- Fernández Segado, F.- “La dignidad de la persona en el ordenamiento constitucional español” en RVAP, nº 43, 1995.

o “Dignidad de la perona, orden valorativo y derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional español” en Revista Española de Derecho Militar, nº 65, 1995.

o “El nuevo régimen jurídico de los derechos y libertades de los extranjeros en España” en Revista Teoría y realidad consittucional, nº 7, 2001


9

o La dogmática de los derechos humanos, Lima, Ed. Jurídicas, 1994.

- Ferranjoli, L.- Derechos y garantías. La Ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999.

- Ferrer Peña, R.Mª.- Los Derechos de los extranjeros en España, Madrid, Tecnos, 1989.

- García Rodríguez, I.- “inmigración y derechos humanos” en Social Mes a Mes, nº 61, 2001.

- Goig Martínez, J.M.- Derechos y libertades de los inmigrantes en España. Una visión constitucional, jurisprudencial y legislativa, Madrid, Universitas Internacional, 2004.

- Goig Martínez, J.M.- Inmigración y derechos Fundamentales, Madrid, Universitas Internacional, 2008.

- Gómez Muñoz, J.- “El trabajo de los extranjeros en España: inflación normativa y déficit de derechos” en Social Mes a Mes, nº 61, 2001.

- González Rivas, J.J.- Extranjería y libre circulación de personas, Granada, Comares, 1994.

- González-Trevijano Sánchez, P.J.- Libertades de circulación, residencia, entrada y salida en España, Madrid, Cívitas, 1991.

- Hreblay, V.- Les accords de Shengen: origene, fonctionnement, avenir, Bruselas, Rruyllant, 1998.

- Huertas González, R y otros.- Comentario a la Nueva Ley de Extranjería, Valladolid, Lex Nova, 2000.

- Jiménez de Parga Maseda, P.- El derecho a la libre circulación de personas físicas en la Europa comunitaria, Madrid, Tecnos, 1994.

- López Garrido, D.- Libertades económicas y derechos fundamentales en el sistema comunitario europeo, Madrid, Tecnos, 1986.

- López Muñiz Goñi, M.- La Nueva Ley de Extranjería (Gúia práctia y Jurisprudencia), Madrid, Colex, 2000.

- Luján Alcaraz, P.- “El trabajo de los extranjeros en España en la L.O.4/2000 de 11 de enero” en Aranzadi Laboral, nº 21, 2000.

- Martínez Arienza, G.- Ley y Reglamento de Extranjería, Madrid, Colex, 2000.

- Martínez Pujalte, A.L.- La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, Madrid, CEC, 1997.

- Martín Valverde, A.- “Aspectos laborales de la Ley reformada de extranjería” en Tribuna Social, nº 126, 2001.

- Marzal, A (ed).- Derechos humanos del incapaz, del extranjero, del delincuente y complejidad del sujeto, Barcelona, Bosch, 1997.

- Massó Garrote, M.F.- Nuevo Régimen de Extranjería, Madrid, La Ley, 2001

o Comentarios al reglamento de Extranjería, Madrid, La Ley, 2002. o Los derechos políticos de los extranjeros en el Estado nacional.

Los derechos de participación política y el derecho de acceso a las funciones públicas, Madrid, Colex, 1997.

- Miguel Calatayud, J.A.- Estudios sobre estranjería, Barcelona, Bosch, 1987.

- Moya Escudero, M.- “Derecho a la reagrupación familiar en la Ley de

Extranjería” en La Ley, nº 4982, 2000.


10

o Los derechos de los trabajadores no comunitarios en España, Granada, Comares, 1999.

- Peces-Barba Martínez, G.- Los valores superiores, Madrid, Tecnos, 1986. o “Reflexiones sobre la teoría general de los derechos en la

Constitución” en REFDUC, 1979. - Pérez Luño, A.E.- Los derechos fundamentales, Madrid, Tecnos, 1998.

o Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1984

Polo Sánchez, C.- Derechos fundamentales y libertades públicas de los t

rabajadores extranjeros en España, Madrid, CES, 1994. - Prieto Sanchís, L.- Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid,

Debate, 1990. - Purcalla Bonilla, M.A.- “La regulación de los derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social: la reforma de la L.O. 4/2000 a través de la L.O. 8/2000” en Tribuna Social, nº 122, 2001.

- Ramos Quintana, M.I.- “Trabajadores extranjeros e integración social” en Temas Laborales, nº 54, 2000.

- Revista de Derecho de la Unión Europea, nº 1, 2º semestre, 2001. - Revista Teoría yRealidad Constitucional, nº 7. Encuesta sobre la Nueva

Ley de Extranjería y Constitución, UNED-CERA, 2001. - Rodríguez-Dritancourt Alvarez, J.- Los derechos políticos de los

extranjeros, Madrid, Civitas, 1997. - Rodríguez Montañés, T.- “Ley de Extranjería y Derecho Penal” en La Ley,

nº 5261, 2001. - Rodríguez-Palop, M.E, y Tornos, A (eds).- Derechos culturales y

derechos humanos de los inmigrantes, Madrid, Universidad de Comillas, 2000.

- Rodríguez –Piñero Bravo Ferrer, M.- “Legislación de extranjería y política de inmigración” en Relaciones Laborales, nº 20, 2000

- Ruiz de Huidobro, J.M.- “El régimen legal de la inmigración en España: el continuo cambio” en Migraciones, nº 9, 2001.

- Sagarra Trías, E.- Los derechos fundamentales y libertades de los Extranjeros en España. Protección jurisdiccional y garantías, Barcelona, Bosch, 1991.

- Sánchez Ferriz, R.- Estudios sobre las libertades, Valencia, Tirant lo Blanch, 1989.

- Santaolaya Machetti, P.- “Los derechos fundamentales en la Ley de Extranjería: un balance de urgencia” en Social Mes a Mes, nº 61, 2001.

- Sartori, G.- La sociedad multiétnica, Pluralismo, multuculturalismo y extranjeros, Madrid, Taurus, 2001.

- Sempere Navarro, A.- “Los permisos de trabajo para extranjeros” en Aranzadi Social, nº 11, 2000.

- Trinidad García, M.L.- Guía Jurídica de Extranjería, asilo y ciudadanía de la Unión, 4ª ed. Ranada, Comares, 2001

- Truyol y Sierra, A.- Los derechos humanos, 3ª. Ed, Madrid, tecnos, 1994. - Vandendriesseche, X.- Les droits des étrangers, parís, Dalloz, 1996. - Varcarcel, A (comp).- El concepto de igualdad, Madrid, F. Pablo Iglesias,

1994.


11

- Varona Martínez, G.- La inmigración irregular. Derechos y deberes humanos, Vitoria, Ararteco, 1994.

- Vega, de, García, P.- En torno a la legitimidad constitucional, México, UNAM, 1988.

- Vidal Fueyo, C.- Constitución y Extranjería, Madrid, CEPC, 2002.. o La Nueva Ley de extranjería a la luz del texto constitucional, en

REDC, nº 64, 2001. - VV.AA.- Comentarios a la Ley de extranjería (Campo Vidal Coord.),

Madrid, Cívitas, 2001. - VV.AA.- La inmigración. Derecho español e intenacional, Barcelona,

Bosch, 1995. - VV.AA.- Comentario sistemático a la Ley de Extranjería (Montoya

Escudero Coord.), Granada Comares, 2001. - VV.AA.- Comentario a la Ley de Extranjería (Monereo Pérez, y Molina

Navarrete Coords), Granada Comares, 2001. - VV.AA.- Comentarios a la Ley de Extranjería (Asensi Sabater (dir.),

Valencia, Edijus, 2000. - VV.AA.- El tercer pilar de la UE, Madrid, Ministerio del Interior, 1997. - VV.AA.- k, Madrid, Ramón Carande, 1995. Aquellos alumnos que requieran una Bibliografía más específica –aunque entendemos que con la que se ofrece es suficiente- debido a el carácter específico del Tema de Trabajo elegido, la solicitarán al Profesorado del Curso.

APÉNDICE DOCUMENTAL


12

Apéndice Legislativo

Los Documentos Legislativos que se adjuntan son: A) LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (Texto Consolidado)

B) REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA L.O. 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (extracto)

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (Texto Consolidado) BOE 12-01-2000. Modificada por: Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre. BOE 21-11-2003 Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. BOE 30-09-2003 Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. BOE 23-12-2000


13

TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales

Artículo 1. Delimitación del ámbito. 1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española. 2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte. ( Artículo redactado conforme a Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por la legislación de la Unión Europea, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables ( Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Artículo 2. Exclusión del ámbito de la ley. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención de la autorización de residencia. b) Los representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares, de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España o en Conferencias internacionales que se celebren en España. c) Los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo a) de este artículo.

TÍTULO I Derechos y libertades de los extranjeros

CAPÍTULO I Derechos y libertades de los extranjeros

Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas. 1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. ( Apartado redactado conforme a Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas. Artículo 4. Derecho a la documentación. 1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España. 2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización, respectivamente. ( Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 3. No podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación.


14

1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en los que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme. 2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución, y excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente. ( Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 6. Participación pública. 1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales atendiendo a criterios de reciprocidad, en los términos que por Ley o Tratado sean establecidos para los españoles residentes en los países de origen de aquéllos. 2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga los reglamentos de aplicación. 3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio. 4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen. ( Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación. 1. Los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. ( Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 2. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público darán comunicación previa a la autoridad competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, la cual no podrá prohibirla o proponer su modificación sino por las causas previstas en dicha Ley. Artículo 8. Libertad de asociación. Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 9. Derecho a la educación. 1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas. 2. En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite. 3. Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los niveles de educación y enseñanza no previstos en el apartado anterior y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas. 4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con reconocimiento y respeto a su identidad cultural.


15

5. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de actividades de carácter docente o de investigación científica de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. ( Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. 1. Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como al acceso al Sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente. 2. Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de empleo público que convoquen las Administraciones públicas. ( Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 11. Libertad de sindicación y de huelga. 1. Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. 2. De igual modo, cuando estén autorizados a trabajar, podrán ejercer el derecho de huelga. ( Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria. 1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. 3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y post-parto. Artículo 13. Derecho a ayudas en materia de vivienda. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles. ( Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 14. Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales. 1. Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los específicos, en las mismas condiciones que los españoles. 3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles. ( Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 2. Los extranjeros tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias.


16

CAPÍTULO II

Reagrupación familiar Artículo 16. Derecho a la intimidad familiar. 1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España. 2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados, conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición. Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo previo de convivencia en España que se tenga que acreditar en estos supuestos. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 17. Familiares reagrupables. 1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares: a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho o que el matrimonio se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los menores dependientes. b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados, de conformidad con la Ley española o su Ley personal y no se encuentren casados. Cuando se trate de hijos de uno sólo de los cónyuges, se requerirá además que éste ejerza en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España. c) Los menores de dieciocho años o incapaces cuando el residente extranjero sea su representante legal. d) los ascendientes del reagrupante o su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. ( Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de sus propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorización de residencia y trabajo obtenidas independientemente de la autorización del reagrupante y acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Orgánica. ( Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos sólo podrán ejercer, a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residentes permanentes y acreditado solvencia económica. Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un hijo menor de edad o incapacitado, podrá ejercer el derecho. ( Apartado añadido por la ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 4. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupación. (Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Artículo 18. Procedimiento para la reagrupación familiar. 1. Los extranjeros que deseen ejercer este derecho deberán solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de su familia que deseen reagrupar. Al mismo tiempo, deberán aportar la prueba de que disponen de un alojamiento adecuado y de los medios de subsistencia suficientes para atender las necesidades de su familia una vez reagrupada.


