Nº 84 Bogotá, ColombiaValor $500 Septiembre de 2011

7 de octubre

Paro nacional estataly jornada por trabajo decente

Edición siete años

Acción humanitaria a Campo Rubiales en Puerto Gaitán (Meta)

DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE / p. 8

2 Nº 84, septiembre de 2011as con t ro l

Compañeros: las expresiones de la señora Contralora General son un irrespeto total a todos los funciona-rios de la Contraloría General de

la República. Es su obligación, como servi-dora pública, individualizar las denuncias y ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes. Somos conscientes del deba-te técnico existente entre proceso micro y proceso de responsabilidad sobre qué es un hallazgo y qué elementos lo deben soportar. Sin embargo, ese debate o problema plantea-do no puede ocultar la gravedad de las otras expresiones de la Contralora: “hay decisiones paralelas, hay procesos paralelos. Yo no he podido administrar esos procesos. Claro tengo que poder “para rematar con las expresiones del senador John Sudarsky del Partido Verde sobre que la CGR es una "miopía diseñada para no tener que ver" y de concluir que la CGR tiene problemas estructurales que "le impiden su efectiva labor fiscalizadora".

Es decir, las expresiones coinciden con la "propuesta" de crear una "corte de cuentas de naturaleza judicial que se encargue de la policía judicial, investigación fiscal y suspen-sión de los funcionarios”. En conclusión, se está ambientando todo lo necesario para el "cambio estructural".

La Contralora General debería explicar que si no tiene resultados no es por los funcionarios de la CGR sino por los continuos cambios de directivos y orientaciones de la CGR. La Contralora General debería más bien explicar la compra del carro blindado a Blindex S.A. por $358.490.930, (contrato 285-11) o la con-tratación con PSA Consultores para "crear" confianza por valor de $469.500.000 (contrato 273-11) o el contrato de Marilú Méndez por $189.000.00, que está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación por sus actua-ciones en Fondelibertad (contrato 0015-11) o los casi 250 contratos de asesores externos o el nombramiento de 75 supernumerarios sin tener la autoridad legal para hacerlo y que por ello, el Consejo de Estado nos admitió la demanda respectiva.

Compañeros, esta arremetida de la Contralora General es contra todos los funcionarios de la CGR y ninguno de nosotros se puede sentir excluido y no podemos excluir a nadie. Defendamos nuestra dignidad como servi-dores públicos. Defendamos la Contraloria General de la República.

¡Vamos todos a la protesta nacional!

Junta Directiva Nacional

Los trabajadores/as de la Contraloría General de la República rechaza-mos las acusaciones de corrupción vertidas sobre los funcionarios por

parte de la Contralora General, expresadas a instancias de un debate de control político sobre las Concesiones en Colombia, y la em-plazamos públicamente a cumplir con su de-ber constitucional y legal de individualizar las responsabilidades y actuar ante las autorida-des competentes con el fin de judicializarlos. Plantear que en la entidad existen decisiones paralelas, procesos paralelos y petición de dádivas sin individualizar responsabilidades, es deslegitimar el ejercicio del control fiscal amen del perjuicio que hace a la honra, dig-nidad de los funcionarios y buen nombre de nuestra entidad.

La Contralora General debe precisar que si no hay resultados o si son pocos, no es por debilidades o falencias imputables a los traba-jadores, sino porque la interinidad y rotación permanente de los directivos de la Contraloría nombrados por su administración (cinco de-legados y siete directores en la Contraloría Delegada Para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva) ocasiona que hoy no existan directrices ni orientacio-nes técnicas claras y precisas; por lo que se recurre a la improvisación y a la dirección mediática de la institución. Todo ello conduce al debilitamiento institucional y laboral, que sospechamos, servirá de pretexto para llevar a cabo los “profundos cambios estructurales” para que la labor fiscalizadora sea más “efi-ciente”, desconociendo con ello los principios que rigen la administración pública.

Ante esta situación, nos preguntamos, ¿cómo obtener eficiencia cuando no menos del 35% de los funcionarios auditores no han sido asignados a auditoría alguna?, ¿cómo obte-ner eficiencia cuando no hay apoyo técnico, presupuestal ni informático?, ¿cómo ser eficientes cuando los recursos se destinan no para fortalecer las labores misionales o se dilapidan en contratos insulsos e ino-cuos?, como por ejemplo la compra del carro blindado a Blindex S.A. por $358.490.930, (Contrato 285-11), que debe recordar a la opinión pública la compra de una camioneta por parte del anterior Contralor General o la contratación con PSA Consultores para “crear” confianza por valor de $469.500.000= (Contrato 273-11) o el Contrato de Marilú Méndez por $189.000.000 siendo investiga-da por la Fiscalía General de la Nación por sus actuaciones en Fondelibertad (Contrato 0015-11) o los casi 250 contratos de aseso-res externos o el nombramiento de 75 super-numerarios sin tener la autoridad legal para hacerlo y que por ello, el Consejo de Estado admitió la demanda respectiva, en contravía de los lineamientos que conjuntamente con la Auditoría General se establecieron mediante la Circular Nº 100 del 5 de agosto de 2011, en la cual prohíbe “nóminas paralelas” en las entidades del Estado.

Como trabajadores/as y antes que nada como colombianos, creemos que la lucha contra la corrupción debe ser prioritaria por el daño que esta ocasiona al tejido social, pero esta lucha no puede ser retórica, se debe traducir en hechos concretos. La Honorable Corte

Constitucional nos ofrece la oportunidad úni-ca de depuración de las costumbres políticas y de erradicación de la burocracia patrimo-nialista del Estado colombiano, al prohibir expresamente las nóminas paralelas y/o la contratación de personal para ejercer labores permanentes de las entidades (Sentencia C-614 de 2009); y de la Contraloría General de la República, en específico, al profesionalizar la dirección de nuestra entidad mediante el fallo 284 del 14 de abril de 2011 que permitirá dar término a la improvisación en el manejo de los asuntos a su cargo.

De la Contralora General requerimos que rec-tifique la generalización planteada y se cumpla con el mandato legal de individualizar y denun-ciar a quienes se encuentren involucrados en los actos de corrupción denunciados por ella. Requerimos que restaure el buen nombre, la honra, el compromiso y la responsabilidad de los funcionarios de la Contraloría General de la República, en general, y de los funcionarios de la Contraloría Delegada de Investigaciones en particular. No hacerlo, es ratificar, de he-cho, que lo que se busca es debilitar la entidad de control para abrirle paso al cambio estruc-tural y funcional del control fiscal.

Ante la negativa de la señora Contralora de retractarse de las declaraciones del 6 de septiembre en contra de la honra, ética y profesionalismo de los funcionarios de la Entidad, no nos deja otro camino que acudir a las instancias competentes para denunciar los agravios de los cuales hemos sido objeto y a la movilización social.

Invitamos a los trabajadores/as colombianos y a la opinión pública en general para que nos acompañen en la movilización por la defensa de la dignidad de los trabajadores, en la defensa del control fiscal público y en la lucha por la profesionalización de la dirección pública como la mejor forma de erradicar la corrupción y el clientelismo.

Llamamos la atención de la opinión pública y de las organizaciones sociales y sindicales para cerrar filas en torno a la labor pública de control ejercida por la Contraloría General de la República y a rechazar las intentonas de debilitamiento de su institucionalidad por parte de la actual dirección de la entidad, que afec-ta de igual manera a todas las Contralorías Territoriales.

¡Por la defensa de nuestra digni-dad... movilización nacional!

¡Por la defensa de la estabilidad institucional y laboral... movilización

nacional!

¡Por la defensa del control fiscal público ejercido por la CGR... movi-

lización nacional!

Ascontrol (cArlos sAAvedrA ZAfrA, Presidente nAcionAl)

Asdeccol (YAneth MuñoZ MorAles, vicePresidentA nAcionAl

conAuditores. rosA MAríA torres (PresidentA nAcionAl)

Bogotá, 15 de sePtieMBre de 2011

El Intersindical de la Contraloría General de la República, confor-mado por Ascontrol, Asdeccol, y Conauditores, se permite informar

que por decisión unánime continuaremos en el indeclinable propósito de defender el con-trol fiscal público ejercido por la Contraloría General y las Contralorías Territoriales y de reivindicar la honra, buen nombre, compro-miso, responsabilidad y sentido de pertenen-cia de los trabajadores y trabajadoras de la entidad.

En ese sentido, reiteramos nuestro compromi-so de continuar con las acciones de denuncia y de movilización conducentes a defender nuestra dignidad como seres humanos y como servidores públicos y bajo este marco convocamos a todos los/as funcionarios del control fiscal a la movilización social como el mecanismo válido en este momento para defender la estabilidad institucional y laboral. No nos interesa movilizarnos para alcanzar un diálogo de sordos que en nada contribuye a fortalecer nuestra gestión misional. Nos mo-vilizamos para exigir que quien ha insultado y pisoteado nuestro buen nombre rectifique y por ello no podemos aceptar que, ahora, se diga que todo es manipulación y responsabi-lidad de los medios de comunicación.

Nos movilizamos porque no solo está en juego nuestra honra y buen nombre sino que tras el cuestionamiento moral y ético subyacen propósitos de debilitamiento institucional y laboral, de golpear la autoestima de los fun-

cionarios y funcionarias de la entidad, aunado ello a los continuos y permanentes yerros de dirección y de orientación –que se ejempla-rizan, por ejemplo, en nueve directores de capacitación, siete de investigaciones, tres de la oficina jurídica, es decir la interinidad permanente está haciendo estragos con la entidad– y si le sumamos la falta de apoyo presupuestal y logístico, con ello, se puede viabilizar cualquier reforma “estructural” del control fiscal para hacerlo más “eficiente”.

Bajo el anterior marco de principios, la po-sibilidad de diálogo se supedita al respeto, y el respeto se fundamenta en reconocer y respetar al otro como ser humano, como ser-vidor público. El dialogar, el crear un clima de confianza, serán inanes si el agresor verbal no sólo no acepta el yerro sino que asume posturas propias de la arrogancia y del auto-ritarismo, y no de personas intelectualmente preparadas.

Por ello el Intersindical, conformado por Ascontrol, Asdeccol y Conauditores, se per-mite comunicar a todos los trabajadores que continuaremos definiendo tareas de denuncia y de movilización, y como la forma y el con-tenido de nuestra protesta diverge de voces aisladas, seguiremos convocando a denunciar y movilizar la palabra para reivindicar nuestra honra y buen nombre y defender el control fis-cal público allí donde fue objeto de vilipendio: el Congreso y los medios de comunicación.

Septiembre 14 de 2011.

Con irrespeto y desConoCimiento a nuestra labor:

¡No construimos confianza!

por nuestra honra y buen nombre en defensa

el control fiscal público

Denuncia y movilización social

Carta abierta a la Contralora General Sandra Morelli Rico

Nº 84, septiembre de 2011 3pág ina ed i to r ia l

El pasado 9 de septiembre conmemora-mos el Día Nacional de los Derechos Humanos; un tema del que se habla mu-cho últimamente en Colombia para resal-

tar los “avances” que a la fecha se pueden mostrar, como resultado de la aplicación de la política de la prosperidad para todos y la ley de seguridad ciuda-dana, del gobierno de Juan Manuel Santos.

Supondríamos que en un país donde su gobierno insistentemente habla de compromisos y avances en derechos humanos, es porque esa es su prio-ridad; más aún, cuando las cifras de violación a estos derechos son alarmantes. Sin embargo el presupuesto establecido para atender este tema, muestra realmente la “voluntad política” y la verda-dera prioridad del gobierno de Juan Manuel Santos: del presupuesto nacional se destinan diariamente para derechos humanos 5 mil millones de pesos, mientras que para atender la guerra, la inversión es de 56 mil millones, lo cual equivale al 10% del presupuesto nacional; estas cifras nos muestran claramente, cuál es la verdadera prioridad de este gobierno.

Ahora bien, el discurso gubernamental también recoge y reivindica en materia legislativa este compromiso; la ley de Seguridad Ciudadana según el gobierno, se aprobó como un mecanismo que garantiza la aplicabilidad de justicia y la disminu-ción de los niveles de impunidad en el país. Pero, ¿esa realmente es la finalidad?; creemos que no. Y quienes lo afirmamos, lo hacemos como resultado de los análisis que hemos hecho de dicha ley, lo que nos permite concluir que uno de los objetivos es la criminalización de la protesta social.

Para sustentar esta afirmación, reseñamos algunos artículos de la ley que así lo determinan: Para el ejercicio de los derechos, no es necesario pedir permiso, sin embargo la ley establece para la movi-

lización este requisito, so pena de la aplica-ción de 2 años de cárcel, lo que implica que las acciones de hecho quedan prohibidas; igualmente se amplía el concepto de fla-grancia, que en el lenguaje popular conoce-mos como “sorprendido con las manos en la masa” y que según la ley, el registro en una cámara, de una supuesta comisión de un delito, por ejemplo, se considera flagrancia; penaliza la ley, el lanzar “objetos peligrosos” sin que se defina la caracterización de los mismos, lo que implica que cualquier cosa pueda ser catalogado como tal y dar lugar a la judicialización.

En este análisis queremos reseñar tam-bién algunas realidades que viven las organizaciones sociales, que dan cuenta de la verdadera situación de los derechos humanos en nuestro país. En el caso del sindicalismo, Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical; este año y a la fecha, han sido asesinados 23 sindicalistas, lo que muestra que se mantienen las ejecuciones extrajudiciales y la violación a los derechos sindicales. Se han presentado 247 casos de amenazas; 9 atentados de muerte; 3 casos de desaparición forzada; 26 sindicalistas se encuentran en situación de desplazamiento; 31 han sido hostigados y 2 han sufrido el flagelo de la tortura.

Persisten los hostigamientos y las amena-zas por parte de los grupos paramilitares, hoy llamados Bacrim, contra las organiza-ciones sociales; solo para mostrar algu-nos de los últimos casos, reseñamos las amenazas recibidas a finales del mes de agosto por las organizaciones artísticas de este país.

En la Colombia de la “Prosperidad para todos y la seguridad ciudadana”

EDITORIAL

El reversazo de las privatizaciones

Eduardo Sarmiento

Tomado de elespectador.com

opinión

Luego de 20 años de fracasos reitera-dos el mundo está entrando en razón en materia de privatizaciones.

El Gobierno retiró el lucro individual del proyecto de reforma educativa y procedió a intervenir 18 EPS.

