Año XIV - Nº 141Marzo de 2017

El mundo repudia a Trump

Contundente respuesta a la arremetida contrarrevolucionariaVenezuela:

Ecuador: balotaje el 2 de abrilArgentina: deuda externa y sacudones políticosBolivia: Evo y su relación con MacriParaguay: choques por la reelecciónInforme: extranjerización de la tierraDebate: qué es Trump

trumpDerogaEl Decreto

YA

4 Bitácora

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Maduro responde a las agresiones

Repudio mundial a Trump

El Gobierno se mantuvo firme ante las denuncias del gobierno esta-dounidense y la CNN, y denunció la propaganda de guerra. La opo-sición está fracturada, se niega al diálogo y apuesta a la injerencia internacional. La Revolución va a fondo con los Clap.

6 GPS

Director: Luis Bilbao | Colaboran en esta edición Asistentes: Caracas: Maryena Presa Velázquez · Montevideo: Georgina Rodríguez Redacción: Ignacio Díaz. Adrián Fernández. Iván Gómez. Inés Hayes. Roxana Martínez. Barry Sheppard. Darío Rodríguez Techera. Julia de Titto. Jorge Zárate.

Diseño gráfico y Arte: Ana María Pizarro Ruiz. Miguel Vayo | Corrección: Carolina Ocampos

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América XXI. Prohibida su reproducción total o parcial. Depósito Legal N° pp200.02CS1450 | ISSN 1690-4141 (Venezuela) | ISSN 1667-8182 (Argentina) | Impresión: En Caracas: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura. Guarenas, Venezuela. En Montevideo: Imprimex Industria Gráfica - Vera Helguera 88 - Canelones. En Buenos Aires: Guttenpress - Tabaré 1760. Ciudad

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DISA. Pte. Sáenz Peña 1836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre de esta edición: 22/2/17

Desde los cinco continentes y dentro de Estados Unidos, el Pre-sidente recibe un rechazo social contundente. La situación pone en riesgo la política exterior llevada por Washington hasta ahora y provoca que más jóvenes cuestionen el capitalismo en el país.

Ecuador22 Elegir entre rumbos opuestos

Nota de tapa / Análisis de la noticia8 Repudio mundial a Trump Por Adrián Fernández e Ignacio Díaz9 América Latina a cargo de su destino Por Luis Bilbao

Brasil24 Temer cuesta abajo Por Julia de Titto

Colombia34 Sin guerra con las Farc pero la paz tarda en llegar

Paraguay30 Plazos para la reelección Por Jorge Zárate

Bolivia32 Evo marca el camino en su relación con Macri

Informe especial38 Voracidad terrateniente expulsa a las comunidades Por Inés Hayes Venezuela

16 Contundente respuesta a las agresiones

México36 Un país ganado por la indignación

Argentina19 Sacudones políticos Por L.B.20 Sumisiónaunfraudesinfin

Uruguay28 Fallo incompleto para las expectativas uruguayas Por Darío Rodríguez Techera

Historia - Teoría - Debate40 ¿Quées,quésignificaTrump? Por Barry Sheppard

Cultura46 Teatro de Cali: del barrio al escenario48 Guamanique, al compás de los tambores

4 · Bitácora Marzo de 2017

Cuatro años

“Hay que mantener la bandera de la dignidad y de los principios en alto, aún a riesgo de quedarse solo en cualquier momento”. Hugo Chávez Frías, La Habana, 14 de diciembre de 1994. Aquel joven coronel se presentaba en la mítica capital cubana como “un soldado latinoamericano entregado de lleno, y para siempre, a la causa de la Revolución de esta América nuestra”. Fue apenas unas sema-nas después de recuperar la libertad tras la rebe-lión contra Carlos Andrés Pérez dos años antes. En aquel discurso presentó a los latinoamericanos

su propuesta bolivariana, visión anticipada en dos décadas del mundo que luego se pudo ver. Le llevó apenas 20 años pasar de un hogar humilde con grandes necesidades insatisfechas a comandar una revolución en América Latina. Durante 14 años lideró un proceso político inédito en los úl-timos 200 años. La Revolución Bolivariana respira la siembra de Chávez: conciencia de un pueblo movilizado y revolucionario, partido político fuerte y fuerza armada leal. Exhibió hasta su último día los ideales de una revolución pacífica dispuestos

“Somos un país a la deriva, que no sabe lo que quiere ser”

Eduardo Villas Boas, comandante en jefe del Ejército de Brasil

“La campaña de CNN es para justificar una agresión en Venezuela y destruir a nuestra Patria, para que le pongan la mano a nuestro país los poderes del mundo. Ya lleva varios años esa campaña nacional e internacional”

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

“Los políticos y líderes militares suenan cada vez más beligerantes y las doctrinas de defensa, más peligrosas. Los comentaristas y personalidades televisivas se unen al coro belicoso. Parece como si el mundo se estu-viera preparando para una guerra”

Mijaíl Gorbachov, último presidente de la Unión Soviética

En 2050 China representará el 20% de la economía mundial y la India desplazará a Estados Unidos al tercer lugar, según un informe de la consultora Pricewaterhouse Coopers sobre los PIB medidos en paridad de poder adquisitivo. Rusia despla-zará a Alemania como principal economía europea y Brasil será la quinta economía mundial.

“No asociemos los Clap a una bolsa. En este mo-mento tenemos que mejorar la distribución. (Pero) vamos a un concepto de organización, de produc-ción, de control territorial. Los Clap son una he-rramienta política de organización popular”

Freddy Bernal, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) de Venezuela

Bitácora · 5

Estos hombres

Estos hombres que vuelven, sienten la graciade los puros espiritusdel crepusculo? Se diria que si. Parecen flotantes fantasmas palidos. Los que estan parados en las puertas frente al dulce abanico de la luz ultima –nobles estatuas de melancolia– sentiran aun masla caricia de impalpables alas extranas? Ah, si ciertamente fuera asi, una serena dicha fuera nuestra.Pero aquel hombre vago solo sienteque a la inseguridad terrible de su vidase une la tierra negra,que en su casa deshecha no le espera la lampara rodeada de risas,sino un monton oscurode infantiles figuras contraidas,y la desesperada, femenina, pregunta cotidiana. Pero yo se que un dia veras, oh hermano mio, en el horizonte, temblar, bajo el rocio, para ti, limpios jardines...

a unir revolución y paz. Chávez no sólo supo emerger entre una dirigencia política putrefacta en su país sino que, además, entendió que nuevas fuerzas políticas y sociales iban a surgir en otros países a la sombra de la crisis del capitalismo y de las debilidades del imperialismo. Supo ver y explicar que era necesario construir un mundo donde sus gobernantes fueran la expresión del pueblo (con sus contradicciones a cuestas) y no de las élites dominantes. No impuso ninguna de sus ideas ni por la fuerza ni por la extorsión pero

sí a través de una oratoria única que le puso pa-sión y solidez a sus argumentaciones teóricas. Nunca nadie estuvo a su altura para confrontar ideas. Sus detractores se apoyaron en ese tono vehemente, belicoso en apariencia, para intentar deslegitimarlo. Chávez se mostró como guerrero para hablar de la paz. Y se diferenció sin pelos en la lengua de líderes mundiales que hablaban de paz pero hacían la guerra. Advirtió que Siria y Libia acabarían devastados por la locura imperia-lista. Fue acusado de colaborar con la guerrilla de

las Farc pero fue el primero en pedirle pública-mente que abandonen la lucha armada. Vio antes que ningún otro líder el proceso de paz que hoy celebra Colombia y el mundo.

Chávez, motor de las grandes definiciones polí-ticas del nuevo siglo, mostró el camino y demos-tró que es posible. Vio las jornadas épicas que vendrían y también vio la desestabilización impe-rialista. A mayor unidad mayor dificultad, enseñó. Pocos hombres y mujeres han dejado tanto en un transitar tan breve. Será que Chávez vive.

“España está en las mejores condiciones para ser un in-terlocutor de Estados Unidos en Europa, América Latina, y también en el norte de África y Medio Oriente”Mariano Rajoy, presidente de España

“Durante su campaña electoral y después de ella, (Trump) confirmó lo que hemos estado diciendo por más de 30 años sobre la corrupción política, económica, moral y social en el sistema gobernante estadounidense”

Ali Khamenei, líder supremo de Irán

“Cada tres días matan un líder social. Hoy ni el Estado ni nadie de las élites domi-nantes responden por este accionar”

Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz del ELN de Colombia

“La próxima guerra será en Turquía”

Ismail Hakki Pekin, ex director de la inteligencia turca

“Existe corrupción en el Vaticano, pero estoy en paz. Si existe un pro-blema, escribo un mensaje a San José y lo pongo bajo una estatuita que tengo en mi habitación”

Papa Francisco

“El gobierno no puede cometer más errores”

Elisa Carrió, diputada oficialista en Argentina

Juan L. Ortiz

Representantes del ministerio público de Brasil, otros nueve países de América Latina y Portugal acor-daron investigar en conjunto los alcances de la red de corrupción de la empresa Odebrecht, constructora brasileña implicada en decenas de casos de sobornos y pagos ilegales que involucran a las más altas esfe-ras políticas de varias naciones.Así lo acordaron durante una reunión en Brasilia

el 16 de febrero organizada por la Procuraduría Ge-neral de Brasil y a la que asistieron fiscales de Ar-gentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. Habían sido invitados pero no asistieron representan-tes de El Salvador, Guatemala, Antigua y Barbuda y Mozambique. Un comunicado indica que se acordó establecer “la más amplia, rápida y eficaz coopera-ción” y crear “equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales”. En todos los países mencionados se investiga la ac-

tuación del grupo Odebrecht en la financiación ilegal de campañas electorales, pago de sobornos para ob-tener contratos de obras públicas y operaciones fi-nancieras irregulares. La dimensión internacional se conoció a fines de 2016 tras las revelaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos,

según los cuales la constructora admitió que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 paí-ses de Latinoamérica y África.Durante febrero se conoció el pedido de captura

contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, tras el presunto pago a un testa-ferro de 20 millones de dólares por Odebrecht para lograr la construcción de una carretera. También se conocieron denuncias sobre el supuesto aporte ilegal para la campaña de reelección del colombiano Juan Manuel Santos y el panameño Juan Carlos Varela.En Colombia el fiscal general Néstor Humberto Mar-

tínez dijo que el ex senador Otto Bula, detenido por los sobornos, afirmó que parte de las coimas iban a la campaña de reelección del presidente Santos en 2014. También está detenido el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales. En Panamá las denuncias involucran al actual go-

bierno y al anterior. La Fiscalía insiste en que la Jus-ticia debe pedir el testimonio de dos hijos del expre-sidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El actual gobierno de Juan Carlos Varela está sospechado por la participación en la trama una empresa en la que es accionista un familiar del hermano del mandatario, el diputado oficialista José Luis Varela.

Francia: nuevas reacciones contra la violencia policial

Marzo de 2017

Fiscales de 11 países investigan en conjunto el caso Odebrecht

El violento arresto y posteriores daños físicos de un joven en los alrededores de París provocaron una nueva ola de protestas y disturbios en Francia como las que tuvieron lugar a mediados de 2016. La reacción de pobladores que viven en las afueras de la capital se produjo contra las acciones policiales y su impunidad para actuar con los sectores más marginados.Los hechos se dispararon tras el violento arresto el 2

de febrero de Théo, de 22 años, que fue sodomizado y acabó internado con heridas de consideración. Cuatro agentes fueron imputados por violencia y uno, además, por violación. Los manifestantes recordaron además la muerte en julio pasado de Adama Traoré, que intentó escapar del control de los agentes y fue asesinado. Am-bas víctimas eran negros que vivían en zonas desfavo-recidas de los alrededores parisinos.Centenares de personas fueron detenidas durante fe-

brero en numerosas protestas. En los primeros 15 días fueron dañados más de 200 vehículos y 160 contene-dores incendiados. Una de ellas ocurrió en la zona de Barbés, norte parisino, convocada espontáneamente y sin permiso de las autoridades que acabó en enfrenta-mientos entre la policía y los manifestantes y con da-

ños materiales. Otra sucedió en Rouen donde se produ-jeron 21 detenciones y dos heridos leves por choques entre policía y manifestantes.Estos hechos, que ocurrieron a menos de 10 semanas

de las elecciones presidenciales francesas, hicieron re-cordar a los levantamientos de 2005 que terminaron con automóviles incendiados y violentos enfrentamien-tos entre cientos de jóvenes y la policía y un decreto de toque de queda.El presidente, François Hollande, que no está en

campaña por la reelección, visitó a Théo en el hospital y prometió investigación transparente y severidad con los policías que hayan sobrepasado sus atribuciones. También estuvo en algunas de las localidades más con-vulsionadas. La violencia policial se coló como tema electoral desde diferentes ópticas.Mientras algunos dirigentes conservadores que siguen

al candidato François Fillon señalaron que faltó dureza contra los manifestantes, el ultraderechista Frente Na-cional (FN) de la candidata Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la primera vuelta, reprocha a las auto-ridades la falta de mano dura y la falta de solidaridad con los policías.

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Sobre CNN en Venezuela

GPS · 7

Siria: tregua insuficiente para atender la emergencia humanitaria

El alto el fuego acordado en Siria el 30 de diciem-bre pasado se agrieta. Así como hay zonas en las que cesaron los combates de mayor magnitud, otros sitios están vedados a las organizaciones internacio-nales que asisten con alimentos y medicinas a millo-nes de personas.Según datos de Naciones Unidas más de 13 millones

de sirios necesitan asistencia humanitaria en el país. Unos cuatro millones de civiles se encuentran en áreas de muy difícil acceso por razones de seguridad y tam-bién por obstáculos burocráticos. De ellos, cerca de 650 mil civiles están cercados militarmente.En las zonas de menor intensidad del conflicto ar-

mado trabajan instituciones gubernamentales y orga-nizaciones no gubernamentales (ONG). Pero en aque-llos puntos donde no se respeta la tregua la situación es muy preocupante ya que la entrada de alimentos y otros artículos vitales disminuye.La Oficina de Naciones Unidas para la Ayuda Huma-

nitaria resumió que en las zonas de combate hubo un alto porcentaje de autorizaciones de las partes en con-flicto pero por diferentes razones sólo llegan uno o dos

convoyes por mes.El mismo organismo ejemplificó que en di-ciembre se pidió autorización para cubrir las necesidades de 930 mil personas pero sólo llegó un convoy para seis mil habitantes mientras que en enero sólo ingresó ayuda para 40 mil. En todos los casos representa menos del 1% de las necesidades más urgentes.Alepo, ciudad capital de la provincia

del mismo nombre que fue recuperada por las fuer-zas gubernamentales en diciembre; Deir-el-Zur; el área rural de Damasco y Al Raqa, son los cuatro centros poblados que la ONU considera más críticas.En estos puntos se desarrollan intensos combates.

Deir-el-Zur y Al Raqa permanecían a fines de febrero bajo control del grupo extremista Daesh, mientras que en Alepo y en las afueras de Damasco, el ejército sirio intenta quebrar los últimos focos de resistencia.Esto se produce en medio de gestiones políticas y

diplomáticas para una salida negociada al conflic-to que comenzó hace seis años y que dejó hasta el momento más de 300 mil muertos, cientos de mi-les de heridos y unos 11 millones de desplazados y refugiados.A fines de enero se estableció un acuerdo de cum-

pliento parcial en Astaná, capital de Kazajistán, entre el gobierno sirio y grupos de los llamados “modera-dos”, monitoreados por Rusia y Turquía. Para fines de febrero estaba previsto un nuevo intento en Ginebra esta vez impulsado por la ONU.Febrero fue particularmente cruento. No sólo por los

choques entre el ejército regular sirio y Daesh sino tam-bién por las acciones de Turquía. El gobierno de Anka-ra libra su propia batalla contra las milicias kurdas que luchan tenazmente contra Daesh pero son considera-dos “terroristas” por el gobierno turco. En en la ciudad de Al Bab, bastión del Daesh en la

provincia de Alepo, murieron a causa de las bombas turcas entre el 7 y el 20 de febrero 124 personas, en-tre ellas 38 niños y 27 mujeres y casi 500 desde el pasado noviembre.

Es una obligación ética tomar posición frente a la clau-sura en Venezuela de la señal de CNN en castellano. Defiendo la libertad de expresión. Y entiendo el pe-

riodismo como un trabajo comprometido en la defen-sa de ideas.Lo sepa o no, ningún periodista es ajeno a la lucha de

clases. Cuando en el fragor de esa lucha un medio de prensa defiende ideas, debe garantizársele el espacio para su labor. Y combatirlo en ese terreno. Cuando en función de su ubicación en la confrontación de clases apela a campañas sucias, calumniosas y destinadas a contrarrestar un proceso de revolución social, le caben las leyes del combate y debe ser silenciado. Lo hecho por CNN en castellano durante las últimas

semanas respecto de Venezuela no es periodismo ni de-fensa de ideas. Es una operación de guerra, contra un país al que Estados Unidos pretende invadir. Nada más legítimo que defenderse de una agresión imperial.

Las quejas de CNN sobre este silenciamiento sólo merecen desprecio. En años de clandestinidad ja-más condené la represión capitalista porque se me impidiera la libertad de prensa. Cuando se lucha por una revolución, o como en este caso por una contra-rrevolución, apelar a tal subterfugio es un acto de hipocresía y cobardía. Como diría Atahualpa Yupan-qui, “de esos no soy”.De manera que en consecuencia con toda una

vida de trabajo periodístico, en las más diversas circunstancias, respaldo el derecho del gobierno revolucionario de Venezuela a defenderse tam-bién en esta fase de la guerra y cortar la señal de CNN. Que los fariseos giman y sigan mintiendo. Los revolucionarios socialistas sabemos adónde vamos. Y cómo hacerlo.

L.B.

· Nota de tapa8 Marzo de 2017

Antes de tomar su primera decisión política desde la Casa Blanca, Do-

nald Trump ya había recibido el mayor rechazo internacional que se recuerde contra un presidente de Estados Unidos recién asumido. El día siguiente de su in-vestidura, la Marcha de las Mujeres con-vocada en Washington lograba replicarse simultáneamente en 70 países. A las con-centraciones en Londres, París, Madrid, Bruselas, Atenas, entre decenas de ciuda-des europeas, se sumaron manifestacio-nes en puntos tan disímiles como México, Canadá, India, Australia o Kenia.

Para entonces, el 45º presidente de Es-tados Unidos todavía no había lanzado el decreto para prohibir la inmigración desde siete países de mayoría musulma-na, ni confirmado que iba a completar la construcción del muro en la frontera con México, ni ratificado que se lo haría pagar a ese país (ver Trump cumple…). El mo-

vimiento de resistencia civil se masificó tras las órdenes migratorias y promueve movilizaciones y protestas en los próxi-mos meses con réplicas en varios países.

Uno de los principales focos internacio-nales de protestas contra Trump es Lon-dres. Justo cuando el eje Washington-Lon-dres se vuelve fundamental por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, decenas de miles de británicos salieron a las calles para repudiar las expresiones discriminatorias de Trump, el decreto mi-gratorio contra los musulmanes y la anun-ciada visita de Estado que hará este año el flamante presidente. En sólo 24 horas se juntaron más de un millón de firmas para exigir que la primera ministra Theresa May no reciba a Trump.

México es el otro punto central de las manifestaciones contra el mandatario es-tadounidense. Sólo en un día bajo la con-signa “Vibra México” se registraron mar-

chas en 17 ciudades contra las políticas y declaraciones de Trump, cuyo eje fue el repudio a la construcción de la totalidad del muro fronterizo. Como en Gran Bre-taña, las demandas también se trasladan al propio gobierno, que en el caso del presidente Enrique Peña Nieto agravan una situación ya de por sí extremadamen-te delicada por su desprestigio y la crisis económica y social que vive el país.

Los posicionamientos frente a Trump y sus medidas se han vuelto un tema de gran importancia para varios gobiernos y fuerzas políticas de distintos países. La relación con Rusia sigue navegando en aguas turbulentas luego del espionaje interno en el quedó involucrado el ase-sor de seguridad nacional Michael Flynn, obligado a renunciar antes de cumplir un mes en el cargo. Buscaba mejorar las re-laciones con Moscú y encontró la férrea resistencia del poder estadounidense (ver Cortocircuitos…).

Otro ejemplo de los reposicionamien-

Como nunca antes poblaciones y gobiernos se manifiestan en el mun-do contra la máxima autoridad de Washington. Diversos sectores se levantan en el país y aumenta la radicalidad en organización de base.

Rechazo al Presidente dentro y fuera de Estados Unidos

Repudio mundial a Trump

continúa en pág. 10

Un amplio arco ideológico ataca a Trump, el presidente con mayor cantidad de protestas en contra en sus primeras semanas de gobierno.

Nota de tapa / Análisis de la noticia · 9

Nueva e inesperada pugna estratégica se ha desatado en América Latina. Es el resultado del advenimiento de Do-

nald Trump a la Casa Blanca. Dada la degradación política que desarticula por estos días a Brasil, más la desestabilización di-fícilmente reparable a mediano plazo del gobierno mexicano, el nuevo cuadro pone frente a frente a Caracas y Buenos Aires.

Esto es así porque Trump y el colapsado esquema de poder estadounidense, al romper con los planes estratégicos del De-partamento de Estado, en la práctica separan de modo tajante al continente a la altura del Río Bravo y obligan/permiten a Améri-ca Latina hacerse cargo de su propio destino.

Bajo control de los centros de poder tradicionales en Estados Unidos la línea de acción del Departamento de Estado consis-tía, hasta el inopinado triunfo de Trump, en tender un eje entre Washington y Buenos Aires para ahogar a los países del Alba y aplastar la Revolución Bolivariana de Venezuela. El nuevo Pre-sidente no reemplazó aquel plan. Si acaso tiene uno alternativo, hasta ahora no lo ha mostrado. Se limitó a dinamitarlo.

Esa conducta expresa la probada torpeza del excéntrico ocu-pante de la Casa Blanca. Pero resulta de una realidad que lo an-tecede y largamente lo excede: la decadencia estadounidense, la ruptura de su hegemonía global y sobre todo su irreversible pér-dida de peso en el hemisferio, que por una ironía de la historia tomó un perfil tan grotesco como el peinado de Trump.

Tras las groseras balandronadas de Trump –en primer plano su ataque a México y el intento de convertir a Venezuela en un nuevo Irak– se percibe la incapacidad objetiva para el imperia-lismo de mantener el control estratégico sobre la región, con su inexorable corolario: la fuerza militar como único recurso para imponerse.

A eso apunta la provocación contra el gobierno de la Revolu-

ción Bolivariana, con la insostenible denuncia por narcotráfico contra el vicepresidente Tareck El Aissami. El riesgo de escalada existe. El 15 de febrero Trump llamó por teléfono a Macri. En una charla de cinco minutos el centro de interés lo ocupó Vene-zuela. Luego, en el informe sobre la conversación, la Casa Blan-ca subrayó “el liderazgo que el presidente Macri juega en la re-gión”. ¿Un retorno al intento de eje Washington-Buenos Aires? Improbable, aunque habrá más datos objetivos cuando se con-crete la invitación de Trump para que el presidente argentino lo visite en mayo. En todo caso, hay hechos suficientes para afirmar que éste ya está involucrado en un nuevo juego y difícilmente acate linealmente la conducta exigida por Trump, de abierto tono belicista contra Venezuela. Macri aspira sin ocultamientos a ese “liderazgo regional” retóricamente concedido por el showman estadounidense. La primera condición para semejante propósi-to es evitar hechos de violencia mayor que desencadenarían un pandemónium en toda la región y harían volar por los aires, en primer lugar, a su propio gobierno.

En principio esto aleja la perspectiva de una agresión militar directa contra la Revolución Bolivariana, aunque ya está visto que a la irracionalidad capitalista que dicta la política estadouni-dense se suman ahora las pulsiones de un Presidente, cuyas fa-cultades mentales han sido puestas en cuestión en un documento firmado por 35 de los más renombrados psiquiatras de Estados Unidos y publicado en el New York Times.

