datos del estado de guatemala 2015
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El Caso de «La Línea» es un caso de corrupción en Guatemala que se inició el 16 de abril de 2015 cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) involucró a varios altos funcionarios del gobierno del general retiradoOtto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT) en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano.1 Cuando la situación ya era difícil para el gobierno de Pérez Molina pues ya había renunciado la vicepresidente Roxana Baldetti y se estaban efectuando marchas multitudinarias de las clases medias y de los campesinos guatemaltecos exigiendo su renuncia y la del sustituto de Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, el 20 de mayo de 2015 la CICIGy el Ministerio Público guatemalteco hicieron público un nuevo caso de corrupción a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); los miembros de la Junta Directiva del IGSS fueron conducidos a prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos. La empresa no tenía la infraestructura adecuada para el tratamiento y el IGSS había tenido que rescindir el contrato el 13 de mayo porque había decenas de pacientes con peritonitis y más de diez fallecidos.
Índice
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1 Reseña histórica 2 Antecedentes
o 2.1 El «Sindicato» y la «Cofradía»
o 2.2 Red Moreno de contrabando
o 2.3 Fundación del Partido Patriota
o 2.4 Partido Patriota en la oposición
o 2.5 Gobierno del Partido Patriota
3 Investigación
o 3.1 Involucrados
3.1.1 Supuesto cabecilla: Juan Carlos Monzón
o 3.2 «El Presidente» y «la señora»
o 3.3 Lo que encontró la investigación de la CICIG
4 Capturas
o 4.1 Medida sustitutiva para algunos cabecillas
o 4.2 Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato
o 4.3 Recapturan a cabecillas
o 4.4 Interpol en busca de Luis Mendizábal
o 4.5 Caso IGSS-Pisa
5 Reacciones
o 5.1 Mayo de 2015
6 Consecuencias
o 6.1 Abril de 2015
o 6.2 Mayo de 2015
o 6.3 Junio de 2015
6.3.1 Jornada del 3 de junio
6.3.2 Jornada del 5 de junio (Viernes gris)
7 Cronología del caso
o 7.1 Antecedentes
o 7.2 Abril de 2015
o 7.3 Mayo de 2015
o 7.4 Junio de 2015
8 Véase también
9 Notas y referencias
o 9.1 Notas
o 9.2 Referencias
10 Lectura recomendada
o 10.1 ¿Quiénes usaban los servicios de La Línea ?
o 10.2 «Bufete de la Impunidad»
o 10.3 Caso IGSS-PISA
o 10.4 Cómo funcionaba La Línea
o 10.5 Gobierno del Partido Patriota
o 10.6 Familia Stalling
o 10.7 Manifestaciones pacíficas
o 10.8 Postura de pueblos indígenas
o 10.9 Rol del gobierno de los Estados Unidos
o 10.10 Roxana Baldetti
o 10.11 Terna para Vicepresidente electo el 16 de mayo
o 10.12 Grupos en Facebook
o 10.13 Actualiaciones en Twitter
Reseña histórica[editar]
Al momento de descubrirse el caso, Monzón se encontraba en Seúl, Corea del Sur, acompañando por la vicepresidente Roxana Baldetti -a quien le fue conferido un doctoradohonoris causa en esa ciudad por su trabajo social-. Cuando se enteró de los cargos contra él, Monzón emprendió la fuga viajando a España, Colombia y, finalmente, aHonduras; otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días debido a una medida sustitutiva que les otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalling,2 aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente para impugnar dicha medida.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figuras de Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidente el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Aún cuando el presidente solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017 como resultado de estas protestas, la presión sobre el gobierno no se aplacó porque ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el actual gobierno y hacia los partidos políticos del país. El lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala aunque el 53% de la población esté por debajo de la línea de pobreza y existan agudos problemas -de ignorancia,racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada, y sobre todo impunidad-3 que tengan a la población a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva.3 Por otro lado, aunque no haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupada la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a éstos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el gobierno y en especial hacia la
vicepresidente, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015,4 aunque muchos consideran que existe corrupción generalizada en el país desde hace décadas y que eso es lo que se debería afrontar.3
Se denuncia que en el sistema político existe un grupo de personas a quienes les resulta más barato utilizar los servicios de estructuras como La Línea que realizar los pagos legales que deberían hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban los políticos corruptos, y por lo tanto, prefieren robárselos ellos a cambio de darles una parte al gobierno. Esta corrupción llevaría a los empréstitos con intereses onerosos y a las medidas de austeridad que el gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con sus obligaciones por la falta de recaudación eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de la población.5
El 20 de mayo se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala(CSJ), Blanca Stalling -que ya ha sido involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea. Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.6 Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el quince por ciento del total del monto del contrato, el cual asciende a los ciento dieciséis millones de quetzales.6
Antecedentes[editar]
El «Sindicato» y la «Cofradía»[editar]
En la década de 1970, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldoa —yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio— crearon una poderosa organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala que el ejército de Guatemala estableció para detectar el tráfico de armas y municiones destinadas a grupos guerrilleros durante la Guerra Civil de Guatemala.1 Luego de debilitar a la guerrilla, la estructura habría servido para llevar a cabo operaciones de contrabando y otras actividades ilícitas,1 dando origen a dos grupos: el «Sindicato» y la «Cofradía».7
Red Moreno de contrabando[editar]Artículo principal: Caso Moreno en Guatemala
Véanse también: Álvaro Arzú y Alfonso Portillo.
En el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) la red de contrabando fue atacada cuando el Ministerio Público encontró evidencia que implicó a varios militares de alto rango, dentro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel Salán Sánchez, el general Efraín Ríos Montt, el coronel Napoleón Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong. También estaría involucrado Alfonso Portillo, candidato presidencial del FRG en las elecciones de 1996 y 2000,1 quien el 16 de septiembre de 1996 admitió haber recibido de Moreno setenta mil quetzales para su campaña política.1
La red de contrabando según los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, controlaba el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores, los que luego eran devueltos al propietario después de pagar una suma de dinero. Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ejército y el Ministerio Público.1 Luego de la victoria del FRG en 2000, el nuevo fiscal general, Rodolfo González Rodas, decidió suprimir la unidad de casos especiales que se había estado encargando del caso de Moreno y que había investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt. En 2001 Moreno pagó un un millón de quetzales como fianza y fue dejado en libertad.
Fundación del Partido Patriota[editar]
El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio de 2002 por el general Otto Pérez Molina, la comunicadora Roxana Baldetti y el empresario Alejandro Sinibaldi y tuvo un meteórico ascenso al poder en 2004 cuando apoyó la candidatura de Óscar Berger Perdomo. A cambio del apoyo obtuvo cuatro oficinas: el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Dirección General de Migraciones, la Dirección General de Aduanas y la Portuaria.8
Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logró llegar a la segunda vuelta electoral en 2007, pero perdió contra Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En esa oportunidad, Pérez Molina dijo al entonces embajador estadounidense James Derham el 18 de septiembre de 2007 que había recibido dinero de las cuatro familias más ricas del país y reconoció que había tenido una relación con uno de los hermanos Mendoza, una estructura de narcotráfico desmantelada por la CICIG y el MP a finales de 2014.8
Partido Patriota en la oposición[editar]
Roxana Baldetti -quien fueraVicepresidente de Guatemala del 15 de enero de 2012 al 8 de
mayo de 2015-, durante un mítin político en 2007. En 2008, obligó al entonces presidente
del Congreso de Guatemala a renunciar porque el secretario de éste habría malversado
fondos de esa entidad.9
El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el principal de la oposición, aseguró que el presidente del Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la oficial Unidad Nacional de la Esperanza era el responsable de la transferencia anómala hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF), de unos 11,14 millones de dólares de los fondos del Congreso. Según la diputada del PP Roxana Baldetti, Meyer «debe responder por ese desvío», ya que, «aunque diga que él no trasladó los recursos, sí contrató a quienes lo hicieron».9 Los recursos fueron desviados en febrero pasado por el entonces secretario privado de la Presidencia del Parlamento, Byron Sánchez, al parecer sin el consentimiento de la directiva del organismo. El escándalo no estalló hasta el 4 de junio, cuando Meyer lo divulgó debido a las presiones políticas y Sánchez fue destituido.
Después de una oposición populista que bloqueó cualquier iniciativa del gobierno de Colom, el Partido Patriota ganó la Presidencia en 2011. La propaganda publicitaria lo presentó como un partido de militares institucionales, que rescatarían la solidez del Estado.8 El 3 de noviembre de se mismo año, la codirectora del rotativo ElPeriódico, Sylvia Gereda renunció a ese medio tras indicar que lo hacía porque el candidato vencido en las elecciones, Manuel Baldizón, había adquirido una gran parte de las acciones del periódico.10 A partir de entonces, ElPeriódicoha sido uno de los medios más críticos del régimen del Partido Patriota.
Gobierno del Partido Patriota[editar]
General retirado Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2012.
Al llegar al poder, el gobierno de Pérez Molina privatizó la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla el miércoles de la primera Semana Santaque pasaron como gobernantes. Después, Baldetti colocó a Claudia Méndez Asencio como intendente de Aduanas en la SAT. Conforme avanzaba su gobierno, Pérez Molina intervino de facto la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT) y colocó a militares en las aduanas, aduciendo que era para aumentar la recaudación y frenar el contrabando.8 Posteriormente, el gobierno de
Pérez Molina quiso privatizar la recaudación en las aduanas contratando a una empresa argentina, pero la oposición ciudadana los frenó.8
Cuando el PP tomó las riendas del gobierno, en 2012, la presencia de Baldetti Elías reafirmó el papel de poder del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldoa en Guatemala, dada la cercanía entre ambos y que se consolidó durante el gobierno de Jorge Serrano Elías.7Considerado como el heredero del liderazgo en la corriente militar conocida como la «Cofradía», Ortega Menaldo operaría tras bambalinas los hilos de la política nacional, algo que no ha sido demostrado aún pero que se rumora persistentemente en el país.7 Así pues, las dos figuras emblemáticas en el actual gobierno -Pérez Molina y Baldetti Elías- resultarían de la alianza entre las dos principales corrientes militares surgidas durante la Guerra Civil de Guatemala: el «Sindicato» y la «Cofradía». Pero la aparición de Luis Mendizábal -propietario de la Boutique Emilio- según la investigación de la CICIG, confirmó cómo la tercera corriente del ejército también se posicionó dentro del gobierno: la del general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, un general de la Fuerza Aérea, quien se posicionó durante el gobierno de Alvaro Arzú para desplazar a las otras dos durante el período que duró esa administración. Por su parte, el comerciante y miembro de la comunidad de inteligencia Luis Mendizábal es una figura que aparece en momentos coyunturales de la historia de Guatemala desde el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.7
El gobierno del Partido Patriota ha pasado por una constante crisis de recaudación fiscal desde 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudación acordadas entre la SAT y el gobierno. La recaudación en las aduanas bajó en 2013 de Q 15.8 millardos a Q 15.3 millardos, y se desaceleró en 2014; lo mismo sucedió con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones. Las brechas fiscales en estos años ascienden a unos Q 7 mil millones, que han sido suplidos mediante la emisión de bonos del tesoro y la contratación de préstamos, incrementando la deuda pública. La crisis financiera llevó al gobierno a contemplar la creación de nuevos impuestos a la telefonía, cemento y actividades mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.11
En septiembre de 2014 el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en prisión desde hacía quince años en la cárcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del obispoJuan José Gerardi, fue capturado cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala descubrió que controlaba dicha prisión y que tenía prácticamente el control del sistema penitenciario de Guatemala.12 Las investigacione demostraron que Lima Oliva entraba y salía a su antojo en vehículos blindados y con escolta; cuando fue capturado y llevado a la torre de tribunales para declarar junto con el director de presidios -Edgar Josué Camargo- y otros capturados dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto Pérez Molina. La CICIG informó que Lima Oliva habría creado un imperio de varios millones de dólares por dedicarse al control de la prisión y cobrar hasta doce mil dólares por la venta de traslados de prisión.12 No era la primera vez que lo capturaban por estar involucrado en actos ilícitos: en febrero de 2013 fue capturado afuera de la cárcel cuando iba en un vehículo blindado y con escolta.12
En abril de 2015, en el gobierno guatemalteco se discutía solicitar a la Organización de las Naciones Unidas una prórroga de dos años al mandato de la CICIG.13
Investigación[editar]
De acuerdo al presidente Otto Pérez Molina, él pidió no incluir a Baldetti en la investigación, ya que ambos solicitaron a la CICIG investigar este caso, y además explicó que ellos ya conocían sobre los avances del trabajo de la Comisión.14
Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con conocimientos y muy preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasión tributaria y aduanera denominada «La Línea», en la que según las investigaciones de la Comisión Inter nacional Contra la Impunidad en Guatemala , está involucrado el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, Omar Franco, quién junto a otras diecinueve personas fue capturado el 16 de abril de 2015.15
Involucrados[editar]
Un total de veintitrés operativos en los que se realizaron veinticuatro allanamientos y para los cuales participaron doscientos cincuenta agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y de la CICIG, dio como resultado la captura de veinte personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos empresarios y tramitadores.15 Desde tempranas horas del día fueron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del país, con la finalidad de ejecutar las respectivas órdenes de captura contra los involucrados.15
Las personas capturadas fueron:
Personal de la SAT: Álvaro Omar Franco Chacón, superintendente de la SAT; Sebastián Herrera Carrera, jefe de recursos humanos; Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT; Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central; Gustavo Morales Pinzón, jefe de división región sur; José Rolando Gil Monterroso; Melvin Gudiel Alvarado, administrador y Carlos Enrique Muñoz Roldán, exsuperintendente de la SAT.