17

2. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 17.3, inciso primero, podrán ejercer el derecho a la reagrupación con sus familiares en España cuando hayan residido legalmente un año y tengan autorización para residir al menos otro año. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 3. Cuando se acepte la solicitud de reagrupación familiar, la autoridad competente expedirá a favor de los miembros de la familia que vayan a reagruparse la autorización de residencia, cuya duración será igual al período de validez de la autorización de residencia de la persona que solicita la reagrupación. 4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupación por quienes hayan adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación. ( Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales. ( Artículo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 1. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando obtenga una autorización para trabajar. En caso de que el cónyuge fuera víctima de violencia doméstica, podrá obtener la autorización de residencia independiente desde el momento en que se hubiera dictado una orden de protección a favor de la misma. 2. Los hijos reagrupados obtendrán una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y obtengan una autorización para trabajar. 3. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente cuando obtengan una autorización para trabajar cuyos efectos se supeditarán a lo dispuesto en el artículo 17.3.

CAPÍTULO III Garantías jurídicas

Artículo 20. Derecho a la tutela judicial efectiva. 1. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva. 2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 3. En los procedimientos administrativos estarán legitimadas para intervenir como interesadas las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes, expresamente designadas por éstos. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 4. En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería estarán legitimadas para intervenir las entidades que resulten afectadas en los términos previstos por el artículo 19.1.b) de la Ley reguladora de dicha jurisdicción. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 21. Derecho al recurso contra los actos administrativos. 1. Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. 2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 1. Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. 2. Los extranjero residentes que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los


18

que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan. ( Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)

CAPÍTULO IV De las medidas antidiscriminatorias

Artículo 23. Actos discriminatorios. 1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural. 2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación: a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargados de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un ciudadano extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. c) Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socio-asistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 24. Aplicabilidad del procedimiento sumario. La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales podrá ser exigida por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución en los términos legalmente establecidos.

TÍTULO II Régimen jurídico de los extranjeros

CAPÍTULO I De la entrada y salida del territorio español

Artículo 25. Requisitos para la entrada en territorio español. 1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 2. Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea, será preciso, además, un visado. No será exigible el visado cuando el extranjero se encuentre provisto de la tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización de regreso. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre )


19

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento de su entrada en España, cuya concesión se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. 4. Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España. En estos casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se establezca reglamentariamente. Artículo 25 bis. Tipos de visados. ( Articulo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán estar provistos de alguno de los siguientes tipos de visados, válidamente expedidos y en vigor, extendidos en sus pasaportes o documentos de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley. a) Visado de tránsito, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español o a atravesar el territorio español. b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada. c) Visado de residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional. d) Visado de trabajo y residencia, que habilita para ejercer una actividad laboral o profesional, por cuenta ajena o propia y para residir. e) Visado de estudios, que habilita a permanecer en España para la realización de cursos, estudios, trabajos de investigación o formación. Reglamentariamente se desarrollarán los diferentes tipos de visados. Artículo 26. Prohibición de entrada en España. 1. No podrán entrar en España, ni obtener un visado a tal fin, los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, así como aquellos que la tengan prohibida por otra causa legalmente establecida o en virtud de Convenios internacionales en los que sea parte España. 2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será denegada mediante resolución motivada, con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deban formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio, y de intérprete, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 27. Expedición del visado. 1. El visado se solicitará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España, salvo en los supuestos excepcionales que se contemplen reglamentariamente. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 2. La concesión del visado: ( Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) a)Habilitará al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada. b) Habilitará al extranjero, una vez se ha efectuado la entrada en territorio español, a permanecer en España en la situación para la que hubiese sido expedido, sin perjuicio de la obligatoriedad de obtener, en su caso, la tarjeta de identidad de extranjero 3. Reglamentariamente se establecerá la normativa específica del procedimiento de concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En dicho procedimiento podrá requerirse la comparecencia personal del solicitante. 4. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como la política de inmigración, la política económica y la de seguridad ciudadana. 5. Para supuestos excepcionales podrán fijarse por vía reglamentaria otros criterios a los que haya de someterse el otorgamiento y denegación de visados. 6. La denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena. Si la denegación se debe a que el solicitante del visado está incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicación del


20

Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicará así de conformidad con las normas establecidas por dicho Convenio. La resolución expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 28. De la salida de España. 1. Las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en la presente Ley. 2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá prohibir la salida del territorio español por razones de seguridad nacional o de salud pública. La instrucción y resolución de los expedientes de prohibición tendrá siempre carácter individual. 3. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos: a) Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el Código Penal. b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la presente Ley. c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)

CAPÍTULO II Situaciones de los extranjeros

Artículo 29. Enumeración de las situaciones. (Articulo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) 1. Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia. 2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse mediante el pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, según corresponda. Artículo 30. Situación de estancia. 1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para los estudiantes ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de estancia o un autorización de residencia. 3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 4. En los supuestos de entrada sin visado, cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 30 bis. Situación de residencia. ( Articulo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre 1. Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir. 2. Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o residencia permanente Artículo 31. Situación de residencia temporal. 1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones de


21

residencia temporal, la concesión de las renovaciones y la duración de éstas, se establecerán reglamentariamente ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). 2. La situación de residencia temporal se concederá al extranjero que acredite disponer de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo por el que la solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa, se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena y haya obtenido la autorización administrativa para trabajar a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, o sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar. Reglamentariamente se establecerán los criterios a los efectos de determinar la suficiencia de los medios de vida a que se refiere el presente apartado. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 3. La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente. En estos supuestos no será exigible el visado. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 4. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados, o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 5. Los extranjeros con autorización de residencia temporal vendrán obligados a poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) 6. (Apartado suprimido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) Los extranjeros con autorización de residencia temporal vendrán obligados a poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad y domicilio. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre ) 7. (Apartado suprimido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) Excepcionalmente, por motivos humanitarios o de colaboración con la Justicia, podrá eximirse por el Ministerio del Interior de la obligación de obtener el visado a los extranjeros que se encuentren en territorio español y cumplan los requisitos para obtener un autorización de residencia. Cuando la exención se solicite como cónyuge de residente, se deberán reunir las circunstancias de los artículos 17 y 18 y acreditar la convivencia al menos durante un año y que el cónyuge tenga autorización para residir al menos otro año. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 32. Residencia permanente. 1. La residencia permanente es la situación que autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. 2. Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada. Se considerará que la residencia ha sido continuada aunque por períodos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente hayan abandonado el territorio nacional temporalmente. Con carácter reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado plazo en supuestos de especial vinculación con España. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 33. Régimen especial de los estudiantes. 1. Tendrá la consideración de estudiante el extranjero cuya venida a España tenga como fin único o principal el cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación, no remunerados laboralmente, en cualesquiera centros docentes o científicos españoles, públicos o privados, oficialmente reconocidos. 2. La situación del extranjero en régimen de estudiante será la de estancia y la duración de la autorización será igual a la del curso para el que esté matriculado ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). 3. La autorización se prorrogará anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos por el centro de enseñanza al que asiste, habiéndose verificado la realización de los estudios.


22

4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio no estarán autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia ni ajena. Sin embargo, en la medida en que ello no limite la prosecución de los estudios, y en los términos que reglamentaria mente se determinen, podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada. No obstante lo dispuesto en el artículo 10.2 de esta Ley, los extranjeros admitidos con fines de estudio podrán ser contratados como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas en los términos y condiciones previstos en este artículo. 5. La realización de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma mientras se mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regularán de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocación "au pair". (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 34. Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados. 1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que reglamentariamente se determine. 2. En cualquier caso, el extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, una vez verificada la pertinente información y siempre que concurran y se acrediten razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España, podrá obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en alguno de los supuestos del artículo 26, o se haya dictado contra él una orden de expulsión. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). 3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, y su normativa de desarrollo. Dicha condición supondrá su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 195 1. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 35. Residencia de menores. 1. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo en lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. 2. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores. 3. La Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o aquél donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. 4. Se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores. 5. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su


23

protección. Estos datos no podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)

CAPÍTULO III De la autorización de trabajo y regímenes especiales

Artículo 36. Autorización para la realización de actividades lucrativas. 1. Los extranjeros mayores de 16 años para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, precisarán de la correspondiente autorización administrativa previa para trabajar. Esta autorización habilitará al extranjero para residir durante el tiempo de su vigencia, extinguiéndose si transcurrido un mes desde la notificación al empresario de la concesión de la misma no se solicitase, en su caso, el correspondiente visado. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) 2. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión de la autorización se condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente. También se condicionará a la colegiación, si las leyes así lo exigiesen. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). 3. Para la contratación de un extranjero el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. La carencia de la correspondiente autorización por parte del empresario, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, incluidas aquellas en materia de seguridad social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones que pudieran corresponderle. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). 4. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 37. Autorización de trabajo por cuenta propia. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). Para la realización de actividades económicas por cuenta propia habrá de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, así como los relativos a la suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre otros que reglamentariamente se establezcan. Artículo 38. La autorización de trabajo por cuenta ajena. 1. Para la concesión inicial de la autorización de trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. 2. La autorización de trabajo tendrá una duración inferior a cinco años y podrá limitarse a un determinado territorio, sector o actividad. 3. La autorización de trabajo se renovará a su expiración si a) Persiste o se renueva el contrato u oferta de trabajo que motivaron su concesión inicial, o cuando se cuente con una nueva oferta de empleo en los términos que se establezcan reglamentariamente. b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiere otorgado una prestación contributiva por desempleo, por el tiempo de duración de dicha prestación. c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencia¡ de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma. d) Cuando concurran las circunstancias que se establezcan reglamentariamente. A partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico, sector o actividad. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 39. El contingente de trabajadores extranjeros. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). 1. El Gobierno podrá aprobar un contingente anual de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo al que sólo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en España.


