defendamos consecuentemente la educacion publica de la politica privatizadora del gobierno de santos

Defendamos Consecuentemente La Educación Pública De La Política Privatizadora Del Gobierno De Santos.

Por: Alberto Niño Torres *

Para comprender las implicaciones del proyecto de Ley que el Gobierno de Santos radicó en elCongreso de la República el pasado 3 de octubre del presente año, inicialmente se presentanalgunos de los lineamientos políticos que los Gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y UribeVélez adelantaron para privatizar la educación pública y en particular la educación superior. Acontinuación se destacan algunos rasgos característicos de la política neoliberal contenidos enel proyecto de Ley presentado al Congreso por el Gobierno de Santos; finalmente se respaldala posición de los estudiantes quienes en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, han orientado laresistencia civil en defensa de la Educación Pública.

1. 1. LINEAMIENTOS POLÍTICOS

Nuestro país no se escapa a ninguna de las determinaciones que los Organismoscaracterizados como forjadores de las políticas Neoliberales – Imperialistas, han definido comopolíticas que tienen que cumplirse en los países que tienen bajo su influencia económica,cultural y política, y que sus agentes empotrados en el Gobierno tienen que cumplir fielmente.

La Educación Pública Colombiana ha sido uno de los sectores más afectados por las medidasque han impuesto los Gobiernos a la luz de los mandatos Neoliberales, privatizadores,aperturistas.

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Durante el Gobierno de Cesar Gaviria (1), 1990-1994 en su proyecto “Bienvenidos al futuro”estableció bajo los criterios Neoliberales que los Derechos que constitucionalmente deben serfinanciados por el estado, se cambiarían por Servicio Público para ser financiados por losusuarios. En la Educación Pública el financiar la demanda, y no la oferta institucionalizó quelos usuarios- estudiantes paguen los servicios educativos, imponiendo la política de desobligaral estado de financiar la Educación Pública.

La Ley 30 de 1992 (2), inicio un proceso de cambio en la Educación Superior con la finalidadconcreta de adecuarla a la exigencias del Modelo Neoliberal, bajo la política de la llamada”APERTURA ECONOMICA” desde este momento se inicio sistemáticamente la aplicaciónconsecuente, coherente, y obediente con los mandatos de los organismos multilaterales delcrédito particularmente expresados por el Banco Mundial.

La Ley 30 otorgo a la Universidad Pública a más de la Autonomía Académica la autonomíafinanciera (3), con el propósito de obligar a las universidades a autofinanciarse, a fomentar losprogramas rentables y a priorizar en su quehacer administrativo el crecimiento de las rentaspropias. El principio Neoliberal que sean los usuarios los que asuman los costos del servicioeducativo se puso en vigencia en todas las universidades públicas.

La Ley 30 también dispuso, violando la autonomía universitaria, que los Consejos Superioresestuviesen conformados en su mayoría absoluta por Miembros ajenos a la Universidad, denueve miembros solamente por la Universidad están presentes, un representante de losestudiantes y un representante de los profesores (4).

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Sobre el concepto de Educación Pública, se debe de precisar que los universitarios hemoscompartido que esta, es aquella que es impartida por el estado, financiada y pagada por elestado ofrecida a la Juventud Colombiana fuere cual fuere su estado social, gratuita sindiscriminación de tipo religioso, social, racial o ideológico, con un currículo universal que no sediferenciara entre rural o urbano, entre rico o pobre o entre región y región. El termino publicoimplica un significado en una educación abierta y para todos; criterio que se mantiene en lospaíses más avanzados del mundo (5).

Con las tendencias Neoliberales hoy en boga, se ha cambiado el significado lingüístico ehistórico de lo público aplicado a la educación, y también se ha cambiado el sentido de loprivado con la misma intención; hoy en día se quiere hacer entender que lo público y lo privadose confunden y de hecho la educación pública queda convertida en privada, porque la privadaresulta también ser publica. De aquí se concluye como lo analiza FECODE, que la educaciónprivada (6) por esencia no puede ser para todos y que la pública que debe ser para todos,resulta siendo ser de carácter privado. La diferencia sin embargo en una sola: solamente laeducación puede ser para todos si es gratuita, de lo contrario si la educación debe ser pagadasolo podrán tener acceso a ella, quienes puedan sufragarla tal y como lo establece el artículo67 de la constitución del 91(7).

Se denomina privada esa educación, porque es confesional o porque tiene que ser sufragadapor quienes pueden hacerlo, ni es abierta ni es para todos.