Red externa: Adolfo Sebastián Batz, Carlos Ixtuc Cuc, Geovanni Marroquín Navas, Julio César Aldana Sosa, Mónica Patricia Jáuregui, Salvador Estuardo González, Osama Ezzat Aziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Julio Estuardo González de León, Herbert Francisco Cabrera, Miguel Ángel Lemus Aldana, todos sindicados por los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero y caso especial de contrabando aduanero.15
Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tenía con una red de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban los medios para que pagaran menos impuestos. Según Velásquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefónico, conocido como «La Línea», el cual era proporcionado a los importadores. «La Línea» operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.15
La CICIG explicó que las investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios públicos en complicidad con los tramitadores, logrando diseñar una tabla paralela conteniendo los parámetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue así, que a partir del análisis de la información se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y respondían de manera jerárquica con otro grupo de individuos que no formaban parte de la SAT, pero accionaba generando influencia en las estructuras internas de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes irregulares y realizaran el cobro de la cola o soborno.15
Asimismo, se estableció que los mandos medios de la estructura obedecían a otro grupo de individuos, encargados de tomar las decisiones específicas, tales como dar autorizaciones y facilitar la influencia jerárquica para que la estructura externa media tuviese el control “real” de la SAT en relación a la recaudación aduanera, así como para autorizar el ingreso de nuevos miembros a la estructura paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT. Entre las personas externas a la SAT están: Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González Álvarez, representante de un consorcio de medios de comunicación de Guatemala. Así también, se estableció que las reuniones donde coordinaban los ilícitos eran realizadas en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Luis Mendizábal.15
La CICIG detalló que la investigación tuvo una duración de ocho meses de seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron más de sesenta y seis mil llamadas telefónicas y más de seis mil comunicaciones electrónicas. Asimismo, invirtieron más de cuatro meses en el análisis e interpretación de la información recolectada, y expertos financieros colaboraron en el cotejo y análisis de varios documentos.15 Aunque no se precisó una suma exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG afirmó que la estructura cobraba entre veinte mil y cien mil quetzales por contenedor que se comunicaba a «La Línea».15 Finalmente, manifestó que tras escuchas telefónicas lograron comprobar que del cuarenta por ciento de los impuestos recaudados por la SAT, el treinta por ciento provenía de sobornos a empresas, para no pagar impuestos. Dicha estructura recibió más de Q2 millones semanales producto de los diferentes cobros ilegales.16
Más de mil empresas y empresarios habrían hecho uso de «La Línea» para evadir impuestos, lo que también se investiga.17
El 20 de abril, la fiscalía expuso ante la jueza Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra de Stalling, que en menos de un año –entre mayo de 2014 y abril 2015– los
miembros de la banda de defraudación aduanera «La Línea» se habrían agenciado cuantiosas sumas de dinero, al extremo que los de «alto rango» recibieron aproximadamente cuarenta millones de quetzales, los de «mediano rango» entre quince y veinte millones, y los «de menor rango» no menos de trescientos treinta mil.18 En quince días, los «mandos altos» habrían recibido dos millones y el aporte semanal más pequeño habría ascendido como a siete mil quinientos.18 Entre los mandos altos –según el Ministerio Público– estarían Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, los exsuperintendentes Álvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muñoz; Sebastián Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier Ortiz, Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo González de León y Miguel Ángel Lemus Aldana.18
De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Público –con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala– sindicó a Muñoz de haber recibido el 5 por ciento de lo obtenido por la banda delictiva durante su gestión al frente de la SAT. Esta tarde la defensa argumentó por sus patrocinados, mientras –se informó– la jueza podría declarar en rebeldía a Juan Carlos Monzón Rojas.18
A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio César Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Maldonado García y Adolfo Sebastián Batz. De la totalidad de encartados, únicamente cuatro estuvieron dispuestos a prestar declaración judicial, ya que los restantes –incluidos los exsuperintendentes– se negaron.18
El funcionamiento y la estructura de la red de contrabando aparecen explicados en este enlace externo.
Supuesto cabecilla: Juan Carlos Monzón[editar]
El acusado de ser el líder de la banda, Juan Carlos Monzón Rojas, estaría vinculado a una empresa panameña registrada bajo el nombre de Edengrove International, que habría sido creada en abril de 2011, de acuerdo con los datos del Registro Público de Panamá. En mayo de dicho año se inscribió en el Registro Mercantil de Guatemala.19 El director de la empresa es Víctor Hugo Hernández, quien es socio fundador de Inversiones y Proyectos Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013 compraron el cincuenta y ocho por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y Al Día, por veinte millones de quetzales.19 Estuardo González, presidente de Corporación de Noticias, es también acusado de participar en «La Línea».19 Por otra parte, en diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeriódico publicó que Monzón habría adquirido una residencia en una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de US$850,000.20
El 22 de abril de supo que la empresa de Monzón Rojas, Canchas Deportivas, S.A., había recibo trece contactos de parte del gobierno por un monto de varios millones de quetzales;21 ahora bien, se explicó que la empresa ya estaba en operación desde 2007 y que desde entonces había recibido contratos, principalmente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y sus
afiliadas, y también se informó que Monzón Rojas no representaba a la empresa desde que asumió el cargo de secretario privado de la Vicepresidencia.21
Al ser imputado Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, los fiscales del MP presentaron una intercepción telefónica que lo involucra junto a un hombre que se identifica como Juan Carlos Monzón, que las autoridades suponen es el exsecretario privado de la Vicepresidencia, considerado el cabecilla de dicha estructura. En la escucha telefónica entre Monzón y Muñoz se habla sobre algunos cambios en la institución.22 También Monzón le pide a Muñoz que la «R» vaya para arriba; las autoridades no tienen claro a qué se referían con este código.22
Este no sería el primer arresto de Monzón; en 2001 fue capturado acusado de robar autos. Al ser capturado, le decomisaron una pistola calibre 3.80 marca Warning; fue apresado junto con José Alfredo Moreno Serrano, Mario René Orellana Boche y Byron Marlon Moreno Molina, quienes eran familiares de Alfredo Moreno Molina, el capo del contrabando, quien estaba siendo juzgado por haber evadido el pago de más de sesenta millones de quetzales en impuestos con el apoyo de una red integrada por militares.23Monzón resultó herido de bala en la espalda y fue llevado a la emergencia de un hospital público donde quedó bajo custodia. Los supuestos asaltantes fueron procesados por robo agravado y atentado, así como por pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de haber sido acusados de que fueron capturados en flagrante delito, fueron beneficiados con arresto domiciliario y prohibición de salir del país; a Monzón Rojas se le impuso una caución económica de veinticinco mil quetzales. El 17 de octubre de 2001, los fiscales del Ministerio Público (MP) solicitaron el cierre provisional del caso, a pesar de que todos los oficiales de la unidad policiaca que los capturó habían declarado en su contra.23 El 6 de noviembre le fueron devueltos los Q25 mil de la fianza a Monzón Rojas y su vehículo. Y el 5 de febrero de 2002, la Dirección General de Migración levantó los arraigos. Las armas les fueron devueltas con la condición de presentarlas a inspección si se los requerían. Cinco años después de ocurridos los hechos, los abogados de Monzón Rojas se presentaron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo Medina Méndez, para solicitar el sobreseimiento del proceso; tras analizar el caso, el juez decidió otorgar el sobreseimiento final el 11 de enero de 2007.23 Tras ser entrevistados sobre el pasado de Monzón, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que conocía su historia con la PNC y que incluso había visto su cicatriz en la espalda. El presidente Otto Pérez dijo que habían hecho su propia investigación y que Monzón estaba limpio. Monzón Rojas alegó que todo fue una manipulación para involucrarlo.23
Aunque fuentes oficiales señalaban que Baldetti no volvió hasta el sábado 18 de abril a Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que demuestran que Baldetti arribó al país el viernes 17 de abril.24 La vicemandataria arribó en un vuelo privado, según los registros migratorios, presentados por el propio vocero presidencial Jorge Ortega, el mismo que el pasado sábado en declaraciones públicas dijo que la funcionaria aún no regresaba de su viaje y no había una fecha programada.24 Estas declaraciones evidenciaron
que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde la acompañó Juan Carlos Monzón.24
El 30 de abril, la fiscalía guatemalteca anunció que ofrecía una recompensa de cien mil quetzales a cambio de información sobre el paradero de Monzón.25
«El Presidente» y «la señora»[editar]
En la audiencia del viernes 17 de abril fue presentada una escucha telefónica en donde dos de los involucrados en la estructura se refieren a una tercera persona como «El Presidente», sin definir su identidad, quien les ordenó abrir cuatro cuentas bancarias argumentando que CICIG tiene mucha información.22 Aparte de «El Presidente», se escuchó también los sobrenombres de «La Señora», «La R», y «La 2», quien según las escuchas, movió las piezas en la SAT y ordenó cambios a la banda de defraudación porque la CICIG ya tenía alguna información sobre la misma.22 Se sospecha que estos sobrenombres hacen referencia a Pérez Molina y a Baldetti, a pesar de que la CICIG no presentó cargos contra ninguno de los dos y el Ministerio Público fue enfático en señalar que ninguno de los dos estaba involucrado en la red de contrabando.
El lunes 11 de mayo, Baldetti dijo que la «La Señora», «La R», y «La 2», podría ser la primera dama de Guatemala, Rosa María Leal de Pérez. Otto Pérez en la conferencia dada el mismo día, dijo que la señora Pérez no tenía nada que ver con este tipo de estructuras.
Lo que encontró la investigación de la CICIG[editar]
De acuerdo a un informe de la CICIG presentado por Plaza Pública26 , una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que despertó un importador cuyo flujo de ingresos de mercadería resultaba sospechoso; se trataba del ciudadano chino Miao Miao -alias Erick- quien el 8 de mayo de 2014 preguntó por teléfono por los precios para el ingreso de mercancías a una persona externa a la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT). En ese momento los investigadores aún no lo sabían, pero el contacto de Miao Miao era Julio César Aldana Sosa, encargado externo de la estructura de contrabando en Puerto Quetzal y responsable de la coordinación de los cobros, según la fiscalía.26 Después de la conversación con Miao Miao, los investigadores intervenieron su línea telefónica; en una llamada a su banco, Aldana entregó toda su información. Sin pertenecer a la SAT, Aldana era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o delegaba la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en el papel, aparecía como un importador y tenía registradas a su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusalén, e Importadora y Exportadora Gecko.26
La fiscalía decidió rastrear los correos electrónicos; Aldana enviaba sus datos de contacto por teléfono a nuevos clientes. Al primero de estos correos se accedió cuando la esposa de Aldana, Mónica Patricia Jáuregui Zamora, también procesada por el caso, le dio la clave del correo a otro colaborador por teléfono. En estas comunicaciones los clientes le enviaban los documentos con valores alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar sus
productos; los documentos incluían declaraciones de mercancías, conocimientos de embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y facturas comerciales. Todos estos documentos permitían una rebaja en el pago de impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo sabían. El listado de precios que intermediaros externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba basado en el Código Arancelario Centroamericano.26
Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaron que éstos se encargaban del primer contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y la SAT. La red que finalizaba con los vistas, incluía, según la investigación, al menos veintiocho funcionarios de la SAT: entre ellos, el secretario general del sindicato de esa institución, el gerente de Recursos Humanos, el jefe de la División Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro coordinadores de aduanas, y catorce técnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes detenidos, Carlos Muñoz Roldán y Omar Franco. Toda la red estaba distribuida entre las oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de La Línea, participaron hasta sesenta y cuatro personas en la operación.26
Poco a poco, las escuchas telefónicas y los seguimientos policiales de reuniones de integrantes de la red en restaurantes de comida rápida para el intercambio de bolsas donde se presume había dinero, fueron mostrando el grado de permeabilidad de la SAT: los técnicos de aduanas respondían a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas, que están bajo la responsabilidad del Jefe de División Región Sur. Las órdenes no provenían sólo de los trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente de Recursos Humanos de la SAT, Sebastián Herrera Carrera, y Mynor Humberto Pineda Castellón, el financiero de la estructura, reveló cómo el gerente de Recursos Humanos movía a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony Segura Franco, secretario general del Sindicato de SAT, se ocupaba, según la acusación, de cobrar para asegurar que no hubiera ningún pronunciamiento sindical por cualquier cambio.26 Pero, según la fiscalía, no todo era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos técnicos aduaneros continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores.26
Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y en una reunión en un restaurante de la zona 16 lograron determinar que se reunía con otros miembros de la red: Byron Izquierdo, Byron Leonel Linares, técnico de aduanas de Puerto Quetzal, el coordinador de esa misma aduana, Manuel Alejandro Recinos Morales y el jefe externo de la red: Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen palestino, de 47 años, propietario de las empresas individuales Almacén Río Jordán, Distribuidora Río Jordán, y Karina. Osama -alias Óscar, Olga, o el Árabe- poseía también la importadora Universal Baby’s y un importante nexo con otros clientes de la red.26
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaños en una reunión con varios integrantes de la red, recibió la visita de alguien denominado en las escuchas como «Eco», quien llegó en un picop de matrícula registrada a nombre
de Corporación de Noticias, S.A., la casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día, a quien pronto identificaron como Salvador Estuardo González Álvarez, representante legal y presidente de la corporación. «Eco» llevaría a la fiscalía ante un jefe superior, un personaje nombrado en las escuchas como «JC» o «el Moreno».26 El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial reveló la identidad del «JC», «J2» o «el Moreno» al que se referían las llamadas de días antes; JC era quien controlaba «La Línea», y quien controlaba La Línea tenía el control de la SAT. En el seguimiento policial de ese día Eco tenía una reunión con «JC» en el vestíbulo de un hotel de la zona 7 de la ciudad. JC resultó ser Juan Carlos Monzón Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldetti.26 En aquella reunión se decidió sustituir a Osama por Byron Izquierdo como la nueva cabeza del grupo externo de la red;26 aunque Izquierdo no duraría mucho al frente ya que el 1 de octubre de 2014 el financiero Pineda le anunció al operativo Aldana la llegada de Javier Ortiz Arreaga -el «teniente Jerez»- a la estructura.26
La salida de Osama en agosto y el nombramiento del «Teniente Jerez» como nuevo dirigente apenas mes y medio después, hacia finales de septiembre, no obedecieron sólo a los descontentos internos sino a las instrucciones de un personaje referido como «El Presidente» para instaurar un mejor control en la red de contrabando. Entre julio y agosto aparecieron más menciones veladas a cuidar las comunicaciones telefónicas, a cambiar cada tanto el chip de los teléfonos, a tener cuidado porque «las cinco letras» -las cinco letras: C-I-C-I-G - estaban investigado.26 Para entonces, Ortiz también estaba siendo grabado y había incorporado a la estructura a dos encargados de finanzas: Miguel Ángel Lemus y Roberto Antonio Ramírez.26 Pero pese a ello, Estuardo González no había sido reemplazado ya que su posición, vinculada directamente con Juan Carlos Monzón, seguía siendo privilegiada.26
En esta etapa, que la investigación de CICIG denomina «de transición», en octubre de 2014 aparece por primera vez la Boutique «Emilio», propiedad de Luis Mendizábal, como el centro de operaciones de la red criminal. La sastrería, también conocida como «la Oficinita», era un lugar con cierta fama en los círculos políticos y de inteligencia no solanebte porque hace unas décadas se había erigido en el único lugar en el que comprar ropa para caballeros, y al que acudían políticos de cierto renombre, sino porque allí operaba su dueño, experto en asesorías en materia de inteligencia. Un lugar donde además en 2008 se gestó el célebre video del abogado Rodrigo Rosenberg contra el gobierno de Álvaro Colom.26 Para el caso «La Línea», la boutique Emilio es clave por constituirse en su principal centro logístico a partir de octubre. Entre las primeras cosas que se tramaron allí estuvo la destitución de Carlos Muñoz Roldán como Superintendente de la SAT; según coligieron los investigadores, con esa operación lograban un control aún más directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de la institución.26
Carlos Muñoz Roldán -alias «el inútil», era el máximo encargado de «no ver, no oír y no hablar» de lo que ocurría en las aduanas; fue electo por el presidente Otto Pérez Molina, el 23 de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el Directorio de la SAT. Las escuchas sugieren que ese silencio tenía como precio el cinco por
ciento de todo lo recaudado por el pago irregular realizado a la estructura de La Línea. El entonces Intendente de Recaudación y Gestión, Álvaro Omar Franco Chacón, se quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir sólo «ciento treinta y cinco mil pesitos» por su colaboración. 26 La gestión de Muñoz fue muy criticada: hubo acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudación fiscal de 2013 y 2014, pero sobre todo, fue señalado por su intento de subcontratar a la empresa argentina Kolektor, que pretendía terciarizar los servicios de recaudación. Con un plan para acumular señalamientos en contra de Muñoz que permitieran al presidente Otto Pérez Molina justificar la destitución del Superintendente, varios oponentes de Muñoz se confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT y quien manejó el plan; el 21 de noviembre apareció en Siglo21, diario de Corporación de Noticias -presidido por Salvador González- un campo pagado del sindicato de SAT con los señalamientos.26 Juan Carlos Monzón Rojas, llamó a Muñoz el 10 de noviembre de 2014 para asegurarle que seguiría al mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida delegando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.26
Geovani Marroquín, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba vincular de manera más directa al Intendente de Recaudación, Álvaro Omar Franco Chacón. Poco más de un mes después, el 27 de enero de 2015, Otto Pérez oficializaría el nombramiento de Franco. El vínculo entre Franco y «La Línea» era directo y se concretó un día después de su designación al frente de la SAT. La trama para la salida de Muñoz consolidó la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz, el «Teniente Jerez», y Miguel Ángel Lemus Aldana -alías Mike-, al frente de la estructura controladora de aduanas, con Geovani Marroquín como enlace con la dirigencia superior -Estuardo González, alias «Eco», y Juan Carlos Monzón Rojas como líder general de La Línea-, así como con las autoridades de la SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar Franco. Pero también fue el inicio del fin para la estructura: menos de tres meses después de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los primeros arrestos de personas vinculadas a la misma.26
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A., (Corpogold) habría sido utilizada para mover los sobornos de la estructura de defraudación aduanera; esa compañía estaba representada por un antiguo piloto de Francisco Javier Ortiz Arriaga -alias el «Teniente Jerez», Delfino de Jesús Moratalla Coloma. Corpogold fue constituida en junio de 2010 y los contratos millonarios llegaron en 2012, cuando inició la administración del presidente Otto Pérez Molina; las obras fueron adjudicadas por la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, dirigida por Francisco Javier Vásquez Montepeque, esposo de la diputada Floridalma Leiva -ambos del Partido Patriota.27 El MP y la CICIG sostienen que La Línea utilizó las cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores depositaran allí los cobros ilegales, denominados «cola». Los montos eran retirados un día después de que ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organización, de acuerdo con las pesquisas.27
Moratalla Coloma -prófugo desde el 16 de abril- era miembro activo de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en donde era un líder que le había dado trabajo a muchos miembros de la iglesia. De acuerdo con Adrián Yela Gómez, involucrado en el proceso y beneficiado con arresto domiciliario por problemas de salud y que trabajó en Goldcorp, Moratalla Coloma abrió diferentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa Patricia y otras a nombre de él, las que -de acuerdo al MP y la CICIG- habrían sido utilizadas por «La Línea».27
Capturas[editar]
Por este acto de corrupción fueron giradas 47 órdenes de captura, entre estas contra Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaración y el MP junto a la CICIG presenten medios de prueba para ligar a proceso a los sindicados.16 En la audiencia en que les hicieron saber los motivos de su aprehensión, les imputaron los delitos de asociación ilícita para el contrabando, contra bando aduanero y defrauda ción tributaria.16
El 20 de abril, Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz, los destituidos y capturados superintendentes de Administración Tributaria (SAT), se rehusaron a prestar primera declaración en el caso; también se negaron a declarar Gustavo Morales Pinzón, Salvador Estuardo González y Byron Izquierdo.28 Sin embargo, un técnico de la SAT, Giovanni Marroquín Navas, sí accedió a prestar su primera declaración y explicó que llegó a esa institución en 2014 cuando lo llamó el entonces superintendente Carlos Enrique Muñoz, para elaborar un proyecto que favoreciera la recaudación de tributos internos, no externos, relacionados al tema de aduanas. Según él, se presentó ese plan al presidente Otto Pérez Molina.28
Fecha de captura
Nombre Ocupación[Expandir]Cas
o
Medida sustitutiva para algunos cabecillas[editar]
El 21 de abril Salvador González Álvarez –alias «Eco»– y Francisco Javier Ortiz Arriaga –alias «Teniente Jerez»–, quienes según el Ministerio Público eran líderes dentro de la red de defraudación aduanera «La Línea», quedaron en libertad provisional por orden de la jueza Marta Sierra de Stalling;b la jueza octava de Instancia Penal determinó beneficiar en total a seis sindicados con libertad provisional.2 Ortiz Arriaga se había convertido en el enlace entre los líderes y el resto de la estructura, luego de un período de transición en 2014, cuando fueron alertados de las investigaciones de la CICIG por alguien denominado «El Presidente», de acuerdo a lo que evidencia una llamada telefónica interceptada.2 Dentro de las funciones del teniente Jerez, estaba la colocación y coordinación de miembros de la red en puestos importantes de la SAT; además, el procesado manejaba una cuenta bancaria donde se consignaban los sobornos
que se cobraba a importadores a cambio de la reducción de los aranceles que estipula la ley.c
Los otros tres beneficiados con libertad provisional fueron los colaboradores externos de la red Mónica Patricia Jáuregui Zamora y Miguel Ángel Lemus, y los vistas aduaneros José Rolando Gil y Carlos Ixtuc Cuc. Los seis beneficiados con medida sustitutiva tienen arresto domiciliar, prohibición de salir del país, prohibición para comunicarse entre ellos y deben firmar cada 15 días el libro de medida sustitutiva del juzgado. Para poder obtener la libertad, deberán pagar fianzas entre los doscientos mil y los doscientos cincuenta mil quetzales y el juzgado a cargo del caso dio a conocer que González Álvarez, Ortiz Arriaga y Jáuregui Zamora ya habían iniciado el proceso para cancelar la fianza ordenada.2 Luego de beneficiar con arresto domiciliario y pago de multa a seis de los implicados en el caso de corrupción, la jueza Marta Sierra de Stalling buscó separarse del caso solicitando el traslado del expediente a una judicatura de alto impacto.11
Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato[editar]
«La decisión de jueza no fue un producto del clamor popular ni reflexiones jurídicas, fue un simple acto de corrupción. El hecho de que los jueces vendan sus decisiones genera sentimientos de tristeza.»
—Iván VelásquezJefe de la CICIG
8 de mayo de 201533
El 8 de mayo de 2015, Iván Velásquez –jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– dio detalles junto al Ministerio Público guatemalteco de cómo los cabecillas de la estructura «La Línea» contactaron a un bufete de abogados –al que llamó «bufete de la impunidad»– para que tramitaran medidas sustitutivas con la jueza Marta Sierra de Stalling a través de sus contactos. Velásquez explicó con detalles cómo lograron establecer que Francisco Javier Ortiz –alias «Teniente Jerez»– se contactó con Luis Mendizábal para comenzar a buscar el dinero y a los abogados que tramitarían las acciones para dejarlos en libertad.33
El bufete era dirigido por el abogado José Arturo Morales Rodríguez –alias «Chepito»– quien fue capturado el 8 de mayo junto con dos de sus colaboradores. Velásquez informó que habló con el presidente Otto Pérez Molina para pedirle que como jefe de Estado realice las acciones necesarias para lograr la restauración de un ente de justicia autónomo.33 Finalmente, por dictar resoluciones contrarias a la ley y supuestamente haber recibido soborno, la CICIG en conjunto con el MP presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, señalada por cohecho pasivo y prevaricato.33
Recapturan a cabecillas[editar]
«Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por
José Arturo Morales Rodríguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes».
—Iván VelásquezJefe de la CICIG
8 de mayo de 201534
El 8 de mayo fueron recapturados y enviados a prisión preventiva, Francisco Javier Ortiz –alias «Teniente Jerez»–, Miguel Ángel Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez –alias «Eco»– quienes pagaron Q200 mil para recuperar su libertad, con la ayuda de un grupo de abogados contratados para la defensa del caso pero que negociaron la libertad condicional con la juzgadora, de acuerdo a lo relatado por el titular de la CICIG, Iván Velásquez.34 35
Velásquez explicó que la acusación de soborno se basa en una serie de escuchas telefónicas y documentos recopilados por el ente investigador, que dejaron en evidencia cómo allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abogados que le prestaron servicios no jurídicos para que el sindicado obtuviera beneficios de la jueza. Según Velásquez, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez,, Jorge Luis Escobar Gómez y Emilza Higueros, quienes contactaban a sus clientes y ofrecían abogados defensores con «contactos» en el Organismo Judicial.34 Asimismo, entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz Arriaga realizaron retiros de efectivo de una cuenta bancaria, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva; Velásquez explicó que en las conversaciones se dijo que necesitaban el dinero «de puro contadito» para las medidas sustitutivas.34 35
Interpol en busca de Luis Mendizábal[editar]Artículo principal: Luis Mendizábal
El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunció que giró una orden de captura internacional para Luis Mendizábal, quien ya tenía una orden de captura vigente en Guatemala por el delito de cohecho activo y es señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber tenido comunicación con los otros integrantes de la estructura. La CICIG lo acusó de haber sido quien se encargó de coordinar con el «bufete facilitador de impunidad», para lograr las supuestas negociaciones con la jueza Marta Sierra de Stalling, a fin de buscar medidas sustitutivas.36
Caso IGSS-Pisa[editar]Artículo principal: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
«Si presentamos a una persona como presunta responsable de un delito es porque hay material probatorio que respalda esa
afirmación.»
—Iván VelásquezComisionado de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemalatras conocer el fallo condenatorio contra los acusados del caso
IGSS-Pisa37
Entrada a las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Centro
Cívico de la Ciudad de Guatemala.