Continuidad y desconexiónHay en este replanteo regional una elocuente línea de conti-

nuidad con la tendencia de convergencia dominante en la re-gión desde comienzos de siglo. Ahora desconectada de Estados

América Latina a cargo de su destino

continúa en pág. 50

Por Luis Bilbao

· Nota de tapa10 Marzo de 2017

tos frente a Trump fue el ofrecimiento del presidente Mariano Rajoy para ser “inter-locutor” de Washington para América La-tina, el Norte de África y Medio Oriente, que despertó un fuerte repudio dentro y fuera de España. La alcaldesa de Barcelo-na condenó la forma de actuar “servil” y “sin la menor dignidad” de su presidente. “Que quede claro: nosotros y nosotras no nos ofrecemos a colaborar cordialmente con Trump, sino con las redes de alcaldes, ciudades, mujeres, jueces, asociaciones, movimientos, artistas y profesionales de todo el mundo que se están organizando para resistirse a sus políticas”, respondió Ana Colau. Partidos y dirigentes de otros países también se ven presionados a tomar posición de cara a sus poblaciones, o asu-mir el riesgo de mostrarse indiferentes.

El repudio generalizado a la figura de Trump tiene dos particularidades. Una es la hostilidad de la prensa liberal es-tadounidense, con el diario The New York Times y la señal televisiva CNN a la cabeza, que atacan al nuevo gobierno con una virulencia que no tiene antece-dentes. Se apoyan en el rechazo mayo-ritario que manifiestan los propios esta-dounidenses: el 3 de febrero CNN dio a conocer una encuesta según la cual tras dos semanas en la Casa Blanca Trump tenía una desaprobación del 53% de los

ciudadanos. Además, 60% se opone al muro y el 53% al veto migratorio.

El otro dato distintivo es el amplio arco ideológico desde donde se ataca a Trump. Defensores del libre comercio, sectores progresistas socialdemócratas, diversidad de organizaciones sectoria-les, líderes políticos pro-estadouniden-ses, dirigentes que apoyan las guerras de Washington y organizaciones revolucio-narias se entremezclan en una condena que parece unánime contra el mandata-rio estadounidense.

Resistencia internaLa orden migratoria de Trump, luego

frenada tras sucesivas derrotas judicia-les, permitió ratificar el clima social que se vive en el país desde que el presidente asumió en el cargo. Pero la inmigración no fue el único núcleo convocante de las nu-merosas acciones ciudadanas que tuvieron lugar en las principales ciudades desde el 20 de enero.

Las marchas contra el Presidente en su primer mes de gobierno coincidieron con el fuerte debate político sobre los secre-tarios (ministros) que lo acompañarán en su administración. Cientos de estudiantes universitarios y secundarios salieron a las calles para sumarse al rechazo de las polí-ticas migratorias y, además, contra las pro-

puestas educativas de Trump. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, pasó ajusta-damente el filtro del Senado gracias al voto de desempate del Vicepresidente. Sin ante-cedentes en políticas educativas y cuestio-nada por su rechazo a la educación públi-ca, fue rechazada por todos los senadores demócratas y dos senadoras republicanas. Tom Price, el nuevo secretario de Salud y encargado de desmantelar el sistema Oba-macare, también pasó ajustadamente el fil-tro del Senado con 52 votos a favor y 47 en contra. Ambos pasaron a integrar la lista de ministros nominados con menos apoyo en la historia estadounidense.

Cada vez que Trump decidió viajar a Palm Beach, su lugar elegido de descan-so, fue recibido con manifestaciones de protesta. Allí se realizó una “Marcha por la Humanidad”, para rechazar su presen-cia en la gala anual de caridad que orga-niza la Cruz Roja y advertir a esta insti-tución que estaba compartiendo una cena con quien dispuso el cierre de fronteras a los refugiados y la destrucción del sis-tema de salud que, según denunciaron, dejará a 30 millones de estadounidenses sin seguro médico.

Por esos días se confirmó que varios jugadores de fútbol americano del equipo de los New England Patriots, campeones del Super Bowl, se negaron a visitar al Presidente y rompieron con una tradición según la cual la Casa Blanca invita a los equipos que ganan cada una de las grandes ligas deportivas del país. No fue un hecho menor: el fútbol americano es el deporte más popular del país y la final fue vista por más de 110 millones de personas.

A este cuadro se agregan las contun-dentes expresiones de rechazo de la gran mayoría de intelectuales y artistas estado-unidenses, particularmente de actores y actrices de Hollywood conocidos en todo el mundo. Premiadas figuras como Robert de Niro, Meryl Streep, el director Michael Moore y muchos otros tomaron un papel activo y militante contra el nuevo man-datario al participar en actos públicos y campañas audiovisuales.

Agenda cargada de manifestacionesSe espera que una de las convocatorias

más importantes del primer semestre del año sea la “Marcha de los inmigrantes” del 6 de mayo. Unas 120 mil personas han confirmado su asistencia a través de

Organizaciones políticas de izquierda experimentaron un rápido crecimiento ante el escenario planteado por el nuevo gobierno republicano.

Nota de tapa · 11

las redes sociales bajo la etiqueta #WeA-llBelong (“Todos pertenecemos”). Sus organizadores aseguran que los estado-unidenses no serán “intimidados por los ataques contra los inmigrantes y contra los que buscan oportunidades en el país”.

El 22 de abril, Día de la Tierra, se mo-vilizará la comunidad científica para de-nunciar que Trump “ignora la ciencia para perseguir agendas ideológicas que ponen en peligro el mundo”. La marcha inclui-rá evidencias del cambio climático que el Presidente considera falsas. La Aso-ciación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (Aaas), que publica la re-vista Science, pidió a Trump que incluya en su Gobierno a científicos “creíbles” y no “individuos que rechazan la evidencia científica en asuntos de crítica importan-cia pública como las vacunas y el cambio climático”. Buena parte de la comunidad científica y activistas ecologistas se opu-sieron a la designación de Scott Pruitt al frente de la Agencia de Protección Medio-ambiental (EPA) por sus lazos con la in-

dustria de los combustibles fósiles y su desconfianza sobre los efectos del cambio climático, concepto definido por Trump como una “estafa inventada por China”.

Una semana antes, el 15 de abril, se esperan varios miles de personas frente a la Casa Blanca para exigirle a Trump que haga públicas sus declaraciones de impuestos, como han hecho otros manda-tarios tradicionalmente. Otros colectivos sociales se movilizan a diario para recla-mar por sus derechos recortados tras la llegada de Trump.

El mandatario afirmó que respeta el de-recho de protesta, pero en su cuenta de Twitter calificó a sus promotores como “anarquistas profesionales, matones y manifestantes pagados”. Insistió en que “como Presidente, no tengo otro deber superior que proteger al pueblo estado-unidense (porque) los terroristas radica-les islámicos están decididos a atacar”.

Una de las organizaciones de veteranos de guerra más grande del país advirtió sobre las consecuencias de las medidas

contra los países de mayoría musulmana. “Tenemos hermanos y hermanas iraquíes que pelearon a nuestro lado. Y ahora se les ha cerrado la puerta de Estados Uni-dos en las narices. Es inmoral y es malo para nuestras tropas (que ahora) recibirán menos ayuda de los habitantes locales”, dijo Paul Rieckhoff, fundador de la orga-nización Veteranos de Irak y Afganistán (Iava), que reúne a 400 mil ex combatien-tes de las guerras posteriores a los atenta-dos de 2001.

En la misma línea se expresaron dos ex secretarios de Estado, John Kerry y Madeleine Albright, además de varios ex altos funcionarios de seguridad nacional, entre ellos León Panetta, ex jefe de la CIA y del Pentágono. “El veto de Trump –sos-tienen– puede poner en peligro a las tro-pas de Estados Unidos”.

Juegos de poderLos gobiernos de varios Estados tam-

bién reaccionaron contra las primeras medidas de Trump. El fiscal general del

Más jóvenes contra el sistema

Entre las múltiples consecuencias que provocó el triunfo de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca se destaca una mayor politización de millones de estadounidenses. Es sabido que organizaciones naciona-listas, ultraconservadoras y fascistas han crecido en los últimos años en los países desarrollados y que el triunfo de Trump tiene un núcleo de apoyo militante en la llamada “derecha alternativa”, de posiciones xenófobas y racistas.

Menos conocido es el fenómeno que se ha desencadenado en las organizaciones políticas de izquierda, que experimentaron un rápido crecimiento ante el escenario planteado por el nuevo gobierno republi-cano. Con un activo papel en las protestas, distintas agrupaciones de Estados Unidos han recibido un creciente número de afiliados, parti-cularmente de jóvenes.

Ya el año pasado, una encuesta de la universidad de Harvard di-fundida por los grandes medios había revelado que la mayor parte de la juventud estadounidense (de 18 a 29 años) rechaza el capitalismo (51%) frente a un 42% que lo apoya. Y un 33% aseguró que apoya el socialismo. El grueso de esos jóvenes apoyó durante las primarias al candidato Bernard Sanders, que levantó varias consignas de izquierda. Otro estudio de Harvard sobre el proceso electoral concluyó que “Sanders no está moviendo al Partido Demócrata a la izquierda, (sino que) hay una generación moviéndose a la izquierda”, aunque agregó que hay más jóvenes que ahora se consideran “demócratas” gracias a él, que logró 14 millones de votos.

Alrededor de Sanders se formó un movimiento de lucha por un salario mí-nimo de 15 dólares la hora. También ganaron adeptos los reclamos de gra-tuidad de la educación en todos los niveles y por un seguro de salud pública, entre otras consignas clásicas de la izquierda que generaron entusiasmo.

La llegada de Trump a la Casa Blanca despertó en amplias franjas de la población la voluntad de asumir un mayor compromiso político-social y los jóvenes están a la vanguardia. Ahora las organizaciones antica-pitalistas compiten con la socialdemocracia para captar a los nuevos militantes. La principal fuerza de la Internacional Socialista en el país, la DSA, pasó de ocho mil a 14 mil afiliados desde mayo de 2016 hasta enero, y en las dos semanas posteriores a la asunción de Trump sumó dos mil nuevos miembros. Algunos jóvenes que se integraron a la organi-zación, citados por la prensa, declararon contra el capitalismo y reivindi-caron el socialismo, pese a que la fuerza no combate el sistema.

Agrupamientos revolucionarios como Alternativa Socialista, dijeron al medio Al Jazeera que desde la elección de Trump crecieron 30% sus afi-liados. En el mismo sentido se expresaron desde el Partido Socialista de Estados Unidos y otras formaciones anticapitalistas, que vieron crecer la asistencia a sus actividades y captaron un renovado interés por la teoría marxista.

Si bien se trata de organizaciones pequeñas y sin peso nacional, la tendencia a organizarse en demanda de transformaciones sociales es evidente desde que estalló la última crisis económica y surgieron orga-nizaciones como Occupy Wall Street y desde 2014 Black Lives Matter, que generaron muchas adhesiones entre los jóvenes.

En 2015 una encuesta de Gallup reveló que sólo el 38% de la población pensaba que los dos partidos del sistema hacían un “trabajo adecuado” y el 60% manifestó que es necesario un tercer partido político. La ten-dencia parece haberse profundizado tras el último proceso electoral.

¿Surgirá un nuevo partido de los trabajadores estadounidenses? La posibilidad parece lejana, pero las nuevas generaciones ya giraron a la izquierda.

· Nota de tapa12 Marzo de 2017

estado de Washington, Bob Ferguson (de-mócrata), interpuso una demanda contra la orden ejecutiva sobre migración y refu-giados y fue el primer Estado en dar ese paso. Ferguson es uno de los 16 fiscales estatales que a fines de enero suscribieron una carta en la que califican la orden de Trump como “inconstitucional, antiesta-dounidense e ilegal”.

Lo mismo sucede con el Estado de Mi-nesota, también gobernado por demócra-tas, que alega que el veto de Trump supo-ne un ataque a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, donde se protege la libertad religiosa. Idéntico cri-terio utilizó para la demanda el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses.

La fiscalía general del Estado de Nueva York se unió a la iniciativa con el argu-mento de que “la orden ejecutiva del pre-sidente Trump no sólo es inconstitucional y fundamentalmente antiamericana, sino que perjudica profundamente a nuestras familias, economía e instituciones educa-tivas y de salud”. El fiscal Eric Schnei-derman dijo que “es clara” la intención de Trump “de discriminar a los musulmanes” y recuerda que en el 22,5% de los habitan-tes del Estado de Nueva York (equivalen-te a más de 4,4 millones) son nacidos en el extranjero. De ellos, 15 mil personas provienen de alguno los siete países afec-

tados con la prohibición: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

Otra demanda fue hecha por el fiscal general de San Francisco, Dennis Herre-ra, en nombre del alcalde de esta ciudad. Herrera denunció que Trump retiró los fondos federales a las que llama “ciuda-des santuarios”, por tener normas más tolerantes sobre la deportación a los in-migrantes indocumentados. Es el caso de San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre otras. Por la misma razón Trump acusó al Estado de Califor-nia de estar “fuera del control” y amenazó con retirarle fondos federales en caso de que se declarase un “Estado santuario”.

Los demócratas también hacen su jue-go político y se acomodan rápidamente en su rol de oposición. Legisladores se movilizan con el argumento de “recupe-rar la decencia del país” y motorizaron varios proyectos de ley para bloquear las órdenes ejecutivas de Trump y rea-lizar presentaciones ante la Justicia. Más de 100 diputados de la Cámara de Representantes advirtieron al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que del veto “depende la vida y el bienestar de muchos individuos y las alianzas con gobiernos extranjeros para combatir el terrorismo”. También la Asociación de Abogados de Estados Unidos, que cuen-

ta con más de 400 mil asociados, pidió a Trump retirar la orden contra ciudada-nos extranjeros.

Sin dudas una de las demandas contra el veto migratorio que más sorprendió fue la de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Apple, Fa-cebook, Google, Netflix y Microsoft, que advirtieron a la Justicia sobre las conse-cuencias que tendría en su producción el decreto antinmigración. La presentación señala que la orden presidencial dificulta-rá “reclutar, contratar y retener a algunos de los mejores empleados del mundo”.

Acatar o irseLa disputa institucional alrededor de

las decisiones del mandatario tuvo su primera víctima cuando Trump despidió a fines de enero a la fiscal general interi-na, Sally Yates, por afirmar que no estaba “convencida” de que la medida antinmi-grantes “sea legal”. También relevó de su cargo al director en funciones del Servi-cio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) puesto en el cargo en 2012 por Barack Obama. Seis mil de los 20 mil empleados del ICE se dedican específicamente a deportaciones. Trump anunció que contratará 10 mil nuevos agentes.

El último día de enero alrededor de mil

Trump cumple sus promesas de campaña

Donald Trump liquidó rápidamente la incógnita sobre lo que realmen-te haría cuando llegara al poder. Las especulaciones sobre un posible retiro de sus propuestas más controversiales, ante el rechazo a su hoja de ruta de un sector del Partido Republicano –que controla ambas cá-maras legislativas– quedaron sepultadas.

Desde que tomó el poder el 20 de enero, el nuevo mandatario puso en marcha muchas de las medidas que prometió al electorado para los

primeros 100 días de gobierno con el objetivo de “restablecer la prospe-ridad económica, la seguridad para nuestras comunidades y la hones-tidad para nuestro gobierno”, según se lee en el simbólico contrato de campaña que difundió antes de la votación del 8 de noviembre.

En apenas días, Trump derogó por decreto el programa sanitario Oba-macare e instruyó a su nuevo secretario de Salud a desmantelarlo; retiró al país del Tratado Transpacífico (TPP) de libre comercio; anunció la re-negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) que comparten Estados Unidos, México y Canadá; congeló la contrata-ción de empleados en el Estado (salvo militares, personal de seguridad y salud); suspendió la inmigración de países que considera “propensos al terrorismo”; decretó la construcción de los tramos faltantes del muro en la frontera con México y mantuvo la promesa de que el costo será reembolsado por ese país; eliminó regulaciones federales y algunas órdenes firmadas por Obama, como la reforma del sistema financiero, entre otras. Precisamente el 3 de febrero Trump firmó dos órdenes eje-cutivas para modificar la reforma financiera impulsada por Obama tras la crisis de 2008. La llamada ley Dodd-Frank, aprobada en 2010, buscó incrementar la regulación y la supervisión sobre las grandes entidades financieras. Para Trump “la ley es desastrosa porque está entorpeciendo los mercados y reduciendo la disponibilidad de crédito”.

Además del muro con México, Trump eliminó regulaciones federales firmadas por Obama.

Nota de tapa · 13

diplomáticos estadounidenses de todo el mundo firmaron un documento para protestar contra el veto porque “amar-gará inmediatamente las relaciones en buena parte del mundo musulmán que considera que la prohibición ha estado motivada por la religión”. La respuesta del Gobierno frente a todos estos casos fue: acaten la orden del Presidente o re-nuncien a sus cargos.

Unos días más tarde el Senado confir-mó al legislador republicano Jeff Sessions como fiscal general. El hombre es cono-cido por sus posiciones radicales contra las minorías y los inmigrantes. De su paso como fiscal para el distrito sur de Alabama (1981-1993) los demócratas le recordaron sus comentarios racistas y sus persecucio-nes judiciales contra los defensores de los derechos civiles de los afroamericanos. Desde el Senado –fue representante de Alabama por 20 años– confrontó contra los proyectos legislativos que pretendían encauzar legalmente a 11 millones de in-documentados que viven en el país. Se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo y está a favor de la mano dura contra las pandillas y el narcotráfico. También se opuso al decreto de 2012 mediante el cual Barack Obama estableció el programa de Acción Diferi-

da (Daca) que frenó la deportación de 750 mil jóvenes que llegaron al país siendo niños. Trump y Session prometieron eli-minar este programa.

Otro aporte en el mismo sentido fue la elección del juez conservador Neil Gor-suchpara, vinculado a la derecha cristia-na, antiabortista y defensor de la pena de muerte, para ocupar un cargo vitali-cio en el Tribunal Supremo. Con él, el máximo órgano judicial volverá a tener mayoría conservadora.

En febrero el secretario de Seguridad Nacional se paseó por la frontera con México para estudiar el proyecto de construcción de los tramos faltantes del muro y felicitó a los agentes de la Patru-lla Fronteriza con esta frase: “son quie-nes se ensucian todos los días haciendo el trabajo de la nación”. El Presidente vincula todos los problemas de los es-tadounidenses (economía, narcotráfico, trabajo, violencia, corrupción) a los in-migrantes y azuza una mayor polariza-ción social al interior del país.

Primeros impactos geopolíticosFuera de las fronteras, Trump genera el

mismo repudio firme y diverso: trabajado-res y sectores de las clases dominantes lo condenan desde distintas posiciones. Uno

de los mayores peligros para Washington es que el rechazo al Presidente provoque una expansión del sentimiento antiestado-unidense en poblaciones de distintas par-tes del mundo. En los países musulmanes eso será inevitable. Tras un breve período de distensión con Irán, el ayatolá Alí Ja-menei respondió a Trump dando irónica-mente las gracias por mostrar “el verdade-ro rostro de Estados Unidos”.

La relación con Irán también se recalen-tó el 15 de febrero cuando Trump anunció que abandonaba la política de las últimas décadas de abogar por una solución de dos Estados entre Palestina e Israel. Ese día recibió en Washington al primer mi-nistro israelí Benjamin Netanyahu y dijo que aceptará “una solución de uno o dos Estados”, postura que abre un nuevo capí-tulo de confrontaciones internacionales.

Más allá de la situación particular surgida en torno a Rusia (ver Cortocir-cuitos…), para los gobiernos del mundo quedó en evidencia que las relaciones bilaterales con las nuevas autoridades de la Casa Blanca serán tensas y esta-rán signadas por la desconfianza. Se-gún The Washington Post, en la prime-ra conversación telefónica con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, Trump lo reprochó por haber firmado “el

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue humillado por Donald Trump. Las marchas dentro de su país atacaron a ambos mandatarios por igual.

· Nota de tapa14 Marzo de 2017

peor acuerdo de la historia” sobre refu-giados con Barack Obama, que obligaba a Estados Unidos a recibir inmigrantes provenientes de ese país; le dijo que era “de lejos la peor” conversación que había mantenido y colgó el teléfono a los 25 minutos de una reunión pautada para una hora. Australia es un aliado central para Estados Unidos.

Otro presidente cercano al país, el mexicano Enrique Peña Nieto, fue direc-tamente humillado por Donald Trump. Luego que se pautara su visita a la Casa Blanca, el presidente estadounidense fir-mó la orden ejecutiva para la construcción del muro. Peña Nieto había decidido no cancelar el viaje, pero luego Trump publi-có: “Si México no quiere pagar el muro, mejor que cancele su visita” y dejó al pre-sidente mexicano sin opción.

Gobiernos de otros países cercanos a Washington, como Canadá y Japón, ya vi-sitaron al multimillonario presidente. En la visita del japonés Shinzo Abe no hubo inconvenientes, aunque durante la campa-ña Trump había considerado que las rela-

ciones comerciales eran desfavorables con ese país y necesitaban modificaciones. Sí hubo tensiones previas al viaje del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que había condenando enérgicamente el decre-to migratorio de Trump contra países mu-sulmanes y refugiados. Si bien en Estados Unidos el mandatario de Canadá eligió re-saltar las visiones coincidentes en materia de economía y seguridad, no dejó pasar la oportunidad para destacar la bienvenida dada por su país a 40 mil sirios, días des-pués de que su par estadounidenses frenara la recepción de refugiados.

Uno de los mayores cambios de Trump se produjo respecto de China. En campa-ña, había atacado reiteradamente la po-lítica económica del país asiático y tras ganar las elecciones se comunicó con la presidente de Taiwán (cuya independen-cia no reconoce China). Además, durante su presentación en el Senado, el canciller Tillerson amenazó con prohibir el acceso de China a las islas artificiales construidas en el mar del Sur de China, acción equi-valente a iniciar una guerra.

Sin embargo, en una conversación telefónica mantenida con el presidente chino Xi Jinping en febrero, Trump se dio vuelta y se comprometió a respetar la política de “una sola China” (lo que im-plica negar la independencia de Taiwán). La reunión fue “larga y extremadamente cordial”, según informó la propia Casa Blanca. Otra victoria de Pekín fue la sa-lida de Estados Unidos del acuerdo co-mercial transpacífico (TPP), diseñado para quitarle espacio y mercados a Chi-na. Los países que iban a formar parte del acuerdo quedaron perplejos y Xi Jin-ping ya se prepara para ocupar parte del lugar abandonado por Washington.

Cambiante e imprevisible, Trump avan-za con su hoja de ruta todo lo que puede. Las reacciones en su contra crecen dentro del país y tienen dimensión internacional. Con su gobierno comenzó también un pe-ríodo de mayor tensión, incertidumbre y desconfianza a nivel mundial.

Desde Buenos Aires,Adrián Fernández e Ignacio Díaz

Cortocircuitos por Rusia

Las complejas tensiones entre el poder estadounidense y la actual administración de Donald Trump provocaron la temprana renuncia del asesor de seguridad nacional Michael Flynn, antes de cumplir siquiera un mes en el cargo.

Flynn es un teniente general retirado, de aceitadas relaciones con Rusia. Sus posiciones son compartidas por un sector minoritario entre los militares y las empresas estadounidenses que abogan por una dis-tensión en las relaciones con Moscú y un cambio parcial en la política exterior de Washington. Esa línea busca instalar Trump junto al nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil, que tiene importantes acuerdos para la exploración y explo-tación de hidrocarburos con la rusa Gazprom. Ambas son las empresas más poderosas de cada país.

Flynn fue duramente criticado por la prensa estadounidense desde su nombramiento. El año pasado compartió en Moscú una cena para el canal Russia Today (RT) –donde hizo apariciones regulares como analista– y fue fotografiado junto al presidente Vladimir Putin. Pero había logrado sortear la primera ola de críticas y parecía que su puesto estaba garantizado.