Es conveniente también precisar que la universidad pública estatal requiere la financiaciónadecuada y oportuna por parte del estado, es lo que la hace que sea estatal u oficial, lo cualconlleva a la gratuidad de la educación universitaria. Desconocer este principio y pisotearlo esaceptar e implementar el proceso de privatización con todas sus nefastas consecuencias parala academia y la vida universitaria.

La Ley 30 de 1992, al establecer la autonomía financiera para las universidades estatales,convirtió a las Directivas universitarias en gerentes financieros, cuya labor principal seencamina para la captación de recursos mediante las modalidades de acrecentar las rentaspropias (8). De igual manera esta Ley 30, congeló los presupuestos o asignación de recursos

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por parte del estado para las universidades, ya que estableció que a partir de 1993 lospresupuestos se incrementarían en el IPC anualmente; con esta reglamentación se indujo aque las universidades públicas tuviesen que autofinanciar sus nuevos programas.

De igual manera la Ley 30 también estableció (9), que los profesores de tiempo completo y medio tiempo, serian considerados como empleados públicos, mientras que los profesores decátedra y los ocasionales se les consideró que no eran ni empleados públicos ni oficiales,siendo considerados como contratistas para la prestación de servicios por periodosdeterminados. Esta reglamentación, constituye la base para comprender el por qué hoy en lamayoría de universidades públicas los profesores de planta tienden a desaparecer y sefortalece la presencia de profesores catedráticos u ocasionales totalmente tercerizados y encondiciones laborales indignas para un docente universitario.

Toda esta reglamentación se enmarcó dentro de la política privatizadora de reducir los gastos,desobligar al gobierno de financiar la educación, sin ningún miramiento por sus efectos en lacalidad académica.

Durante el Gobierno Ernesto Samper, 1994 – 1998, “Salto Social” (10), se institucionalizó quela financiación de la educación pública debería también corresponder al estado, lasinstituciones (sociedad) y los padres de familia, dentro de la óptica Neoliberal y en laperspectiva de reducir los gastos y de reducir los aportes del estado. Los profesores fueronduramente golpeados al quitárseles la retroactividad de las cesantías e imponérseles una seriede Normas para valorar su trabajo académico al medirlo por puntos y definir bajo esta forma susalario Decreto 1444, modificado por el Decreto 1279. (11).

“La Misión Nacional Para la Modernización de la Universidad Pública”, informe presentado enmarzo de 1995 (12), o el “Proceso de Movilización Social por la Educación Superior”, cuyarecomendaciones fueron recogidas en el documento” Bases para una Política de Estado enMateria de Educación Superior “(13), publicado por el ICFES en marzo del 2001, constituyen elsoporte político orientador para la universidad pública Colombiana (14).

En este cuatrenio aparecen también los Estándares de calidad para medir la eficiencia de lasadministraciones universitarias, entendida esta eficiencia como las gestiones adelantadas parala consecución de recursos acrecentando las rentas propias y para desobligar aun más alestado de financiar la educación pública.

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En el Gobierno de Andrés Pastrana Arango 1998-2002,” Un Cambio para la Paz” (15), seconsolida aun más la embestida Neoliberal contra la universidad pública, los programas de:Acuerdo de Saneamiento, Viabilidad y Desempeño, la Introducción de Indicadores para laasignación de Recursos a las universidades públicas y la modificación del Régimen de losDocentes Universitarios, apuntaron a materializar las orientaciones del Banco Mundial y darfiel cumplimiento a estas.

El punto más importante de estas políticas Neoliberales se concreto al convertir la educaciónen una simple mercancía, sujeta a la Leyes del mercado de oferta y demanda. La instituciónuniversitaria se concibe como una empresa de producción con un gerente al mando en dondelas Normas de administración se regulan solamente por el rendimiento del dinero cuya tareaprincipal se reduce a la captación de recursos.

Estas determinaciones emanadas el Gobierno Nacional, han sido acompasadas con laimposición de Directivas Universitarias totalmente antidemocráticas, quienes han venidodesarrollando en cada universidad la aplicación fiel de estas nefastas orientaciones. Se niegasistemáticamente la participación de profesores y estudiantes en organismos de direcciónuniversitaria y sus planteamientos, propuestas y posiciones son generalmente ignoradas odesconocidas.

En el plan estratégico de educación 2000-2002 del MEN, propuso ajustes institucionales desaneamiento, viabilidad y desempeño orientados según el gobierno al mejoramiento de lacalidad y la transparencia aplicando la certificación de los requisitos básicos para losprogramas, la acreditación voluntaria de los mismos, la acreditación voluntaria de lasinstituciones y las pruebas de competencias profesionales en los programas académicos dealto impacto social.