24

2. En la determinación del número y características de las ofertas de empleo, el Gobierno tendrá en cuenta las propuestas que eleven las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como un informe sobre la situación de empleo e integración social de los inmigrantes elaborado a tal efecto por el Consejo Superior de Política de Inmigración. 3. El contingente podrá establecer un número de visados para búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen. 4. Asimismo, el contingente podrá establecer un número de visados para búsqueda de empleo dirigidos a determinados sectores de actividad u ocupaciones en las condiciones que se determinen. 5. Los visados para búsqueda de empleo autorizarán a desplazarse al territorio español con la finalidad de buscar trabajo durante el período de estancia de tres meses, en los que podrá inscribirse en los servicios públicos de empleo correspondientes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera obtenido un empleo, el extranjero quedará obligado a salir del territorio, incurriendo en caso contrario, en la infracción contemplada en el artículo 53 a) de esta Ley, sin que pueda obtener una nueva autorización para trabajar en el plazo de dos años. 6. Las ofertas de empleo realizadas a través del contingente se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos sin perjuicio de la posibilidad de realizar ofertas de empleo nominativas a través de este procedimiento en las condiciones que se determinen. Artículo 40. Supuestos específicos. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo o la oferta de colocación vaya dirigido a: a) La cobertura de puestos de confianza en las condiciones fijadas reglamentariamente. b) El cónyuge o hijo de extranjero residente en España con una autorización renovado, así como el hijo de español nacionalizado o de comunitario, siempre que éstos últimos lleven como mínimo un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de aplicación el régimen comunitario. (Párrafo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). c) Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación. d) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos. e) Los que hubieran gozado de la condición de refugiados durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de refugiados por los motivos recogidos en su artículo I.C.5. f) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto. g) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española. h) Los extranjeros nacidos y residentes en España. i) Los hijos o nietos de español de origen. j) Los menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. k) Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia por el procedimiento previsto en el artículo 31.3 de la presente Ley. Dicha autorización tendrá la duración de un año. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) l) Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada, durante cuatro años naturales, y hayan retornado a su país. (Párrafo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) Artículo 41. Excepciones a la autorización de trabajo. 1. No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes a) Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados, por el Estado, las comunidades autónomas o los entes locales o los organismos que tengan por objeto la promoción y desarrollo de la investigación promovidos o participados mayoritariamente por las anteriores. (Párrafo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre). b) Los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española. c) El personal directivo y el profesorado extranjeros, de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que


25

desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas. d) Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española. e) Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados, para el ejercicio de la actividad informativa. f) Los miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados por el Estado. g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada. h) Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes iglesias y confesiones, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas. i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales. j) Los españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad española. k) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social. (Párrafo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) 2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para acreditar la excepción. En todo caso, este procedimiento será el mismo tanto para el personal de instituciones públicas como de organismos promovidos o participados mayoritariamente por una Administración pública (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre). 3. Asimismo, no tendrán que solicitar la obtención de la autorización de trabajo los extranjeros en situación de residencia permanente establecida en el artículo 32 de esta Ley Orgánica. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 42. Régimen especial de los trabajadores de temporada. 1.El Gobierno regulará reglamentariamente la autorización de trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional de acuerdo con las características de las citadas campañas y la información que le suministren las Comunidades Autónomas donde se promuevan. 2. Para concederlos autorizaciones de trabajo deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas. 3. Las Administraciones públicas promoverán la asistencia de los servicios sociales adecuados. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) 4.Las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios. (Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). 5. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos colaborarán en la programación de las campañas de temporada con la Administración General del Estado (Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ). Artículo 43. Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios. 1 . Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general. 2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la autorización de trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la normativa vigente. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)

CAPÍTULO IV De las tasas por autorizaciones administrativas y por tramitación de las solicitudes del visado ( Rúbrica

modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre )


26

Artículo 44. Hecho imponible. 1 . Las tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, constituye el hecho imponible de las tasas la concesión de las autorizaciones administrativas y la expedición de los documentos de identidad previstos en esta Ley, así como sus prórrogas, modificaciones y renovaciones; en particular: a) La concesión de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España. b) La concesión de las autorizaciones para residir en España. c) La concesión de autorizaciones de trabajo, salvo que se trate de autorizaciones para un período inferior a seis meses. d) La expedición de tarjetas de identidad de extranjeros. e) La expedición de documentos de identidad a indocumentados. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) 3. En el caso de los visados, constituye el hecho imponible de las tasas la tramitación de la solicitud de visado. (Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) Artículo 45. Devengo. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Las tasas se devengarán cuando se conceda la autorización, prórroga, modificación, o renovación, o cuando se expida el documento. En el caso de los visados las tasas se devengarán en el momento de presentación de la solicitud de visado. Artículo 46. Sujetos pasivos. 1. Serán sujetos pasivos de las tasas los solicitantes de visado y las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo el empleador o empresario. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 2. Será nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligación de pagar en todo o en parte el importe de las tasas establecidas por la concesión, renovación, modificación o prórroga del contrato de trabajo. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 47. Exención. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) No vendrán obligados al pago de las tasas por la concesión de las autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen, y los extranjeros nacidos en España cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia. Las solicitudes de visado presentadas por nacionales de terceros países beneficiarios de derecho comunitario en materia de libre circulación y residencia estarán exentas del pago de las tasas de tramitación. Artículo 48. Cuantía de las tasas. 1. El importe de las tasas se establecerá por Orden ministerial de los Departamentos competentes. 2. Las normas que determinen la cuantía de las tasas deberán ir acompañadas de una memoria económico-financiera sobre el coste de la actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 7 y 19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril. 3. Se consideran elementos y criterios esenciales de cuantificación que sólo podrán modificarse mediante norma del mismo rango, los siguientes: a) En la tramitación de la solicitud de visado, los gastos administrativos de tramitación, la limitación de los efectos del visado de tránsito aeroportuario, la duración de la estancia, el número de entradas autorizadas, el carácter de la residencia, así como, en su caso, el hecho de que se expida en frontera. También se tendrán en cuenta los costes complementarios que se originen por la expedición de visados, cuando, a petición del interesado, deba hacerse uso de procedimientos tales como mensajería, correo electrónico, correo urgente, telefax, telegrama o conferencia telefónica. b) En la concesión de autorizaciones para la prórroga de estancia en España, la duración de la prórroga.


27

c) En la concesión de autorizaciones de residencia, la duración de la autorización, así como su carácter definitivo o temporal, y, dentro de estas últimas, el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones. d) En la concesión de autorizaciones de trabajo, la duración de la misma, su extensión y ámbito, el carácter y las modalidades de la relación por cuenta ajena, así como, en su caso, el importe del salario pactado. e) En la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, la duración de la autorización y el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones. En todo caso, será criterio cuantitativo de las tasas el carácter individual o colectivo de las autorizaciones, prórrogas, modificaciones o renovaciones. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 4. Los importes de las tasas por tramitación de la solicitud de visado se adecuarán a la revisión que proceda por aplicación del derecho comunitario. Se acomodarán, asimismo, al importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Artículo 49. Gestión, recaudación y autoliquidación. 1. La gestión y recaudación de las tasas corresponderá a los órganos competentes en los distintos departamentos ministeriales para la concesión de las autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prórrogas, la expedición de la documentación a que se refiere el artículo 44 y la tramitación de la solicitud de visado . (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 2. Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaría y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro cuando así se prevea reglamentariamente. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)

TÍTULO III De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador

Artículo 50. La potestad sancionadora. El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la presente Ley Orgánica, se ajustará a la dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 51. Tipos de infracciones. 1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes sean autores o participen en cualquiera de las infracciones tipificadas en los artículos siguientes. 2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica se clasifican en leves, graves y muy graves. Artículo 52. Infracciones leves. Son infracciones leves a)La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable. b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado. c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 53. Infracciones graves. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Son infracciones graves


28

a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. (Párrafo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida. c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio. d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) h)Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4. (Párrafo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Artículo 54. Infracciones muy graves. 1. Son infracciones muy graves: a) Participar en actividades contrarias ala seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito. (Párrafo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) c) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito. d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el correspondiente autorización de trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados. e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza. 2. También son infracciones muy graves : a) El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el artículo 66, apartados 1 y 2. b) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros. c) El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la entrada. Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía objeto de sanción o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con dirección al Estado a partir del cual haya sido transportado, al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 3. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no se considerará infracción a la presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de asilo, ésta le es admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la


29

Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 55. Sanciones. 1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes: a) Las infracciones leves con multa de hasta 300 euros. b) Las infracciones graves con multa de 301 hasta 6.000 euros. c) Las infracciones muy graves con multa desde 6.001 hasta 60.000 euros, excepto la prevista en el artículo 54.2.b), que lo será con una multa de 3.000 a 6.000 euros por cada viajero transportado o con un mínimo de 500.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 2. Corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades uniprovinciales la imposición de las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica. En los supuestos calificados como infracción leve del artículo 52.c), grave del artículo 53.b), cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y muy grave del artículo 54.1A), el procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposición de las sanciones a las autoridades referidas en el párrafo anterior. 3. Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia. 4. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica del infractor. 5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la infracción, en el supuesto de la letra b) del apartado 1 del artículo 54, serán objeto de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves, y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la citada infracción. A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado anterior podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resultas del expediente sancionador que resolverá lo pertinente en relación con los bienes decomisados. 6. En el supuesto de la infracción prevista en la letra d) del apartado 1 del artículo 54 de la presente Ley, la autoridad gubernativa podrá adoptar, sin perjuicio de la sanción que corresponda, la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 56. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. 2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. 3. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución con un máximo de diez años. Artículo 57. Expulsión del territorio. 1 . Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), e) d) y f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo. 2. Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. 3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa.


30

4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado.( Párrafo modificado por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de diciembre) 5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años. b) Los que tengan reconocida la residencia permanente. c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española. d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral. 6. Tampoco podrán ser expulsados los cónyuges de los extranjeros, ascendientes e hijos menores o incapacitados a cargo del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y hayan residido legalmente en España durante más de dos años, ni las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre. 7.( Párrafo modificado por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de diciembre) a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación. En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior. b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6ª, 517 y 518 del Código Penal. No serán de aplicación las previsiones contenidas en el párrafo anterior cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.', 517 y 518 del Código Penal En el supuesto de que se trate de extranjeros no residentes legalmente en España y que fueren condenados por sentencia firme, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal 8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artículos 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 518 del Código Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad. 9. La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 58. Efectos de la expulsión y devolución. 1. Toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un período mínimo de tres años y máximo de diez. 2. No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos: a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España. b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país. 3. En el supuesto de que se formalice una solicitud de asilo por las personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión a trámite de la petición, de conformidad con la normativa de asilo. Tampoco podrán ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre. 4. La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsión.


31

5. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 6. La devolución acordada en el párrafo a) del apartado 2 de este artículo conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la resolución de expulsión quebrantada. Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del mismo apartado de este artículo llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años. (Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Artículo 59. Colaboración contra redes organizadas. 1. El extranjero que haya cruzado la frontera española fuera de los pasos establecidos al efecto o no haya cumplido con su obligación de declarar la entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin autorización, sin documentación o documentación irregular, por haber sido víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las autoridades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con los funcionarios policiales competentes en materia de extranjería, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores. 2. Los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del expediente sancionador harán la propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver. 3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar a su elección, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como autorización de trabajo y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa competente a los efectos de que se valore la inejecución de su expulsión y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Artículo 60. Retorno. 1 . Los extranjeros a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su punto de origen en el plazo más breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al Juez de Instrucción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta que llegue el momento del retorno. 2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio. 3. El extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición de la autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de los extranjeros internados. 4. La detención de un extranjero a efectos de retorno será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 6l. Medidas cautelares. 1.Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares: a) Presentación periódica ante las autoridades competentes. b) Residencia obligatoria en determinado lugar. c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida.


32

d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superiora 72 horas. e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de diciembre) 2. En los expedientes sancionadores en la comisión de infracciones por transportistas, si éstos infringen la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, podrá acordarse la suspensión de sus actividades, la prestación de fianzas, avales, o la inmovilización del medio de transporte utilizado. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 62. Ingreso en centros de internamiento. 1. Incoado el expediente por las causas comprendidas en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como a), d) y f) del artículo 53, en el que pueda proponerse la sanción de expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al juez de instrucción competente que disponga su ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador, sin que sea necesario que haya recaído resolución de expulsión. El juez, previa audiencia del interesado, resolverá mediante auto motivado, atendidas las circunstancias concurrentes y, en especial, el hecho de que carezca de domicilio o de documentación, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. ( Apartado modificado por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de diciembre) 2. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá fijar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado. 3. Los menores en los que concurran los supuestos previstos para el internamiento serán puestos a disposición de los servicios competentes de protección de menores. El Juez de Menores, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá autorizar su ingreso en los centros de internamiento de extranjeros cuando también lo estén sus padres o tutores, lo soliciten éstos y existan módulos que garanticen la intimidad familiar. 4. La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 62 bis. Derechos de los extranjeros internados. (Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Los extranjeros sometidos a internamiento tienen los siguientes derechos: a) A ser informado de su situación. b) A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad. c) A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento. d) A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro. e) A que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso en el centro, así como a la oficina consular del país del que es nacional. f) A ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique. g) A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial. h) A ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos. i) A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.