Sin embargo, la filtración a la prensa de que mantuvo una conversa-ción telefónica con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, días antes que el presidente Obama anunciara nuevas sanciones a Ru-sia, pusieron a Flynn contra las cuerdas. El teniente general retirado no había sido confirmado en su puesto al momento de hacer la llamada y la intervención de civiles en disputas diplomáticas con otros países es ilegal. Algunos periodistas, envalentonados, vincularon el hecho con el caso de espionaje Watergate, que terminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia. Es evidente que un sector del establishment bus-ca que el mandato de Trump termine como sea antes de tiempo.

La información sobre la conversación telefónica de Flynn y Kislyak fue provista desde los servicios de inteligencia, que evidencian importantes fracturas internas desde la campaña electoral. Por eso al día siguiente de la renuncia Trump disparó: “La verdadera historia acá es por qué hay tantas filtraciones ilegales saliendo de Washington”. Las disputas de la CIA con su gobierno son evidentes y ya se cobraron la primera víctima.

Flynn fue nada menos que director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), principal estructura militar de espionaje extranjero del Departamento de Defensa. Pero su período duró dos años (2012-2014) por diferencias con sus superiores. Como Asesor de Seguridad Nacional Flynn iba a estar por encima de las 16 agencias de inteligencia estadounidenses y se cree que planeaba revertir un con-junto de reformas hechas durante las presidencias de Obama y Bush.

Servicios de inteligencia empujaron la renuncia del asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

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16 Marzo de 2017

“En Estados Unidos se ha impuesto una inercia estratégica de las po-

líticas de Bush y Obama, que hoy están mandando en todos los organismos esta-dounidenses, bajo el auspicio de la dere-cha venezolana. Ellos no pueden aceptar que Venezuela esté recuperándose, que poco a poco estemos recuperando la eco-nomía”, denunció el presidente Nicolás Maduro tras advertir que dirigentes opo-sitores promueven una intervención di-recta contra el país.

Las tensiones políticas internas se dispararon cuando la oposición decidió abandonar las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Desde entonces, su núcleo duro arrecia en intentos por sa-car del poder al Presidente, en línea con la escalada de ataques lanzada desde Washington. Pero tienen un problema

mayúsculo: la estructura de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne al conjunto de las agrupaciones de oposición está fracturada, sus seguidores la despre-cian públicamente y su poder de movili-zación se redujo notablemente, como se vio en la última marcha del 18 de febrero en Caracas en reclamo de la liberación de Leopoldo López.

Para intentar salvar la coalición, los miembros acordaron una reestructuración y la salida de su secretario ejecutivo, Je-sús Torrealba. En su lugar asumió José Luis Cartaya –figura casi desconocida en el país– como nuevo “coordinador gene-ral” de la MUD y se crearon tres secreta-rías para repartir cargos.

En el plano legislativo, la oposición no puede hacer uso de su mayoría propia por-que mantiene a la Asamblea Nacional en

desacato. Además, la Contraloría General de la República (CGR) debió intervenir recientemente la Dirección de Auditoría Interna del órgano legislativo debido a las denuncias por el manejo inadecuado de los recursos ejecutados durante el ejerci-cio fiscal 2016. Entre las irregularidades se destaca la denuncia por el desembol-so de casi 200 millones de bolívares, el 2 de enero, a nombre del diputado Ramos Allup, días antes de dejar la presidencia de la Asamblea Nacional.

Nueva ofensiva contrarrevolucionariaAnte la inoperancia interna, la oposi-

ción depende de la campaña internacional contra Venezuela, con eje en los medios de comunicación.

El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sin ningu-na prueba que consideraba que el vicepre-sidente de Venezuela, Tareck El Aissami, tenía “un papel importante en el tráfico

El Gobierno se mantiene firme ante la campaña infame de Washington y denuncia una propaganda de guerra. La oposición está fracturada, no quiere dialogar y apela a la injerencia internacional.

Arremetida contrarrevolucionaria en Venezuela

Contundente respuestaa las agresiones

El martes 21 de febrero periodistas de distintos Estados del país se pronunciaron contra las agresiones imperialistas a Venezuela. Foto: AVN

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internacional de narcóticos” y lo incluyó en su lista de Narcotraficantes Especial-mente Designados. “Ante la infamia y la agresión imperialista: moral intacta, ma-yor firmeza y convicción antimperialista y mayor conciencia chavista”, respondió El Aissami al anuncio del gobierno de Donald Trump. “En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de re-volucionario antimperialista. ¡Vencere-mos!”, agregó.

Esta denuncia se suma a otras similares hechas anteriormente contra el primer vi-

cepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, y el Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Una semana antes, la cadena CNN emi-tió un programa para intentar vincular burdamente al gobierno venezolano con el tráfico de pasaportes al servicio del te-rrorismo internacional. La fuente utiliza-da para la denuncia fue un agente opositor infiltrado en la embajada venezolana en Irak, descubierto y expulsado de su cargo en septiembre de 2016.

En medio de estos ataques, el nuevo

presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, visitó los parlamentos de Colom-bia y Brasil, y fue recibido por el canciller del gobierno ilegítimo de Michel Temer, José Serra. En un discurso ante el con-greso colombiano, Borges señaló que “se hace urgente un proceso de liberación en Venezuela” y pidió apoyo a los países de la región para “salir de la crisis”. Pareció estar solicitando una intervención interna-cional contra el país.

Rápidamente, la Asociación de Aboga-dos Bolivarianos de Venezuela introdujo ante la Fiscalía General una demanda para pedir el antejuicio de mérito por delitos de usurpación y lesa patria a Julio Borges. Se entiende que si la Asamblea Nacional está en desacato, su presidente carece de tal investidura y mucho menos puede re-correr otros países usurpando funciones exclusivas del Presidente.

Aunado al viaje de Borges, otra dele-gación de diputados opositores viajó a Estados Unidos. Encabezada por Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popu-lar, la delegación mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y solicitó la imposición de san-ciones a dirigentes venezolanos oficia-listas días antes que Washington lanzara la operación contra el Vicepresidente de Venezuela. El plan se completó con la re-unión de Donald Trump y Lilian Tintori –esposa de Leopoldo López– en la Casa Blanca el 15 de febrero, con el reclamo

Foto: AVN

Venezuela da el ejemplo con migrantes colombianos

Una delicada situación se vivió en la frontera entre Colombia y Ve-nezuela, específicamente en los Estados Táchira y Zulia, al confir-marse el desplazamiento de al menos 96 familias colombianas hacia territorio venezolano.

Anunciada públicamente por el gobierno de Venezuela primero y confirmada luego por la Oficina de las Naciones Unidas para la Co-ordinación de Asuntos Humanitarios, le emigración se produjo en dos grandes grupos. Ambos afirmaron estar huyendo de las amenazas y persecuciones de paramilitares que tomaron localidades del norte de Santander tras la desmovilización de guerrilleros de las Farc.

La inmediata presencia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en la zona permitió comprobar y atender la situación de los migrantes colombianos junto al gobierno venezolano. Acnur informó que la mayoría de los desplazados arribaron a Zulia por el Río Catatumbo y notificó la inmediata activación de la “red nacional de protección de refugiados” bajo la dirección del presidente

Nicolás Maduro. Este organismo de la ONU agradeció y felicitó la “res-puesta solidaria y rápida de las autoridades de Venezuela, al acoger a los refugiados y a otros miles que tuvieron que huir de la violencia en sus países de origen”.

Los nuevos inmigrantes recibieron ayuda humanitaria y se les abrió el proceso de refugio a todos los que manifestaron interés en perma-necer en Venezuela. La solidaria respuesta del gobierno bolivariano contrastó con las últimas denuncias hechas desde Colombia, donde autoridades gubernamentales cuestionaron la migración de profe-sionales venezolanos a Bogotá y el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, usó el término “venecos” para referirse peyorativamente a los venezolanos durante una entrega de viviendas.

Pese el bombardeo mediático diario contra Venezuela, los ataques a la moneda nacional, el tráfico de alimentos y gasolina promovidos desde Colombia, una vez más el gobierno bolivariano ratificó su carácter hu-manitario y de hermandad con los pueblos latinoamericanos.

18 Marzo de 2017

del presidente estadounidense para la li-beración de López.

En paralelo, los medios buscan instalar progresivamente el concepto de que Ve-nezuela sufre una dictadura encabezada por Maduro.

Respuesta firmeEn rueda de prensa internacional con-

vocada en Caracas, Delcy Rodríguez denunció la “operación de propaganda de guerra contra el país”. El Gobierno decidió ante la sistemática y reiterada difusión de contenidos que constituyen agresiones e infamias directas contra Ve-nezuela y la dirección revolucionaria, sin derecho a réplica y sin pruebas, quitar in-mediatamentede la parrilla de programa-ción a la señal estadounidense. El direc-tor del ente rector de las comunicaciones en el país (Conatel), Andrés Eloy Blanco, argumentó que “CNN se convirtió en un cañón de instigación de violencia en el país, al odio religioso y político”. Madu-ro denunció directamente que “CNN está promoviendo una intervención general y masiva contra Venezuela”.

El Psuv salió rápido a denunciar el peligroso vínculo entre estas acciones y el decreto del ex presidente Obama que califica a Venezuela como una “amena-za” a la seguridad de Estados Unidos. Tal decreto “pretende ser reavivado con

falsos positivos”, denunció el partido re-volucionario, en referencia a las graves denuncias sin fundamentos que intentan vincular al Gobierno con narcotraficantes y terroristas. “La infamia y el descrédito son manejados como instrumento político para pretender deslegitimar a la máxima dirigencia de la Revolución y generar-condiciones que justifiquen una interven-ción extranjeraen nuestra Patria”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la Fuerza Armada Nacio-nal Bolivariana consideró las acusacio-nes como un acto de injerencismo del gobierno estadounidense que ofende a todos los venezolanos y afirmó que “la nefasta estructura de la DEA es empleada de manera criminal para afectar Estados y gobiernos progresistas en función de oscuros intereses”.

Clap: la clave económicaLa nueva arremetida nacional e inter-

nacional contra la Revolución Bolivaria-na se da en un contexto nacional donde la prioridad del Gobierno es la reactiva-ción del crecimiento económico, así como también garantizar la paz y estabilidad del país. En ese punto, los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) cumplen un papel vital, no sólo en la pro-ducción y distribución de alimentos.

Sobre este instrumento Maduro expli-

có: “Los Clap no son simplemente una caja. Critico fuertemente a los compañe-ros que ponen al pueblo a hacer cola para entregarle una caja. Ese no es el camino, el camino es ir casa por casa, abrazar al pueblo, incorporarlo, fortalecer los Clap a nivel asambleario, en la base. Que na-die desnaturalice los Clap”. Y llamó lue-go a consolidar esta herramienta popular por ser “la respuesta socialista desde las bases a la guerra económica”. “Sigo in-sistiendo en apostar todo el poder para los Clap porque sé que miles de nuevos líderes han surgido en las comunidades”, concluyó el Presidente.

Sin embargo, la distribución a través de los Clap ha generado un serio fenómeno de corrupción y mafias que atentan contra su razón de ser. Por eso el Coordinador Nacional de los Clap, Freddy Bernal, ha sido enfático en promover la denuncia como método para garantizar la debida distribución casa por casa. Fueron habi-litados distintos canales para recibir todas las denuncias y varias personas fueron detenidas por revender a altos costos las bolsas de alimentos en distintos Estados del país. Por eso Maduro aseguró que “todo miembro del gobierno que vea des-figurando la esencia de los Clap será re-movido de su cargo”.

Desde Caracas, con informes de Roxana Martínez

Reestructuración de Pdvsa

“Cero tolerancia con la corrupción y la traición”, sentenció el presi-dente Nicolás Maduro al anunciar una “reestructuración absoluta” y un “golpe de timón” en la petrolera estatal venezolana.

La medida había sido adelantada en noviembre, pero recién en enero fue designada la nueva junta directiva de Pdvsa, que está integrada por la canciller Delcy Rodríguez, quien asumió como vicepresidente

de Asuntos Internacionales; la vicealmirante Maribel Parra en la vice-presidencia ejecutiva; Simón Zerpa en Finanzas y César Triana como presidente de Pdvsa Gas. Todos tienen la tarea primordial de “sanear Pdvsa de la corrupción e iniciar un proceso de transformación completa e integral”, señaló el presidente de la empresa, Eulogio del Pino.

Los cambios demuestran que la lucha contra la corrupción sigue su curso. A inicios de año fue destituido y detenido Juancarlo Depablos, presidente de la subsidiaria petroquímica de Pdvsa, Pequiven. Tam-bién fueron aprehendidos nueve directivos de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del país, incluido el presidente de la Corporación del Petróleo y director de la faja, Pedro León Torres. Las investigaciones se mantienen ante las irregularidades presentadas por la adquisición de equipos a sobreprecio.

Ante esta realidad y la susceptibilidad de la empresa a sabotajes in-ternos, se produjo su necesaria reestructuración. La tarea encomenda-da por Maduro es lograr una Pdvsa socialista, eficaz y eficiente, para lo cual es esencial vencer la corrupción y la burocracia enquistadas en la principal empresa del país.

Nicolás Maduro en el acto de juramentación de la nueva directiva de Pdvsa Foto: AVN

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¿Hay una crisis política del gobier-no Macri? Sí. ¿Desembocará esta

coyuntura en un colapso? Altamente im-probable a corto y mediano plazos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) programa una movilización para el 7 de marzo. Por azar –sí, por un azar que disgusta tanto a la cúpula sindical como al gobierno– ese mismo día la ex presidente Cristina Fernández acudirá a los Tribu-nales imputada por numerosas causas de enriquecimiento ilícito que la ubican en difícil situación. La protesta sindical será acompañada no sólo por otros agrupa-mientos menores sino también, muy sig-nificativamente, por cámaras empresaria-les espantadas por una deriva económica que tras la abrupta caída de 2016 (4,9% en la industria), pese a signos de tímida reactivación, se prolonga en derrumbe del consumo (10% en lo que va del año), la producción en varias áreas y el empleo (sin datos firmes todavía).

Esto en momentos en que Argentina discute las llamadas “convenciones pa-ritarias”, donde sindicatos y empresas pugnan por definir el nivel salarial con la asistencia del Estado. La CGT lleva a cabo una ronda de negociaciones con todos los partidos e instituciones princi-pales: de lleno en función política, en au-sencia del Partido Justicialista como eje para la acción.

En tanto, con tropiezos, en zigzag, insuficiente respecto de lo buscado, el plan de saneamiento capitalista avanza de la mano de Mauricio Macri y con el acompañamiento de todas las fracciones políticas que, en una fragmentación sin precedentes, disputan la representación de la burguesía. También integran ese bloque no explícito las cúpulas sindicales, más allá de gestos de protesta. Se anuncia incluso una huelga general antes de fines de marzo, que en caso de realizarse bajo la dirección de las actuales cúpulas sin-dicales no torcería un milímetro el curso esencial de los acontecimientos.

Todo el poder establecido está igual-mente empeñado en que el sistema se estabilice y avente las amenazas de un nuevo colapso, que en caso de ocurrir –y esa posibilidad no puede descartarse– se-ría incomparablemente más grave que el de 2001. Por eso la iglesia, también con declaraciones que enmascaran su com-promiso, se suma al conjunto empeñado en que el sistema no sufra una herida irre-parable. Todos saben que una hipotética explosión social y el consecuente despla-zamiento de Macri, sería la detonación de una situación prerrevolucionaria para la cual el sistema no tiene anticuerpos. Por eso, pese a todo, la ruptura del bloque in-terburgués y la eclosión de una inmane-jable crisis política no es, al momento, lo más probable.

Secuestrador en prisiónNo es verdad que el gobierno de Cam-

biemos sea incapaz de aprender. La de-tención del jefe del Ejército designado por Cristina Fernández, César Milani, si bien resulta del incansable esfuerzo de familiares y organizaciones de derechos

humanos no cooptadas por el Estado, es fruto también del intento de tapar la rea-lidad satisfaciendo un reclamo muy pro-fundo de la sociedad argentina: juicio y castigo a los culpables por la represión, tortura, secuestro y asesinato de miles de personas en los años 1970.

Como sea, Milani está preso. Además de hechos represivos aberrantes, afronta también acusaciones por fulminante en-riquecimiento ilícito. Quienes lo arropa-ron durante los últimos años por orden del gobierno anterior, se hallan en difícil situación. Tanto que a cinco días de su de-tención, sólo un par de kamikazes salió al ruedo. Uno (su socio actual en una cadena de comida chatarra y ex secretario de Co-mercio) para decir que es inocente. Otro (un diputado del Frente para la Victoria) para asegurar que esto es posible por la política de Cristina Fernández. No parece haber límites para la impudicia en la Ar-gentina de hoy.

TransparenciaEn la raíz de todo, sin embargo, está la

realidad económica. Afortunadamente, ahora es transparente cuando un Presiden-te actúa a favor de un grupo económico (el caso del Correo es un escándalo a la vista de todos); es transparente que se gobierna para los ricos (¿cuándo no fue así, desde la Organización Nacional hasta la fecha?); que lavadores de dinero y tránsfugas de la peor calaña están en lugares clave del Estado, como por ejemplo el servicio de espionaje, la Oficina Anticorrupción, el propio Congreso y la Justicia.

Será igualmente diáfano en plazos no lejanos que recesión y desocupación no resultan de la maldad de un Presidente, por más hijo de papá que sea (ver pág. 20). La crisis es un dato objetivo, fruto de la lógica inexorable de un sistema ya incapaz de dar lo elemental a los seres humanos. Aquí, o en cualquier parte del mundo, como lo prueba con estridencia la conducta de Donald Trump.

Buenos Aires, 20 de febreroL.B.

@BilbaoL

Detenido el ex jefe del Ejército con gravísimos cargos por vio-laciones a los derechos humanos, el cuadro político se completa con una sucesión de reveses de todo orden para el oficialismo.

Preso otro secuestrador, mientras avanza el plan de saneamiento

Sacudones políticos en Argentina

“Todos saben que una hipotética explosión

social y el consecuente desplazamiento de Ma-cri, sería la detonación de una situación pre-

rrevolucionaria para la cual el sistema no tiene

anticuerpos.”

20 Marzo de 2017

Argentina debía 178 mil milones de dólares cuando en mayo de 2003

asumió la presidencia Néstor Kirchner. Diez años después, su sucesora, Cristina Fernánadez, se jactaba de que entre am-bos habían pagado 200 mil millones de dólares de aquella deuda. En realidad esa cifra superó los 230 mil millones. Eco-nomistas oficialistas y, con escasas ex-cepciones, también opositores, afirmaban que el país se había desendeudado. No obstante, tras 12 años de gobierno de Kir-chner y Fernández, al traspasar el mando a Mauricio Macri en diciembre de 2015 la deuda pública argentina era de US$ 239.959 millones.

Según datos del ministerio de Econo-mía (Mecon) la diferencia es que algo

más del 60% se adeudaba a agencias del sector público, 27% a privados y 12% a organismos multilaterales de crédito.

Durante 2016 el gobierno de Cambie-mos tomó deuda por 45 mil millones de dólares. Luego de reemplazar a su minis-tro de Economía, Alfonso Prat Gay, y di-vidir la cartera en dos –Finanzas a cargo de Luis Caputo y Hacienda, con Nicolás Dujovne a la cabeza– Macri multiplica el endeudamiento y en los primeros dos meses de 2017 sumó casi 16 mil millo-nes de dólares.

Para cumplir con el plan de atraer in-versores externos, el Ejecutivo debió so-lucionar primero el conflicto con los Fon-dos Buitre, aquellos tenedores de bonos por US$ 16 mil millones que no entraron

en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y fueron favorecidos por la justicia esta-dounidense, cuya jurisdicción aceptaron Kirchner y su ministro Roberto Lavagna. Esa medida impedía que pudieran cobrar el resto de los bonistas. Finalmente, en abril de 2016 se pagaron los US$ 16 mil millones para cancelar la deuda con los bonistas minoristas, entre ellos el podero-so NML Capital, de Paul Singer, que obtu-vo una desorbitante ganancia de 1600%.

Luego de cumplir con la sentencia el endeudamiento retornó a su fuente externa; incluso numerosas provincias emitieron bonos en dólares, en su mayo-ría para financiar gastos corrientes, don-de la Nación es el respaldo. Provincias como Córdoba, Salta, Santa Fe, Buenos Aires y recientemente Entre Ríos, emi-tieron bonos por entre 300 y 700 millo-nes de dólares.

Según el plan financiero de 2017, anun-ciado por el ministro Caputo, se planea emitir US$ 43 mil millones (mm), entre refinanciamiento (21 mm) y nueva deuda (22 mm). De ese total, se tomará deuda por US$ 3.850 millones de organismos financieros internacionales como el Ban-co Mundial, BID o la CAF; alrededor de US$ 6 mil millones se colocarán en bo-nos y US$ 4.500 millones en Letras del Tesoro en dólares. Habrá también coloca-ciones por 10 mil millones de dólares en el mercado internacional y 14 mil millo-nes de pesos en el mercado local. Otros US$ 2 mil millones se colocarán en entes públicos y organismos del Estado.

Durante el kirchnerismo, referentes de Cambiemos criticaron el endeudamien-to constante que el gobierno de Cristina Fernández hacía con el Banco Nación, el Banco Central y la Administración Na-cional de la Seguridad Social (Anses). Sin embargo, el nuevo gobierno retomó esta práctica: el pasado 9 de febrero se anunció un préstamo del Banco Nación por 25 mil millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) que se suma a los fondos tomados de la Anses en enero por más de mil millones de dólares.

La deuda pública llega hoy a 305 mil millones de dólares. Macri sumó 45 mil millones en 2016. De origen ilegítimo, es instrumento de saqueo, bloquea el desarrollo y empobrece a sus habitantes.

La deuda eterna argentina

Sumisión a un fraude sin fin

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Breve historia recienteAntes del último golpe militar del 24

de marzo de 1976, la deuda del Estado argentino era de 7.900 millones de dóla-res, según los últimos datos de 1975. A la salida de la dictadura, en 1983, tras la estatización de deuda privada por par-te de Domingo Cavallo, funcionario del gobierno militar, el monto se había mul-tiplicado casi por seis para alcanzar los 45.100 millones. Al término del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, y pese a haber pagado más de 20 mil millones, el mon-to de deuda ascendía a 65.300 millones. Menem pagó alrededor de 80 mil millo-nes y en 1999 dejó la presidencia con una deuda de 122 mil millones.

Luego de la crisis económica, políti-ca y social que arrasó al gobierno de la Alianza en diciembre de 2001, Adolfo Rodríguez Saa, presidente de transición electo por la Cámara de Diputados, de-claró la cesación de pagos (default) de una deuda que ascendía para 2003 a U$S 178 mil millones y en 2004 era de US$ 191.296 millones.

Néstor Kirchner presentó en 2005 la primera oferta a los acreedores con una quita de U$S 27.057 millones, aceptada por el 76% de los bonistas. Las críticas al canje apuntaron a la emisión de un “bono estímulo” atado al PIB que obliga al país a pagar una tasa mayor cada año que el crecimiento supera el 3%. Como hasta el

año 2011 la Argentina creció ininterrum-pidamente, la quita original comenzó a decrecer.

Otro punto clave del gobierno de Kir-chner fue el pago a fines de 2005 de la deuda total con el Fondo Monetario In-ternacional por US$ 9.810 millones, con la excusa de “ahorrar intereses” y tener mayor soberanía en las decisiones del rumbo económico.

En 2010 el gobierno de Cristina Fer-nández volvió a abrir el canje, que generó la adhesión de casi el 93% de los acreedo-res. Sin embargo, la economía argentina había detenido su crecimiento y los pagos de capital y de intereses de la deuda co-menzaron a realizarse a través del uso de reservas del Banco Central, al terminarse el superávit de los años anteriores.