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez- 2002-2006 y 2006 -2010 se desarrollaron yconsolidaron tres estrategias fundamentales: La Cobertura, la Eficiencia y la Calidad (16). En lacobertura se logro un incremento notable de estudiantes en todas las universidades públicas,con las mismas condiciones materiales y humanas, fue notorio también el hacinamiento de losalumnos por aula, las condiciones de laboratorios y planta física sin ninguna inversión para sumantenimiento y remodelación; los profesores de planta que se jubilaron o se retiraron de launiversidad fueron remplazados por profesores de cátedra u ocasionales vinculados a destajo yen condiciones de parias , lo cual permitió incrementar la rentabilidad a las administracionesuniversitarias.

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Con el Decreto 2566 del 2003(17), el gobierno Nacional impuso nuevas modalidadesacadémicas pisoteando la autonomía y negando la experiencia y el cumulo de conocimientosadquiridos históricamente por las universidades. Se buscó el control total de los contenidos ymétodos de enseñanza, se aplicó mecánicamente el llamado crédito académico para negar lapresencialidad y fomentar una enseñanza individualizada anticientífica. Todas estasdisposiciones se enmarcaron dentro de la política del recorte del gasto y de la mal llamadaeficiencia administrativa. Las decisiones administrativas se colocaron por encima de lasdeterminaciones académicas desnaturalizando la razón social de la universidad pública.

En todas las universidades Colombianas su actividad principal se centro en la venta deservicios: consultorías, postgrados totalmente autofinanciados y con matriculas altamentecostosas, cursillos, cursos especiales, cursos remédiales, seminarios, diplomados, proyectosespeciales, etc. Esta captación de recursos propios contribuye a negar la obligación que tieneel estado de financiar la educación pública como un derecho de la juventud colombiana. Sedesvirtuó el rumbo de la universidad pública.

Como consecuencia de estas políticas, los directivos académicos vienen propiciando eldesmonte de programas académicos costosos, por ello es notoria la decisión de abandonar laformación en Ciencia Básica, dado que esta requiere infraestructura adecuada que realmentees costosa, pero fructífera para la formación integral de los estudiantes. La investigación en lamayoría de los casos es subjetiva y de carácter descriptivo, individualizada y no responde auna proyección real de la universidad, sin ninguna transcendencia social en su resultado y nonutre como era de esperarse los programas académicos que ofrece la institución. Loslaboratorios son obsoletos, sin presupuesto para su modernización y los centrosexperimentales sin recursos económicos para su adecuado cumplimiento con losrequerimientos académicos.

En el Gobierno de Uribe Vélez, continuando con el proceso de recortar aùn màs lospresupuestos para las universidades públicas ,recargo los pasivos pensionales afectando enmuchas universidades las partidas para su funcionamiento y llevando a muchas universidadesa una situación inviable como ocurrió con la Universidad del Atlántico que por estar quebradaentró en la Ley 550 quedando al borde de su liquidación.

“La Revolución Educativa” promovió con mayor vehemencia los procesos de acreditacióninstitucional que son el adecuamiento de la universidad a los requerimientos y mandatos delgobierno impuestos por el MEN. Otras universidades adelantaron procesos de rediseño

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curricular bajo la pretensión ilusa de llegar a la modernización de la universidad, sin ningúnincremento y mejoramiento de los recursos tanto físicos como humanos.

Todas estas política impulsadas por el gobierno nacional han buscado acomodar el sistemaeducativo a las necesidades y requerimientos del modelo económico imperante, se adelantaronreformas en los contenidos para responder al mercado laboral dentro de la globalización sebusca una estandarización que permita ofertas académicas en paquetes de formación superioraprovechando la tecnología de comunicación por internet en la modalidad virtual.

La reducción de los contenidos de las asignaturas, la disminución del número de estas en losdiferentes programas que ofrece la universidad, se convirtió en la tarea de la hora. Losllamados créditos académicos impuestos por el gobierno bajo la premisa que el estado tiene deejercer el control y la vigilancia y garantizar la movilidad estudiantil son otras de las tareasimpuestas en la academia universitaria de hoy; se viene materializando la adecuación de laacademia a los mandatos y convenios imperiales de cimentar en la educación superior laadecuación del sistema educativo a lo establecido en el TLC, dentro del comercio de losservicios educativos transfronterizos.