El 20 de mayo se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling -que ya ha sido involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea. Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.6 Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el quince por ciento del total del monto del contrato, el cual asciende a los ciento dieciséis millones dequetzales.6
Entre los miembros de la junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.6
Por la tarde del 20 de mayo se conoció que la jueza asignada al caso, Silvia Violeta de León Santos, fue señalada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en 2013 de pertenecer a un grupo que en ese momento denominón Jueces de la Impunidad, para quienes solicitó un antejuicio que permitiera el enjuiciamiento respecto. Sin embargo, ese procedimiento no prosperó porque la Corte Suprema de Justicia lo declaró improcedente.38
El 21 de mayo, el CACIF emitió otro comunicado en el que destacaba que sus representantes ante diversas entidades han sido siempre escogidos sobre la base de su comportamiento ético y buen desempeño y que por ello, Max Quirín estaba ya a disposición del Juez competente para poder aclarar su situación personal. En los mismos términos, la Cámara del Agro (CAMAGRO) se expresó en un comunicado del 22 de mayo, donde destaca los cargos que ostenta Max Quirín: presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCAA), en representación de Guatemala; representante de Guatemala ante la Organización Internacional del Café (OIC); director de la Asociación de Productores y Exportadores de Café (PROCAFE); y ser uno de los altos directivos de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), la cual también ha presidido. Además de reconocer la trayectoria profesional y honorabilidad de Quirín, la CAMAGRO pidió indicó que Quirín es una persona idónea para que se le beneficie con la aplicación de una de las medidas sustitutivas que la Ley contempla, en caso esté sujeto a algún proceso de investigación, cuando aún el empresario no brindaba declaración en la audiencia ni se conocían las pruebas de su detención.39 Finalmente, el 23 de mayo la Asociación de Exportadores de Café (ADEC) publica un comunicado dirigido a la opinión pública, que se refiere en términos parecidos a la trayectoria de Quirín. Los tres comunicados dejan claro que para esos sectores empresariales Quirín es inocente y piden al MP que se realice una investigación seria, responsable y a fondo para castigar a los efectivamente responsables de los hechos que se señalan.39
Reacciones[editar]
El jefe del Ejecutivo, general Otto Pérez Molina, indicó que solicitó a la CICIG no investigar a la vicepresidente y también negó que Monzón Rojas haya influido para nombrar a Omar Franco como superintendente de Administración Tributaria, pese a que la CICIG mencionó que el secretario privado de la Vicepresidenta prometió a Franco influir en su nombramiento.14 Ahora bien, en una entrevista del seis de enero de 2015 en el noticierio radial Emisoras Unidas, Pérez Molina había indicado que habían investigado el origen de las propiedades de Monzón Rojas, pero el 16 de abril mencionó que lo único que su gobierno hizo fue revisar la legalidad de los documentos que respaldan el millonario patrimonio de Monzón Rojas y no cómo lo había obtenido.14
Pérez Molina aseguró que no destituiría a la intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, pese a que fue durante su administración que la estructura
criminal «La Línea» pudo operar en las aduanas del país.14 El mandatario indicó que él y la Vicepresidenta, quien dirige la Comisión Contra el Contrabando, no sabían que Monzón era parte de una estructura criminal que robaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).14
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo que la desarticulación de la red criminal «La Línea» es una muestra del buen trabajo en conjunto con el Ejecutivo, el Ministerio Público y la CICIG. «Lo ocurrido no sé sí justifica o no la presencia de la CICIG en el país, pero sí muestra la necesidad de enfrentar la corrupción y que la CICIG es una buena herramienta para ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo», manifestó el embajador.14
El 17 de abril, el grupo de Facebook #RenunciaYa —en forma similar a lo hecho por los miembros del Partido Unionista para la manifestación de 11 de marzo de 1920 40 contra el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, pero aprovechando los avances tecnológicos del siglo XXI— hizo público un comunicado pidiendo que se hiciera una manifestación pacífica el sábado 25 de abril para exigir la renuncia del presidente y de la vicepresidente del país.41 Debido a los constantes rumores en las redes sociales, el grupo emitió un comunicado el 20 de abril en donde explicó que lo siguiente:41
Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo de Roxana Baldetti, y solicitar que el presidente Otto Pérez Molina renuncia a su derecho de antejuicio.
No había ninguna agrupación política ni de otra índole detrás de la invitación.
La solicitud estaba basada en la legalidad.
No estaban solicitando firmas para que nadie se aprovecha de ellas después.
No eligieron ningún color insignia.
No invitaron a ningún partido político y los organizadores no eran dirigentes ni políticos.
No va a haber marcha: sólo una manifestación en la Plaza de la Constitución.41
El 21 de abril, la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio —quien acababa de retornar de un congreso aduanero en Chile42 —, ofreció una conferencia de prensa desde la sede central de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).43 En la conferencia, Méndez señaló que conocia a Juan Carlos Monzón, pero desconocía sobre sus actos, y también indicó que cuando ingresó a la intendencia sabía que había irregularidades. En cuanto a Francisco Javier Ortiz —alias teniente Jerez— otro de los implicados en la red, indicó que no lo conocía. Cuando le preguntaron acerca de la investigación de la CICIG dijo que su función no es de investigación y que por eso la desconocía;
ahora bien, señaló que en 2014 se presentaron veinticuatro expedientes que tuvieron sanción administrativa, y nueve con sanción penal. En cuanto a su posible involucramiento con la red, indicó que no formaba parte de la estructura aunque ha recibido denuncias anóminas en las que le dicen que la estaban implicando y por esto ha solicitado por escrito seguridad para su persona.43 Claudia Méndez también reportó que había una estructura que funcionaba ilegarmente en Puerto Quetzal, la cual fue denunciada, pero fue desestimada por SAT. Finalmente, señaló que las soluciones de la problemática estaban a alto nivel: se necesitaba automatizar la información y presupuesto de las aduanas y consideraba que con ello un setenta y cinco por ciento del problema se resolvería.43 Finalmente, afirmó que para asumir el cargo fue evaluda por el presidente, la vicepresidente y Carlos Muñoz y que ya antes había trabajado en el sistema tributario, pero que había presentado su renuncia a Omar Franco porque nadie le pidió actual fuera de la ley, pero se dió cuenta de que había personal asignado a la Aduana Central que en realidad estaba en otra aduana y que el gerente de recursos humanos no tenía el control de los traslados.43 Indicó que esa problemática también existía en el Registro Nacional de Población -RENAP-, en la Dirección General de Migración, y en el Ministerio Público, entre otros.43
El 22 de abril por la tarde comenzó a circular en las redes sociales un anónimo muy haciendo un llamado para llevar a cabo un «plan B, #revoluciónya» para el 27 de abril. El «plan B» pidió a la población no enviar a sus hijos a clases el 27, porque Guatemala «a nivel nacional estará paralizada porque habrá una manifestación para pedir “la dimisión del cargo de Otto Pérez, Roxana Baldetti y la abolición del Congreso». El documento mencionaba la presencia de «comandantes de grupo» para manejar a los participantes, quienes deberían reunirse en grupos de cinco o diez, con los rostros cubiertos «si era necesario»44 y solicitaba colocar en las calles «cualquier objeto que obstruya el paso en un minuto o menos», «distraer con una llamadita falsa a la PNC» y «avanzar al Palacio Nacional y al Congreso a tomar el control, sin destruir la propiedad de nadie».44Finalizaba diciendo: «no te preocupes tanto por la PNC. Algunos saben y están a favor nuestro. (No todos)”.44 A pesar de todo, el supuesto plan B de este anónimo nunca se llevó a cabo y el 27 de abril transcurrió con normalidad en el país.
El 23 de abril, el Partido Guatemalteco del Trabajo —partido comunista de Guatemala— emitió un comunicado en que expresa que más allá de la corrupción encontrada en el equipo de gobierno, evidenciada por la captura de los personajes de la SAT y de los allegados a la Vicepresidente, existe un sistema de evasión en las aduanas que no ha sido atacado, al punto que no se conoció hasta el momento un solo nombre de empresarios que se beneficiaron de la red de fraude tributario.45
Mayo de 2015[editar]
El 1.º de mayo de 2015, Día Internacional del Trabajo, se publicó un documento que explica la situación que atravieza Guatemala luego de que se descubrió que se está investigando a los involucrados en «La Línea»; este documento indica que desde que el gobierno pasó a manos civiles en 1985, los cambios principales en
Guatemala fueron que a la gran mayoría de los movimientos indígenas y campesinos fueron convertidos en Organizaciones No-gubernamentales (ONGs), los sindicatos se plegaron a la política gubernamental y los ex guerrilleros se organizaron en partidos políticos de izquierdas sin mayor fuerza y la ciudadanía se convirtió en una masa de consumidores compulsivos, indiferentes con lo que ocurre con el gobierno.46 Tras comprobarse fechacientemente lo del robo sistemático en las aduanas del país -algo que se sospechaba y rumoraba desde hacía décadas- hubo movimientos espontáneos que se organizaron a través de las redes sociales -tal y como ocurrió en Egipto y en Grecia unos años atrás-46 y que dirigían su indignación hacia la clase política del país.
Ahora bien, el problema es que este movimiento social está solamente aglutinados por emociones molestias compartidas, e inició su articulación alrededor de demandas comunes, pero circunstanciales sin mayor proyección sociopolítica, ni prevención de posibles escenarios hipotéticos.46
«Hasta la fecha no hemos visto ni una sola acción de parte del Presidente para el combate de este flagelo.La actuación de los diputados en los últimos cuatro años ha sido ineficiente, irresponsable y contraria a los intereses de la población; por ello exigimos la aprobación urgente de modificaciones a las leyes relacionadas con temas de transparencia.»
—Jorge BrizPresidente del CACIF19 de mayo de 201547
El 19 de mayo, tras las masivas marchas que se produjeron el 16 de ese mes, el CACIF presentó al gobierno una hoja de ruta para sacar al país centroamericano de la crisis en que estaba.47 El ente rector de las cámaras empresariales de Guatemala exigió al presidente Otto Pérez Molina un efectivo e inmediato combate a la corrupción sugiriendo en primera instancia, los contratos millonarios del Estado que han despertado dudas en varios ministerios; demandó que se tomen medidas concretas e inmediatas para combatir la corrupción en el Estado, como la revisión de contratos millonarios en los ministerios de Gobernación, Salud y Desarrollo Social, entre otros y que sean declarados lesivos. Además, pidió al Gobierno que se aprueben leyes de transparencia lo más pronto posible y que se eliminen plazas fantasmas, como las que existen actualmente en la Dirección General de Aeronáutica Civil.47
Asimismo, el CACIF criticó duramente al Congreso de la República, pues acusó a los diputados de no promover las leyes y las reformas necesarias que ayuden a la transparencia ante la actual crisis política, y a la Contraloría General de Cuentas por no fiscalizar correctamente.47 Finalmente, los empresarios indicaron que que emplazarán al Gobierno si no existe una pronta respuesta al respecto puesto que esta fue la la tercera vez que le pedimos al Presidente de la República que actuara de inmediato y no se ha visto reacción.47
«Venimos como doscientas personas de nuestro municipio San Luis, Petén. Salimos ayer a las ocho de la noche, y llegamos hoy a las cuatro de la madrugada. Entre todos, incluyendo quienes no vinieron, tuvimos que ajustar Q. 125.00 por persona para el bus. Y aquí estamos. Nos vamos felices. Es la primera vez que sentimos aceptación en la ciudad y en las radios,(...)»
—Mariano Caaljoven indígena q'echi' que partipó en la marcha campesina
20 de mayo de 201548
Tras haber dos marchas organizadas por la clase media guatemalteca frente al Palacio Nacional el 25 de abril y el 16 de mayo de 2015, los campesinos indígenas guatemaltecos informaron que también marcharían el 20 de mayo de 2015. Campesinos provenientes de 20 departamentos, irrumpieron en laCiudad de Guatemala, y por cuatro columnas diferentes llegaron a la Plaza de la Constitución, bajo la consigna de: «¡Fuera políticos, empresarios y militares corruptos! Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional».48 Esta multitud campesina -que ha sido criminalizada como «ladrones de energía eléctrica» por el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina por oponerse a la construcción de hidroeléctricas en sus territorios- llevaba mantas y rústicos equipos de sonido para gritarle a la ciudad mestiza: «¡Capilatinos, despiértense!. ¿O están de acuerdo con seguir teniendo de gobernante a los ladrones?» Los manifestantes campesinos manifestaron por cerca de dos horas en la plaza y desde un estrado móvil improvisado, y en diferentes idiomas mayas, exigieron la renuncia del gobierno de Otto Pérez Molina y la creación de un nuevo Estado en Guatemala.48
Aunque el racismo hacia la marcha campesina fue evidente porque numerosos habitantes de la ciudad que apoyaban las marchas del grupo #RenunciaYa se quejaban de que las marchas campesinas iban a provocar bloqueos e inconvenientes para transitar en la ciudad, y los medios de comunicación del país casi no le prestaron atención a los manifestantes, cubriendo en su lugar la captura de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, también por delitos de enriquecimiento ilícito,48 los indígenas contaron con el recibimiento y apoyo presencial de vecinos y estudiantes de las universidades -tanto de la nacional como de varias universidades-, un verdadero acto simbólico performativo del «ensamblaje» de la indignación del campo y de la ciudad.48
Consecuencias[editar]
Abril de 2015[editar]
«Renuncio porque no estoy dispuesto a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar diputados al Congreso con la misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de impunidad de funcionarios corruptos cercanos a la vicepresidenta Roxana Baldetti».«En unos ocho o 10 días anunciará si se dedica por completo a su familia o sigue en política a la cabeza de un “movimiento nacional de cambio».
«Sí he conversado con [el expresidente] Alfonso Portillo, compartimos la visión sobre la nación, con diferencias en el modo de llevarla a la práctica».
—Alejandro Sinibaldi excandidato presidencial del Partido Patriota.
19 de abril de 201549
El domingo 19 el precandidato presidencial y fundador del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, renunció junto a decenas de alcaldes y una veintena de diputados, y probablemente compita con otro partido político.8 Como razones para su renuncia señaló:
Los dos contratos otorgados a la empresa israelí M Tarcic Engineering Ldta. por Q137.8 millones para “limpiar” las aguas de Amatitlán.d
El desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio Público de «La Línea» en la Superintendencia de Administración Tributaria, que incluyó las capturas del titular actual y su antecesor, Omar Franco y Carlos Muñoz, respectivamente.
La crisis hospitalaria.
