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los dossieresde

El ‘ladrillo’ vuelvea la costa

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Por Pedro Antonio Navarro

E l impacto ya está hecho, aprove-chémoslo”, aseguraba reciente-mente el secretario de Estado deMedio Ambiente, Federico Ramos.

Ésta parece ser la filosofía de fondo que hainspirado la reforma de la actual Ley de Cos-tas (1988), impulsada por el Gobierno y elPartido Popular, y que resultaba aprobada enel Parlamento, gracias, una vez más, a la ma-yoría absoluta de la que goza la principalformación de la derecha española en ambasCámaras.

El giro radical en el tratamiento ambien-tal de las costas españolas impulsado por elEjecutivo tendrá enormes consecuencias que

afectarán directamente a más de medio mi-llón de personas. La denominada Ley de Pro-tección y Uso Sostenible del Litoral permi-tirá que se ‘beneficien’ más de 154.000 in-muebles levantados a pie de costa. Se am-nistían 3.400 viviendas construidas en lamisma playa; se darán concesiones de 75años –una total privatización, en la prácti-ca–para 24.000 inmuebles cercanos al mar,

y permiso para hacer obras en más de125.000 construcciones que ocupan zonade servidumbre, y que con la actual nor-mativa veían completamente restringida es-ta posibilidad.

Del mismo modo, más de 1.700 instala-ciones industriales ubicadas al mismo bor-de del mar podrán seguir operando, aunquedeberán contar con un informe ambiental–cuyas competencias están transferidas a lascomunidades autónomas–para conseguiruna prórroga de la concesión.

En este punto, las organizaciones ecolo-gistas han denunciado la prevalencia de in-tereses comerciales particulares. Greenpea-ce, en su informe Amnistía a la destrucciónseñala que uno de los casos documentados

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El PP modifica en solitario la Ley de Costas

El ‘ladrillo’vuelve a las playasEn contra del criterio del resto de los grupos políticos, y con la oposición frontal delas organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos y asociacionesde diversa índole, el Partido Popular aprobaba en el Parlamento la reforma integralde la actual Ley de Costas, que data de 1988. Un nuevo texto que, de facto, suponela amnistía para miles de construcciones que debían ser demolidas en 2018, y quetambién permitirá continuar operando a numerosas industrias que se encuentran apie de playa y que, de momento, no tendrán que buscar otra ubicación. Lasviviendas situadas en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) quedanlegalizadas de facto, y la zona de protección se reduce de 100 a 20 metros. Muchosexpertos consideran que con este cambio legislativo se vuelve a abrir la veda parael retorno de la actividad inmobiliaria a nuestro litoral, y que cada vez veremosmenos arena y acantilados, y más cemento y hormigón.

Sobre el cambio climático, la ley se modifica para permitir que las

El tratamiento de lascostas con la nueva ley

tendrá enormesconsecuencias en medio

millón de personas

POLÍTICA los dossieres

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es el del Grupo Villar Mir –señalado por laprensa como uno de los contribuyentes a lafinanciación del PP–. Juan Miguel Villar Mirposee a través del Grupo Villar Mir empre-sas asentadas sobre márgenes de diferentesrías, entre otras empresas Fertiberia en Huel-va o Ferroatlántica en la ría de Boo (Canta-bria). Estas industrias asentadas en dominiopúblico marítimo-terrestre, se ven benefi-ciadas de los recortes de protección de lanueva Ley de Costas. Además, la secretariageneral de Agricultura y Alimentación, Isa-bel García Tejerína, a las órdenes de AriasCañete es la exdirectora de Planificación deFertiberia.

En cuanto a la ampliación a 75 años de lasconcesiones de 24.000 propiedades en zo-

na pública se dividen en dos tipos. Unas12.800 viviendas construidas en primerísi-ma línea de costa –y cuyos propietarios, ensu mayor parte son ciudadanos extranjeros–y unos 11.200 inmuebles –en los que cons-tan instalaciones de todo tipo, según el Mi-nisterio de Medio Ambiente–. A partir de laentrada en vigor del cambio legislativo, to-dos podrán vender o legar la concesión, al-

go totalmente prohibido con la norma toda-vía vigente.

Con el grupo de los 12 núcleos costerosamnistiados en toda España se salvarán otras3.400 viviendas.