El Plan Decenal de Educación 2006-2015(18) y la Visión 2019(19) provenientes del MEN,aspiran a que la educación pública Colombiana consolide sus aspiraciones neoliberales y bajolas estrategias ampliamente difundidas de la cobertura, la calidad, la eficiencia, la pertinenciaquede totalmente privatizada, negando el derecho a la educación pública. La Ley 1188 de2008, abril 25, por la “Cual se regula el registro calificado de programas de educación superiory se dictan otras disposiciones” y el Decreto Numero 1295 de abril 20 de 2010, por el “Cual sereglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo deprogramas académicos de educación superior “, son mandatos enmarcados dentro de esta olaneoliberal – privatizadora, totalmente violatorios de la autonomía universitaria.

2. EL PROYECTO DE SANTOS

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El Proyecto de Ley del gobierno Santos: Proyecto de Ley por “ La Cual se organiza el sistemade educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educaciónsuperior”(20), radicado por la Ministra de Educación Nacional el pasado 3 de octubre , ante elCongreso de la República – Comisión VI, continua con mayor vehemencia el contenido políticode la Ley 30 de 1992; se afianza aun mas en los postulados neoliberales e ignora totalmente elsentimiento de la comunidad universitaria.

Ratifica que la educación NO es un derecho y bien público, por el contrario reitera que es unSERVICIO PUBLICO quede conformidad con los postulados neoliberales, deberá serfinanciado por el usuario estudiante, negando la financiación estatal y desobligando al estadode este compromiso con la Sociedad Colombiana. Se oficializa que la educación pública seconvierte en una mercancía que se compra o se vende al mejor postor. Al ser financiada porlos usuarios estudiantes, se margina a la mayoría de jóvenes de los estratos económicos bajosy se discrimina el acceso a la educación; estudiaran los jóvenes que tengan con que pagar elservicio educativo a los precios que fije el mercado.

Mantiene el principio neoliberal de financiar la demanda y no financiar la oferta. Para ellofortalece el ICETEX para financiar el crédito educativo e hipotecar a los estudiantes y susfamilias, para poder atender los costos de matrícula y permanencia en el servicio educativo.

Al negar la financiación para la inversión en la universidad, consolida el FINDETER (Financierade Desarrollo Territorial SA), el cual financiará proyectos de las instituciones de educaciónsuperior estatales o privadas para el mejoramiento de las condiciones de calidad educativa.

En la financiación para la universidad pública ratifica el postulado neoliberal de laautofinanciación, establece (Articulo 142- d) que dentro de los ingresos y el patrimonio de lasinstituciones de educación superior estatales se incluyan la rentas que reciban de venta deservicios entre otros. Los proyectos especiales los cursos especiales, los diplomados, losseminarios, las asesorías, los convenios interinstitucionales, los postgrados, la investigación yen general el quehacer académico se encausara a la captación de recursos como prioridadinstitucional.

Ratifica también el postulado neoliberal de asignar a la autonomía universitaria (Articulo 10) laautonomía financiera, o sea que una nueva función de la universidad será la captación de

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recursos, generar su propia permanencia económica ante la negación del estado de nofinanciar el derecho a la educación pública.

Viola la autonomía académica y ratifica lo establecido en la Ley 30 de 1992 en lo referente a laestructura de poder a reafirmar la composición del Consejo Superior Universitario, con nuevemiembros de los cuales un represéntate de los profesores y un represéntate de los estudiantesasiste por la universidad, el resto son ajenos en sus políticas a la universidad.

Crean la universidad mixta, que se constituye en un nuevo ente donde el sector privado ( quebusca lucro ) buscara la financiación al captar recursos por medio de los estudiante que sematriculan en la universidad pública con créditos ICETEX y les nutrirá al dar vida a estamodalidad universitaria compartida. Si el interés privado se une a lo público, lo público resultaraprivado.

En lo pertinente con los asuntos académicos se ratifica lo establecido en la Ley 1188 de 2008“Por la cual se regula el Registro Calificado de programas de Educación Superior y se dictanotras disposiciones” y en el Decreto 1295 de abril 20 de 2010, “Por el cual se reglamenta elRegistro Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas deEducación Superior. Normas enmarcadas dentro de los requerimientos neoliberales violatoriostambién de la autonomía universitaria.