Como se ve, no hubo desendeuda-miento real sino transferencia de la deu-da externa al sector público. El caso más sensible fue el de la Anses, cuyos fondos se destinan al pago de jubilaciones y pensiones. Y al compás de un acelerado crecimiento del déficit fiscal, aumentó la emisión de dinero sin respaldo, presionó sobre la ya elevada inflación, alentó el desequilibrio de la balanza de pagos y la caída de las reservas de divisas.

Entender la deudaEl primer acreedor del país fue la in-

glesa Baring Brothers, en 1822. Con

ese préstamo surgió por primera vez en la historia argentina el término “deuda externa”. Pero con el tiempo comenzó a utilizarse otro concepto más abarcativo: “deuda pública”, que es la deuda que el Estado mantiene con prestamistas dentro o fuera del país.

Un modo de comprender la dimen-sión de la deuda pública para una eco-nomía es compararla con una serie de indicadores, entre los que se pueden mencionar el Producto Bruto Interno, la relación entre pagos de deuda exter-na y exportaciones; las reservas; y en un contexto de endeudamiento con el sector público también es importante la recaudación tributaria.

Los economistas liberales –aunque no sólo ellos– se conforman si la deuda es me-nor a un determinado porcentaje del PIB.

De esta manera desdibujan el hecho de que mediante el pago de intereses y sucesivas refinanciaciones los ex-cedentes del país van a parar a manos del capital financiero, internacional o local, bloqueando la inversión y cual-quier perspectiva de desarrollo ulterior real. Basta comparar la fuga de riquezas por pago de intereses y capital con las aspiraciones de inversión para supues-tamente relanzar el crecimiento para comprobar el saqueo legal al que es sometido la nación. He aquí los datos presentados por el Mecon: sólo en sus dos últimos años de gobierno Cristina Fernández pagó por capital e intereses poco menos de 60 mil millones de dóla-res. Macri siguió el ritmo y pagó 31.310 millones en 2016.

En lugar de emitir dinero, el nuevo gobierno financió el déficit fiscal con en-deudamiento.

La conclusión es que en los últimos tres años se pagó un tercio de la deuda actual y, sin embargo, el número total no ha des-cendido. Sólo se pagaron los intereses de la deuda y el capital fue refinanciado, con nuevos intereses, en un círculo vicioso que no tiene fin.

Nadie duda de la ilegitimidad del en-deudamiento durante la dictadura. No obstante, pasaron 34 años, siete presiden-tes y los partidos políticos mayoritarios no hicieron sino continuar sometiendo al país a esa sangría.

Desde Buenos Aires,con informes de Iván Gómez

Domingo Cavallo, funcionario durante la dictadura y ministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa

22 Marzo de 2017

Quedó a las puertas del triunfo en primera vuelta, pero no le alcanzó.

Según el conteo rápido oficial, al 22 de fe-brero y con el 98,5% escrutado, el candi-dato de Alianza País (AP), Lenín Moreno, fue el más votado con 39,33% y terminó a 0,66 puntos porcentuales de la victoria. La participación fue alta: 81,8%.

Para ganar la elección del 19 de febrero, el ex vicepresidente de Rafael Correa ne-cesitaba superar el 40% y conseguir una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo. Esto último sí lo logró, ya que el banquero opositor Guillermo Lasso (de la alianza Creo-Suma) alcanzó un 28,2%.

En las elecciones legislativas, AP logró preservar la mayoría propia con no menos de 72 asambleístas (de 69 necesarios) y, pese a que tenía 100, seguirá controlando la Asamblea Nacional.

Dura batalla en puertasRápidamente el resto de la derecha y

sectores empresariales se reagruparon de-trás del candidato opositor que llegó a la

segunda vuelta. El Partido Social Cristia-no (PSC), que quedó tercero y muy lejos del balotaje con la candidatura de Cynthia Viteri (16,2%), se acomodó de inmedia-to. Su líder y alcalde de Guayaquil desde 2000, Jaime Nebot, declaró al día siguien-te de la elección que “por culpa de otros no se pudo consolidar una candidatura de unidad nacional alrededor de la figura del señor Lasso”, y llamó a votarlo pese a ha-berlo confrontado con dureza durante la campaña. Otro que confluirá con el can-didato liberal es Abdalá Bucaram (hijo), que terminó quinto con 4,8%.

Quien no apoyará al banquero es el general retirado Paco Moncayo, que quedó en cuarto lugar (6,8%) encabe-zando una alianza de centroizquierda conformada por Izquierda Democrática, Centro Democrático, Unidad Popular y Pachakutik. “Personalmente no apoya-ré a nadie”, avisó la misma noche de la elección el candidato socialdemócrata, que se mostró disconforme con los re-sultados obtenidos. Y el quinto, Iván

Espinel (3,2%), se reunió el 22 de febre-ro con Lenín Moreno, aunque sin tomar posición frente al balotaje. Los otros dos candidatos, Washington Pesántez y Patricio Zuquilanda, no llegaron al 1%.

El punto de confluencia entre distintas fuerzas opositoras fue el rechazo al re-cuento de votos, que tras un rápido inicio en la noche del domingo 19 de febrero, avanzó con lentitud el lunes y el martes (ver recuadro). Ante la hipotética posibi-lidad de que Lenín Moreno llegara al 40% y ganara en primera vuelta, la oposición convocó manifestaciones en Quito y Gua-yaquil para presionar al Comité Nacional Electoral (CNE) y advirtió que no reco-nocería la eventual victoria oficialista. La consideraba un fraude de antemano, pese a no tener ninguna prueba.

Ante la reacción opositora, Moreno lla-mó a respetar la voluntad popular y res-pondió que “la violencia no debe definir el resultado”. “Más allá de lo que decida el CNE, ya comenzamos nuestro trabajo, ¡hay tanto por hacer!”, agregó antes de viajar a la provincia de Manabí. Desde allí pensaba seguir “la lucha por una patria mejor, sin violencia pero con libros, sin insultos pero con hospitales, sin odios pero con vivienda y trabajo, sin mentiras pero con oportuni-dades, universidades y becas”, destacó.

El destino del viaje no fue casual. Ma-nabí y Esmeraldas sufrieron el gravísimo terremoto de abril de 2016 (7,8 según la escala sismológica) y sus réplicas, que dejaron 680 muertos y grandes zonas des-truidas. Durante la campaña, un sector de la oposición aprovechó el hecho para denunciar el supuesto fracaso y estafa de la reconstrucción y las medidas llevadas adelante. Sin embargo, en Manabí el can-didato de AP obtuvo 54% y el de Creo apenas 18,1%, mientras que en Esmeral-das los números fueron 40,6% y 28,1%. Estos resultados fueron “la mejor res-puesta a las calumnias y mentiras sobre la reconstrucción”, celebró Rafael Correa.

El Presidente también salió al cruce de los candidatos opositores que convocaron manifestaciones en las calles para que el CNE confirmara anticipadamente la se-

El conteo rápido determinó que habrá segunda vuelta el 2 de abril entre el oficialista Lenín Moreno y el banquero Guillermo Lasso. La derecha se reagrupa y Alianza País llega con confianza.

Moreno y Lasso se preparan para el balotaje en Ecuador

Elegir entre rumbos opuestos

Ambos candidatos disputarán la presidencia el 2 de abril

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gunda vuelta. “Con el 10% de los votos to-dos sabíamos quiénes eran los ganadores de la primera vuelta, pero nadie sabía si el binomio ganador llegaba o no al 40%. Por eso no se proclamaron resultados en base a proyecciones y se hace el conteo voto a voto, lo cual ha sido aprovechado por los perdedores para generar violencia y ha-blar de fraude”, explicó Correa y alertó: “¡El viejo país intentando resucitar!”. “En todo caso, por la violencia nada lograrán. ¡Somos más, muchísimos más!”, celebró desde su cuenta de Twitter.

Otro motivo de alegría para el Presidente fue el triunfo del Sí en la consulta popular sobre paraísos fiscales (55% a favor). Aho-ra la Asamblea Nacional tiene hasta un año de plazo para modificar las leyes necesa-rias y reglamentar las nuevas restricciones.

Cuando eso ocurra, los funcionarios pú-blicos y todos los que aspiren a cargos de elección popular no podrán tener dinero en paraísos fiscales. Para poder serlo, deberán regresar los recursos al país.

Apoyos opuestosEntidades como el Comité Empresarial

Ecuatoriano (cuyo presidente fue candi-dato a asambleísta nacional por el PSC) y la Cámara de Comercio de Guayaquil se sumaron a las presiones contra el CNE. “Le pedimos a los empresarios dejar en li-bertad a todos sus colaboradores para que estén en las calles y nos ayuden a salva-guardar el voto por el cambio. (...) Un día de libertad por una vida de libertad”, de-claró el presidente de la organización que reúne a los comerciantes de la ciudad.

Envalentonado, el banquero opositor ya anunció la preparación de una “mesa de go-bernabilidad” con líderes políticos, sociales y gremios, para ofrecer espacio a opositores en un hipotético futuro gobierno suyo

Del lado de AP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupa a 15 or-ganizaciones nacionales; la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); la Coordina-dora Campesina Eloy Alfaro, la Coalición de Organizaciones Sociales (COS) –que reúne a 27 colectivos a nivel nacional– y la Red de Maestros –profesores públicos– respaldan activamente a Lenín Moreno.

El secretario encargado del movimiento político, Óscar Bonilla, afirmó: “Estamos preparados para continuar con nuestra lu-cha” y resaltó que AP “es una fuerza vic-toriosa con más de un millón de votos (de diferencia) sobre el candidato que sigue”.

Lenín Moreno también envió un men-saje cargado de optimismo: “El candidato más fácil de derrotar es Lasso”, alentó. “Todas las encuestas y simulacros dan como perdedor a Lasso de concretarse una segunda vuelta”, justificó luego. Ante la propuesta del candidato dere-chista de hacer “un debate público por semana”, contestó: “Yo fijaré el mo-mento que vamos a dialogar”. Por si quedaban dudas, reafirmó: “Iremos a la segunda vuelta y los volveremos a de-rrotar, así como les hemos derrotado en todas las instancias en que se han pre-sentado hasta el momento”.

I.D.

CNE: “El escrutinio ha funcionado de manera impecable”

Luego de una rápida presentación de más del 50% del escrutinio, apenas tres horas después de que finalizaron las elecciones el domingo 19 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) demoró sin embargo hasta el miércoles para dar resultados finales.

Pese a las quejas públicas de candidatos opositores, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, defendió que “el sistema de escrutinio ha funcionado de manera impecable” y que las especulaciones surgen por el estrecho margen que hubo para definir si había o no una segunda vuelta. “Ojalá podamos hacer un mejor ejercicio de cultura política”, lamentó Pozo ante la actitud tomada por un sector de la oposición que llamó a protestas contra el organismo electoral.

El presidente del CNE explicó que el retraso en el final del escrutinio se debió a tres cuestiones “normales en todo proceso electoral”: la inconsis-

tencia de algunas actas, la llegada rezagada de otras y demoras habitua-les en el proceso de entrega de resultados preliminares oficiales. La ley electoral dispone para estos casos –cuando no hay segundas actas– que cada Junta Provincial Electoral debe resolver esa irregularidad con el re-conteo de votos en audiencias públicas de escrutinio, es decir, en presencia de representantes de las fuerzas políticas acreditadas. “Es un tema de responsabilidad y no de velocidad”, argumentó la autoridad electoral.

Pozo explicó que el 80% de las actas se ingresaron en apenas cinco horas por la calidad del sistema de escrutinio y el resto del proceso se cumplió con normalidad en tiempo y forma, teniendo en cuenta la necesidad de resolver inconsistencias. Adelantó además que iniciarán acciones legales contras las personas que han agredido a funcionarios del CNE durante el tiempo de escrutinio.

La participación electoral fue alta: 81,8%. Foto: Agencia Andes

24 Marzo de 2017

Mientras las últimas encuestas difun-didas muestran que el gobierno de

Michel Temer tiene la peor imagen positiva desde que asumió la presidencia (10% según un estudio de la consultora MDA publicado el 15 de febrero), Lula da Silva, ex presiden-te y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), reaparece como posible triunfador de las elecciones presidenciales de 2018.

El rechazo a Temer se explica tanto por la delicada situación económica como por las causas de corrupción vinculadas a Petrobras que cada semana afectan a más integrantes del gobierno brasileño (ver re-cuadro). Según el Banco Central Brasileño, la actividad económica cayó un estrepitoso 4,55% en 2016. La recesión llegó a los tres sectores fundamentales de la economía brasileña: agricultura y ganadería, indus-tria, comercio y servicios.

Como consecuencia, la situación laboral es cada vez más grave. En enero la Organi-zación Internacional del Trabajo pronosticó que la desocupación seguirá creciendo en 2017 y trepará al 12,4%, afectando a 13,6 millones de ciudadanos.

¿Vuelve Lula?Luiz Inácio da Silva ganaría en prime-

ra y segunda vuelta, según el sondeo de MDA, tanto a Temer (del Pmdb) como a los candidatos más fuertes de la derecha y centroderecha: Marina Silva (Partido Socialista Brasileño, PSB) y Aécio Neves (Partido de la Social Democracia Brasi-leña, Psdb). Aunque otras encuestas lo ponen por debajo de Marina Silva en un balotaje, su popularidad se sostiene.

Por más que sean sólo datos prelimina-res y todavía muy lejanos a la elección, los números entusiasman al PT, que con-fía en que su máximo líder lo devuelva al gobierno en 2018, dejando atrás el im-peachment a Dilma Rousseff y abriendo un nuevo capítulo en la historia brasile-ña. Ante esta posibilidad, el propio Lula definió una nueva línea de acción para el que supo ser el partido de izquierda más grande del continente.

“Nos quedamos gritando ‘fuera Temer’ y Temer está ahí adentro”, dijo en enero. “Gritamos ‘no habrá golpe’ y hubo gol-pe. Estamos gritando contra las reformas

y las están aprobando en tiempo récord”, completó el ex mandatario, en un inten-to por poner al PT en acción para no sólo reclamar contra las medidas regresivas del gobierno de Temer, sino para volver a constituirse como una opción política para la próxima elección.

En junio los petistas se reunirán en el Sexto Congreso, que llevará el nombre de la fallecida esposa de Lula, Marisa Leti-cia, para intentar una reconstrucción en torno a la figura del ex presidente. En el documento elaborado por la dirección del Partido se plantea que el PT tiene “una incapacidad para hablar con la sociedad” debido a que quedó “preso de las dinámi-cas electorales” y se alejó de la organiza-ción de luchas sociales, y también porque abandonó por momentos el programa par-tidario en aras del “marketing político y la gobernabilidad”. En el autocrítico balance también sostienen que el viraje realizado en 2002 –con la llegada de Lula al poder- “fue práctica sin teoría” y que nunca fue discutido por el Partido.

Por otro lado, aseguran que su política de alianzas debe orientarse principalmente hacia las organizaciones sociales y secto-res progresistas articulados, de forma em-brionaria, en el Frente Brasil Popular. “La

Golpeado por la corrupción y una recesión catastrófica, el Presi-dente sufre un rechazo masivo e irreversible. El PT cree que Lula puede ganar las próximas elecciones y busca una refundación.

Resurge la figura de Lula como alternativa presidencial en Brasil

Temer cuesta abajo

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coalición propuesta debe aglutinar en su interior (…) a todas las fuerzas que estra-tégicamente se alineen con una perspecti-va antimperialista, antimonopolista, anti-latinfundista y radicalmente democrática en su programa. La consolidación de una izquierda antisistema con clara identidad programática y organizativa constituye un elemento insustituible de nuestra po-lítica”, resumen. También sostienen que por la dinámica del capitalismo brasileño a veces es posible incorporar tácticamente a fracciones de la burguesía contra la oli-garquía dominante.

Lula comenzará un recorrido por el in-terior del país para animar a la militancia y ponerla en sintonía con el objetivo de regresar al Palacio de Planalto, mientras intenta ser electo como presidente del Partido. Pero, para poder ser efectivamen-te candidato, deberá antes sortear los cin-co procesos judiciales que pesan sobre él, vinculados a los casos de corrupción en Petrobras. Para la fiscalía, Lula fue el “co-mandante máximo” de esas operaciones.

Mientras, el Psdb, cerebro del juicio político que destituyó a Rousseff y actual opositor al PT, se enfrenta a varias dificul-tades tras cuatro derrotas consecutivas en presidenciales contra el partido de Lula. Aunque falta más de un año para las elec-ciones (si no se adelantan por una salida temprana de Temer), todavía no se vis-lumbra cuál podría ser el candidato que dé la derecha para disputar la presidencia, dado que su coyuntural aliado, el Pmdb

de Temer, no parece tener figuras relevan-tes por ahora. De todas formas, el propio Neves sostuvo que continuarán apoyando el gobierno de Temer “para bien o para mal”. En el Psdb pretenden que el presi-dente puesto por el Congreso asuma el costo de las duras reformas que exige el capital y además saben que no ganarían unas elecciones anticipadas, tal como muestran las encuestas.

Temer contra los trabajadoresEn paralelo a la discusión sobre el fu-

turo político de Brasil, el gobierno de Te-mer sigue avanzando con su agenda anti-popular, con una reforma del sistema de seguridad social en marcha.

Las principales medidas de esta refor-ma afectan los derechos de la clase traba-jadora en general y las mujeres en parti-cular. Por un lado, pretende aumentar la edad jubilatoria femenina de 60 a 65 años, e igualarla a la edad establecida para los hombres. Esto ignora la realidad social y laboral brasileña, que marca niveles de precarización mayores en el caso de las mujeres: el Instituto Brasileiro de Geo-grafía y Estadística (Ibge) develó que las mujeres brasileñas trabajan, en promedio, cinco horas semanales más que los hom-bres y según informó el periódico Brasil de Fato, las mujeres ganan 25% menos del salario que los hombres a igual tarea. Además, establece un mínimo de 25 años de aportes jubilatorios para recibir el 72% de la jubilación y más de 49 años de apor-

tes para percibir una jubilación completa. La secretaria general de la CUT, Ma-

ria Apareceida Faria, aseguró que la reforma previsional perjudicará pro-fundamente a la clase trabajadora. “La tasa de desempleo viene creciendo en el país, principalmente después del golpe. ¿Cómo podemos pensar que los traba-jadores conseguiremos trabajar 49 años ininterrumpidos para llegar a la jubila-ción, como propone esta reforma? ¿Y las mujeres que muchas veces ven su trayec-toria interrumpida por un embarazo o un familiar enfermo?”, se preguntó.

En rechazo a estas políticas, el Frente Brasil Popular –que articula más de 60 organizaciones sociales y políticas, en-tre ellas el Movimiento de los Sin Tierra (MST), la Central única de Trabajado-res (CUT), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), la Marcha Mundial de Mujeres y el Levante Popular de la Juventud– lanzó una agenda de mo-vilizaciones para el 8, 15 y 31 de marzo. La primera convocatoria es en apoyo al Paro Internacional de Mujeres, la segun-da será el “día nacional de lucha contra la reforma previsional” y la última, en el aniversario del golpe militar de 1964.

Este frente de organizaciones, junto con otro llamado “Pueblo sin Miedo” (Frente Povo Sem Medo) han sido los actores más dinámicos desde el golpe parlamentario de 2016.

Julia de Titto

Operación Leviatán: nuevas denuncias de corrupción

El jueves 16 de febrero se dieron a conocer los primeros resultados de la investigación que lleva adelante la Policía Federal sobre los sobornos en torno a la obra de la represa de Belo Monte (Estado Pará), la mayor obra pública de Brasil, cuyo presupuesto es 9.484 millones de dólares.

Esta investigación, que ya se conoce como “Operación Leviatán”, es considerada la expresión más grave del caso Lava Jato y apunta directamente al senador Edison Lobão (Pmdb), que era ministro de Minas y Energía durante la construcción de la represa en 2014, y su hijo Marcio Lobão, quien es acusado de cobrar sobornos de las empresas constructoras. Este último habría sido el encargado de cobrar una coima del 1% de la obra (casi 100 millones de dólares) para dirigir ilegalmente hacia la campaña electoral presidencial. En el expediente se mencionan también a Romero Jucá, Valdir Raupp, Renan Calheiros y Jader Barbalho, todos miembros del Pmdb.

Hasta el momento, 44 senadores están siendo investigados por la causa de Lava Jato y 27 están acusados de corrupción. Entre ellos, Renan Calheiros (Pmdb), presidente del Senado y mano derecha de Temer. Represa de Belo Monte

Lubricantes

28 Marzo de 2017

Desazón. Ese fue el estado de áni-mo de la delegación uruguaya, que

incluyó al vicepresidente de la Repúbli-ca, Raúl Sendic, que asistió a Roma al juicio sobre la participación en el Plan Cóndor de 33 imputados, varios de ellos uruguayos. La decisión de la Jus-ticia italiana de condenar sólo a algunos jefes militares fue cuestionada y se es-pera que sea apelada.

El fallo de la III Corte Penal de Roma reconoció la existencia de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamerica-nas montadas en el Plan Cóndor, condenó a los máximos responsables y eximió de penas a otros mandos subalternos.

La Justicia sólo condenó “a los cabe-cillas de las dictaduras”, mientras que mandos medios e inferiores quedaron ab-

sueltos. En tal lógica el excanciller de la dictadura cívico-militar uruguaya, Juan Carlos Blanco, fue condenado a “cadena perpetua”. Otros, como el marino Jorge Tróccoli, prófugo, residente en Italia y clave en la desaparición de miembros de los Grupos de Acción Unificada (GAU), fue absuelto.

El fallo condenó a ocho miembros del plan cóndor: los chilenos Hernán Jeróni-mo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los pe-ruanos Francisco Morales Bermúdez Ce-rruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa más Juan Carlos Blanco.

La inocencia recayó en los uruguayos, algunos de ellos presos en Uruguay en condiciones privilegiadas, José Ricar-

do Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Nar-bondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ri-cardo José Medina Blanco, Ernesto Ave-lino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernes-to Soca, Jorge Néstor Trócoli Fernán-dez, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Chávez Domínguez.

Incomprensión El pronunciamiento de la Corte romana

fue un mazazo para la delegación urugua-ya y para los organismos defensores de derechos humanos. No obstante señalan como un hecho positivo que el Plan Cón-dor haya sido reconocido como tal. La presidente del Instituto Nacional de Dere-chos Humanos (Indh), la ex fiscal Mirtha Guianze –presente en Italia– comentó que hay una interpretación que no comprendió cuál fue el papel de los grados jerárquicos inferiores en el funcionamiento del apara-to represivo en las dictaduras latinoameri-canas. “No se necesitaba una orden de un superior para matar y si se mataba no ha-bía sanción para el que lo hacía” explicó. Agregó: “no sé cómo se manejaron” los magistrados para emitir el fallo. Guianze lamentó el fallo, pues eran casos “sobre los que teníamos muchísimas pruebas”.

Por su parte, el vicepresidente de la Re-pública –también una de las tantas vícti-mas de la dictadura– destacó la presencia del Estado uruguayo junto a los familia-res y víctimas del terrorismo. Sobre la sentencia expuso que “esperábamos otra cosa”. Expresó su defraudación aunque –aclaró– “respetamos la separación de poderes”. Sus responsabilidades institu-cionales marcan de alguna manera sus acotaciones, remarcó.

Muchas voces críticas, además de los asistentes al fallo, se hicieron escuchar. En la misma ciudad de Roma una in-dignada María Victoria Moyano, hija de desaparecidos, dio su punto de vista cues-

La Corte de Italia no dejó dudas sobre la existencia del Plan Cón-dor. Pero confirmó la sensación de impunidad que viven familia-res y víctimas uruguayas de las últimas dictaduras en la región.

Italia reconoció plan criminal de dictaduras en Suramérica

Fallo incompletopara las expectativas uruguayas

Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se sintieron defraudadas ante el fallo de la Corte

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tionando al gobierno uruguayo: “tengo todo el derecho de cuestionar al gobier-no. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen”. Cuestionó que “me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad”, contraste al que calificó como “una vergüenza”.