Otro de los cambios impulsados afecta di-rectamente a la hostelería de playa, comochiringuitos y hoteles. Las concesiones delos primeros se ampliarán de uno (como mar-ca la ley de 1988) a cuatro años. A este res-pecto, en febrero de 2012, cuando se anun-ciaba la intención gubernamental de proce-der a esta reforma, se producía una multitu-dinaria reunión en Torremolinos a la que asis-tían unos 300 representantes del sector. Allí,el secretario de Estado de Medio Ambiente,Federico Ramos, anunciaba a los presentesque “no habrá rigidez” y que se abordará lareforma con “flexibilidad” para dar respues-ta a las “complicaciones” que había gene-rado al sector la ley de 1988. El objetivo era“dar seguridad” a los empresarios de un áreaque es “motor económico y generador deempleo”, para que “puedan hacer inversio-nes y ser competitivos”.

Por su parte, Javier Arenas, entonces can-didato del PP a la presidencia de la Juntade Andalucía, aseguraba que con el pro-yecto gubernamental “se pone fin a la ope-ración de acoso y derribo a los chiringui-tos. Los ciudadanos no están al servicio delos planes urbanísticos, sino al revés, sonlos planes urbanísticos los que tienen queestar al servicio de los ciudadanos; y hayque preocuparse de la preservación de to-das las especies, pero sin olvidarse de la es-pecie humana”.

La reforma también abre la posibilidad decelebrar eventos en playas urbanas en fun-ción de su “interés turístico”, y en cuanto alos efectos del cambio climático, se permi-te que las construcciones cercanas a la pla-ya se mantengan, “siempre que el mar no lesalcance o haya riesgo de que lo haga”.

Los contenidos fundamentales de la nue-va ley se resumen del siguiente modo:

Concesiones de hasta 75 años. Alegando se-guridad jurídica para los compradores, mu-chos de ellos extranjeros, se amplía el siste-ma de concesiones para viviendas levanta-das en dominio público y que se deberíancomenzar a demoler en 2018, según los pre-ceptos de la anterior legislación que había

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construcciones cercanas a la playa se mantengan, “siempre que el mar no les alcance o haya riesgo de que lo haga”.

Los cambiosaprobados en el

Senado reducen la zonade litoral protegida de

100 a 20 metros


dado ya un plazo de 30 años para su regu-lación o derribo. Medio Ambiente estima quealcanzará a unas 2.000 solo en ese año.

Privatización del dominio público. Los pro-pietarios de viviendas que pasaron a formarparte del dominio público con la Ley de Cos-tas de 1988 pueden recuperarlas si acredi-tan que las tenían inscritas en el Registro dela Propiedad. Los propietarios recuperaránla titularidad en dos años, una vez la recla-men.

12 núcleos urbanos ilegales ‘amnistiados’. Unlistado de construcciones que invaden el do-minio público quedarán legalizadas, sin queel Gobierno haya explicado los motivos pa-ra seleccionarlas. Se trata de Rocafel (Ali-cante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Ma-rina de Empuriabrava (Girona), Platja d’Aro(Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), elcasco urbano de Isla Cristina y el Caño delCepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Mála-ga) y Oliva (Valencia).

En el Senado se han añadido a este grupoXilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra). Chi-ringuitos de playa. Los negocios playeros ob-tendrán concesiones de cuatro años, en vezde anuales, como ocurría hasta ahora.

Zona protegida: de 100 a 20 metros delmar. Uno de los últimos cambios aprobadosen el Senado reduce en la práctica la zonade litoral protegida de 100 a 20 metros. Lasviviendas que se sitúan en esos 80 metrospasarán de estar sometidas a controles muyestrictos para hacer obras, a contar con to-das las autorizaciones para realizar esos tra-bajos siempre que se cumpla la normativade Ayuntamientos y comunidades. Los pro-motores de la nueva norma aseguran que“no se podrá aumentar edificabilidad”. Cláu-sula ‘antialgarrobicos’. El articulado facultaal delegado del Gobierno a paralizar un planmunicipal si afecta a la servidumbre de pro-tección, en la que son competentes las co-munidades autónomas. La oposición se que-ja en este caso de que se invaden compe-tencias delegadas en comunidades.