Con respecto al profesorado universitario, mantiene vigente lo establecido en la Ley 30 de1992, donde se considera que los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempocompleto, de medio tiempo y de cátedra. Los profesores de dedicación exclusiva, tiempocompleto y medio tiempo, son empleados públicos. Los profesores de cátedra no sonservidores públicos ni trabajadores oficiales. Los profesores ocasionales que son aquellos quecon dedicación de tiempo completo o medio tiempo sean requeridos transitoriamente para unperiodo menor a un año, no son empleados públicos ni trabajadores oficiales. Esto ratifica elpostulado neoliberal de la tercerización laboral del profesorado universitario, deteriorando ladignidad del profesor y llevando a la universidad a su degradación académica.

Todo lo anterior confirma que el proyecto presentado por el actual Gobierno es la continuaciónde la aplicación del Modelo Neoliberal impuesto a la Educación Pública, buscandoperfeccionarlo aún más dentro del marco político que requieren los entes MultinacionalesGlobalizadores, reafirmados hoy en día, con desfortunio para nuestro país, con la firma delTLC.

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1. 3. RESPUESTA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Por lo anterior se puede caracterizar el proyecto del Gobierno como un perfeccionamiento delcontenido de la Ley 30 de 1992, donde permanecen postulados que afectan de manera directala autonomía universitaria, se restringe la democracia, se consolida la política de subsidiar lademanda y restringir el apoyo a la oferta educativa; se estimula para la financiación de lamatricula en la universidad el crédito fortaleciendo el ICETEX; la inversión en infraestructurafísica y tecnológica se reglamente el nuevo proyecto que se hará atreves del FINDETER.

Por otro lado se mantiene una estructura de poder totalmente antidemocrática concretada en lacomposición de los Consejo Superiores Universitarios; se restringe la autonomía académica altener que acatarse los mandatos provenientes del Ministerio de Educación Nacional al regularel registro calificado de programas para la educación superior. Se restringe los servicios deBienestar Universitario y se prioriza en la gestión administrativa la consecución permanente derentas propias. En el profesora se institucionaliza la tercerización y se limita la vinculación dedocentes de planta.

Ante esta situación la Federación Nacional de Profesores Universitarios, ASPU ySINTRAUNICOL recogiendo el sentir de la comunidad universitaria promovió a nivel nacional ladefensa consecuente de la educación pública. Fruto de ello fue la propuesta presentada algobierno como pliego de peticiones denominado Acuerdo Marco Sectorial de la educaciónsuperior AMSES (Febrero de 2002). Este Acuerdo contiene los principales aspectos que elprofesorado considero pertinente de tratar en procura de salirle al paso a esta políticaavasalladora. Se propuso el mejorar las condiciones y regulaciones sobre el trabajo, el empleoy la seguridad social del personal académico y administrativo, el aumento en cobertura y elmejoramiento en calidad docente e investigativa, se considero como un plan quinquenal deavance e inversión para todo el sistema de educación superior estatal.

La Federación Nacional de Profesores y ASPU vienen adelantando un conjunto de tareas al

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interior de cada universidad encaminadas en profundizar en la comprensión de los alcancesnegativos de este nuevo proyecto de Ley y se ha brindado total apoyo al justo y transcendentalmovimiento estudiantil.

El Estudiantado Colombiano comprendiendo la actual situación puso al orden del día ladefensa de la educación como un derecho y una condición indispensable para el desarrollonacional. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil- MANE reunida en Bogotá en agosto delpresente año contando con la presencia de estudiantes de las 32 universidades públicas, delSENA y de 24 universidades privadas plasmo en un programa mínimo de acción laspropuestas para el avance de la educación superior en Colombia: la financiación del derecho ala educación, la autonomía y democracia universitaria, la calidad académica, el bienestaruniversitario, las libertades democráticas y la relación universidad y sociedad. Los objetivos alos que apunta la gran movilización estudiantil reclaman: rechazo integral y hundimiento a lapropuesta de nueva Ley, construcción de una propuesta alternativa de universidad. Elfortalecimiento del movimiento estudiantil y el desarrollo del paro nación universitario.

Los estudiantes reafirman en sus diferentes pronunciamientos que el proyecto de nueva Ley vaen contravía de la financiación estatal, no garantiza el ejercicio real de la democracia y laautonomía, la calidad académica se entiende como competitividad en el mercado laboral, no segarantiza la cobertura total de la juventud excluida y marginada del sistema educativo y sereafirma que este proyecto se construyo sin la participación de la comunidad universitaria y lasociedad colombiana en general.