El 22 de diciembre de 1986 el Parla-mento Nacional de una democracia tute-lada por las Fuerzas Armadas aprobó la Ley de Caducidad de la pretensión puni-tiva del Estado, conocida popularmente como ley de impunidad. Esa losa es la que, 30 años después y con mucho ocul-tamiento y complicidades diversas, sigue impidiendo los juicios a los violadores de los derechos humanos. Los ciudadanos ya no son iguales ante la ley.

Crysol, una asociación que nuclea a ex presas y presos de la dictadura, afirmó que rechaza “enfáticamente el fallo de la corte de Roma”. La organización entien-de, junto a miles de compatriotas, que una condena “firme y tajante para todos los encausados de Uruguay” hubiera sido muy positiva. Era una “gran caricia en el alma” de quienes, contra viento y marea mantienen enhiestas las banderas de jui-cio y castigo a los terroristas de Estado. Uno de sus miembros, Baldemar Taroc-co, comentó que el “nuevo golpe” exige

redoblar el esfuerzo en la “búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos”.

Tímidos avancesEl fallo de Roma, por extensión, puso

en la picota la ausencia de justicia en Uruguay. Informes de organismos vincu-lados a los derechos humanos indican la baja judicialización existente en el país. En su edición del 23 de diciembre pasado el semanario Brecha, tomando como uno de sus insumos un informe del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), revela que “13 causas en Uruguay son vinculadas a ca-sos de crímenes del Plan Cóndor y éstas abarcan solamente 111 víctimas, es decir 63% del total”. Agrega que “las cuatro causas con sentencia firme abarcan sólo a 70 víctimas, un 39,5 % del total de las estimadas 177 víctimas uruguayas”.

A ello hay que agregar que durante 20 años la ley de impunidad bloqueó todo intento de tramitar justicia. La primera condena, vinculada al Plan Cóndor, se verificó en 2009. Dos policías y seis mili-tares fueron condenados por la comisión de 28 homicidios.

Los avances han sido tímidos y han ge-nerado debates entre el Gobierno –que no siempre fue claro– y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los militares y civiles partícipes de las atroci-dades de la dictadura siguen cultivando el silencio cuando no generando operativos

de desinformación y confusión. Es lapida-rio saber que 180 causas no han salido de la instancia presumarial.

Ya en octubre pasado el Observatorio en derechos humanos Luz Ibarburu dejó planteada su inquietud ante la impuni-dad “de la que goza la enorme mayoría de quienes han sido denunciados como presuntos autores, coautores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa huma-nidad”. Las distintas organizaciones vin-culadas a la defensa de los derechos hu-manos hablan de renunciamientos y que, pese a que se avanzó sobre los principales represores, la calificación de sus crímenes no quedó comprendida en la figura de crí-menes de lesa humanidad.

Reportan retroceso La situación hace que Mirtha Guian-

ze sostenga que Uruguay es el país más atrasado en materia de derechos humanos. Afirma que “aún en Perú rige el concep-to de crimen de lesa humanidad, un país que se pensaba que podía estar más atra-sado que Uruguay”. Cree que el sistema judicial al estar politizado, debido a los acuerdos partidarios, impide realizar nue-vos enjuiciamientos. Observa una “indefi-nición” por parte de la Suprema Corte de Justicia, máximo organismo judicial que, al cambiar su integración, muchas veces cambia pronunciamientos.

Revelando la capacidad de propuesta del organismo que preside, creado duran-te el actual gobierno del Frente Amplio (FA), la especialista comentó que le han aportado iniciativas para viabilizar la in-vestigación de los delitos de lesa huma-nidad. Ellos no tienen competencias para investigar; ese rol le cabe a la Justicia.

Muchos creen que la movilización, ata-da a la denuncia de renunciamientos, po-drá incidir en el avance de las causas y le-vantar las losas, visibles e invisibles, que impiden llegar a la verdad y la justicia; con el consiguiente castigo a los respon-sables. Varios aspectos han prosperado en todos estos años fruto de la lucha del pue-blo organizado. Pero en relación a la con-dena a los responsables de los delitos de lesa humanidad, Uruguay sigue rezagado. En cambio, otros sectores con capacidad de incidencia apuestan al olvido.

Desde Montevideo,

Darío Rodríguez Techera

30 Marzo de 2017

El presidente Horacio Cartes y los ex presidentes Fernando Lugo y Nicanor

Duarte Frutos motorizan la posibilidad de una enmienda constitucional que los ha-bilite a competir por el ejecutivo a partir del 2018. Por el contrario, los principales rechazos nacen de aquellos dirigentes po-líticos que compiten en las internas con el actual mandatario o con sus antecesores. La instalación de este tema en el escena-rio político generó un clima enrarecido ante las diversas opiniones que inclusive llegaron a manifestaciones callejeras.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra), Efraín Alegre; el principal opositor de Cartes en la interna del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez (hijo) y las huestes del intendente de Asunción, Mario Ferreiro (Avanza País), acusan a sus rivales de intentar “violar la Constitución” en una escalada de intervenciones.

Este grupo de opositores a la reforma tiene el respaldo de buena parte de la prensa patronal. Los grupos de Aldo Zu-colillo (ABC Color, Radio Cardinal) y de Antonio J. Vierci (diario Última Hora, Canal 4 Telefuturo, Radio Monumental, entre otros) sostienen la idea de que no se puede reformar la cuestión electoral por enmienda constitucional. Se amparan en el artículo 290 que en su parte final dice: “... No se utilizará el procedimiento indi-cado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la du-ración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado...”.

A pesar de ello importantes constitu-cionalistas locales e internacionales se manifestaron a favor de la posibilidad de cambiar el artículo en una interpretación amplia en la que se asegura que dicha

redacción no impide la enmienda. Tam-bién sostienen que como reaseguro está el mecanismo del referendo vinculante que debe darse dentro de los 180 días pos-teriores para conocer la voz del pueblo. Esta segunda postura es ampliamente di-fundida por los medios del Grupo Nación que responde a la familia del presidente (diarios La Nación, Crónica y Popular, Radio 970 AM, entre otros).

Marchas y contramarchasEl Frente Guasu (FG), la fuerza política

que conduce Fernando Lugo, suspendió una marcha que tenía prevista para el 21 de febrero argumentando problemas de organización. En realidad, la posibilidad de una contramarcha alentada por los opositores a la enmienda y el cruce vio-lento en algún lugar del centro de Asun-ción, provocaron preocupación en todas las carpas.

La posibilidad de suspender la con-vocatoria creció cuando el ministro de

La discusión por la enmienda trasciende al Ejecutivo y al Congreso y gana las calles con marchas a favor y en contra. Cada postulante tiene propios intereses en la reforma. Los tiempos se acortan.

Provoca turbulencias la enmienda constitucional

Plazos para la reelección en Paraguay

Palacio de gobierno paraguayo

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Defensa, Diógenes Martínez, dijo públi-camente que si la policía se veía sobrepa-sada por una movilización convocaría a las fuerzas militares.

El FG expresó su rechazo a “cualquier intento de atemorizar a la ciudadanía a fin de evitar que esta ejerza su derecho a expresarse” Recordó que “es responsabi-lidad de todos los sectores políticos ase-gurar que el debate se dé en un ambiente de no violencia y respeto absoluto a los derechos ciudadanos”.

En un comunicado, agregó que “en el marco de esta disputa política, la movili-zación pacífica de manera unitaria y coor-dinada resulta estratégica”. Por tal motivo instó “a los compañeros y compañeras a que prosigan con los trabajos de organi-zación y discusión en todos los rincones del país, a fin de dar un mayor tiempo de organización a aquellos distritos y depar-tamentos que aún se encuentran generan-do los recursos y coordinando puntos de movilización para acompañar el momento del debate de la enmienda a nivel institu-cional”. De los tres presidentes o ex presi-dentes mencionados, Lugo es quien lidera todas las encuestas para una eventual can-didatura en 2018.

Los seguidores de Cartes aseguraron a la prensa que quieren finiquitar el plan por la reelección para evitar alargar la discu-sión “por los plazos electorales y el clima político que se vive”.

AristasLa discusión alcanzó carriles impensa-

dos cuando abogados del Partido Colora-do presentaron ante la Fiscalía una serie de diálogos en un grupo de Whatsapp en-tre quienes están en contra de la enmien-da. Pretendían probar que se intentaría un “magnicidio” contra el presidente Cartes.

La principal acusada es la senadora Desirée Masi (Partido Democrático Pro-gresista, PDP), quien ridiculizó la denun-cia y acusó a José Ortiz, gerente de Ta-bacalera del Este, empresa emblema del Grupo Cartes, de pensar “macabramente” y dar órdenes a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Por su parte el senador Miguel López Perito (Avanza País, contrario a la en-mienda) que fuera jefe de abinete de Lugo, escribió una carta abierta al expresidente: “¿No te parece, Fernando, que tu figura convocante podría sumarse a las voces que demandan más cordura, entendimiento y compromiso de voluntades para reencau-zar el azaroso camino de nuestra Patria? Hacer lo contrario sería faltar a tu propia naturaleza y, en un giro extraordinario y muy doloroso, serías responsable de aque-llo que tanto has aborrecido”.

Otro ex presidente favorable a la reelec-ción, Nicanor Duarte Frutos, alertó que “el dinero y el aparato volverán a perder”, en referencia a que Cartes pueda utilizar su poder económico para torcer el resultado

de la próxima elección presidencial si es que se le abre la puerta para ser candidato. Ese es el principal argumento que esgri-men quienes se oponen a la enmienda.

Otros alientan que sin Cartes, Lugo y Duarte Frutos, el panorama se mostrará fa-vorable a nuevas candidaturas como las de los mencionados Alegre, Abdo Benítez y Ferreiro. Así lo expresó Abdo: “No se dan cuenta el juego que están jugando. Acá no-sotros podemos permitir 15 años de cartis-mo. No va a ser fácil ganarle a una persona con tanto poder económico y que pueda usar el cargo de la presidencia y toda la estructura para su campaña electoral... ningún presi-dente en la región que consiguió (reformas para) su reelección perdió esa reelección”.

Lejos del debate, Paraguay no alcanza a salir de la recesión económica que afecta el día a día de la gente que ve perder el po-der adquisitivo de sus salarios y enfrenta las indolentes políticas de Horacio Cartes, el presidente que al asumir había prome-tido terminar con la pobreza y que ahora pretende la reelección.

La temática de la enmienda aparece divorciada de la opinión pública, más preocupada por el estado de los edificios escolares, la falta de insumos en los hos-pitales y una secuencia de problemas de los que la clase política parece haberse ol-vidado en esta disputa de no acabar.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Un video oportuno para explicar la ruta de los bolívares

Según la Justicia paraguaya, las 30 toneladas de billetes venezola-nos incautados a mediados de febrero en una vivienda de la ciudad de Salto del Guairá, cercana a la frontera con Brasil, fueron introdu-cidos al mercado negro a cambio de un millón de dólares. Tras las primeras investigaciones judiciales fueron imputados tres paragua-yos y un brasileño, según explicó el fiscal del caso, Julio César Yegros, en base a las imágenes.

“Existe una filmación en la que estaban ofreciendo la mercancía”, señaló Yegros. Las tres personas que fueron identificadas en la gra-bación están acusadas de lavado de dinero y asociación criminal mientras que también fue imputado y procesado el dueño de la vi-vienda donde se halló el cargamento de bolívares.

El detenido por ceder su vivienda es Bruno José Da Costa, paragua-yo. Según la prensa paraguaya la familia Da Costa Amaral es cono-cida en la localidad por su cercanía con políticos influyentes. “Son amigos del poder”, señalan las fuentes consultadas por los medios de comunicación. Mirian Amaral, una de las cabezas de la familia, es concejal municipal del Partido Colorado mientras que Leandro Da

Costa, padre del detenido, atiende negocios familiares.Antes de ser concejal Amaral fue funcionaria de la Dirección

Nacional de Aduanas hasta diciembre de 2015. El negocio fami-liar es la importación y venta de armas. El comercio de Salto del Guairá se llama Casa Rossi, dedicado a la venta de armas. La firma quedó en manos de los tres hijos de Leandro: Andrés, Erilo y el detenido Bruno.

El fiscal informó que la investigación ahora trata de determinar de dónde y de qué manera llegó el dinero venezolano a Paraguay. Se trata de billetes de 100 y 50 bolívares guardados en 530 sacos. Yegros confirmó que las autoridades paraguayas trabajan de forma conjunta con las venezolanas y con la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Una de las hipótesis que se manejaron es la posible utilización del papel de los billetes (de buena calidad) para la falsificación de otras monedas.

A fines de 2016 el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el retiro de todos los billetes de 100 y denunció que estos estaban sien-do extraídos del país por grupos criminales con fines diversos.

32 Marzo de 2017

Evo Morales y Mauricio Macri se reunirán en abril en Buenos Aires

para analizar una serie de temas comu-nes a la relación bilateral. El encuentro entre los presidentes de Bolivia y Ar-gentina se confirmó luego de un proce-so de distensión en el que intervinieron los cancilleres de ambos países y que alcanzó su punto de mayor aspereza con la decisión argentina de impedir el ingreso o eventualmente deportar sin demora a inmigrantes con cargos o sos-pechas de narcotráfico.

Ambos mandatarios hablaron telefóni-camente el 10 de febrero para cerrar una semana de tensiones por un tema deli-cado para ambos países: Bolivia, junto a Paraguay, es el principal país de ori-gen de las corrientes migratorias de las

últimas décadas. Antes también habían hablado los ministros de exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, y de Ar-gentina, Susana Malcorra.

Morales informó que acordó con Macri impulsar una agenda de con-versaciones bilaterales. Explicó que discutirán “sobre comercio, inversión y, evidentemente, los temas de migran-tes”. Agregó que también analizarán el comercio bilateral marcado fundamen-talmente por la venta de gas natural bo-liviano hacia Argentina.

La conversación telefónica entre Mo-rales y Macri se produjo después de una visita que realizaron a Buenos Aires delegados del gobierno de Bolivia para aclarar algunas cuestiones vinculadas con la relación bilateral y fundamental-

mente pedir al gobierno argentino que la aplicación de las nuevas medidas migratorias de Mauricio Macri no co-metan excesos contra la amplia comu-nidad boliviana.

Tras aquella reunión en la capital de Argentina, el presidente del Senado bo-liviano, José Alberto Gonzales, detalló que “se ha decidido instalar dos puntos focales, dos personas que del lado argen-tino y del lado boliviano van a verificar que no hayan excesos” en la aplicación de esas políticas. Advirtió que “cualquier exceso que se cometa inmediatamente va a ser transmitido a las autoridades e in-mediatamente se van a tomar acciones”.

Leyes durasA fines de enero Macri promulgó un

decreto que modifica las leyes argentinas sobre migración. El objetivo, anunció el presidente argentino, es acelerar los pro-cesos de deportación y prohibición de in-

Evo marca el camino en su relación con Macri

Bolivia repudió las expresiones de la ministra argentina de seguri-dad que vinculó a inmigrantes suramericanos con el narcotráfico. El hecho marcó un punto de inflexión entre ambos gobiernos.

Tras roces por políticas migratorias Bolivia y Argentina buscan mejorar vínculos

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greso en el país de extranjeros que hayan cometido delitos graves.

Este anuncio estuvo precedido con declaraciones de funcionarios argenti-nos a las que se sumaron algunos me-dios comerciales de comunicación que históricamente estigmatizan a los in-migrantes latinoamericanos. Por esos mismos días el diputado argentino ultra reaccionario Alfredo Olmedo se mani-festó públicamente a favor de la cons-trucción de un muro en la frontera entre Argentina y Bolivia.

El senador González explicó que la mesa de trabajo será “de carácter técni-co-jurídico” y estará integrada por el mi-nistro de Gobierno (interior) de Bolivia, Carlos Romero, y la ministra de seguri-dad de Argentina, Patricia Bullrich.

Gonzales fue recibido por Bullrich en Buenos Aires. La delegación boliviana estuvo integrada también por el minis-tro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarems Endara. El Senador señaló que el objetivo del en-cuentro era “hacer saber la molestia que han generado” las declaraciones de algu-nos funcionarios argentinos –entre ellos la propia ministra– “en torno a una suer-te de estigmatización o de generalización donde lamentablemente se involucraba a los bolivianos con hechos delictivos, con el narcotráfico”.

La representante argentina había rela-cionado el aumento del narcotráfico en Argentina con la inmigración de para-guayos, peruanos y bolivianos. Al mo-mento de anoticiarse de estos conceptos el presidente Evo Morales comparó las palabras de Bullrich con el “discurso xe-nofobo” del presidente de Estados Uni-dos, Donald Trump.

El ministro de Desarrollo Rural y Tie-rras señaló durante su visita a Buenos Aires que “las declaraciones de la minis-tra Patricia Bullrich y de otros políticos fueron denigrantes y han lastimado el sentimiento nacional”. El presidente del Senado reflexionó que “con esta visita oportuna y positiva (…) se ha logrado finalmente aclarar estos temas y se ha generado un espacio” de diálogo entre ambos gobiernos.

Afirmó que según lo transmitido por la ministra argentina “no es que a sola denuncia o a partir de un procesamiento

judicial automáticamente corra la expul-sión”. Agregó que todos los funcionarios argentinos con lo que hablaron (entre ellos el vicecanciller, Pedro Villagra, y el director de Migraciones, Horacio García) garantizaron que las modificaciones “de ninguna manera tienen el objetivo de res-tringir los derechos de los migrantes”.

Respecto a las declaraciones de Bull-rich, el senador oficialista reafirmó que tras esta reunión en Buenos Aires “no hay ningún motivo por el cual alguna au-toridad (argentina) podría volver a salir a los medios con un discurso de caracterís-ticas xenófobas o discriminatorias”.

Al referirse al decreto de Macri el pre-sidente del Senado boliviano reflexionó que en ese texto se observa una “pre-sunción de culpabilidad” contra los in-migrantes. Pidió que si algún ciudadano boliviano siente violados sus derechos, lo denuncie inmediatamente. Por último recordó que, según las cifras que maneja el gobierno de La Paz, de casi 1,2 mi-llones de bolivianos que viven en Argen-tina el porcentaje de encarcelados por cometer delitos es insignificante. Como ejemplo recordó que de las 39 mil per-sonas que están detenidas en cárceles de la provincia de Buenos Aires, sólo 190 son de Bolivia. “Esperamos que este sea un tema superado para abril”, señaló, y lamentó que la ministra no acompañara a los visitantes para hacer declaraciones en común ante la prensa.

Bullrich prefirió dar su opinión en en-trevistas particulares con algunos medios privados de comunicación. Allí justificó que “hay un ruido de parte de Bolivia (que) no es consistente ni con sus decisiones políticas ni con sus leyes”, en referencia a las reacciones del Ejecutivo boliviano sobre la estigmatización de los inmigran-tes y las reformas legislativas de Macri. Tras asegurar que las leyes bolivianas son más duras que las argentinas en materia de inmigración, la ministra argentina con-cluyó: “nosotros no lo estábamos tenien-do en cuenta y es algo muy importante (en endurecimiento de las políticas). Por eso Argentina tuvo enorme posibilidad de que crezca el delito de narcotráfico en los últimos años, no solamente con países fronterizos. Hemos tenido problemas con la mafia china, con algunos ciudadanos rusos... Estos temas se discuten porque hoy el delito es trasnacional”.

Puentes, no murosApenas se conocieron esas declaracio-

nes y los alcances del decreto de Macri el nuevo canciller boliviano, Fernando Huanacuni, condenó las expresiones xe-nófobas. “Para nadie es extraño que el racismo y la xenofobia existen, es una realidad que vivimos los bolivianos en diferentes lugares. Pero que las autorida-des se manifiesten en este contexto sí es una preocupación, porque los gobiernos están trabajando por una integración para facilitar la migración”, lamentó. Luego condenó la criminalización de la inmi-gración y la ejecución de políticas con una “visión xenófoba o racista” y aclaró que “Bolivia está construyendo puentes y no muros”.

Desde el gobierno argentino comu-nicaron que las declaraciones hechas por la ministra Bullrich “no son los li-neamientos de la República de Argen-tina”, pero no hubo marcha atrás en el decreto 70/2017 que afecta a residentes bolivianos, entre otras comunidades de inmigrantes. Las autoridades bolivianas cuestionan del nuevo decreto la reduc-ción del período de la residencia precaria de 180 a 90 días, el aumento del plazo de prohibición de reingreso de cinco a ocho años y la aceleración del proceso legal para la expulsión de extranjeros.

Mientras la delegación de su gobier-no estaba en Buenos Aires el presidente Morales expresó su deseo de trabajar con Macri pese a las diferencias. “Tenemos diferencias ideológicas, de carácter cul-tural y social, tenemos diferencias de programas, pero finalmente somos elec-tos con el voto del pueblo. Yo quiero tra-bajar con el presidente Macri para hacer respetar a nuestros pueblos de Bolivia y Argentina, pero también de América La-tina”, dijo el 7 de febrero durante un acto en la región andina de Oruro.

Evo prometió que el trabajo conjunto entre Bolivia y Argentina será una “justa reivindicación de los latinoamericanos ante las políticas del Norte”, en referen-cia a las nuevas normas decretadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Somos de la patria grande, no somos del Norte y todas las autoridades de América Latina tienen que entender que somos una patria”, insistió.

Marzo de 201734

Casi siete mil miembros de las Farc pa-san sus últimas noches en condición

de guerrilleros del movimiento insurgente más antiguo de América. Veintiséis zonas albergan a jóvenes y adultos que ingresa-ron con uniforme de combate y armas y saldrán de civil. A los últimos comandan-tes se los ve comprometidos con su res-ponsabilidad surgida en los acuerdos de paz. Confían con reservas en el gobierno colombiano y se saben desprotegidos ante una extrema derecha voraz.

Cada acto es una certeza en el cum-plimiento de los acuerdos pero a su vez un paso en un terreno minado. El 1 de febrero delante de delegados de la ONU policías y militares y más de un centenar de guerrilleros y guerrilleras armados y en formación se estrecharon la mano en Pondores, paraje del departamento nor-

teño de La Guajira, y proclamaron el fin de 52 años de conflicto armado. Ese día se anunció oficialmente el fin de la eta-pa de desplazamiento desde los campa-mentos guerrilleros a las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Zvtn), espacios en las que dejarán las armas y los uniformes.

Para llegar a las Zvtn hombres y muje-res realizaron travesías de largas horas y días desde los campamentos guerrilleros en los montes y las montañas colombia-nas. Batallones armados, con uniforme de combate y parada militar se entre-mezclaban con grupos de civil, veedores, asistentes y pobladores que ayudaron en la movilización. Miembros del Ejército ofrecían protección tal como se estipuló en los acuerdos de La Habana.

El trasteo o traslado incluyó armamen-

to, municiones, enseres, electrodomés-ticos, muebles, víveres, medicamentos, carpas, lonas, camas, colchones, mantas, documentos y fotografías personales. También mascotas que compartieron durante años la vida en los frentes gue-rrilleros. Todos a bordo de vehículos te-rrestres y acuáticos, tracción mecánica y también a sangre. Se utilizaron casi un millar de automotores, 80 lanchas, 35 mulas de carga y una decena de tractores a lo largo de 36 rutas de desplazamiento en 14 departamentos del país.

Con esta llamada “última gran marcha de las Farc” se abrió un período de 120 días para la dejación de armas y, además, definir quiénes se someten a la llamada justicia transicional y determinar quiénes serán amnistiados y los indultados. Al in-gresar a cada Zona Veredal los guerrille-ros de las Farc registraron sus armas que al final del proceso serán retiradas por la ONU y entregaron para su destrucción,

Hombres y mujeres dejan las armas y vuelven a la vida civil. Los grupos paramilitares generan terror y aprovechan la des-movilización para ampliar su expansión en todo el país.