Mecanismos de protección contra el cam-bio climático. La ley permite que las cons-trucciones que invaden dominio públicose mantengan, siempre que el mar no les

alcance o haya riesgo de que lo haga. Si seconsidera que esa zona está en “riesgo deregresión grave”, algo que debe de decla-rar una orden ministerial, el Estado puedeasumir parte de las obras de defensa paraprotegerlas.

El regreso de las fiestas en la playa. Se vol-verán a poder celebrar eventos en playas ur-banas en función de su “interés turístico”.

Para sacar adelante este nuevo proyec-to, el Partido Popular recurría de nuevo a

su mayoría absoluta en el Congreso y enel Senado, ya que toda la oposición deci-día votar en contra de la reforma. El Par-tido Socialista iba aún más lejos y anun-ciaba la preparación de un recurso de an-ticonstitucionalidad.

La UE vigilaespecialmentea ValenciaE n febrero de este año, nuestro pa-

ís recibía la visita de una comi-sión del Comité de Peticiones delParlamento Europeo para investi-

gar la relación entre la reforma de la Ley deCostas y el informe del propio comité, de2009, sobre el desarrollo urbanístico en ellitoral español –conocido como el InformeAuken–. Al final de su estancia, la delega-ción de eurodiputados invitaba a variasONGs a comparecer en una próxima se-sión del Comité y, si la reforma de la ley seterminaba aprobando sin cambios sustan-ciales, advertía de que solicitaría una com-parecencia de la Comisión Europea y las au-toridades españolas para investigar los múl-tiples incumplimientos, a su criterio, de de-recho comunitario, que contenía el enton-ces proyecto de ley.

Entre otros, según su informe, la falta deracionalidad en la selección de las zonas aproteger; irresponsabilidad ante las previ-siones del cambio climático y el gasto adi-cional para los contribuyentes que supon-drá proteger zonas urbanas en el litoral; ola legitimación “de manera retroactiva deun modelo urbanístico insostenible, ilegaly antiestético”.

No era la primera ocasión en que la Co-misión de Peticiones del Parlamento Euro-peo visitaba nuestro país. Llegaba a la Co-munidad Valenciana, por tercera vez, en2007 –en uno de sus desplazamientos mássonados–, al estimar que las autoridades au-tonómicas no habían cumplido con los com-promisos en materia urbanística adquiridostras las anteriores visitas de los parlamenta-rios europeos, que después de recorrer dife-rentes localidades, se habían reunido con elentonces conseller de Urbanismo de la co-


Cañete es consejero de una inmobiliaria con espacios ‘ilegales’.

Ramos ha prometido seguridad a los empresarios del turismo.

Villar Mir posee empresas asentadas en márgenes de rías.

EUROPA PRESS

F. MORENO



munidad, Esteban González Pons, que acu-día acompañado por promotores inmobilia-rios, urbanizadores, agentes de la propiedadinmobiliaria y agentes de viajes.

En dicha reunión González Pons afirmóque cada visita de la delegación del Parla-mento Europeo había supuesto un coste de200 millones de euros en pérdidas para elturismo, por la ‘mala prensa’ que implicabapara la región. Aseguró que el Banco de Es-paña había estimado unas pérdidas por va-lor de mil millones de euros en inversionesde las que también culpó a la Comisión ysostuvo que las peticiones formuladas anteel Parlamento Europeo eran un mero pro-ducto de la imaginación de la Comisión.

El informe elaborado por los europarla-mentarios tras la visita destacaba la actitudarrogante del conseller y señala que la Ge-neralitat Valenciana era la administraciónque menos explicaciones había ofrecido so-bre los proyectos urbanísticos “que han de-parado la destrucción de multitud de her-mosos y frágiles parajes costeros”. Les re-sultaba preocupante constatar la actitud dedesprecio de la Administración valencianaante las denuncias sobre planes urbanísticospresentados por sus propios ciudadanos.

Los valencianos se habían convertido envíctimas indirectas de un elevado númerode proyectos apoyados en una legislacióncentrada exclusivamente en favorecer a los

promotores.En junio de 2007, el Parlamento Europeo

aprobaba por mayoría absoluta una pro-puesta por la que se condenaban los “ma-croproyectos de urbanización” en España,pero especialmente en la Comunidad Va-lenciana, argumentando que la legislaciónurbanística valenciana vulneraba los dere-chos fundamentales de los ciudadanos.