Las desacertadas intervenciones declaradas por el Ejecutivo en las aduanas y puertos marítimos.49
Esa tarde, la vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti, ya de regreso al país proveniente de Corea del Sur ofreció una conferencia de prensa, en la que informó
que lamentaba lo ocurrido con Sinibaldi y que siempre habían tenido diferencias pero que no se imaginaba que él estuviera tan disgustado con ella.17
En la misma conferencia de prensa, Roxana Baldetti se deslindó de la millonaria defraudación asegurando que ella no forma parte de la red del crimen organizado descubierta.17 La mandataria mostró videos de años anteriores en los que ella decía que ya se investigaban estructuras que defraudaban al fisco y que éstas pronto darían resultados, tiempo en el cual Monzón laboraba para ella como su mano derecha. Según la vicemandataria, ésta era la primera vez que ella viajaba junto a Monzón y fue ella misma la que le contó a su ex secretario sobre la investigación y lo destituyó del cargo. Cuestionada por periodistas sobre su paradero, desconocido durante más de cuarenta y ocho horas, la vicemandataria abandonó el recinto donde brindaba declaraciones sin aclarar las dudas de periodistas.17
El 19 de abril de 2015 se especulaba que la crisis del gobierno guatemalteco podría agravarse, ya que tras el proceso legal contra Marllorie Chacón, una mujer guatemalteca acusada y procesada por narcotráfico en los Estados Unidos se supo que Chacón logró un acuerdo con la Fiscalía estadounidense a cambio de información.13 Se temía que este acuerdo resultara en el anuncio de una acusación penal en contra de funcionarios guatemaltecos de alto rango por delitos vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico o bien, en el anuncio de sanciones administrativas y económicas para funcionarios de gobierno y de otros poderes del Estado.13 Cualquiera de las dos opciones ubicaría al país en grave predicamento.13 Mientras se celebraba Junta de Gabinete entre Otto Pérez Molina y Baldetti con sus ministros, secretarios y secretarias, en las afueras de la Casa Presidencial se agolpaba un grupo ciudadano que, portando cartulinas y mantas, exigía la renuncia de la pareja gobernante por este escándalo SAT.18
El 21 de abril, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios -entidad que aglutina a los principales miembros de la élite económica guatemalteca- pidió, por medio de un comunicado, la continuación de las investigaciones para dar con las personas y empresas que se prestaron a pagar sobornos, para lograr introducir mercadería al país sin pagar la totalidad de los tributos que hubieran correspondido. El presidente de la Cámara del Agro, Nils Leporowski, refirió que su agrupación en ningún momento iba a defender a alguien que haya tenido que ver en esta red de defraudación al Estado y reiteró que seguramente van a haber empresarios que utilizaron esta red. Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, expresó que así como apoyaban este tipo de operativos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizó en coordinación con el Ministerio Público y entidades de Gobierno, de la misma forma están de acuerdo en que empresas privadas sean sometidas a investigación y al proceso, y se actúe conforme a lo que preceptúa la ley.50 Finalmente, la Cámara del Agro informó que se retiró de forma temporal de la Comisión Nacional contra el Contrabando, luego de las capturas realizadas por contrabando y defraudación aduanera el 16 de abril.50
El 23 de abril, presionado por diversos sectores del país, el presidente Otto Pérez Molina anunció que había solicitado al Secretario General de las Naciones
Unidas que se extendiera el mandato de la CICIG por dos años.51 El comisionado de CICIG, el colombiano, Iván Velásquez, expresó que efectivamente es una demostración de la voluntad de la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia, la solicitud de extender el mandato de esta Comisión de la ONU.51 Ese mismo día por la tarde la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio, anunció que había presentado su renuncia al cargo, la cual fue puesta a consideración del director interino de la SAT.42
El 24 de abril, el Ministerio Público reactivó el caso del desvío de Q.82.8 millones de los fondos del Congreso que ocurriera en 2008, y por el que la entonces diputada Roxana Baldetti presionó para que renuncia el presidente del Congreso, y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Eduardo Meyer Maldonado.52 En ese momento, el entonces director financiero del organismo legislativo, Benvenuto José Conde, asumió la responsabilidad, pero luego se dió a la fuga; fue capturado el 24 de abril junto a otras veinte personas que habrían colaborado con el desfalco, incluyendo su esposa, Ada Elizabeth Herrera Montt de Conde, en su residencia de zona 11 de la Ciudad de Guatemala.52 e
El 25 de abril de 2015 se realizó la manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución. Hubo fuerte presencia de la Policía Nacional Civil en las inmediaciones y una marcha pacífica de estudiantes de la Universidad de San Carlos salió del Campus Central en la zona 12 para llegar a la Plaza a las 3:00 pm. Asisteron aproximadamente veinte mil personas -de más de tres millones y medio que viven en la ciudad- y se manifestaron frente al Palacio Nacional de la Cultura antigua sede del poder ejecutivo convertida en museo y salón de actos a finales del siglo XX.53 54 55 A esta manifestación se unió una marcha de aproximadamente tres mil estudiantes de la Universidad de San Carlos.53
“El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de los guatemaltecos, es parte del robo y saqueo histórico, del agua, tierra, bienes del subsuelo y la madre naturaleza”, dice el comunicado.
—Representantes de las setenta y dos comunidades indígenas de Guatemala
29 de abril de 201556
El lunes 27 de abril por la noche, el presidente Pérez Molina en cadena nacional de radio y televisión anunció que dió órdenes para que se persiga a Juan Carlos Monzón y dijo sentirse indignado también por los acontecimientos. Asimismo, convocó a una fuerza de tarea para reestructurar a la SAT.57 Por su parte, el CACIF -en líder de los empresarios de la élite guatemalteca dirigido por el ex ministro de Relaciones Exteriores Jorge Briz Abularach- y otros sectores, solicitaron que el presidente, la vicepresidente y sus funcionarios entregen una declaración de sus respectivos patrimonios.58 Al día siguiente, 28 de abril, el superintendente en funciones de la SAT aceptó la renuncia de Claudia Méndez Asencio, y confirmó que la intentendencia de Aduanas que ésta dirigía era un feudo del Ejecutivo dentro de la SAT y no un ente de la misma;59 ese mismo día, el
Ministerio Público (MP) aún no había efectuado capturas de empresarios que hubiesen utilizado los servicios de «La Línea», pero aseguró que las investigaciones continuarán hasta dar con todos los culpables. El MP explicó que no ofrecía información sobre los nombres de las empresas que participaron en la red de defraudación tributaria porque las investigaciones están en desarrollo y no quiere entorpecer el proceso.60
El 29 de abril los representantes de las setenta y dos comunidades indígenas de Guatemala detallaron que «estaban hartos e indignados ante la corrupción e impunidad», y que «el presidente y vicepresidenta no tienen legitimidad, ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación».56 Aseguraron que van a celebrar marchas en la Ciudad de Guatemala y en la provincia para dar un respaldo al trabajo de la CICIG, a la que pedirán que también investigue a otras instituciones del gobierno. El sector industrial y comercial de Guatemala, representado por el CACIF, señaló que estaba en constantes diálogos con la CICIG para colaborar con las investigaciones y que si los implicados pertenecieran a alguna asociación empresarial aglutinada en el CACIF, serían expulsados de las gremiales siempre y cuando hubiera una sentencia condenatoria en su contra.61 Al día siguiente, 30 de abril, el Ministerio Público guatemalteco presentó un antejuicio por el delito de prevaricato contra la jueza Marta Sierra de Stalling por otorgar medidas sustitutivas a seis implicados en la estructura «La Línea».62
El 30 de abril miembros del grupo #RenunciaYa realizaron una protesta de artistas musicales el jueves 29 de abril frente a la Casa Presidencia, y otra protesta en Plaza Obelisco, zona 10 de la ciudad en donde colocaron listones negros en los vehículos en repudio a la corrupción.63
Mayo de 2015[editar]
«El Joviel [Acevedo, líder del sindicato del magisterio guatemalteco] que conocieron no es el de ahora. Ha madurado y ha entendido que ser dirigente de uno de los más grandes sindicatos le obliga a sentarse en una mesa y buscar acuerdos».
—Roxana Baldetti ElíasVicepresidente de Guatemala64
Miles de personas que participaron en la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo manifestaron contra los escándalos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria y exigieron a los Tribunales de Trabajo cumplir con la ley y dar seguimiento a todos los casos que conocen. La marcha se inició en el Monumento al Trabajo -en la 26 calle y 26 avenida de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala y terminó en la Plaza de la Constitución.63 Las tradicionales marchas de ese día tuvieron doble objetivo y que se mantuvieron activas la mayor parte del día en diferentes puntos del país.63
El grupo #RenunciaYa convocó a varias actividades de proesta pacífica, incluyendo: el sábado 2, en la Plaza de la Constitución se reunirá un grupo convocado por el movimiento Anonymous Guatemala y el domingo 3 en la Calzada Roosevelt motoristas harán una caravana que llevará implícito el mismo
fin. Por último, el sábado 16 de mayo a las 15 horas, la Plaza de la Constitución volverá a ser el escenario de la manifestación pacífica.63 Para principios de mayo ya eran varias las demostraciones de hartazgo por la corrupción y la impunidad que se han enseñoreado en Guatemala. Después del 25 de abril han seguido demostraciones todas las tardes en las cercanías de la casa presidencial, y luego ocurrieron las marchas del 1 y 2 de mayo.65
«Nosotros venimos a protestar porque se respeten nuestros derechos laborales. Tanto ellos como nosotros tenemos el mismo derecho a manifestarnos”, expresó Bonifacio Velásquez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Fritolay. Según explicó ese era el motivo de su marcha, pero si alguno de los integrantes tenía la intención de sumarse a la protesta contra el Gobierno, podía hacerlo también.»
—Dirigente del Sindicato de Trabajadores de Fritolay1 de mayo de 201564
La cantidad de personas concentradas en la Plaza de la Constitución el 2 de mayo para exigir la renuncia del binomio presidencial concentró de forma notable a muchas menos personas que en la protesta anterior.64 En las redes sociales se promovía a las personas interesadas en participar que asistieran a todas las manifestaciones, aunque se esperaba una mayor afluencia para el 1 de mayo debido a la presencia de los sindicatos del país, que cada año marchan por el Centro Histórico para defender sus derechos laborales.
Los sindicatos salieron de la zona 5 hacia el parque central, donde ya se encontraban algunos de los indignados que pedían la renuncia de los altos cargos del Ejecutivo. Algunos sindicatos se unieron a la protesta de los indignados: trabajadores reunidos por la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), así como integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) y estudiantes universitarios permanecieron en el centro de la Plaza de la Constitución. Sus dirigentes hablaban desde una tarima con las demandas habituales de mejores condiciones de trabajo, el respeto a sus derechos y condiciones de mayor justicia social, pero esta vez acompañaron sus peticiones con protestas contra el Gobierno. Miembros de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos enfocaron sus esfuerzos en conseguir firmas para una petición concreta de la renuncia del presidente y la vicepresidenta, el nombramiento de un gobernante interino, la suspensión de las elecciones y la refundación del Estado por medio de reformas a la Constitución Política.64 Pero la manifestación al frente del palacio permaneció desapercibida para el resto de grupos sindicales; fueron muy pocos los miembros de los distintos sindicatos que se interesaron en unirse a la otra manifestación.64 A pesar del apoyo de algunos sindicatos, otros más numerosos como los del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) no estuvieron dispuestos a apoyar la causa;64 según un dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), ya son tres gobiernos seguidos en los que el MSPAS y el STEG, entre otros grupos
sindicales, se han desentendido de las necesidades del país tras haber pactado por intereses sectoriales con las autoridades.64
Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, designado como Vicepresidente de Guatemalatras la
renuncia de Roxana Baldetti.