Chile fue el país que más avanzó en términos materiales y exportó las privatizaciones de la salud, las pensiones y la educación. Hoy en día constituye el epicentro de las protestas más severas en contra de la inequidad. En las jornadas de protesta se ilustró cómo la educación privada es uno de los factores que ha influido en las desigualdades sociales. En los exámenes Pisa aparece entre 65 países en el puesto 64, con la mayor dispersión en los puntajes. Así, el desempeño escolar es una réplica de las diferencias sociales. Los ricos reciben excelente educación pri-vada; los pobres quedan condenados a las escuelas públicas con bajas apropiaciones presupuestales por estudiante.

El rechazo generalizado a la propuesta de privatización de la educación y la ex-periencia de Chile llevaron a la adminis-tración a retractarse. Si bien el lucro y la privatización son una ficción, su retiro de ninguna manera resuelve las deficiencias y las inconsistencias del proyecto, en par-ticular las financieras. En la iniciativa, el Gobierno contempla un incremento en las apropiaciones en un porcentaje igual a la inflación más 3 puntos porcentuales. Ni más ni menos, pretende elevar la cobertura de la educación pública en 50% (400.000 es-tudiantes) con un aumento del presupuesto de 12% ($400 mil millones en 4 años). Así, los estudiantes nuevos tendrían una apro-piación de $500.000 por semestre, cuando el promedio actual es de $2’000.000 y la matrícula en universidades privadas es más de $3’000.000.

El panorama de la salud tiene grandes simi-litudes. Luego de 20 años se confirmó que la Ley 100 que privatizo el sector induce a apropiarse de los recursos públicos y ofre-cer servicios por debajo de las cotizaciones. Las empresas se organizaron para sacar grandes ganancias en los primeros años de funcionamiento, se colocaron entre la quiebra y la prestación de servicios por de-bajo de las cotizaciones y su supervivencia quedó sujeta al traslado de la parte de los pagos a Fosyga. Los hechos son tozudos. La competencia llevó a la bancarrota al sistema y a la asistencia oficial para man-tenerlo en pie.

Los fiascos de las privatiza-ciones dejaron al Gobierno sin norte. En el fondo, se rechazan los resultados de las privatiza-ciones, pero se mantienen las teorías y las instituciones que las justificaron. Así, se persiste en la Ley 100 y se consiente la grieta de la educación superior.

En el desconcierto, el Estado se relega a reducir las inequidades entregando servicios de mala calidad. El expediente alivia la pobreza, pero no cambia las condiciones relativas. De acuer-do con la información divulgada en la última semana, la pobreza se mantiene en 45% y los ingre-sos de los pobres crecen tres veces menos que el promedio.

La solución no puede ser distin-ta a la de una mayor presencia oficial en la administración de los servicios. Lo primero es eliminar las EPS y los vínculos verticales, y a renglón seguido, fortalecer la universidad pública y propiciar la educación integra-da en que los estudiantes de distintos estratos concurren a las mismas dependencias. Mal podría decirse que la reversión de las privatizaciones le resta fi-nanciación al sector social y que en virtud de la ley fiscal no hay más alternativa que posponer las obligaciones. En adición a las reformas institucionales, las apropiaciones presupuestales deben incrementarse para ase-gurar la universalidad de la salud y el derecho a la educación de calidad. El fracaso neoliberal no exime al Gobierno de cumplir el espíritu de la Constitución.

4 Nº 84, septiembre de 2011Aure l io Suárez

Nº 84, septiembre de 2011 5Gus tavo Pe t ro

El programa que enarbola Gustavo Petro para Bogotá col-ma las aspiraciones de las gentes de la ciudad para lograr el bienestar y el progreso. El pueblo es la prioridad, pues sus propuestas van encaminadas a beneficiar a mujeres y hom-bres trabajadores de los estratos 1, 2 y 3, los más golpeados por el neoliberalismo. Petro es tajante en la defensa de la propiedad estatal de las empresas de servicios públicos –te-lecomunicaciones, acueducto, energía, metro, transmilenio– y propone fusionarlas en una sola para crear la Empresa de Ser-vicios Públicos de Bogotá. En el concepto de ciudad su consigna es ‘el saber antes que el cemento’.

Gustavo Petro es enfático en respaldar la promoción del em-pleo directo, plantea la eliminación de la intermediación la-boral a través de las cooperativas de trabajo asociado, las órdenes de prestación de servicios, el outsoursing y otras modalidades, pues ello cercena la estabilidad laboral y las prestaciones sociales de los trabajadores. Petro es firme de-fensor de los derechos democráticos de los trabajadores y del sindicalismo, y recoge la bandera del trabajo decente promovido por la OIT. Los trabajadores tienen en Petro la seguridad de que él en la Alcaldía será prenda de garantía de la observancia plena de los derechos laborales.

Plenos derechos laboralesUn programa progresista

6 Nº 84, septiembre de 2011Dav id Luna

Nº 84, septiembre de 2011 7s ind i ca les

Agencia de Información Laboral (ENS)- Las tres centrales sindicales (CUT, CGT y CTC) y las 4 federaciones de trabajadores y trabajadoras del sector

estatal (Fenaltrase, Fenaser, Unete y Utradec) decidieron convocar a un Paro Nacional Estatal de 24 horas el próximo 7 de octubre, que coinci-de con la Jornada Mundial por Trabajo Decente, ante el incumplimiento del gobierno de algunos acuerdos y la no expedición de normas a favor de los servidores públicos.

Las citadas organizaciones tomaron tal deci-sión en el marco de un Encuentro Nacional de Trabajadores Estatales que sesionó el fin de semana pasado en Bogotá, y en el que parti-ciparon cerca de 400 delegados de más de 60 sindicatos de todo el país, y representantes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT, resaltó el hecho de que hayan logrado coincidir en el mismo propósito las 3 centrales sindicales, cuyos presidentes estuvieron sentados en la misma mesa, y las 4 federaciones de empleados estatales. “Todos coincidimos en la necesidad de realizar una acción conjunta en contra de la agresión del gobierno nacional contra los estatales. No es una agresión verbal, pero sí se manifiesta en la inobservancia de algunos acuerdos y la no expedición de algunas normas, lo cual golpea a los trabajadores y al movimiento sindical”.

En el mismo sentido se pronunció Jorge Peña, presidente de la Fenaser, de la CTC, quien destacó el fervor sindical y la voluntad de uni-dad que primó en el recinto del Encuentro. “Es emocionante ver a los presidentes de las tres centrales sindicales juntos, lo mismo que a to-das las federaciones coincidiendo en un plan de acción conjunto”.

Los problemas que se discutieron en el Encuentro, y que son los que se esgrimen como razones para realizar la jornada de protesta, Francisco Maltés las resumió así:

El gobierno ha objetado la ley del retén social que favorece a más de 100 mil funcionarios estatales provisionales; el gobierno ha incum-plido con la expedición del decreto que revoca el Decreto 535, acordado con las centrales y las federaciones sindicales desde hace más de 3 meses; el Gobierno no tiene voluntad política real para erradicar la tercerización laboral en el sector público; tampoco ha nombrado los fiscales que investiguen los asesinatos de di-rigentes sindicales y sociales, ni ha nombrado ni uno sólo de los 400 nuevos inspectores de trabajo; el gobierno tiene en ciernes un proce-so de reestructuración de entidades estatales que puede dejar cesantes a mas de 10 mil empleados públicos.

Se espera que en el paro del 7 de octubre parti-cipen los educadores, decisión que debe tomar Fecode, cuyos dirigentes también participaron en el Encuentro, en el cual se decidió hacer una jornada preparatoria y reuniones informativas el 22 de septiembre.

Las inconsistencias e incumplimientos del Gobierno

En diálogo con esta Agencia de Información, el presidente de la Federación Utradec, de la CGT, Perci Oyola, señaló que más allá de las diferencias que existan entre la cúpula de las centrales sindicales, las federaciones mantienen

la unidad de acción ante situaciones que nos afectan a todos y en defensa de los derechos de trabajadores del sector público. Y explicó en detalle la problemática que hoy padecen los trabajadores estatales y que los enfrenta con el Gobierno Nacional:

El gobierno nacional ha incumplido el compro-miso de expedir un decreto que modifique el Decreto 535, para hacer más efectivo el dere-cho de negociación colectiva de los empleados públicos. Ese decreto se acordó el 25 de mayo en presencia del Viceministro de Relaciones Laborales, de funcionarios de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda. Han transcurrido más de tres meses y nada que se firma el decreto. Nos han informado que el Ministerio de Hacienda se opone, pero el Gobierno tampoco nos ha llamado a buscar alternativas. En el gobierno hay quienes creen que este decreto le da demasiado poder a los sindicatos, porque ordena que los temas no resueltos en la negociación colectiva en una segunda instancia los resuelve un tribunal de arbitramento. Lo que quieren es que no haya tribunal, que los puntos no resueltos los traten delegados de las partes y hagan recomenda-ciones que pueden ser o no ser tenidas en cuenta por el empleador de manera unilateral. O sea que no avanzaríamos nada porque eso es lo que tenemos hoy.

Sobre el no acatamiento del Gobierno del Acto Legislativo 04 de 2011, Rojas señaló:

En principio se decía que este acto era para beneficiar a los empleados públicos en provisionalidad, pero la lectura que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil es que se aplique sólo a las personas que actualmente participan de concursos, ya sea los promovi-dos por la Comisión u otros que administran sistemas específicos de carrera. Y eso excluye al grueso de los empleados, o sea a los que

concursaron y perdieron la primera convocato-ria del concurso o no han concursado y están a la espera de que se les resuelva su situación. Hay unas 120 mil personas afectadas por esta situación. Los provisionales tienen derecho a afiliarse a un sindicato, pero de nada le sirve a un provisional tener el fuero sindical porque la ley de carrera administrativa dice que pue-den ser retirados sin solicitar permiso al juez laboral. Esa situación la hemos denunciado a la OIT.

En cuanto a la reestructuración de las entidades del estado que viene adelantando el gobierno en virtud de las facultades que le concedió el Congreso hasta el mes de diciembre, Perci Oyola afirmó:

La norma de dice que sólo se terminarán los empleos estrictamente necesarios. Pero a nosotros nos preocupa que en algunos casos, como en el Inpec por ejemplo, hagan la restructuración sólo para acabar con las organizaciones sindicales. Hay 10 mil traba-jadores que pueden perder su empleo si se decide privatizar las cárceles, entregarlas en concesión a empresas de vigilancia pri-vada. Nosotros le planteamos al gobierno la necesidad de hablar sobre este tema. Reivindicamos el Convenio 158 de la OIT que debería ser aprobado por el Congreso, que tiene que ver con las formas de terminación cuando se producen restructuración y recor-tes masivos de personal.

En cuanto a la tercerización laboral por parte del Estado, señaló:

El gobierno expidió una norma que prohíbe la contratación con cooperativas de trabajo asociado, pero el Estado como empleador es el que menos ejemplo da. En algunos ca-sos eliminaron cooperativas, pero siguieron contratando por órdenes de prestación de servicios, en condiciones que siguen siendo

precarias porque no garantizan estabilidad laboral ni prestaciones sociales, ni afiliación sindical ni negociación colectiva. Y eso va de la mano con la sentencia 614 de 2009, que obliga al Estado a vincular directamente a los empleados que ejerzan cargos de manera permanente y acabar con la tercerización. Para mencionar el caso de Bogotá, donde la red hospitalaria tiene 16 mil empleados en condición precaria.

La ISP opinaJuan Diego Gómez, directivo para la región an-dina de la Internacional de Servicios Públicos, calificó el Encuentro Nacional de Trabajadores Estatales como un evento de valor histórico, porque “hacía bastante tiempo que no había una unidad de las centrales sindicales y las fe-deraciones estatales alrededor de la discusión de situaciones que afectan los trabajadores del sector público. Todas nos pusimos de acuerdo en que el momento amerita una reflexión pro-funda y un plan de acción”.

Y en cuanto al nuevo Ministerio del Trabajo, agregó: “Desde la visión de la ISP creemos que este Ministerio es fundamental para ad-ministrar las relaciones de trabajo en el país. Necesitamos un Ministerio del trabajo moderno, operando en la perspectiva de proteger los de-rechos de los y las trabajadoras; un Ministerio que signifique un avance en la protección in-tegral de la libertad sindical y la negociación colectiva, y que tenga realmente una inspec-ción a fondo, para que efectivamente haya respeto a esos derechos. Y que interiormente sea un modelo de trabajo decente, porque no podemos considerar un Ministerio del trabajo que no aplique esas políticas para sus propios empleados.

Trabajadores estatales harán Paro Nacional el próximo 7 de octubre

8 Nº 84, septiembre de 2011sindicales

Objetivo:

Documentar y visibilizar la sistemática violación a las libertades sindicales, los derechos sociales y laborales, y el impedimento por parte de las

empresas Pacific Rubiales Energy, Cepcolsa, Hocol, Oleoductos de los Llanos y Ecopetrol, al derecho de representación sindical en el departamento del Meta. Y en general, a nivel nacional denunciar los actos de violencia an-tisindical en la industria petrolera.

Contexto:

Puerto Gaitán es un municipio del Depar-tamento del Meta, Colombia. Recientemente a partir del 20 de junio de 2011, fue nombra-da, primero por la prensa sindical, luego por la prensa alternativa y finalmente por la gran prensa, escrita, visual y radial de nuestro país. Las razones: los trabajadores terce-rizados de las Multinacionales Cepcolsa - Cepsa, y posteriormente de Pacific Rubiales, decidieron exigir algunos derechos laborales fundamentales. Este hecho tuvo múltiples im-pactos, tanto sociales y sindicales, como de orden público y de reacciones de represión

por parte del gobierno y de las multinaciona-les. De manera resumida podemos enunciar estos hechos:

Violación de los derechos humanos, derechos laborales y de libre

asociación sindical

El conflicto se inicia el 20 de junio de 2011, cuando 1.100 trabajadores de Montajes JM, contratista de Cepcolsa, deciden entrar en una asamblea permanente denunciando violación a sus derechos laborales, sociales y sindicales; este último evidenciado en el impedimento real al derecho de afiliación a un sindicato, bajo la amenaza de despido por ejercer este derecho.

Al ver esta situación de los 12.000 trabajado-res de la zona petrolera de Campo Rubiales, alrededor de 6.000 trabajadores de las em-presas Montajes JM e Ismocol, contratistas de la multinacional Pacific Rubiales, deciden el 18 de julio de 2011, declararse también en asamblea permanente, reclamando similares derechos a los presentados a la Multinacional Cepcolsa.

La acción de asamblea permanente de los trabajadores

Los trabajadores y trabajadoras, declarados en asamblea permanente, convocan al sin-dicato de los petroleros, la Unión Sindical Obrera-USO, para que los represente. De inmediato la USO acude y se pone al frente del conflicto con su experiencia, organizando movilizaciones e invitando a las comunida-des de Puerto Gaitán y el territorio nacional para que inicien gestiones urgentes ante las empresas multinacionales, el Ministerio de la Protección Social y el Gobierno Nacional, con el fin de construir soluciones a las cau-sas que originaron el conflicto laboral, lo cual no fue posible porque ante el llamado del mismo gobierno a las empresas, estas no aparecen y por el contrario rechazan que los trabajadores sean representados por la USO.