Paralelamente, el Defensor del Pueblo ha-

bía denunciado el trato de favor al urbanis-mo en la Comunidad Valenciana. En un es-crito subrayaba que la evaluación de la exis-tencia de recursos hídricos y la declaraciónde impacto ambiental no se obtenían al ini-cio del procedimiento de elaboración de losplanes urbanísticos, sino al final, de mane-ra que es el proyecto el que condiciona y li-mita en la práctica la declaración de impactoambiental, cuando la normativa obliga a quesea al revés.

La naturaleza de los polémicos Programasde Actuación Integrada (PAI) urbanísticos–puestos en marcha por la Generalitat–y loscriterios de adjudicación fueron examinadospor el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.La Comisión Europea había denunciado aEspaña ante el Tribunal porque la Ley Urba-nística Valenciana (LUV), infringía, a su cri-terio, la normativa comunitaria sobre con-tratación pública. La LUV tomó a finales de2005 el relevo de la Ley Reguladora de laActividad Urbanística (LRAU) pero seguíasin corregir las infracciones referidas a losanuncios de licitaciones, siendo confusa enla definición del objeto de los contratos.

A finales de junio de 2007, la ComisiónEuropea denunciaba a España ante el Tribu-nal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)al considerar que la Ley Urbanística Valen-ciana (LUV) infringía la normativa comuni-taria en materia de contratación pública envarios aspectos, como el contenido de losanuncios y documentos de licitación.

Sin embargo, este tribunal desestimabala denuncia de la Comisión, en mayo de2011, al considerar que el organismo eu-ropeo no había conseguido probar conve-nientemente su acusación, ya que “la Co-misión no intentó apoyar sus propias ale-gaciones ni refutar las del Estado miembrodemandado mediante un examen profun-do de esos elementos”.

Por otra parte, la Agencia Europea del Me-dio Ambiente señala desde hace tiempo va-rias “zonas de mayor preocupación am-biental” y un “punto de alarma” en la costade la Comunidad Valenciana, como conse-cuencia de la contaminación en su litoral.La peligrosidad y toxicidad de estos vertidosha llevado a Naciones Unidas a identificarel entorno de Valencia como punto negroprioritario de contaminación en el Medite-rráneo por los vertidos industriales y de aguas


Los europarlamentarios han destacado la mala actitud de Pons.

En 2007, el Parlamento Europeo condenaba los “macroproyectos de urbanización” en España, sobre todo en la Comunidad Valenciana.

F. MORENO

Los eurodiputadosdenuncian nuestro

modelo urbanístico:insostenible, ilegal y

antiestético


residuales urbanas. Y todo ello, a pesar de lacercanía con la Albufera de Valencia, quesegún los informes de Naciones Unidas, esuna “zona sensible” prioritaria en cuanto acontaminación.

Incluso con las inversiones realizadas porlas administraciones en el entorno de Va-lencia, con la puesta en funcionamiento devarias Estaciones de Depuración de AguasResiduales (EDAR), otros puntos del litoralvalenciano todavía están lejos de presentaruna buena situación.

Los vertidos industriales son especialmentesignificativos en el norte de Valencia y Cas-tellón. La Conselleria de Medio Ambiente,Agua, Urbanismo y Vivienda indicaba quese trata de zonas donde existe una presiónglobal significativa sobre las masas de aguacosteras como consecuencia, entre otras, delos vertidos de sustancias contaminantes.

Es destacable que el cien por cien del he-xaclorociclohexano (HCH) y del hexacloro-benceno (HCB), el 51,6 por ciento de los hi-drocarburos aromáticos policíclicos, y casiel 34 por ciento del plomo y sus derivadosque se vierten directamente al Mediterráneoespañol se hace desde la Comunidad Va-lenciana. Tanto es así que en el cómputo to-tal de vertidos de sustancias contaminantesal litoral, la Comunidad Valenciana viertecasi un 18 por ciento de las emitidas por to-do el Estado al Mediterráneo.