33

Artículo 62 ter. Deberes de los extranjeros internados. (Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Los extranjeros sometidos a internamiento estarán obligados: a) A permanecer en el centro a disposición del juez de instrucción que hubiere autorizado su ingreso. b) A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones generales impartidas por la dirección y las particulares que reciban de los funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad dentro del mismo, así como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro. c) Mantener una actividad cívica correcta y de respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los visitantes y con los otros extranjeros internados, absteniéndose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de promover o intervenir en agresiones, peleas, desórdenes y demás actos individuales o colectivos que alteren la convivencia. d) Conservar el buen estado de las instalaciones materiales, mobiliario y demás efectos del centro, evitando el deterioro o inutilización deliberada, tanto de éstos como de los bienes o pertenencias de los demás extranjeros ingresados o funcionarios. e) Someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio médico, y a petición de éste, lo disponga el director del centro. Artículo 62 quáter. Información y reclamaciones. (Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 1. Los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información escrita sobre sus derechos y obligaciones, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas. La información se les facilitará en un idioma que entiendan. 2. Los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al director del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la autoridad competente, en caso contrario. Artículo 62 quinquies. Medidas de seguridad. (Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca, inspecciones de los locales y dependencias y siempre que fuera necesario para la seguridad en los centros registros de personas, ropas y enseres de los extranjeros internados. 2. Se podrán utilizar medios de contención física personal o separación preventiva del agresor en habitación individual para evitar actos de violencia o lesiones de los extranjeros, impedir actos de fuga, daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia al personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo. El uso de los medios de contención será proporcional a la finalidad perseguida, no podrán suponer una sanción encubierta y sólo se usarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario. 3. La utilización de medios de contención será previamente autorizada por el director del centro, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente. El director deberá comunicar lo antes posible a la autoridad judicial que autorizó el internamiento la adopción y cese de los medios de contención física personal, con expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento. El juez, en el plazo más breve posible y siempre que la medida acordada fuere separación preventiva del agresor, deberá si está vigente, acordar su mantenimiento o revocación. Artículo 62 sexies. (Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. En cada centro de internamiento de extranjeros habrá un director responsable de su funcionamiento para lo cual deberá adoptar las directrices de organización necesarias, coordinando y supervisando su ejecución. Asimismo será el responsable de adoptar las medidas necesarias para asegurar el orden y la


34

correcta convivencia entre extranjeros y asegurar el cumplimiento de sus derechos, y de la imposición de medidas a los internos que no respeten las normas de correcta convivencia o régimen interior. Artículo 63. Procedimiento preferente. 1. La tramitación de los expedientes de expulsión, en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como las a), d) y f) del artículo 53, tendrá carácter preferente. 2. Cuando de las investigaciones se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión, se dará traslado de la propuesta motivada por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo así. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) En estos supuestos, el extranjero tendrá derecho a asistencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones sobre el contenido de la propuesta o si no se admitiesen, por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente será considerado como propuesta de resolución con remisión a la autoridad competente para resolver. 3. En el supuesto del párrafo a) del artículo 53, cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorización de residencia temporal por situación de arraigo conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión continuará con la misma, si procede, por el procedimiento establecido en el artículo 57. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 4. La ejecución de la orden de expulsión en estos supuestos se efectuará de forma inmediata. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 64. Ejecución de la expulsión. 1. Una vez notificada la resolución de expulsión, el extranjero vendrá obligado a abandonar el territorio español en el plazo que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior a las setenta y dos horas, excepto en los casos en que se aplique el procedimiento preferente. En caso de incumplimiento se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que se haya de hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos anteriores, que no podrá exceder de cuarenta días. 2. La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará a costa del extranjero si tuviere medios económicos para ello. Caso contrario, se comunicará al representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos. 3. Cuando un extranjero sea detenido en territorio español y se constate que contra él se ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, se procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo expediente de expulsión. Se podrá solicitar la autorización del juez de instrucción para su ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecución de la sanción de expulsión, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. (Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 4. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de asilo, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de asilo. 5. No será precisa la incoación de expediente de expulsión para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la letra e) del artículo 5.6 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la solicitud. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 65. Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros. 1. Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. El régimen de ejecutividad de las mismas será el previsto con carácter general. 2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, quienes los remitirán al organismo competente. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)


35

Artículo 66. Obligaciones de los transportistas. (Artículo modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 1. Cuando así lo determinen las autoridades españolas respecto de las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen en las que la intensidad de los flujos migratorios lo haga necesario, a efectos de combatir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad pública, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada, en el momento de finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las autoridades españolas encargadas del control de entrada la información relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tránsito o como destino final, al territorio español. La información será comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad. 2. Toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a enviar a las autoridades españolas encargadas del control de entrada la información comprensiva del número de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen transportado a España, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tránsito o como destino final, de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen. Cuando así lo determinen las autoridades españolas, en los términos y a los efectos indicados en el apartado anterior, la información comprenderá, además, para pasajeros no nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de países con los que exista un convenio internacional que extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados, el nombre y apellidos de cada pasajero, su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad. La información señalada en el presente apartado deberá enviarse en un plazo no superior a 48 horas desde la fecha de caducidad del billete. 3. Asimismo, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a: a) Realizar la debida comprobación de la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado de los que habrán de ser titulares los extranjeros. b) Hacerse cargo inmediatamente del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera aérea, marítima o terrestre correspondiente del territorio español, si a éste se le hubiera denegado la entrada por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de fronteras. c) Tener a su cargo al extranjero que haya sido trasladado en tránsito hasta una frontera aérea, marítima o terrestre del territorio español, si el transportista que deba llevarlo a su país de destino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de este último país le hubieran denegado la entrada y lo hubieran devuelto a la frontera española por la que ha transitado. d) Transportar a los extranjeros a que se refieren los párrafos b) y c) de este apartado hasta el Estado a partir del cual le haya transportado, bien hasta el Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado, o bien a cualquier otro Estado que garantice su admisión y un trato compatible con los derechos humanos. La compañía, empresa de transportes o transportista que tenga a su cargo un extranjero en virtud de alguno de los supuestos previstos en este apartado deberá garantizar al mismo unas condiciones de vida adecuadas mientras permanezca a su cargo. 4. Lo establecido en este artículo se entiende también para el caso en que el transporte aéreo o marítimo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español.

TÍTULO IV Coordinación de los poderes públicos

Artículo 67. Coordinación de los órganos de la Administración del Estado. 1. El Gobierno llevará a cabo una observación permanente de las magnitudes y características más significativas del fenómeno inmigratorio con objeto de analizar su impacto en la sociedad española y facilitar una información objetiva y contrastada que evite o dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas. 2. El Gobierno unificará en Oficinas provinciales los servicios existentes, dependientes de diferentes órganos de la Administración del Estado con competencia en inmigración, al objeto de conseguir una adecuada coordinación de su actuación administrativa. 3. El Gobierno elaborará planes, programas y directrices sobre la actuación de la Inspección de Trabajo previa al procedimiento sancionador destinados especialmente a comprobar el cumplimiento del principio


36

de igualdad y no discriminación de los trabajadores extranjeros, así como el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de autorización de trabajo de extranjeros, todo ello sin perjuicio de las facultades de planificación que correspondan a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de ejecución de la legislación laboral. Artículo 68. El Consejo Superior de Política de Inmigración. 1. Para asegurar una adecuada coordinación de las actuaciones de las Administraciones públicas con competencias sobre la integración de los inmigrantes se constituirá un Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participarán, de forma tripartita y equilibrada, representantes del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios, cuya composición se determinará reglamentariamente. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 2. El Consejo Superior de Política de Inmigración elaborará un informe anual sobre la situación de empleo e integración social de los inmigrantes donde podrá efectuar recomendaciones para la mejora y perfeccionamiento de las políticas en estos ámbitos, atendiendo especialmente al funcionamiento y previsión del contingente y de las campañas de temporada. (Apartado modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 3. Para el desempeño de sus funciones, el Consejo Superior de Política de Inmigración podrá consultar y recabar información de los órganos administrativos, de ámbito estatal o autonómico, así como de los agentes sociales y económicos implicados con la inmigración y la defensa de los derechos de los extranjeros (Apartado añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 4. El Gobierno complementará y regulará, mediante Real Decreto, la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Superior de Política de Inmigración. (Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 69. Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes. Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, facilitándoles ayuda económica, tanto a través de los programas generales como en relación con sus actividades específicas. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 70. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 1.El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, constituido, de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las Administraciones públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de las organizaciones sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales con interés e implantación en el ámbito inmigratorio, constituye el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes. 2. Reglamentariamente se determinará su composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa. (Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Artículo 71. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. (Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Se constituirá el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, con funciones de estudio y análisis, y con capacidad para elevar propuestas de actuación, en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia.

DISPOSICIONES ADICIONALES Disposición adicional primera. Plazo máximo para resolución de expedientes. 1. El plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, éstas podrán entenderse desestimadas.(Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)


37

2. Las solicitudes de prórroga de la autorización de residencia así como la renovación de la autorización de trabajo que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas. Disposición adicional segunda. Subcomisiones de Cooperación. En atención a la situación territorial y a la especial incidencia del fenómeno migratorio y a las competencias que tengan reconocidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía en materia de ejecución laboral y en materia de asistencia social, y en concordancia con los mismos, se podrán constituir subcomisiones en el seno de las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en concordancia con lo que prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía, para analizar cuestiones sobre trabajo y residencia de extranjeros que les afecten directamente. En particular, en atención a la situación geográfica del archipiélago canario, a la fragilidad de su territorio insular y a su lejanía con el continente europeo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado se constituirá una subcomisión que conocerá de las cuestiones que afecten directamente a Canarias en materia de residencia y trabajo de extranjeros. ( Disposición redactada conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) Disposición adicional tercera. (Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) Lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de comparecencia personal. 1. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los registros de los órganos competentes para su tramitación. Igualmente, en los procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, las solicitudes podrán ser presentadas por éste, o por quien válidamente ostente la representación legal empresarial. 2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su recogida se realizarán personalmente ante la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación aquél resida. Excepcionalmente, cuando el interesado no resida en la población en que tenga su sede la misión diplomática u oficina consular y se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejanía de la misión u oficina o dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso, podrá acordarse de que la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de presentación de solicitudes y recogida de visado de estancia, tránsito y de residencia por reagrupación familiar de menores, ambos trámites podrán realizarse mediante representante debidamente acreditado. En cualquier caso, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entrevista personal. 3. Asimismo, no se requerirá la comparecencia personal en los procedimientos de contratación colectiva de trabajadores, en los supuestos contemplados en un convenio o acuerdo internacional, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo. Disposición adicional cuarta. Inadmisión a trámite de solicitudes. (Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) La autoridad competente para resolver inadmitirá a trámite las solicitudes relativas a los procedimientos regulados en esta Ley, en los siguientes supuestos: 1. Falta de legitimación del solicitante, o insuficiente acreditación de la representación. 2. Presentación de la solicitud fuera del plazo legalmente establecido. 3. Cuando se trate de reiteración de una solicitud ya denegada, siempre que las circunstancias que motivaron la denegación no hayan variado. 4. Cuando conste un procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante en el que pueda proponerse la expulsión o cuando se haya decretado en contra del mismo una orden de expulsión, judicial o administrativa. 5. Cuando el solicitante tenga prohibida su entrada en España. 6. Cuando se trate de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento.