La afiliación masiva de 4.000 trabajadores tercerizados a la

USO, como sindicato de industria

En la industria petrolera por cada trabajador con contrato a término indefinido, trabajan para la misma empresa hasta 10 trabajadores precarizados. Este debate lo hizo la USO hace varios años y aprobó que como sindicato de los hidrocarburos le abriera las puertas para afiliarse a todos estos trabajadores y trabaja-doras de la industria. Esto es lo que permitió, que en este conflicto de los Llanos Orientales se afiliaran en menos de una semana aproxi-madamente 4.000 trabajadores participantes en las asambleas permanentes, que ven en el sindicato, la posibilidad de defender sus derechos.

La alianza trabajadores y comunidades petroleras,

exigiendo el respeto de su territorio

La industria que explota los recursos minero energéticos, además de tener problemas con sus trabajadores por las relaciones laborales, sindicales y de salud en los trabajadores y trabajadoras, tiene múltiples impactos direc-tos que transforman y acaban el territorio, como la destrucción de las fuentes de agua, el crecimiento del desempleo, la no utiliza-ción de la mano de obra local, la prostitución, el incremento de los precios de los arriendos y de los alimentos, el cambio en la vocación agrícola y ganadera de los campesinos por convertirse en obreros de las petroleras o carboneras, al tiempo que el paso de las trac-tomulas y maquinaria pesada destruyen las pocas vías que normalmente se convierten en trochas intransitables en las temporadas de invierno.

En el caso de Puerto Gaitán, estas reivin-dicaciones generales son exigidas en las movilizaciones de trabajadores, indígenas y comunidades y vinculadas como temas importantes en las mesas de trabajo que se desarrollan con el gobierno departamental y

con la presencia del alto gobierno represen-tado por la Vicepresidencia de la República. Las comunidades ven así que la experiencia de lucha, de organización y de negociación de los trabajadores organizados en la USO, les sirve, les respalda sus exigencias, para conseguir inversión social del gobierno y de las empresas transnacionales en su desa-rrollo local.

Ante la presión ejercida por los trabajado-res, mediante la movilización, el Gobierno Nacional accedió a instalar ocho mesas de trabajo el día 3 de agosto del 2011 en Puerto Gaitán; las cuales recogieron todas las exi-gencias de la comunidad y los trabajadores, pero que no avanzan en resultados concretos por la ausencia e indiferencia de los empresa-rios y la incapacidad del Estado Colombiano de subordinar a las multinacionales.

Ante la negativa de las multinacionales a con-currir a los escenarios de diálogo y su renuen-cia a sentarse en las mesas de negociación, ante su irrespeto por los derechos humanos, las garantías sociales y laborales, y las liber-tades sindicales, así como la tolerancia del gobierno con estas violaciones, la USO y otras organizaciones sindicales y sociales hemos decidido impulsar una caravana de acción humanitaria y laboral hacía el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, y el Campo Petrolero de Rubiales.

Recorrido preliminar Jueves 6 de octubre: Rueda de prensa a •las 9: 00 am en la CUT (Bogotá).

Bogotá, Puerto Gaitán (Meta), Campo •Rubiales y regreso a Bogotá.

Lunes 10 de octubre: Salida del Parque •Nacional (Bogotá) a las 5:00 am. Acto político en Villavicencio llegada a Puerto Gaitán (Meta) a las 2:00 pm. Asamblea popular 5:00 pm; actos culturales de 7:00 pm a 10:00 pm.

Martes 11 de octubre: Salida a Campo •Rubiales 7:00 am; llegada a Campo Rubiales a las 5:00 pm; asamblea con los trabajadores y acto político a las 6:00 pm.

Miércoles 12 de octubre: Actividades so- •ciales, culturales y políticas en el Campo Rubiales.

Jueves 13 de octubre: De 5:00 am a 4:00 •pm, trabajo de Campo con los trabajado-res de las diferentes empresas; 6:00 p.m. acto político y conclusiones.

Viernes 14 de octubre: Retorno a las 7:00 •am. hacia Puerto Gaitán y retorno final a Bogotá.

Convocan: Unión Sindical de la Industria del Petróleo, USO; Comisión Nacional de DDHH y Paz de la Uso, CUT; Funtraenergética, Corporación Aury Sara Marrugo; AFL-CIO; FSM; Icem; Acvc; Credhos; Periódico Desde Abajo; Flcm; Cronopios.

Acción humanitaria a Campo Rubiales en Puerto Gaitán (Meta)

Del 10 al 14 De octubre. por la soberanía nacional, la Defensa De los Derechos humanos y laborales, el Derecho De asociación y las libertaDes sinDicales.

Nº 84, septiembre de 2011 9dere chos humanos

Gustavo Gallón

direcTor comisión colombiana de JurisTas Tomado el espectador.

8 de sepTiembre de 2011

Apenas tres víctimas de desaparición forzada han merecido sentencias en relación con 222 desapariciones forzadas de sindicalistas registra-

das en el país entre 1986 y 2011, lo que equi-vale a una impunidad del 99 por ciento.

Asimismo, 223 víctimas de homicidio, sobre un total de 2.870 sindicalistas asesinados en los últimos 25 años. Así se advierte en 357 sentencias encontradas por la Comisión Colombiana de Juristas y analizadas en un estudio conjunto con la Escuela Nacional Sindical, próximo a publicarse. También apa-recen allí cinco víctimas de 249 atentados, nueve de 1.768 víctimas de desplazamiento forzado, tres de 5.242 víctimas de amenazas, dos de 89 víctimas de tortura, y cinco de 166 víctimas de secuestro.

Desde 2007 existe una subunidad de la Fiscalía y unos jueces especiales de cir-cuito dedicados exclusivamente a la vio-lencia antisindical, por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata, en su mayoría, de valiosas y valiosos servidores públicos cuyas ener-gías no dan abasto para garantizar niveles aceptables de justicia. Una reflexión sobre las causas de esta precariedad puede iden-tificar correctivos que favorezcan a todas las víctimas en conjunto.

La situación es más dramática de lo que pa-rece: la mitad de las condenas objeto de ese estudio corresponden a sentencias anticipa-das, en las cuales el Estado, por lo general, se conforma con la versión del procesado. Aquí debería haber un esfuerzo serio para esclarecer la verdad exigiendo, por lo menos, precisión y coherencia en relación con las cir-cunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos confesados. Las amenazas y atenta-dos contra víctimas, testigos y funcionarios judiciales requieren también ser enfrentadas con un vigoroso programa de protección. La interferencia indebida de la justicia penal mili-tar no debería ser tolerada en absoluto.

Hay dos factores que sobresalen en los casos de violencia antisindical. Uno es la necesidad de asumir un método sistemático que permita tratar de manera integrada y no aislada los crímenes que se cometan contra los miembros de un colectivo, como puede ser un sindicato o una región específica. Privilegiar hipótesis de crímenes pasionales o actos de delincuencia común en relación con sindicalistas victimizados en medio de un conflicto laboral es no sólo equivocado sino que linda con el prevaricato, tanto en la investigación como en el juzgamiento.

Otro factor notorio es la importancia de enjui-ciar, además del autor material, a los actores poderosos en el contexto del delito, como com-pañías multinacionales o potentados locales

con capacidad de promover prácticas de coer-ción ilegal. La Fiscalía y los jueces no se des-tacan por su habilidad para desarrollar casos a partir de copias compulsadas de declaraciones judiciales que revelen información sobre los resortes centrales de la criminalidad.

La reforma de la justicia, actualmente en discusión, debería ocuparse de introducir estos y otros criterios basados en la expe-riencia de lo que sucede con la impunidad de la violencia antisindical. Que sirva para ello la supervisión internacional de la OIT, de Naciones Unidas, de la OEA y de los países pendientes de desarrollar libre comercio con Colombia.

En el marco del convenio Fundación Laudes Infantis, Iscod (Instituto S ind ica l de Cooperac ión a l Desarrollo), f inanciado por el

Gobierno de Aragón de España, se desarro-lla el proyecto: “Puesta en marcha de la Casa de los Derechos Laborales y Ciudadanos para la incidencia política y la sensibilización ciu-dadana con el objetivo de conocer y defender los derechos humanos, sociales y laborales de los hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá, Colombia”.

La Casa de los Derechos Laborales y Ciudadanos es una espacio multifuncional, para hombres mujeres, jóvenes, adultos, como para organizaciones sociales y sindi-cales. A través de la cultura y la reflexión se crea un punto de encuentro donde fluye el intercambio de inquietudes e ideas

entre los diferentes usuarios y usuarias, per-mitiendo la sensibilización social y contribu-yendo a la defensa de los derechos laborales y ciudadanos.

Dentro de la Casa de los Derechos Laborales y Ciudadanos, se pueden encontrar servicios gratuitos como:

Centro de Guía de Migraciones, Centro de Atención Laboral, Centro de Educación en Valores, Catei y Centro de Documentación y Sistemas.

La Fundación Laudes Infantis e Iscod dentro de la estructura de la Casa de los Derechos

Laborales y Ciudadanos, está en el Centro de Educación en Valores, cuyo eje de intervención juvenil y las acciones se dirigen a desarrollar diferentes iniciativas de carácter preventivo que permiten promover y difundir la cultura, la edu-cación, la formación laboral y la recreación a través de la participación activa de los jóvenes de las Localidades de Bogotá.

Entendemos la educación en valores, como un derecho y una herramienta para construir una sociedad justa y democrática que desa-rrolle todas sus potencialidades. Por ello, esta iniciativa pretende crear espacios de reflexión crítica y aprendizaje significativo del desarro-llo, sin sesgos de género, para una construc-ción social donde se defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales.

A través de la sensibilización ciudadana por medios artísticos y culturales se pretende fomentar el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, sociales y laborales de los ciudadanos, hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá.

Los servicios que ofrece el Centro de Educación en Valores son: talleres de for-mación y sensibilización, actividades lúdicas y pedagógicas, Centro de Documentación y Sistemas.

Casa de los Derechos Laborales y Ciudadanos / Calle 45 A Bis No. 19-23 Barrio Palermo. Teléfono: 287 82 59 7 Correo: casadelosde-rechos@laudesinfantis.org.

Violencia antisindical, impunidad y reforma a la justicia

En memoria

Luciano Enrique Romero Molina

Luciano Enrique Romero Molina, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario - Sinaltrainal

en Valledupar, defensor de derechos huma-nos, vinculado a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Hace seis años, entre el 10 y el 11 de sep-tiembre de 2005, día en que te torturaron brutalmente y te asesinaron.

Dentro del proceso por el asesinato de Luciano han sido detenidos y condenados 4 paramili-tares del Bloque Norte y se adelantan investi-gaciones contra agentes de la policía secreta DAS.

Pero quienes dieron las órdenes, los autores intelectuales, los beneficiarios del crimen, si-guen en la impunidad.

TU LUCHA SEGUIRÁ SIENDO NUESTRA LUCHA

10 Nº 84, septiembre de 2011dere chos humanos

CELIO NIEVES HERRERA AL CONCEJO DE BOGOTA

Más presupuesto para inversión social: EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA. Descentralización de la Universidad Distrital hacia las localidades. PREESCOLAR DE TRES GRADOS, con licen-ciados y gratuidad. Equipos interdisciplinarios de orientación escolar en los colegios. Desarrollo del “Observatorio de convivencia escolar”, acuerdo 434 de 2010. Conformación de “foros jóvenes” y centros de información juvenil. AÑO SABÁTICO para maestros y maestras. Tarifa diferencial en el sistema masivo de transporte para estudiantes y adultos mayores. Fortalecimiento de las políticas ambientales para Bogotá.

APOYA NOHORA BULLA GUTIÉRREZ, DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y

PROYECTOS DE LA SUBDIRECTIVA CUT BOGOTÁ- CUNDINAMARCA.

María Torres C.

anThoc samariTana

En Colombia la garantía de la salud y seguridad social como derechos fundamentales, ha sido posterga-da históricamente. Desde 1945

la Caja Nacional de Previsión Social ,y en 1946 el Instituto Colombiano de Seguro Social, en su desarrollo estuvieron en-marcados por una fuerte diferencia entre el sistema que cubría a los trabajadores privados, denominado seguridad social, y el sistema de los funcionarios públicos, denominado previsión social, los entes te-nían un monopolio a su manera que duró por cuatro décadas, presentando un mínimo cubrimiento de la población, inoportunidad e ineficiencia de los servicios prestados y déficit financiero.

El “nuevo” sistema propuesto por la Constitución Política de Colombia de 1991 en los artículos 48 (la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coor-dinación y control del Estado) y 49 (La atención de la salud y el saneamiento am-biental son servicios públicos a cargo del Estado) y consolidado a través de la Ley 100 en cuatro libros. Uno: Sistema General de Pensiones, dos: Sistema General de Seguridad Social en Salud, tres: Sistema de Riesgos Profesionales, y cuatro: Servicios Sociales Complementarios.

Luego de 18 años de la Ley 100/93 que creó el sistema actual de seguridad social integral, los resultados están lejos de las promesas de los actores que la impusieron; corrupción generalizada, coberturas que no logran la universalización, inviabilidad financiera, altos costos generados por la in-termediación de las EPS, crisis generalizada de la red pública hospitalaria (quiebre, cierre y privatización de los hospitales), aumento en el número de personas consideradas en-fermas o víctimas de enfermedad y mortali-dad por enfermedades transmisibles, bajas coberturas de vacunación, baja calidad y restricción en medicamentos, aumento de barreras de acceso a los servicios de salud, que han llegado incluso a considerar prácti-cas perversas como el mal llamado “paseo de la muerte”. Exigencias de copagos, cuotas moderadoras y gastos adicionales que corren por cuenta del ciudadano y de su familia, reducción de beneficios de los paquetes de servicios, debilitamiento del sistema de información, lo que ha conduci-do a la dispersión en las responsabilidades y a cierta inmovilidad de las autoridades para resolver las dramáticas situaciones que cotidianamente debe enfrentar la po-blación colombiana, especialmente la mas empobrecida y vulnerable.

Para los médicos, en la práctica ha re-presentado la pérdida de su autonomía al prevalecer el lucro de las EPS sobre las

necesidades del la población usuaria. El sistema de salud un buen negocio para los empresarios y un mal servicio para el pueblo. Los principales beneficiarios del actual modelo de salud son los intermedia-rios privados EPS, Fondos de Pensiones y ARP.