Al norte de Castellón, las aguas residualesurbanas llegan al litoral únicamente tras pa-sar por un proceso denominado de “pretra-tamiento”, un sistema insuficiente de depu-ración, según los expertos, para una pobla-ción que supera los 100.000 habitantes ydonde la carga orgánica, química y bacte-riológica requiere de sistemas de depuraciónmás avanzados y exigidos por la normativaeuropea.

Ecologistas alataqueD esde que se tuvo conocimiento

de la intención gubernamentalde modificar la anterior Ley deCostas, que data de 1988, las

principales organizaciones ecologistas delpaís –junto a otras de diversa índole- se po-nían manos a la obra para crear un ampliofrente común que se opusiese a las preten-siones del PP de acabar con una norma enla que tuvieron una destacada participaciónen su elaboración.

Ya en abril de 2012 se constituía la plata-forma denominada ‘No a Nuestra Costa’, in-tegrada por Amigos de la Tierra, Ecologistasen Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLi-fe, WWF, además de empresas de turismo

activo y naturaleza, asociaciones de vecinosdel litoral,departamentos de diferentes uni-versidades, la Asociación de Jueces para laDemocracia, el Observatorio de Responsa-bilidad Social Corporativa, el Foro de Turis-mo Responsable, ATTAC (Asociación por laTasación de las Transacciones Financieras ypor la Ayuda a los Ciudadanos); sindicatoscomo UGT, CC OO o CGT; y así, hasta uncentenar de organizaciones.

En su manifiesto, entienden que la ley to-davía vigente avanzó decisivamente en la con-servación de los recursos naturales,estable-ciendo claros límites al proceso de desfigu-ración de la costa, haciendo patente su usopúblico para todos los ciudadanos que reco-ge el artículo 132 de la Constitución españo-la. Además, según su criterio, en lo relativo ala defensa de los intereses económicos, sal-vaguarda los derechos legítimos de particu-lares y empresas, dando un plazo de 30 años,que termina en 2018, y prorrogables otros 30

más para buscar otra ubicación al gran nú-mero de industrias altamente contaminantesque se asientan en la costa.

Desde ese momento llevan defendiendoel texto anterior, argumentando que tambiénpermitía la instalación en las playas de esta-blecimientos, como restaurantes o terrazas,siempre que cumplan la legislación; que ve-laba por la seguridad ciudadana, evitandoque se edifique en zonas peligrosas por ries-go de inundación o temporales; que avala-ba nuevos modelos de desarrollo turístico,invirtiendo en reformar las infraestructurasexistentes, sin necesidad de construir otrasnuevas; que en su desarrollo había evitadoque se produjera una amnistía para aquellosque han dañado el litoral –como denuncianque ahora sucederá con la nueva ley–; queestaba en total consonancia con la UniónEuropea, que exige transparencia urbanísti-ca y lucha contra la corrupción.

Finalmente, aseguran que su idoneidad es-



Los chiringuitos de playa obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como hasta ahora.

La ComunidadValenciana vierte casi

el 18% de las sustanciascontaminantes de todaEspaña al Mediterráneo


taba respaldada por la justicia, ya que las es-tadísticas demuestran que en litigios rela-cionados con su aplicación, los tribunalesespañoles han fallado, en un 95 por cientode los casos, en favor del interés general fren-te al de particulares.

Todo lo contrario de lo que opina sobre elproyecto del Partido Popular recientementeaprobado. Según la plataforma, la nueva leyda la razón a particulares y empresas quehan perdido pleitos contra el Estado en re-lación a la anterior Ley de Costas; ignora to-talmente, los impactos del cambio climáti-co sobre el litoral; supone la pérdida del di-nero público invertido en la delimitación,recuperación y conservación del dominiopúblico marítimo-terrestre que ahora se des-protege; implica aumentar el gasto de dine-ro público en nuevos deslindes e indemni-zaciones de quienes en su momento sí aca-taron la ley; excluye del Dominio PúblicoMarítimo Terrestre (DPMT) ecosistemas im-portantes como las marismas mediterráne-as, salinas, esteros, ciertas zonas inundablesy dunas que no estén en movimiento y sepierde la franja de 100 metros de servidum-bre de protección asociada a ellos.