La desmovilización abre una etapa fructífera pero incierta en Colombia

Sin guerra con las Farc pero la paz tarda en llegar

Con la llamada “última gran marcha de las Farc” se abrió un período de 120 días para dejar las armas.

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pólvora, granadas y minas antipersona. Oficialmente se estiman 6.200 insurgentes de los cuales 32% son mujeres. Se exclu-yen de esta cifra a milicias que en algunas regiones del país colaboraban con las Farc sin ser parte de ellas y a pequeños grupos que desistieron de firmar el acuerdo.

Cada zona de transición demanda me-didas de seguridad, infraestructura, cami-nos, servicios básicos como agua, baños y cocinas y sitios para el pernocte no sólo de los guerrilleros que dejarán las armas sino también de los inspectores de ONU que los acompañan. Muchos batallones guerrilleros cuestionaron las demoras del Gobierno en la habilitación de los terre-nos y decidieron que sus propios integran-tes trabajaran para acelerar los tiempos de la desmovilización.

Sembrar terrorFuera de las alambradas de las Zonas

Veredales subyace uno de los problemas irresueltos: grupos paramilitares asesinan, amenazan y azotan con total impunidad a organizaciones sociales y políticas, a mi-litantes de izquierda y defensores de de-rechos humanos. La Comisión “Justicia y Paz” documentó hasta 2015 que 3.666 paramilitares reconocieron más de 50 mil violaciones de derechos humanos, inclu-yendo crímenes. De esa cantidad sólo 33 habían sido condenados hasta ese año.

Varias organizaciones no gubernamen-tales plantearon su temor sobre el despla-zamiento de otros grupos armados hacia las zonas que dejan libres las Farc. La Fundación Paz y Reconciliación especifi-có que al final del desarme esta guerrilla abandonará el 98% de los 242 municipios en los que operaba. Alertó que tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN, en proceso de diálogo con el Gobierno) como bandas criminales (organizaciones de extrema derecha surgidas del paramili-tarismo) y la delincuencia común e inclu-so pequeños grupos disidentes de las Farc han copado las regiones liberadas.

La misma organización rechazó la idea gubernamental de que el asesinato de lí-deres sociales a manos de paramilitares o bandas criminales sean casos aislados ale-jados del proceso de paz. Detalló que por el contrario, en 2016 fueron asesinados 96 líderes y en el primer mes de este año nueve y especificó que el Clan del Golfo es uno de los grupos paramilitares más ac-tivos de Colombia.

Otra de las organizaciones que hace seguimiento del proceso de desmovili-zación, Voces de Paz, denunció que el traslado de los insurgentes a las zonas de transición permitió la llegada de los pa-ramilitares a los territorios desocupados. Lo mismo apuntó el representante del ELN para el nuevo proceso de diálogo

instalado en febrero en Quito, Pablo Bel-trán, cuando señaló que hay poblaciones rurales que le piden al grupo guerrillero protección ante la invasión paramilitar de los territorios dejados por las Farc. “Nos interesa ayudar a que la gente se organice con mecanismos de defensa, de alerta, de seguridad propia y ataques en contra de los paramilitares”, dijo y resaltó que “la comunidad debe aprender a cuidarse, vi-gilarse y protegerse”.

En el norte de Santander se registraron avances paramilitares sobre comunidades campesinas. “Voces de Paz ha venido ma-nifestando la preocupación ante los reite-rados incumplimientos por parte del Go-bierno en varios compromisos acordados, especialmente en lo que tiene que ver con la falta de garantías y adecuadas medidas de protección y seguridad para la pobla-ción colombiana y las comunidades rura-les en particular”, señaló la organización en un comunicado e instó a las autorida-des estatales a actuar “cuanto antes”.

Como se ve el acuerdo con las Farc y posiblemente con el ELN solucionará un conflicto armado con base política mien-tras que las bandas criminales y grupos paramilitares ejercen impiadosas violen-cia criminal con base ideológica. Las mi-licias de las Farc pronto quedarán despro-tegidas como lo están desde hace décadas dirigentes políticos y sociales.

Camino al partido político

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP) anunciaron un calendario que llevará a mediados de año a la creación de su propio partido político. Esta acción se dará de manera simultánea a la desmovilización acordada en La Habana.

Tanto la guerrilla como el gobierno colombiano estiman que para mediados de 2017 estará concluido el proceso de desmovilización y dejación de armas. Para entonces, la insurgencia insiste en que estará formado su propio partido político.

Las Farc prometieron durante una conferencia de prensa realizada el pasado domingo que su nuevo partido político será abierto, democráti-co y moderno, capaz de albergar a todos los que pretenden un cambio positivo para Colombia.

El jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, explicó que a finales de mayo podría tener lugar el congreso fundacional del nuevo partido. Hasta entonces en cada una de las 26 zonas de transición se discuti-rán en asambleas los documentos programáticos y estatutos.

Señaló que la decisión de transitar de manera paralela la dejación de armas y la constitución del partido fue tomada durante el pleno del Estado Mayor Central de las Farc-EP que se realizó en enero pasa-

do. Allí se decidió además ampliar la dirección guerrillera de 35 a 61 miembros para garantizar el proceso de pacificación.

El anuncio coincide con la habilitación de las llamadas zonas de transición donde desde febrero y por varios meses las milicias dejarán su etapa como grupo armado. El compromiso alcanzado en La Habana establecía 180 días para la desmovilización a partir de diciembre pero esa logística sufrió dos meses de demora.

Como parte de este proceso de reacomodamiento de fuerzas políticas la ex senadora Piedad Córdoba anunció su candidatura a las eleccio-nes presidenciales colombianas de 2018. Lo hizo ante la tumba del líder revolucionario Fidel Castro: “He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que ilumine con su energía y me dé la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil”, dijo la dirigente colombiana.

En 2010 fue destituida de su cargo de senadora e inhabilitada para ejercer cargos públicos, por “extralimitación” en sus funciones como mediadora entre el gobierno y las Farc. Sin embargo en octubre pasado un alto tribunal de Colombia le devolvió todos los derechos políticos y está en condiciones de ser candidata para cargos electivos.

36 Marzo de 2017

No han cesado las protestas que deto-naron el 1 de enero contra el gobier-

no de Enrique Peña Nieto por el aumento de entre 14 y 20% de los precios de la ga-solina. El resultado inmediato del levanta-miento contra el presidente mexicano fue la anulación momentánea de un segundo aumento de 8% previsto para febrero. Pero a corto plazo el costo político podría pa-garlo su fuerza, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las elecciones de este año para las gobernaciones del Estado de México, Coahuila y Nayarit. También habrá elecciones para autoridades locales en esos estados y en Veracruz.

Las cuatro votaciones estatales mar-carán el inicio de la carrera presidencial que culminará un año después, en junio de 2018. A esta altura, Peña Nieto tiene

apenas 12% de aprobación y un fulmi-nante 86% de imagen negativa, según los últimos números publicados en la prensa mexicana. Son cifras récord para un pre-sidente que, encima de todo, debe lidiar con un cuadro económico difícil y el im-previsible gobierno de Donald Trump al norte de la frontera.

La economía mexicana y su dirigencia política están íntimamente subordinadas a Washington, por eso Peña Nieto quedó absolutamente descolocado y sin reacción ante la embestida humillante de Trump, que reafirmó que hará pagar la construcción de los tramos restantes del muro fronterizo a México y obligará al país a renegociar un acuerdo de libre comercio más favorable a Washington y, en consecuencia, más perju-dicial para el país latinoamericano.

Para tratar de calmar las aguas, el 23 de febrero el canciller estadounidense, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad In-terior, John Kelly, viajaron a México para reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y el secretario de Ha-cienda, José Antonio Meade. El canciller mexicano, Luis Videgaray, viajó dos veces a Washington en menos de un mes para organizar estos encuentros y la fallida re-unión bilateral entre Trump y Peña Nieto.

Pese a estos intentos, el aspirante a embajador en Estados Unidos Gerónimo Gutiérrez advirtió en el Congreso que la relación bilateral está en un “punto crí-tico” y corre el riesgo de un “descarrila-miento mayúsculo”.

Protestas de doble direcciónA las manifestaciones contra el gobierno

nacional se sumaron desde fines de enero las expresiones de repudio contra Donald

Los presidentes de Estados Unidos y México son los blancos de protesta de la población. López Obrador gana espacio rumbo a las elecciones de 2018 y la corrupción amplifica el malestar social.

Movilizaciones contra Trump y Peña Nieto

México ganado por la indignación

Las manifestaciones contra el presidente mexicano aumentaron desde la asunción de Donald Trump

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Trump. La más organizada se produjo el domingo 12 de febrero bajo la consigna “Vibra México”, en busca de una respues-ta nacional contra los ataques a los inmi-grantes mexicanos y el país hechos desde la Casa Blanca.

Las protestas llegaron a 17 Estados con éxito dispar y tuvieron como denomina-dor común el rechazo al muro fronterizo. La mayor concentración fue en la capital, donde unas 20 mil personas se reunieron al grito de “¡Fuera Trump!”, pero también aprovecharon para repudiar al gobierno mexicano con pancartas contra la corrup-ción y el Presidente. Algo similar ocurrió en la marcha de Guadalajara, de la que formaron parte unas 10 mil personas.

Sin embargo, algunos han considerado el día nacional de manifestación como un fracaso por el número de asistentes y cuestionaron a sus organizadores por in-sistir durante la convocatoria en que no hubiera expresiones en contra de Peña Nieto para dar un mensaje de “unidad nacional” contra Trump. Pero el rechazo al mandatario mexicano es tan amplio que igualmente las expresiones contra el gasolinazo, la desaparición de los 43 es-tudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y los pedidos de renuncia estuvieron muy presentes durante toda la jornada.

Desde la ciudad estadounidense de Los Ángeles se sumó a la protesta el dirigente de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador, donde encabezó un importante acto de solidaridad con los inmigrantes. “Estamos aquí para mostrar nuestro apo-yo sincero, nuestra solidaridad con todos los migrantes, con los trabajadores de México y otros países que han venido a Estados Unidos a buscarse la vida”, afir-mó el líder del partido Morena y agregó que convocará “a muchos abogados para defender a los migrantes de México y el mundo”. Su fuerza política busca reunir a un grupo de 100 abogados que defiendan solidariamente a inmigrantes.

El acto de López Obrador fue el paso previo de una gira que el 20 de febrero ini-ció por Chicago, El Paso, San Francisco, Laredo y Nueva York entre otras ciudades.

En campañaLuego de la aparición de López Obrador

en Los Ángeles, la prensa estadounidense tomó la noticia y algunos medios como The Wall Street Journal hicieron hincapié

en el fortalecimiento de este dirigente po-lítico de cara a las elecciones de 2018. Al registrar los problemas económicos que sufre México, el aumento de la pobreza, el repudio a Peña Nieto y el clima social generado tras el triunfo de Trump, el dia-rio concluyó que López Obrador es hoy el máximo favorito a ocupar la presidencia desde el año próximo.

Si bien todavía ningún partido anunció su candidato para la presidencia, el líder de Morena es el más reconocido entre to-dos los posibles aspirantes al poder. A fal-ta de nombres confirmados, se realizaron algunas encuestas con la pregunta: “¿A qué partido votaría para Presidente?”. Una de ellas, publicada por el periódico El Financiero a fines de enero, ubicó a Morena y el derechista PAN a la cabeza con 25%, al oficialista PRI segundo con 22% y al PRD con 9%. Otro medio, El Economista, difundió en febrero que el PAN lidera las preferencias con 18,8% (tras haber caído 1,4% desde septiem-bre), Morena lo sigue con 15,9% (tras su-bir 3,8%), PRI 13% (cayó 6,5%) y PRD 5,1% (cayó 2,7%). En ambos casos entre 30 y 40% de los consultados no expresa-ron preferencia alguna.

Al medir el rechazo a los partidos –se-gún esta última encuesta– es elocuente el desprestigio del PRI (51,5%) y la debacle del PRD (30,7%), que ya es la cuarta fuer-za en todas las regiones del país y continúa perdiendo referentes. La desorientación y la transformación del partido en mero apa-rato lleva a que los perredistas analicen una alianza con el PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón, que gobernaron de 2000 a 2012. Un acuerdo semejante terminaría de vaciar el contenido ideológico del par-tido y consolidaría la posición de Morena, que ya es la primera fuerza en el centro y sureste del país según encuestas.

Ante la gran posibilidad de que López Obrador gane las próximas elecciones, el PAN presentó en febrero una propuesta de ley para establecer la segunda vuelta electoral. De aprobarse el sistema de ba-lotaje, se cree que el PAN y el PRI –los partidos que hoy estructuran el sistema político en representación de los grandes capitales– acordarían un apoyo mutuo para evitar perder el poder frente al ex re-ferente del PRD.

López Obrador se mostró tranquilo frente a la posibilidad de que se establez-

ca un nuevo sistema electoral y continuó con su agenda política. El 19 de febrero firmó un documento titulado “Acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”, en un acto público en Chiapas. Allí pidió dejar diferencias de lado para enfrentar a “las cúpulas del poder, la política y las finanzas”, a “la mafia que ha saqueado al país”. Y desafió al Presidente: “Si Enrique Peña Nieto no interpone la queja por vio-lación a los derechos humanos de nues-tros hermanos migrantes yo mismo iré a ponerla ante los organismos internaciona-les”, prometió.

En junio, su partido buscará arrebatarle el Estado de México al PRI, que llevará como candidato al primo del Presidente.

Bases de las protestasLa situación social que viven la mayoría

de los mexicanos es muy delicada. Al au-mento de la pobreza su suman el elevado porcentaje de informalidad laboral (más del 57%) y los bajos ingresos del 40,3% de la población ocupada que recibe me-nos de dos salarios mínimos por mes. El ingreso mínimo legal está por debajo de la línea de pobreza. Estos números se escon-den detrás de la engañosa cifra oficial de desocupación: 3,54%.

El panorama futuro luce todavía peor. Antes que la elección de Trump golpeara la economía nacional, ya había comen-zado la recesión industrial que continúa hasta hoy. La crisis parece estar a la vuel-ta de la esquina, con la profundización del endeudamiento para cubrir el cre-ciente déficit fiscal y la dificultad de ha-cer ajustes ante el fuerte rechazo social. La deuda del sector público pasó de re-presentar el 21% del PIB en 2008 a 48% al inicio de este año.

Sin embargo es la corrupción lo que más enardece a los mexicanos. Los nú-meros oficiales de la Auditoría Supe-rior de la Federación (ASF) detectaron “irregularidades por 165 mil millones de pesos” (más de 8 mil millones de dó-lares) en la ejecución del gasto público del gobierno federal y los gobiernos es-tatales en 2015, según los últimos nú-meros disponibles.

El repudio a Trump no logra esconder la profunda indignación social que despierta Peña Nieto.

Marzo de 201738 · Informe especial

La represión que a mediados de enero sufrió la comunidad mapuche de la

provincia argentina de Chubut dio la vuel-ta al mundo. Respondiendo a los intereses de la Compañía de Tierras Sud Argenti-no Sociedad Anónima, que pertenece al grupo textil transnacional Benetton, dos-cientos efectivos de la Gendarmería Na-cional reprimieron con balazos de goma a los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen, en la Patagonia argentina. Pero antes de la represión aislaron el lugar e impidieron la llegada de organizaciones sociales tanto locales como nacionales.

“Entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rom-pieron todo”, relató a la prensa Soraya Maicoñia, integrante de la comunidad indígena. La Red de Apoyo de Comuni-dades en Conflicto responsabilizó de la

represión “al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad Patricia Bu-llrich, al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, al intendente de la ciudad de Esquel, Martín Bordagaray, al juez José Colabelli y a la Gendarmería Nacional”.

La comunidad mapuche de Cushamen reclama que se respete su presencia origi-naria en el lugar. En la década de 1990 el Estado vendió grandes extensiones de tie-rra en la Patagonia argentina, entre ellas el área en el que estaba esta población. Desde entonces la multinacional Benetton intenta el desalojo, en connivencia con autoridades provinciales y nacionales.

PanoramaSegún un estudio de la organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizado en 17

países de la región, los niveles de aca-paramiento de la tierra y de los recursos naturales han aumentado en forma nota-ble respecto del siglo pasado. Argentina y Brasil sufren la más alta concentración y extranjerización en la región, seguidos por México, Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Boli-via, Ecuador, Paraguay y Perú presentan niveles medios altos, mientras que los países de América Central y del Caribe anglófono, poseen niveles bajos.

En Guatemala, por ejemplo, de 15,8 mi-llones de habitantes, 53,71% se ubica bajo la línea de la pobreza y 42% pertenece a los pueblos indígenas. La pobreza se con-centra en un 75% en el área rural y seis de cada 10 personas viven en la indigencia. Además, de los pequeños productores, 92% ocupan un 22% de la tierra, mientras que apenas 2% de los productores comer-ciales acaparan el 57% de los territorios.

En Colombia, la tenencia de grandes extensiones de tierra en pocas manos es

Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Nicaragua sufren la más alta concentración. En Argentina, en 2015 se registraron unos 850 conflictos que afectaron a más de 60 mil familias campesinas.

Extranjerización de la tierra en América Latina y fuerte conflictividad social

Voracidad terrateniente expulsa a las comunidades

Efectivos de la gendarmería nacional avanzan en territorio mapuche

39Informe especial ·

una de las razones del conflicto armado que vive el país desde hace décadas. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fue-ron despojadas por la violencia en las úl-timas dos décadas, lo que equivale al 15% de la superficie agropecuaria del país. Ac-tualmente, el 77% de la tierra está en ma-nos del 13% de propietarios, pero 3,6% de éstos posee el 30% de la tierra. En Chile, las empresas forestales poseen 2,8 millo-nes de hectáreas de tierras y dos empresas concentran 1,8 millones de hectáreas.

ApropiaciónA mediados de 2016 en Argentina, el

gobierno de Mauricio Macri modificó, mediante un decreto, la ley que limitaba la venta de tierras argentinas a multinacio-nales. “Hay una apropiación de riquezas inconmensurables por parte de sectores especulativos que utilizan como garantía estas tierras dentro del mundo financie-ro”, dijo Florencia Gómez, integrante del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. Según un estudio del Ministerio de Agricultura, en 2015 se registraron no menos de 850 conflictos que afectaban a más de 60 mil familias campesinas.

La ley de Tierras, sancionada a fines de 2011 por el Congreso argentino, creó un Registro Nacional de Tierras donde los extranjeros que querían comprar tierras o inmuebles rurales debían ser habilitados por el registro.

En 2011, luego de la ley, el 6% de las tierras argentinas, unos 16 millones de hec-táreas, estaban en manos de extranjeros, mientras que con este decreto se podrán vender más de 20 millones de hectáreas, extensión similar a la utilizada actualmente

para la producción de soya en Argentina.Una de las cuestiones más alarmantes

de este decreto es que facilita la venta de terrenos con grandes extensiones de agua potable. Es conocida la historia de Joe Lewis, el multimillonario inglés que entre 1996 y 1997, compró un predio de 14 mil hectáreas a menos de 45 kilóme-tros de la ciudad de El Bolsón, al sur de la provincia de Río Negro, en torno al Lago Escondido. Desde entonces los habitantes de El Bolsón y la zona luchan contra la extranjerización de la tierra y por poder acceder al lago y su costa, que permane-cen cerrados y custodiados por personal de seguridad contratado por Lewis.

Pero la historia no termina ahí: Lewis podría convertirse en el único proveedor de energía eléctrica de El Bolsón. El mag-nate inglés está terminando una central hidroeléctrica instalada junto al río Escon-dido, que es el desagüe natural del lago del mismo nombre. Ambos cursos de agua son de su propiedad. En 2010 el millonario re-cibió la autorización de parte de la Legis-latura de Río Negro para la explotación del recurso hídrico durante 30 años. A cambio, la provincia recibirá el 12% de los ingre-sos del emprendimiento. Las autoridades le dieron cinco años para concluir la repre-sa y su central, un plazo que terminó en diciembre pasado. Pero Lewis ya estaría en condiciones de hacerla funcionar y a un precio mucho mayor al actual. Según de-nunció el ambientalista Federico Soria, “el río tiene un caudal de 12 m3 por segundo y la intención de Lewis es derivar 8,5 para su central. Esto significa que en alguna parte del año estará seco”.

En Brasil la cosa no va mejor. El go-

bierno de Michel Temer tiene previsto en-viar al Congreso un proyecto de ley que terminará con la prohibición para que los extranjeros compren tierras agrícolas. En la actualidad, los terratenientes del agro-negocio controlan el 46% de la tierra.

FuturoEn Paraguay, el 85% de la tierra, es de-

cir casi 28 millones de hectáreas de las tierras aptas para la agricultura y la pro-ducción forestal, están en manos del 2,5% de los propietarios, mientras que el 4,12% está en manos de los pequeños agriculto-res con menos de 20 hectáreas, que son un total de 260 mil familias.

Estimaciones recientes en Uruguay evi-denciaron que 27 grupos transnacionales controlan un millón 640 mil hectáreas, un claro reflejo de los procesos crecientes de extranjerización de la tierra que han ocu-rrido en sectores clave como la agricultu-ra extensiva y la forestación.

La discusión sobre la tenencia de tierras no se zanja actualmente entre capitales nacionales o multinacionales aunque en un futuro relativamente cercano puede ser determinante para la supervivencia de los pueblos. Como se sabe América Lati-na, y en particular Suramérica, es una de las reservas de recursos vitales más im-portantes del planeta. La extranjerización de la tierra significa el acceso de capitales y poderes internacionales a zonas de una riqueza natural invaluable que incluye terrenos para la cría de ganado, cultivos para la producción de alimentos, bosques y grandes extensiones de agua dulce.

Inés Hayes

A desalambrar

En América Latina existen cientos de organizaciones campesinas que lu-chan diariamente contra la extranjerización de la tierra, pero quizás la orga-nización de mayor relieve sea el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil. El MST nació en la década del ’70 bajo la bandera de la reforma agraria y la justicia social. Es el grupo más grande de Latinoamérica, formado por un millón y medio de campesinos sin tierra organizados a lo largo de 23 de los 27 Estados de Brasil. El movimiento está organizado por comi-siones de campesinos: comisiones de bases en las comunidades, comisiones rurales, estatales y la Comisión Coordinadora Nacional. El órgano máximo es el Congreso Nacional que se reúne cada cinco años.

A lo largo de su historia, el MST ha luchado incansablemente por lograr la reforma agraria. Ha llevado adelante marchas, audiencias con gober-

nadores y ministros, huelgas de hambre, campamentos en las ciudades o en las entradas de los latifundios, ocupaciones de órganos públicos o de tierras improductivas. También se han ocupado de que el Estado ga-rantice buenos servicios de salud y educación para que los campesinos y campesinas puedan seguir viviendo en el campo y no tengan que emigrar a las grandes ciudades. En 1987, el MST presentó, en conjunto con las demás entidades del movimiento sindical –Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (Contag) y la Central Única de Trabajado-res de Brasil (CUT)– un proyecto de reforma agraria firmado por un un millón 200 mil ciudadanos. El proyecto fue rechazado por el Congreso Nacional. En el Legislativo brasileño reside el verdadero factor de poder y presión para enajenar tierras y expulsar a sus habitantes.

Marzo de 2017

Confusión: pese a estar unido en el repudio al nuevo presidente es-tadounidense, el mundo muestra una remarcable confusión respec-to de qué significa su victoria, qué razones hay detrás de ella y ha-cia dónde va la primera potencia mundial capitalista. El texto que sigue es una contribución para la comprensión de ese fenómeno.

Por Barry Sheppard

Una de las características de la re-ciente campaña electoral presiden-

cial habrá sido la manifestación de las profundas divisiones en el seno de los dos partidos, demócrata y republicano. Esto se añadía al atasco en el Congreso, el pat, entre los dos partidos del capita-lismo. Además de esto, el país está muy polarizado a propósito de la raza, la eco-nomía y muchas otras cuestiones.

Hay que subrayar igualmente que no hay un partido de masas de la clase tra-bajadora que habría podido convertirse en el campeón de una alternativa.