En el contexto de la globalización neoliberal otros beneficiarios son las multinacionales de medicamentos con capital transnacional; por otra parte, en los años resientes han sido creadas cuatro zonas francas en salud, con una inversión estimada en 263 millones de dólares y por lo menos otros siete pro-yectos en el país.

Ante el contexto descrito, la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Hospitales y Clínicas de Colombia, Anthoc, la coalición de organi-zaciones sociales Comosoc, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, las Asociaciones de Usuarios, los Comités de Participación Comunitaria, el Movimiento Franciscano por la Paz y la Secretaria Distrital de Salud, entre otras instituciones, hemos asumido el desafío urgente de convocar a un proceso de or-ganización y movilización social y política en cada rincón del país, por la garantía y la exigencia del derecho fundamental de salud y seguridad social.

La construcción de un modelo de 1. salud y seguridad social para todas y todos los colombianos que sea equi-tativo, universal, integral, público, sin intermediación, administrado por el Estado. La salud como un derecho fundamen-2. tal, ratificado en la Constitución Política de Colombia y la ley. La exigencia de la derogatoria de la Ley 3. 100, todas las leyes que la rigen y todos los decretos que la reglamentan.

Con la propuesta de la Octava Papeleta ¡voz y voto por tus derechos¡ y la Consulta Nacional Popular, (por medio de firmas) y el voto en urna cerrada, pretendemos conseguir hasta tres millones de firmas y votos para crear un hecho político de gran impacto; se configurará un Mandato Popular en Salud y Seguridad Social que, simultáneamente, expresará el rechazo de amplios sectores poblacionales al actual modelo, y a la vez se exigirá la instaura-ción de otro modelo en que la salud y la seguridad social sean realmente dere-chos fundamentales. Con esta finalidad, la Octava Papeleta se convertirá en una estrategia de unidad, tanto sindical como comunitaria que simbolice la lucha por la defensa de los derechos fundamentales, y que contribuya a una calidad de vida para todas y todos los colombianos, ase-gurando cambios estructurales, sociales, políticos, culturales y económicos para toda la población.

exigir el dereCho humano fundamental a la salud

¡Un verdadero pacto de paz!

Nº 84, septiembre de 2011 11op in ión s ind i ca l

Francisco Maltes Tello

direcTor dpTo. de comunicaciones cuT bogoTá, 19 de sepTiembre de 2011

Lo dicen miembros del establecimiento y medios de comu-nicación, sin duda

estimulados por las pautas oficiales, que al unísono a informan que Angelino Garzón está en campaña para las elecciones presi-denciales de 2014.

La razón, haber denuncia-do la manipulación de las cifras económicas por parte de Planeación Nacional, que considera que persona que gane más de seis mil pesos diarios, no es pobre.

Con esa cantidad se compran dos pasajes de transporte urbano y un almuerzo “colombo-francés”, es decir, pan y gaseosa, así sobre-viven millares de colombianos.

Un almuerzo sin proteínas, ni calorías y, para el resto de la familia, ¿qué?, para la educación ¿cuánto?, para la salud, ¿cuánto? Y para el arriendo y los servicios públicos, ¿cuánto?

Quienes atacan la actitud del Vicepresidente no han negado la gravedad de sus denuncias, que son corro-boradas por la Comisión Económica para América Latina, Cepal, que ha infor-mado que en Colombia la desigualdad en la distribu-ción del ingreso, continúa aumentando.

Por tal razón, se requiere de políticas públicas que aumenten de manera real los ingresos de más de 20

millones de pobres que tiene Colombia.

Se hace necesario que el Gobierno Nacional termine la intermediación laboral, incremente los sueldos y salarios por encima de la infla-ción; incremente el presupuesto de salud y educación, para que esta última sea gratuita

hasta el grado 11 en todo el país y, además, se garantice merienda escolar y transporte para los estudiantes, y para salud, con el fin de igualar el Plan Obligatorio del régimen subsidiado, al del contributivo y construir cen-tenares de acueductos en los municipios que hoy no tienen este vital servicio.

Se requiere incrementar los impuestos di-rectos, que gravan la riqueza y disminuir los indirectos, como el IVA, que grava el consumo y, por ende, a los pobres.

El vicepresidente Garzón está en campaña

Contrasta la posición de los miembros del establecimiento y de los medios de comuni-cación, que pretenden censurar a Angelino y callan frente a las jugosas ganancias del sec-tor financiero, que ascienden a cerca de siete billones de pesos, a costa de las altas tasas de interés y de rematar los bienes inmuebles de deudores hipotecarios que se cuelgan en sus pagos.

Señor Presidente: ¡la pobreza debe bajar en la realidad, no en las cifras!

12 Nº 84, septiembre de 2011

El lunes 5 de septiembre fue citado un panel con los candidatos al Concejo de Bogotá que cuentan con el apoyo de algún miembro de la subdirectiva de la CUT Bogotá Cundinamarca. Se hicieron presentes

Virginia Torres, candidata en la lista del Partido Liberal; Rafael Colmenares, Jesús Humberto Gaitán y Héctor Bermúdez, candidatos en la lista del Polo Democrático Alternativo; Boris Montesdeoca y Yezid García Abello, candidatos en la lista del Grupo Significativo de Ciudadanos Progresistas. El tam-bién candidato del Polo, Jaime Caycedo, fue invitado pero se excusó por tener compromisos en el Concejo de Bogotá. Por parte de la Subdirectiva participaron: María Doris González, quien coordinó el foro, Nohora Bulla, Meyer Álvarez, Manuel Téllez, Winston Petro, Raúl Soto, Fraydique Alexander Gaitán, Carlos Castañeda y Miguel Ángel Delgado; también asistió Fabio Arias, del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT.

Después de fijar unas normas mínimas para el desarrollo del evento, los distintos candidatos intervinieron para presentar sus propuestas; a continuación, el Informativo CUT presenta a sus lectores un resumen de cada una de ellas.

Virginia Torres

Para que la ciudad sea una ciudad amigable, confiable para los habitantes y los que llegan, es nuestra res-ponsabilidad formar al ciudadano, pero principalmente

brindarle al joven que hoy no tiene un respaldo de la ciudad la posibilidad de encontrar en ella una opción de vida. Desde mi candidatura estamos apoyando los procesos de educación y formación hacia los jóvenes de la ciudad. Hoy los programas y proyectos que se están realizando, con una gran inversión, no están impactando en las comunidades y en los jóvenes que más lo necesitan. Entre los jóvenes de 15 y 30 años es donde se presentan los altos índices de violencia, y donde los grandes delincuentes se manifiestan, es donde las bandas se organizan, en fin, los jóvenes están desocupados, los jóvenes no tiene nada qué hacer.

Tenemos que hacer de Bogotá una ciudad vivible, confortable, amena, pero desde las mismas entidades gubernamentales que hoy están realmente en crisis laboral a raíz de las nóminas para-lelas. Como conocedora de lo que es la Secretaría de Educación, por ejemplo, sé que en una Dirección hay tres personas de planta y seis contratistas. Tenemos que exigirle al Estado que tenga voluntad política para ampliar las plantas de personal y evitar el clientelismo que se presenta en ellas. A los contratistas, en todas las entidades, les violan sus derechos laborales. A ellos les toca trabajar a veces uno y dos meses gratis.

la obligación de trabajar 16 horas y eso implicaría hacer dos turnos de los trabajadores de 6 a 2 y de 2 a 10, lo cual mejora la movilidad y genera empleo.

Nuestro compromiso, que es el del Polo está inscrito en el pro-grama que ha presentado el candidato a la Alcaldía, que con-tiene todo lo social, como es la educación desde los jardines infantiles hasta la educación superior, el fortalecimiento de la educación primaria, secundaria y llevar la educación superior fundamentalmente a través de las universidades estatales, en particular la Distrital, y generar toda la parte cultural y deportiva para ocupar el tiempo libre, la biblioteca en la Localidad, y que la ciudad la llenemos de educación, de cultura.

Reivindico la lucha por la salud pública y la defensa de lo pú-blico. No estamos por vender lo público, mucho menos las em-presas de servicios públicos, como teléfonos y acueducto.

Un tema concreto sobre el acueducto: Esa empresa ahora tiene como uno de sus objetivos preservar los recursos hídri-cos. El mínimo vital de agua sí se puede dar. No entregarle a terceros la empresa para que haga la gestión. Hay que hacer un control político fuerte sobre la empresa, sobre inversiones, pero fundamentalmente por qué la empresa sigue sin poder cobrar el 36% del agua.

En la CUT Bogotá Cundinamarca

Mesa redonda con candidatos al Concejo de Bogotá

Yo soy maestra de vocación, de convicción y siempre trabajé en el sector público y sé qué es trabajar con 45 o 50 niños en el aula. Además, estamos siendo irresponsables con los jóvenes en la medida que la escuela no les está brindando las posibili-dades de atender su problemática, que se atiende dentro de la escuela, no con proyectos desde afuera. Son los maestros y los directivos docentes quienes saben cómo atenderla y abordarla, pero hay que dárseles los recursos y los elementos, donde juega un papel importante la orientación escolar, pero la orientación tiende a desaparecer. Por otra parte, el personal administrativo de los colegios, como los bibliotecólogos, los administrativos, los pagadores, también están sufriendo una problemática gra-vísima con el tema de la contratación.

Desde el Concejo debemos enfrentar estos problemas, mirar cómo la Secretaría de Educación está resolviendo los asuntos de contratación, no solo docente, sino de la contratación de los administrativos.

Héctor Bermúdez

Por ser miembro de la CUT, seré un representante directo de los trabajadores en el Concejo. Sobre la manera de contratar y la desfiguración que ha habido de la con-

tratación, que además afecta la sindicalización y el derecho a negociación, estaremos luchando para buscar cómo elimina-mos las cooperativas de trabajo asociado como mecanismo de contratación del Estado, y cómo ampliamos las plantas de personal en el Distrito haciendo cumplir la sentencia de la Corte, la C-614.

Para impulsar el empleo en la ciudad se requiere fortalecer entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico, el sector de Bogotá internacional, para que se pueda generar un real desarrollo industrial y de trabajo real, de lo contrario seguiremos aumentando la informalidad.

Bogotá debe estar 16 horas activa, pues hay una pérdida de entidades estatales al no prestar servicio sino hasta las cinco o seis de la tarde, la ciudad necesita estar activa dese las seis de la mañana a las diez de la noche. Un gran Cade no debe cerrar a las seis de la tarde, tampoco la banca debe atender hasta las cuatro o cinco de la tarde. Bogotá debe establecer

Boris Montesdeoca, Rafael Colmenares, Virginia Torres, Jesús Humberto Gaitán, Yezid García y Héctor Bermúdez.

José Meyer Álvarez y Virginia Torres. Boris Montesdeoca, Manuel Téllez y Héctor Bermúdez.

Nº 84, septiembre de 2011 13

Yezid García cer negocio financiero, habla de concesionar el río Magdalena, eso es una monstruosidad. Esa mentalidad neoliberal que ex-presa que la empresa privada es más eficiente que el Estado, que el trabajo mediante estas formas de vinculación precaria es más eficiente y menos costoso es lo que hay que derrotar. Lo que se ha demostrado es que la empresa privada no es más eficiente y que esas formas de contratación atentan contra la posibilidad de tener unos empleados comprometidos con sus funciones, con la entidad donde trabajan. El neoliberalismo a fracasado en todo el mundo, pero ese fracaso no ha impedido que continúe operando.

Por ejemplo, la Secretaría de Obras del Distrito tiene que volver a tener maquinaria propia, lo cual está asociado a tener empleados permanentes. La CAR tuvo problemas para atender rápidamente el problema de las inundaciones porque le tocaba contratar los equipos para hacer obras de contención elemental y los contra-tistas no querían meter sus maquinarias en esos pantanales. Si no se fortalece eso, no solo se atenta contra el empleo, sino que además se pone en peligro a la propia ciudadanía, porque el Estado no tiene cómo responder rápidamente.

mos. Eso pasa en los sectores de salud y educación. Si hay provisionales, el maestro inicia sus labores en febrero y cuando al final de año está empezando a hacerse querer de sus alumnos lo cambian, eso es frustrante para los alumnos. Debemos mirar primero la dignidad del trabajo del docente, uno ve hoy en día que al que más se le da madera es al maestro. Dos puntos muy sencillos, el maestro gasta entre 5, 6 y 7 años para ser licenciado, se gasta lo mismo que un médico, que un arquitecto, que un abogado, pero si se mira la escala salarial del docente hay unos que están ganando entre 800.000 y 900.000 pesos, yo diría qué podemos hablar de calidad en la educación cuando un maestro después de 7 años de estudio entra ganarse entre 700, 800 mil pesos.

Antes de mirar la doble jornada yo los llamaría a que mirára-mos el tema de base: qué está pasando; nosotros podemos tener nuestros muchachos desde la 6 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde y eso no nos va a mejorar la calidad de la educación. Otro tema muy importante es el de las orien-tadoras, que hacen mucha falta en un colegio y más con la desintegración de la familia.

El tema de la educación lo resolvemos siempre y cuando no se lo dejemos solamente a la Secretaría de Educación, llamemos también a la Secretaria de Cultura y Turismo, a la Secretaría de Integración Social, al XXXXXXXX?? Impron, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la policía y al ejército, para que entre todos aportemos. Llevo en el Consejo de Seguridad 3 años y medio y las conclusiones a las que hemos llegado es que debemos optimizar todas estas Secretarias, que de una u otra manera son afines, el llamado es que articulemos todas estas Secretarias que tienen que ver con la infancia, con la adolescencia y con el tema de la educación.

Boris Montes

Como candidato del proyecto político Progresista que lidera el futuro alcalde de Bogotá Gustavo Petro, en el Concejo desarrollaremos el programa de Bogotá

Humana Ya, que se centra en rescatar los derechos de las personas, que han sido convertidos en negocios; garantizar el derecho a la educación gratuita, de calidad y con cobertura plena, más allá de la formación media. Avanzar en la educación tecnológica y superior, recogiendo la demanda de jóvenes de los estratos 1, 2, 3 e inclusive el 4, fortaleciendo la Universidad Distrital, con descentralización en las Localidades, haciendo convenios con los megacolegios que garanticen que la de-manda se pueda resolver con programas tecnológicos y de formación superior. Está la propuesta de nuestro futuro Alcalde de crear mil instituciones de jardines en Bogotá que permitan que esos niños y niñas puedan tener una buena atención y mejorar su formación.