38

7. Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen en España en situación irregular, salvo que pueda encontrarse en uno de los supuestos del artículo 31, apartado 3. 8. Cuando dicha solicitud no sea realizada personalmente y dicha circunstancia sea exigida por Ley. Disposición adicional quinta. Acceso a la información y colaboración entre Administraciones públicas. (Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) 1. En el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas, y con pleno respeto a la legalidad vigente, las Administraciones públicas, dentro de su ámbito competencial, colaborarán en la cesión de datos relativos a las personas que sean consideradas interesados en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo. 2. Para la exclusiva finalidad de cumplimentar las actuaciones que los órganos de la Administración General del Estado competentes en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo tienen encomendadas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, este último en lo relativo al Padrón Municipal de Habitantes, facilitarán a aquéllos el acceso directo a los ficheros en los que obren datos que hayan de constar en dichos expedientes, y sin que sea preciso el consentimiento de los interesados, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos. Disposición adicional sexta. Acuerdos de readmisión. (Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) A los extranjeros que, en virtud de los acuerdos que regulen la readmisión de las personas en situación irregular suscritos por España, deban ser entregados o enviados a los países de los que sean nacionales o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio español, les será de aplicación lo dispuesto en los citados acuerdos y esta Ley, así como su normativa de desarrollo. Disposición adicional séptima. Delimitación del Espacio Schengen. (Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por Espacio Schengen el conjunto de los territorios de los Estados a los que se apliquen plenamente las disposiciones relativas a la supresión de controles en las fronteras interiores y circulación de personas, previstas en el título II del Convenio para la aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990. Disposición adicional octava. Ayudas al retorno voluntario. (Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre ) El Gobierno contemplará anualmente la financiación de programas de retorno voluntario de las personas que así lo soliciten y planteen proyectos que supongan su reasentamiento en la sociedad de la que partieron y siempre que los mismos sean de interés para aquella comunidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Disposición transitoria primera. Regularización de extranjeros que se encuentren en España. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión autorización de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años. Disposición transitoria segunda. Validez de los autorizaciones vigentes. Las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido expedidas. Disposición transitoria tercera. Normativa aplicable a procedimientos en curso.


39

Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la iniciación, salvo que el interesado solicite la aplicación de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA . Derogación normativa. Queda derogada la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES Disposición final primera. Modificación del artículo 312 del Código Penal. El apartado 1 del artículo 312 del Código Penal queda redactado de la forma siguiente: «Artículo 312. 1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.» Disposición final segunda. Inclusión de un nuevo Título XV bis en el Código Penal. Se introduce un nuevo Título XV bis con la siguiente redacción: «Título XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Artículo 318 bis. 1. Los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a España serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro, o empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima, serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas en los apartados anteriores, cuando en la comisión de los hechos se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas o la víctima sea menor de edad. 4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la inhabilitación absoluta de seis a doce años incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio que se dedicare a la realización de tales actividades.» Disposición final tercera. Modificaciones en los artículos 515, 517 y 518 del Código Penal. 1. Se añade un nuevo apartado 6.º en el artículo 515 con la siguiente redacción: «6.º Las que promuevan el tráfico ilegal de personas.» 2. Se modifica el primer párrafo del artículo 517, que quedará redactado de la siguiente forma: «en los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas:» 3. Se modifica el artículo 518, que quedará redactado de la siguiente forma: «Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.» Disposición final cuarta. Artículos no orgánicos. Los preceptos contenidos en los artículos 10, 12, 13 y 14 no tienen carácter orgánico, habiendo sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución.


40

Disposición final quinta. Apoyo al sistema de información de Schengen. El Gobierno, en el marco de lo previsto en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, adoptará cuantas medidas fueran precisas para mantener la exactitud y la actualización de los datos del sistema de información de Schengen, facilitando el ejercicio del derecho a la rectificación o supresión de datos a las personas cuyos datos figuren en el mismo. Disposición final sexta. Reglamento de la Ley. El Gobierno en el plazo de seis meses aprobará el Reglamento de esta Ley Orgánica. Disposición final séptima. Información sobre la Ley a organismos y organizaciones interesados. Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para informar a los funcionarios de las diversas Administraciones públicas, a los directivos de asociaciones de inmigrantes, a los Colegios de Abogados, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales de los cambios que sobre la aplicación de la normativa anterior supone la aprobación de esta Ley Orgánica. Disposición final octava. Habilitación de créditos. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos originados por la aplicación y desarrollo de la presente Ley. Disposición final novena. Entrada en vigor. Esta Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el "Boletín Oficial del Estado". REAL DECRETO 864/2001, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN

ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, REFORMADA POR LA LE Y ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE.

PREÁMBULO El 23 de diciembre de 2000 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En la disposición final segunda de dicha Ley Orgánica se establece que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicación de la misma, aprobará el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Hasta la fecha, ha permanecido en vigor el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, en todo lo que aquél no contradijera o se opusiera a la Ley Orgánica 4/2000 o a la reforma de la misma mediante Ley Orgánica 8/2000. En el contexto actual y de acuerdo con la referida disposición final segunda de la Ley Orgánica 8/2000, la Comisión Interministerial de Extranjería ha recibido instrucciones del Gobierno para proceder a la elaboración del Proyecto de Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, según la citada previsión legal. En dicha elaboración ha sido necesario tener en cuenta la consolidación de España como tierra de inmigración y las conclusiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea en octubre de 1999, en Tampere, sobre creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, así como la modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que ha operado la Ley 4/1999, de 13 de enero, la nueva organización administrativa


41

del Estado emergida de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la necesidad de velar por un nivel de vida digno y unas condiciones de empleo para los trabajadores extranjeros en igualdad de trato con los españoles, en el contexto de la lucha contra la explotación de aquéllos y contra el tráfico ilegal de mano de obra, considerando el ámbito de la cooperación con los Estados de donde proceden los inmigrantes, y la apuesta de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, por conceptos tales como la reagrupación familiar, el arraigo o la colaboración de los propios inmigrantes en la lucha contra las redes de tráfico de personas. Por otra parte, debe recordarse que la Ley 9/1994, de 19 de mayo, por la que se modificó la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, recondujo el asilo humanitario que se concedía a determinados extranjeros que no sufrieron persecución en el sentido que se recoge en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados a la vía de la legislación general de extranjería, plasmándose en el artículo 17.2 de la Ley de Asilo que, sin embargo, no fue desarrollado por su Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 203/1985, de 10 de febrero, más que en lo referente a las personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico y religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país. Durante la anterior legislatura, el Senado instó al Gobierno a desarrollar lo dispuesto en el citado precepto, a fin de proporcionar un marco para su adecuada aplicación. A su vez, la construcción del denominado Sistema Europeo Común de Asilo, tras la comunitarización de las políticas de asilo por el Tratado de Amsterdam, contempla la regulación de la llamada protección subsidiaria. Estas razones han llevado al desarrollo del citado precepto de la Ley de Asilo, siguiendo la doctrina que había establecido el Consejo de Estado en materia de protección humanitaria para los casos a los que no les es de aplicación el estatuto de refugiado, mediante la correspondiente modificación del Reglamento de aplicación de la Ley de Asilo, que se recoge en la disposición final tercera del presente Real Decreto. Por lo que se refiere al contenido propiamente dicho del Reglamento que se aprueba por este Real Decreto, aquél viene marcado por las razones que han llevado a la promulgación de la Ley Orgánica referida, debiéndose señalar que en el mismo se ha dado un nuevo vigor a la regulación de los controles fronterizos de personas, se ha buscado una mejor coordinación de las autoridades implicadas en la concesión de visados y se ha dado cumplimiento a la previsión legal de un procedimiento específico para la misma, han sido simplificados los procedimientos administrativos de concesión de los diferentes permisos de residencia y de trabajo, se ha racionalizado la regulación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de extranjería y, en definitiva, se ha perseguido una mejor coordinación de los órganos de la Administración General del Estado, destacando a este respecto una nueva reglamentación de las Oficinas de Extranjeros, con el objetivo de garantizar la eficacia y coordinación en la actuación administrativa en el nivel más cercano a los destinatarios de la política de extranjería e inmigración. Finalmente, debe destacarse que se ha dotado al Reglamento de una estructura conforme con la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000. En la tramitación del presente Real Decreto, aparte de lo dispuesto en la normativa vigente para la aprobación de las disposiciones generales, aquél ha sido objeto de informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En su virtud, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión Interministerial de Extranjería y del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, de los Ministros de Asuntos Exteriores, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2001,

DISPONGO: Artículo único. Aprobación y ámbito de aplicación del Reglamento. 1. Se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, que a continuación se inserta. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica, las normas del Reglamento de ejecución de la misma se entenderán sin perjuicio de lo establecido en las Leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte. 3. Las normas del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, se aplicarán con carácter supletorio, o a los efectos que pudieran ser más favorables, a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y a las demás


42

personas incluidas en el ámbito del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, modificado por Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992 y ratificado por España el 22 de noviembre de 1993. Asimismo, las normas del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, se aplicarán con carácter supletorio a quienes sea de aplicación la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo. 4. A los extranjeros que, en virtud de los Acuerdos que regulen la readmisión de personas en situación irregular suscritos por España, deban ser entregados o enviados a los países de los que sean nacionales o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio español, les será de aplicación el procedimiento previsto en el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, para la medida de retorno, y lo establecido en el artículo 60 de dicha Ley Orgánica. Si se tratase de extranjeros que, habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España, les será de aplicación el artículo 58 de la citada Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000. Disposición transitoria primera. Validez de permisos o tarjetas en vigor. Los distintos permisos o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España concedidos a las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento que se aprueba mediante este Real Decreto y que tengan validez en la fecha de entrada en vigor del mismo, conservarán dicha validez durante el tiempo para el que hubieren sido expedidos. Disposición transitoria segunda. Solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento se tramitarán y resolverán conforme a los trámites previstos en la normativa vigente en el momento de la solicitud, salvo que el interesado solicite la aplicación de este Reglamento. Disposición transitoria tercera. Renovación de los permisos de trabajo. Los permisos de trabajo que estuvieran vigentes el 23 de enero de 2001, fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, se renovarán de la siguiente manera: Los permisos B iniciales pasarán a ser tipo C y los permisos de tipo B renovado y C pasarán a ser permisos de residencia permanente. Disposición transitoria cuarta. Obligaciones de los transportistas. Las empresas de transporte por carretera incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto adoptarán las medidas que sean necesarias para que puedan realizarse las comprobaciones de la documentación previstas en el artículo 30 del Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto, en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Disposición derogatoria única. Quedan derogados el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985; el Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre creación, competencias y funcionamiento de las Oficinas de Extranjeros; la disposición adicional primera del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, y cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. Disposición final primera. Desarrollo. Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores, del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en su caso, previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto. Esta facultad corresponderá al Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta de los Ministros afectados en cada caso, y previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería, en relación con aquellas materias que no sean objeto de la exclusiva competencia de cada uno de ellos. Disposición final segunda. Estatuto y normas de régimen interno de los Centros de Migraciones de Ceuta y Melilla. En el plazo de tres meses desde la publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, aprobará el Estatuto de los Centros de Migraciones ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla.