Donald Trump ha aparecido – y luego elegido– como el hombre fuerte que va

a coger los asuntos en sus manos y poner las cosas en su sitio. Aunque la forma en que va a hacerlo exactamente permanez-ca abierta sobre muchos puntos.

El trasfondo de esta desorientación en la política de la clase dominante, es la Gran Recesión de 2007-2008 con los rescates por el presupuesto federal de las instituciones financieras y de la industria del automóvil, mientras la masa de los trabajadores era golpeada por el paro, los desahucios, los recortes salariales, etc. En el lento restablecimiento econó-mico durante los ocho años siguientes, las ganancias han subido pero no el nivel de vida de la clase obrera. El 95% de los

Qué es, qué significa Trump

Donald Trump sostiene un rifle Henry de repetición durante su discurso ante miembros del partido republicano de Arkansas. Julio de 2015

41Historia - Teoría - Debate ·

hogares no han visto subir sus rentas hasta alcanzar el nivel de 2007. La desigualdad en la distribución de la riqueza y de las rentas ha aumentado.

Estos ocho años corresponden a los años de la administración Obama. Duran-te estos ocho años, esta gestión ha hecho poco para contrarrestar la realidad. De he-cho, cuando los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes en 2010, para girar duramente a la dere-cha, los demócratas se vieron superados por la derecha pero no demasiado, dando su acuerdo a grandes recortes presupues-tarios en los programas sociales.

Los aparatos demócrata y republicano prestan poca atención a la desesperación y la cólera creciente en toda la clase obre-ra, negros, blancos, latinos, asiáticos, y otros. Mucha gente de la llamada clase media teme ser echada hacia abajo, ha-cia la clase obrera, o ya ha caído. Los dos candidatos que hicieron campaña contra el establishment, Bernie Sanders entre los demócratas y Donald Trump entre los re-publicanos, sintonizaron con esta cólera.

De hecho, el demagogo Trump ha planteado pocas verdaderas propuestas para restablecer los empleos bien paga-dos. Ha acusado a otros países, parti-cularmente México y China, países con muy bajos salarios en los que las em-presas estadounidenses subcontratan los elementos de su producción de fuerte in-tensidad de mano de obra. Trump se ha jurado emplear las tarifas aduaneras para oponerse a ello. Ha combinado esta posi-ción nacionalista con la estigmatización racista –utilizando la retórica del chivo expiatorio– de los negros, los latinos y las personas migrantes, haciéndoles cul-pables de la pérdida de empleos de los obreros blancos.

La campaña y los debates de las elec-ciones primarias del Partido Republicano mostraron a Donald Trump atacando a sus opositores del Partido, haciendo uso de insultos y expresiones denigrantes sin precedentes. Su argumento principal –repetido sin cesar– era que un hombre fuerte debía encargarse del gobierno y cambiarlo todo. Él era ese hombre fuer-te, por oposición a los “perdedores” que eran sus rivales. Era él el candidato de la “ley” y el “orden” y que si era elegido, emplearía su poder para hacer un gobier-no nuevo de arriba abajo.

Al hacerlo, Trump se ha apoderado del Partido Republicano que le está ya com-pletamente entregado. La mayor parte de los republicanos en el Congreso, dejan-do aparte algunas viejas glorias oficia-les marginadas, son tan de derecha que Trump les va como anillo al dedo. Ade-más, cualesquiera que sean las divergen-cias que puedan tener con él, están supe-radas por la conciencia que tienen de que triunfarán o caerán con él.

Entre los demócratas, las primarias se han reducido rápidamente a dos candi-datos, Hillary Clinton y Bernie Sanders. Clinton era la opción del aparato del Par-tido y como tal fue su campaña. Sanders, por su parte basó su campaña como el opositor al 1% de los superricos y propu-so medidas para atenuar la suerte de las trabajadoras y trabajadores, presentándo-se a sí mismo como socialista demócrata. Sus propuestas comprendían una subida del salario mínimo a 15 dólares la hora, el reemplazo del Obamacare, basado en las compañías de seguros, por un seguro de enfermedad nacional para todos y todas, la gratuidad del acceso a los colegios y universidades públicas de los Estados, y otras propuestas de este tipo.

Ante la sorpresa del aparato demócrata, su campaña generó simpatía entre los tra-bajadores y trabajadoras, y entre los jóve-nes en particular, incluyendo los jóvenes negros. En su mayor parte de gente de menos de 25 años, su formación política ha tenido lugar durante los años que han seguido a la recesión de 2007-2008. Ber-nie Sanders celebró grandes y entusiastas mítines de masas que contrastaban con las modestas manifestaciones de la cam-paña de Hillary Clinton. El establishment se apiñó alrededor de la ex secretaria de Estado para desacreditar a Bernie San-ders como han revelado los documentos publicados por WikiLeaks. Clinton fue también ayudada por la base tradicional de los demócratas entre las personas ne-gras de más edad. Luego de ser derrotado Bernie Sanders entabló una campaña en favor de Clinton. El talón de Aquiles de la campaña de Sanders fue su apoyo al Partido Demócrata. Su intento de reforma desplazó la creación de un nuevo partido, social-demócrata que se opusiera a la ciu-dadela de la clase dominante capitalista que es el Partido Demócrata.

Durante la campaña posterior a las

convenciones de los dos partidos, tan-to Hillary Clinton como Donald Trump recibían evaluaciones mayoritariamente negativas en los sondeos entre la pobla-ción. Donald Trump ha hecho campaña como el candidato opuesto al establish-ment que Clinton representaba. Final-mente, aunque Hillary Clinton logró el voto popular (por alrededor de 2,5 mi-llones de votos), es Trump quien obtu-vo la mayoría del Colegio electoral para emerger tras su victoria como el hombre fuerte que iba a transformar el gobierno a su imagen.

La base electoral de Trump se sitúa entre los elementos abiertamente racistas de las clases media y obrera blancas. Son ellas quienes se han reagrupado detrás de sus ataques racistas contra los mexicanos y la emigración latina; de su amenaza de “resolver” el problema del movimiento Black Lives Matter y de las comunidades negras en general con aún más ocupación y represión policiales; de sus proposicio-nes de prohibir a las personas musulma-nas la entrada en el país e instituir una lista de vigilancia de las que vivan en el país, incluyendo a quienes tienen la ciu-dadanía; y de sus alusiones antisemitas.

Sus ataques contra las mujeres por su apariencia, y la justificación de sus agresio-nes sexuales, fueron también aplaudidas.

Todas la expresiones de este tipo en sus mítines, que se volvían cada vez más masivos, se celebraban con ovaciones y consignas cantadas a coro, como lo han sido sus incitaciones a la violencia contra cualquier protestatario presente. Los ata-ques contra Hillary Clinton festejados a los gritos de “¡A la cárcel! ¡A la cárcel”.

Es importante subrayar que los racis-tas declarados son una minoría entre los blancos de todas las clases sociales pero son mayoría entre los blancos de la antigua Confederación de los Estados esclavistas del Sur. Esto está enraizado en toda la historia de los Estados Unidos desde la época de la esclavitud hasta el actual racismo estructural e instituciona-lizado sobre el que Black Lives Mater ha dirigido su foco.

Desde los años 1970, los republicanos han sido vistos en su conjunto como el partido de los blancos.

No todos, ni siquiera la mayor parte de quienes han votado por Trump son racis-tas declarados. Muchos esperan ingenua-

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mente que el empresario obligue al siste-ma a traer buenos empleos. Y estuvieron dispuestos a dejar de lado el racismo declarado de Trump, su misoginia, y sus brutales intimidaciones, a la hora de vo-tar. La población blanca, temía también, aunque fuera de forma inconsciente, ser rebajada al nivel de los pueblos de color.

Trump puede contar no sólo con el control de los republicanos de las dos cámaras del Congreso, sino también de los dos tercios de los Parlamentos de los Estados. Éstos aplican ya algunas de sus propuestas, y se dedican a atacar a los sindicatos, los derechos de voto, los de-rechos de las mujeres, etc y serán enar-decidos por la victoria de Trump.

El flamante presidente hereda igual-mente muchos aspectos del Estado fuerte de las administraciones pasadas, tanto demócratas como republicanas. El espionaje electrónico tentacular de la NSA (National Security Agency) de todos los norteamericanos y de una gran parte del mundo está ya en sus manos, como también la CIA, el FBI y todas las agencias similares al igual que la Ncis (el Servicio de Investigación Criminal de la Marina), célebre serie de TV del mismo nombre. Desde hace más de me-dio siglo, la guerra ha sido la prerroga-tiva de los presidentes. Donald Trump será el comandante en jefe de la más formidable máquina militar que jamás haya visto el mundo.

¿A qué se parecerá el régimen Trump?Las decisiones a la hora de conformar

su gobierno y otros puestos dan una idea. Lo que es igualmente importante es la forma en que esas decisiones fueron to-madas. En su lujoso apartamento de la Trump Tower en Nueva York, ha recibi-do durante las últimas semanas a un gran número de personas para entrevistas pri-vadas, ostensiblemente para examinar un amplio abanico de candidatos y de opiniones. Se ha convertido en un circo mediático cotidiano de especulación so-bre sus intenciones. Ha recibido incluso a personajes del establishment republicano como Mitt Romney que se había negado a hacer campaña a su favor. Aunque haya calificado el cambio climático como una inocentada china, ha recibido al demócra-ta Al Gore, que se ha posicionado desde hace años como portavoz de la necesidad de frenar el calentamiento climático.

Muchos representantes de los medios privados pensaron que Trump estaba quizás cambiando. Pero la realidad es que quienes se entrevistaron con él se inclinaron ante como si estuvieran supli-cando a los pies de un rey o de un papa. El resultado fue realzarle más aún como el autócrata en el puesto de mando, que tendría en sus manos su destino. Seme-jante desfile mostraba a los entrevista-dos como gratificados por su voluntad y devotos al magnate.

Es revelador considerar las personas elegidas. Muchos subrayaron que el ga-binete gubernamental reunido está en gran medida compuesto por multimillo-narios que en su conjunto totalizan más de 9,5 mil millones de dólares de fortu-na. Puestos clave serán ocupados por ge-nerales, banqueros, CEO´s de petroleras, personajes autoritarios y racistas.

Una decisión había sido tomada antes de las elecciones, el del nuevo vicepre-sidente, Mike Pence quien proviene de los ultraevangelistas cristianos blancos que por primera vez tienen a uno de sus líderes en la Casa Blanca, aunque cada noche vuelva a dormir a otra residen-cia. Como miembro del Congreso, se ha opuesto a la financiación federal de los tratamientos anti-VIH si el gobierno no financiaba igualmente programas con-tra la homosexualidad. Se ha opuesto a la autorización, otorgada ya, a los gays para entrar en las fuerzas armadas. En

una de sus declaraciones afirmó: “me alegraré el día en que Roe vs Wade (el juicio del Tribunal Supremo que legalizó el aborto) sea echado al basurero de la historia”. Como gobernador de Indiana, ha firmado una de las leyes antiaborto más restrictivas de los Estados Unidos. Está igualmente en contra de las perso-nas migrantes, apoya las escuelas cristia-nas contra las escuelas públicas y niega el cambio climático, entre otras cosas.

Repasando la trayectoria del resto del gabinete de Trump se puede decir mucho más.

El nuevo Fiscal General, Jeff Sessions, es un racista de Alabama, estará encar-gado de poner en pie la “ley y el orden” de Trump en el interior del país. Como Trump, apoya a la policía contra el mo-vimiento Black Lives Matter, la guerra contra las drogas y la encarcelación en masa, y será duro con las personas inmi-grantes. Podría emplear su función con-tra los disidentes.

Steve Bannon será el principal con-sejero de Trump. Es conocido como el antiguo propietario de Breitbart News del que él mismo ha declarado que era la voz de la extrema derecha “all-right”, un eufemismo para designar a los supre-macistas blancos. Pero lo que es menos conocido es un alegato a favor de una presidencia autoritaria.

Como Consejero para la Seguridad Na-cional el empresario nombró al teniente general jubilado Michael Flynn. Ataca al Islam como religión, declara que “temer a los musulmanes” es “racional”, afirma que Irán es la mayor amenaza para su país, y que la sharia no deja de progresar en los Estados Unidos, etc.

Está previsto que el Secretario de Defensa sea el general jubilado, James Mattis, conocido como “Perro rabioso”, comandante central en las guerras de los Estados Unidos contra Afganistán e Irak que destruyeron ambos países. Mattis ha bromeado diciendo que era “divertido” (fun) matar afganos que se resistían a la invasión de los Estados Unidos.

Para dirigir los departamentos del Te-soro y del Comercio, Trump ha elegido a Steven Mnuchin y a Wilbur Ross, dos multimillonarios a la cabeza de fondos especulativos (hedge funds) que se han beneficiado de los desahucios durante la la última recesión.

43Historia - Teoría - Debate ·

Como Secretario de Estado, el empresa-rio propuso al director de Exxon, Rex Ti-llerson, un negador del cambio climático (por usar un eufemismo) cuyas competen-cias en política internacional están limita-das a las amplias propiedades de Exxon por todo el mundo, que aprovechará para favorecer gracias a su nueva función.

El resto del gabinete incluyen persona-jes que intentarán debilitar o destruir di-chas carteras. Comprenden: Ryan Zinke como Secretario de Interior, responsable de gestionar las tierras y las aguas federa-les de todo el país. Es un antiguo coman-dante de los submarinistas de combate de la marina y, como congresista de Monta-na, ha propuesto eliminar las protecciones legales y reglamentarias que tienen rela-ción con las tierras y aguas públicas.

Rick Perry, nombrado como Secretario de Energía. Ha propuesto abolir este depar-tamento así como la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). El ex gober-nador de Texas está estrechamente ligado a los gigantes de los combustibles fósiles. Y un negador del cambio climático.

En la Secretaría de Trabajo estará el empresario Andrew Puzder, dueño de una gran cadena de comida rápida. Se opone a los sindicatos, al salario mínimo y a las regulaciones de la industria. Es conocido

por sus ataques contra el Departamento de Trabajo cuya dirección va a tomar, departamento al que ha acusado siempre de ser favorable a los trabajadores.

Scott Pruit encabezará la Agencia de Protección Medioambiental/EPA y es cercano a los reaccionarios de los com-bustibles fósiles. Rechaza los postulados del cambio climático y ha construido su carrera combatiendo las regulaciones de proteccionistas del medio ambiente. Trump ha declarado que el EPA ha “gasta-do durante mucho tiempo los dólares del contribuyente para un programa antiener-gía fuera de todo control que ha destruido millones de empleos” y que Scott Pruit “va a invertir esta tendencia”.

Al frente del Departamento de Vivien-da estará Ben Carson, neurocirujano millonario que poco sabe del tema ha-bitacional. Se opuso públicamente a los programas de ayuda a los propietarios de su vivienda, en particular a los de bajas rentas. Carson afirma que los problemas de los más humildes a la hora de acceder a una vivienda propia son por simple fal-ta de voluntad.

La secretaria de Educación, Betsy De-Vos está a favor de los programas de pri-vatización en detrimento de la educación pública, apoya las escuelas cristianas y ha

impulsado este programa en Michigan. Viene también de una familia de multi-millonarios y su hermano Erik Prince fue uno de los fundadores del ejército de mer-cenarios Blackwater USA contratado por el ejército estadounidense para hacer el trabajo sucio en la guerra de Irak.

Tom Rice, miembro de la Cámara de Representantes por Georgia, dirigirá el Departamento de Salud y de servicios a las personas. Ha llevado a cabo una cruzada contra el Obamacare declarando que era la medicina socializada. Va a ayudar a retirar-lo para reemplazarlo por algo aún peor.

Estos son algunas de las personas de las que Trump se ha rodeado. Lo que va a plantear, son las posiciones de éstas. Hasta dónde podrá ir con este programa dependerá de la oposición que suscite.

Lo que Trump hará con certezaEn primer lugar, será el candidato de

“la ley y el orden”. Aumentará los pode-res de la policía para mantener una losa sobre las comunidades negra y latina. No habrá supervisión federal (ya muy escasa) de la violencia policial en las comunida-des. No habrá marcha atrás en la guerra contra las drogas, o las encarcelaciones masivas, sino un aumento. Las acciones de empresas privadas en las cárceles han

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subido en la Bolsa como consecuencia de la elección de Trump. Habrá aún más militarización de la policía.

Aumentará el control, ya imponente, de la frontera con México, pero no la de Canadá. Las deportaciones masivas rea-lizadas por el gran deportador, Obama, van a aumentar con fuerza.

Los gastos militares subirán significa-tivamente. El arsenal estadounidense de armas nucleares, ya en vías de “moder-nización” por Obama, al precio de alre-dedor de un billón de dólares, también a a aumentará.

De alguna manera impedirá a la mayor parte de las personas de religión musul-mana ingresar a los Estados Unidos, in-cluyendo a los millones de personas re-fugiadas desesperadas de las guerras de Washington contra los países árabes.

Es muy probable que se produzcan grandes disminuciones a los impuestos para los ricos. Las reglamentaciones que afectan a las sociedades financieras serán reducidas. Las que afectan a las grandes compañías del petróleo, carbón, y del gas natural, incluyendo el fracking (fractu-ra hidráulica) serán abolidas o quedarán sin repercusión práctica, al igual que las reglamentaciones de otras industrias, in-cluyendo los bancos y demás entidades financieras. Celebrándolo por adelantado, la Bolsa se ha disparado tras la elección.

Trump y el Congreso republicano pla-nean derogar el Obamacare, pero lo que pondrán en su lugar no está claro. Tanto

el propio Trump como los políticos repu-blicanos son conscientes del peligro que implica si demasiada gente pierde algo de su seguro de enfermedad o ve subir rápidamente los costes de su salud.

El empresario devenido presidente de-signará un candidato para ocupar el puesto vacante en el Tribunal Supremo que dará su voto para derogar la sentencia Roe vs Wade. Este nuevo juez servirá igualmente para apoyar al magnate si éste encuentra problemas legales, lo que es probable. Los Estados serán animados a dictar más restricciones al derecho al aborto.

Lo que probablemente haráAdemás de aumentar los gastos mili-

tares, Trump proyecta grandes trabajos de infraestructura. Esta perspectiva ha sido también un factor de la subida de la Bolsa. Pero ofrece propuestas contra-dictorias para el financiamiento posible de esos grandes trabajos y el Congreso republicano ha sido siempre reticente a votar gastos para este tipo de proyectos.

La Agencia para la Protección del Me-dio Ambiente, además de apoyar las pro-posiciones de Trump para la Big Energie nombradas más arriba, va a recortar otras reglamentaciones medioambientales y dejar probablemente que la Agencia mis-ma deje de ser pertinente. Las proteccio-nes al medio ambiente en el trabajo que protegen a los trabajadores van proba-blemente a sufrir también.

Es probable que Trump aumente los derechos de aduana que gravan las im-portaciones, particularmente las que vie-nen de China. Los negocios con Rusia podrían mejorar pero Trump seguirá un programa general proteccionista y nacio-nalista en economía.

A lo largo de toda su campaña, el mul-timillonario atacó constantemente a los grandes medios de comunicación priva-dos, calificándolos de “basura mugrien-ta” (scum), o incluso peor. Va a continuar haciéndolo, pues intenta así domesticar-los, un esfuerzo que producirá frutos, y que ha tenido ya cierto éxito. Dará po-cas conferencias de prensa y continua-rá empleando Twitter y otros métodos para pasar por encima de los periodistas. Trump busca modificar las leyes sobre la difamación y la calumnia para hacer más fácil llevar ante los tribunales a las personas y la prensa que “calumnien” a

las figuras públicas como él mismo, algo que es difícil de hacer en el estado actual de la legislación.

Los derechos democráticos en general también peligran, ya hay planes en mar-cha en los Estados gobernados por los republicanos. Cómo van a desarrollarse es algo que queda por ver, pero se es-peran más restricciones del derecho de reunión y de manifestación, y más vio-lencia policial con ese motivo.

La política exterior es otro asunto im-portante. El designado para ser Secreta-rio de Estado, Rex Tillerson, es un amigo del presidente ruso Vladimir Putin. La promesa de campaña de Trump de deva-luar y de rebajar (downgrade) a la Otan puede ser olvidada, o quizás no.

Las promesas de Trump de llevar una guerra comercial contra China recibieron impulso al nombrar a Peter Navarro como su gurú del comercio en la Casa Blanca. Navarro es conocido por sus opiniones extremas contra el comercio con China, que implican “romper el libro de reglas” a propósito de la “relación económica bila-teral más importante del mundo” según el Financial Times. Esto puede desembocar en una fisura más profunda entre China y Estados Unidos en todos los terrenos.

La designación de David Friedman como embajador en Israel corre el velo de las intenciones de Washington sobre la “solución de dos Estados”. Friedman tiene lazos estrechos con los colonos is-raelíes de Cisjordania, se opone a todo Estado palestino, incluso uno desprovisto de fuerzas armadas cuyas fronteras y po-lítica exterior estén controladas por Israel –es decir, la propuesta de un “Estado” palestino que hace Washington. Friedman está a favor de la anexión de Cisjordania. Trump declaró que desplazará la embaja-da estadounidense en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén, ratificando así la pretensión de Israel apoderarse de la ciudad.

No es extraño por lo tanto que Netan-yahu se alegre de “trabajar” con Trump y que haya iniciado a toda marcha la im-plantación de nuevas colonias.

¿Cuál será la naturaleza del nuevo régimen de Trump?

Representantes de la izquierda liberal y algunos socialistas han subrayado el racismo de Trump, su misoginia, su auto-ritarismo, sus pretensiones demagógicas

45Historia - Teoría - Debate ·

al apoyar a los trabajadores, sus posicio-nes antidemocráticas para demostrar que es un fascista. Lo que es completamen-te falso. El fascismo es un movimiento de masas, organizado, e incluso arma-do, dispuesto a combatir al movimiento obrero (partidos y sindicatos) en la calle antes de tomar el poder y de aplastarle mediante la violencia masiva tras haber tomado el poder, y a instituir un Estado totalitario para hacerlo. La clase domi-nante capitalista no recurre a esta solu-ción extrema mientras su dominación no haya sido amenazada por los trabajado-res. No existe una amenaza así en los Es-tados Unidos, hoy por lo menos.

El fascismo es un asunto serio y em-plear este término sin reflexionar implica tomarlo a la ligera. Trotsky, cuando ponía en guardia al movimiento obrero alemán contra el peligro del fascismo en ascen-so, decía que el fascismo alemán, basado en una economía más desarrollada, haría parecer al fascismo italiano un picnic. Un fascismo en los Estados Unidos haría parecer, en comparación, al hitlerismo como una versión un grado por debajo.

Es cierto que grupos nacionalistas blancos, que tienen una mentalidad fas-cista, se han sumado a la campaña de Trump. Presumen abiertamente de que éste ha hecho su mensaje más aceptable (mainstream) y que han podido crecer gracias a ello. Pero siguen siendo pe-queños, siguen fragmentados. Y son in-capaces de unirse detrás de un líder. La nominación de Bannon es significativa sobre todo porque va a ser el principal consejero de Trump, pero es también un hueso a roer lanzado a la extrema dere-cha “alt-right”.

Entonces, ¿cómo caracterizar el fenó-meno Trump? Es útil recordar el análisis que hizo Marx del régimen de Luis Bo-naparte, elegido presidente de la Repúbli-ca francesa en diciembre de 1848 ante la sorpresa general, y que tomó el poder en 1851 en Francia mediante un golpe de Es-tado militar en un acto que bajó el telón de la revolución de 1848 y estableció un go-bierno autoritario del “Emperador Napo-león III” que duró 20 años. Marx citaba a Víctor Hugo que llamaba a Luis Bonapar-te Napoleón el pequeño. Efectivamente, en comparación con su famoso tío, Luis era una mediocridad, como Trump. Marx le llamaba una “insípida nulidad”.