Debemos rescatar la salud como derecho, el cual está en manos de los negociantes. Hay que fortalecer el derecho al trabajo, cada Secretaría debe tener su planta de personal fija y con las garantías, para eso hay que derrotar la intermedia-ción laboral, recuperar el contrato de trabajo con todos los derechos. Hay que desarrollar un programa para pasar de la informalidad a la formalidad en el trabajo, eso se debe hacer desde el Distrito y desde el Concejo. Hay que fortalecer la in-terlocución entre los trabajadores y la administración Distrital, vigorizando la Mesa Distrital de Concertación.

Hay que luchar al máximo por lograr fortalecer las empresas del Distrito, nada de privatización, si no cómo logramos que las empresas del Distrito se integren o hagan una alianza es-tratégica para que se vuelvan fuertes y puedan incidir mejor en el desarrollo de Bogotá, para que puedan contribuir con el presupuesto distrital y mejorar la inversión social.

Vamos a trabajar el libro del saber o el libro virtual, para que los padres de familia puedan bajar los textos y mejorar su econo-mía. No vamos a hacer una guerra a las editoriales, pero sí una situación más cómoda para las familias pues se les brindarán los textos virtualmente. No sigamos incluyendo los programas tecnoeducativos como algo marginal, deben ser algo integral de la política educativa, lo que desarrolla la inclusión social. Hay que pasar de refrigerios a desayunos y almuerzos para los niños y jóvenes en las instituciones del Distrito.

Progresistas, el movimiento que lidera Gustavo Petro, tiene un programa para la ciudad: Bogotá Humana Ya, que coloca en primer lugar el bienestar de los habitan-

tes, en especial de los estratos 1, 2 y 3 los más perjudicados por el neoliberalismo. Dentro de ese programa yo he asumido unos compromisos que tienen que ver con el mundo del tra-bajo, yo soy fruto de ese mundo; desde antes de terminar mi universidad me dediqué a asesorar sindicatos, fui fundador de la Ctdc y de la Cgtd, he estado vinculado a los sindicatos que fueron líderes en la lucha contra el neoliberalismo; por eso me reclamo candidato de los trabajadores al Concejo.

En el Distrito, el 75 por ciento de los trabajadores no tiene contrato de trabajo. Constituiría un salto adelante en las rela-ciones laborales que el Distrito lograra la formalización de ese 75 por ciento de trabajadores. No es posible que lo que hicie-ron Peñaloza y Mockus en 8 años no hayamos sido capaces de cambiarlo. En ese sentido tengo una posición sumamente crítica con los gobiernos del Polo.

Toda la vida he luchado contra la privatización. El neolibe-ralismo está mandado a recoger en el mundo, sin embargo, en el Distrito Samuel Moreno propuso la privatización de la ETB. Me opongo a la privatización de la ETB y a la de todas las empresas públicas. Se debe conformar una sola empresa de servicios públicos en Bogotá para aprovechar las ventajas estratégicas de la concentración. Debemos unir las empresas públicas para abaratar costos y tarifas. Estoy convencido de que en Bogotá se pueden bajar las tarifas de los servicios.

Hay un sector de trabajadores desempleados de Bogotá muy valioso, que lo constituyen entre 80 y 100 mil vendedores informales, que han sufrido la persecución, la represión, el decomiso arbitrario de las mercancías, yo estoy por el derecho al trabajo de esos vendedores.

Defiendo el control político sobre la contratación pública en Bogotá, para evitar toda forma de corrupción, y respaldo los presupuestos participativos. Propendo por un programa de igualdad de oportunidades para la equidad de género. Para la juventud debe haber planes de empleo en los barrios po-pulares orientados por el Distrito, pues se lucha entre si la juventud se la gana la sociedad o se la gana la droga o la de-lincuencia. Voy por una política distrital de cultura, y en todo lo que Bogotá Humana Ya plantea sobre el medio ambiente para beneficio del ser humano.

Rafael Colmenares

Estoy de acuerdo en que hay que defender el contrato de trabajo y hacer cumplir la sentencia C-614. Voy a llevar la iniciativa al Polo de que en la agenda con la Alcaldesa se

incluya este tema laboral. Pero creo que tanto la CUT como las organizaciones como el Polo tenemos que lanzar una ofensiva ideológica contra la concepción neoliberal del Estado y del tra-bajo. El ministro de Transporte dice que para que una empresa contratista del Estado sea confiable debe estar inscrita en bolsa, y añade que una concesión es ante todo una oportunidad de ha-

Comparto prácticamente todo lo que aquí se ha dicho. En eso no hay ningún problema y ojalá salgamos todos y hagamos una alianza para defender a los trabajadores, pero aquí hay que tomar una posición frente al Gobierno, si no hacemos oposición a las políticas de Santos, al Plan Nacional de Desarrollo, que es pro-fundamente neoliberal, nos quedamos cortos, y en ese sentido Aurelio Suarez tiene en su programa un punto que es liderar la oposición a las políticas neoliberales del gobierno de Santos, porque todas estas formas de contratación, toda esta ofensiva contra el derecho de sindicalización de los trabajadores, contra la protesta social que está en el estatuto de convivencia.

Jesús Humberto Gaitán

Como candidato al concejo del PDA respaldo el progra-ma de nuestro candidato a la Alcaldía, Aurelio Suárez. Más que hablar de trabajo decente, le haría una pro-

puesta al sector sindical, en el sentido de que unifiquemos los conceptos básicos para defender a los trabajadores. Vengo del campo, he vivido los diferentes sectores informales, fui taxista 7 años, sector que siempre ha sido informal porque no hemos apuntado para el mismo lado.

Las OPS son un atentado contra los trabajadores porque siempre van a depender de su padrino político, y eso conlle-va a que el sector público no sea tan eficiente como espera-

Carlos Castañeda, María Doris González, Yezid García, Miguel Ángel Delgado y Fabio Arias.

Rafael Colmenares.

Raúl Soto, Jesús Humberto Gaitán y Fraydique Aléxander Gaitán.

14 Nº 84, septiembre de 2011sa lud

En un acto sin precedentes en la historia de Colombia, el pasado 25 de agosto se reunieron en la ciudad de Bogotá 270 gerentes de

Empresas Sociales del Estado de todo el país, 8 secretarios de salud, prestadores del sector privado, representantes de las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, de pacientes y estudiantes de facultad de medicina de la Universidad Nacional para, de manera conjun-ta, enfrentar la grave crisis de los prestadores, la altísima cartera por cobrar, la falta de pago a proveedores y trabajadores, la disminución progresiva de los servicios y el riesgo en su calidad, la muerte lenta y tortuosa de la red pública y la indolencia del gobierno nacional; al término de la reunión,

Declararon:

El actual sistema de salud ha fracasado •por cuanto le importa más la rentabilidad económica que los derechos humanos. La ruina y quiebra de la red pública hos- •pitalaria y demás prestadores del sector privado se debe a la intermediación de las EPS que no pagan a tiempo, glosan todas las cuentas, se declaran insolven-tes, ilíquidas, quebradas o buscan otras argucias para no pagar.

La cartera actual que las EPS, entes •territoriales y Fosyga tienen con la red pública hospitalaria y las IPS privadas asciende a la astronómica suma de 5,9 billones de pesos, condenándolos a una parálisis y muerte en los próximos días, de no tomarse medidas emergen-tes. Se necesita una reforma estructural que •excluya la salud del mercado, haga én-fasis en la promoción y prevención, el fortalecimiento de la red pública, el buen servicio y sin barreras a los usuarios y dignifique el trabajo.

Exigieron:

Pago inmediato y giro directo a los pres- •tadores. Embargo de los bienes de las EPS mo- •rosas y ocupación de las propiedades y activos donde se encuentren invertidos recursos que tenían como destinación específica la salud. Conformación de mesas con el gobierno •para abordar una solución inmediata a la crisis del sector, el pago de la deuda a los prestadores, una mesa laboral y una mesa de reforma estructural al sis-tema.

Estamentos de salud declaran fracasoDel sistema De saluD y sellan uniDaD para DefenDer la reD pública

hospitalaria y Demás prestaDoresSellaron la unidad

El interés general por encima del particular. Sin desconocer diferencias, los asistentes acordaron trabajar conjuntamente en el terri-torio nacional en foros, movilizaciones y otras actividades para defender la salud y la segu-ridad social como derecho fundamental, un nuevo sistema de salud, por un mejor servicio a los usuarios, la dignificación del trabajo y el fortalecimiento de la red pública. Tal expresión de unidad tuvo su primera aparición pública el pasado 12 y 13 de septiembre cuando en las puertas de los hospitales y clínicas los trabajadores, profesionales, gerentes y usua-rios socializaron y visibilizaron la crisis de la salud, sus causas y propuestas de solución; el segundo día, el 13, hubo marchas pacífi-cas en 18 departamentos donde desbordó el entusiasmo de los protagonistas con su inde-clinable posición de defender la salud como derecho fundamental de los colombianos.

¿Frutos a la vista?

Después del referido encuentro del 25 de agosto, el Ministerio de la Protección Social convocó la “Mesa Intersectorial por la defensa de la Salud y Seguridad Social como Derecho Fundamental” a una reunión para precisar las

exigencias salidas del encuentro. Se acordó habilitar cuatro mesas: crisis, cartera, laboral y reforma. El pasado 26 de septiembre, en el despacho del señor Ministro, se instalaron las mesas. La laboral viene adelantando estudios para lograr un acuerdo rápido para, además de cumplir la ley, evitar sanciones futuras a los ge-rentes, cooperativas y hospitales, ya que estas se vienen presentando por incumplimiento de la sentencia C-614 de la Corte Constitucional que exige la vinculación inmediata a las plantas de personal de los trabajadores que desarro-llan actividades permanentes.

No cabe dudas que las acciones conjuntas de los estamentos intra y extra hospitalarios llama la atención en el alto gobierno y es posible, si persistimos, que movilicemos su voluntad hacia la solución de las exigencias que hemos planteado.

Nº 84, septiembre de 2011 15magis te r io

Miguel Ángel Pardo Romero

presidenTe de la ade

El magisterio colombiano acaba de superar con creces una importante prueba, cual es movilizarse bajo la amenaza de los descuentos.

En el caso de Bogotá, se colmó la Plaza de Bolívar, a pesar de que funcionarios de alto rango de la Secretaria de Educación, replicaron la Circular N° 18 del Ministerio de Educación, con el agravante de que la denomina-ron como cese de actividades y no jornada nacional de protesta para tratar de asegurar el ausen-tismo en las calles el pasado 7 de septiembre. Nada de ello tuvo efecto y las maestras y maestros de Bogotá y las delegaciones de las filiales de Fecode vecinas, acudieron dignos a la cita con lujo de detalles y, una hora después, los estudiantes universitarios abarrotaron nuevamente la Plaza de Bolívar en defensa de la educación pública. Tal parece que la SED sigue borrando con la mano derecha lo que indica con la izquierda.

Lo anterior obliga a una reflexión, no de los maestros, maestras, directivos docentes y trabajadores administrativos, que fueron consecuentes con los derechos a defender sino del Gobierno Nacional, la Ministra de Educación y del Superintendente de Salud, como también, de los funcionarios distritales que volvieron a blandir inútilmente la amena-za, en algunos casos más allá de lo que se les exige. Después de la negociación entre Fecode y el MEN en el trimestre pasado, durante la cual acudimos semanalmente a las jornadas de protesta, el Gobierno Nacional no solo le da largas a los acuerdos alcanzados sino que profundiza las medidas regresivas sobre los puntos pendientes del Pliego de Peticiones; algo similar ocurre en Bogotá después de dos meses y medio de una etapa de conversaciones con la ADE, en la cual la Secretaría de Educación no materializa ningún avance, por el contrario, varias respuestas son negativas. Todo lo anterior termina por indignar al magisterio y a la comunidad educativa.

Por si hubiese dudas de la justeza de la Jornada de Protesta, debe quedar claro el propósito gubernamental de vulnerar el dere-cho a la vida digna cuando propone asaltar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y entregárselo a las EPS, profundizando la intermediación privada en salud, con propósitos non sanctus, entre ellos, generalizar el paseo de la muerte que es propio de la Ley 100 de 1993 y entregar esos recursos para sostener actividades, algunas de ellas mafiosas, tal como lo han confirmado las denuncias conocidas por el país. Es tal el grado de crisis en que está

la jornada naCional de protesta del pasado 7 de septiembre

El derecho a una vida digna y al trabajo decenteel sistema de salud al cual nos pretenden llevar, que el 25 de agosto pasado se rea-lizó un Encuentro Nacional de Emergencia con gobernadores, alcaldes, gerentes de los hospitales y los sindicatos de la salud y, como parte de sus conclusiones, acordaron realizar una gran movilización el 12 y 13 de septiembre y, adicionalmente, socializar la

propuesta de la octava papele-ta que busque derogar la Ley 100 de 1993. La diligencia del Ministerio de Educación en acu-dir a las sanciones, contrasta con su pasividad, ante el creciente aumento de la violencia y sus estragos, cada día más graves, amenazando o poniendo en riesgo la integridad física, sico-lógica y moral de la comunidad educativa, la cual es blanco de todas las modalidades de violen-cia. Desde la practicada por las

bandas ilegales hasta las ejercitadas por el microtráfico y sus secuelas.

Las cifras son escalofriantes. En lo corrido del año, han sido asesinados 21 trabajadores en el país, 11 de los cuales eran afiliados a los sindicatos del magisterio; en Córdoba, departamento en el que más vidas han sido sacrificadas, también sus docentes y direc-tivos docentes son extorsionados y amena-zados. En Bogotá, se reportan 120 colegas amenazados, trasladados en su mayoría en forma diligente por la SED, pero que eviden-cia la terrible situación de los colegios. Una investigación de la Universidad de los Andes en 1.000 centros de estudios establece que el 56 por ciento de los alumnos ha sido objeto de robo y uno de cada tres (el 32 por ciento) de ofensa física o verbal. Conste que el es-tudio tiene en cuenta instituciones educati-vas públicas y privadas, lo que desmiente el oportunista desprestigio de la escuela pública y del magisterio estatal que anima a algunos medios de comunicación, propalándolo de manera perversa, en cambio de llamar a la sociedad a rodear a sus maestras, maestros y a los colegios frente a semejante flagelo.