El Movimiento Estudiantil Colombiana exige al gobierno nacional retirar el proyecto de Ley paraabrir paso a la construcción democrática de un nuevo modelo educativo en colombiana en elcual se defina el rumbo de la educación en nuestro país, el nuevo proyecto deberá serconstruido por la comunidad universitaria ligada profundamente con nuestra sociedad. Secaracteriza que el nuevo rumbo h a de ser con plena e incondicional financiación por parte delestado; aumento de la calidad en función de los graves problemas sociales que aquejan a lasociedad; instauración de una verdadera democracia y autonomía al interior de lasuniversidades y plena cobertura educativa para la juventud colombiana.

Salvar la educación pública colombiana no será tarea fácil, se requiere la activa movilización yprotesta de todos los sectores influidos por la educación estatal, debemos movilizarnos yrechazar con todo nuestro aliento este engendro privatizador atentatorio contra la supervivenciade la educación pública. Unamos voluntades conocimientos intereses y fuerzas para ejercernuestro derecho a la resistencia civil y dar al traste con todas las pretensiones neoliberales,antidemocráticas y anti populares del gobierno de Santos.

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PERSISTAMOS EN LA DEFENSA DE LA EDUCACION PÚBLICA COLOMBIANA… NO ASU PRIVATIZACION.

Ibagué, Octubre 25 de 2011.

Profesor Titula Universidad del Tolima Fiscal Nacional ASPU*. -Ponencia: Foro: ReformaUniversitaria- Universidad del Tolima

REFERENCIAS

(1) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA D.N.P. La Revolución Pacifica. Plan de DesarrolloEconómico y Social 1990-1994. Bogotá, 1991. 695p. Apertura Educativa, pp87- 147.

(2) Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación SuperiorCongreso de Colombia.

(3) Ley 30 de 1992, Articulo 57.

(4) Ley 30 de 1992, Articulo 64.

(5) FECODE, Un Plan contra la Educación Pública Nacional. Educación y Cultura, No. 49,Mayo 1999. 63p. pp. 2-4.

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(6) FECODE, Ibidem, p.2

(7) CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 1991. Articulo 67. Ediciones Emfasar. Bogotá,1991. 161p. pp67-68.

(8) Ley 30 de 1992, Artículos 57,58.

(9) Ley 30 de 1992, Artículos 71, 72, 73,74.

(10) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. D.N.P. Las Políticas de El Salto Social-Documentos Conpes. Agosto 1994 a junio 2005. Tomo II 690p. pp680-681.

(11) DECRETO 1279, junio 19 de 2002, “Por el cual se establece el régimen salarial yprestacional de los docentes de las Universidades Estatales”. De la Presidencia de la Repúblicade Colombia, en desarrollo de las Normas generales establecidas en la Ley 4ª de 1992 y enconsecuencia con el Articulo 77 de la Ley 30 de 1992.

(12) MISION NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.INFORME FINAL. Bogotá, Marzo de 1995. 259p.

(13) BASES PARA UNA POLITICA DE ESTADO EN MATERIA DE EDUCACIONSUPERIOR. Informe final de la movilización social por la educación superior. MEN e ICFES.Bogotá, Marzo 17 de 2001, 113p.

(14) ARANGO J. GONZALO. La calidad y las Reformas Académicas y Administrativas enlas universidades públicas. En Autonomía Universitaria. FENALPROU. Senix documentos N.1,junio 2008. 40p. pp.10-12.

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(15) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DNP Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002.Cambio para construir la paz. Tomo 1. Bogotá, Diciembre 1999. 547p. pp. 231-317 (Un planEducativo para la Paz).

(16) SENA DIRECCION GENERAL. Política y presupuestos programa de Gobiernorelacionadas con el Sistema Educativo y con la acción del SENA. “Mano Firme, CorazónGrande”. Álvaro Uribe Vélez .Presidente de 2002-2006. Compilado por Nydia Lucia Arévalo T.Bogotá, Julio 5 de 2002. 37p. pp.8-10.

(17) DECRETO 2566, Septiembre 10 de 2003, “Por el cual se establece las condicionesmínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programasacadémicos de educación superior y se dictan otras disposiciones”. Presidencia de laRepública.

(18) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. PLAN NACIONAL DECENAL DEEDUCACION, 2006-2015. Bogotá, Noviembre de 2006. 39p. pp.29-30.

(19) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. VISION 2019 Educación. Bogotá, Octubrede 2006. 68p.pp.40-44; pp.51-55.

(20) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Proyecto de Ley No. 2011, “Por la cual seorganiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de laEducación Superior” Bogotá, Octubre 3 de 2011. 42p. (Artículo 165).

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