Pero entonces, ¿cómo tomó el poder? Fue en el contexto de la incapacidad de los partidos burgueses en disputa para llegar a un acuerdo suficiente entre ellos y entre sus diversas fracciones internas con el fin de lograr gobernar efectiva-mente. Además, el movimiento obrero estaba en retirada, tras haber sufrido una importante derrota.

Se había creado un vacío de poder y Luis Bonaparte lo ocupó, prometiendo ser el hombre fuerte que tomaría las cosas en sus manos y las pondría en orden.

Luis Bonaparte prometió un programa masivo de trabajos públicos para desarro-llar la industria, como Trump. Era perso-nalmente un corrupto, como Trump, y está fuera de duda que Trump va a aumentar su bolsa y la de sus hijos, también la de sus amigos capitalistas, igual que hizo Luis Bonaparte. Luis Bonaparte tenía el apoyo de la policía -casi todas las asocia-ciones policiales (abusivamente llamadas sindicatos) en los Estados Unidos han hecho campaña por Trump. También una gran parte de la casta de los oficiales de las fuerzas armadas.

Luis Bonaparte tenía lazos estrechos con la mafia. Trump y su padre eran tibu-rones del sector inmobiliario en Nueva York, con lazos estrechos con el crimen organizado, lo que por otra parte era una necesidad para los promotores inmobi-liarios en esa ciudad.

Ninguna analogía histórica es perfecta y los Estados Unidos en 2016-2017 no son la Francia de 1851. Pero hay parecidos manifiestos con la subida del mediocre Trump. No ha tomado aún todo el poder en sus manos, con una fachada de demo-cracia burguesa, como había hecho Luis Bonaparte y es posible que no lo haga nunca. En el momento actual parece más bien el astuto maniobrero que era Luis Bonaparte antes de su golpe de Estado. Caracterizaría a Donald Trump hoy como un “me gustaría” ser Luis Bonaparte.

Pero bajo un aspecto la situación en los Estados Unidos es muy diferente a la de la Francia de 1851, lo que hace de una presidencia autoritaria de Trump -es lo que vamos a tener- algo bastante más peligroso que el régimen dictatorial de Luis Bonaparte. Es sencillamente la po-tencia de los Estados Unidos en el mundo de hoy y el poder, económico, policial y político de la clase capitalista de los Es-

tados Unidos comparado a aquellos años lejanos en Francia. El peligro será aún peor si Trump consolida alrededor de su persona una dominación que se parezca al bonapartismo.

¿Qué puede impedirle realizar esa ambición?

Luis Bonaparte pudo cabalgar una ola de boom económico por todo un período tras el descubrimiento de grandes yaci-mientos mineros de oro en California y en Australia. Comenzó a perder apoyo cuando este período de prosperidad de-cayó. Y fue derrocado cuando Alema-nia derrotó a sus ejércitos en la guerra franco-prusiana de 1870, que condujo a la Comuna de París (1871).

Parece hoy que Trump va a heredar una economía que conoce un modes-to crecimiento. En cualquier caso, va a gozar de un período de “luna de miel” que le concederá el beneficio de la duda de que pueda mejorar verdaderamente la vida de los trabajadores y las trabajado-ras. Pero dada la experiencia de la rece-sión de 2007-2008, los últimos 8 años, y la situación de la economía mundial hoy, es probable que se repita otra cri-sis económica durante la administración Trump. En consecuencia, los trabajado-res que han votado por él podrán sentirse traicionados, lo que minará el apoyo del que puede disponer.

¿Pueden sectores de la clase dominante, exasperados por sus políticas temerarias volverse contra él en un cierto momento?

La clase obrera organizada es débil, en tamaño, en fuerza y carece de dirección, pero se puede esperar que no va a con-fiar en los demócratas sino en su propia fuerza para enfrentarse a Trump y a los continuos ataques de los republicanos contra los sindicatos. No será fácil para Trump poner en práctica los ataques que proyecta contra dos poblaciones grandes y principalmente proletarias, la afro-americana y la latina, que probablemen-te van a defenderse. Las mujeres, los amerindios, los ecologistas, la gente de-fensora de las libertades civiles y otros, van a resistir. Son esas fuerzas con las que debemos contar.

Traducción de Faustino Eguberri

para Viento Sur

46 Marzo de 2017

Esquina Latina nació en 1973, bajo la iniciativa de algunos estudiantes de la Universidad del Valle. Hoy, luego de 44

años de trabajo artístico experimental y más de 20 años de ani-mación sociocultural, ha logrado consolidarse como grupo tea-tral independiente, en permanente actividad artística y con un grado importante de sostenibilidad económica, gracias al forta-lecimiento de un equipo profesional de actores y a su estructura organizativa multidisciplinaria.

Según sus coordinadores, “se trata de una entidad consecuente con el pulso de la realidad y la comprensión del mundo como un proceso cambiante, que reconoce en los sectores que luchan contra la marginalidad y la exclusión la fuerza transformado-ra de la historia. Asimismo, la búsqueda artística parte de un compromiso permanente con el contexto socioambiental, pues tomando partido por las nobles causas de la humanidad es como encontramos fuentes claras de creación y de placer estético”.

Es de esta manera que Esquina Latina fomenta y practica la fidelidad artística, caracterizada por la economía en el lenguaje, la militancia en el hedonismo de la creación y la toma de partido por causas sociales, en favor de la justicia y la equidad, resistién-

dose a modelos de éxito impuestos por el mercado.Para este accionar se cuenta con áreas especializadas en co-

municación social y escenotecnia, así como en lo administra-tivo y lo financiero, en los que se conjuga ética y la eficacia para el mejoramiento continuo de los procesos operativos, propios de una organización teatral con proyección social que actualmente genera 32 empleos directos –con todas la garan-tías laborales que exige la legislación colombiana– y cerca de veinte indirectos. Los recursos de funcionamiento provienen de la prestación de servicios culturales y de la cogestión de programas socioculturales con el sector público y privado a escala nacional e internacional.

Formas de trabajoLa compañía teatral está basada en tres ejes de trabajo o pro-

gramas institucionales articulados entre sí. Uno es el laboratorio teatral o proceso de investigación y formación actoral perma-nente, desarrollado como un modo de producción que privilegia el proceso de creación colectiva, en procura de resultados de re-levancia estética, con contenidos significantes que establezcan relación estrecha con el público. Por este sendero se ha creado un sinnúmero de montajes premiados y reconocidos tanto por su puesta en escena como por su alcance literario. En la actua-

Teatro y comunidad en Cali

La organización colombiana Esquina Latina se apoya en tres ejes: la formación actoral, el teatro en comunidades y la pedagogía escénica.

Del barrio al escenario

Obra El Quijotiz de la Mancha

47

lidad se mantienen en repertorio 13 obras de teatro y de títeres, reconocidas por su calidad en certámenes locales, nacionales e internacionales.

Otro de los ejes es el teatro en comu-nidades de base. Es un trabajo de inte-racción con niños y jóvenes, mediante la animación teatral, en el distrito de Agua-blanca, otros sectores de población vulne-rable de Cali y ocho municipios del Valle del Cauca, como parte del programa Jó-venes, teatro y comunidad. Actualmente existen doce procesos grupales de anima-ción teatral de la Red Popular de Teatro, que cuenta con una base social de más de 400 jóvenes y un calificado equipo artís-tico de animadores teatrales, constituido por jóvenes, hombres y mujeres formados integralmente en el programa.

El tercer eje está centrado en la pedago-gía escénica: son aquellas actividades que el teatro Esquina Latina lleva a cabo en el amplio campo de la educación, como ta-lleres de sensibilización teatral, de socio-drama, de animación teatral y de drama-turgia, entre otros, así como la producción de obras de teatro educativo, sobre temas de interés y urgencia social.

“Los tres ejes están ligados estructural-mente a la gestión cultural, con la corres-pondiente dedicación de tiempo, trabajo, condiciones y estrategias creativas y, so-bre todo, de disciplina para desafiar las nociones de sentido común que tienden a descalificarla, ya que en algunos círculos artísticos, especialmente teatrales, sue-le desestimarse la gestión cultural y sus procesos administrativos por considerarla

una actividad prosaica, sospechosa e in-digna de la condición del artista; como trampa diabólica de vulgares comercian-tes que contamina y prostituye la creativi-dad”, explican los organizadores.

Acorde a sus coordinadores, “la apues-ta política como grupo teatral exige a sus artistas interactuar con las comunidades de base, en el contexto de una sociedad subdesarrollada económicamente y regi-da por las leyes del mercado que impo-ne la doctrina neoliberal, donde la obra de arte se comporta, quiérase o no, como un producto. Las políticas culturales del Estado que podrían ponderarlo en una dimensión más amplia, socialmente ha-blando, son inoperantes e ineficientes”. “En consecuencia, el mayor reto como institución teatral independiente es afron-tar la creación teatral como práctica inte-gral que garantice la cohesión grupal bajo una filosofía de trabajo colectivo, donde el desarrollo es desigual, sostenido por una metodología constructivista —apren-der haciendo— para consolidar el equipo y afianzar una apuesta estética. Por otra parte, está el pragmatismo de inventar una estrategia de mercado que garantice la sostenibilidad económica”, indican.

Programa jóvenes, teatro y comunidadDesde 1983 Esquina Latina lleva a cabo

un trabajo continuo de animación teatral con población vulnerable infantil y juve-nil, en sectores marginales de Cali y al-gunos municipios del Valle y el norte del Cauca. La animación teatral es una forma de trabajo sociocultural que emplea el

teatro de acción social para promover la participación activa de personas y grupos, en el abordaje de sus conflictos. Su parti-cularidad deriva de una metodología más amplia que es la animación sociocultural.

El objetivo principal del programa es ayudar a contrarrestar los diferentes tipos de violencia: las violencias urbanas, las violencias juveniles e intrafamiliares, la inequidad de género y los conflictos so-cioambientales. Se trabaja entendiendo al arte como transformador social y desde la práctica comunitaria del teatro se intenta generar condiciones de cambio. Este pro-grama parte de la base de entender a los jóvenes como sujetos-actores con autono-mía y capacidad crítica de su entorno, que emprendan una acción social mediante el desarrollo de diferentes estrategias y actividades hacia la construcción de una sociedad posible.

Otro de los enfoques tiende al desarro-llo del trabajo en red: los participantes del programa se vinculan a través de diferen-tes niveles y distintos tipos de relaciones. La acción ambiental a través de la sen-sibilización, el conocimiento y el desa-rrollo de prácticas que se orientan hacia la protección y conservación del medio ambiente en contextos urbanos es otro de los ejes. La cuestión política no es sosla-yada: se trabaja en la concientización de principios democráticos como la igual-dad, la participación y la responsabilidad que rigen a los participantes del programa para la toma de decisiones en la transfor-mación de las problemáticas sociales que afectan sus entornos.

La “cofradía”, el equipo de Esquina Latina.

48 Marzo de 2017

Guamanique es una compañía folklórica dedicada a preser-var y promover los bailes y la música tradicional de Puerto

Rico. Fue fundada en 1994 por su director y coreógrafo, Eduar-do Calderón, en el pueblo de Vega Baja. Desde entonces Gua-manique ha trabajado arduamente en muchísimos escenarios a nivel nacional e internacional, mostrando lo mejor de la cultura puertorriqueña por medio del talento de jóvenes comprometidos a reforzar y conservar las piezas idiosincráticas que definen la identidad del pueblo puertorriqueño.

El nombre de la compañía proviene del cacique indígena taíno del área de Guayama, ubicada en el sur de la Isla de Puerto Rico, y representa el reconocimiento a las raíces pre-colombinas y su legado en las costumbres y tradiciones de los puertorriqueños.

Actualmente la agrupación está incorporada al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Instituto de Cultura Puertorriqueña y trabaja en colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico en el desarrollo estratégico de actividades culturales que impacten en el público local y en los visitantes, con el objetivo

de promover el esparcimiento del conocimiento sobre los bailes y la música tradicionales de Puerto Rico.

Además, la compañía pertenece a La Organización Internacio-nal del Arte Popular (IOV) y desde hace muy poco tiempo forma parte de la Red de Festivales Folkóricos de América y del Caribe (Redefest). Entre otras funciones, ambas organizaciones facili-tan la creación y el desenvolvimiento de festivales internaciona-les donde se muestran las diferentes manifestaciones culturales de distintos países del mundo.

“Por más de 10 años, Guamanique ha demostrado con or-gullo y esfuerzos el valor de la cultura en convenciones, festi-vales locales, festivales internacionales de folklore, obras tea-trales, comunidades especiales, escuelas, entre otros”, cuentan sus organizadores.

RepresentacionesDesde el comienzo del período de la colonización, centena-

res de españoles fueron a vivir a la isla de Puerto Rico. Una gran parte de la población se concentró en la región central montañosa. Ellos trajeron consigo sus costumbres y tradicio-nes, incluyendo la música y los bailes. Los coordinadores de Guamanique recuerdan que “con el paso de los siglos, esos pa-trones culturales evolucionaron y se convirtieron en nuestros. Al mismo tiempo, la música y los bailes cambiaron. El Cuatro,

Un grupo folklórico recupera las raíces culturales de Puerto Rico

Desde 1994 representa diferentes géneros de la música folklórica puertorriqueña. Fomenta danza, interpretación instrumental, creación de máscaras de carnaval y enseñanza a niños.

Guamanique, al compásde los tambores

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nuestro instrumento nacional y los ritmos llamados del Seis aparecieron como pa-trimonio, caracterizándose por su música muy melódica y bailes usualmente sen-cillos que demuestran los momentos de felicidad del jíbaro puertorriqueño”.

Otra de las representaciones que lleva adelante Guamanique es la denominada Danza, género musical nativo de Puerto Rico, que está altamente influenciado por la contra danza francesa y el danzón cubano. La Danza es una forma de mú-sica compleja que puede ser variada en su expresión: sus letras pueden ser tanto románticas como festivas. Aunque sus orígenes no están muy claros, probable-mente surgió para 1840 como reacción en contra de la rígida contradanza española que ya se bailaba y que fue fuertemente influenciada por los inmigrantes cubanos con su música habanera. El género con-tinuó su evolución hasta que fue llevada a un nivel artístico por parte de Manuel Tavarez. Su discípulo, Juan Morel Cam-pos, la adoptó y la desarrolló hasta su ni-vel máximo de expresión.

La Bomba es otro de los ritmos que de-sarrollan, basado en la música y el baile de herencia africana. En ella se tocan dos o más barriles, dos palos de madera lla-mados cuás y una maraca de higüera. El baile consiste en un diálogo rítmico entre el tocador de bomba y los bailarines. Los movimientos ejecutados son ritmos cam-

biantes que emite el bombero en su ba-rril llamado primo o subidor y que crea una interpretación por ambas partes. La Bomba fue y continúa siendo una expre-sión cargada de emociones y sentimien-tos profundos.

Pero no sólo de baile vive Guamanique. Sus integrantes también crean máscaras, llamadas vejigantes que se utilizan en el Carnaval de Ponce. Este carnaval coinci-de con el Mardi Gras, el Carnaval de Río de Janeiro y el de Venecia. Las máscaras de Ponce son diferentes a las que se usan en Loíza. Mientras que las de Loíza son hechas de la cáscara de coco, las de Ponce son hechas de papel maché y se asemejan a las máscaras usadas en la República Do-minicana en los carnavales que preceden a la Cuaresma.

Creados a través de siglos de experien-cias e interacciones culturales, la Plena es la forma de expresión musical originada en la ciudad de Ponce. Además es consi-derada como el periódico musical porque con sus letras se cuentan los aconteci-mientos de los barrios de Puerto Rico. La Plena usualmente se toca al ritmo de los panderos (pleneros), el cuatro, la guitarra española y el güiro. Pero también, la me-lodía, puede ser interpretada por el acor-deón o un clarinete.

En sus años de trayectoria, Guamani-que ha recorrido Estados Unidos, Méxi-co, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,

Venezuela, Corea del Sur, Alemania, Aus-tria, Bulgaria, España, Francia, Finlandia, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Portu-gal, República Checa, Rusia y Suecia.

Desde su nacimiento, el grupo da clases de baile a niños y niñas de entre 6 a 13 años y es el primer programa de bailes fo-lklóricos para chicos del país. La idea es enseñarles no sólo a bailar sino también a conocer sus raíces culturales y a expre-sarse como seres individuales y creativos. El objetivo es “sembrar la semilla de la cultura en nuestros niños y desarrollarla a través de nuestras clases y proyectos, nos permite mantener vivo lo nuestro y per-petuarlo para las futuras generaciones.”, dijo Eduardo Calderón, director artístico y fundador de Guamanique en declaracio-nes a la prensa.

“El programa –explica- surge al iden-tificar que los niños no están en contac-to con las danzas puertorriqueñas, por lo que desconocen una parte importante de la historia de Puerto Rico. La cultu-ra, al competir con la ola tecnológica en la que están creciendo los más jóvenes, ha tenido que buscar nuevas formas de estar presente en sus vidas. Por lo que en las clases, aprenden tanto de música, baile, historia y cultura, mientras se di-vierten sanamente”.

“En cada una de las clases buscamos es-timular la creatividad de ellos por lo que permitimos que se expresen libremente a la hora de bailar. Por eso no le impone-mos patrones o directrices estrictas para que no se cohíban”, enfatizó Calderón, quien posee un doctorado en historia de América y Puerto Rico.

En sus más de 20 años de existencia, el Ballet Folklórico Guamanique de Puerto Rico se ha caracterizado por gestionar proyectos culturales y artísticos, tanto en Puerto Rico como internacionalmente. En junio de este año participarán del Festival Mundial de Folklore de la Villa de Saint-Ghislain en Bélgica.

En palabras de Olvin Valentín, bailarín y director ejecutivo de Guamanique: “con nuestra filosofía de enseñanza, ellos ven que pueden crear y mientras más lo ha-cen se enamoran del ritmo y de la cultura. Al principio ellos se cohíben pero poco a poco van socializando con los demás compañeros, pierden la timidez, se co-munican mejor y tienen confianza en que pueden realizar el trabajo”.

Unidos por razones formalmente diferentes pero en el fon-do idénticas: la lucha interburguesa resultante de la crisis capitalista mundial.

En cualquier hipótesis, en la coyuntura se ha roto el alinea-miento automático de una mayoría de países latinoamerica-nos con Washington y los desafíos del futuro han desatado una batalla, sin precedentes, en dos planos principales: uno entre los países de mayor envergadura con gobiernos con-servadores de derecha en la puja por el lugar que ocuparán en el nuevo cuadro; el otro, entre éstos y el Alba. Con este trasfondo se inicia el choque estratégico entre los gobiernos de Argentina y Venezuela.

Esa confrontación se muestra en la superficie personificada en Nicolás Maduro y Mauricio Macri. Tras la apariencia, yace la batalla histórica por un camino hacia el futuro, por una op-ción estratégica no ya para Venezuela y Argentina, sino para toda la región, en un mundo atenazado por el mismo dilema, aunque en situaciones diferentes: avanzar hacia el socialismo o buscar respuesta en la reconstitución del hoy insostenible orden capitalista.

Son justamente las características propias de América La-tina, indisolublemente ligada en todos los órdenes al norte del continente, las que plantean de manera más neta, más simple y a la vez más espinosa esa alternativa inconciliable. Tal nitidez no hace más sencilla la tarea de Maduro y Macri. Todo lo contrario.

La Revolución Bolivariana debe avanzar en la transición al socialismo desde una economía subdesarrollada, acosada por enemigos internos y externos y con un aparato produc-tivo cuya sujeción estructural al poder capitalista aún no ha transpuesto el punto de no retorno. Es una hazaña política haber llegado al cuarto aniversario de la muerte de Hugo Chávez sin que la ininterrumpida conspiración contrarrevo-lucionaria haya podido conmover –mucho menos derrocar, como proclamaron desde el primer momento– al gobierno de Nicolás Maduro.

Esto fue así por tres factores principales: la sostenida uni-dad cívico-militar, la existencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y la sabia conducta de la dirigencia principal para evitar fracturas y buscar sin pausa la movilización popular.

No obstante, la cuesta a remontar es más que ardua, por-que el momento internacional, con todos los cambios produ-cidos desde la primacía contrarrevolucionaria de 1991 hasta comienzos de este siglo, no ha dado un salto cualitativo que permita a las autoridades venezolanas marchar acompasadas con una fuerza intelectual, política y organizativa de alcance mundial. Todavía y pese a las transformaciones positivas, lo contrario es verdad.

En cuanto a Macri, llegó al poder por un voto de recha-zo al gobierno anterior, pero no por consustanciación de las mayorías con su figura, sus propuestas, sus candidatos o sus aliados. La fuerza del gobierno de la incoherente coalición Cambiemos y su presidente reside en la ausencia de alter-nativa con raíces en la clase trabajadora y las fuerzas revo-lucionarias, cuya rica tradición está hoy contrarrestada por la división, la confusión y, en no pocos casos, la sumisión a

variantes burguesas supuestamente progresistas. El resultado electoral y su primer año de gobierno –exitoso para los inte-reses del capital– traduce en realidad la gravísima situación de una sociedad desagregada, con grandes franjas de margi-nalización, sin pautas de conducta colectiva, con la mitad de la población en la pobreza y la indigencia.

Esa realidad social resulta de una economía sistemática-mente saqueada por el gran capital local y extranjero durante los últimos 60 años, al punto de que todos los índices econó-micos y sociales son hoy peores que los vigentes al fin de la dictadura, en 1983, o tras el colapso general de 2001.

Acompañado por un frente único del conjunto de la gran burguesía, las cúpulas sindicales y la iglesia, Macri tiene el mandato de restaurar el capitalismo y recomponer el sistema de poder burgués.

Quienes creen que esto es históricamente posible, debaten sobre tal o cual política oficial para llegar más eficazmente al objetivo. Viejas y nuevas corrientes reformistas reclaman mejoras económicas y se desgarran en denuncias de carácter personal contra el Presidente, sin cuestionar el sistema mis-mo. Así, Macri tiene un amplio espacio de acción.

Quienes creemos que el capitalismo no tiene fuerzas intrín-secas –en Argentina y en el mundo– para superar la crisis que lo demuele y aplasta a millones de seres humanos, sea por la violencia, la pobreza o la enajenación, tenemos la certeza del que el gobierno argentino no puede en ningún caso ser exitoso en el largo plazo y está negada de manera absoluta la posibilidad de una Argentina capitalista en desarrollo, paz y justicia. La impotencia estructural de la burguesía local no puede ser neutralizada por la debilidad coyuntural de la clase obrera. Aquí, como en todo el mundo desarrollado, a térmi-no la alternativa es socialismo o barbarie. Una barbarie ya visible en muchos aspectos –con el narcotráfico con mayor protagonismo cada día– apuntada inexorablemente hacia una perspectiva fascista que será, en última instancia, la que cho-cará de frente con la revolución latinoamericana.

Maduro y el gobierno revolucionario de Venezuela tienen un basamento exactamente inverso al que sostiene a Macri. A la cohesión social, la estrategia definida y la organización consciente de las masas en el país caribe, se contrapone en el Sur la desagregación, la ausencia de cualquier objetivo que no sea sostener el sistema a costa de lo que costare, la ausen-cia de conciencia y la inexistencia de organizaciones sólidas y enraizadas de cualquier origen social.

La otra cara de la medalla muestra a Argentina aliada a Bra-sil, México y Colombia para sostenerse entre sí y enfrentar a Venezuela y el Alba. Con los centros imperiales como respal-do de última instancia y más allá de cualquier contradicción.

En ese entramado se dirimirá el destino de América Lati-na. La Revolución Bolivariana tiene potencialmente la po-sibilidad de convocar a los pueblos de la región y en una acción conjunta paralizar los centros nerviosos del capital en el hemisferio. Esa certeza no debería soslayar la nece-sidad, urgente, de acudir sin fisuras a formar filas en esta confrontación trascendental.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2017@BilbaoL

50 · Nota de tapa / Análisis de la noticia Marzo de 2017

viene de pág. 9

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