Por parte de los campesinos, las posturas estuvieron tan divididas como las de los sindicalistas: si bien el CUC se encontraba el 1 de mayo entre quienes pedían la renuncia de los altos funcionarios, el CONIV prefirió permanecer al margen esta ocasión; sin embargo, antes del 25 de abril, ante la amenaza de protestas violentas identificadas en las redes sociales como #revolución y #planB, circuló un comunicado firmado por la Coordinadora en la que se afirmaba que campesinos viajarían a la capital a defender el orden constitucional «con el machete bien afilado» y con «el machete en la mano».64
En las diferentes concentraciones no hubo discursos porque no hacen falta ya que la demanda es contundente: renuncia del presidente y de la vicepresidente; y se vieron personas de todas las condiciones sociales y de todas las precedencias religiosas o políticas.65 Además, los participantes de las manifestaciones no se refieron a la elecciones programadas para el 6 de septiembre, sino en el fin de la corrupción y en el castigo a los corruptos; los sectores políticos pensaron que esto ponía en riesgo el proceso electoral pues lo veían como la base del proceso democrático que se inició en 1985 pero la situación era tal que ya se estaba propaganda la desconfianza en todo el sistema y no solamente en los gobernantes.65 Se había convocado para otra concentración el 16 de mayo, pero la ciudadanía tenía urgencia de que la situación de Guatemala se solucionara y convocó otra concentración para el 9 de mayo.65
El 8 de mayo la CICIG procedió a capturar a los abogados defensores de los cabecillas de la red de contrabanda que habían sido beneficiados por medidas sustitutivas, y expuso como funcionaban los que denominón bufetes de impunidad. También recapturó a los cabecillas de La Línea.66 Ese mismo día, por la tarde, el
presidente Otto Pérez Molina anunció que la vicepresidente Roxana Baldetti había renunciado a su cargo, lo que fue recibido con algarabía por los manifestantes que se habían encadenado a las puertas del Palacio Nacionaly por un grupo que se unió a ellos en la Plaza de la Constitución.4
Tras la renuncia de Baldetti Elías, se realizaron manifestaciones populares espontáneas en la Plaza de la Constitución y en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala; durante dicha celebración se escuchó el clamor «¡Sigue Tito!» en referencia a que ahora se perseguía la renuncia del presidente Pérez Molina, ya que «Tito» era el nombre de batalla que Pérez Molina utilizaba durante la Guerra Civil de Guatemala.67
Horas antes de renunciar, Baldetti intentó presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pidiendo que la solicitud de retiro de antejuicio fuera denegada; pero los cinco magistrados de la CC, por unanimidad, rechazaron otorgar el amparo provisional a favor de la vicepresidenta. Fue la noticia que Baldetti recibió horas antes de decidirse a entregar su carta de renuncia al presidente.67 La renuncia de Baldetti Elías fue aceptada el 9 de mayo en sesión extraodinaria del congreso, a la que asistieron cienco cuarenta y cinco diputados, y en donde hubo unanimidad por aceptar la renuncia de la hasta entonces vicepresidente.68
El lunes 11 de mayo, The Associated Press (AP) reportó que la intriga de sobornos a jueces para liberar de la cárcel a algunos de los acusados de «La Línea» podría haber alcanzado a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala; las llamadas telefónicas grabadas a las que AP tuvo acceso detallarían las negociaciones a puerta cerrada entre el empresario guatemalteco Luis Mendizábal, los abogados del llamanbo «bufete de la impunidad » y varios miembros de «La Línea» y en una de ellas, el 16 de abril de 2015 Mendizábal le habría dicho a Javier Ortiz -quien ya se encontraba detenido- que mantuviera la calma porque pronto será dejado en libertad. Según AP, Mendizábal le dice a Ortiz: «Nosotros aquí estamos, al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabés. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos [el «bufete de impunidad»] tienen muy buena comunicación, estamos en esa»; ahora bien, la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila es integrante de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.69
|entros urbanos del país, siendo el más concurrido el de la Ciudad de Guatemala que reunió a más de cincuenta mil personas quienes por cerca de tres horas pidieron la renuncia del presidente y la depuración del gobierno.70 Ese mismo día se supo que el gobierno hará varios cambios en el gabinete del Ejecutivo, luego de que el 15 de mayo renunciara el ministro de Energía y Mias, Erick Archila, tras ser acusado de otorgar concesiones sobrevaloradas para la generación de energía eléctrica.71
El domingo 17 de mayo, un día después de masivas mabifestaciones contra la corrupción en el país, el Partido Patriota celebró su asamblea nacional y postuló a Mario David García Velásquez como su candidato presidencial.72 García Velásquez es un respetado periodista y economista guatemalteco, pero ha sido
vinculado a Luis Mendizábal en el pasado, específicamente en el Caso Rosenberg.7
El 21 de mayo renunció el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, aduciendo que va a enfrentar las acusaciones de contratacioness dudosas que se habrían hecho durante su gestión en ese ministerio; ese mismo día el presidente Pérez Molina aceptó la renuncia y desmintió que la renuncia se hubiera producido por discrepancias entre ambos por la captura de Juan Carlos Monzón -supuesto líder de la red de contrabando.73 El presidente también anunció la remoción de la ministra de Ambiente, Michelle Martínez.73
El 27 de mayo de 2015, la agencia calificadora Moody's colocó en perspectiva negativa la deuda soberana de Guatemala, hasta ahora en estable, debido a los escándalos de corrupción, aunque le mantiene la calificación Ba1.74 Según dicha agencia de calificación crediticia estadounidense, la situación política se ha agravado «rápidamente» por los escándalos de corrupción y no descarta la posibilidad de que una crisis política prolongada pudiera llevar a una crisis institucional y de gobernabilidad, generando incertidumbre sobre el rumbo de la política económica e impactando de manera adversa la perspectiva macroeconómica del país. La agencia también subraya la incertidumbre que existe sobre las elecciones y si el presidente Otto Pérez Molina podría finalizar su periodo y entregarlo en enero de 2016.74
El juzgado de alto riesgo que lleva el caso de «La Línea» informó el 28 de mayo que en los últimos días había realizado allanamientos en dieciocho propiedades que podrían estar vinculadas con la ex-vicepresidente Roxana Baldetti, entre residencias y empresas.75 En los allanamientos se incautaron documentos y computadoras para su análisis y se descubrió que algunas de las empresas no existían más que en documentos.75 76 Ese mismo día, el hijo mayor de Balditte fue fotografiado en la terminal del Aeropuerto Internacional La Aurora cuando iba de viaje hacia México.77
Junio de 2015[editar]Jornada del 3 de junio[editar]
La foto de un humillado «Presidente de la República», anunciando el cese forcivoluntario de su yerno y secretario privado, bajo el tutelaje y la penetrante mirada del embajador de los Estados Unidos —míster Robinson— situado en retaguardia, es una escena entre dantesca y surrealista.
—Pedro TrujilloPrensa Libre
9 de junio de 201578
El 3 de junio circuló en Facebook una nota dirigida al comisionado de la CICIG Iván Velásquez aparentemente firmada por numerosos periodistas, quienes amparándose en el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala, que versa sobre la libertad de emisión del pensamiento, indican, entre otras cosas: (1) que el comisionado mintió al pueblo guatemalteco porque aseguró que no
finalizaba el mes de mayo sin que se diera a conocer el listado de empresas que utilizaron el servicio de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco, (2) que el Ministerio Público está trabajando con ineficiencia en el caso, (3) que la señora Thelma Aldana, jefe del MP fue colocada en ese puesto por los arreglos que hubo desde el IGSS por el exsecretario de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez, y (4) que Juan Carlos Monzón ya estaría muerto.79 La misma nota exige a la CICIG: (a) que se proceda con la captura de empresarios que usaron los servicios de la red de defraudación, (b) que si Roxana Baldetti ya perdió su inmunidad, que sea ligada a proceso por malversación de fondos, (c) que citen a declarar al presidente Pérez Molina por su posible vinculación con todos estos hechos.79
También el 3 de junio y siempre por Facebook, el arzobispado de Guatemala emitió una severa Carta Pastoral ante la situación de Guatemala.80 En la carta, la asamblea de obispos de Guatemala: (1) recuerda que en los primeros procesos electorales de la época democrática se presentaron partidos políticos históricos, con principios propios y con una capacidad de convocatoria a segmentos importantes del electorado, cosa que se ha perdido, (2) indica que cada día se incrementa más la brecha entre la ciudadanía y los partidos que no son interlocutores válidos de la población, (3) señala el creciente desencanto entre la población que cada vez cree menos en los partidos, (4) indica no deben retrasarse las elecciones del 6 de septiembre porque hacerlo sería romper el orden constitucional, a pesar de que se harán en medio de la crisis generalizada, (5) hace ver que los hechos evidencian la inmundicia de corrupción en que el Estado guatemalteco se ha convertido y han provocado manifestaciones multitudinarias que expresan la indignación y la ira de grandes mayorías de ciudadanos, (6) reconoce que las movilizaciones han seguido y en ellas hay genuina indignación popular y agendas de grupos variados que quieren aprovechar el momento para sus fines particulares, (7) enfatiza que es evidente que la incapacidad –por ineptitud y malicia- del Congreso de la República para cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos hace que los ciudadanos tengan que elegir a candidatos que no están capacitados para resolver los problemas del país, (8) afirma que se necesita que el proceso electoral se realice con nuevas reglas, y las más urgentes deben aprobarse de inmediato para que incidan en estas elecciones, (9) pide a los ciudadanos continuar con la presión sobre el Congreso para que haga los cambios que deben hacerse en la ley electoral y de partidos políticos, (10) señala la grave situación social y económica de la mayoría de la población, la violencia se expresa en todos los sectores del país y el crimen organizado es muy probablemente el mayor empleador del país, (11) manifiesta que hay que exigir a los candidatos presidenciales veracidad, transparencia y honestidad, (12) se compromente para que la verdad del Evangelio, sea su mayor contribución al cambio social y ético de Guatemala.80
El embajador de los Estados Unidos Todd Robinson y el presidente Pérez Molina anuncian en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en que el embajador de los Estados Unidos toma la palabra desde el podio presidencial, que los EE. UU. apoyan los cambios y depuración que se harán en la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala; como un primer paso habrá una reunión entre el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas Públicas, para
elaborar un diagnóstico de la SAT, que también será apoyado por el Banco Mundial (BM). En un segundo paso se tratará de la implementación de pruebas de confianza con polígrafos, entrevistas que se harán a funcionarios de la Superintendencia y que serán efectuadas por un equipo estadounidense, durante dos semanas.81 Esta conferencia de prensa fue muy criticada porque mostraba que era realmente el embajador de los Estados Unidos quien tenía el control de la situación y no el presidente Pérez Molina.82
En una jornada intensa, al medio día del 3 de junio asesinan al abogado Francisco Palomo, mientras conducía su vehículo. Hay al menos tres relaciones con fuertes grupos de poder con los que Palomo se codeó y que son partícipes importantes de la crisis que vive Guatemala: una parte importante del CACIF, el segmento de militares en retiro vinculados a Efraín Ríos Montt, y una parte de los medios corporativos de prensa escrita.83 f Un abogado que laboró con Palomo Tejeda durante los últimos siete años es César Calderón, quien es defensor de los principales miembros de la estructura criminal «La Línea», así como del expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.83
Jornada del 5 de junio (Viernes gris)[editar]
El viernes 5 de junio hubo plantones organizado supuestamente por la Alianza Obrero Campesina, quienes bloquearon los cuatro accesos a la Ciudad de Guatemala por casi cinco horas y lograron en pequeña medida su objetivo: generaron un instante de desinformación.84 Diversos medios masivos e independientes coincidieron en que los plantones en las salidas de la ciudad fue la primera acción concreta a una amenaza que llevaba varias semanas en el ambiente: antes y después de su renuncia como vicepresidente,Roxana Baldetti mencionó que podía juntar a decenas de miles de personas en su apoyo, pero que no lo haría para evitar confrontaciones; posteriormente, un comunicado de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) dijo que miles de campesinos saldrían con machetes afilados a defender el «orden constitucional»; y, finalmente, pocos días antes el presidente Pérez Molina hizo el mismo comentario que Baldetti.84
La oscura Alianza Obrero y Campesina (AOC) se adjudicó la autoría de los bloqueos, pero tanto su lenguaje como sus demandas provocaron dudas sobre su legitimidad,84además de que bloquear las arterias de la capital causó el rechazo habitual de una parte de la clase media, que precisamente es el nuevo actor de las protestas que se realizan los sábados frente al Palacio Nacional.84 Por otra parte, la mayoría de las demandas de la AOC -contra la minería y contra empresarios defraudadores- es parte de la agenda de las organizaciones que confluyen en la emergente Asamblea Social y Popular, una instancia de coordinación entre organizaciones regionales, comunidades, y movilizaciones estudiantiles y urbanas.g Así pues, salir el viernes, colapsar el tráfico vehicular y mencionar algunas demandas de la Asamblea respondería a una estrategia según la cual las clases medias guatemaltecas asociarían las demandas sociales con su enojo a estancarse por horas en el tránsito; eso ayudaría a restarle apoyo a las marchas y a fraccionar el movimiento.84 POr último, en las redes sociales, personajes de la
derecha como Giovanni Frattih , aprovecharon para lanzar desinformación sobre los apoyos de las marchas.