43

Disposición final tercera. Modificación del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de 19 de mayo. 1. Se modifica el artículo 2, apartado tercero, del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, cuyos párrafos c) y d) quedan redactados como sigue: «c) Elevar al Ministro del Interior las propuestas de autorización de permanencia acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, que se basen en razones humanitarias que se vinculen a la aplicación de instrumentos internacionales que determinen la no devolución o que, sin constituir ninguno de los supuestos de aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, sobre reconocimiento del Estatuto de Refugiado, exista cierta vinculación con los motivos en ella recogidos.» d) Proponer la documentación que se expedirá a los solicitantes de asilo, a los refugiados reconocidos, a aquéllos a quienes se autorice a permanecer en España en aplicación del apartado anterior y a aquéllos a los que sea de aplicación la disposición adicional primera de este reglamento.» 2. Se modifica el artículo 3 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, cuyo párrafo g) queda redactado como sigue: «g) Someter a dicha Comisión las propuestas de autorización en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, que se basen en razones humanitarias que se vinculen a la aplicación de instrumentos internacionales que determinen la no devolución o que, sin constituir ninguno de los supuestos de aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, sobre reconocimiento del Estatuto de Refugiado, exista cierta vinculación con los motivos en ella recogidos.» 3. Se modifica el artículo 31 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, cuyo apartado 3 queda redactado como sigue: «3. Cuando por interés público o por razones humanitarias que se vinculen a la aplicación de instrumentos internacionales que determinen la no devolución o que, sin constituir ninguno de los supuestos de aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, sobre reconocimiento del Estatuto de Refugiado, exista cierta vinculación con los motivos en ella recogidos, se justifique la autorización de permanencia en España del solicitante, la denegación de asilo irá acompañada de un acuerdo en este sentido, conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado. La resolución denegatoria deberá especificar el estatuto que se acuerde otorgar conforme a la normativa vigente de extranjería, que será propuesto por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio al Ministro del Interior. Asimismo, podrá recomendar su acogida al estatuto de desplazado, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera.» Disposición final cuarta. Modificaciones presupuestarias. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos originados por la aplicación y desarrollo del Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto. Disposición final quinta. Entrada en vigor. El presente Real Decreto y el Reglamento que por éste se aprueba entrarán en vigor el día 1 de agosto de 2001. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. REFORMADA POR LEY ORGÁNICA 8/200, DE 22 DE

DICIEMBRE. (EXTRACTO)

Artículo 8. Visados de residencia. Clases.


44

1. Los visados de residencia podrán ser concedidos a los extranjeros que deseen trasladar su residencia a España. 2. Los visados de residencia para reagrupación familiar podrán ser concedidos, previo informe favorable de la autoridad gubernativa competente, a los extranjeros que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000 y que lo soliciten para reagruparse con un familiar residente en España. Dicho informe tendrá valor vinculante con respecto a las condiciones que deban acreditarse referidas al reagrupante, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000. 3. Los visados de residencia para trabajo podrán ser concedidos a los extranjeros que deseen ejercer una actividad laboral o profesional, por cuenta ajena o propia. La concesión de estos visados deberá ir precedida de informe favorable emitido por la autoridad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 89 de este Reglamento. 4. Los visados de residencia para ejercer una actividad exceptuada de la obligación de obtener un permiso de trabajo podrán ser concedidos a los extranjeros que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000. La concesión de estos visados deberá ir precedida del reconocimiento por la autoridad laboral de que están exceptuados de la obligación de obtener permiso de trabajo, salvo en los casos c), en los supuestos de personal dependiente de instituciones públicas, d), e) y f) del apartado 1 del artículo mencionado. La concesión de un visado de residencia en los supuestos mencionados en los párrafos c), d), e) y f), en que se den las circunstancias contempladas en el artículo 68.1 del presente Reglamento, no exime a su titular, una vez en España, de la obligación de tramitar ante la autoridad laboral competente el reconocimiento de la excepción y, en su caso, de la obligación de formalizar la acreditación como corresponsal, con carácter previo al inicio de la actividad. 5. Los visados de residencia para asilo podrán ser concedidos, previo informe de la autoridad competente, a los extranjeros que hayan tramitado y obtenido el reconocimiento de la condición de refugiado a partir de una solicitud presentada en una Misión Diplomática u Oficina Consular española, de acuerdo con la legislación española de asilo. También podrá ser concedido este visado al extranjero que tenga la condición de refugiado en otro país y España acepte la transferencia de responsabilidad y la residencia en territorio español. Igualmente, podrá ser concedido este visado a los extranjeros que hayan solicitado asilo en una Misión Diplomática u Oficina Consular española y la situación de riesgo haga aconsejable su traslado urgente a España. 6. Los visados de residencia no lucrativa podrán ser concedidos a los extranjeros jubilados, que sean pensionistas o rentistas, o a los extranjeros en edad laboral, que no vayan a realizar en España una actividad sujeta a permiso de trabajo o exceptuada de la obligación de obtener dicho permiso. Estas solicitudes de visado, salvo en los supuestos en que la urgencia en su resolución no lo permita o la petición de informe resulte superflua por apreciarse razonablemente acreditados en el expediente los requisitos reglamentarios a que se refieren los artículos 14.5, 17.7, 41 y concordantes del presente Reglamento, podrán ser sometidas por la Oficina Consular de tramitación a informe de la autoridad gubernativa provincial, que podrá emitirlo en el plazo de un mes. La no emisión de informe en el plazo indicado se entenderá como ausencia de obstáculos a su resolución. El informe desfavorable tiene carácter vinculante si considera al solicitante incurso en alguna de las causas de prohibición de entrada. 7. La obtención de un visado para residencia se entiende sin perjuicio de la competencia de las autoridades dependientes del Ministerio del Interior para autorizar la entrada y otorgar, cuando proceda, el correspondiente permiso de residencia. .../... Artículo 14. Documentación específica requerida para los visados de residencia. 1. Cuando se solicite visado de residencia para reagrupación familiar, el reagrupante residente en España deberá pedir, con anterioridad a la presentación de la solicitud, informe de la autoridad gubernativa de la provincia donde resida, acreditativo de que reúne las condiciones previstas en los apartados 11 y 21 del artículo 18 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000. El familiar incluido en alguno de los supuestos de reagrupación previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000 deberá presentar, junto con la solicitud de visado, copia, en plazo, de la petición de informe con el número de enlace de visado incorporado y registrado por la oficina gubernativa correspondiente, así como


45

la documentación que acredite el parentesco y en su caso, la dependencia legal y económica; en el supuesto de un ascendiente del reagrupante o de su cónyuge, deberá presentar la documentación que acredite que dicho ascendiente está a cargo del reagrupante o de su cónyuge y que existen razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. El Gobierno, a propuesta de la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá determinar los supuestos en los que no se exija la acreditación de todos o alguno de los requisitos a los que deba referirse el informe de la autoridad gubernativa, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. .../...

SECCIÓN 2.ª LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA

Artículo 41. Permiso de residencia temporal y su renovación. 1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años. 2. El permiso de residencia temporal podrá concederse a los extranjeros que se encuentren en España y se hallen en los siguientes supuestos: a) Los que manifiesten su propósito de fijar por primera vez su residencia en España, así como a aquéllos que habiendo residido con anterioridad no reúnan los requisitos establecidos para la obtención de un permiso de residencia permanente. Dicho permiso se concederá al extranjero que acredite disponer de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo por el que la solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa, se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena y haya obtenido la autorización administrativa para trabajar a que se refiere el artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, o sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar según el apartado 4 de este artículo. b) Los que hubiesen tenido tal permiso y no lo hubieran podido renovar habiendo permanecido de forma continuada en territorio español sin permiso de residencia durante los dos años anteriores. c) Los que acrediten una permanencia continuada, sin permiso de residencia, en territorio español durante un periodo mínimo de cinco años. d) Aquéllos que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años y en los que concurra una situación excepcional y acreditada de arraigo, considerando como tal la incorporación real al mercado de trabajo y los vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles. 3. Igualmente, se concederá un permiso de residencia temporal, en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en su caso: a) A las personas consideradas como desplazadas, según establece el apartado 1 de la disposición adicional primera del Reglamento de aplicación de la Ley de Asilo, aprobado por Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero. b) A aquellas personas a las que, habiéndoles sido denegada o inadmitida a trámite su solicitud de asilo, el Ministro del Interior haya autorizado su permanencia en España a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, por razones humanitarias que se vinculen a la aplicación de instrumentos internacionales que determinen la no devolución o que, sin constituir ninguno de los supuestos de aplicación de la Convención de Ginebra de 1951 sobre reconocimiento del Estatuto de Refugiado, exista cierta vinculación con los motivos en ella recogidos. c) A las personas en las que concurran razones humanitarias, en particular haber sido víctimas de conductas tipificadas como delitos racistas o xenófobos, las cuales justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. d) A las personas que colaboren con las autoridades administrativas y judiciales españolas, o en las que concurran razones de interés nacional o seguridad nacional, las cuales justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. 4. Los extranjeros que residan legalmente en España podrán reagrupar con ellos a familiares, conforme a los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000 y en este Reglamento.


46

Los familiares que podrán obtener un permiso de residencia por motivo de reagrupación familiar, para así residir con dichos extranjeros en territorio español, son los previstos en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000. Los titulares de los visados para reagrupación familiar deberán solicitar, dentro del plazo de vigencia de dicho visado, el correspondiente permiso de residencia temporal. La duración del permiso de residencia que se conceda a estos familiares será la misma que la del permiso concedido al reagrupante y su vigencia dependerá del mantenimiento de las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento, si bien el cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados, conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición, siempre que acredite la convivencia en España con el cónyuge reagrupante durante al menos dos años. El cónyuge reagrupado podrá obtener un permiso de residencia independiente cuando: a) Obtenga una autorización para trabajar. b) Acredite haber vivido en España con el cónyuge reagrupante durante dos años, mediante certificado de empadronamiento o de inscripción consular, o por cualquier medio de prueba admisible en Derecho que, de forma efectiva, evidencie la continuidad de dicha permanencia en España. Este plazo podrá ser reducido cuando concurran circunstancias de carácter familiar o humanitario que así lo justifiquen. No se podrá conceder un permiso de residencia a un extranjero como cónyuge de un residente extranjero cuando otro cónyuge de éste ya cuente con anterioridad con un permiso de residencia. Los hijos del reagrupante obtendrán una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad o cuando obtengan una autorización para trabajar. 5. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de sus propios familiares, siempre que cuenten ya con un permiso de residencia obtenido independientemente del permiso del reagrupante y acrediten reunir los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000 y en este Reglamento para proceder a dicha reagrupación. 6. Los hijos, nacidos en España, de extranjero que se encuentre residiendo legalmente en el territorio español, adquirirán automáticamente el mismo tipo de permiso de residencia del que sea titular cualquiera de sus progenitores, sin necesidad de obtener la exención de visado. 7. La validez del permiso de residencia temporal obtenido por primera vez no podrá exceder de un año, salvo lo dispuesto en los apartados 4 y 6 de este artículo. 8. Los permisos de residencia temporal, cualquiera que sea su duración, podrán renovarse a petición del interesado si concurren circunstancias análogas a las que motivaron su concesión, por sucesivos periodos con una duración de dos años cada uno. Los permisos de residencia regulados en esta sección se renovarán si no han variado las circunstancias o si concurren otras que, conforme a lo dispuesto en este Reglamento, justifican su otorgamiento. Las solicitudes de renovación de dichos permisos se resolverán y notificarán en el plazo general máximo de tres meses contados según lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, entendiéndose que dicha renovación ha sido concedida si, transcurrido tal plazo, la Administración no ha dado respuesta expresa. En el caso de que hayan sido concedidos al amparo de lo establecido en la letra b) del apartado 3 de este artículo, los permisos se renovarán anualmente, previo informe de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que valorará la existencia de las circunstancias que motivaron su concesión. Artículo 42. Permiso de residencia permanente. 1. Tendrán derecho a obtener permiso de residencia permanente los extranjeros que acrediten haber residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante cinco años, no afectando a dicha continuidad, siempre que las salidas correspondientes no se hayan realizado de forma irregular: a) Las ausencias por periodos de vacaciones. b) Las ausencias de hasta seis meses, siempre que sumadas no superen un total de un año. c) Las ausencias, debidamente justificadas, realizadas por motivos familiares o de asistencia sanitaria. 2. El permiso de residencia permanente también se concederá a los extranjeros que acrediten que se encuentran en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Residentes que sean beneficiarios de una pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, incluida dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.