Por otra parte, también se quejan de quela legislación que acaba de ver la luz verdeen el Parlamento deja fuera de ese dominiopúblico, y de forma aleatoria, a diez nú-cleos urbanos y buena parte del litoral deFormentera sin argumentar ni dar motivoscientíficos por los cuales son elegidos estostramos de costa, al tiempo que desprotegegrandes tramos del litoral cantábrico y atlán-tico al reducir de 100 a 20 metros la franjade servidumbre de protección en las rías; opermite declarar suelo urbano en el frente li-toral los dos años posteriores a la aplicaciónde la reforma, y con ello reduce la franja deservidumbre de protección también a 20 me-tros en estos tramos. Y, en definitiva, regalaterrenos públicos a manos privadas, tantopor reducir la definición del DPMT comopor ampliación de la concesión a 75 años.

Por su parte, Greenpeace denuncia que“el Gobierno tenía claro desde la campañaelectoral que quería desmantelar el dominiopúblico marítimo terrestre tal y como ha en-tendido hasta ahora. Solo se legisla en rela-ción con la propiedad privada y las activi-dades lucrativas en la costa”, en boca de sudirector ejecutivo, Mario Rodríguez. La or-

ganización ecologista asegura que ya desdela exposición de motivos, relatada por la vi-cepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz deSantamaría, el Ejecutivo ha tratado la costacomo un recurso de inversión y desarrolloturístico en vez de como un bien y un patri-monio natural público. A estos efectos re-cuerdan que el propio ministro de MedioAmbiente, Miguel Arias Cañete, había ase-gurado que “las excesivas limitaciones a lasobras restan competitividad al turismo es-pañol”, sin mencionar los daños que dichasobras han causado al medio ambiente.

Greenpeace sospecha que la nueva Ley deCostas no responde a la supuesta austeridadanunciada por el Gobierno, sino a la ventadel suelo público. Por eso recuerdan que enlos Presupuestos Generales del Estado para

2013, la partida para el mantenimiento dela costa se reduce a la mitad, pasando de los104 millones del 2012 a los 48,8 millonesen 2013. “Sin presupuesto, con la costa pri-vatizada y permitiendo la peligrosa perma-nencia de industrias y viviendas en la franjacostera, quedan claras las intenciones delGobierno, vender la costa al mejor postor”,comenta Pilar Marcos, responsable de lacampaña de Costas de esta ONG.

Esta organización va más lejos, y se atre-ve a señalar en concreto en su página web:“Uno de los posibles intereses en la reformade la Ley de Costas está en la legalizaciónde las urbanizaciones construidas tras los pa-seos marítimos. Varias inmobiliarias podrí-an ver legalizadas sus urbanizaciones. Gre-enpeace destaca en su informe que IgnacioLópez del Hierro, Joaquín Rivero, BautistaSoler y el actual ministro de Medio Ambiente,Miguel Arias Cañete, coinciden como con-sejeros en la empresa Bami Newco. De ahíse desprende la nula sensibilidad del Go-bierno para llevar a cabo una reforma de talcalado”.

Por este texto, Greenpeace recibía una de-manda por parte de María Dolores de Cos-pedal, secretaria general del Partido Populary presidenta de Castilla-La Mancha, por su-puesta vulneración del derecho al honor. Elmotivo más evidente es que en el informeAmnistía a la destrucción, subtitulado Una


El pasado 9 de mayo, un activista de Greenpeace conseguía subir al tejado del Congreso exhibiendo: “El PP vende nuestra costa”.GREENPEACE

Greenpeace, demandado por Cospedal por vulneración del honor.EUROPA PRESS


investigación sobre los intereses privados de-trás de la reforma de la Ley de Costas de laONG se menciona a su marido, Ignacio Ló-pez del Hierro.

La denuncia, redactada por los serviciosjurídicos de la Junta de Castilla-La Man-cha, se interponía por “vincular, en el do-cumento titulado Amnistía a la destrucción,aspectos de su intimidad personal con unasupuesta red de intereses que habría in-fluido en la redacción de la reforma de leyde costas, impulsada por el ministerio deAgricultura”.

Cospedal también apuntaba contra losmedios de comunicación, ya que, “ademásde la falsedad de las supuestas conexionesde la presidenta con la modificación de di-cha normativa, éstas han sido recogidas pordiferentes medios de comunicación. Esa di-fusión ha aumentado los perjuicios contrasu persona. Por ello, la presidenta ha ejer-cido su derecho de rectificación en dichosmedios. Les ha advertido de que si perse-

veran en la publicación de esas informa-ciones que atentan contra su honor tambiénserán objeto de la interposición de la per-tinente demanda”.