La situación generó fuertes sospechas porque ninguna demanda exigía la renuncia de Otto Pérez Molina, algo que nunca había faltado en cada una de las marchas que se produjeron en las nueve semanas hasta entonces. Por ningún lado se vió los miembros de #NoLeToca ni hubo exigencias de anular las elecciones; es más, circularon fotografías de patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) ayudando a los bloqueos. Pero fueron los mismos voceros de la AOC quienes terminaron por delatar el montaje: el sábado 6 se realizó la primera conferencia de la AOC en la que los cuatro voceros -quienes son poco conocidos en Guatemala- fueron reconocidos por varios medios de comunicación por tener relaciones con el Ministerio de Salud, el partido LIDER, una parte del movimiento sindical y el Ministerio de Cultura y Deportes. i Debe recordarse que el 27 de mayo salió a luz pública un comunicado sellado por organizaciones sindicales y campesinas que han estado ausentes -e incluso en contra- en las manifestaciones de #RenunciaYa: CONIC, UASP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y su principal filial salubrista (SNTSG), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua (SITRAGUA), Unión Nacional Campesina (UNAC) y Alianza Campesina (AC) -todas ellas aparentamente afines al gobierno de turno.84
La demanda principal de la AOC el 5 de junio era que la CICIG entregue el listado de empresarios vinculados a la defraudación tributaria del «Caso La Línea». Destacó el despliegue de una pancarta con fotografías de cuatro reconocidas figuras del espectro empresarial y político, y la exigencia de perseguirlos penalmente por evasores.j El CACIF y la Cámara del Agro sacaron ese mismo día un comunicado para condenar los bloqueos de la AOC, y en su inciso 2, considera que los mensajes transmitidos por los manifestantes «son constitutivos de calumnia y difamación». Las demandas legítimas de la AOC -que se escuchan en los plantones a nivel nacional que se realizan los sábados-, la respuesta del CACIF y la fuerte sospecha de que el gobierno o sus allegados habrían organizado los bloqueos, dió la impresión que se trató de una demostración de fuerza entre la cúpula empresarial -que en las últimas semanas le quitó el apoyo al Partido Patriota y no había pactado con LIDER una estafeta de cambio de mando- y el gobierno de Pérez Molina.84
Cronología del caso[editar]
Antecedentes[editar]
Fecha [Expandir]Acontecimiento
Abril de 2015[editar]
Fecha [Expandir]Acontecimiento
Mayo de 2015[editar]
Fecha [Expandir]Acontecimiento
Junio de 2015[editar]
Fecha [Contraer]Acontecimiento
2 de junio de 2015
El juez de alto impacto ordena que se haga un inventario de lo incautado a exvicepresidente Baldetti, luego que el abogado defensor de ésta -Mario Cano- indicara que no se trata de empresas de cartón.153
El juez también deniega la solicitud de la fiscalía para extender el período de investigación a tres meses, y estipula que el 18 de junio para determinar si el juicio va a debate.153
Varios implicados del caso solicitan que el delito por el que son acusados -que es el de asociación ilícita- sea cambiado por el de encubrimiento propio.153
La sala de apelaciones anula la falta de mérito que el juez undécimo penal José Eduardo Cojulum había emitido a favor de Salvador Estuardo González -alias «Eco»- quien tendrá que volver a prisión.154
El Secretario General de la Presidencial, Gustavo Martínez, informó que presentó su renuncia al presidente Otto Pérez Molina porque ya no soportaba la presión mediática a que estaba sometido.155
La viceministra de Desarrollo Sostenible, Ivanova Ancheta, también entregó su carta de renuncia aduciendo motivos personales.155
Se realiza la juramentación del nuevo ministro de Energía y Minas, José Miguel de la Vega, quien fungía como viceministro de Minería e Hidrocarburos.155
Carlos Muñoz, ex director de la SAT asegura que las telescuchas fueron mal interpretadas y que la R no es Roxana Baldetti, sino que Recaudación.156
3 de junio de 2015
El embajador de los Estados Unidos Todd Robinson y el presidente Pérez Molina anuncian en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en que el embajador de los Estados Unidos toma la palabra desde el podio presidencial, que los EE. UU. apoyan los cambios y depuración que se harán en la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala; como un primer paso habrá una reunión entre el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas Públicas, para elaborar un diagnóstico de la SAT, que también será apoyado por el Banco Mundial (BM). En un segundo paso se tratará de la implementación de pruebas de confianza con polígrafos, entrevistas que se harán a funcionarios de la Superintendencia y que serán efectuadas por un equipo estadounidense, durante dos semanas.81
Representantes de ochenta y ocho organizaciones campesinas pidieron ante el Congreso la renuncia de los mandatarios y que sea convocada una Asamblea Nacional Constituyente; el dirigente Daniel Pascual dijo que analizan hacer manifestaciones y un posible paro nacional después del 13 de junio si no son escuchadas sus demandas.157
Circula en Facebook una nota dirigida al comisionado de la CICIG Iván Velásquez, aparentemente firmada por numerosos periodistas quienes amparándose en el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala, que versa sobre la libertad de emisión del pensamiento, indican, entre otras cosas: (1) que el comisionado mintió al pueblo guatemalteco porque aseguró que no finalizaba el mes de mayo sin que se diera a conocer el listado de empresas que utilizaron el servicio de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco, (2) que el Ministerio Público está trabajando con ineficiencia en el caso, (3) que la señora Thelma Aldana, jefe del MP fue colocada en ese puesto por los arreglos que hubo desde el IGSS por el exsecretario de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez, y (4) que Juan Carlos Monzón ya estaría muerto.79 La misma nota exige a la CICIG: (a) que se proceda con la captura de empresarios que usaron los servicios de la red de defraudación, (b) que si Roxana Baldetti ya perdió su inmunidad, que sea ligada a proceso por malversación de fondos, (c) que citen a declarar al presidente Pérez Molina por su posible vinculación con todos estos hechos.79
El MP amplía las pesquisas en el caso de defraudación por supuesta fuga de información.158
En medio de rumores de que habría abandonado el país, Alejandro Sinibaldi anuncia que está en Guatemala, pero que no va a participar en loscomicios del 6 de septiembre por considerar que el país no está en condiciones de realizar un proceso electoral adecuado luego del descubrimiento de los casos de corrupción.159
También por Facebook, el arzobispado de Guatemala emitió una severa Carta Pastoral ante la situación de Guatemala.80 En la carta, la asamblea de obispos de Guatemala denuncia la calamidad producida por la corrupción y señala que hay que efectuar las elecciones pero votando por candidatos firmes y capaces a la vez que se le exige al Congreso de la Reoública agilizar la modificación de la ley de Partidos Políticos.80
Al medio día asesinan al abogado Francisco Palomo, mientras conducía su vehículo. Hay al menos tres relaciones con fuertes grupos de poder con los que Palomo se codeó y que son partícipes importantes de la crisis que vive Guatemala: una parte importante del CACIF, el segmento de militares en retiro vinculados a Efraín Ríos Montt, y una parte de los medios corporativos de prensa escrita.83 f Un abogado que laboró con Palomo Tejeda durante los últimos siete años es César Calderón, quien es defensor de los principales miembros de la estructura criminal «La Línea», así como del expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.83
Por la tarde el presidente Pérez Molina supervisó el cierre de la empresa Ms&I de la Empresa Portuaria Quetzal por que había cinco
portones sin control por lo que salían furgones cargados todas las noches. Ms&I era una empresa subcontratada por la Corporación Bananera de Guatemala (COBIGUA), que tenía el control de las instalaciones del puerto desde 2000.160 COBIGUA es una de las empresas que heredó el antiguo imperio bananero de la United Fruit Company en Guatemala.
4 de junio de 2015
La exvicepresidente Roxana Baldetti se pone a disposición de los jueces designados para procesar su posible vinculación con el caso de Lago de Amatitlán y el de «La Línea», y así evita que se emita una orden de captura en su contra.161 162
Catorce de los implicados en el caso de «La Línea» no fueron beneficiados con la medida sustitutiva que buscaban por considerarse que persiste la obstaculización a la verdad. Ahora bien, se le otorgó arresto domiciliar a Adrián Yela y Julio Robles Palma por estar con quebrantos de saludo. Entre las personas que buscaban salir de prisión destacan los ex superintendentes de Administración Tributaria Carlos Muñoz y Omar Franco.163
El ministerio de Gobernación explica que los vuelos nocturnos de helicópteros que se han escuchado en las última noches e la Ciudad de Guatemala corresponden a un patrullaje que se implementó para vigilar zonas rojas, y piden a la población no alarmarse.164
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social anuncia que se nombró al exministro de Trabajo Carlos Contreras como nuevo presidente de la institución; Contreras, un miembro de alto rango del Partido Patriota, fue uno de los candidatos de la terna para nombrar a vicepresidente del país tras la renuncia de Roxana Baldetti y ha sido señalado por ser abogado y representante legal de Baldetti.165
5 de junio de 2015
La CICIG da a conocer como se repartían los sobornos los miembros de «La Línea», indicando que el cabecilla de la red, Juan Carlos Monzón, se quedaba con el cinco por ciento de lo obtenido.166
Jornada de protestas se vive en el país. Desde tempranas horas campesinos protestan en el interior de la república: en Petén se reportan bloueos de carreteras en la ruta hacia Guatemala, en ingreso a Isla Las Flores y otros centros turísticos; en el kilómetro 167 Cuyotenango, Río Hondo, Zacapa y Cocales.167
Varios grupos bloquean las principales carreteras del país y cierran los accesos a la Ciudad de Guatemala: kilómetro 9 de ruta al Atlántico, costa Sur, Occidente y Carretera a El Salvador. El propósito de los bloqueos es para exigir a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que dé a conocer el listado de nombres de empresario que supuestamente han evadido impuestos y, así también, para pedir que el Ministerio Público (MP) informe sobre el proceso de extinción de dominio de los bienes de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, entre otras demandas como el tema de la minería, informó Nelida Corado, representante de los manifestantes. Indicaron que no se retirarían hasta que se instale una mesa de diálogo con CICIG, MP y PDH para que se investigue también a empresarios involucrados en casos
de corrupción.168
Otros puntos bloqueados en la Ciudad de Guatemala son el: kilómetro 15 de Calzada Roosevelt y 46 calle de Calzada Aguilar Batres, en la salida de capital, en donde los protestantes colocaron alambre de púas en el asfalto.168
Originalmente se reportó que los grupos pertenecían a integrantes de la Alianza Campesina y de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas (CONIC) -por las mantas que portan los manifestantes- pero el CONIC emitió un comunicado para desmentir la información; los partídos políticos aprovechan para atacarse entre sí y acusarse de ser ellos los que están organizando los bloqueos.169
Los hechos observados y reportados a través de distintos medios de comunicación y redes sociales evidenciarían que los bloqueos no son manifestaciones tan pacíficas como las realizadas hasta ahora en el país, pues incluyeron bloqueos de carreteras, quema de llantas, colocación de alambre de púas y objetos peligros para evitar el paso.170
El paso vehicular se abrió en todos los bloqueos a partir de las dos de la tarde.169
Diferentes sectores de la ciudad se manifestaron en contra de los bloqueos por haber colapsado la actividad económica de la misma; aducen que estos bloqueos solamente contribuyen a crear un ambiente se zozobra en el país. Otros grupos, siempre de la ciudad, acusan al gobierno de ser el organizador de las manifestaciones, en un intento desesperado por mantenerse en el poder.170 171
Transportistas que trabajan en la Empresa Portuaria Quetzal bloquearon el acceso a la misma con sus camiones aduciendo que desde que se descubrió la evasión de la red de contrabando el 16 de abril se sustituyó al personal de la aduana de ese puerto, y que los nuevos empleados no tienen experiencia por lo que los trámetes son muy lentos y le reportan una rebaja en las utilidades a los transportistas. Exigen mejor personal y disciplina a la Superintendencia de Administración Tributaria.172
Rosa Leal de Pérez , primera dama de la nación, afirma que en todos los países hay corrupción, llama a la calma y con respecto a los señalamietnos que la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, hizo con relación a que «La R o la Dos», podría tratarse de «Rosa Leal»o “la Esposa del Presidente”, Leal de Pérez dijo: “Sólo mi risa les voy a dar, porque no me merece ningún comentario”.173
Baldetti es hospitalizada durante la noche del día anterior debido a una complicación de una gastritis que padece.174
6 de junio de 2015
Los miembros del CACIF denuncian que el bloqueo del 5 de junio les provocó pérdidas millonarias -porque su producción no pudo realizarse normalmente por falta de transporte de materia prima y producto terminado y por la ausencia de numerosos empleados que no pudieron llegar a sus labores- y exigen al gobierno procesar a los
responsables de organizar la protesta.175
Se reporta que en las marchas que bloquearon la ciudad estaba una unidad de sobido que se ha visto en las marchas organizados por el líder sindical del magisterio Joviel Acevedo; se reporta también que los agentes de la policía que estaban presentes en los bloqueos parecían más estar bloqueando que impidiendo las protestas, levantando sospechas de que el gobierno central podría haber organizado los bloqueos.
Numerosos periodistas se pronuncian en contra de los bloqueos, aduciendo que fue un intento del gobierno por desviar la atención y que sólo afectó a la población que tenía que transitar por la ciudad. Los periodistas no mencionan que la intención de los bloqueos era exigir a la CICIG que se hiciera pública la lista de empresarios evasores de impuestos y que los bloqueos impidieron el tránsito de productos y trabajadores provocando fuertes pérdidas a empresarios.176 177
Se reporta que denuncias anónimas han señalado que La Línea sigue en funcionamiento.178
La clase media de la capital protesta por séptimo sábado consecutivo frente al Palacio Nacional.179
9 de junio de 2015
El Ministerio Público investiga las propiedades de Roxana Baldetti; según lo reportado por el MP, en los registros hasta ahora analizados aparecen cuatro propiedades de la exvicepresidente: un inmueble en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, otro en la colonia Primero de Julio enMixco, uno más ubicado en Fraijanes y, finalmente, una propiedad en la playa privada del litoral pacífico, Escuintla, denominada Juan Gaviota, Marina del Sur.180 Para localizar estas propiedades, el MP pidió un informe a la Empresa Eléctrica de Guatemala y así verificar si había servicios prestados a los inmuebles que están relacionados con la señora Baldetti.180
10 de junio de 2015
La Corte Suprema de Justicia da trámite al antejuicio presentado en contra del presidente Otto Pérez Molina y lo traslada al Congreso para que éste le dé trámite.181
Trasciende que Francisco Ortiz Arriaga -alias «el Teniente Jerez»- se reunió con el Ministerio Público y la CICIG por más de tres horas. Aunque tanto Ortiz como el MP y la CICIG lo negaron y dijeron que fue para cotejar registros telefónicos de la voz de Ortiz, varios analistas sospechan que el «Teniente Jerez » podría estar buscando acogerse a la figura de Colaborador Eficaz (testigo protegido) en el caso, pues ya lo hizo cuando se investigaba la red Moreno de contrabando en la década de 1990.182
11 de junio de 2015
La Directiva y la Comisión Permanente del Congreso deciden que el tema del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por los casos de defraudación fiscal a través de la SAT y el millonario contrato entre el IGSS y la Farmacéutica Pisa, sea conocido el 12 de junio a partir de las dos de la tarde en sesión extraordinaria. El anuncio al respecto fue hecho por el presidente Luis Armando Rabbé Tejada, luego de deliberar con Arístides Baldomero Crespo Villegas (Partido Patriota), Selvin García
Velásquez (CREO) y Julio López Villatoro (UNE), vicepresidentes; César Emilio Fajardo (UNE), Carlos Humberto Herrera (LIDER) y Edgar Cristiani Calderón (Partido Patriota).183
En horas de la madrugada, el representante legal de Lionel Messi, niega su vínculo con el PP, ya que en Jacaltenango, se levantó una manta vinílica en donde el jugador argentino apoyaba a dicho partido, manifestaron que se reservan el derecho de iniciar acciones legales.184
Véase también[editar]
Guatemala Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Luis Mendizábal
Otto Pérez Molina
Proceso democrático de Guatemala en el siglo XXI
Roxana Baldetti
Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala
Notas y referencias[editar]
Notas[editar]
1. ↑ Saltar a: a b c Solano, Luis (22 de abril de 2015). «#Caso SAT ¿La punta del iceberg?». Albedrío. Archivado desde el original el 25 de abril de 2015. Consultado el 25 de abril de 2015. «A Ortega Menaldo se le considera heredero del general y ex presidente Carlos Manuel Arana Osorio quien era su suegro y lo catapultó en las esferas de la inteligencia militar en la década de 1970. Ortega Menaldo, con el rango de capitán, se formó en el Centro Regional de Telecomunicaciones, mejor conocido como La Regional, durante el gobierno de Arana (1970-1974). En 1980, tomó el mando del recién creado Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, que se convirtió en otro frente de “batalla” contrainsurgente, pero al mismo tiempo sentó las bases de las redes de contrabando. Con el gobierno de Cerezo (1986-1990), el entonces ministro de la Defensa, Héctor Gramajo, lo nombró jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en 1987, mientras que el general Manuel Callejas -considerado el jefe de La Cofradía- asumió como jefe de Estado Mayor de la Defensa. En ellos, Gramajo se apoyó para contrarrestar la influencia la
línea dura del Ejército (Oficiales de La Montaña) aliada al partido de extrema derecha MLN y contener los intentos de golpe de Estado gestados en ese período de gobierno. Con el apoyo de la CIA, Ortega Menaldo fundó la Escuela de Inteligencia Militar en 1987, estuvo en la nómina de la CIA y trabajó estrechamente con la DEA.»