47

b) Residentes que sean beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, en su modalidad contributiva, incluida dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social o de prestaciones análogas a las anteriores obtenidas en España y consistentes en una renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para su sostenimiento. c) Que hayan nacido en España y al llegar a la mayoría de edad acrediten haber residido en España de forma legal y continuada durante, al menos, los tres años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud. d) Que hayan sido españoles de origen, habiendo perdido la nacionalidad española. e) Que al llegar a la mayoría de edad hayan estado bajo la tutela de una entidad pública española durante al menos los tres años consecutivos inmediatamente anteriores. f) Apátridas o refugiados que se encuentren en territorio español y a quienes se les haya reconocido el respectivo estatuto en España. g) Extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España, o a la proyección de España en el exterior. 3. El titular del permiso de residencia permanente estará obligado a renovar la tarjeta que documenta el mismo cada cinco años. .../... Artículo 44. Solicitud de informe gubernativo sobre el cumplimiento por el reagrupante de las condiciones exigidas legalmente. 1. El residente legal interesado en que se expida un visado de residencia por reagrupación de un familiar, con carácter previo a que el familiar presente la solicitud del visado, deberá dirigirse a la autoridad gubernativa de la provincia en que resida para solicitar de la misma informe acreditativo de que reúne las condiciones previstas en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, así como que es titular de un permiso de residencia ya renovado. 2. La solicitud de informe gubernativo se dirigirá, por triplicado, a la Oficina de Extranjeros o, en su defecto, a la Comisaría de Policía del lugar de su residencia empleando el modelo determinado oficialmente, debidamente cumplimentado y firmado. 3. La autoridad gubernativa receptora de la solicitud sellará y registrará ésta, incorporando la fecha y un número de enlace de visado que facilite la gestión administrativa entre los departamentos ministeriales afectados, devolviendo al solicitante el original. 4. A la solicitud del informe gubernativo deberá adjuntarse la siguiente documentación: a) Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante, en vigor. b) Copia del permiso de residencia o de trabajo y residencia ya renovado. c) Acreditación de empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000. A estos efectos, el reagrupante deberá aportar los siguientes documentos: Tres últimos recibos de salarios o fotocopia de boletines de cotización en el supuesto de trabajadores por cuenta ajena. Justificación de ingresos de la persona en situación de inactividad. Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior en el supuesto de trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena. Justificante de afiliación y alta en la Seguridad Social o seguro de asistencia sanitaria y beneficiarios. Asimismo, el reagrupante podrá aportar cualquier otro documento que considere oportuno en relación con la acreditación señalada. Mediante Orden del Ministerio del Interior se podrá determinar la cuantía exigible de dichos recursos económicos o medios de vida, teniendo en cuenta el número de personas a cargo del solicitante, las que pretende reagrupar y la evolución de los índices generales de precios. d) Acreditación de disponibilidad de una vivienda suficiente para el reagrupante y su familia. A estos efectos, deberá aportarse por el reagrupante informe expedido por la Corporación Local que acredite que dispone de un alojamiento adecuado para subvenir a sus propias necesidades de vivienda en la zona de residencia del reagrupante, teniendo en cuenta el número de miembros de la familia. Para este fin podrán suscribirse los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las Corporaciones Locales que así lo decidan.


48

Cuando no exista informe por parte de la Corporación Local del lugar de residencia del reagrupante, éste deberá acreditar dichas condiciones mediante acta notarial mixta de presencia y manifestaciones para acreditar las características y amplitud de la vivienda. El informe o, en su defecto, el acta notarial, deberá hacer referencia a los siguientes extremos: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de habitaciones o dependencias en que se distribuye la vivienda, uso al que se destina cada una de ellas, número de personas que la habitan y condiciones de equipamiento de la misma, en particular, las relativas a la disponibilidad de agua corriente, electricidad, sistema de obtención de agua caliente y red de desagües. e) En los casos de reagrupación de cónyuge, declaración firmada del reagrupante de que no reside con él en España otro cónyuge. 5. La autoridad gubernativa comunicará al reagrupante que ha solicitado el informe el sentido del mismo y el momento en que ha sido remitido a la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los Españoles en el Extranjero. ....


49

BREVE COMENTARIO AL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA L.O. 8/20001

En lo que al desarrollo reglamentario de la L.O. 8/2000 se refiere, el Tribunal Supremo ha sido el encargado de resolver, mediante STS de 20 de marzo de 2003 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª) el primero de un rosario de recursos que penden sobre la normativa española sobre extranjería. Mediante esta sentencia, recaída en recurso interpuesto por dos asociaciones pro inmigrantes contra el RD 864/2001 de 20 de julio de 2001 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero de 2000 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España, reformada por L.O 8/2000 de 22 de diciembre –en adelante REODYLE-, constituye un elemento importante en aras a corregir determinadas previsiones reglamentarias en materia de extranjería y modifica ciertas peculiaridades sobre la política de inmigración que ha adoptado el ejecutivo al margen de las previsiones constitucionales y legales, declarando nulos de pleno derecho varios artículos reglamentarios que han sido declarados ilegales, de manera tal que su consecuencia jurídica principal es la de su inexistencia, de la cual se derivan otras múltiples. La sentencia parte, como no podría ser de otra manera, puesto que el Supremo no es el órgano encargado de enjuiciar la constitucionalidad de las leyes, y sobre la L.O 4/2000, modificada por L.O. 8/2000 tendrá ocasión de pronunciarse el TC, como consecuencia de los numerosos recursos de inconstitucionalidad interpuestos, parte de un presupuesto principal y básico de todo Estado de Derecho, cual es la necesidad de que todos los poderes públicos deben de respetar el principio de legalidad reconocido en el art. 9.2 y 9.3 CE. La vulneración del principio de legalidad, respecto al cual, el propio Tribunal ya anuncia en el Fundamento Jurídico 1º, que constituye el punto de partida en su exámen jurisdiccional, es puesta de manifiesto en varias ocasiones. Así, en los Fundamentos Jurídicos 3º, 6º, u 8º, el órgano judicial recuerda la necesidad de que los preceptos impugnados no se regulen al amparo de una norma de rango legal. Ahora bien, con ser ello grave, más lo es las manifestaciones que el Tribunal Supremo hace en los Fundamentos Jurídicos 4º, 5º, 9º, 14º, o 15º, en los que se pone de manifiesto cómo la potestad reglamentaria del gobierno, no sólo no respeta el principio de legalidad, sino que afecta al ejercicio de derechos fundamentales o derechos vinculados directamente a derechos constitucionales o que forman parte de su contenido. En lo que al contenido del art, 19 CE se refiere, la sentencia , en relación al artículo 38.5 RELODYLE, que establece: “ Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos anteriores, el Ministerio del Interior podrá autorizar la estancia en territorio español, por un máximo de tres meses en un período de seis, a los extranjeros que hubieran entrado en el mismo con documentación defectuosa o incluso sin ella o por lugares no habilitados al efecto….pudiendo adoptar en tales casos, como medidas cautelares, alguna de las medidas enumeradas en el artículo 5 de la LO. 4/2000 reformada por LO 8/2000”, nos recuerda como el precepto legal (art. 5 LODYLE) en modo alguno contempla la posibilidad de extender tales medidas limitativas del derecho a la libre circulación con carácter general a supuestos distintos a los contemplados legalmente,” por lo que la extensión que se hace por vía reglamentaria del alcance del artículo 5 LODYLE resulta contrario al mismo y al artículo 19 de la Constitución”. Únicamente, de manera excepcional e individualizadamente, y en la forma en que preceptúa el art. 5 LODYLE, podrá establecerse tal limitación a los extranjeros que se encuentren en España en la situación de estancia a que se refiere el art. 38 impugnado, y declarado ilegal, situación que ha de considerarse de estancia legal, principio sobre el que gravita la L.O. 4/2000 con su reforma, una vez que se conceda la autorización preceptiva. A través del precepto reglamentario indicado, no sólo se vulnera el principio de legalidad, sino que se vulnera un derecho fundamental, cuyas limitaciones están perfectamente reguladas por el Derecho Internacional, por la Constitución y por las previsiones legales, entre cuyos supuestos no se contempla el recogido reglamentariamente. También entiende el TS vulnerado el principio de legalidad en relación con el derecho a la libre circulación reconocida en el art. 19 CE en el Fundamento Jurídico 9ª al examinar el contenido del artículo 57 del Reglamento cuando establece: “A los extranjeros que se encuentren en España y que justificando documentalmente una necesidad excepcional de salir del territorio español no puedan proveerse de pasaporte propio, por encontrarse en alguno de los casos expresados en el art.

1 El presente Comentario forma parte del Libro: Derechos de los Inmigrantes en España. Una visión constitucional, jurisprudencial y legislativa, de Juan Manuel Goig Martínez, Madrid, Universitas, 2004.