En lo que a nosotros respecta, hemos plan-teado, como parte de la solución, desde hace dos años que el Gobierno Nacional y Distrital declaren una Emergencia Educativa para que estos asuman su responsabilidad en la solución total o parcial de las causas de esta desgraciada situación. No sobra decir que ha habido oídos sordos y no propiamente por falta de recursos. Pero también hemos propuesto que debemos fortalecer la unidad de la comunidad educativa y buscar con ella contrarrestar los efectos de la violencia en los colegios. Declarar injustificada y has-ta ilegal la protesta del pasado miércoles, también tiene el propósito de avalar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual aprobó que el aumento de la jornada escolar de los niños debe ser a costa de extender el trabajo de los profesores y de los directivos docentes y de

un mayor control sobre su tiempo. Nosotros hemos sido claros: para que los niños y jó-venes puedan dedicar más tiempo a la ac-tividades formativas, pedagógicas y lúdicas se requiere indiscutiblemente, incrementar sustancialmente el número de docentes, directivos docentes, orientadores escolares, trabajadores administrativos, como también, la construcción de nuevas edificaciones y la universalización de la educación formal, desde los tres grados de preescolar hasta la educación media especializada, fortalecien-do la educación especial y superior.

¿Cómo qué no era justa la protesta?, si la propuesta de salud del Gobierno Nacional pretende, de paso, sabotear la existencia del Fomag y con ello nuestro derecho a las cesantías y a la pensión de jubilación. Como

la batalla continúa, invitamos a todos a re-forzar la tesis según la cual el derecho a la vida digna está por encima de cualquier otro derecho. Y sobre el derecho de los niños y jó-venes a una educación pública, democrática y de alto nivel académico, no sobra recordar que este es el más importante de los puntos en los Pliegos de Peticiones de Fecode y de la ADE y motivo de las multitudinarias manifestaciones públicas. Nos preparamos, desde ya, para una Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se realiza cada 7 de octubre, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) a la cual están afiliados más 180 millones de trabajadores del planeta. En esta ocasión, las centrales obreras colombianas aprobaron un Paro Nacional Estatal, el cual debemos fortalecer desde ya con mucha decisión.

16 Nº 84, septiembre de 2011laboral

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

María Doris González (Presidenta encargada, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad Social); Carlos Arturo Rico Godoy (Segundo Vicepresidente, responsable Relaciones Internacionales); Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Winston Francisco Petro (Departamento de la Juventud y Menor Trabajador); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos); Óscar Gustavo Penagos (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); July González Villadiego (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad); Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Organización y Trabajadores Informales y Relaciones con Organizaciones Sociales); Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial); Héctor I. Bermúdez R. (Presidente en permiso).

Consejo editorialCarlos Ernesto Castañeda Ravelo (Director del Departamento de Comunicaciones),

Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); Miguel Ángel Delgado (Fiscal), Óscar Penagos (Dept. Recursos Naturales y Medio Ambiente),

Nohora Bulla (Dep. de Educación), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail: elperiodicocut@gmail.com

cutsubdirectiva@hotmail.com issn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, Manuel a. Mora, Manuel téllesy tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez.edición: 20.000 ejemplares.

tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva

responsabilidad de sus autores.

8 N° 14 / agosto de 2011

Nº 84, septiembre de 2011 17c s i en l í nea

Los jóvenes del mundo entero exigen medidas enérgicas para

superar el desempleo

Los jóvenes sindicalistas de todo el mundo se reúnen en Singapur hoy y mañana para discutir la dramática situación en la que se encuentran los/

las jóvenes que buscan un empleo. El Comité de Juventud de la CSI es un órgano creado por el Consejo General de la CSI, integrado por igual número de hombres y mujeres me-nores de 35 años de cada región: Asia y el Pacífico, África, Américas y Europa.

Los jóvenes siguen padeciendo la crisis eco-nómica", indicó Erin Harrison, Presidenta del Comité de Juventud (CLC de Canadá). "Son ellos quienes tienen las condiciones más precarias de trabajo, y son los primeros en ser despedidos de las empresas. Se precisan medidas enérgicas para protegerlos.

Durante esta reunión de dos días, el Comité de Juventud discutirá varios temas: los retos futuros que se plantean a los/las jóvenes; el desempleo; las campañas internacionales; y el desarrollo de un plan de acción para los próximos doce meses. El uso de redes sociales y nuevos canales de comunicación también serán objeto de debate.

Con motivo de su 5º Comité de Juventud, la CSI ha publicado un nuevo informe, Canadá: los jóvenes frente a la crisis, la renovación sin-dical, que analiza, de Vancouver a Montreal, la situación de los/las jóvenes trabajadores y trabajadoras en Canadá y las respuestas del movimiento sindical a los problemas con que se enfrentan.

Nuevo Foro Sindical Democrático Árabe: por la libertad, la justicia

social y la dignidad

Quince organizaciones sindicales ára-bes de 10 países distintos fundaron hoy en Amán (Jordania) un nuevo Foro para promover los valores

fundamentales del sindicalismo democrático e independiente y para potenciar la unidad y la solidaridad sindical regional. Las organiza-

ciones sindicales fundadoras son de Bahrein (Gftu), Egipto (Efitu), Iraq (Gfiw), Kuwait (Ktuf), Libra (Flwf*), Marruecos (CDT, Cgtm, UMT), Mauritania (Cltm, Cntm, UTM), Palestina (Pgftu), Túnez (Ugtt) y Yemen (Gfywtu).

El proceso de transición a la democracia, así como las luchas revolucionarias, todavía en curso, requieren una mejor contribución por parte del movimiento sindical árabe. Nuestras prioridades son conseguir una de-mocracia y una justicia social auténticas, a fin de garantizar la dignidad para todas las personas en el mundo árabe", expresó el sindicalista tunecino Abdessalem Jerad, que fue elegido Presidente del nuevo Foro.

La declaración final de la reunión afirma que:

Protagonista histórico clave de muchas ba-tallas de liberación nacional, el movimiento sindical independiente del mundo árabe ha estado luchando durante décadas, en cir-cunstancias sumamente difíciles, para hacer valer la libertad de asociación y el derecho a sindicalizarse, así como defender los de-rechos fundamentales del trabajo y unos medios de vida decentes para las familias de los trabajadores y el resto de la socie-dad. Los defensores de los sindicatos libres en la región se han enfrentado a diversas campañas de dura represión y exclusión. Estas prácticas opresivas han ocasionado daños a los intereses de los trabajadores, han exacerbado las diferencias sociales, han incrementado el desempleo y la pobreza y han propagado la economía informal y formas precarias de empleo.

Para superar los retos y dificultades pro-vocadas por las repercusiones del brutal capitalismo mundial y del fracaso de las políticas nacionales económicas y sociales, el movimiento sindical independiente está afrontando nuevas responsabilidades histó-ricas que le exigen situarse más cerca de las bases. Tiene que reforzar la solidaridad y promover la unidad y la acción conjunta en su seno, sobre todo para con los trabajadores/as y sindicalistas que se ven confrontados a unas dificultades extraordinarias, como está sucediendo en estos momentos en Bahrein y en Siria.

Comprometido con la transparencia y la de-mocracia en los asuntos sindicales internos, el movimiento sindical democrático árabe quiere desempeñar un rol de liderazgo efectivo en la implementación de las legislaciones de la tran-sición democrática, desarrollar sus mecanis-mos en los diversos países árabes y garantizar que actúen de enlace y trabajen conjuntamen-te con otras fuerzas sociales que crean en la libertad, el progreso y la igualdad."

En otros puntos clave de la declaración se afirma que:

Los miembros fundadores del Foro se han comprometido a defender y promover los principios fundamentales del sindicalismo in-dependiente: el derecho de todos los trabaja-dores y trabajadoras a formar organizaciones sindicales independientes y representativas, el derecho a la negociación colectiva, el rechazo a toda injerencia externa en los asuntos sindi-cales, y el respeto por las libertades públicas e individuales, incluido el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica.

Confederación Sindical Internacional (CSI)La igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de todas las formas de discri-minación, incluida la discriminación contra los trabajadores migrantes, el diálogo social genuino y una protección social efectiva para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los/las que trabajan en la economía informal, constituyen las máximas priorida-des del Foro.

Shaher Sae'd, Secretario General de PGFTU (Palestina), fue elegido Coordinador

del nuevo Foro

"Acogemos con satisfacción la puesta en marcha de este nuevo Foro. Un movimiento sindical árabe más fuerte y unido puede des-empeñar un papel capital en el logro de una democracia auténtica y a la hora de abordar el desempleo, la precariedad, la pobreza y la desigualdad, que afectan especialmente a los jóvenes y a las mujeres al frente de estas luchas", dijo Sharan Burrow, CSI.

18 Nº 84, septiembre de 2011mujer y género

La Organización Femenina Popular, OFP, ante la exacerbación de la vio-lencia contra las mujeres seguimos ratificando que el callar la violencia

lo único que hace es invisibilizarla, alimen-tarla y reproducirla. Esta situación refleja la sociedad en que vivimos y que al parecer los avances en la existencia de leyes, de-cretos, resoluciones no es una garantía para la vida de las mujeres en Barrancabermeja ni en el país.

En Barrancabermeja en el 2010, según datos oficiales, se registran 631 casos de violencia intrafamiliar. Ante estas denuncias la respuesta del gobierno local fue crear el programa llamado Línea Anticelos Contra la Violencia de Género o Celos Anónimos (Celan) que hoy, a un año de los hechos, no nos muestra una realidad diferente.

La situación de la violencia contra las muje-res exige una atención inmediata por parte de las autoridades encargadas de dar las garantías a la vida de las mujeres, en la casa y fuera de ella; el asesinato de tantas mujeres se vuelve un problema social y político por lo tanto exigimos respuestas de los entes en-cargados de atender esta situación no sólo llevando a cabo la investigación, sanción y reparación efectiva frente a los crímenes, sino en la prevención para que no se sigan dando estos hechos. Estamos seguras que si hubiera respuestas a tiempo por parte de las autoridades y con una política real de protección a los derechos de las mujeres se hubieran evitado muchas de estas agresio-nes y muertes.

Hechos 2011

13 de febrero de 2011. Lina Yiceldi �Ricardo Ochoa fue asesinada por su com-pañero. Barrio Olaya Herrera. 25 de mayo de 2011. Thelma Hernández �fue asesinada por su excompañero.

25 de junio de 2011. Sandra Ávila, asesi- �nada en un establecimiento público. Barrio La Campana. 5 de agosto de 2011. Seis mujeres fueron �brutalmente golpeadas (entre ellas una menor de 12 años a quien le quemaron sus piernas) por miembros de la fuerza pública en acción de desalojo de un te-rreno que ellas habían tomado.23 de agosto de 2011. Obeida Vergara �González, asesinada por su compañero junto a su hija Dayana Flórez Vergara y otro menor.25 de agosto. El Hospital San Rafael de- �nuncia que el 50% de los casos que están recibiendo son de mujeres golpeadas y maltratadas por sus compañeros.

A lo anterior le sumamos la cantidad de casos que aun por miedo las mujeres no denuncian, los que no están reportados porque aunque acudieron a las instituciones (Fiscalía, Policía, Defensoría, Personería, Comisaría de Familia) no les fueron aten-didas ni recibidas sus quejas y las que desconfían del sistema de administración de justicia.

En lo que va corrido en el año, son 29 muer-tes violentas, las cuales son también una vio-lencia contra la mujer, ya que es una mujer la que tiene que enfrentar las consecuencia de cada uno de estos asesinatos ya sea como madre, compañera, hija, etc.

En el Consejo Municipal de Paz, 10 de agos-to, las organizaciones sociales miembros del espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos estuvimos haciendo la denuncia de esta situación y exigimos a las autoridades garantías ante esta realidad sin que hasta el momento haya habido una respuesta.

Barrancabermeja, Magdalena Medio, Colombia / Septiembre 8 de 2011

VoCes de mujeres

“Nada justifica la violencia contra las mujeres”

Nº 84, septiembre de 2011 19s ind i ca les

Sintraunincca

Durante los últimos meses se ha podido observar un despertar de la comunidad universitaria en la universidad Incca de Colombia

como fundación sin ánimo de lucro, cuando sus estamentos estudiantil y profesoral, así como el sindicato Sintraunincca afiliado a la CUT, han empezado a manifestar su voz de protesta en contra de una serie de situa-ciones que vienen afectando la institución, no obstante los esfuerzos de la dirección por ocultar y acallar la verdad, acerca de la serie de irregularidades relacionadas con el derroche de recursos en ciertas áreas de la administración, que han puesto en riesgo el proyecto universitario del fundador, Doctor Jaime Quijano Caballero, q.e.p.d., quien proyectó esta universidad como un servicio público de educación superior, para la for-mación profesional de jóvenes procedentes de la clase trabajadora. Las fallas de gestión y la falta de rumbo académico y científico por parte de su dirección, han empezado a surtir efectos negativos, tales como la ne-gación de algunos registros calificados de programas con amplia trayectoria, situacio-nes que vienen forzando la participación de sus integrantes en procura de los cambios institucionales acorde con las recientes

leyes que regulan el funcionamiento de las universidades.

Las iniciativas y acciones emprendidas por estudiantes y docentes han sido motivo de reacciones desmedidas por parte de algu-nos funcionarios que han pretendido acallar, coartando los derechos constitucionales que consagran la libertad de expresión y comuni-cación, recurriendo para ello a la intimidación de quienes han tenido el valor de manifestar su opinión crítica para abrir espacios autén-ticamente democráticos; trabajadores y es-tudiantes se preguntan por el destino de la universidad, por las políticas de desarrollo, planeación y gobierno, sin que sus preguntas encuentren eco entre sus directivos.

Los comunicados permiten concluir que desde la muerte del fundador, la universidad Incca de Colombia viene siendo gobernada por un estrecho círculo de dirigentes, quie-nes disfrutan de situaciones de privilegio, disponen de sus bienes sin mayores con-troles por parte del Estado con claros visos de nepotismo, situación que se ha tornado insoportable. Sin embargo, los estamentos universitarios se están levantando en defen-sa de sus derechos, defendiendo el legado institucional, invitando a la unidad y cohesión de sus filas. La CUT seguirá atentamente el desarrollo de los acontecimientos apoyando esta justa causa.

La comunidad universitaria de la Incca se manifiesta

Sindesena Junta Nacional Coes Nacional

En un alto número de regionales del Sena, trabajadores y estudiantes adscritos a los diferentes Centros de Formación Profesional, partici-

paron de la jornada de protesta convocada por Sindesena. Con diversas actividades, que incluyeron desde la anormalidad laboral y académica, hasta mítines, asambleas infor-mativas, emotivas y coloridas movilizaciones, hicieron clara demostración del creciente descontento con la actual administración del Sena y con el gobierno de la Unidad Nacional por las decisiones e iniciativas legislativas que afectan no solo la misión institucional, sino que ponen en serio peligro la existen-cia misma de la entidad, su función social, el derecho a la formación profesional y la capacitación que tienen los colombianos y la estabilidad de los servidores de la orga-nización.