2. Volver arriba ↑ Palacios, Claudia (21 de abril de 2015). «Cabecillas de la estructura "La Línea" están en libertad». La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado el 21 de abril de 2015. «La jueza octava de Instancia Penal ha sido protagonista de otras decisiones polémicas que han puesto en duda su parcialidad ante el Ministerio Público: en agosto de 2011, liberó de cargos al exjuez de niñez y adolescencia de Escuintla, Mario Peralta Castañeda, involucrado en una red de adopciones ilegales; en 2008 dejó en libertad a Eduardo González Rivera, expresidente del Bancafé –entidad que había quebrado recientemente y dejó a miles de damnificados– quien fue beneficiado con una fianza de quinientos mil quetzales, y quedó ligado a proceso por caso especial de estafa.»
3. Volver arriba ↑ Ortiz Arriaga está vinculado a la vieja estructura de contrabando liderada por Alfredo Moreno Molina, alias “Moreno”, la que supuestamente había sido desarticulada en 1996.
4. Volver arriba ↑ Rodríguez, Manuel (30 de marzo de 2015). «Baldetti suspende plan para “limpiar” lago de Amatitlán». Diario La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 23 de abril de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015. «A inicios de 2015, AMSA adjudicó en dos eventos por excepción un contrato con la empresa de origen israelí M. Tarcic Engineering Ltd. por 137.8 millones de quetzales, para la compra de noventa y tres mil litros de un supuesto descontaminante aplicable al Lago de Amatitlán. Sin embargo, luego de críticas y acciones legales de parte de científicos, académicos, políticos y ambientalistas que cuestionaron la contratación de la empresa israelí, la Vicepresidente de Guatemala Roxana Baldetti dió marcha atrás al proyecto el 30 de marzo y suspendió el pago a M. Tarcic Engineering Ltd. y la aplicación del descontaminante sobre el sistema acuático.»
5. Volver arriba ↑ Palacios, Claudia. Fiscalía reactiva causa MDF: Capturan a Benvenuto José Conde. Archivado desde el original el 24 de abril de 2015. «El 4 de junio del 2008 se reveló públicamente que Q82.8 millones del Legislativo fueron desviados hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF). El entonces presidente del Congreso, Eduardo Meyer confirmó la información y argumentó que el traslado fue hecho sin su autorización. En julio de 2014 pasado se dio a conocer que el
Ministerio MP había iniciado investigaciones contra al menos 100 personas sospechosas de participar en el desvío millonario. El caso se mantuvo en reserva mientras se realizaban las nuevas pesquisas. De acuerdo con el MP, la nueva línea de investigación incluye a personas vinculadas al extinto Banco Uno, entidad a través de la cual se habrían realizado las transferencias. En 2009 el juez segundo, Carlos Aguilar, ordenó a la fiscalía investigar la vinculación que Banco Uno pudiera tener en el desvío de Q82.8 millones del Congreso a la casa de valores. Por este caso el Tribunal Sexto de Sentencia Penal condenó a Meyer, a 3 años de prisión conmutables, mientras que Raúl Girón, representante legal de la bolsa MDF, fue condenado a 24 años de prisión y al pago de una multa de diez mil quetzales. Según la fiscalía, Byron Sánchez Corzo, exsecretario privado de la Presidencia del Legislativo, fue quien gestionó el traslado del dinero y quien estableció la relación con la casa de bolsa MDF; en 2015 Sánchez Corzo se encontraba en prisión preventiva, a la espera de que el juzgado segundo determine si será enviado a juicio por los hechos que se le imputan.»
6. ↑ Saltar a: a b Centro de Medios Independientes. «¿Qué significa el asesinato del abogado Francisco Palomo?». Albedrío (Guatemala). «* Palomo Tejeda fue el abogado querellante del caso del secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi Botrán, cometido por la banda Los Pasaco y fue representante de Ricardo Bueso, presidente de Luca, S.A., entidad que compró Telgua.
También es reconocido por sus nexos con la Corporación Multi Inversiones, de la familia Bosch-Gutiérrez: era uno los representantes legales de la Avícola Villalobos -al igual que el abogado Alberto Antonio Morales Velasco-, una de las empresas más importantes de la Corporación Multi Inversiones. Su hija, Lucrecia Palomo Marroquín, también es abogada de esa avícola.
Junto al abogado Alberto Antonio Morales Velasco, quien también es representante legal de empresas de la Corporación Multi Inversiones y del Grupo Campollo Codina, Palomo Tejeda fue defensor del ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielman Montes.
Fue abogado de Gustavo Anzueto Vielman en 1988, luego de ser denunciado por el intento de Golpe de Estado contra Vinicio Cerezo; Anzueto Vielman fue candidato presidencial en 1982 y es tío de Carlos Vielman Montes.
Palomo Tejeda era el estratega del grupo de abogados defensores del general Efraín Ríos Montt, por el juicio por genocidio.
Palomo Tejeda fue diputado del FRG en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) durante el gobierno de Alfonso Portillo, de quien también fue defensor.
Fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) durante ese gobierno, cuando la CC resolvió a favor de Ríos Montt para que fuera candidato presidencial.
Fue abogado y defensor de diputados y funcionarios del gobierno del FRG (2000-2003) y de varios de los militares acusados de la Masacre de Dos Erres.
En cuanto a su esposa, Lucrecia Marroquín Godoy:
Es familiar con los miembros de los principales medios de la prensa escrita de Guatemala. Marroquín Godoy, es nieta de Clemente Marroquín Rojas y sus hermanos han tenido un papel protagónico en la prensa guatemalteca durante décadas en el Diario La Hora.
Es prima de Jose Rubén Zamora Marroquín, director general de elPeriódico.
Fue diputada del FRG (2004-2007) y se menciona que sería Ministra de Educación en caso llegue Zury Ríos a la presidencia.»
7. Volver arriba ↑ Centro de Medios Independientes (10 de junio de 2015). «El Viernes Gris: la primera reacción de los señalados». Albedrío. Consultado el 10 de junio de 2015. «La Asamblea Social y Popular está planteando aplazar las elecciones, reformar leyes estratégicas y organizar una Asamblea Nacional Constituyente democrática.»
8. Volver arriba ↑ Centro de Medios Independientes (10 de junio de 2015). «El Viernes Gris: la primera reacción de los señalados». Albedrío. Consultado el 10 de junio de 2015. «Giovanni Fratti es cercano a la Fundación contra el Terrorismo y candidato a diputados por VIVA, cuya presidenaciable es la hija de Efraín Ríos Montt, Zury Ríos.»
9. Volver arriba ↑ Centro de Medios Independientes (10 de junio de 2015). «El Viernes Gris: la primera reacción de los señalados». Albedrío. Consultado el 10 de junio de 2015. «Los voceros eran:
Jacinto García: secretario de la Unidad Defensora del Pueblo (UDEP), organización que en reiteradas ocasiones ha sido señalada por medios de comunicación y partidos políticos de pertenecer al partido LIDER y de impulsar una campaña negra contra la UNE.
Amado Mejía: un ex dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), retirado hace años de la organización y dirigente actual del Frente Campesino Organizado (FRECO), de Livingston,Izabal, y cercano a la organización Encuentro Campesino de la misma región.
Nélida Corado: Secretaria General del Sindicato Nacional de Filiales por Gremio del Ministerio de Salud. Aparece como delegada de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) en la Mesa de Diálogo y Salud de Guatemala del PNUD. El presidente y representante legal de la UASP es Nery Barrios de León, antiguo dirigente de la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ), que en la década de 1990 contribuyó a fundar la UASP y que aspiraba a ser la máxima representación de los trabajadores del campo y la ciudad. Acusado por los delitos de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero durante el Gobierno de Oscar Berger Perdomo, Barrios estuvo detenido y para lograr su libertad pagó una fianza de Q 1.5 millones, en abril de 2008; todo en el contexto de la compra anómala de una finca de cinco millones de quetzales con recursos que la Empresa Portuaria Quetzal había entregado a un grupo de campesinos por concepto de indemnización. A partir de ese momento, Barrios al igual que la UASP se fueron alineando, con el paso del tiempo, a intereses progubernamentales. En las elecciones 2011 el vicepresidente de la UASP, Rubén Salvador Vásquez Mazariegos, se postuló como candidato a diputado por la UCN. Finalmente fue electo diputado por el Partido Patriota en octubre de 2014 tras el fallecimiento del diputado Amildo Morales.
Roberto Boteo Ordóñez: Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Petén, y el único de todos los voceros que dijo su filiación. Boteo Ordóñez pertenece en verdad al sindicato de trabajadores del Parque Nacional Tikal del Ministerio de Cultura y Deportes, que es parte del Sindicato de Trabajadores de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.»
10. Volver arriba ↑ Centro de Medios Independientes (10 de junio de 2015). «El Viernes Gris: la primera reacción de
los señalados». Albedrío. Consultado el 10 de junio de 2015. «Los personajes que aparecieron en las pancartas fueron:
Diego Pulido: Director Corporativo del Grupo BI, Banco Industrial, que reúne al capital industrial y a los principales grupos familiares del llamado G-8, los ocho grupos empresariales más poderosos de Guatemala. BI tiene una estrecha relación de capital con el Grupo Medax, que es una red hospitalaria a la que pertenece el hospital Las Américas, cuya gerente organizacional era Xiomara Reyes, asesinada el 2 de junio. Medax le arrendaría las instalaciones a Grupo PISA para dar el tratamiento renal que le vendió al IGSS.
Jorge Briz: presidente de la Cámara de Comercio y el CACIF. Briz es un empresario que ha tenido una polémica carrera dentro de la patronal, fue miembro del gabinete de gobierno deOscar Berger Perdomo y muy crítico del gobierno del Partido Patriota.
Dionisio Gutiérrez: uno de los principales socios del Grupo Multi Inversiones.
Gustavo Alejos: financista de partidos políticos y de la UNE, y ex-secretario privado del ex presidente Álvaro Colom. Alejos destaca aún más por ser uno de los principales proveedores de medicinas al gobierno y al IGSS, a de la empresa Conjunto Magno, cuyos principales socios son la familia Cohen, quienes poseen la empresa J.I. Cohen, S.A., que entre 2009 y 2015 suman Q928 millones en contratos con el Estado.»
11. Volver arriba ↑ Alvarado, Hugo (6 de diciembre de 2013). «CICIG perseguirá a mafia organizada». Prensa Libre (Guatemala). Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2013. Consultado el 25 de abril de 2015. «Iván Velásquez Gómez, colombiano nombrado jefe de la CICIG fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de su país y en 1992 fue nombrado procurador regional de Antioquia, época en que el narcotraficante Pablo Escobar se fugó de la cárcel; como fiscal investigó los lujos que el capo Pablo Escobar tenía en la cárcel La Catedral. Llevó a prisión a cincuenta diputados colombianos que tenían nexos con grupos paramilitares, entre ellos familiares del expresidente Álvaro Uribe.»
12. ↑ Saltar a: a b Palmieri, Jorge; Gereda, Sylvia. «El caso de Sylvia Gereda y El Periódico». Blog de Jorge Palmieri. Guatemala. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2012. Consultado el 24 de abril de 2015.
«ElPeriódico aparentamente fue adquirido por Manuel Baldizón en 2011 de acuerdo a la exdirectora de dicho medio Sylvia Gereda, quien renunció al mismo en noviembre de 2011 y lo reportó en su blog personal.»
13. Volver arriba ↑ Ramos, Saira (20 de mayo de 2015). «Rodríguez, el operador que negoció cortes, fiscal y contralor». Diario La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015. Consultado el 20 de mayo de 2015. «La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, durante el desarrollo del trabajo de las Comisiones de Postulación de candidatos a Fiscal General del Ministerio Público (MP), magistrados para la sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Contralor General, denunció que Juan de Dios Rodríguez era el principal operador del Ejecutivo. Según Ibarra, Rodríguez "diseñó, planificó y ejecutó", una estrategia para dominar los procesos de postulación con fondos del IGSS para "financiar y fraguar".»
Referencias[editar]
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2. ↑ Saltar a: a b c d e Palacios, Claudia (21 de abril de 2015). «Cabecillas de la estructura "La Línea" están en libertad». La Hora(Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado el 21 de abril de 2015.
3. ↑ Saltar a: a b c d Colussi, Marcelo (4 de mayo de 2015). «Lucha contra la corrupción: ¿Cortina de humo?». Plaza Pública/Albedrío. Guatemala. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo de 2015.
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6. ↑ Saltar a: a b c d e f g h i Emisoras Unidas (20 de mayo de 2015). «Capturan a quince personas y buscan al presidente del IGSS». Emisoras Unidas (Guatemala).
Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015. Consultado el 20 de mayo de 2015.
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19. ↑ Saltar a: a b c El Periódico (21 de abril de 2015). «Los misteriosos viajes de Juan Carlos Monzón». ElPeriódico(Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado el 21 de abril de 2015.
20. Volver arriba ↑ ElPeriódico (9 de diciembre de 2014).Una casa a la altura de Juan Carlos Monzón. Guatemala. Archivado desdeel original el 16 de marzo de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015.
21. ↑ Saltar a: a b Alvarado, Hugo (23 de abril de 2015). «Empresas de Monzón Rojas han recibido millones». Prensa Libre(Guatemala). Archivado desde el original el 23 de abril de 2015. Consultado el 23 de abril de 2013.
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Lectura recomendada[editar]
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Grupos en Facebook[editar]
#NoTeToca #RenunciaYa
#ParaIndignarse
Actualiaciones en Twitter[editar]
#CasoSAT
Categorías: Actualidad Historia política de Guatemala Guatemala en 2015 Corrupción en Guatemala
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