Greenpeace reaccionaba públicamente através de su abogado en este caso, José Ma-nuel Marraco, que avanzaba cuál va a ser lalínea de su defensa ante esta querella: “Conel informe sobre la reforma de la Ley de Cos-tas, Greenpeace está defendiendo el dere-cho al medio ambiente que figura en el ar-tículo 45 de la Constitución en el marco desus fines, ejercitando el derecho fundamen-tal a la libertad de expresión que recoge elartículo 20 de nuestra Carta Magna”.

La oposición de Greenpeace a la nueva nor-ma, además de un intenso trabajo ante las ins-tituciones, incluida la presentación de unascompletísimas alegaciones –todas ellas re-chazadas por el ministerio del ramo en su es-crito de contestación–, también ha contadocon acciones espectaculares marca de la ca-sa, como la llevada a cabo el pasado 9 de ma-yo, cuando ocho activistas de la ONG se pre-sentaban ante la fachada del Congreso de losDiputados, coincidiendo con el debate de lasenmiendas introducidas en el Senado. Unode ellos conseguía escalar hasta el tejado ydesplegaba una pancarta con el lema: “El PPvende nuestra costa”.

Todos ellos, sin oponer resistencia, erandetenidos casi de inmediato, y puestos a dis-posición judicial. El juez de guardia en laAudiencia Nacional –se les había acusadode un acto de fuerza contra instituciones delEstado, un delito grave que compete a estainstancia judicial–, Javier Gómez Bermúdez,los ponía en libertad esa misma tarde. l


El caso del hotel El Algarrobico,situado en una de las playas de Car-boneras (Almería), ha encarnadodesde hace años el símbolo de la lu-cha de las organizaciones ecologis-tas por la preservación del litoral es-pañol de los excesos de la especu-lación inmobiliaria y hostelera.

Pese a que existe una sentenciafirme de 2006 que decidía el derri-bo de esta construcción de 14 plan-tas –que nunca ha llegado a entraren funcionamiento–, esta mole deladrillo y hormigón todavía sigue enpie. La razón de la sentencia estri-ba en que el establecimiento hote-lero, dentro del Parque Natural Ca-bo de Gata-Níjar, invade una pro-tección de servidumbre.

Pese a los deseos manifestadosen innumerables ocasiones por elConsistorio local de que el edificiosea amnistiado, todo indica que nisiquiera este radical cambio legis-lativo va a poder evitar el derribo deesta construcción.

Así, al menos, lo daba a entenderel secretario de Estado de MedioAmbiente, Federico Ramos, cuando

explicaba que la reducción de la pro-tección de 100 a 20 metros en la zo-na de servidumbre se aplicará tansólo en los casos de construccioneslevantadas antes de 1988 que nopudieron regularse con la Ley deCostas vigente, aprobada en 1988.

Con la nueva redacción, las cons-trucciones levantadas después de1988 en los 100 metros de la zona

de servidumbre seguirán serán sien-do ilegales.

El Ayuntamiento de Carbonerasha expresado su preferencia por evi-tar la demolición ya sentenciada,aunque el uso del edificio no sea eldel hotel inicialmente concebido,“aunque sea para una residencia deancianos, y que se dedique unaplanta a un museo medioambien-tal”, según explicaba el alcalde, Sal-vador Hernández. Pese a que ya sehan producido varias sentencias fir-mes en su contra, todavía queda unfleco. El Tribunal Superior de Justi-cia de Andalucía debe decidir sobrela licencia de obras, en otro proce-so iniciado paralelamente.

Aun así, se da por segura la en-trada de las excavadoras, eso sí, conun coste aproximado de siete mi-llones de euros que habrán de apor-tar solidariamente el Gobierno cen-tral y la Junta de Andalucía, tal y co-mo ambas partes suscribieron en unconvenio que firmado en noviembrede 2011, todavía con el Partido So-cialista en el poder.

El Algarrobicono se salva nipor éstas

El hotel almeriense sigue siendo ilegal por estar en los 100 metros de la zona de servidumbre.

Greenpeace sospechaque el Gobierno quiere vender la

costa al mejor postor



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