En el mismo sentido, genera gran descon-tento la actitud del actual Director General del Sena, quien guarda silencio frente a la posición de su administración en relación el proyecto de articulación entre la educación media, la educación superior y la formación profesional; igualmente causa gran molestia la inaceptable ausencia de respuesta de la administración ante la solicitud de reunión que le hiciera Sindesena a la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para abordar lo relacionado con el proyec-to de ley 199, de Contrato de Aprendizaje. Paradójicamente esta dirección que procla-ma el diálogo social como principio rector de su gestión, sigue sin atender solicitudes y reclamos de la comunidad educativa y lo que es peor aún, avala el proyecto de presu-puesto para el año 2012, donde se destina más del 88% del mismo para el fomento de la educación superior.

Como en los mejores tiempos, cobró vigencia la protesta y concentración en la capital de la República, en donde aproximadamente 300 aprendices, funcionarios y pensionados dejaron constancia de manera contunden-te de su desacuerdo con estas iniciativas, para lo que se postraron en la entrada de la Dirección General del Sena y manifestaron su disposición de continuar defendiendo el carácter público de la formación profesional, la destinación específica de las rentas para-fiscales y a oponerse a cualquier iniciativa que tienda a disminuirla. Especial felici-tación y reconocimiento merecen nuestra

Subdirectiva Bogotá-Cundinamarca y los estudiantes de las regionales Distrito Capital y Cundinamarca. En numerosas regionales fueron evidentes las acciones que dieron paso a la anormalidad académica como un acto de respaldo y acompañamiento a la convocatoria de la XXXIV Asamblea Nacional de Delegados de Sindesena.

Dejamos constancia que esta jornada es solamente el comienzo de muchas otras que deberemos adelantar, en conjunto con todo el movimiento universitario, de secundaria, magisterial, en defensa de la educación pú-blica. Esperamos que una administración que se autodenomina como democrática atienda las manifestaciones de protesta y el sentir de la comunidad educativa y que abra reales espacios en donde se discuta el presente y futuro de la entidad. Aspiramos que esta administración, a diferencia de la anterior, interprete e interiorice en su accionar las justas reclamaciones de los integrantes de la comunidad educativa.

Quedamos atentos de las actuaciones de la Dirección General y pendientes de que se modifiquen las recientes decisiones y se muestre la disposición a atender el llamado de todo un pueblo que no está dispuesto a perder uno de sus mayores patrimonios.

Trabajadores y estudiantes del Sena se lucieron con la jornada

de protesta

20 Nº 84, septiembre de 2011not i cu t

La CUT apoya el reconocimiento del Estado

autónomo de Palestina

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, se suma al clamor de más de 140 países del mundo en

cuanto al reconocimiento del Estado autónomo de Palestina a raíz de la Reunión del Consejo de Seguridad y posteriormente de la 66 Asamblea General de la ONU.

A Palestina debe otorgársele el legítimo dere-cho de convertirse en un Estado de pleno derecho en el contexto internacional, así como a ejercer como una Nación soberana e independiente, de acuerdo con la decisión tomada por el pueblo pa-lestino luego del estancamiento por casi un año de las conversaciones de paz directas con Israel.

La CUT instó al gobierno nacional a votar fa-vorablemente el reconocimiento del Estado pales-tino. Colombia, México y Panamá son los únicos tres países del continente que se han mostrado en desacuerdo de este paso.

Bogotá, 21 de septiembre de 2011

Gustavo Triana Suárez (Segundo Vicepresidente)

Domingo Tovar Arrieta (Secretario General)

La redacción del Informativo CUT Bogotá Cundinamarca, en adelante publicará las noticias y comentarios so-bre el acontecer nacional e internacional, sobre la vida de los trabajadores y la ac-tividad sindical, publicadas en la página web del la CUT y otros medios de comuni-cación sindicales.

Rechazamos atentado a Óscar Duque, trabajador de la empresa

Drummond Ltd.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, a través del Departamento de Derechos Humanos y

Solidaridad, denuncia el intento de asesinato del que fue víctima el compañero Óscar Duque, em-pleado de la Empresa Drummond Ltd. y afiliado a Sintramienergética.

El pasado 19 de septiembre, a escasos seis días de haberse emitido un boletín de la empresa Drummond Ltd., anunciando que las circunstancias de seguridad han cambiado notablemente en los municipios La Loma, Cesar, El Paso, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Codazzi y Becerril, se cometió el atentado contra Duque, quien fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar el bus para trasladarse a su sitio de trabajo en la mina de la empresa Drummond Ltd.

Llamamos al gobierno nacional, municipal y departamental, a ejecutar las acciones pertinentes para capturar a los autores materiales e intelectua-les, además a apoyar a los trabajadores de esta empresa quienes ven amenazadas sus vidas, luego de que les fueran retirados los permisos permanentes.

Exigimos el respeto a la vida de nuestros diri-gentes sindicales en el departamento de Cesar y, en general, a nivel nacional.

Bogotá, 21 de septiembre de 2011

Tarsicio Mora Godoy (Presidente)Domingo Tovar Arrieta (Secretario General)

Productos Químicos Panamericanos S.A. Despide 500 trabajadores en nombre

del TLC

En abril del presente año los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, encabezados por los señores Barack Obama y Juan Manuel Santos, suscribieron un acuerdo para garantizar el respe-to a la libertad sindical y a los derechos humanos en Colombia.

Pero como suele suceder en estos casos, unas son las palabras y otros son los hechos. Es lo que acaba de acontecer en la empresa Productos Químicos Panamericanos S.A., donde más de 500 trabajadores acaban de ser notificados por la patro-nal que su relación de trabajo cesará el próximo 15 de septiembre, debido según les manifestaron, a que el Ministerio de la Protección Social dio plazo para disolver la Cooperativa de Trabajo Asociado Proasomuña, la cual está siendo utilizada como

Pasa a la página siguiente

Nº 84, septiembre de 2011 21not i cu t

intermediaria laboral para menoscabar los dere-chos legales de los trabajadores.

Dicho anuncio representa sin duda una gran tragedia social para centenares de familias de diversos municipios del país como Barranquilla, Jamundí, Medellín y Tocancipá, las cuales derivan su sustento de su labor en Productos Químicos Panamericanos.

Queda claro que los patronos aprovechan de mala fe el supuesto acuerdo de garantías labora-les y sindicales que exige el gobierno de Estados Unidos para ratificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Resulta entonces risible, por decir lo menos, que el gobierno colombiano esté dando un parte de victoria en materia de derechos humanos y laborales, cuando los empresarios de Productos Químicos Panamericanos S.A. y Proasomuña es-tán echando literalmente a la calle a medio millar de trabajadores sin ninguna fórmula de juicio, lle-vándolos a engrosar la fila de los desempleados, ya bastante abultada por obra y gracia de la política de apertura y globalización del capital.

Ante tal desafuero, exigimos al gobierno co-lombiano, a las autoridades del trabajo y a los órganos de control que intervengan en este caso para impedir que la empresa Productos Químicos Panamericanos y su filial Proasomuña perpetren el anunciado e injustificado despido de trabajadores. Asimismo, instamos a las organizaciones nacio-nales e internacionales a enviar inmediatamente comunicaciones a la empresa Productos Químicos Panamericanos S.A., rechazando la decisión de despedir trabajadores en nombre del libre comercio e instarla a que más bien vincule directamente a su nómina a todos esos trabajadores.

En especial urgimos a todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos huma-nos a enviar comunicaciones en defensa de estos trabajadores desahuciados laboralmente.

Pueden enviar sus mensajes de protesta a Productos Químicos Panamericanos S.A., dirigi-dos a Álvaro Gómez Jaramillo (Presidente) y a Luz Stella Gómez (Gerente de Gestión Humana), fax Medellín: 2683657 y e-mail pqp@pqp.com.co. Mauricio Santa María, Ministro de la Protección Social, pbx 3305000.

Favor enviar copia al fax 260 62 56 y al e-mail sintraquim.nacional@yahoo.com

Sintraquim Junta Directiva NacionalCarlos Arbey Zapata (Presidente)

Comunicado Sintraimagra A los trabajadores de Avícola

El Madroño S.A y al movimiento sindical colombiano

e internacional

1. El día 22 de agosto, le notificamos al Ministerio de la Protección Social en Santander (Colombia) y a la empresa Avícola el Madroño S.A., de la decisión que tomaron 50 trabajadores afiliarse a Sintraimagra, constituyéndose la seccional de Sintraimagra Lebrija.

2. Ese mismo día le presentamos un justo plie-go de peticiones a la empresa con el propósito de mejorar las condiciones laborales y sindicales de los trabajadores; en dicha empresa hay un pacto colectivo, que es un mecanismo que utilizan las empresas para que los trabajadores se adhieran y no formen sindicatos.

3. La empresa Avícola el Madroño tiene como objeto social la producción, industrialización y comercialización de la avicultura y ganadería en Colombia, en varias regiones como son: Región Oriente con las marcas de pollo Avicampo y Pollosan, Región Centro con la marca San Marino y Región Costa con la marca Indupollo.

4. Sintraimagra cuenta con afiliados en em-presas como: Coca Cola, Postobón, Unilever, Parmalat Colombia Ltda., Alpina S.A., Acegrasa, Fagrave, Sigra, Lloreda S.A., Unipalma los Llanos,

Aceites Manuelita, Agrosoledad, Panadería la Sirena, Lacteos del Cesar, Coolesar, Comestibles La Rosa, Avícola el Madroño con las marcas Avicampo y Pollosan, Empresa Triple AAA de AG-Big Cola y Agrinal.

5. Tenemos seccionales de Sintraimagra a nivel nacional en: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Chía, Yumbo, San Antero, Valledupar, Lebrija, Cartagena y Girón.

Solicitamos al movimiento sindical nacional e internacional, apoyar este duro conflicto enviando notas de apoyo al pliego y exigiendo solución al mismo, asímismo se respete el derecho de asocia-ción sindical consagrado en las leyes laborales co-lombianas y convenios internacionales de la OIT.

Empresa Avícola El Madroño: Calle 7 # 16-119 municipio Lebrija, Santander (Colombia). Calle 51 # 31-67 Bucaramanga. Telefax: (097) 6555412.

Copia: Sintraimagra Directiva Nacional: sintrai-magra@hotmail.com, Telefax: 2900390-4146505.Bogota (Colombia) CUT Santander: Calle 42 # 14-09, cutsantander@cut.org.co, Bucaramanga, agosto 22 de 2011.

Carta de la CUT al presidente Juan Manuel Santos Calderón

Bogotá, 27 de septiembre de 2011

Doctor

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente

República de Colombia

Casa de Nariño

Bogotá, D.C.

Señor Presidente:

En nombre del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, reciba atento saludo.

De manera resumida le expresamos el sentir de nuestra Central y de los empleados estatales, en los siguientes términos:1. El 31 de marzo del año que avanza, su Señoría se

comprometió con las centrales sindicales, en pre-sencia de Carmen Moreno, Directora de la Oficina

de la OIT para los Países Andinos, a expedir un decreto concertado con las centrales, que modifi-cara sustancialmente el Decreto 535 de 2009, que en la práctica niega la negociación colectiva en el sector público.

En desarrollo de ese compromiso, el 28 de mayo, el movimiento sindical llegó a un acuerdo pleno con sus delegados de los ministerios de la Protección Social y Hacienda, de Planeación Nacional y de la Función Pública, sobre las modificaciones al Decreto en mención. Hoy cuatro meses después, no ha sido firmado el texto concertado y, por tal razón, se continúan violando los convenios 151 y 154 de la OIT, pues se niega el derecho a la negociación o se llegan a acuerdos inocuos, como ha sucedido en los ministerios de Educación, de Protección Social, de Medio Ambiente y Vivienda y la Comisión Nacional de Televisión, entre otros.

2. Tampoco se ha erradicado la tercerización laboral, como usted se comprometió, en su defecto se ex-pidió el Decreto 2025/11, que se limitó a prohibirlas a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado y, ahora, con la complacencia del Estado, los em-presarios estimulan y aceptan la intermediación laboral, a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS-.

El Gobierno calla, toda vez que no tiene autoridad moral para investigar y sancionar esta práctica cri-minal. Ninguna entidad del orden nacional tiene en sus planes ampliar las plantas de personal, para dar cumplimiento a la Sentencia C-614 de 2009 de la HCC y en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2012, no se aumentó la partida de funcionamiento para este fin.

3. Hemos escuchado a varios directores de Despacho, entre ellos al Director del DAS, anunciar despidos amparados en las facultades extraordinarias conce-didas por el Congreso de la República al Ejecutivo, lo cual parece se extenderá a otras entidades como Ingeominas, Notariado y Registro, etc. Por tal razón, le solicitamos que no se despida ningún empleado en estos procesos.

4. Continúa la estabilidad laboral precaria para 120 mil empleados públicos en provisionalidad, dado que la Comisión Nacional del Servicio Civil se niega a aplicar el Acto Legislativo 04 de 2011 y su despa-cho, de una forma ligera, objetó el Retén Social aprobado en el Congreso, con el argumento que éste generaba derechos de carrera.

5. La crisis económica mundial, que sin duda afectará a Colombia, no debe recaer en los hombros de los trabajadores, este Gobierno debe concertar un plan de choque que defienda el empleo, los derechos de los trabajadores y la industria nacional, por tal razón, no creemos necesaria una nueva reforma

pensional, se requiere voluntad política para que se formalicen los millones de empleos precarios y, de esta manera, se aumenten las cotizaciones al sistema general de pensiones.

Estas razones se discutieron ampliamente en el Encuentro Nacional Estatal del 1 y 2 de sep-tiembre pasado, en el cual se acordó la realización de un Paro Nacional Estatal para el próximo 7 de octubre.

Consideramos urgente la instalación de una Mesa de Negociación, donde estén las centra-les sindicales y las federaciones estatales con el Gobierno Nacional, para solucionar estos y otros puntos de la agenda laboral que hemos presentado en varias ocasiones a su despacho.

Agradecemos de antemano su atención, aten-tamente,

Tarsicio Mora Godoy (Presidente)Domingo Tovar Arrieta (Secretario General)

Francisco Maltés Tello (Director Dpto. Comunicaciones y Sector Estatal )

Con el apoyo de: María Doris González, presidenta de la CUT (e); Miguel Ángel Delgado, Fiscal y Carlos Castañeda, director Departamento Comunicaciones CUT Bogotá Cundinamarca.

Viene de la página anterior

22 Nº 84, septiembre de 2011cu l tu ra l

No nacieron en Bogotá, pero hace más de tres décadas le entre-garon su energía y corazón a la capital, donde residen en el barrio

Yomasa, de la localidad de Usme, zona en la que Óscar Cortés y Jorge Eliécer Jurado son reconocidos popularmente gracias a sus gestiones en la promoción de los juegos tradicionales, con los que tienen como único objetivo la sana integración comunitaria.