50

34.2 LODYLE…se les podrá expedir…un título de viaje…”, en relación con el precepto legal al que se hace referencia, cuyo inciso final prevé que “los que deseen viajar al extranjero serán además provistos de un título de viaje”, por entender que “el precepto legal no establece condicionamiento alguno para la provisión de título de viaje, salvo la previa documentación a que se refiere el propio precepto, por lo que condicionar la provisión de título de viaje a la justificación documental de una necesidad excepcional de salir del territorio español, frente al simple deseo de viajar al extranjero a que se refiere la ley, implica una clara contradicción con la norma de rango superior, y por lo tanto debe procederse a su anulación” y que a idéntica situación debe llegarse con la expresión reglamentaria “podrá expedir”, por “suponer una mera posibilidad frente al carácter imperativo del art. 34.2 de la ley cuando dice que `serán además provistos`”, por limitar, más allá de lo autorizado por la ley, la libertad de entrada y salida del territorio español reconocida. En lo que respecta a la vulneración del derecho a la libertad personal por vía reglamentaria, por contravenir el principio de legalidad, ésta es observada en dos ocasiones de manera clara y manifiesta por el Tribunal Supremo. La Sentencia nos recuerda en el Fundamento Jurídico 14º, al examinar el contenido del art. 127.2c del REODYLE, que extiende la posibilidad de internamiento a todos los supuestos en que se haya dictado acuerdo de devolución, mientras que el art. 58.5 de la Ley de Extranjería sólo admite que el internamiento se produzca en los supuestos de expulsión por contravenir la prohibición de entrada, que la norma reglamentaria contraviene manifiestamente la ley, tanto por extender el internamiento a supuestos no previstos legalmente, como por confundir las figuras de devolución y expulsión, manifestando claramente que “extender por vía reglamentaria una medida cautelar que afecta al Derecho a la libertad a supuestos no previstos legalmente resulta contrario al ordenamiento jurídico”. Respecto a la impugnación que se hace del art. 130 REODYLE, relativo al internamiento y a las normas que deben de regir esta situación, por tratarse de cuestiones que atañen directamente al estatuto jurídico de los extranjeros que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Ley de Extranjería, hayan sido ingresados en centros de internamiento, y entendiendo que dicho estatuto jurídico puede afectar y limitar el ejercicio de diversos aspectos esenciales del derecho a la libertad de los extranjeros, dicho ejercicio deberá estar regulado por ley, en este caso con carácter orgánico. Especialmente interesante es la reflexión que hace el TS en el Fundamento Jurídico 15º del art. 53.1 CE. La posición central que los derechos y libertades ocupan en el sistema político español está, expresamente manifestada en dicho precepto, y la vinculación que para los poderes públicos implica, deberá ser entendida como una “vinculación especial”: los poderes públicos están sometidos a la Constitución en general, y en especial a los derechos y libertades que reconoce, puesto que éstos constituyen el pilar principal del Estado, manifestando la finalidad propia de toda limitación del poder constitucional en un Estado de Derecho, que consiste en proteger los ámbitos de libertad e igualdad. La vinculación que se impone a los poderes públicos de respeto a los derechos y libertades, implica, que sólo por ley podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, y, en todo caso, deberá respetarse el contenido esencial. Como pone de manifiesto el TS, el art. 53.1 CE ha querido añadir un plus de garantía “derivado del hecho de que los derechos son directamente aplicables y en consecuencia reserva al legislador, las Cortes Generales, la posibilidad de, respetando su contenido esencial, regular el ejercicio de esos derechos entre los que naturalmente se encuentra dl Derecho a la libertad proclamado en el art. 17 y que se predica de toda persona y no solo de los nacionales”. Ello lleva al TS a anular los apartados 2 y 6 del precepto reglamentario puesto que de su contenido se derivan limitaciones reglamentarias al ejercicio de derechos para las personas internadas, más allá de las reconocidas legalmente, cuales son la periodicidad en las comunicaciones, o el establecer la posibilidad de imponer medidas correctivas a los internos que no respetan las normas de convivencia sin especificar cuales sean unas y otras. La asimilación de las garantías de que las personas pueden disfrutar en una situación de internamiento, como la que nos ocupa, y la detención preventiva, implica una exigencia de rango legal en toda limitación a los derechos inherentes a la situación, limitación que, como ha manifestado el TC (STC 11/1991, de 17 de enero), “deberá ser siempre entendida en un sentido restrictivo que sea compatible con el valor preferente de disfrute de los derechos fundamentales”. Las situaciones de privación de libertad implican una mayor protección y garantía de las personas, dentro de las cuales, además, se encuentra el derecho a un control de legalidad de su situación ejercida por un Tribunal (STEDH de 18 de junio de 1971, Casos de Wilde, Ooms y Versye) La L.O. 8/2000 restringe respecto al contenido inicial, el derecho a la reagrupación familiar por cuanto, a pesar de permitir la reagrupación de familiares por quienes hayan adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación, pone trabas a las primeras reagrupaciones, y remite a una posterior reglamentación el cumplimiento de determinados requisitos art. 17.2


51

LODYLE) . Esta modulación reglamentaria, se ha plasmado en el art. 41.5 REODYLE, de manera ilegal, según el TS, puesto que del contenido del precepto impugnado se determina que únicamente se puede ejercer el derecho de reagrupación de los familiares del primer reagrupado cuando éstos contaran con un permiso de residencia obtenido con independencia del conseguido en virtud del derecho de reagrupación inicial, criterio contrario al contenido legal. De ello, el TS, manifiesta, que si bien las nuevas reagrupaciones pueden estar reglamentariamente condicionadas a determinados presupuestos, “lo que no puede hacer el Reglamento es invertir el criterio de la Ley y prohibir dichas reagrupaciones, máxime cuando la ley, de acuerdo con lo previsto en el art. 13 CE configura para su ejercicio por los extranjeros, lo que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y a interpretar según las normas internacionales al efecto de las que España es parte”, recordando al efecto el art. 16 LODYLE en relación con el art. 17.5 CE a la luz del art. 10.2 CE y la normativa internacional (arts. 12 y 16 DUDH;art. 8 de la Declaración Europea y arts. 9 y 10 de la Convención de Naciones Unidas que reconoce los Derechos del Niño) que reconocen este derecho. La principal consecuencia de esta importante sentencia del Tribunal Supremo, al margen de los recursos que puedan ser planteados por aquellos perjudicados en la aplicación de la disposición reglamentaria, es el anuncio de reforma de la LO 8/2000. Así , se ha aprobado la L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la LO 4/2000, modificada por LO 8/2000; de la Ley 7/1985 RBRL y de la Ley 30/1992 de RJAP y del PAC, en cuya exposición de motivos, se justifica la reforma, no solamente en el incremento del número de residentes extranjeros en España, y en la modificación de las formas en que se produce el hecho migratorio en España, con la consecuente necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, sino también en la necesidad de adaptar la normativa interna en materia de derechos y libertades de los extranjeros a las decisiones últimas adoptadas en el seno de la UE, así como en el deseo de incorporar determinadas consideraciones técnicas efectuadas por el Tribunal Supremo en el Reglamento de ejecución de la Ley.


52

DOCUMENTACIÓN EUROPEA

Los/as alumnos/as que deseen realizar su Trabajo sobre aspectos del tratamiento de los derechos y libertades de los inmigrantes en el Derecho Comunitario, podrán consultar los siguientes documentos:

1.-CONSEJO EUROPEO DE TAMPERE. CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA. 2.- DIRECTIVA 2000/43/CE DEL CONSEJO RELATIVA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN RACIAL O ÉTNICO 3.- DIRECTIVA 2003/86/CE DEL Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar (Plazo de trasposición 3 de octubre de 2005) 4.- DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2002. 5.- COOPERACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR. Esta documentación puede verse en: Consejo de la Unión Europea: http://ue.eu.int Parlamento Europeo: http://www.europarl.eu.int Comisión Europea: http://www.europa.eu.int


53

RECENSIÓN JURISPRUDENCIAL

Se adjunta una recensión de Sentencias del Tribunal Supremo (STS); del Tribunal Constitucional (STC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos STEDH), cuya importancia en materia de extranjería es esencial.

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- STC 107/1984, de 23 de noviembre (residencia por contrato de trabajo) - STC 99/1985, de 30 de septiembre (aplicación de art. 24 CE a extranjeros) - STC 115/1987, de 7 de julio. (sobre la LOExtranjería de 1985) - STC 71/1988, de 19 de abril (defensa e intérprete en todo proceso) - STC 144/1990, de 26 de septiembre (falta de motivación del juez en la decisión de

internamiento) - STC 112/1991, de 20 de mayo (participación de extranjeros en elecciones municipales) - STC 94/1993, de 22 de marzo (expulsión ignorando la renovación del permiso de

trabajo) - STC 242/1994, de20 de julio (audiencia previa a la expulsión de extranjero condenado

por sentencia firme) - STC 95/2000, de 10 de abril (derecho a la asistencia sanitaria de extranjera) - STC 236/2007, de 7 de noviembre. Recurso de inconstitucionalidad por el que se declaran

inconstitucionales algunos preceptos de la LO 4/4000 reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, en la versión dada por la reforma operada por LO 8/2000.

- STC 259/2007 de 20 de diciembre (Declaración de inconstitucionalidad varios preceptos de la LO 4/2000 de Derechos y Libertades de los inmigrantes y su integración social, en su versión dada por reforma de la LO 8/2000)







SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

- STS de 10 de octubre de 2002 (permiso de trabajo) - STS de 4 de junio de 2002 (régimen comunitario)


54

- STS de 12 de noviembre de 2001 (asilo y refugio) - STS de 23 de julio de 2001 (permiso de trabajo) - STS de 3 de mayo de 2001 (adquisición de la nacionalidad española) - STS de 16 de octubre de 2001 (expulsión) - STS de 27 de diciembre de 2000 (expulsión) - STS de 3 de octubre de 2000 (expulsión) - STS de 31 de octubre de 2000 (exención de visado) - STS 18 de julio de 2000 (suspensión de expulsión de territorio nacional) - STS de 30 de marzo de 1999 (Seguridad Social. Ambito de aplicación) - STS de 29 de junio de 1999 (permiso de residencia y trabajo) - STS de 20 de marzo de 2003 por la que se declara la nulidad de varios

artículos del Reglamento de ejecución de la Ley de extranjería 4/2000, en su redacción dada por LO 8/2000.

- SENTENCIA de 10 de junio de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «y siempre que tengan un vínculo de convivencia estable y permanente con estos» del párrafo primero del artículo 2, así como el inciso y se acredite la convivencia en España al menos durante un año», del número 4.o del artículo 11.3.C del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

- SENTENCIA de 9 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «o de denegación de tarjetas» del apartado 2 del artículo 18 del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

- SENTENCIA de 26 de septiembre de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: «Sin perjuicio de las facilidades que han de otorgárseles, derivadas de lo dispuesto en el artículo 14 del Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Oriental de Uruguay y el Reino de España, firmado el 23 de julio de 1992, los nacionales de Uruguay, ni quedan equiparados a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea en lo que hace al régimen jurídico que regula los derechos de residencia y trabajo en España, ni dejan de estar sujetos al régimen establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y en sus normas reglamentarias de desarrollo, siéndoles de aplicación, por ende, la norma contenida en el artículo 38.1 de dicha Ley, según la cual: para concesión inicial de la autorización de trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo».

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHO A LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR

- STEDH, caso, Boultif vs. Suiza, de 2 de agosto de 2001 - STEDH, caso Moustaquin vs. Bélgica, de18 de febrero de 1991 - STEDH, caso Nasri vs. Francia, de 13 de junio de 1995 - STEDH, caso Abdulaziz vs. Reino Unido, de 28 de mayo de 1985 - STEDH, caso Güll vs. Suiza, de 19 de febrero de 1996 - STEDH, caso Boughanemi vs. Francia, de 24 de abril de 1996 - STEDH, caso Marckx vs. Bélgica, de 13 de junio de 1979 - STEDH, caso Ciliz vs. Países Bajos, de 11 de julio de 2000 - STEDH, caso Eriksson vs. Suecia, de 22 de junio de 1989.


55

Estas sentencias pueden consultarse, directamente en : http://www.constitucion.rediris.es

Para la consulta del reconocimiento y tratamiento que se hace de los derechos fundamentales en el orden Internacional, pueden consultarse los siguientes Tratados Internacionales: - Declaración universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948.

- Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, entró en vigor el 26 de febrero de 1965.

- Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966.

- Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, de 1966. - Declaración contra el racismo y la xenofobia proclamada por el Parlamento Europeo el 11 de junio de 1986.

- Convención sobre los derechos del niño, de Naciones Unidas de 1989.

- Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por Naciones Unidas en su resolución 47/135, de 18 de diciembre de 1992.

- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DOCE C/364, de 18 de diciembre de 2000.

Estos Documentos Internacionales pueden consultarse en la Página web de Naciones Unidas: http://www.un.org La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea : http:// www.europarl.eu.int

derechos de los extranjeros en espaÑa. … · curso de enseñanza abierta departamento de derecho...

Documents