Ya superan la barrera de los sesenta años de edad, sin embargo, cuando toman un juguete en sus manos, especialmente el trompo, al que denominan como el “rey de los juguetes”, se devuelven en el tiempo más de medio siglo y se convierten en auténticos niños. Olvidan sus preocupaciones, el día a día y los estigmas de su sector, para darle rienda suelta a la alegría que les brinda esa pieza de madera revoloteando en el suelo.

Óscar de Palmira, Valle del Cauca y Jorge de Manizales. Conservan el acento de sus regiones tal como si aún vivieran allí, sin embargo, a la hora de hablar de Bogotá, sus ojos se iluminan y sus palabras solo ex-presan gratitud. Hace 27 años fundaron en el sur de la ciudad los clubes Sol Naciente y Nuevo Milenio, en los que les enseñan a todos los curiosos e interesados de todas las edades, sus destrezas a la hora de manejar los juguetes. Actualmente cada uno cuenta con más de 40 integrantes.

Con el trompo tienen un amplio repertorio de más de 300 figuras, o jugadas de fantasía, como le llaman ellos, los expertos. Y aunque como dicen, el trompo es el rey, los dos cuen-tan con habilidades para otra gran cantidad de actividades recreo-deportivas, como son denominadas por Coldeportes esta clase de lúdicas, las cuales empezaron a promocionar a mediados de los años 80 organizando las olimpiadas del Suroriente.

Sus logros en la televisión alemana

Los clubes surgieron del interés de un grupo de amigos, que motivados por su curiosidad y el deseo de aprender de las tradiciones de los antepasados y de otras culturas, fueron incorporando a sus esquemas juegos como: tumbar a la vieja, rana, bolirana, tejo, carros de rodillos, balero, dominó, yoyo, aros, cien-pies, herraduras, zancos, botellas polacas, cucunubá, futbolín, cometa, lazo y canicas, entre los más representativos.

Una de las anécdotas que más enorgullecen a este par de abuelos, y que cuentan cada vez que un extraño llega a sus clubes, es que el canal 7 pro de Munich, Alemania, les otorgó en 2009 el título a la séptima maravilla más exótica del mundo, uno de los reconocimientos que enaltece la labor de Cortés y Jurado, quienes asisten cons-tantemente a colegios, barrios y juntas de acción comunal donde obran como maestros y cazatalentos.

Casi la mitad de su vida la han dedicado a su hobby, el cual convirtieron en su forma de ver el mundo y de interactuar con él. Tanto para Óscar como Jorge, quienes tienen dos y cinco nietos respectivamente, lo fundamen-tal en su existencia es conservar esa visión inocente y de sorpresa por el juego, la cual desean dejar como legado, el legado de la diversión.

en el barrio yomasa, De usme

Abuelos con todos los juguetesPor invitación del líder rural y comu-nitario, Jaime Beltrán, la redacción del InformatIvo CUt Bogotá Cundinamarca conoció la expresión cultural y deportiva de los barrios bogotanos. reproducimos una notas elaboradas por los protagonistas de estos juegos tradicionales.

Nº 84, septiembre de 2011 23i n te rnac iona les

Daoud Kuttab

exprofesor de la universidad de princeTon, es direcTor general de la red de medios de

comunicación comuniTarios de amán

Ramala. La idea de que Palestina pase a ser un miembro permanen-te de las Naciones Unidas fue, se-gún los palestinos, de no otro que

del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Al dirigirse a la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre de 2010, Obama dijo que esperaba que, "cuando volvamos aquí el próximo año, dispongamos de un acuerdo que propicie la entrada de un nuevo miembro en las Naciones Unidas: un Estado palestino independiente y soberano, que viva en paz con Israel". Los palestinos decidieron tomar la palabra a Obama.

Las gestiones de Obama para reavivar el proceso de paz en Oriente Medio comen-zaron con la negativa de Israel a aplicar un cese temporal de los asentamientos. Estados Unidos estaba dispuestos incluso a ofrecer un acuerdo de venta de armas a Israel por un importe de 3.000 millones de dólares a cambio de que suspendiera la construc-ción de asentamientos solo de judíos en zonas designadas para el Estado palestino, pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el ofrecimiento.

Nueve meses después, Obama hizo otra gestión para reactivar las conversaciones. "Las fronteras de Israel y Palestina deben basarse en las líneas de 1967, con permutas mutuamente acordadas para que se esta-blezcan unas fronteras seguras y reconoci-das para los dos Estados", dijo en mayo.

Una vez más, los palestinos aceptaron la fórmula de Obama, mientras que Netanyahu la rechazó públicamente, con lo que la única opción no violenta que dejó a los palestinos fue la de recurrir a la ONU para intentar con-seguir un Estado basado en las fronteras de 1967. En este año, Israel ocupó –conviene recordarlo– el resto de la Palestina histórica y otros territorios árabes, a raíz de la gue-rra de junio. Poco después, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró en el preámbu-lo de la Resolución 242 que "la ocupación de territorio por la fuerza es inadmisible".

No es la primera vez que se ha pedido a la ONU que arbitre en el arduo conflicto de Oriente Medio y, además, no han sido solo los palestinos los que lo han hecho. En 1947, cuando la Asamblea General de la ONU votó la partición del Mandato Británico de Palestina en un Estado judío y otro árabe, los judíos de dicho Mandato Británico bailaron en las calles de Tel Aviv. Hoy los israelíes denie-gan el reconocimiento de un Estado palestino en un territorio mucho menor que el asignado a los árabes en la partición original.

En la historia más reciente, desde la Conferencia de Madrid de 1991, se han ce-lebrado conversaciones directas entre israe-líes y palestinos con diversas modalidades.

Los palestinos han aceptado una avenencia tras otra, con la esperanza de que los acuer-dos parciales condujeran a la creación de su Estado. Los acuerdos de Oslo de 1993 pusieron en marcha un proceso de paz que había de durar cinco años, con el objetivo final de un Estado palestino independiente y un Israel seguro y reconocido.

Pero el proceso de paz reveló una incapaci-dad permanente para lograr nada concreto. Peor aún: las conversaciones directas no solo no han dado los resultados deseados, sino que, además, su continuación ha con-tribuido también a ocultar la construcción generalizada de colonias israelíes en territo-rio palestino. Se siguen confiscando tierras palestinas, se siguen construyendo asenta-mientos solo de judíos y el supuesto 'muro de seguridad' de Israel ha estrangulado social y económicamente a los palestinos. El Tribunal Internacional de La Haya ha fallado que el muro construido dentro de territorio palestino es ilegal conforme al derecho internacional, pero, aun así, nada se ha hecho para impo-ner el cumplimiento de ese fallo.

Mahmoud Abbas, presidente de la OLP y de la Autoridad Palestina, que ha prometido no presentarse a la reelección, ha optado por la vía del reconocimiento por parte de la ONU, en lugar de continuar con la farsa de unas conversaciones directas inútiles y, de hecho, perjudiciales, y está claro que ese cambio de táctica ha tocado la fibra sensi-ble de los israelíes y ha frustrado a EE.UU. Pocos palestinos censuran esa iniciativa, aunque muchos de ellos no están seguros de que logre gran cosa en cuanto a resultados inmediatos y tangibles.

No obstante, el público palestino está satisfe-cho de momento con unos dirigentes que han demostrado agallas para resistir las presio-nes de Israel y de EE.UU., cosa que ayudará sin lugar a dudas a Abbas a corto plazo, pero, si la iniciativa en la ONU no da fruto en un plazo razonable, el público podría volverse contra sus dirigentes políticos... como tam-bién contra los ocupantes israelíes.

Entonces, ¿qué es exactamente lo que espe-ra conseguir Abbas? La Asamblea General de la ONU, a diferencia del Consejo de Seguridad, no puede declarar un Estado y EE. UU. han prometido vetar cualquier reso-lución del Consejo de Seguridad que reco-nozca la independencia de Palestina, pero, si dos terceras partes de sus miembros lo acuerdan, la Asamblea General puede reco-nocer a Palestina como Estado con la condi-ción de observador, similar a la del Vaticano. En ese momento, la comunidad internacional habría de empezar a actuar contra cualquier parte que denegara a Palestina el derecho de comportarse como un Estado plenamente funcional y soberano.

Además, como Estado (aun con la condición de observador), Palestina podría solicitar socorro jurídico al Tribunal Internacional de La Haya. También, podría intentar invocar en la Asamblea General la resolución "Unión

pro paz", raras veces utilizada (la última vez fue contra el régimen de apartheid de Sudáfrica).

El deseo de los palestinos de obtener una votación de la ONU (en la forma que sea) sobre su Estado no significa que no puedan celebrar negociaciones directas con Israel. Los portavoces palestinos, incluido Abbas,

El estado de ánimo de Palestina

han dicho que no ven por qué no podrían los representantes del Estado recién reconocido negociar con los representantes de Israel. Sin embargo, si se logra un voto favorable en la ONU, no se tratará de un pueblo que celebre conversaciones con sus ocupantes, sino de dos Estados que negocien sobre cómo gestionar sus relaciones en paz y armonía.

24 Nº 84, septiembre de 2011

La constitución deL estado nacionaL

La pérdida de Panamá y la formación de la nación colombiana

Miguel Ángel Urrego

insTiTuTo de invesTigaciones hisTóricas universidad michoacana de san nicolás de hidalgo

La maniobra imperial que culminó en la independencia de Panamá en noviem-bre de 1903 no puede explicarse única-mente como expresión de los apetitos voraces de los intereses estratégicos

de Estados Unidos. Por el contrario, a ello habría que sumarle la manifestación de las concepcio-nes antinacionales de la élite política colombiana y el oportunismo de unos intereses locales que vieron una excelente oportunidad para aumentar su poder y riquezas. Veamos más en detalle estos tres aspectos.

Imperialismo e intereses estratégicos sobre el Caribe

La transformación de Estados Unidos en gran potencia imperialista fue lenta. No obstante, dio pasos acelerados en corto tiempo para dejar en claro que el resto del continente y las islas del Caribe hacían parte de sus intereses estratégicos. Una vez culminada la guerra civil, el proceso de unificación de la nación se pudo completar, con ello se sentaron las bases para la formulación de una idea central en su concepción de nación: la frontera siempre es móvil, en proceso de ex-pansión.

Dicho en otras palabras, el mito fundacional esta-dounidense, debido a una temprana formulación política y a que la nación se construyó como una expansión que arrebató las tierras a los indígenas y luego a los mexicanos, y también como una proceso de acumulación de capital que requirió el empleo de los grandes yacimientos de oro del Oeste, la construcción de ferrocarriles y la articulación de las dos costas, siempre se pensó así misma con una frontera que se restablece permanentemente, por ello para el estadouni-dense no hay un problema moral al invadir otro territorio.

Adicionalmente, a finales del siglo XIX ya se escuchaban las voces de políticos, líderes reli-giosos y militares que planteaban la necesidad de ampliar las posesiones en el Caribe. En varias ocasiones Estados Unidos manifestó su deseo de comprar Cuba y cuando vio que era imposible “fabricó” una guerra que le permitió la imposición de la Enmienda Platt, que le ase-guraba el derecho a intervenir libremente en la isla. La cima de esta tendencia político, religiosa y militar se alcanzó con la guerra contra España en 1898, la invasión a Puerto Rico y con las formulaciones del almirante Alfred T. Mahan, que legitimó sin tapujos la empresa imperial en el Caribe. En resumen, tomar Panamá era una cuestión de tiempo.

Las élites antinacionales colombianas

Las élites colombianas desde la culminación de las guerras de inde-pendencia se han caracterizado por su debilidad y fragilidad ideoló-gica. Su debilidad les impidió la realización de un mercado interno, la articulación del país al comercio internacional, una importante acumulación de capital, en general impuso un precario desarrollo del capitalismo. Su fragilidad ideológica se manifestó en el encierro en unas pocas regiones del mundo andino y en el desprecio del territo-rio que conformaba la nación luego de la ruptura de la República de Colombia (Gran Colombia), particularmente de lo que en la época era considerada la “tierra caliente”.

La combinación de la debilidad y la fragilidad ideológica impidió la unificación del Estado con el territorio, tanto desde el punto de vista institucional como cultural, económico o ideológico. Dicho en otras palabras, el centro andino despreció lo que no era el altiplano cun-

nÚMeRo 13

diboyacense. Desde el punto de vista de la ex-tensión, el país que emergió de la Independencia es totalmente distinto del que inició el siglo XX. Colombia perdió casi un millón de kilómetros cuadrados sin que sus élites emitieran la más mínima protesta.

En el imaginario de las élites colombianas del siglo XIX, Panamá no representaba un territorio estratégico. Por el contario, era fuente de ten-siones por la dificultad que entrañaba afrontar la disputa de las grandes potencias por la construc-ción y administración del canal interoceánico. Las élites que dirigían la nación desde el centro del país jamás se preocuparon por la incorporación de los grupos dominantes regionales paname-ños a la institucionalidad o a alguno de los tres grandes poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), generalmente algunos de los políticos bogotanos “representaba” a Panamá, quizás el caso más paradójico fue el de Miguel Antonio Caro, político ultraconservador que nunca salió de la sabana de Bogotá y sin embargo fungió como delegado por el istmo. Así que la perdida de Panamá era un hecho casi que inevitable.

La conspiración de las élites panameñas contra Colombia

Por supuesto, existió un factor regional que hizo posible el zarpazo gringo sobre Panamá: el opor-tunismo de dos lacayos, José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero, que viajaron a Estados Unidos a “negociar” la independencia de Panamá. En suelo estadounidense se planeó la separación de Colombia y, por supuesto, la entrega de la construcción del canal al imperio. La oportunidad para el sainete del surgimiento de la nueva “re-pública” lo otorgó la guerra de los Mil Días. Por supuesto, el nacimiento de Panamá como “nación independiente” se dio en medio del silencio de las élites colombianas.

En resumen, la perdida de Panamá fue posible por la forma como las élites colombianas imagina-ron el territorio de la nación y por las necedades del imperialismo estadounidense de controlar el territorio más estratégico del mundo de aquel entonces. Las élites políticas colombianas nunca miraron lo que sucedía en el Caribe, en México o Centroamérica, donde ya Estados Unidos había dado muestra de un voraz apetito. Nunca leyeron la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, por Cuba y Puerto Rico, como una amenaza sobre Panamá. Jamás construyeron una política exterior que facilitara la negociación con las diferentes potencias y permitiera entender qué sucedía en el mundo, y nunca pensaron a Panamá como parte de Colombia ni como un territorio estratégico.

La nación en Colombia se construye con un hecho inexplicable en el mundo: se realiza en contra del territorio con el que surge como República.